man-i · 12 miradas alternativas al neoliberalismo / i. dimensiones sociales de la crisis...

México, 2012

Partido de la Revolución DemocráticaBenjamín Franklin núm. 84Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo04410, México, D.F.www.prd.org.mx

Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno Odontología núm. 76 Col. Copilco, Del. Coyoacán 04360, México, D.F.http://formacion.prd.org.mx

Miradas alternativas al neoliberalismo I. Dimensiones sociales de la crisis Arcadio Sabido Méndez, Andrés Peñaloza Méndez y María Alejandra Hernández (coords.)

ISBN: 978-607-9219-05-5ISBN obra completa: 978-607-9219-04-8

Coordinación de producción: Édgar Abel Avilés GómezSelección de las apostillas: Ignacio Rodríguez Moncada

Producción editorial Altas y Bajas, Servicios Editoriales, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. [email protected]

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, ya sea mediante fotocopias o cualquier otra forma, requiere autorización por escrito del representante legal de los editores.

Impreso en México / Printed in Mexico

Partido de la Revolución Democrática

Jesús Zambrano GrijalvaPresidente

Dolores Padierna LunaSecretaria general

Órgano Directivo del Instituto Nacional de Investigación,Formación Política, Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno

Agustín González CázaresDirector general

Gisela Raquel Mota OcampoSecretaria de Educación Democrática y Formación Política

del Secretariado Nacional del PRD

Cristina Ismene Gaytán HernándezDirectora ejecutiva de Formación Política

Jezabel Galván OrtegaDirectora ejecutiva Editorial y de Divulgación Nacional

Arcadio Sabido MéndezDirector ejecutivo de Investigación Socioeconómica y Política

Elpidio Tovar de la CruzDirector ejecutivo de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno

Juana Bonilla JaimeDirección de Proyecto de País

Índice

Presentación 9

Introducción Las alternativas progresistas, por la vía democrática Arcadio Sabido Méndez 11

La ciencia actual y futura en México: fuerza productiva, campo problemático y promesa Esteban Krotz Heberle 25

Hacia una educación nacional humanística Víctor Jorge Espinoza Bautista 53

Educación ambiental Rosario Tovar Alcázar 75

Ciudadanía y disidencia sexual en México Héctor Miguel Salinas Hernández 87

Trabajo: la preocupación de los mexicanos Beatriz Torres Góngora 101

La situación de los derechos humanos en México: gobierno fallido Javier de la Rosa Rodríguez y Mónica Oliva Ríos 117

8 Miradas alternativas al neoliberalismo / I. Dimensiones sociales de la crisis

El Ingreso Ciudadano Universal: una propuesta dentro de una agenda progresista y de izquierda Makieze Medina Ortiz 143

Agenda social de los jóvenes Alternativas al modelo neoliberal en México Bertha María Alcalde Luján y Alberto Arnaut Estrada 173

La política de seguridad interna: la guerra contra el crimen organizado María Alejandra Hernández 191

Apuntes para una nueva política exterior Saúl Escobar Toledo 221

Presentación

Miradas alternativas al neoliberalismo, I. Dimensiones sociales de la crisis, y II. Dimensiones económicas de la crisis, es el primer resultado de la

investigación “Estudio de grandes problemas nacionales y alternativas de-mocráticas. El México del siglo XXI”, que se desarrolla en el Instituto Nacio-nal de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática, con financiamiento público otorgado por el Instituto Federal Electoral.

En términos generales, con esta investigación se intenta responder a la crítica que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se plantea a los partidos políticos por haber perdido su capacidad de refor-madores sociales. El desinterés en la formulación de propuestas de reformas, según el PNUD, ha permitido que los ciudadanos orienten sus apoyos electo-rales hacia la personalidad de los líderes, dando paso a la reproducción del caudillismo, en vez de hacerlo hacia los partidos y sus programas políticos.

En particular, el propósito de dicho estudio es sumarnos a la tarea em-prendida por una pluralidad de individuos y colectividades, tanto de Méxi-co como de América Latina, para construir proyectos de desarrollo nacional alternativos al que en la actualidad impone el neoliberalismo. Mediante sus reformas estructurales (modernización), este tiene el propósito de cambiar las prioridades productivas y distributivas de la riqueza, para el beneficio de los consorcios empresariales.

Con Miradas alternativas aspiramos a colaborar, junto con intelectuales, movimientos y partidos de centro-izquierda, en la construcción de los consensos sociales y políticos que requiere todo proyecto progresista de desarrollo para convertirse en programa de gobierno.

Introducción Las alternativas progresistas,

por la vía democrática

Arcadio Sabido Méndez

Cambiar el mundo, ya no es un sueño

M-15, España

Las alternativas como lucha ideológica

No hay alternativas al modelo neoliberal. Esta es la idea central del discurso gubernamental y de los organismos financieros internaciona-

les. Toda crítica y propuesta para cambiar dicho modelo es desechada y reducida a deseo sin fundamento. Los neoliberales se niegan a reconocer las propuestas que han surgido del Foro Social Mundial y de la sociedad civil crítica al Foro de Davos, la Organización Mundial del Comercio y el G-20; se niegan a escuchar los reclamos sociales de los movimientos de indígenas, de obreros, de jóvenes e indignados del mundo, e incluso combaten las alte-rativas programáticas de los partidos y gobiernos progresistas de América Latina. Esta soberbia los lleva a no interesarse por conocer las formulacio-nes teóricas elaboradas por intelectuales críticos de dentro y fuera de las universidades.

Los neoliberales no quieren discutir con sus críticos. Y esta actitud auto-ritaria, del ya conocido ni los veo ni los oigo, se afianzó cuando se debilitaron los contrapesos sociales y políticos representados por el socialismo real, la socialdemocracia y el sindicalismo. De este modo, han impregnado el ambiente público mundial con el dogmatismo de la supremacía del merca-do sobre el Estado, considerado como la única estrategia viable para el desarrollo económico, e insisten en que cambiarla significa empeorar las cosas. Pero ya transcurrida la primera década del siglo XXI, en el horizonte se configuran nuevos contrapesos representados por los movimientos y


organizaciones progresistas del mundo, y por el ascenso de los partidos y gobiernos de centro-izquierda en Latinoamérica. Estos nuevos contrapesos abren la esperanza de cambiar el modelo neoliberal por un proyecto pro-gresista y democrático.

El neoliberalismo no es solo un programa económico, también es polí-tico e ideológico. Sus defensores, con un discurso hegemónico en los medios de comunicación, construyen consensos en su favor y, al mismo tiempo, abren un abismo entre los ciudadanos y las oposiciones críticas. Por un lado, generan conformismo y fomentan el individualismo con la intención de aislar a los gobernados; suprimir el espíritu de solidaridad necesario para enfrentar los problemas sociales e individuales que produce su programa; y neutralizar los reclamos y exigencias ciudadanos para que los gobernantes actúen con transparencia, rindan cuentas y entreguen buenos resultados sociales. En el dogma mercantilista no caben los ciudadanos críticos, solo los consumidores, y al instituir al empresario como su modelo social, mar-gina y desprecia al trabajador, y le cierra las puertas del progreso a los pobres. Por el otro lado, a golpe de propaganda, los neoliberales presentan a sus críticos, en especial a los partidos y organizaciones de centro-izquierda, como irresponsables y carentes de propuestas viables para el desarrollo económico.

Ante el programa neoliberal que se autoerige como la única opción posible, la construcción de alternativas constituye un objetivo estratégico para las fuerzas progresistas. Desde la perspectiva de la democracia mexi-cana, el diseño de un programa político, económico y cultural alternativo al neoliberalismo podría ser un elemento sustancial para su consolidación, pues solo así los ciudadanos tendrán la posibilidad de escoger entre opcio-nes diferentes. Se sabe que gran parte del malestar contra la democracia responde a los malos resultados sociales de los gobiernos que se han alter-nado la silla presidencial desde 1982. Con el fin de transformar ese malestar en apoyo cívico, los ciudadanos y ciudadanas requieren verdaderas alter-nativas para que puedan seleccionar la que más les convenga. Solo cuando la ciudadanía ejerza en libertad y a conciencia su derecho de premiar y castigar con el voto a sus representantes, podrá obtener mejores resultados del gobierno, y con ello mejorará su opinión sobre nuestra democracia.

En México hay dos grandes opciones de desarrollo nacional. Si miramos con atención los programas de los principales partidos políticos, descubri-remos que los dos que han llegado a la presidencia de la república desde 1982, postulan y defienden los lineamientos económicos y sociales derivados

13Introducción / Las alternativas progresistas, por la vía democrática

del consenso de Washington. Por su parte, las oposiciones de centro-izquierda plantean proyectos alternativos. Y como la hegemonía mediática neoliberal impide que la mayoría de los ciudadanos distingan las diferencias entre estas dos opciones, las fuerzas progresistas necesitan socializar su discurso para evidenciarlas, y hacer efectiva la competitividad entre opciones polí-ticas diversas.

La construcción de una alternativa al neoliberalismo pasa por diversos procesos. Los inevitables son tres: su formulación teórico-programática, la creación de los consensos sociales que le impriman fuerza competitiva, y su conversión en política de gobierno con el voto mayoritario de los ciuda-danos. Todos estos procesos implican discusión, diálogo, controversia, lucha ideológica y acuerdos políticos.

Para culminar este objetivo estratégico, las fuerzas progresistas nece-sitan afianzar su papel de reformadoras sociales. Para ello tendrán que romper las barreras que simultáneamente las han mantenido dispersas en distintos campos organizativos, y socialmente separadas de la mayoría de los ciudadanos. Pero, sobre todo, les resulta imperativo emprender una lucha cultural e ideológica en todos los espacios de la sociedad, en especial en los medios de comunicación, para popularizar la idea de que sí existen alternativas democráticas de desarrollo nacional y regional. Para conquis-tar el apoyo de la ciudadanía a este nuevo modelo, se necesita convencer-la de que sí es posible retomar el crecimiento económico; que México sí puede ser una potencia emergente y soberana; que sí es posible disminuir las desigualdades sociales, sacar de la marginación a quienes viven en la pobreza, y darles a todos certeza de progreso con base en una economía fuerte capaz de garantizarles educación, salud, trabajo, buenos ingresos y seguridad.

En México las alternativas de desarrollo al neoliberalismo se mueven simultáneamente en el terreno de la construcción científica y programática, y en el de la creación de consensos sociales. El pensamiento crítico, desde la academia, las organizaciones civiles y los partidos políticos, ha desarrollado serios análisis sobre los principales problemas nacionales y formulado di-versas propuestas de solución. Si bien a estas alternativas les faltan los consensos sociales y electorales necesarios para ser convertidas en progra-ma de gobierno, ello no ha impedido que en las experiencias gubernamen-tales del PRD, se hayan aplicado algunas medidas alternativas, sobre todo en aspectos de política social, como la pensión universal para los adultos mayores en el Distrito Federal.


A pesar de los avances en la construcción de alternativas, constatables en los escritos de intelectuales y en los documentos básicos de las organi-zaciones políticas de centro-izquierda, aún se padece de una debilitante dispersión teórica y práctica. Existen todavía dificultades para desatar la deliberación pública de modo sistemático, debido a que buena parte de las propuestas alternativas no se traducen en contenidos del discurso progre-sista, ni se encuentran en la agenda de la lucha ideológica contra el neoli-beralismo. Ante esta realidad, es necesario impulsar acciones de consensos que se planteen dos metas simultáneas: por un lado, rearticular las diversas propuestas alternativas y, por el otro, promover la cohesión programática de un amplio bloque social e ideológico progresista.

No puede obviarse que la conversión de las ideas alternativas en dis-curso político, en consensos sociales y en programas de gobierno, no es un asunto de simple voluntad. Dicho proceso es el resultado de la lucha ideo-lógica y política que se desarrolla cotidianamente en todos lo espacios públicos, en los medios de comunicación, en las escuelas, los cafés, las fa-milias, los recintos legislativos, los partidos, los sindicatos, las manifesta-ciones públicas, en fin, en todos los espacios donde se platica, se discute, se delibera.

La importancia de esta deliberación pública muestra otra realidad: las rutas contradictorias que han seguido el neoliberalismo y el progresismo. El programa neoliberal se convirtió en estrategia política, ideológica y eco-nómica mundial a partir del acuerdo adoptado entre las élites financieras internacionales, y los gobiernos de las potencias europeas y estadouni-dense, que culminó en el conocido consenso de Washington. A este acuerdo se sumaron con docilidad los políticos neoliberales de las naciones subde-sarrolladas, quienes coincidieron con dicho consenso y aceptaron la aper-tura económica para sus países mientras las metrópolis practicaban el proteccionismo (Stiglitz, 2002:16 y 31).

