François Houtart y Michel Laforge

Editores

familiar campesinaagricultura

Manifiesto para la

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338.109866H844m

Houtart, FrançoisManifiesto para la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador/ François Houtart y Michel Laforge, editores .— 1.ª ed. —Quito: Editorial IAEN, 2016152 p.; 15 x 21 cm

ISBN: 978-9942-950-55-0

1. AGRICULTURA 2. AGRICULTURA-ASPECTOS ECONÓMIOS 3. AGRICULTU-RA FAMILIAR (SUGERIDO) 4. AGRICULTURA CAMPESINA (SUGERIDO) 5. AGRICULTURA INDÍGENA 6. AGRICULTURA Y ESTADO 7. PRODUCCIÓN 8. PRODUCCIÓN-MODELOS 9. AGRICULTURA-MODELOS 10. ECUADOR

I. TÍTULO

Colección editorial: Pensamiento Radical

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)Coordinación General de InvestigaciónAv. Amazonas N37-271 y Villalengua, esq.Tel.: (593 2) 382 9900Quito, Ecuadoreditorial.iaen.edu.ec / iaen.edu.ecInformación: editorial@iaen.edu.ec

Dirección editorial: Roberto Ramírez ParedesCorrección de estilo: David Chocair HerreraDiseño de portada e interiores: Gabriel Cisneros VenegasColaboradora de editorial: Cristina Silva VillamarImpresión: V&M GráficasTiraje: 500 ejemplares© IAEN, 2016

Este libro se imprimió con el apoyo de la Cooperación Belga en el Ecuador.

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Índice

Sobre los autores ................................................................... 9Prólogo ................................................................................. 13Francisco Hidalgo Flor

Capítulo I

El desafío de la agricultura campesina para Ecuador ............... 17François Houtart

1. La agricultura, nueva frontera para el capital internacional .. 17 1.1. Concentración de la tierra y sumisión al capital ............ 17 1.2. Las consecuencias ambientales y sociales como externalidades .................................................... 192. El panorama ecuatoriano ................................................... 21 2.1. La evolución contemporánea de la agricultura .............. 22 2.2. Las iniciativas de agricultura campesina familiar e indígena y sus posibilidades en Ecuador .................... 30

Capítulo II

La dimensión internacional .................................................... 37El derecho a la alimentación y la agricultura familiar campesina 37Olivier De Schutter

1. La evolución de la percepción del problema agrícola por la comunidad internacional ......................................... 37 1.1. La importancia de la agricultura campesina y familiar .. 37 1.2. La importancia de la calidad nutritiva de la alimentación ........................................................... 39 1.3. El futuro de la agricultura pasará por la agroecología ... 392. Los obstáculos a la agroecología ........................................ 403. La soberanía alimentaria .................................................... 41 3.1. La Constitución ecuatoriana ........................................ 41 3.2. Los obstáculos a la soberanía alimentaria ................... 434. Los desafíos del futuro ....................................................... 46

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La Unasur y la agricultura ..................................................... 47Enrique Vaca Narvaja

Capítulo III

La dinámica contemporánea de la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador ........................................... 51Michel Laforge y Pablo Caller i Salas

Introducción ......................................................................... 511. La metodología de la iniciativa del IAEN ............................ 52 1.1. Definición: ¿qué es la agricultura campesina? ............... 52 1.2. Las hipótesis del programa de trabajo ......................... 53 1.3. Los conversatorios ....................................................... 54 1.4. El Día de Trabajo Participativo ..................................... 552. El contexto actual de la agricultura familiar campesina e indígena ......................................................................... 55 2.1. El agotamiento del modelo de producción de la Revolución Verde ..................................................... 56 2.2. Las consecuencias del modelo de producción de la Revolución Verde ..................................................... 57 2.3. Las ventajas de la agricultura familiar campesina e indígena y su importancia en Ecuador ....................... 58 2.4. Las políticas agropecuarias del Estado ......................... 593. Los temas clave para el fomento de la agricultura familiar campesina ............................................................. 65 3.1. El acceso a la tierra ...................................................... 65 3.2. El acceso al agua ......................................................... 74 3.3. El acceso al crédito ...................................................... 79 3.4. La comercialización de la producción ........................... 81 3.5. El modelo productivo .................................................. 86 3.6. La calidad de vida en el medio rural ............................. 91 3.7. El rol del Estado ......................................................... 96

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Capítulo IV

Propuestas a corto y a largo plazo .......................................... 99Michel Laforge

1. A corto plazo, veintisiete propuestas para fortalecer la agricultura familiar campesina ....................................... 99 1.1. Las veintisiete propuestas ............................................. 99 El acceso a la tierra ...................................................... 99 El acceso al agua ......................................................... 100 El modelo productivo .................................................. 101 El Buen Vivir en el medio rural ...................................... 101 La comercialización de la producción campesina .......... 102 Institucionalidad para potenciar la agricultura familiar .. 103 Investigación y academia .............................................. 103 1.2. La estrategia de implementación a corto plazo ............. 104 1.3. Metas e impacto a corto plazo ..................................... 110 1.4. Dimensión financiera a corto plazo .............................. 1102. A largo plazo, la reforma agraria integral y popular ............. 114

Capítulo V

El futuro de las agriculturas familiares campesinas e indígenas en Ecuador .......................................................... 117François Houtart

1. Los modelos de agricultura en el mundo actual ................... 118 1.1. El modelo de agricultura industrial, como nueva frontera para el capital ................................................ 118 1.2. El modelo de agricultura familiar campesina e indígena 1222. Las funciones de la agricultura y el papel de cada modelo .... 123 2.1. Ventajas y desventajas de cada modelo ......................... 1233. ¿Por qué promover la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador? ...................................................... 1254. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016) ............................................................. 128 4.1 El contexto ................................................................... 128

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4.2. Los motivos y el título preliminar de la Ley de Tierras y Territorios ................................................ 129 4.3. Las disposiciones de la ley ............................................ 129 4.4. Reflexiones sociológicas ............................................... 132Anexo: ................................................................................. 135 Declaración del Foro internacional sobre agroecología-Nyéléni, Mali-2015 ........................................ 135 Construyendo desde el pasado con la mirada en el futuro .... 136 Desafiando una multitud de crisis ....................................... 136 La agroecología ante una encrucijada ................................. 138 Nuestros pilares y principios comunes de la agroecología..... 138 I. Promover la producción agroecológica ............................ 141 II. Intercambiar saberes ...................................................... 142 III. Reconocer el papel central de la mujer ........................... 142 IV. Instaurar economías locales ........................................... 143 V. Divulgar y dar a conocer nuestra visión de la agroecología . 143 VI. Forjar alianzas .............................................................. 143 VII. Proteger la biodiversidad y los recursos genéticos .......... 143 VIII. Enfriar el planeta y adaptarse al cambio climático ........ 144 IX. Denunciar y luchar contra la apropiación corporativa e institucional de la agroecología ................................... 144Bibliografía ........................................................................... 147

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Sobre los autores

François Houtart

Dr. en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, de nacio-nalidad belga, nació en 1925. Cuenta con un diplomado en Teología en el Seminario mayor de Malina. Diplomado en Urbanismo en el Ins-tituto Internacional de Urbanismo Aplicado, Bruselas. Posgrado en Sociología de la Universidad de Chicago. Dr. HC de las universidades de Notre Dame (EE. UU.) y La Habana (Cuba). Miembro honorario de las academias de ciencias de Vietnam y de Cuba.

Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina; profesor del IAEN. Fue profesor invitado en universidades de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. Investigaciones en Sociología de la religión (doctorado sobre Sociología de la religión en Sri Lanka), sociología urbana, sociología rural y sociología de la globalización.Vicepresidente del Foro Mundial de Alternativas. Premio de la Unesco para la acción no-violenta.

Entre sus publicaciones constan más de cincuenta libros como autor o coautor y centenares de artículos. Algunas de sus obras son: Sociolo-gía del catolicismo norteamericano, 1956; Las parroquias de Bruselas, 1954; Sociología de la religión, 2013; Religion and Ideology in Sri Lanka, 1974; El campesino como actor, 1990; La double transition d'une Commune vietna-mienne, 2004; Religion et Sociétés précapitalistes en Orient, 2009; El escán-dalo de los agrocombustibles para el Sur, 2013; El Bien Común de la Humani-dad, 2013; etc. Actualmente se desempeña como profesor en el IAEN, desde el año 2013.

Michel Laforge

Michel Laforge es ingeniero agrónomo franco-peruano, graduado en el Agroparitech de París, Francia. Ha trabajado en el desarrollo rural y asesorías agrarias en Latinoamérica por más de veinticinco años. Radicado desde hace trece años en Ecuador, donde ha colaborado

Sobre los autores10

con diferentes entidades de la sociedad civil y del Estado, especial-mente en materia de tierras. Actualmente se desenvuelve como con-sultor independiente y consultor de AVSF (Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras Francia). Ha asesorado en los últimos años al Ministe-rio de Agricultura del Ecuador en la preparación del Plan Tierras. Es miembro de AGTER.

Oliver De Schutter

De nacionalidad belga, LL.M., Universidad de Harvard; PhD, Univer-sidad de Lovaina. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación desde mayo de 2008 hasta 2014. Es pro-fesor de Derecho en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es miembro del Global Law School Faculty (programa de enseñanza del derecho desde una perspectiva mundial) de la Universidad de Nue-va York y profesor visitante en la Universidad de Columbia. Es autor de numerosas publicaciones sobre las cuestiones de gobernanza y de-rechos humanos, y globalización y derechos humanos. Entre 2004 y 2008 ocupó el cargo de Secretario General de la Federación Interna-cional de Derechos Humanos (FIDH) para asuntos de globalización y derechos humanos. Sus publicaciones versan sobre el derecho inter-nacional de los derechos humanos y los derechos fundamentales en la Unión Europea, con un interés especial en los derechos económi-cos y sociales y las relaciones entre los derechos humanos y la gober-nanza. Su obra más reciente se titula International Human Rights Law, 2010.

Enrique Vaca Narvaja

Nació en Córdoba, Argentina. Estudió Comunicación de masas en la Universidad de Ámsterdam, posteriormente realizó un posgrado en Relaciones Internacionales en la misma Universidad. En 1992 in-gresó al Servicio Exterior de la Nación. Como diplomático ha cum-plido funciones en Paraguay, Guatemala, Ciudad del Este y Ecuador. En la Cancillería ha tenido como responsabilidad primaria la coor-dinación de las relaciones económicas bilaterales con los países del Asia Pacífico. También ha estado vinculado como coordinador de la posición argentina en la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la

Sobre los autores 11

Información en Túnez, 2005 y ha sido director de Mercosur Econó-mico hasta 2014.

Actualmente es el representante argentino en Unasur, Quito, Ecuador.

Pablo Caller i Salas

Nacido en Bruselas en 1988; cuenta con una maestría en Ciencias Po-líticas de la Universidad Católica de Lovaina (2014); tiene una Licen-ciatura en Sociología y Antropología por la Universidad 'Saint-Louis', en Bruxelles, Bélgica. Fue asistente de Francois Houtart en el IAEN entre enero de 2015 y enero de 2016, cargo en el que también se des-empeñó como investigador.

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Prólogo

La publicación del Manifiesto para la agricultura familiar campesina e indí-gena en Ecuador, con el trabajo de coordinación y edición de François Houtart y Michel Laforge, sistematiza una serie de eventos desple-gados sobre el tema entre 2014 y 2015, con el apoyo institucional del IAEN y la participación de delegaciones de movimientos sociales, parlamentarios y responsables gubernamentales. El manifiesto surge en una coyuntura importante para el país y la región, a la que pode-mos denominar como situación bisagra, pues se abre a opciones dis-tintas de futuro.

¿Cuál es la especificidad de esta situación? Está marcada por va-rios niveles: en un primer nivel está la evolución de la crisis capitalis-ta, que mostró una fase en el período 2007-2014 de demanda alta de materias primas, lo que dio lugar al auge de las denominadas com-modities; y otra fase, que se abre a partir de 2015, caracterizada por la estrategia geopolítica de crecer la oferta de petróleo, provocando el descenso brusco del precio de estas commodities, en especial el pe-tróleo, acompañado por el mayor protagonismo de los Estados Uni-dos en el escenario mundial y regional; a consecuencia de esto, en el caso ecuatoriano, se acentúa una contradicción en la estrategia gu-bernamental denominada “cambio de la matriz productiva”, ya que paradójicamente afianzó el antiguo patrón de acumulación prima-rio exportador, que lo tornó vulnerable a un escenario mundial an-tes descrito.

En un segundo nivel, la evidencia de una situación política bisa-gra, lo que algunos autores denominan “fin del ciclo progresista” en el conjunto del continente, determinada por el debilitamiento de las políticas de redistribución de los ingresos, ante la reducción drástica de los ingresos estatales y el giro de varios “aliados” empresariales de los regímenes progresistas hacia tiendas políticas de derecha. En un tercer nivel, un discurso que convocó a transformaciones radicales pero que en la práctica promocionó principalmente la modernidad

Francisco Hidalgo Flor14

y que, de hecho, con los logros mismos de la política social, alentó una cultura consumista, con lo cual la base política y social de apo-yo es bastante frágil.

Trasladados a los ámbitos de la ruralidad, esta situación se ve re-flejada en la paradoja de una modernización que promueve un mo-delo basado sobre un mejoramiento de la productividad, pero ca-rente de transformaciones estructurales. En el caso ecuatoriano, sin lugar a dudas, se ha desplegado la obra pública alrededor de vías de comunicación, centros educativos y de salud; mas, como se nota en las estadísticas oficiales, la antigua concentración de la tierra, el agua y los mercados se ha profundizado. Añadamos una organización so-cial debilitada, presionada a unirse al proyecto político y, en conse-cuencia, fragmentada.

En la agricultura del Ecuador, así como en la de varios otros países de la región andina y mesoamericana, relativamente pequeños pero con gran diversidad social-ética y diversidad ecológica, el problema de la producción estrictamente agropecuaria no puede divorciarse de las consideraciones sociales y ambientales. Las estrategias de expan-sión del monocultivo no solo que determinan procesos de concentra-ción económica y de mercados, sino que a la par destruye agroecosis-temas y desplaza poblaciones, en muchos casos ancestrales. A lo que hay que añadir las amenazas provenientes de ciertas políticas de mo-dernización homogenizante y, en tanto que fenómeno global, la agu-dización del cambio climático.

El escenario actual en Ecuador es distinto del de hace una década atrás, por lo que es imprescindible renovar, actualizar y profundizar las propuestas para las agriculturas y las sociedades rurales. De allí que el Manifiesto para la agricultura familiar campesina e indígena aparece en el momento preciso de aportar e incentivar este debate.