Colocados en la cúpula del poder, los neoliberales mexicanos cumplie-ron la tarea de imponer de modo autoritario su programa. Ofrecieron la modernización y sus reformas estructurales como el camino que llevaría a México al primer mundo, al crecimiento económico, a la disminución de la deuda externa y a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Este discurso esconde su objetivo estratégico: debilitar la acción social y económica del Estado, fortalecer a las llamadas fuerzas del mercado (es decir, consorcios empresariales nacionales y extranjeros), y cambiar en favor de estas la distribución de la riqueza nacional.


Las propuestas alternativas en México y Latinoamérica han seguido la ruta contraria: la ruta de la democracia. En la medida en que se enfrentan a los grupos y partidos en el poder presidencial y sus aliados internacionales, las fuerzas progresistas se ven en la necesidad de luchar a contracorriente para conquistar el consenso ciudadano. Con este objetivo, sus alternativas se ponen en juego en los espacios de deliberación pública y, sobre todo, en los procesos electorales. Como se podrá leer en Miradas alternativas al neoliberalismo, sí existen propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo justo, democrático, soberano, socialmente incluyente y ambien-talmente sustentable. Lo que falta es la fuerza política que les proporciona la aceptación social, y el voto mayoritario de la ciudadanía, pues solo con este las alternativas progresistas tendrán una representación mayoritaria en las cámaras de Senadores y de Diputados, en el ejecutivo federal y en sus similares de las entidades de la república.

Como se observa en la experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina, cuando las alternativas alcanzan la legitimidad electoral no se pueden aplicar como los paquetes de reformas estructurales, sino que se mueven en parcialidades, poco a poco, pues cada medida alternativa encuentra la oposición de las fuerzas neoliberales internas y externas. Así, incluso, lograda la formulación programática, los consensos y el éxito elec-toral, las alternativas tienen que bregar contra las resistencias de dichas fuerzas que conservan importantes recursos de poder. En este sentido, es claro que el mayor o menor avance en las reformas alternativas depende de la correlación de fuerzas que haya entre el progresismo y el neoliberalismo, en cada país y en el escenario internacional.

La estrategia neoliberal

Un hecho ya aceptado de modo general es que entre el liberalismo autori-tario aplicado por el PRI, y sus antecesores, en su calidad de partido hege-mónico, y el neoliberalismo que empieza en 1983, se observan dos ritmos diferentes de la economía: altos índices de crecimiento entre 1940 y 1970, y el estancamiento de la producción y el ingreso nacionales desde 1976 (Ál-varez, 2011:77-78 y 82; y Aguilar, 2002:16-19). Los altos índices de crecimien-to se alcanzaron mediante un fuerte sector primario orientado al mercado interno y a la exportación de alimentos y materias primas, la industrialización sustitutiva de importaciones, el proteccionismo económico estatal y un


creciente Estado empresario. Esta estrategia entró en crisis en el periodo 1976-1982 y derivó en contracción económica, crecimiento espectacular de la deuda externa, quiebra de importantes empresas, creciente déficit pre-supuestal del gobierno federal, altos niveles de inflación, y descapitalización por la fuga de capitales.

La medicina para dicha crisis fue la estrategia neoliberal. En su paque-te de reformas estructurales destacaron sus acciones monetaristas de control de la inflación, que castigaron la demanda con recortes presupues-tales y frenaron los incrementos salariales; y también la privatización de empresas públicas, la renegociación de la deuda externa, y la apertura de las fronteras a las inversiones y mercancías extranjeras. Los tecnócratas priistas primero y los panistas después, convencidos de que dicha medicina curaría los males que llevaron a la crisis, señalaron como causantes de la debacle económica al Estado interventor −cuyo desorden financiero había alcanza-do déficits presupuestales insostenibles− y al proteccionismo −que había producido empresas sin capacidad de competir en el mercado externo.

Siguiendo el dogma, los neoliberales mexicanos se propusieron reducir el papel del Estado en la economía y la sociedad, y fortalecer a los grandes grupos empresariales vinculados al mercado internacional. Entre sus refor-mas estructurales priorizaron: a) la reducción del déficit público para ga-rantizar el pago de la deuda externa; b) la ampliación de la base impositiva y el incremento de impuestos; c) el drástico retiro del presupuesto público destinado a la economía para reducirlo a los programas de pobres, la edu-cación, y la infraestructura; d) la privatización de las empresas gubernamen-tales; e) la apertura de fronteras para permitir la libre circulación del capital financiero y de las mercancías; y f) la regulación de altas tasas de interés y un tipo de cambio sobrevaluado, para estimular las ganancias de los secto-res externo y financiero, concebidos como los motores de la economía.

Los neoliberales no han cumplido sus promesas. La crisis no se disuel-ve, México no entró al primer mundo, la economía lleva largo tiempo semi-estancada, las fuentes de empleo son raquíticas y las condiciones de vida de la mayor parte de la población no mejoran. Por el contrario, con dicho modelo las deudas internas y externa se incrementan, y los costos financie-ros absorben ingentes recursos; la pobreza sigue creciendo, al igual que el desempleo, la informalidad y precariedad laboral; el poder adquisitivo del salario continúa deteriorándose debido al propósito gubernamental de in-crementar el costo de la canasta básica y de los energéticos hasta igualarlos a los precios internacionales. Las exportaciones y las importaciones no son


el motor de la economía pues sus componentes nacionales son mínimos; la competitividad de México en el mundo no mejora; las cadenas productivas nacionales están desarticuladas del sector externo; la crisis productiva y social del campo se profundiza porque a la sequía natural el gobierno le agregó la sequía financiera. Por todo ello, el mercado interno se debilita, junto con nuestra soberanía nacional (Álvarez, 2011:82-84, 96-99, y 2006:26-29; Calva, 1999:96-106; Ortiz, 2010:211-222; y Villagómez, 2011:171-198).

Las consecuencias sociales de la estrategia neoliberal están a la vista: la planta productiva nacional no puede proporcionar trabajo a quienes lo necesitan. El gobierno ya no quiere financiar la educación pública gratuita en los niveles medio, superior y de posgrado, pues su proyecto es dejar estos niveles educativos bajo el control del capital privado, sin importarle que un creciente número de jóvenes se quede sin estudiar ni trabajar. La corrupción sigue aumentando y el uso patrimonial de los recursos públicos que enriquecen a los amigos y parientes de los gobernantes, es una seria ofensa nacional. La inseguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los mexicanos, y el gobierno muestra seria incapacidad para frenar la violencia criminal. La desigualdad social se ha profundizado como lo muestra la indignante polarización entre una élite de muy ricos y una mayoría de muy pobres. En tales condiciones los ciudada-nos han perdido la esperanza de prosperar.

Estos indicadores son el resultado del dramático cambio regresivo en la distribución de la riqueza producido por la estrategia neoliberal. De con-tinuar las reformas estructurales para insistir en fortalecer al mercado y debilitar al Estado, con las que los ciudadanos no encuentren otra salida a su situación de limitaciones económicas, la nación podría caer en una espi-ral de violencia social. Estas expresiones de violencia se han presentado ya: están en el sentimiento de la gente de aquellas comunidades que, cansadas de la impunidad y la ineficacia gubernamental para hacer justicia, se han atrevido a tomarla con sus propias manos. El peligro aumenta ante la reali-dad actual caracterizada por la otra violencia, la estimulada por la guerra gubernamental contra el crimen organizado, que ha traído más sufrimiento para los mexicanos inocentes que han quedado atrapados en las estadísticas de las decenas de miles de muertos y desaparecidos.

En el contexto internacional el neoliberalismo muestra síntomas de debi-lidad. Si bien sigue instalado como la estrategia de dominio mundial del ca-pital financiero y de las potencias económicas, su agotamiento se evidencia con la crisis financiera que desde 2007-2008 padecen las grandes y medianas


economías. Las tendencias macroeconómicas hacen pensar en una “Gran Recesión Global” (Villagómez, 2011:219). Esta realidad está más cerca de lo esperado, como lo anuncian tanto la inestabilidad económica de Europa, como las alarmas prendidas por los tecnócratas del G-20. Sin embargo, la crisis capitalista global y del modelo neoliberal, así como su incapacidad para impulsar el crecimiento económico y la distribución justa de la rique-za, nos recuerdan la paradoja apuntada por Atilio Borón en el sentido de que si bien el neoliberalismo ha fracasado, pues no ha sacado del subdesarrollo a ningún país, mantiene una gran fortaleza ideológica.

Los neoliberales mexicanos acostumbran decir que la crisis viene de fuera, que la economía mexicana está blindada a sus efectos recesivos, y que si las cosas no marchan bien estarían peor con otro modelo económico. Así, aunque la medicina ha agravado la enfermedad, los neoliberales insisten en que es necesario continuar con las reformas estructurales. Sus objetivos si-guen en pie, ahora tienen en la mira privatizar el petróleo, la electricidad, las pensiones, la educación y la salud, así como legalizar la flexibilización del tra-bajo para aumentar su precarización y, con ello, las ganancias empresariales. Todo esto a contracorriente de las críticas, reclamos y protestas que señalan sus devastadores efectos en el bienestar de millones de seres humanos.

Las alternativas progresistas

En México y en América Latina sí hay alternativas económicas y sociales al neoliberalismo. En nuestro país se pueden ver en las críticas y propues-tas formuladas por intelectuales, partidos políticos (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y movimientos sociales como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y la Fundación para la Democracia. Algunas de esas propuestas se pueden apreciar en Miradas alternativas al neoliberalismo, y en el disco compacto que lo acompaña. Aunque no se cuenta todavía con una formulación integrada de alternativas progresistas, hay que reconocer que algunas de ellas ya se han aplicado, sobre todo en los gobiernos perre-distas del Distrito Federal.

En el plano de la formulación teórico-programática, se pueden constatar las coincidencias que existen en temas como: el giro que requiere la economía para hacer cumplir la esperanza del buen vivir; la creación de un nuevo Es-tado de bienestar que, en equilibrio con el mercado y las organizaciones sociales, garantice dicha función económica; la necesidad de diversificar las


relaciones comerciales, en especial con Latinoamérica, para reducir la pesa-da dependencia respecto al mercado norteamericano; y la centralidad que en todos esos cambios debe tener la sustentabilidad medioambiental del desarrollo.

También destacan las propuestas para cambiar la dependencia de las inversiones extranjeras por el impulso del ahorro y la inversión endógena; reactivar el crecimiento económico con un nuevo papel regulador del Estado y de sus inversiones; rearticular el mercado interno con base en cadenas productivas estratégicas; elevar la productividad con innovaciones tecnoló-gicas como palancas para la competitividad internacional; vincular el sector externo con el mercado interno; regular el movimiento parasitario del capital financiero y estimular la inversión productiva; hacer que los bancos, inclui-do el Banco de México, cumplan con su función de desarrollo y de estímulo a la inversión; equilibrar el desarrollo entre las regiones; colocar de nuevo al campo con una función económica y social estratégica, como es alcanzar la soberanía alimentaria; revisar los tratados de libre comercio con criterios de políticas compensatorias y de reconocimiento de las asimetrías entre los países firmantes; y, en general, buscar la reducción de la pobreza y de las de-sigualdades sociales con base en el estudio, el empleo y los salarios.

El neoliberalismo se propuso y logró cambiar las prioridades en la pro-ducción y distribución de la riqueza nacional. Las estrategias alternativas de desarrollo también se proponen cambiar dichas prioridades. Contra este propósito de cambio se centra la resistencia de los neoliberales, y es allí donde se encuentra el meollo de la lucha política e ideológica de las alter-nativas. Estas parten de establecer un vínculo de cooperación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Dentro de la globalización reivindican la soberanía económica nacional, proponen democratizar la economía y, por lo tanto, abrir la competencia para limitar el poder de los monopolios.

Las propuestas progresistas conciben la ciencia, la tecnología y la edu-cación como la columna vertebral del desarrollo nacional. Consideran ur-gente cerrarle el paso a la corrupción, al tráfico de influencias y al uso patrimonial de los recursos públicos, para destinarlos al impulso del creci-miento económico y del bienestar. En lo social, las alternativas plantean impulsar políticas universales financiadas con recursos estatales derivados del fortalecimiento de las finanzas públicas, y valorar la propuesta del in-greso ciudadano universal. Llaman a no seguir desperdiciando las bondades del bono demográfico, y a tomar medidas efectivas para garantizar estudio y trabajo a los jóvenes.


El criterio general que orienta las propuestas alternativas es el principio de la justa relación entre producción y distribución de la riqueza. Y esta justa relación se funda en una activa participación del Estado, a partir de la cual se tendrán que revisar los mecanismos de la distribución de los recur-sos económicos. Entre estos, se prioriza la educación, la generación de empleos −para satisfacer la demanda de 1’200 000 mexicanos que anualmen-te ingresan al mercado de trabajo− y la recuperación del poder de compra de los ingresos. Se insiste en que estudio, empleo y salarios son los mejores mecanismos para garantizar el progreso de los mexicanos. Esta es una lógi-ca contraria a la neoliberal, para la cual, primero hay que producir y luego repartir. Y como en el luego se sobreponen los intereses del mercado, estos erigen un muro infranqueable que excluye a la mayoría de los mexicanos del reparto de la riqueza con el desempleo, la precariedad laboral, la impo-sición de bajos salarios, precios altos y educación escasa.