Encuentro particularmente motivante la sección “Temas clave para el fomento de la agricultura familiar campesina”, que sintetiza posicio-nes y propuestas alrededor de siete puntos: acceso a la tierra, acceso al agua, acceso al crédito, comercialización de la producción, modelo productivo, calidad de la vida en el medio rural y rol del Estado. Tam-bién destacó los planteamientos de “27 propuestas para fortalecer la agricultura familiar campesina”.

Prólogo 15

En particular, este Manifiesto demuestra en varias partes de su contenido el papel central de los Gobiernos Autónomos Descentra-lizados (GAD). Ellos son capaces de aportar soluciones concretas e inmediatas a muchos aspectos de la agricultura familiar campesina e indígena, tales como la promoción de la producción orgánica, la or-ganización de ferias, el establecimiento de circuitos cortos de comer-cialización, cooperativas de pequeña producción, agrupaciones de mujeres artesanales, etc. Un apoyo nacional, vía el Congope e incen-tivos financieros y técnicos del Ministerio de Agricultura y Pesca (Ma-gap) pueden en un tiempo corto transformar la situación.

El país: sus organizaciones sociales, campesinas e indígenas, sus entidades gubernamentales, de alcance local y nacional, sus activida-des empresariales, sus universidades, tienen en este libro —que, reite-ro, sintetiza todo un proceso de debate plural— un aporte valioso pa-ra poner en el momento presente y en las perspectivas de futuro una agenda de políticas públicas para defender, proteger y promover las agriculturas, la soberanía alimentaria, el equilibrio entre zonas rura-les y urbanas, la interculturalidad y los ecosistemas.

Quito, 5 de abril de 2016

Francisco Hidalgo Flor

Director de las Carreras de Sociología y de Política de la Universidad Central del Ecuador

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Capítulo I

El desafío de la agricultura campesina para Ecuador

François Houtart

LAS NACIONES UNIDAS decidieron que 2014 sería el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Por esta razón, en muchas partes del mundo este tema está a la orden del día. Es también el caso del Ecua-dor. Sin embargo, no se puede reflexionar sobre un país en particular sin abordar la perspectiva global de la creciente sumisión de la agri-cultura a la lógica del capital. Lo haremos en una primera parte, an-tes de abrir las perspectivas ecuatorianas.

1. La agricultura, nueva frontera para el capital internacional

No se trata evidentemente de un problema nuevo. Lo que Carlos Marx llamó la acumulación primitiva en la Inglaterra del siglo xvI, se realizó por el despojo de las tierras campesinas comunales y el esta-blecimiento de barreras (enclosures). La industrialización europea, por su parte, significó en el siglo xIx una transformación profunda de la agricultura. La mano de obra industrial que formó en gran parte la nueva clase obrera se reclutaba en el campo. Nuevas tecnologías agrí-colas se desarrollaron para nutrir las ciudades. Profundas crisis afec-taron al sector, como en Irlanda, provocando hambrunas, ya que el proceso de acumulación del capitalismo mercantil se había construi-do en gran parte sobre el producto de las plantaciones coloniales, de azúcar en particular.

1.1. Concentración de la tierra y sumisión al capital

En los últimos cincuenta años, y de manera acelerada desde los años setenta, hemos asistido en el mundo entero a una concentración cre-ciente del conjunto de la cadena agrícola, desde la producción hasta

François Houtart18

la comercialización, pasando por el procesamiento y la producción de los insumos químicos, sin hablar del aumento de la dependencia de un número limitado de alimentos. Los monocultivos se extendieron sobre espacios enormes. Así, en Paraguay, para la zafra de 2013-2014 so-lamente para la soja se utilizó una superficie de 3 300 000 hectáreas, cuando las tierras destinadas a la agricultura campesina fue de 1 243 475 hectáreas (Vera, 2014: 17). Por otra parte, como lo escribe Lau-rent Delcourt, del Centro Tricontinental de Lovaina-la-Nueva,

Se reduce el número de operadores, abajo y arriba de los procesos de produc-ción. En otras palabras, la apertura y la integración de los mercados han permi-tido a las grandes firmas del complejo agroalimentario (productores de fertili-zantes, intermediarios comerciales, industria agroalimentaria, grandes cadenas de distribución y demás) aumentar su control sobre las cadenas de producción, de transformación y de comercialización (2010: 15).

Se citan empresas tales como ADM, Cargill, Monsanto, Syngenta, Bayer, Unilever, Nestlé, entre otras.

El resultado fue doble: por una parte, una disminución fuerte de las unidades de explotación agrícolas y, por otra, la dependencia de los campesinos de las grandes empresas, bajo varias formas: insumos (especialmente semillas), acceso al mercado, subcontratos y demás. En Europa, entre 2002 y 2010, tres millones de granjas cerraron (La Vía Campesina, 2011) y en los continentes del Sur, el proceso se ace-leró desde los años noventa.

Esta evolución afectó lógicamente a la agricultura campesina fa-miliar, como lo expresa un editorial de ALAI consagrado al tema: “En la dinámica de las corporaciones para subordinar la agricultura mun-dial a sus intereses, aparece un relato cuyo eje es ‘incorporar’ la agri-cultura familiar a su cadena productiva” (Léon, 2014: 1). Uno de los medios utilizados es la contratación, como lo veremos en el caso ecuatoriano. Reza Vishkai, el encargado de las inversiones alternati-vas de la firma Insight Investment, concluía en 2008, en plena crisis fi-nanciera mundial, que “la mejor protección contra la recesión en los 10 o 15 años que vienen es una inversión en tierras agrícolas” (Grain, citado por Delcourt, 2010: 16). De verdad, la agricultura es una nue-va frontera para el capital.

El desafío de la agricultura campesina para Ecuador 19

1.2. Las consecuencias ambientales y sociales como externalidades

Como siempre, la lógica del capital no incluye las “externalidades” en sus perspectivas, es decir, los daños ambientales y sociales. Solamen-te se calculan los logros económicos: la productividad, la evolución de los precios, la posibilidad de la especulación; es decir, lo que con-tribuye a la ganancia y a la acumulación. Los otros costos no son pa-gados por el capital sino por la naturaleza, por las comunidades, las poblaciones, los individuos. Estos gastos entran solamente en consi-deración cuando afectan la tasa de ganancia. Es por esta razón que, frente a los efectos de la degradación ambiental, nació hace apenas diez años el concepto de “economía verde”, es decir, según el Pro-grama de las Naciones Unidas para la Energía (PNUE), “una manera ecológica de realizar negocios” (Duterme, 2013: 9).

Socialmente, el modelo agroindustrial mata el empleo y está en el origen de las grandes migraciones hacia las ciudades. El número de personas desplazadas se cuenta por millones, especialmente en los continentes del Sur, donde el medio urbano no puede ofrecer posi-bilidades de empleo, hábitat ni condiciones de vida dignas a los se-res humanos. Desde un punto de vista ecológico, los resultados son también profundamente negativos. La deforestación crece: en Bra-sil, por ejemplo, se han deforestado 240 000 kilómetros cuadrados entre 2000 y 2010. La polución de los suelos y del agua se multipli-ca. La biodiversidad se destruye. Según una declaración de la FAO, con ocasión del Día Mundial de la Selva, en marzo de 2014, los mo-nocultivos, combinados con la extracción de petróleo y de produc-tos mineros, la explotación legal e ilegal de la madera, las represas hidroeléctricas, conducen a la desaparición de la selva amazónica dentro de cuarenta años. Ya en Indonesia y Malasia, el 80 % de la sel-va original ha sido destruida por los monocultivos de palma y de eu-calipto. Además, la tierra se convierte en commodity, introducida por este medio en la lógica del capital financiero: en Brasil, 73 millones de hectáreas pertenecen a compañas multinacionales extranjeras.