Propuestas como las mencionadas se recogen en la investigación ti-tulada “Estudio de grandes problemas nacionales y alternativas democrá-ticas. El México del siglo XXI”. Con este estudio se pretende recuperar ideas del pensamiento crítico formuladas tanto por académicos como por or-ganizaciones sociales y partidarias de centro-izquierda. El propósito es incorporar al Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática, al dinámico proceso de integración de las variadas propues-tas teóricas y programáticas alternativas al neoliberalismo; y, al mismo tiempo, contribuir a la discusión pública y a la construcción de consensos ciudadanos en favor de las alternativas. Con estos objetivos se publica el primer resultado de dicho estudio, titulado Miradas alternativas al neolibe-ralismo, en dos tomos: I. Dimensiones sociales de la crisis y II. Dimensiones económicas de la crisis.

En esta publicación los ciudadanos interesados encontrarán ideas críti-cas y propositivas sobre el neoliberalismo y tendrán la posibilidad de iden-tificar los programas del polo centroizquierdista mexicano. Para ello, Miradas alternativas se confecciona con los ensayos de 23 intelectuales, en los cuales, a modo indicativo se consigna en apostillas ideas sintéticas de propuestas acuñadas por las organizaciones sociales y partidarias centroizquierdistas. Cada apostilla tiene como referente una sistematización temática de dichas propuestas, que se podrán consultar en el CD que acompaña esta publicación. En el Instituto estamos convencidos de que el debate político nacional sobre los programas alternativos críticos del neoliberalismo, en la medida en que


se torne de interés general, contribuirá también a la construcción de ciuda-danías críticas y, en consecuencia, al proceso de consolidación de la demo-cracia mexicana.

La lucha ideológica y política de los promotores de las propuestas alter-nativas, no funda su esperanza en que estas se encaucen por el camino que siguió la formulación teórica de Frederick Hayek, Ludwig von Misses y Mil-ton Friedman, al convertirse en proyecto político de los banqueros suecos, los organismos financieros internacionales y los gobiernos estadounidense y británico (Álvarez, 2011:85). Las elaboraciones teóricas y programáticas alternativas al neoliberalismo, a pesar de contar con las aportaciones de connotados científicos sociales, en la medida en que contradicen los dogmas hegemónicos tendrán que seguir la ruta de la legitimidad democrática. Por esta razón cobra relevancia la lucha ideológica y cultural para convencer y conseguir el apoyo social, político y electoral de la ciudadanía en favor de las alternativas progresistas.

Ya hemos señalado que a pesar de los avances teóricos y programáti-cos y de las experiencias parciales de las alternativas, este proceso padece la debilidad de la dispersión teórica y práctica. En especial, hace falta un mayor acercamiento crítico y recíproco entre los programas políticos de las fuerzas de centro-izquierda, y las elaboraciones de los intelectuales de dentro y fuera de las universidades. Por ello, en Miradas alternativas se intenta un movimiento de encuentro entre construcciones teóricas y pro-grama político. Esfuerzos de esta naturaleza podrían darle tanto a la teoría crítica como a la política de centro-izquierda, la solidez necesaria para hacer ideológicamente coherente un bloque social progresista, y programática-mente competitivo a este polo político.

En el tomo I, Dimensiones sociales de la crisis, el lector podrá hallar proposiciones que ponen el énfasis en la necesidad de priorizar en la agen-da nacional para el desarrollo, la investigación científica y tecnológica, así como la educación nacional en todos sus grados, incluida la educación para la sustentabilidad medioambiental. En este primer tomo se hace un llamado de atención sobre la importancia de desplegar una actitud democrática para el reconocimiento de los derechos de las minorías, como aquellos ciudada-nos con preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales. También se aborda el grave problema nacional de la inseguridad y la fallida estrategia militar del gobierno para enfrentar al crimen organizado, así como el sacri-ficio que esta guerra, cuyo diseño viene del vecino del norte, ha provocado en los derechos humanos.


Con una convivencia nacional deteriorada por la violencia y la violación a los derechos, donde la juventud es la más castigada, se propone una agen-da social de los jóvenes, centrada en la estratégica necesidad de incorpo-rarlos al estudio y al trabajo, no solo como asunto de justicia sino de fortaleza de la nación. A la vista de las dramáticas transformaciones que el neoliberalismo ha impuesto al trabajo con la flexibilización laboral, cuyo resultado es su precarización para satisfacer las exigencias empresariales de competir con base en los bajos salarios, se plantea la necesidad de una reforma laboral pero con sentido democrático y progresista. A fin de reivin-dicar la importancia estratégica que para el desarrollo tiene la soberanía nacional, se argumenta sobre la necesidad de impulsar un cambio sustancial en la política internacional del gobierno mexicano, con miras a pasar del unilateralismo proestadounidense al multilateralismo de cooperación con los países de economía emergente y con la región latinoamericana. Una propues-ta alternativa en política social es cambiar los programas focalizados, como los que se aplican en el combate contra la pobreza, por programas de cober-tura universal, y dentro de estos cobra relevancia la discusión sobre el ingre-so ciudadano universal, concebido como un derecho de ciudadanía.

En el tomo II, Dimensiones económicas de la crisis, se abordan los temas ya señalados sobre la reordenación de las relaciones económicas entre el Estado, el mercado y la sociedad. Parte de este reordenamiento se refiere a la vinculación del desarrollo nacional con el de las regiones, como un as-pecto estratégico para revertir los rezagos que separan el norte y el centro del sur-sureste. La estrategia alternativa significa reinventar la participa-ción del Estado como un agente central en la distribución de los recursos y por lo tanto como agente con iniciativa en la formulación de políticas públicas para el desarrollo nacional en perspectiva regional. En este cambio, se llama la atención sobre los problemas que presentan las organizaciones empresariales delictivas, cuyo poder no se reduce al control de mercados ilegales nacionales, sino que penetra las esferas financieras y de gobierno y tiende a formar parte de consorcios mundiales. Esto les confiere una forta-leza inimaginable por los conductores de la fracasada estrategia de violen-cia militar para combatir el crimen organizado.

La crítica al relativo estancamiento económico se vincula con la necesi-dad de regular los monopolios, poniéndoles el contrapeso de la competen-cia, como sería el caso paradigmático de las telecomunicaciones. En este segundo tomo de Miradas alternativas, se muestra la urgencia de revisar tanto la corrupción que existe en la industria petrolera como los costosos


errores técnicos que los neoliberales han cometido en Pemex, empresa que debería ser una sólida palanca del desarrollo nacional. También se aborda el grave problema del rezago productivo y social del campo mexicano, el cual padece las consecuencias de la política mercantilista que presenta como ventaja para México comprar los alimentos en el extranjero en vez de producirlos en el país. Esta corta visión mercantilista nos ha convertido de productores en importadores de alimentos, con el peligro que significa la dependencia alimentaria para nuestra soberanía política.

El gran problema nacional de la pobreza, que afecta cuando menos a 55 millones de mexicanos, de origen no es un asunto social sino estrictamente económico, pues es el resultado de la incapacidad del sistema productivo nacional para emplear a la abundante mano de obra, con salarios suficientes para el buen vivir, y darle condiciones adecuadas de estudio. Al final del segundo tomo se expone en extenso una propuesta de desarrollo económi-co alternativa y progresista, contextualizada en el ambiente de la crisis mundial del capitalismo y del modelo neoliberal.

En los escritos que se exponen en ambos tomos de Miradas alternativas al neoliberalismo se constata que la construcción de estas es un proceso que exige una amplia y plural participación de individuos y organizaciones. En tal sentido, esta publicación tiene el propósito de contribuir al debate nacional y latinoamericano con el que se están conquistando los consensos sociales y políticos de la ciudadanía, que culminarán, esa es nuestra espe-ranza, en la legitimidad democrática de las alternativas progresistas. Sola-mente con esta legitimidad, o sea, con el consenso mayoritario de los ciudadanos y ciudadanas, nuestras naciones alcanzarán un desarrollo justo, democrático, soberano, socialmente incluyente, y ambientalmente susten-table. Solo así haremos posible el sueño de ser países desarrollados y sobe-ranamente articulados en una patria grande latinoamericana y caribeña.

Bibliografía

Aguilar Monteverde, Alonso y otros (2002), El México de hoy. Sus grandes problemas y qué hacer frente a ellos, México, Universidad Autónoma de Zacatecas / Miguel Ángel Porrúa.

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La ciencia actual y futura en México: fuerza productiva, campo problemático y promesa

Esteban Krotz Heberle

Nadie ignora que una serie de órganos internacionales y nacio-

nales de otros países tienen, hoy, ideas muy precisas acerca del

tipo de universidad que nos conviene; sobre la investigación

que nos cabe realizar y sobre la naturaleza de la enseñanza que

debemos suministrar […] La única forma de responder a esta

política intencional de colonización cultural, es realizar un

análisis serio de toda su fachada generosa, que trate de develar

sus propósitos ocultos y, sobre todo, formular explícitamente

el modelo de universidad que conviene a nuestros países sobre

la base de un estudio objetivo y realista de los problemas de la

enseñanza superior y de la investigación científica y tecnológica

a que nos enfrentamos.

Darcy Ribeiro (1971:24-25)

¿Cómo asegurar una buena alimentación para todos los mexicanos,1 para los siete mil millones de seres humanos que actualmente viven en la

tierra y los nueve mil millones que lo harán previsiblemente en 2050? ¿Cómo anticiparnos a los problemas ecológicos, económicos y sociales del cambio climático generado por las emisiones de ciertos gases asociados al actual modelo de producción industrial? ¿Cómo reducir el dolor y las muertes antes de tiempo por enfermedades evitables, por accidentes innecesarios de tránsito y de trabajo? ¿Cómo aprovechar las vertiginosamente cambiantes

1 Se usa aquí por consideraciones de economía de espacio el género gramatical masculino para referirse tanto a mujeres como a hombres.


tecnologías de comunicación para, en vez de impulsar el consumismo y la ideologización, fomentar el conocimiento y las libertades ciudadanas? ¿Cómo domesticar el mercado y corregir la escandalosa brecha entre ricos y pobres, agudizada recientemente por la especulación financiera internacional? ¿Cómo administrar el recurso escaso agua, para que todas las personas tengan acceso a agua realmente potable, crezcan las cosechas, se eviten las inundaciones y se revierta la contaminación de los lagos y los ríos? ¿Cómo avanzar en el desarrollo de la democracia al final de los largos procesos latinoamericanos “de transición” en vista de la actual crisis mundial de los modelos políticos conocidos? ¿Cómo organizar y operar sistemas de edu-cación, de seguridad social y de pensiones procurando la vida plena de toda la ciudadanía y no solamente del sector más rico? ¿Cómo asegurar trabajo útil y satisfactorio, ingreso decoroso y vida digna para todos?

Indudablemente, todas las respuestas a estas y muchas preguntas simi-lares que se hacen a diario no pocos ciudadanos, pasan por la ciencia, más en particular, por la investigación científica.2

¿Acaso no se sabe que cuando se está ante un problema de cualquier tipo, no basta con querer actuar? Antes hay que efectuar un detenido aná-lisis del problema, ubicándolo correctamente en sus diversos contextos y distinguiendo los síntomas de las causas. Si bien la angustia por las dimen-siones de un problema, la simpatía o antipatía provocada por quien lo enuncia o investiga, la predisposición afectiva por una u otra solución son ingredientes de cualquier acción humana, lo que finalmente debe orientar el quehacer es el análisis frío de la situación y la evaluación objetiva de las alternativas existentes, con independencia de que en esta elección jueguen un papel importante las opciones filosóficas, religiosas o políticas de quienes toman las decisiones.

2 Cabe señalar que el presente texto no pretende proporcionar una panorámica completa de la problemática actual de la ciencia en México. Su objetivo es llamar la atención, en un mo-mento crucial para el país como son las elecciones federales (y muchas estatales y munici-pales), sobre la situación crítica de la ciencia en México y contribuir al análisis de y la reflexión sobre algunas de sus perspectivas. Muchas de las observaciones e ideas aquí expresadas provienen de la participación reciente del autor en dos proyectos nacionales de investigación sobre la antropología sociocultural y sobre las ciencias sociales, así como de su participa-ción en diversas comisiones y comités relacionados con algún tipo de evaluación académica, lo cual implica, sin embargo, una visión un tanto limitada en términos disciplinarios, regio-nales y de instituciones.