Podemos concluir con João Pedro Stedile, fundador del Movi-miento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, y Osvaldo Léon, de ALAI (Agencia latinoamericana de Información):

François Houtart20

Esta matriz productiva del agronegocio es socialmente injusta, pues cada vez más expulsa a la mano de obra del campo; es económicamente inviable, pues depende de la importación de millones de toneladas de fertilizantes químicos; está subordinada a las grandes corporaciones que controlan las semillas, los in-sumos agrícolas, los precios, el mercado y que se quedan con la mayor parte de las ganancias de la producción agrícola; es insustentable para el medioambien-te, pues practica el monocultivo y destruye toda la biodiversidad existente en la naturaleza, con el uso irresponsable de agrotóxicos que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus microorganismos, contaminan el medioambiente y, sobre todo, los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población (2014: 3).

Por estas razones, los movimientos campesinos de todo el mundo luchan por la defensa de la agricultura familiar, no como un regreso romántico al pasado, sino como una solución de futuro. Sin embar-go, la Vía Campesina estimó que la expresión “familiar” era ambigua, “no porque ‘en sí’ ella sea equivocada (como expresión idiomática), sino debido a que su uso actual trae implícito en esta expresión, aho-ra como concepto, la tendencia hacia la integración y subordinación a la empresa capitalista” (Martins de Carvalho, 2014: 9). Agricultu-ra familiar es también la expresión utilizada por el Banco Mundial, que reconoce que a mediano y largo plazos este tipo de agricultura es más productiva que la agricultura industrial, por ser menos destruc-tiva. Para ser totalmente clara, en su Declaración de Harare, la Vía Campesina decía:

El término “agricultura familiar” es muy amplio y puede incluir casi cualquier modelo o forma de agricultura cuyos dueños directos no sean corporaciones o inversores. Incluye a pequeños y grandes productores (con granjas de millares de hectáreas), e incluye también a pequeños productores que dependen total-mente del sector privado a través de la agricultura por contrato u otras formas de explotación económica. Eso se promueve, entre otros, bajo conceptos como la cadena de valor. Es por eso que la Vía Campesina defiende la agricultura familiar campesina y agroecológica, en oposición a la agricultura a gran escala, industrial y tóxica del agronegocio que expulsa campesinos y acapara tierras en todo el mundo (La Vía Campesina, 2011).

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesi-nas (CLOC), por su parte, estima que para romper las cadenas de las corporaciones deben intervenir los órganos de integración latinoa-mericana: Unasur, ALBA, Celac, Mercosur. En este último caso, la

El desafío de la agricultura campesina para Ecuador 21

Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar (REAF) y su capí-tulo ecuatoriano ofrecen un espacio de trabajo muy útil.

En 2013 se reunieron en La Paz, Bolivia, los mejores especialis-tas de la cuestión agraria de América Latina, convocados por el Fo-ro Mundial de Alternativas (FMA), en colaboración con el Grupo de Trabajo de la Clacso sobre el tema. El seminario se llamó “¿Por qué y cómo apoyar a las agriculturas campesinas y familiares en Latinoa-mérica actual?” (Hidalgo, Houtart y Lizárraga, 2014). Al final se pu-blicó el “Llamamiento de La Paz (Bolivia) a los pueblos de América Latina y a los gobiernos latinoamericanos”. El documento decía, en-tre otras cosas, que:

Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fo-mento agropecuario diseñadas no como hasta ahora, para favorecer el agro-ne-gocio y hacer dependientes a los campesinos, fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre otros bienes y servicios. Políticas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba, sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan (Sipae, 2013).

Este seminario siguió una iniciativa similar en Asia, en 2010, en la Universidad Renmin de Pequín, con once países asiáticos (Hou-tart y Tiejung, 2013). Además, el Foro Mundial de Alternativas pu-blicó en 2015 un libro importante sobre la misma materia (Herrera y Kin Chi, 2015).

En 2008, una iniciativa común entre la FAO y el Banco Mundial, el International Assesment of Agricultural Knowledge, Science and Technology (AASTD), llegó a la conclusión, después de una consulta con cuatro-cientos expertos en el mundo, que la agricultura campesina tenía un valor agregado superior a los monocultivos, por sus múltiples funcio-nes sociales, culturales y ecológicas.

2. El panorama ecuatoriano

La situación del Ecuador se inscribe en este contexto general. Con un proyecto sociopolítico basado en el Buen Vivir y una voluntad afirma-da de salir de la sumisión al capital internacional, la promoción de

François Houtart22

una agricultura campesina y comunitaria parecería una consecuencia lógica. De hecho, en la Constitución y en los Planes de Desarrollo Na-cional existen bases reales para tal proyecto. En la realidad, como lo veremos, poco se cumplió. Sin embargo, el interés creciente en el ám-bito internacional y la conciencia que se desarrolló en los movimien-tos campesinos e indígenas están creando una nueva situación, don-de la agricultura campesina gana importancia en las preocupaciones políticas, tanto fuera como dentro de los medios gubernamentales, aun si se trata de una minoría. Sin embargo, hasta ahora, eso no fue suficiente para generar un cambio de orientación política y la Ley Or-gánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, adoptada por la Asamblea Nacional, al principio de 2016, a pesar de reconocer la im-portancia de la agricultura campesina e indígena, no es portadora de muchas esperanzas de aplicación real.

2.1. La evolución contemporánea de la agricultura

El acceso a la tierra

Al principio de la década del 2000, el 44 % del territorio ecuatoriano estaba dedicado a actividades agropecuarias y el 56 % a vegetación na-tural y selva (Atlas, 2011: 6). Las dos reformas agrarias de 1964 y 1973 cambiaron la estructura tradicional de las grandes haciendas para mo-dernizar el sector. La época neoliberal provocó una nueva concentra-ción de tierras y también una aceleración de la deforestación: entre 1990 y 2000, 74 300 hectáreas por año; y entre 2000 y 2008, 61 800 hectáreas. En diez años (2000 a 2010) significó una pérdida de 618 000 hectáreas (Atlas, 2011: 3), por extensión de la frontera agrícola, de las actividades petroleras y mineras y de la urbanización.

Con el Gobierno actual se inició un esfuerzo de reforestación. En 2013 se sembraron más de 1 500 millones de árboles (El Telégrafo, 27 junio 2014) y para 2014, el Ministerio de Agricultura anunció que se trataría de plantar árboles en 100 000 hectáreas (El Telégrafo, 27 abril 2014). El programa de conservación Socio Bosque empezó en 2008; desgraciadamente, inscrito dentro de la lógica del dudoso pro-grama europeo del mercado de carbono. Sin embargo, a pesar de es-tos esfuerzos, la deforestación no se detuvo por las mismas razones que en el pasado. Por otra parte, en 2014, la FAO afirmó que el 80 %

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de la reforestación en América Latina era ineficaz, esencialmente por falta de seguimiento; es probable que Ecuador no escape totalmen-te a este fenómeno. Por otra parte, se señala también que el proceso cuenta con una débil participación de la población local en progra-mas que parecen impuestos desde el exterior.