27La ciencia actual y futura en México: fuerza productiva, campo problemático y promesa

El conocimiento científico o la ciencia es una forma de conocimiento entre otras, y es relativamente nueva en la evolución de la especie humana. Aunque tiene muchos antecedentes parciales y aislados en diferentes civi-lizaciones, culturas y épocas, la ciencia se establece en la forma como hoy la conocemos, a lo largo del siglo XIX europeo, donde se convirtió rápida-mente en sinónimo de conocimiento certero como tal, y desde donde se expandió con esta pretensión en muy pocas generaciones sobre todo el globo. Las universidades3 y los centros de investigación se han vuelto du-rante el último siglo y medio los principales lugares de la generación de conocimiento científico y de formación de nuevos científicos. Si las univer-sidades, al igual que otras escuelas superiores, se han ocupado tradicional-mente también de la formación de profesionales y de docentes de la ciencia, esto se debe a la idea de que ellos deberían beneficiarse durante su forma-ción del contacto directo y cotidiano con los procesos de generación de conocimiento científico nuevo. Por otra parte, los más importantes e inno-vadores consorcios empresariales siempre se han distinguido por una in-tensiva generación de conocimientos nuevos, siendo una de las grandes diferencias entre esta última y la llevada a cabo por instituciones públicas, el menor control de la ciudadanía sobre objetivos, prioridades y metodolo-gías de la investigación científica.4

La ciencia como fuerza productiva

Desde que en los primeros grupos humanos se ha buscado conocimientos nuevos, estos han sido asociados –aparte de consideraciones religiosas tales como alabar la sabiduría del Creador o querer simplemente satisfacer el impulso humano del saber por el saber– al intento de transformar la realidad. Pero el problema es que tal transformación puede tener siempre varios objetivos y diferentes beneficiarios. A esto se agrega que muchas veces los resultados por principio casi imprevisibles de una innovación

3 Se usa aquí el término universidades casi siempre para denotar todas las instituciones de tipo universitario, incluyendo centros de investigación científica, institutos tecnológicos, etc.

4 En lo que sigue, se usa el término investigación científica en sentido amplio, incluyendo as-pectos a veces diferenciados tales como investigación tecnológica, innovación, etc. También es conveniente aclarar que ciencia incluye no solamente las ciencias llamadas naturales y/o exactas, sino también las sociales y humanas.


teórica o práctica generan dinámicas propias. Especialmente ilustrativa de estas ambigüedades fue en el siglo XIX –aunque en ese entonces no se sabía– la conocida revolución industrial.

El hasta entonces inconcebible avance de las fuerzas productivas origi-nó una enorme cantidad de beneficios tales como mejoras en los campos de la salud, la alimentación, el transporte, el vestido, las instituciones edu-cativas, legales y políticas, etcétera, que finalmente alcanzaron de alguna manera a casi toda la humanidad; pero también tuvo su lado oscuro. En la llamada primera guerra mundial, que fue en realidad una guerra entre los países industrializados de entonces y que se impuso luego a muchos otros, se utilizaron las maravillas de la fundición del hierro, del ferrocarril, de la electricidad, del telégrafo, de los conocimientos de geografía, biología, física y química, de organización social, administración y política, para una destrucción sistemática y masiva sin antecedentes comparables. A esta terrorífica dupla fuerzas productivas-fuerzas destructivas se agregaron la miseria sin precedentes para el proletariado industrial y la expoliación colonial y, como sabemos hoy, el origen de una pesada hipoteca ecológica basada en la deforestación, la aniquilación de especies, la contaminación de tierra, agua y aire y la emisión incontrolada del óxido de carbono, pro-ductor principal del efecto invernadero.

Estas traumáticas experiencias han seguido dándose. La promesa de una fuente energética ilimitada accesible mediante la fisión/fusión nuclear no solamente ha producido las armas más mortíferas hasta ahora utilizadas por la especie humana, sino que también ha mostrado su inviabilidad por los inevitables daños ecológicos y los igualmente ineludibles problemas de seguridad pública asociados. La fantástica expansión del uso del plástico ha permitido una evidente mejora de la calidad de vida, pero también ha llevado a la polución de casi todos los rincones del mundo con sus residuos. La investigación biomédica ha contribuido enormemente a aumentar la expectativa media de vida de los seres humanos y a evitar y curar enfer-medades, pero también ha causado el surgimiento de las enfermedades iatrogénicas (o sea, causadas por las mismas medidas diagnósticas y tera-péuticas) y de cepas bacterianas resistentes a cualquier tratamiento. La digitalización y la comunicación virtual, signos de una época de innovacio-nes apenas iniciada, han permitido una insospechada difusión de conoci-mientos y de lazos planetarios de solidaridad humana, pero también están poniendo en peligro la privacidad de las personas, acelerando la alienación consumista y fomentando la injerencia estatal en la vida de los ciudadanos.


A tal grado ha crecido la preocupación con respecto a las consecuencias negativas de la ciencia, que se ha llegado a acusarla de ser la causante di-recta de tales desgracias.5 A esto se añade que muchas personas, incluso cuando cuentan con educación superior, desconocen las características de la investigación científica en las diferentes disciplinas. El miedo resultante de esta ignorancia incluso ha llevado a revivir posiciones religiosas funda-mentalistas del pasado, que, de modo semejante a ciertas posiciones llama-das posmodernas, ponen en duda las bases del conocimiento científico mismo. Y, finalmente, muchos cientí-ficos, que siempre laboran en institu-ciones y redes, empiezan a darse cuenta de que desconocen los obje-tivos de instancias públicas y priva-das de financiamiento, planeación y evaluación de la investigación, y de que no disponen de capacidad de decisión sobre el uso de los resultados de sus pesquisas y a veces ni siquiera sobre las orientaciones y los enfo-ques de estas, las cuales no pocas veces desatan dinámicas físicas o cultu-rales perniciosas.

Sin embargo, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay a la observa-ción sistemática de los fenómenos, la experimentación real o mental con ellos, el análisis crítico de los datos recopilados o generados, el examen reiterado una y otra vez de los resultados de toda investigación, el debate reiniciado una y otra vez sobre conceptos, hipótesis y métodos, o sea, el uso sistemático y colectivo de la razón que nos ha sido dada para conocer el universo de la naturaleza y los universos socioculturales?

Aparte del problema del conocimiento está, desde luego, el de su uso. Pero este debate se mueve en otra dimensión, la de los valores, de las op-ciones. Un cuchillo puede ser filoso o carecer de filo, puede ser de calidad o romperse al ser usado, puede oxidarse pronto o no –un cuchillo puede ser un buen cuchillo o no, y de esto pueden darse cuenta los usuarios y, más

5 Es decir, a modo del dicho sobre la burocracia como una instancia generadora de problemas hasta entonces inexistentes, para cuya solución luego se impone.

En el contexto de la sociedad del conoci-miento y de la información, y de un mundo globalizado que permite un rápido inter-cambio de conocimientos, y con la finalidad de superar el endémico atraso económico, social y cultural de México, proponemos construir una política de estado cultural, educativa, científica y tecnológica. (Línea política PRD, p. 38)


aún, los especialistas en fabricación y uso de cuchillos. Pero si alguien usa un cuchillo, bueno o malo, para picar cebolla o para matar a su cónyuge, esto no tiene que ver con si es bueno o malo el cuchillo. Una cosa es, por consiguiente, la calidad del conocimiento científico y de su aplicabilidad tecnológica y otra cosa es su uso, que por principio escapa al científico, pues el conocimiento científico siempre es, en algún sentido, público, es decir, utilizable teórica y prácticamente por otros y con o sin el consentimiento del descubridor.

Esta característica de la ciencia, empero, no es el problema solamente de la ciencia y de los científicos, sino también y ante todo de la sociedad en cuyo seno se desarrolla, planea, financia, usa y aprovecha la ciencia. Es por ello que el fomento de la ciencia no debe estar separado de una teoría críti-ca de la sociedad. La ciencia –la ciencia como forma de conocimiento y cada una de sus disciplinas– es un producto sociocultural y como tal tiene que ser analizado y orientado. Autores clásicos como Horkheimer, Marcuse y Habermas han advertido desde hace tiempo sobre el papel de la ciencia y de la tecnología como instrumentos de ideologización y dominación6 y, más recientemente, lo han hecho, desde experiencias vitales y posiciones diferentes, el filósofo italiano Gianni Vattimo (con su crítica del etnocentris-mo dominador del “pensamiento fuerte”), el sociólogo peruano Aníbal Quijano (con su crítica desde el Sur a la modernidad), el estudioso de la cultura de origen argentino Walter D. Mignolo (por ejemplo, con su reciente manifiesto por la “desobediencia epistémica”) y el poeta uruguayo Mario Benedetti (en su llamado a los jóvenes).

Otro problema que surge siempre cuando se discute el valor de la cien-cia tiene que ver con la discrepancia entre la formulación de demandas urgentes (ambientales, de salud, de transporte, relacionadas con la econo-mía informal, la migración, la seguridad pública, la garantía de los dere-chos humanos, etcétera) y la rapidez con la que la ciencia puede responder a estas demandas. Es en estos momentos cuando se suele descubrir que la ciencia tiene una dimensión frecuentemente difícil de entender para los no-científicos. Es la a veces llamada ciencia básica (tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales y humanas), que no luce, porque tiene ritmos pausados y temporalidades extendidas, necesita de especialis-tas con larga experiencia e infraestructura costosa y se ocupa a menudo de

6 Véase a modo de ejemplo “Ciencia y tecnología como ‘ideología’” (Habermas, 1986).


temas que se antojan bastante exóticos y sin aprovechamiento a la vista. Pero sin este tipo de actividad científica intensa y sostenida, la llamada ciencia aplicada o tecnología no puede avanzar, no tiene, pues, bases.

Si se quiere incrementar el uso de los recursos marinos sin agotarlos, se tiene que contar no solamente con una eficaz tecnología pesquera, sino también con una amplia gama de conocimientos geológicos, geográficos, biológicos, climatológicos, matemáticos. Si se quiere combatir determinadas enfermedades infecciosas, no es suficiente contar con los conocimientos médicos habituales, sino también con estudios en química, biología, farma-cología, epidemiología e incluso históricos, demográficos, psicológicos y antropofísicos. Si se quiere generar y no solamente importar sistemas de telecomunicaciones por satélite (que son los que usan los teléfonos móviles, con los cuales se podría revolucionar desde el sistema educativo hasta la atención a los enfermos), debe recurrirse no únicamente a especialistas en computación, sino a un cúmulo de conocimientos de física, matemáticas, ciencias de materiales y astronomía. Pero, además, no todo es ciencias naturales. Ningún problema que tenga un aspecto social o cultural –¿y cuál de los ejemplos mencionados no lo tiene?– puede resolverse sin conocimien-tos a fondo del campo de las ciencias sociales y humanas. Y para establecer y mantener un sistema educativo integrado desde la primaria hasta la ac-tualización profesional permanente, se necesita no solamente técnicas pedagógicas, sino también amplios conocimientos de psicología, sociología y relaciones interculturales. Para ampliar los intercambios comerciales de nivel internacional y para fomentar un turismo no depredador, hacen falta conocimientos a fondo de sociología, antropología, politología, leyes, economía, historia, administración, e incluso de literatura y estética. Cuan-do se difundieron las noticias recientes sobre la llamada primavera árabe y se quería entender lo que pasaba, se dio la misma situación que años antes, al inicio de la guerra del Golfo: se empezó a buscar especialistas en lenguas, religiones, filosofía, antropología, geografía, bellas artes e historia de la civilización árabe, pero se carecía de ellos por haber considerado sin utilidad alguna sus conocimientos…

¿Cuántas veces, en el momento de formular demandas a la ciencia en México, se revela la falta la investigación básica de largo alcance? Se nota entonces que resulta extraordinariamente caro no tener estos conocimien-tos muchas veces considerados superfluos, sin valor práctico, simples ca-prichos de científicos un tanto desconectados de la realidad que los rodea –y que ahora se deben importar.


Es más, ¿no es un escándalo lo que sucede con muchas materias primas del país, en gran parte no renovables? ¿Hay alguna explicación racional que no esté ligada a la corrupción y a la voracidad de las transnacionales petro-leras, para que México gaste alrededor de la mitad de las divisas obtenidas por la venta de petróleo crudo, en importar gasolina?7 ¿A quién le beneficia basar el transporte público y privado de personas y de bienes, y la genera-ción de electricidad, ante todo en la quema de petróleo y gas irrecuperables, cuando se desperdicia la abundancia del sol, del viento, del oleaje marino, de la geotermia y de la biomasa como fuentes energéticas? ¿Por qué se de-dica tantos recursos a la producción de forraje y de carne para exportación cuando hay que importar alimentos tan básicos como maíz, trigo, arroz y frijol? ¿Cuánto se podría ahorrar en las regiones tropicales del país, a la gente común y corriente y a las empresas, con investigación sistemática sobre corrosión, almacenamiento de energía, recursos hídricos, reciclamien-to de basura? ¿Cuántos lugares de trabajo se podría generar con la investi-gación –y la utilización de sus resultados– sobre novedosos sistemas masivos de transporte terrestre en y entre ciudades, de aislamiento térmico de viviendas, de comunicación, de uso del agua? ¿Por qué no estudiar más en serio el potencial de los recursos naturales existentes en el país, que sí son estudiados por empresas extranjeras a las que hay que pagar después sus productos farmacéuticos y alimenticios? ¿Por qué no generar materiales arquitectónicos y de empaque, medios de transporte y muchos más gran-des y pequeños objetos útiles para la vida cotidiana a partir de los recursos y las condiciones topográficas y climáticas propias, en vez de adaptar más mal que bien los materiales, sistemas y objetos importados?

Claro está que hoy en día no existen ni economías ni sistemas de in-vestigación aislados y autárquicos. Pero en un país con más de 110 millones de habitantes (y varios millones más viviendo en el extranjero a causa de la incapacidad de gobiernos y empresas de proveerles de puestos de tra-bajo), con una economía cuyo tamaño está según su volumen entre las primeras doce o quince, con una biodiversidad casi única en el planeta, con una diversidad de tradiciones culturales, lingüísticas y artísticas mun-dialmente famosa, ¿por qué los medicamentos y refrescos más populares

7 Véase: “En 2011, Pemex gastó 55.5% de sus ingresos en importar gasolina”, en La Jornada, 4 de enero de 2012, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/01/04/economia/022n1eco>.


y todos los coches, computadoras, teléfonos móviles y aparatos eléctricos generan, al igual que los principales hoteles, bancos y compañías mineras, e incluso gran parte de los productos forestales, forzosamente regalías para el extranjero?

La comparación entre Brasil y México, países con niveles de ciencia y tecnología más o menos equivalentes en los años setenta, cuando empezaron a establecerse en casi toda América Latina los llamadas consejos nacionales de ciencia y tecnología,8 enseña algo también. Brasil, con una política de estado más coherente y sostenida (a pesar de la alternancia de los partidos en el poder) cuenta hoy día con la tercera industria aeronáutica del mundo, mientras que México sigue ensamblando camiones e importa sus aviones –ahora también de Brasil…

Los ejemplos arriba mencionados en diferentes contextos nos refieren a un concepto muy común en la caracterización de la época en que vivimos como una época nueva: sociedad del conocimiento.9 Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

…la noción de “sociedades del conocimiento” ofrece nuevas posibilidades al

desarrollo humano y sostenible ya que sintetiza –aunque diferenciándolos al mis-

mo tiempo– enfoques tan variados como los que ofrecen las nociones de “so-

ciedad de la información”, “economía basada en el conocimiento”, “sociedades

del aprendizaje”, “sociedad del riesgo” o “educación para todos a lo largo de

toda la vida” (Bindé, 2005:203).

Empero, según ciertos especialistas, no hay que perder de vista que esto es solamente un aspecto de la situación. El otro es, sin duda, la con-versión cada vez más rápida y más contundente de conocimientos en mercancía, proceso del que ni siquiera escapan las creaciones humanísti-cas y estéticas.10 Por otra parte, el singular utilizado en la formación del

8 Para ubicar la situación en un marco histórico general de las políticas de ciencia y tecnología en América Latina, véase Velho 2011.

9 Es importante comprender que no se trata de una fase más de la etapa de la revolución in-dustrial conocida, una especie de hiperindustrialización, sino de una fase cualitativamente nueva (Fuchs-Kittowski, 2010:11).

10 El documento citado de la UNESCO advierte sobre “el riesgo de promover un modelo único basado exclusivamente en las exigencias de la economía del conocimiento, que ya está


concepto puede ocultar que, si bien el conocimiento científico está en el centro de la idea, este no es el único tipo de conocimiento existente y que, especialmente en sociedades como las latinoamericanas, las formas de conocimiento hegemónicas siempre han estado ante el reto de su articu-lación con las cultivadas en las decenas de culturas indígenas del país.11

La investigación científica no cuenta mucho en México

“A pesar de que desde hace decenios, la importancia de la ciencia y la tec-nología para el progreso de las naciones modernas forma parte del discurso oficial en México, esta retórica tiene un pobre reflejo en la implementación de políticas prácticas acordes con las muchas necesidades del país”, expre-só hace poco el matemático José Antonio de la Peña, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias.12

Veamos solamente tres dimensiones de este desprecio de la ciencia en México: en la sociedad en general, en las instituciones académicas y en la esfera gubernamental. Como se notará en seguida, las tres son distinguibles, pero en la realidad empírica se encuentran estrechamente unidas.

La sociedad en general

En un manifiesto reciente, el presidente de la citada Academia Mexicana de Ciencias recalcó la llamativa desproporción entre gasto educativo del país

prosperando en los países más adelantados. En efecto, este modelo único ahondaría inevi-tablemente las brechas ya existentes y conduciría a la aparición de nuevas formas de exclu-sión, no sólo entre los países más desarrollados y los demás, sino dentro de cada país” (Bindé, 2005:203). Véase sobre el tema también “Hacia la recuperación del lugar de las cien-cias sociales en la sociedad de conocimiento en México” (Krotz, 2009).

11 Desde la utilización de la educación pública para aniquilar las culturas indígenas, este tema ha sido crítico para la sociedad mexicana. Un síntoma revelador es que, según información oficial, más de la mitad de los planteles de educación indígena no cuentan con energía eléc-trica (véase: La Jornada, 25 de enero de 2012, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/sociedad/041n1soc>). En sentido contrario van experimentos importantes como las nuevas universidades interculturales y el Programa México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México.

12 José Antonio de la Peña, “Los obstáculos de la ciencia mexicana”, en: La Crónica de Hoy, 11 de enero de 2012, disponible en: <http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=627437>.


y resultados de la educación (Menchaca 2011:3). ¿No se confabula la en muchos aspectos y muchos lugares del país desastrosa situación de la edu-cación primaria y secundaria con la casi completa omisión o el simple chacoteo acerca de la ciencia en los medios electrónicos de difusión masiva, para obstaculizar el surgimiento de un pensamiento curioso, crítico, crea-tivo, innovador en los niños y jóvenes, y para excluir de hecho a los adultos del debate de y sobre la investigación científica, sus características, nece-sidades, posibilidades y resultados?13

¿Cuántos mexicanos realmente creen que en las universidades, institu-tos tecnológicos y centros de investigación de su país están generándose las respuestas a los más candentes problemas de conocimiento actuales y a los más urgentes problemas de la población nacional? ¿Existe esta convic-ción al menos entre los mismos docentes y estudiantes universitarios, para no hablar del personal administrativo de las universidades?14 ¿Notaría un visitante de una universidad en seguida que temas y preguntas como las señaladas al inicio se hallan en el centro de la actividad académica, en las dis-cusiones de pasillo, en las tablas de avisos, en los programas de divulgación, en los portales electrónicos institucionales? ¿A qué especialistas, publica-ciones, enciclopedias, programas televisivos, portales electrónicos se re-curre comúnmente cuando se busca conocimiento certero sobre cualquier aspecto del mundo de la materia, de la vida o de las sociedades y las cultu-ras? ¿Cómo se ve y se justifica hoy día un modelo de desarrollo de un país que en los hechos prescinde de la ciencia?

Las instituciones académicas

Apenas con la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana a me-diados de los años setenta se creó en el país la figura del profesor-investi-gador, lo que significó un impulso para que en muchas universidades del

13 No puede dejar de mencionarse en este contexto las propuestas recientes de reducir la ense-ñanza de la historia en la educación secundaria y eliminar la enseñanza de la filosofía en la educación preparatoriana.

14 En este sentido es lamentablemente sintomático que el portal electrónico de la filial mexica-na de Universia esté difundiendo con miras a las elecciones federales Un proyecto de nación: los líderes universitarios proponen (véase: <http://www.unproyectodenacion.com/>) con cinco temas clave, en cuya descripción ¡ni siquiera aparecen las palabras ciencia o investi-gación científica, ni siquiera en el punto dedicado a la “educación”!


exterior del altiplano (que se suele llamar “interior del país”) se empezara a difundir la idea de que la investigación científica es función esencial, aca-so la central, de la universidad. Sin embargo, la mayoría de las instituciones universitarias del país siguen siendo principalmente o casi exclusivamente instituciones de formación de profesionales de nivel de licenciatura y, en cierta medida, de posgrado y, aún poco, de educación continua. Desde el sexenio 2000-2006 se ha iniciado una llamativa expansión de las instituciones privadas en la educación superior, muchas de ellas empresas con fines de lucro y casi ninguna con actividades de investigación, difusión y divulgación científica.

Aun así, hoy en día todas las universidades públicas tienen registrados numerosos proyectos de investigación. ¿Cuántos merecen este nombre realmente? Esta pregunta se plantea en seguida, porque muchas de estas instituciones carecen de la infraestructura necesaria para la investigación científica propiamente dicha –desde bibliotecas y hemerotecas de investi-gación especializadas y actualizadas, suficientes bancos de datos contrata-dos, instalaciones de cómputo con conexión al internet 2 o al menos con banda ancha permanente, hasta laboratorios, equipos de última generación, estaciones de campo, granjas experimentales, medios de transporte, perso-nal profesional de apoyo, etcétera, sin mencionar las carencias generales para estancias de investigación, asistencia a congresos, organización de eventos, ni las batallas cotidianas para poder contar con fotocopias, papel, tinta, teléfono…

Fuera de las dos docenas de centros de investigación, en su mayoría bajo la égida directa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de las tradicionales áreas de investigación de las tres grandes universi-dades federales ubicadas en el Distrito Federal, los núcleos de investigado-res de tiempo completo en las universidades del exterior del altiplano son bastante reducidos en comparación con el personal académico dedicado a la docencia, el cual, además, frecuentemente ejerce la docencia o su profe-sión también fuera de la institución. Las cifras sobre los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) no reflejan toda la realidad al res-pecto, pero son un buen indicador tanto de la escasez general de especia-listas de tiempo completo o mayormente dedicados a la investigación científica y tecnológica, como de su desigual distribución en las diferentes entidades federativas.

A esto se agrega que hay universidades donde el órgano colegiado supre-mo nunca se ocupa del tema de la investigación y donde ni el presupuesto


ni los cada cierto tiempo reciclados modelos académicos siquiera lo men-cionan. También por ello, los ritmos y características de la actividad docen-te se imponen en la arquitectura, los calendarios, las adquisiciones para las bibliotecas, etcétera. Por su parte, los crecientes aparatos administrativos, que usan la digitalización informativa principalmente en función de la misma administración y no para apoyar la academia, desconocen las variadas y cambiantes características de la investigación científica en las diferentes disciplinas y suelen percibir las necesidades de esta última como estorbo a sus rutinas y sus afanes de registro homogeneizante; a esto corresponde que sus operadores son en gran medida personas ajenas a la ciencia, entre-nadas para administrar empresas con fines de lucro o para asegurar la go-bernabilidad de instituciones.

Por ello, las administraciones universitarias no solo se han vuelto formi-dables ejecutoras de la pléyade de registros, evaluaciones y certificaciones exigidas desde las más diversas instancias del gobierno federal, sino que han generado adicionalmente sistemas propios de este tipo, pagando cada vez con más frecuencia a empresas privadas para demostrar su real o su-puesta calidad de acuerdo con criterios fundamentalmente gerenciales y cuantitativos.15 Estas van a la par de una paulatina, poco discutida pero efectiva transformación de la universidad mexicana, que parece estar dis-puesta a pagar el incremento de la cobertura demográfica mediante la reduc-ción de la atención a las particularidades regionales, la evaporación de la autonomía académica y la sustitución de la aspiración de formar profesio-nales con licencia para conducirse en un campo del saber por la de preparar operarios altamente calificados.16

15 En este contexto llama la atención la declaración reciente del presidente del Consejo Mexi-cano de Investigación Educativa (Comie), en el sentido de que la “calidad” esté sirviendo actualmente como “fetiche” para reducir el financiamiento a la enseñanza (véase: La Jornada, 7 de diciembre de 2011, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2011/12/07/sociedad/048n1soc>).

16 Lo cual parece ser el paso más reciente de un camino iniciado hace tiempo. Hace más de veinte años, Ruy Pérez Tamayo (1988:82) advirtió –evidentemente, sin mucho éxito– que “en ausencia de investigación científica de frontera, de un espíritu inquisitivo e irreverente que cuestione de manera continua los elementos centrales de nuestra cultura, la docencia se transforma de formación en mera indoctrinación y lo que se difunde no es cultura sino rei-teración de la demagogia oficial. Los estudiantes no aprenden a pensar sino a repetir, no se les enseña a dudar sino a aceptar, no terminan sus estudios universitarios como hombres libres y cultos sino como sujetos no muy bien entrenados en algunos oficios y profesiones…”.