En Ecuador, el acceso a la tierra es uno de los más desiguales del continente, con un coeficiente de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y pequeñas propiedades) de 0,81. El 46,3 % de las tie-rras es propiedad del 0,68 % de la población nacional (Revolución Agraria, 2011: 5). Las propiedades de menos de cinco hectáreas re-presentan el 64 % de las unidades y el 6,53 % de las superficies (pro-medio de 1,4 hectáreas). Las de más de 500 hectáreas constituyen el 0,16 % de las unidades y el 16 % de las tierras (promedio de 1 400 hec-táreas). Los minifundios de menos de 0,5 hectáreas, que son 165 000 en el país, es decir, la mitad de las pequeñas propiedades, no permi-ten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza. La situación no cambió fundamentalmente desde el último censo agrario que tuvo lugar antes del gobierno de Alianza PAIS: en 2014, las unidades de producción de menos de diez hectáreas cobra-ban el 76 % del total, pero ocupaban el 12 % de las tierras de agri-cultura (Mendoza Andrade, El Telégrafo, 6 mayo 2014). En una en-trevista a Le Monde Diplomatique en 2010, el presidente Rafael Correa reconoció esta realidad: “La tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequi-tativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a te-nencia de tierra” (Le Monde Diplomatique, 3 enero 2010).

Hubo en la historia varias etapas de transformación de la estruc-tura agraria. La primera fue bajo la presidencia de Eloy Alfaro, me-diante la Ley de Beneficencia o de “Manos Muertas”, expropiando los latifundios de las órdenes religiosas. En 1964, la Alianza para el Pro-greso impuso una reforma agraria y se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac). Se trataba de parcelar las haciendas, de favorecer la colonización y extender la frontera agríco-la y también de luchar contra los movimientos campesinos de izquier-da. En 1979, la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, inspira-da por los latifundistas en reacción contra los esfuerzos precedentes,

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garantizó la propiedad de las “tierras adecuadamente cultivadas”. En 1994, la Ley de Desarrollo Agrario promocionó el mercado de tierras y autorizó el fraccionamiento de las tierras comunales. Para cumplir con este cambio de perspectiva, el Ierac fue remplazado por el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA) (Brassel, Herrera y Laforge, 2010: 17-20).

El 1 de octubre de 2011, el presidente Correa declaraba que “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva… Repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir la pobreza”. Sobre la parcelación él tenía toda la razón: la simple re-partición de las tierras no es una solución. Al contrario, se trata de realizar, como lo dice el MST de Brasil, una reforma agraria popular, incluyendo una transformación de fondo de la sociedad rural, ofre-ciendo a la agricultura campesina condiciones de eficacia económi-ca, social y cultural. Sobre la productividad de las grandes empresas, el Presidente tiene también razón, por lo menos a corto plazo. Pero si se analiza el mediano y largo plazo, se ve que no se puede olvidar los efectos de este tipo de explotación considerados como externa-lidades, tales como la destrucción de la biodiversidad, la captación abusiva del agua, el uso masivo de productos químicos, la contami-nación de las aguas, el agotamiento de los suelos, sin hablar de la uti-lización de los paraísos fiscales para escapar a los impuestos y del re-forzamiento de una burguesía urbana explotando la mano de obra rural, sin contribuir en mínima manera a la eliminación de la pobre-za. Es lo que hemos podido constatar en un estudio sobre el brócoli en Cotopaxi (Houtart y Yambi, 2013).

Evidentemente, las funciones de los diversos tipos de propiedad son diferentes. La pequeña agricultura es abastecedora de los alimen-tos para la población, generalmente con una diversidad de produc-tos y un sistema rotativo. Respeta mucho más los ritmos de la na-turaleza y se preocupa por la regeneración de los ecosistemas. En Ecuador, la agricultura campesina es la fuente principal de la alimen-tación del país, que todavía goza de una soberanía alimentaria. Pri-vilegiar la agricultura de exportación en detrimento de la agricultura campesina significa un riesgo importante de pérdida de esta sobera-nía, que en el resto de los continentes del Sur está duramente ame-nazada por los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos

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comerciales internacionales. A título de ejemplo, Corea del Sur, fre-cuentemente citada como un modelo de desarrollo, debe importar el 78 % de su alimentación, factor que influye también en el balance co-mercial. En Ecuador, el factor alimentación no parece ser prioritario en comparación con el petróleo, la energía o la minería. Además, la inadecuada política tributaria redistributiva del impuesto predial es también un obstáculo.

Las grandes unidades agrícolas están destinadas a monocultivos permanentes (banano, palma africana, caña de azúcar, piñón, bróco-li) principalmente para la exportación, y muy a menudo ocupan las tie-rras más fértiles (Revolución agraria, 2011: 4). En 2012, 46,5 % del cultivo estaba destinado a este fin y la tendencia era al incremento (El Telégrafo, 6 mayo 2014), poniendo en peligro la soberanía alimentaria (El Telégrafo, 27 marzo 2014). El desarrollo de cultivos para los agro-combustibles acentuó el fenómeno: en Santa Elena, por ejemplo, se destinaron 40 000 hectáreas para la producción de etanol. En Esme-raldas, la extensión de la palma africana afecta gravemente la vida y el entorno de los awás. Aun si en 2013 hubo un consumo de 79 millones de galones de agrodiesel en el país, en realidad, el fin principal es ex-portar para cumplir con la nueva matriz productiva. Los monocultivos utilizan una gran cantidad de productos químicos (Houtart y Yumba, 2013: 290) para aumentar su productividad, con consecuencias nega-tivas inmediatas sobre la contaminación de los suelos y del agua sobre la salud de los trabajadores y de la población, además de tener efec-tos a mediano plazo, como el agotamiento de las tierras. Tienden tam-bién a absorber la pequeña agricultura por apropiación de tierras o por contratos. Dan menos empleo: 0,5 por hectárea para las unidades de 500 hectáreas y más, frente a 1,4 para las propiedades de 5 hectáreas (Atlas, 2011: 24). Evidentemente, esta problemática se aplica a la sie-rra y a la costa. Las comunidades indígenas de la amazonía tienen una óptica muy diferente, donde el territorio es la base de la actividad pro-ductiva agrícola (Atlas, 2011: 24).

El acceso al agua

El agua de riego es indispensable para la agricultura campesina. Se-gún el Censo Agrario, en Ecuador, el 37 % de unidades de agricultura

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familiar campesina tiene acceso al riego, frente al 63 % de la agri-cultura empresarial. Esta situación explica en gran parte su falta de productividad. Para remediar el asunto sería importante revisar la regulación del agua y utilizar los saberes y prácticas ancestrales, espe-cialmente en las zonas indígenas. Antonio Quezada Pavón describe la situación de manera muy clara:

En muchas regiones del mundo, los sistemas de gestión hídrica campesina e indígena constituyen la base fundamental del sustento local y de la seguridad alimentaria nacional. En la mayoría de los países andinos, por ejemplo, las co-munidades indígenas y campesinas son las principales proveedoras de alimento para la población. Por lo tanto, la seguridad de acceso al agua y los medios para manejar sus sistemas hídricos son de importancia crucial. Sin embargo, a más de la históricamente desarrollada y extremadamente desigual distribución y acceso al agua, los derechos consuetudinarios sobre el agua en los países lati-noamericanos y en otros continentes están bajo una presión creciente. Conse-cuentemente, los millones de usuarios indígenas del recurso se hallan estructu-ralmente entre los grupos más pobres de la sociedad. Además, generalmente no están representados en los organismos a cargo de la toma de decisión nacional e internacional, lo que contribuye a una situación de creciente iniquidad, pobre-za, conflicto y destrucción ambiental (Quezada Pavón, 3 abril 2014).