La esfera gubernamental

Hace 35 años, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 de-terminó que “en 1982 el gasto público y privado por este concepto será aproximadamente el 1% del producto interno bruto”.17 Hace 10 años, en 2002, se publicó una Ley de Ciencia y Tecnología, a la que dos años después se agregó un artículo (9 bis), que definió exactamente el mismo porcentaje del producto interno bruto (PIB) como meta mínima a alcanzar en 2006.18 Sin embargo, con o sin ley, el porcentaje del PIB efectivamente dedicado a la investigación científica y tecnológica en México ¡constituye actualmente alrededor de la tercera parte de dicha cantidad, o sea, entre 0.3 y 0.4 por ciento! La enorme distancia entre México y, por tomar algún ejemplo, los principales países de la Unión Europea, se evidencia al constatar que estos últimos, dotados de infraestructura y grupos de especialistas mucho mayo-res y muchas veces de mayor tradición, aprobaron en 2005 la llamada “Es-trategia de Lisboa”, un programa de emergencia, para pasar en pocos años de 2.5 por ciento del PIB dedicado a la investigación científica, a 3.0 por ciento –o sea, ¡diez veces más del valor mexicano actual!19

Después de los prometedores años setenta, en que se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se estableció la meta de contar en todas las entidades federativas con al menos una universidad pública (la última en obtenerla fue Quintana Roo, ¡en 1991!), sobrevino la crisis de la deuda externa

Y el rector fundador de la Universidad de Brasilia había advertido mucho antes todavía en su estudio sobre la universidad latinoamericana citado en el epígrafe, que “la inmensa ma-yoría de nuestros estudiantes se convierten en ciudadanos dóciles y en profesionales efica-ces en la defensa del orden vigente, con todas sus desigualdades e injusticias” (Ribeiro, 1971:19). Más reciente es la alarmada advertencia de Pablo González Casanova (2003) sobre la llegada de la “nueva universidad”.

17 Ver: “IV. Resumen del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982”, p. 26; disponi-ble en: <http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Programa_Nacional_de_C_y_T_1970-2006/do-cumentos/ProgramaNacionaldeCienciayTecnologia19781982/CAPITULO4.pdf>.

18 Disponible en: <http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/acerca_siicyt/ley.pdf>. 19 Información al respecto que vincula la investigación científica con la generación de empleos,

se halla en: <http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=24>. Es interesante en este contex-to hacer notar que también la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya se dio cuenta de esta relación, señalando que “el nuevo paradigma del desarrollo es la economía del conocimiento” y haya apoyado todavía a fines de 2011 la exigencia menciona-da de 1% del PIB para la administración federal en funciones hasta fines de 2012; disponible en: <www.coparmex.org.mx/upload/SC_0096_GGC_Innovacion_Desarrollo.doc>.


de principios de los años ochenta, que se tradujo en una larga crisis econó-mica interna con sucesivas devaluaciones y el inicio de la hasta ahora vigen-te era neoliberal con la intervención directa de diversas instancias extranjeras e internacionales. En este contexto nació en 1984 el Sistema Nacional de In-vestigadores como un instrumento para mantener mediante estímulos a la producción de conocimiento, la dedicación de los científicos universitarios a la investigación y evitar así su migración hacia otras actividades o su emi-gración. Posteriormente, el SNI se ha convertido en una instancia a través de la cual el gobierno federal ha tratado de impulsar concepciones cambiantes de ciencia y de investigación, pero también en un medio para interesar a jó-venes egresados universitarios por la actividad investigativa.20

Con el tiempo, empero, el gobierno federal, algunos gobiernos estatales y universidades han generado una gigantesca maquinaria de evaluación y de certificación ligada directamente al otorgamiento de financiamiento para la investigación científica. En consecuencia, desde diferentes instancias, y dependencias y niveles de gobierno, con formatos siempre cambiantes pero centrados siempre en los mismos datos (y los mismos comprobantes inva-riablemente exigidos de nuevo cada cierto tiempo), se evalúa y certifica con criterios distintos a individuos y grupos, programas e instituciones, publi-caciones y proyectos, años y trienios, actividades y resultados; como a esto se agregan los cada vez más complicados procesos de planeación (casi siempre desfasados en cuanto a tiempos y recursos dispuestos por la ad-ministración) y, además, evaluaciones semejantes en número y frecuencia para los aspectos y programas docentes, la actividad investigativa se ve envuelta en un marasmo informativo completamente contraproducente, cuya crítica, empero, es rechazada invariablemente por funcionarios y ad-ministradores –que nunca permiten ser evaluados por los investigadores a quienes supuestamente sirven– con el argumento completamente absurdo de que los investigadores son reacios a la evaluación, cuando la ciencia es impensable sin ella.

Los efectos de esta situación están generando peligros serios para la ciencia y para la academia en general. Por una parte, se puede observar (algo semejante ha sido señalado para las evaluaciones internacionales de los alumnos de primaria) que la evaluación ya no constituye un instrumen-to para conocer la situación de la actividad investigativa, sino que se ha

20 Una reciente visión general la proporciona la obra de Didou y Gérard (2010).


convertido en la meta de esta última: se planea y desarrolla investigación para aprobar la certificación, no para generar conocimiento nuevo. En corres-pondencia, buena parte de la reorganización constantemente impuesta de actividades y organización de los científicos, genera cada vez más estruc-turas, reuniones, eventos, reportes y otros papeles que son perfectamente registrables y contables, pero que no tienen mucho que ver con la realidad.21 Para el caso específico de las ciencias sociales y humanidades –a veces ni siquiera reconocidas como parte de la ciencia– hay que señalar, además, la frecuente imposición de características y criterios provenientes de las cien-cias naturales, lo que está llevando a distorsiones visibles.22

El año 2011 fue un año especialmente aciago para la ciencia en México. Como nunca antes, los principales portavoces de la investigación cientí-fica (en parte fusionados con los de la educación superior), tales como la Academia Mexicana de Ciencia (AMC), la Asociación Nacional de Universi-dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidie-ron y suplicaron una y otra vez a los integrantes de las cámaras de Dipu-tados y de Senadores respetar en la aprobación del presupuesto federal para 2012 al menos la misma Ley de Ciencia y Tecnología, al tiempo que trataban de hacer ver a diversos sectores de la población la importancia de la investigación científica para el futuro del país. Pero el Poder Ejecu-tivo y el Poder Legislativo federales optaron por la dirección opuesta. Y aquí se evidencia nuevamente la interrelación de las tres dimensiones descritas, ya que no se registró protesta significativa ni de investigadores, ni de consejos universitarios, ni de estudiantes, ni de agrupaciones aca-démicas y profesionales…

21 En las postrimerías del socialismo real existente, Rudolf Bahro (1979) analizó de manera magistral el círculo vicioso que se forma entre una administración autoritaria, omnipotente e inmune a la crítica, que genera planes, y la información entregada por los súbditos acerca del cumplimiento de estos planes: quienes elaboran los planes y los reportes buscan la mayor coincidencia entre ambos tipos de documentos, pero estos se alejan progresivamen-te de la realidad por todos conocida (véase especialmente la parte II).

22 Esta idea se encuentra explicada en “Las ciencias sociales frente al ‘Triángulo de las Bermu-das’: una hipótesis sobre las transformaciones recientes de la investigación científica y la educación superior en México” (Krotz, 2011).


Algunos puntos de partida

¿De dónde sacar optimismo acerca del futuro de la investigación científica en México, acerca de una posible sociedad del conocimiento mexicana en vez de un país limitado a la maquila, a la importación de tecnología y a la exportación de prospectos de científicos? Resulta difícil fundamentarlo, mirando tanto los lentos y pequeños avances del país en esta materia du-rante el último medio siglo, como los grandes esfuerzos de países con una larga tradición científica en Europa y Norteamérica o como los de Brasil y de varios países asiáticos emergentes en la escena científica. Resulta difícil asimismo porque todos los elementos esperanzadores parecen cargados también de hipotecas o, al menos, de ambigüedad.

Ciertamente, no faltan antecedentes valiosos:

a) Como todos los países latinoamericanos, también México cuenta con una larga historia de antecedentes de la época de nacimiento de la ciencia moderna, que se arraigó aquí fundamentalmente co-mo resultado de un proceso de difusión y que apenas están siendo recuperados por la historia de la ciencia y la tecnología (Trabulse, 2003). Tanto esta recuperación como la sistematización y compa-ración de las historias y los logros de las instituciones dedicadas a la investigación científica en el país (por ejemplo, en vez de evalua-ciones cuantitativas destinadas a establecer rankings), podrían aprovecharse para la generación de políticas de Estado a futuro, porque también relacionarían la actividad investigativa con los procesos sociales y culturales más amplios.

b) Un rasgo que tradicionalmente ha distinguido la investigación cien-tífica mexicana (al igual que la institución universitaria en general) de la de muchos otros países, es que no ha estado vinculada, como en los países originarios de la ciencia moderna, con el aparato mili-tar y todo tipo de estrategias de colonización –lo que también explica, al menos en parte, el menor apoyo gubernamental al sector.

c) Aunque los estudios sociales de la ciencia y la tecnología propia-mente dichos no tengan aún mucha tradición en el país, se cuenta con una considerable historia de investigaciones y debates –desde la teoría de la dependencia, la filosofía y teología de la liberación, hasta la educación popular liberadora– que se han ocupado desde posiciones críticas y una perspectiva desde las víctimas del orden


social vigente, del estudio de la sociedad, sus ideas hegemónicas so-bre el desarrollo y sus instituciones destinadas a garantizar la vi-gencia de esta hegemonía, entre las cuales se encuentra, como ya se mencionó, la ciencia y la tecnología. Es decir, hay bases para “intervenir decisivamente en la discursividad propia de las cien-cias modernas para configurar otro espacio para la producción de conocimiento –una forma distinta de pensamiento, un paradigma otro, la posibilidad de hablar sobre ‘mundos y conocimientos de otro modo’–” (Escobar, 2005:64).

d) Al menos en el campo de las publicaciones, México como país y varias de sus instituciones académicas están jugando un papel pionero en la lucha por el libre acceso de todos los seres humanos a los resultados de la investigación científica: más y más publica-ciones periódicas pueden consultarse permanente y gratuitamente en la internet y algunas instituciones han iniciado para este fin ya la digitalización de libros y otros materiales.23

e) A pesar de su reducido tamaño, la comunidad científica mexicana cuenta con centros, programas de investigación, publicaciones y eventos académicos de primera importancia, aunque, al parecer, son sumamente escasos los núcleos líder de nivel mundial en algu-na disciplina o área del conocimiento.

f) Las frecuentemente cambiantes concepciones de funcionarios guber-namentales y universitarios acerca de lo que es ciencia y educación superior han generado a lo largo de los años una amplia gama de formas de organización, aunque homogeneizadas forzosamente durante los últimos años, de la cual podrían desprenderse experi-mentos novedosos. Pero además, una y otra vez se han generado en el seno de las instituciones universitarias y en sus márgenes, propuestas teóricas y experimentos prácticos inspirados en la crítica de los sistemas establecidos de creación y transmisión de conocimientos útiles para un mejor aprovechamiento de la natura-leza y formas más igualitarias y democráticas de convivencia. Por

23 Sin embargo, esta situación, que parece congruente con la hasta ahora sostenida gratuidad de la educación superior, se ve empañada por el cobro de los posgrados y por la creciente presión sobre las universidades de generar “recursos propios” mediante los más diversos mecanismos (que en casos extremos ha llevado a realizar eventos académicos donde tienen que pagar individualmente su participación los mismos académicos que los organizan).


más que estos modelos hayan sido siempre muy rápidamente amansados, constituyen un enorme fondo de ideas y experiencias aprovechables.

g) Con los años, el gobierno federal ha podido crear y mantener un importante sistema de becas de posgrado. Sin embargo, también es obvio que en vista de la falta de empleo para muchos egresados universitarios, la elección de un posgrado no siempre corresponde a una opción por una carrera en la investigación científica y que, a su vez, prepararse para una carrera científica no implica poder de-sarrollarla.24 Por otra parte, este sistema no ha podido contrarrestar la elevación de la edad promedio de los investigadores y, en general, de la planta académica en las universidades.

h) La paulatina expansión de instituciones universitarias capitalinas (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Chapingo, Centro de Investiga-ciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Pedagógica Nacional) mediante la creación de filiales muestra la necesidad y la viabilidad de la investigación científica en el resto del país y llena lagunas desatendidas durante décadas, pero ates-tigua también la falta de interés y capacidad de los gobiernos fe-deral, estatales y municipales en atenderlas en sus nuevos campus. Por ello surge la duda sobre si dichas filiales operan como meca-nismos de desconcentración y para detonar la investigación cien-tífica en el nivel local (lo que no es lo mismo que investigación local) o si más bien sustituyen estas funciones, limitando a las instituciones locales, en el mejor de los casos, a ocuparse de la llamada investi-gación regional.

i) El Sistema Nacional de Investigadores sigue cumpliendo una función central y pionera para la promoción de la investigación científica de alta calidad, tanto en el nivel económico como simbólico. Uno de sus grandes logros fue el fomento de la evaluación por pares (que todavía no es la regla en todas partes y que es contrarrestada cada

24 Aunque parezca obligada la vinculación de la ampliación de la cobertura educativa con la procuración de fuentes de empleo para los egresados, es evidente que tal vinculación no existe en el nivel de las políticas gubernamentales ni en las empresas: nuevamente se revela la necesidad de ubicar estrategias para el fomento de la ciencia, la educación superior, el empleo, etc., en un modelo de desarrollo general.


vez más por sistemas basados en el simple conteo). Sin embargo, no ha podido avanzar más hacia un auténtico sistema de fomento de la investigación científica y, en vista de las limitaciones generales para dicha actividad, parece hallarse en peligro de convertirse en una caja de premiación de cualquier actividad académica.

j) Muchos proyectos de investigación financiados por el sector guber-namental han fomentado la incorporación de tesistas y estudiantes a tales proyectos. Si bien esto ha contribuido a una mejor formación de estos, también está mostrando su lado negativo: el trabajo es-tudiantil sin o con muy limitada retribución salarial afecta la creación de un mercado laboral para profesionistas y para personal profe-sional de apoyo académico mientras que obliga a los investigadores a la docencia básica permanente en vez de permitirles contar con el apoyo de personal académico calificado.