Es evidente que tener acceso al agua es una exigencia fundamental para los pequeños campesinos. Sin embargo, en varios casos hay esca-sez por falta de organización comunitaria. En otros, es el acaparamien-to del agua para monocultivos o actividades industriales lo que no per-mite a los campesinos y a las comunidades una utilización racional del líquido. La Ley de Aguas de 2014 reconoció al líquido vital como un derecho humano fundamental, y rechazó la idea neoliberal de regu-lación por el mercado. El principio es la atribución de esta función al Estado, este último supuestamente representando el bien común. Sin embargo, debemos recordar que el Estado no es una entidad abstrac-ta, sino el resultado de una combinación de fuerzas sociales.

En el Ecuador actual, la concepción del Estado de la coalición en el poder es bastante jacobina: se eliminan las diferencias para poder aplicar el concepto de ciudadano. En esta lógica, la idea de que las autoridades comunitarias son también el Estado no es aceptable. La consecuencia es que se abren pocos espacios para que dichas auto-ridades ejerzan sus funciones y, en varios casos, se los cierra. Es así que la regulación comunitaria, donde todavía existe, no tiene cabida

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en la ley y las comunidades solamente tienen un poder consultivo. De hecho, la agricultura comunitaria podría aprovechar mucho de la ex-periencia secular en este domino. Tal eventualidad no significaría una privatización del agua, sino una regulación más democrática y cerca-na a la agricultura indígena y campesina.

En todo el mundo, el proyecto modernizador, empujado en los años ochenta por el Banco Mundial, ha propuesto la destrucción de las estructuras tradicionales y, como consecuencia, la pérdida de la soberanía alimentaria. Fue el caso en Sri Lanka, en 1996, cuando el Banco Mundial trató de imponer una desregulación completa de la producción del arroz, la parcelación de las tierras comunales y la in-troducción de la propiedad individual. Se argumentó que era más ba-rato importar el arroz de Vietnam o de Tailandia y más rentable para el país remplazar la producción de arroz por cultivos de exportación. Al contrario, la reforma agraria de Vietnam del Norte se construyó sobre la base de las antiguas estructuras de producción (Houtart, 2008), con éxito social y productivo. En Ecuador, en vez de burocrati-zar la regulación ancestral del agua, se debería apoyar a las entidades locales en esta función, reforzando su responsabilidad. Ellos también son Estado y no hay un solo modelo de socializar el agua en tanto que antítesis de la privatización.

Eliminar la pobreza rural

Según los datos del INEC de 2007, el 61,5 % de la población rural vi-vía en la pobreza. Según la FAO, la desnutrición a escala nacional era del 18,1 % de la población, de 26,1 % en zonas rurales y del 40,1 % entre los indígenas (Revolución agraria, 2011: 3). Además, con las políticas neoliberales apareció la categoría de los campesinos sin tie-rras (Atlas, 2011: 16). Con el gobierno actual, entre 2006 y 2013, la pobreza rural pasó del 60,6 % al 40,7 % (El Telégrafo, 18 noviem-bre 2013). Eso fue el resultado, en la mayor parte, del Bono de Desa-rrollo Humano y también de una doble nueva orientación nacional: políticas generales de adecuación entre la canasta básica y el ingre-so (96,6 % en 2013) y de un mejor acceso a servicios públicos de sa-lud y de educación. No fue sino en una pequeña medida el fruto de un mejoramiento de la producción de la agricultura campesina. Se-gún el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales

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(Sigtierras), el 50 % de las tierras son mal utilizadas (El Telégrafo, 6 octubre 2013) y el Instituto Nacional Autónomo de Investigacio-nes Agropecuarios (Iniap) afirma que solamente el 35 % de las se-millas son certificadas (El Telégrafo, 27 octubre 2013), lo que es un indicador significante, a pesar de su carácter ambiguo, por su defini-ción por las multinacionales de la alimentación. Significa que gran-des progresos son posibles con medidas estructurales y no solamen-te asistenciales.

La comercialización

El papel de las mujeres en este dominio es central. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemda) de 2014, el 61,9 % de las mujeres del área rural está vinculado a la agricultura, la ganadería y la pesca. En 2000 (último censo agrario), sobre 842 882 unidades de producción, 213 731 estaban en manos de mujeres y es probable que esta proporción haya aumentado en todo desde esta fecha. Sin embargo, el 46,7 % de estas unidades tenían menos de una hectárea (El Telégrafo, 5 diciembre 2015). En la mayor parte de los casos de la agricultura campesina, son las encargadas de la comer-cialización de los productos. Unasur afirma que las mujeres campesi-nas del Ecuador venden 450 millones de dólares a las cadenas de va-lor (El Telégrafo, 5 diciembre 2015).

Por eso es importante conocer mejor su rol y sus potencialida-des, que sobrepasan el aspecto puramente económico e implican di-mensiones sociales y culturales. Debemos añadir que, para la comer-cialización de sus productos, las pequeñas unidades de producción dependen mucho de “intermediarios” de diferentes escalas de ope-ración y que imponen los precios. En la contratación de las grandes empresas con los campesinos, para la producción con el agronego-cio y para la comercialización con los mayoritarios y supermercados, el mayor poder se halla en manos de las primeras, que minimizan los réditos económicos del productor (Revolución agraria, 2011: 5). Co-mo eso no corresponde a fuerzas de mercado equilibradas, sino a un mercado asimétrico, se trata realmente de contratos “entre el tibu-rón y las sardinas”.

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Un estudio muy revelador de esta situación, que toca al mismo tiempo los procesos productivos y comerciales integrados en una so-la perspectiva, fue publicado en 2013 (Yumbla et al., 2013). El Mi-nisterio de Agricultura ha desarrollado varios programas en esta dirección, en colaboración con empresas agroindustriales y la coo-peración holandesa (SNV). Uno de ellos es el Fondo para la Integra-ción de las Cadenas Agroproductivas (FICA) para el maíz y el arroz. Las empresas entregan a los agricultores semillas, fertilizantes y agro-químicos con ciertos requisitos: entre otros, tener una propiedad de entre diez y veinte hectáreas, estar cerca de las vías principales, po-seer la tierra como garantía, pagar 10 % de interés en caso de retra-so y aceptar el uso del paquete tecnológico propuesto por la empre-sa. Esta última se encarga de comercializar el producto, conservando el poder de definir los precios de compra a los campesinos. Los casos de las firmas Pronaca, Inaexpo, Floralp fueron estudiados en el docu-mento. La conclusión de esta investigación es la siguiente:

Es necesario mencionar que bajo este modelo de agricultura bajo contrato, los agricultores son los que asumen el riesgo en el proceso productivo y las empre-sas son las prestadoras de “servicios”, por tanto, se transfiere el valor a la agro-industria y el agricultor se subsume al capital agroindustrial. De forma que, si todas estas políticas de subsidio y negocios inclusivos están encaminadas a originar un “cambio de matriz productiva”, priorizando la producción nacional para reducir las importaciones de materia prima, se está corriendo el riesgo de subsidiar un modelo de agronegocio por sobre el modelo de agricultura familiar y campesina.

En síntesis, hubo en las últimas décadas un proceso de reconcen-tración de la tierra articulado a la expansión del monocultivo; para-lelamente tenemos un fenómeno de incremento de los minifundios y una disminución de los circuitos cortos en la comercialización. En las zonas más pobres también se nota una feminización del campo; los hombres salen a trabajar en las ciudades. El deterioro de los ecosiste-mas ha sido importante. Las tierras destinadas a la alimentación dis-minuyeron y la tendencia apunta a subordinar la agricultura al capi-tal, tanto para la producción como para la comercialización, lo que puede también ser un efecto no deseado pero real de la nueva matriz productiva y su énfasis en la exportación. El vicepresidente del Ecua-dor, Jorge Glas, declaró al principio de 2016 que la estrategia estatal

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para este año será priorizar la agroindustria, que en el país tiene po-tencial de desarrollo en el futuro (El Telégrafo, 29 enero 2016). Ya él había afirmado que las empresas de producción de brócolis eran mo-delos de nueva matriz productiva. En un período de baja del precio del petróleo, la agricultura de exportación aparece como una fuente substitución a las pérdidas de divisas.

Parece corresponder a lo que Laurent Delcourt llama una visión productivista, es decir, una inyección masiva de inversiones, mecaniza-ción creciente e introducción de biotecnologías (Delcourt, 2010: 23). Sin embargo, se debe reconocer también que los movimientos campe-sinos e indígenas no han dado una importancia suficiente al tema de la agricultura campesina y comunitaria. No es que sea un dominio ajeno a sus preocupaciones, sino que en lo concreto de las luchas sociales, la dimensión política ha tenido un peso demasiado alto: de instrumento se transformó en fin. Tomar en serio esta cuestión en todas sus dimen-siones daría a los movimientos un nuevo dinamismo.

2.2. Las iniciativas de agricultura campesina familiar e indígena y sus posibilidades en Ecuador

Cuando se analiza este tema, se nota que existen varias bases de una nueva orientación para permitir a la agricultura campesina contribuir positivamente con los objetivos de mayor eficacia económica y de lu-cha contra la pobreza.

Iniciativas populares

En todo el país existen iniciativas de varios tipos. A título de ejemplos, podemos citar algunos casos. En Santo Domingo de los Tsáchilas la reacción campesina para protegerse frente al monocultivo de palma africana fue organizarse para cultivar cacao de manera orgánica. En Riobamba se organizó la crianza de llamas como complemento eco-nómico de las comunidades indígenas; la iniciativa se extiende a va-rias regiones del país. Numerosas acciones de economía solidaria se realizan también en el campo y existe un sector de cooperativas im-portante. Pequeñas iniciativas como la Comunidad de San Luis de Maguazo, que reúne a ocho familias de Guamote (Chimborazo), son interesantes. Sobre un terreno de 14,5 hectáreas, con una agricultura

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diversificada, permiten a una mayoría de personas de origen urbano —en búsqueda de trabajo— desarrollar una actividad agrícola (Jimé-nez Alba, 2014). En la provincia de Morona Santiago se diversifica la economía rural con el ecoturismo. En Chimborazo la introducción, desde 1998 de la ganadería de alpacas, ayudó a varias comunidades a mejorar su situación económica y también contribuyó a salvar los páramos (El Telégrafo, 3 abril 2016).

En respuesta a las asimetrías de los mercados y a la intermedia-ción, y en la búsqueda de un consumo sano y de cercanías productor-consumidor, en los últimos años han surgido diversas iniciativas de productores y consumidores, así como programas con participación del Estado. Se trata de la construcción de circuitos alternativos de co-mercialización, tendientes a lograr una mejor valorización de la pro-ducción campesina y a facilitar a los habitantes pobres y de las clases medias urbanas el acceso a alimentos de calidad. Ferias campesinas y ciudadanas, canastas de consumidores, tiendas campesinas, com-pras públicas a organizaciones campesinas, exportación bajo normas de comercio justo, son algunas de estas iniciativas. Sin embargo, ni el sector público ni la sociedad civil disponen de una información con-solidada sobre estos nuevos sistemas de comercialización de la pro-ducción campesina. Lo anterior pone sobre el tapete la necesidad de contar con una visión que tenga en cuenta el alcance de estas expe-riencias, sus limitaciones y su potencial de desarrollo, que permita di-señar políticas públicas de cara al mandato constitucional de conso-lidación de la soberanía alimentaria (Chaveau y Taipe, 2012).

Generalmente se trata de iniciativas locales que provienen de las bases: grupos de campesinos, comunidades indígenas y proyectos de ONG, en varios casos con la ayuda de programas gubernamentales y de entidades descentralizadas (parroquias, cantones, provincias).

En otro dominio, de manera espontánea y en varios casos con el apoyo de la Coordinación General de las Redes Comerciales del Ma-gap, nacieron iniciativas de certificación de la calidad de los produc-tos de la agricultura campesina. Se trata de aplicaciones del Sistema Participativo de Garantía (SPG), que se encuentran en varios lugares: Red Agroecológica del Austro (RAA), con diecisiete organizaciones locales; Red Agroecológica de Loja (RAL), con ciento diez pequeños

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productores (mayoría mujeres); Productos Agroecológicos y Comer-cio Asociativo Tungushua (Pacat), con más de quinientas familias afiliadas; Agropaca en Tabacundo, Unolopso en Paján, Capacñán en Cañar, Hulla Mikuna en El Oro, entre otras (Magap, 2013b: 11-12). De nuevo se trata de iniciativas de pequeña dimensión pero con ver-daderas potencialidades.

Entre los pueblos indígenas las iniciativas no faltan tampoco. Una de las principales en la sierra está en Cayambe, declarado “el primer municipio plurinacional intercultural”, con sus iniciativas agrícolas, frente a la invasión de la floricultura.

Así, del lado popular, podemos notar que existen en Ecuador mu-chos elementos para un cambio de la política agraria: una voluntad popular, un saber tradicional, ideas concretas de realización e insti-tuciones. Este empeño se manifiesta contrario al incremento de los monocultivos, así como a otras actividades que destruyen la agricul-tura local, que impiden el acceso al agua o que monopolizan la co-mercialización, al tiempo que respalda las iniciativas que hemos ci-tado. El 15 de septiembre de 2011, el documento llamado Revolución agraria, apoyado por cuarenta y ocho organizaciones sociales, urba-nas y rurales, hizo públicas propuestas sintetizadas y elaboradas por el antropólogo César Guillermo Ortiz Crespo. Se eligió un título que permita evitar la ambigüedad del término reforma agraria, que para muchos significa una simple redistribución de tierras que desembo-ca en la multiplicación de minifundios. Según César Ortiz, existen las bases para el desarrollo de una agricultura familiar productiva, no in-dividualista, sino integrada en estructuras de solidaridad económica y social. Se debe también recordar que los campesinos de hoy no son más el grupo del pasado y que muchas actividades nuevas no son so-lamente agrícolas; existen en el campo: artesanado, pequeña indus-tria, comercio, actividades culturales, ecoturismo y también contacto con ciudades vecinas. Son factores que evidentemente entran en una reflexión holística sobre el asunto.

Iniciativas gubernamentales

Existen algunos fundamentos oficiales respecto de la política agraria. La Constitución de 2008 y los dos Planes Nacionales de Desarrollo

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(2007-2013 y 2013-2017) establecen una base bastante elaborada que permitiría el desarrollo de una agricultura campesina en el país. Durante su presencia en el Ministerio de Agricultura, entre 2009 y 2011, el exministro Ramón Espinel impulsó planes y programas para una agricultura campesina, que incluían, entre otros, cuatro ejes: re-distribución de la tierra, acceso al riego, comercialización alternativa e innovación por medio de la investigación y la asesoría. Él promovió la Escuela de la Reforma Agraria (ERA) como uno de los instrumen-tos de esta política.