Algunas ideas para el futuro cercano

Desde luego, y retomando lo expresado al inicio, cualquier estrategia destinada a mejo-rar la situación y aprovechar el potencial de la ciencia mexicana realmente existente ten-dría que recurrir primero al estudio detenido de la misma –pero no tanto con metodologías cuantitativas, rankings y perspectivas de ren-tabilidad económica o política a corto plazo, sino en términos de los estudios sociales de la ciencia (historia, sociología, antropología de la ciencia y de la tecnología, para la cual, además, hay valiosos antecedentes en el país y en América Latina).

25 Un ejemplo reciente de la complejidad de muchas situaciones es la gran fascinación por el biodiesel como respuesta al agotamiento de los recursos petroleros y, al mismo tiempo, al efecto invernadero –que pronto se vio enfrentada con las consecuencias no imaginadas de deforestación, creación de grandes extensiones de tierra con monocultivos e incluso la ex-pulsión de población de sus hábitats tradicionales y el encarecimiento de los alimentos.

...una política de Estado cultural, educativa, científica y tecnológica [...] deberá revisar y reformar los programas actuales con el criterio de que sin la cultura, educación, ciencia y tecnología no hay de-sarrollo socioeconómico posible, y con el objetivo de construir el fun-damento de la sociedad democrá-tica y de bienestar. (Línea política PRD, p. 38)


Sin olvidar que la investigación científica, como creación de conocimien-to nuevo, no es programable a modo de operaciones financieras y que tampoco es lineal sino que lleva necesariamente a muchos callejones sin salida de los que hay que regresar,25 ¿será permitido soñar con una ciencia distinta en el país?

Siguiendo las tres dimensiones abordadas en el penúltimo apartado, pero en orden inverso, podría considerarse lo siguiente (lo señalado en el primer grupo valdría con modificaciones también para el segundo).

En la esfera gubernamental

» Como parte de cualquier estrategia futura dedicada a sacar el máximo provecho del potencial científico existente en el país será ineludible tomar medidas drásticas para empezar a reducir inme-diatamente el crecimiento anual de la brecha entre la ciencia mexi-cana y la de otros países comparables. Si en el primer presupuesto el nuevo gobierno hiciera realidad el citado 1 por ciento legalmente exigido del PIB,26 y si esta tasa creciera después anualmente medio punto porcentual más, se estaría al final de la administración federal 2012-2018 en un nivel esperanzador –ciertamente con una infraes-tructura todavía limitada pero nueva, y con una planta de investi-gadores aún insuficiente (dado que en media década apenas alguien cursa su posgrado) pero firmemente creciente.27

Sin un esfuerzo decidido y real de incrementar enormemente y de modo inmediato y sostenido los recursos financieros dedicados a la investigación, todo lo demás no tendrá mucho sentido.

» Es de considerar seriamente la creación de una Secretaría de Inves-tigación Científica (y de organismos semejantes en los niveles esta-tal y municipal). Además de orientar y administrar buena parte del gasto gubernamental para la investigación científica y de fomentar

26 Hay que recordar aquí que el precepto legal mencionado no se refiere al presupuesto guber-namental, sino a una combinación de este con impulsos efectivos y atractivos para la parti-cipación de la iniciativa privada y la sociedad civil.

27 Una pequeña parte de este tema es el de un sistema de pensiones que permita, por una parte, la renovación de la planta de investigadores (actualmente en entredicho por la falta de sistemas de pensiones) y, por otra parte, la participación de los eméritos que así lo deseen y mientras que tengan la capacidad necesaria, en actividades académicas.


los aportes de la empresa privada, social y de la sociedad civil a la investigación científica, otorgaría mayor visibilidad a la ciencia en México, sus actividades, resultados y problemas. En caso de formar-se, debería considerarse de antemano un esquema de organización que tome en cuenta la regionalización del país, la consulta perma-nente con representantes electos de la comunidad científica y la restitución de la autonomía universitaria.

» Ambos pasos mencionados serían contraproducentes si ante todo tuvieran como resultado el crecimiento de la burocracia guberna-mental y si la administración de las instituciones de investigación tuviera que seguir operando –como ahora– según la normatividad establecida para empresas privadas y empresas (para)estatales y sociales, interesadas primordialmente en el rendimiento financiero y/o el corto plazo y fuertemente reñida con la dinámica de la in-vestigación científica.28

» Dado que la dinámica rutinaria de la mayoría de las universidades públicas (no se consideran aquí las privadas) sigue centrada en la docencia, no se ve salida a la marginación sistémica de la investi-gación científica en ellas.29 Por tanto habría que crear espacios institucionales nuevos y específicos para la investigación cientí-fica pública desligados del sistema de universidades y tecnológicos. Entre las alternativas: limitación formal de las actividades de la mayoría de las universidades a la enseñanza de nivel licenciatura y actualización profesional y fundación de universidades de inves-tigación (centradas en la investigación científica y ligadas única-mente a la enseñanza de posgrado que estaría en función de la

28 Las consecuencias negativas de esta normatividad pueden observarse también en otros ámbitos, por ejemplo, la intervención directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los sistemas de estímulos en las universidades o la normatividad impuesta a la adminis-tración universitaria para el desarrollo de proyectos de investigación.

29 Como ya se indicó, en casi cualquiera de ellas, esta se expresa al observar no solamente la distribución del presupuesto, del personal, sino también de sus edificios y equipamientos, los ritmos de sus actividades a lo largo de las semanas y los meses, y, de manera prominen-te, sus procesos administrativos. Para muestra de lo último, un botón: ¿en cuántas universi-dades estatales tienen que rendirse los informes anuales antes de que haya terminado el año?, ¿en cuántas son imposibilitadas determinadas actividades de investigación y hasta eventos académicos desde noviembre hasta febrero o marzo, inclusive, por “cierre” y “aper-tura” de la administración y el desconocimiento de los recursos disponibles?


anterior y no al revés); migración de la investigación científica de las universidades a uno o varios nuevos sistemas federales de centros públicos de investigación, para cuya creación se podría aprender de sistemas semejantes existentes en algunos países de larga tradición en investigación científica.

» Independientemente de la opción tomada con respecto a lo señala-do en el inciso anterior, parece imprescindible la creación de una red de instituciones especializadas en la investigación científica como actividad central y prioritaria, de modo tal que, en no más de una década, al menos todas las capitales y siempre una ciudad más de cada entidad federativa30 cuenten con tales instituciones, cuidando la vecindad cercana de disciplinas diferentes, su liga con instituciones de posgrado (pero desde la investigación, no desde la docencia) y una actividad sostenida de divulgación y retroali-mentación con la sociedad local-regional; en cuanto a esta última, debería atenderse de modo particularmente importante la perspec-tiva intercultural.

» Especialmente en el área de las ciencias naturales, pero también algunas sociales, parece crucial la creación de modalidades ágiles de impulso y apoyo a empresas de todos los tipos (privada, social, paraestatal) y tamaños para involucrarse no solamente en la inves-tigación científica misma, sino también en el uso experimental de innovaciones tecnológicas generadas por o derivadas de la inves-tigación científica, siendo uno de los elementos clave la protección ante el riesgo económico que significa tal involucramiento. Expe-riencias positivas hechas en otras partes deberían completar y ampliar los esquemas existentes de vinculación en el país (Laclette y Zúñiga-Bello, 2011).

» Esquemas de planeación, desarrollo, financiamiento y evaluación deben tomar en cuenta las particularidades propias de cada dis-ciplina en vez de imponer los modos de operación o criterios de calificación de algunas de ellas a todas las demás.31 En caso de pro-gramas necesariamente unificados, como, por ejemplo, el Sistema

30 Esto en el sentido de la creación de espacios regionales de conocimiento (Casas, 2001:26). 31 Consideraciones interesantes sobre “La homogeneidad en la diversidad (circa 3001)” en

cuanto a la evaluación ofrece R. Varela (2005:52 y ss.).


Nacional de Investigadores, la evaluación por pares de la misma disciplina debe combinarse con la previsión de mecanismos de equivalencias que permitan considerar adecuadamente particula-ridades disciplinarias, de tipos de investigación, de momentos de investigación y de los contextos regionales.

En las instituciones académicas

» Sin una revitalización de órganos colegiados en todos los niveles de las universidades, que no existen en muchas dependencias y que en muchas instituciones no cuentan con representación real de académicos ni de estudiantes de grado y de posgrado, funcionan solamente de modo formal o simplemente se limitan a legitimar los lineamientos recibidos del aparato administrativo gubernamental e institucional (en vez de dirigir a este último), es difícil imaginarse el despegue de la investigación científica en el país.

» Igualmente difícil es imaginarse el aprovechamiento del potencial científico existente sin la dedicación de tiempo completo de los especialistas a la investigación científica. Esto no implica esperar de los investigadores una dedicación mayor de horas al trabajo propiamente dicho que en otras actividades productivas, sino re-ducir mediante salarios base y estímulos adecuados el impulso a una dedicación adicional a otras actividades profesionales, empre-sariales y administrativas.

En la sociedad en general

» Las épocas de campañas electorales, de evaluación general de ad-ministraciones gubernamentales y de emergencia de propuestas y esperanzas para el futuro parecen ofrecer una coyuntura excelente para que investigadores, docentes y estudiantes, gremios académi-cos y profesionales, representantes de instituciones universitarias y centros de investigación puedan generar una amplia discusión sobre la investigación científica en México y sus perspectivas, y esto en los tres niveles de la administración pública y tanto en los congresos estatales como en el federal.

» En vista de la ambigüedad de la ciencia, que no solamente es la ambigüedad del uso de sus resultados, sino de modo más general,


la ambigüedad de sus diferentes funciones y la ambigüedad de su relación con la visión hegemónica del mundo y la definición subsi-guiente de sus problemas, dicha discusión no debe estar desligada de una discusión igualmente amplia y permanente sobre las opcio-nes y los modelos de desarrollo existentes, tanto con respecto a las metas por definir como a las vías para alcanzar estas metas.

La investigación científica no es un recurso milagroso ni ofrece garantías de solución a problema alguno. Es, sin embargo, aparte de la fe en los mila-gros, el único instrumento humano actualmente disponible para examinar críticamente la realidad natural y social, conocer las causas de sus problemas, proponer soluciones razonadas y acompañar la selección y la puesta en práctica de estas últimas.

También es cierto que la ciencia necesita de la decisión política para poder aflorar libremente y para que luego sus resultados puedan tener in-cidencia social y cultural. Igualmente es cierto que esta incidencia puede tener varias direcciones o sentidos sociales, por lo que tiene que ser enca-minada y controlada por la sociedad en su conjunto.

En vista de la indignante desigualdad y las condiciones de vida misera-bles de tantos seres humanos en el país y en todo el planeta, que incluso han sido motivo para que las Naciones Unidas planteen los llamados Obje-tivos del Milenio, parece ineludible para todas las fuerzas sociales una opción clara y contundente a favor de la investigación científica que, a su vez, esté vinculada a “la crítica ética del sistema vigente desde la negativi-dad de las víctimas” (Dussel, 1998:309). De este modo, la opción por la ciencia sería parte de una opción por un modelo de desarrollo y de convi-vencia diferente y más humano que el actual.