El Ministerio de Agricultura tiene tres viceministros, dos para la producción agropecuaria y acuacultura y pesca y uno para el desa-rrollo rural. Este último se divide en dos subsecretarías: una de Tie-rra (Reforma Agraria) y otra de Riego, más dos coordinaciones gene-rales: de redes comerciales y de innovación. La Coordinación General de Redes Comerciales tiene la misión de encontrar vías alternativas de comercialización directa para la agricultura campesina. Se interesa también por la producción familiar sin químicos, consumo razona-ble, equipamientos y ferias, todo con un enfoque integral de la agri-cultura campesina. El impulso de fincas agroecológicas para generar alimentos saludables, con la protección de los suelos, es también una iniciativa importante para el futuro (El Telégrafo, 17 enero 2016).

En 2010 fue constituido el Grupo de Circulación Alternativa de Comercialización (Ciacco) como un ente interinstitucional al interior de la administración pública y con la participación de organizaciones de productores, redes de consumidores, ONG y especialistas acadé-micos. Además, fue creado el Consejo Sectorial Campesino, con de-legaciones de movimientos campesinos e indígenas y que tiene ramas en provincias y regiones. La función de estas dos instancias es consul-tiva. De hecho, ellas han carecido de impacto en la promoción de la agricultura campesina, probablemente como consecuencia del lugar marginal que esta última tiene en la política general.

El apoyo técnico del Magap ayudó a medianos y pequeños cam-pesinos de la provincia de Bolívar a desarrollar la producción de mo-ra, mejorando su calidad, lo que incitó a los agricultores a retornar al campo a trabajar sus tierras (El Telégrafo, 31 enero 2016). Los traba-jos de riego, aun si benefician generalmente la agricultura industrial,

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pueden ayudar a los campesinos medios y pequeños, como se com-prueba en Santa Elena, donde 3000 familias campesinas aprovecha-ron el agua que provee el trasvase Changon-San Vicente (El Telégrafo, 9 diciembre 2015). Lo mismo vale para una serie de microreservorios realizados por la Subsecretaría de Riego y Drenaje (El Telégrafo, 9 fe-brero 2016). Al nivel de municipios existen también iniciativas inte-resantes, como la Escuela Agroecológica iniciada por una parroquia del cantón Nabón, en el sur de Azuay (El Telégrafo, 24 agosto 2015).

Como vemos, existe una institucionalidad de base en el sector pú-blico. Además, el desarrollo de una agricultura campesina podría utilizar los estudios del Sigtierras y del Iniap. Existen centros de for-mación. Para apoyar la producción se puede citar la ayuda para ma-quinaria del Ministerio de Agricultura (Magap) y el Seguro Agrope-cuario; los proyectos de reforestación del Ministerio del Ambiente; en varios ministerios existen programas como las granjas agrícolas, el apoyo al ecoturismo y demás. En el campo de la comercialización existe el Banco de Desarrollo. El Seguro Social Campesino es también una institución que puede ser un elemento positivo para la agricul-tura campesina, como factor de estabilización. Actualmente más de un millón de personas se benefician de este programa y el presupues-to de la agencia para 2014 era de 55 millones de dólares. Sin embar-go, se debe señalar la relativa debilidad de estas instituciones: el Iniap tiene 47 técnicos en todo el país y el Magap tenía solamente un presu-puesto de 300 millones para 2014, frente a los presupuestos más ele-vados de otros ministerios: Electricidad y Energía no Renovable, 1867; Defensa, 1701; Policía, 1114; Transporte y Obras Públicas, 1335 (Vis-tazo, 30 enero 2014). Además, se señala también dificultades de coor-dinación entre las distintas entidades (Revolución agraria, 2011: 16).

En consecuencia, los programas del Magap en favor de los peque-ños agricultores campesinos e indígenas, que seguramente son insu-ficientes por falta de medios, quedan segmentados y faltan de visión de conjunto. El acento casi exclusivo sobre la productividad agríco-la, que es solamente una de las funciones de la agricultura, al lado de la regeneración de la tierra y del bienestar de los agricultores, desem-boca sobre una atención mayor al sector de monocultivos. En 2014, por ejemplo, los proyectos abandonados por razones diversas fueron

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en el sector del bienestar. Se nota también poca participación de los interesados y una tendencia a actuar desde arriba.

Iniciativas colectivas y ONG

El sector cooperativista tiene una presencia significativa en el Ecua-dor. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), existen en el país 3255 cooperativas (950 de crédito) (El Te-légrafo, 18 noviembre 2013), de las cuales el 71 % está en zonas rura-les (El Telégrafo, 1 agosto 2013). Dentro de los éxitos comunitarios se puede citar, entre otros, San Clemente, cerca de Otavalo, donde tanto la producción como la organización social y el turismo ecológi-co se combinan. La cooperativa Maquita Cushunchic, en la provincia de Bolívar, es un buen ejemplo de producción de leche y queso. Las organizaciones comunitarias son también numerosas dentro de los pueblos y naciones indígenas, pero faltan estudios sistemáticos del sector. Sin embargo, son esenciales para el desarrollo de una agricul-tura comunitaria específica en este sector.

Varias ONG también han sido muy activas en este ámbito, pero la mayoría de ellas en pequeña escala, con falta de visión de conjun-to. Aprovechar de estas iniciativas sin eliminarlas por una concepción centralizadora de la acción, sino asignándoles un rol dentro de la pla-nificación regional y nacional, podría ser una medida provechosa.

En conclusión, podemos afirmar que en Ecuador existen poten-cialidades para una agricultura campesina, pero están dispersas, po-co apoyadas institucionalmente y en peligro de disminución frente a un doble fenómeno. En primer lugar, una política agraria que privi-legia la exportación en función de una concepción puramente ma-croeconómica de la nueva matriz productiva; en segundo lugar, una lucha contra la pobreza rural que no promueve el apoyo a la agricul-tura campesina familiar, sino que privilegia una cierta redistribución de los ingresos sin una transformación de la estructura agraria. Es-ta política puede ser eficaz a corto plazo, pero genera graves proble-mas ambientales y sociales a mediano y largo plazos, además de que no crea actores sino clientes. En términos de eficacia, la promoción de la agricultura campesina es central, lo que está reconocido hoy en día a escala internacional. Ella tiene muchas funciones, desde el

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autoconsumo hasta la alimentación de la población urbana, pasan-do por la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los suelos. Sin embargo, se deben crear condiciones de eficacia, es decir, organi-zar el acceso al riego, apoyar el carácter biológico de su producción, mejorar sus técnicas y abrir los circuitos de su comercialización, sin olvidar los aspectos del entorno social y cultural.

¿Por qué no dar una nueva vida a este proyecto utilizando y revi-talizando los instrumentos ya existentes? Una conferencia nacional sobre agricultura campesina familiar podría establecer las grandes lí-neas de una política y proponer medidas concretas. Su realización no sería tan costosa en comparación con otros proyectos, pero daría frutos económicos y sociales considerables. Podría ser no solamente una respuesta a la iniciativa de las Naciones Unidas, sino que serviría de ejemplo a los otros países del hemisferio. El desarrollo de la agri-cultura campesina en Ecuador depende a la vez de la voluntad políti-ca del Gobierno, que daría sus frutos a mediano y largo plazos, y de la voluntad local indígena y campesina de renovar sus saberes tradi-cionales con visión de futuro. En este sentido existe una preocupa-ción en todo el espectro social y político del país. Ojalá que se tra-duzca en programas efectivos, por la urgente necesidad que tenemos de responder a esta problemática.

En el capítulo siguiente se abordará la cuestión de la agricultura campesina familiar a escala mundial, para mostrar que no se trata de un problema puramente ecuatoriano y se darán después los resulta-dos de los seminarios organizados en el IAEN, en 2015, sobre la tierra.