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Hacia una educación nacional humanística

Víctor Jorge Espinoza Bautista

Introducción

En nuestro país, la educación suele dividirse en dos grandes apartados: la formal y la informal, e incluso en una tercera: la no formal. La educa-

ción formal se define como una actividad educativa inscrita en el sistema educativo legalmente establecido, que comprende desde la educación pre-escolar hasta la universitaria. Esta modalidad se considera escolarizada y abarca todos los niveles educativos; en México figuran tres: básico, medio superior y superior. Mientras que la educación informal se considera una actividad educativa ajena al sistema educativo legalmente establecido; surge como medio, por lo cual el individuo satisface aquellas necesidades educativas que el sistema formal le ha impedido cubrir. Esta modalidad no escolarizada abarca: capacitación, adiestramiento, alfabetización, sistemas abiertos, cursos de verano, arte, oficios, educación para adultos, etcétera. Finalmente, la educación no formal permite al individuo desarrollarse en el ámbito personal y se considera como reforzadora y complementaria del sistema escolarizado; le corresponde difundirla a otros contextos sociales, tales como las familias, los medios de comunicación, las religiones, y en general a todos los grupos sociales, económicos y políticos vinculados con una sociedad como la nuestra.

En las tres modalidades educativas, se observan grandes carencias que han afectado el desarrollo de la formación y capacitación estudiantil junto con la situación económica y social de nuestro país. Destaca la ausencia de avances significativos en la educación ética y promoción de valores, por lo que se concluye que los actuales modelos educativos de mercado requieren un cambio hacia un sistema educativo único basado en un proyecto nacio-nal integral, con la participación activa de todo el tejido social nacional.


Me gustaría referirme en este texto, a la educación formal, haciendo algunos señalamientos con relación a la educación básica y media superior, para concentrar mi atención en la educación superior en México, procuran-do con ello mostrar algunos indicadores de su comportamiento, para deri-var en algunas conclusiones y recomendaciones puntuales.

Educación nacional

Los conceptos teóricos que se analizan se encuentran enfocados desde una perspectiva económica. Se intenta explicar la importancia que algunas so-ciedades le han dado a la educación y cómo esta se ha convertido en una pieza fundamental en las actividades productivas de las naciones.

Dichos conceptos se encuentran inmersos en un engranaje mundial comúnmente denominado era del globalismo, mismo que Ianni (1999:11) define de la siguiente manera:

…expresa un nuevo ciclo de expansión del capitalismo, como forma de produc-

ción y proceso civilizador de alcance mundial. Un proceso de amplias pro-

porciones, que abarca naciones y nacionalidades, regímenes políticos y

proyectos nacionales, grupos y clases sociales, economías y sociedades, cultu-

ras y civilizaciones, señala la emergencia de la sociedad global, como una tota-

lidad incluyente, compleja y contradictoria.

Respecto a la educación, la sociedad le ha reconocido a la universidad un papel estratégico en el desarrollo del país, y mediante su participación educativa ha logrado una mayor inserción de México en la economía inter-nacional. La transnacionalización de los procesos económicos guarda una estrecha relación con la creciente globalización del conocimiento, la edu-cación y la cultura. En este sentido, las universidades deben redefinir su fun-ción en el desarrollo, tomando en consideración el surgimiento de las nuevas tecnologías, el progreso de la información, la informática y la comunicación, el aumento de la producción y la competitividad y los nuevos mercados.

La globalización en su dimensión neoliberal se considera una forma de pensar que combina la ideología de mercado con prácticas propias del mundo de los negocios, y la obtención de ganancias como objetivo esencial, lo cual ha tenido un impacto en los sistemas educativos de los países de

55Hacia una educación nacional humanística

América Latina y el Caribe. Con López (2002:16) coincido en que la globa-lización es un fenómeno cualitativo que se hace posible a partir de la co-incidencia en el tiempo de tres procesos independientes con su propia lógica interna: la crisis y derrumbe del socialismo real, el neoliberalismo y el gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-cación, como es la presencia de los sistemas computacionales. Estos dos últimos conceptos de la definición son los que se consideran en el análisis de este artículo, con relación a los cambios producidos en la educación superior en México, y poniendo énfasis en las instituciones que surgen a partir del concepto neoliberal.

En el mercado global de la educación superior, con la penetración de las nuevas tecnologías, se hace visible la intervención empresarial en la educación, con la exigencia de nuevas formas o tipos de instrucción depen-diendo de las regiones o países donde se localizan las empresas o megaem-presas demandantes de los servicios educativos. Las empresas requieren una mayor flexibilidad en el trabajo y “trabajadores menos especializados”. Las nuevas empresas han sustituido a muchos trabajadores especializados introduciendo tecnologías computacionales. El trabajador integrado a ellas “no necesita educación para el trabajo”, “ni obtiene trabajo por la educa-ción”, necesita habilidad y trabajo, es decir, mucho de lo que se entiende tradicionalmente por educación no se necesita para mejorar la producti-vidad de las empresas, cuyo objetivo central es la maximización de las utilidades (González, 2001:29). Bajo este nuevo esquema se rige el modelo neoliberal.

Las manifestaciones de las políticas neoliberales se traducen en una serie de desequilibrios. Por su parte, las empresas públicas requieren cada vez menos personal calificado y altamente calificado, mientras que las pri-vadas tienden a abarcar la casi totalidad de los servicios y la producción, pero ninguna de las dos logra asimilar la oferta de trabajo provocada por los egresados; por el contrario, existe una tendencia creciente a generar una mayor demanda en los distintos niveles educativos incluyendo el superior, con escasa respuesta a un gran número de egresados universitarios en busca de empleo, sin que hasta la fecha exista una propuesta de política educativa que responda satisfactoriamente a estos requerimientos.

Es evidente una clara tendencia de desigualdades en el nivel de prepa-ración requerida, variación que se observa entre empresas y entre países. Así, existe una sociedad en que domina el espíritu comercial de sus empre-sas particulares que no necesitan personas “educadas” ni “universales”, o


las necesitan en un “número cerrado” de alto nivel, u otras, aún más redu-cidas, que también pueden darse el lujo de ser “humanistas”.

La inserción global de las políticas neoliberales ha dejado una profunda huella en los países que conforman a nuestra América Latina. Entre los efectos que se advierten están: a) la reducción del gasto educativo en rela-

ción con el PNB; b) la reducción creciente de la oferta del empleo destinado a fines socia-les, en virtud del debilitamiento o desapari-ción de los servicios públicos; c) la economía de mercado con una lógica desreguladora, que aumenta el número de marginados y ex-cluidos y con ellos el analfabetismo, la deser-ción escolar y la baja calidad de la educación; d) el empobrecimiento de los sectores medios

que, al no poder enviar a sus hijos a escuelas públicas por falta de cupo, y al no contar con recursos, tampoco pueden enviarlos a colegios privados; e) la disminución de la responsabilidad educativa del gobierno nacional (central y federal), y el traspaso de esa responsabilidad a los gobiernos locales con el pretexto de una descentralización más racional y técnica, y con efectos de reproducción de las desigualdades geográficas, en que los municipios más pobres prestan menos y peores servicios educativos; f) el incremento de los estudiantes que en cada ciclo no terminan sus estudios; g) la presión creciente y cada vez más ostensible del sector privado nacional y transnacional para determinar las políticas educativas del sector público, los planes de estudio, las inversiones y los gastos escolares; h) el deterioro creciente de las escuelas y universidades públicas y un auge relativo de las universidades privadas. Estas instituciones educativas por lo general no complementan sus actividades con institutos, centros y programas de inves-tigación científica y humanística, pues la investigación tiende a concentrarse en países centrales; i) y una presión generalizada −pretendidamente “funda-da” y “académica” o no “ideológica− para suprimir la universidad humanís-tica y científica como base de la cultura general y de las especialidades. En vez de ella se propone un modelo de universidad en que la cultura general y flexible se limite a atender el idioma, la computación y las matemáticas, sin inclusión de la historia, de los métodos experimentales, de la sociología, la antropología, la filosofía, la lógica, la economía o con algunas de ellas cuida-dosamente despejadas de cualquier “pensamiento crítico” y, sobre todo, de cualquier método histórico-político para pensar e investigar. En suma, la

El gasto público deberá tener como componente fundamental un au-mento constante de la infraestruc-tura y en programas sociales de alto impacto, en particular salud, educación y ciencia y tecnología. (Programa PRD, p. 38)


presión neoliberal enfila directamente contra el desarrollo de las humani-dades y de su investigación especializada (González, 2001:34-35).

El actual modelo de globalización aplicado en los países inmersos en el sistema capitalista se encuentra sustentado básicamente en un enfoque teórico-práctico de mercado. La mayor parte del conocimiento tecnológico y científico se ha dirigido hacia la formulación de teorías y leyes que tienen que ver con el avance tecnológico y productivo, lo que genera competencias en donde sobresalen los países y personas que tienen más recursos econó-micos y quedan excluidos aquellos que no los poseen y que cuentan con pocas posibilidades financieras para alimentar sus economías, sus empresas, así como para brindar una capacitación acorde a las competencias tecno-lógicas internacionales. Las diferencias entre países auspiciados bajo este modelo de exclusión tienden a ser cada vez más polarizadas, por lo que se ensancha de manera creciente la brecha entre sociedades pobres y ricas del mundo (Espinoza, 2004:158).

Desde los años setenta en los países desarrollados y desde los ochenta en los nuestros, el modelo neoliberal en el campo educativo se ha encauza-do a preparar individuos para satisfacer las exigencias del mercado de trabajo; el fin primordial es proporcionar aquellos conocimientos y habili-dades que requiere el sistema productivo y el aparato político administra-tivo para volver competitivas a las personas y, en consecuencia, que solo las más aptas ocupen los puestos disponibles (Rojas, 2003:30).

En efecto, desde la década de los ochenta, la influencia de los modelos empresariales en los cambios generados en la educación superior ha sido significativa, ejerciendo una constante presión para que las instituciones educativas respondan a sus intereses. En concordancia con Murguía (2000:35), los capitalistas muestran decididamente un interés por la educa-ción, en particular por la técnica y superior, como resultado de un cambio tecnológico en la industria que exige una mayor calificación de los trabaja-dores en las ocupaciones técnicas y profesionales. También es producto de un amplio espectro de proposiciones teóricas sobre las relaciones entre la educación y la economía, derivadas de la teoría neoclásica y de la sociología funcionalista; de esta manera, cambia la concepción de los capitalistas y conciben la educación como una instancia fundamental en donde se forman los recursos humanos con los conocimientos y habilidades para cada ocu-pación que demanda la estructura económica y social.

La formación de los profesionales se ve sujeta a las demandas empre-sariales, a los vaivenes de la economía, a los avances tecnológicos, y a las


políticas internacionales lideradas por los organismos internacionales, llá-mense Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Banco Mundial (BM), que se sustentan en el enfoque o dirección teórica de la inversión en capital humano.

Déficit educativo

Hace algunos años Felipe González, ex presidente español, dijo en una confe-rencia por radio, palabras más o palabras menos, que México cuenta con una extraordinaria riqueza material, el petróleo, pero más importante que ese recurso no renovable, es la existencia de una cantidad considerable de población joven, potencial humano que de ser aprovechado en su proceso educativo, podría convertir a México en inmensamente rico. Sin embargo, ese razonamiento no ha querido ser atendido por los personajes que han gobernado al país, quienes han preferido optar por soluciones de visión corta, ocasionando que ese potencial humano se esfume cada vez más. Esto, ante la triste mirada de una gran cantidad de jóvenes mexicanos deseosos de adquirir conocimientos dirigidos hacia aquellas áreas que podrían ser la base de un gran desarrollo económico, político y social del país. Sucede lo contrario, existen una gran cantidad de jóvenes que por la falta de prepara-ción, estudio y empleo, se convierten en un blanco fácil para ser contratados por el crimen organizado. Un ejemplo de ello son los llamados “ninis”. Según el rector de la UNAM, José Narro, “son aproximadamente 7 millones de jóve-nes los que no estudian ni trabajan, y se encuentran en esa condición no por gusto, sino por una realidad impuesta”, lo que significa 22 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años. Consideró que la solución es aumentar de ma-nera sustancial las oportunidades de educación media superior y superior, así como las oportunidades de trabajo (El Economista, 23/8/2010).

Los datos del cuadro 1 son un ejemplo significativo del bajo aprovecha-miento que durante décadas ha tenido nuestro sistema educativo.

En realidad, esta pirámide porcentual asume un comportamiento seme-jante cada año, que deja suponer una deficiencia terminal estancada en el primer nivel, con una gran cantidad de jóvenes que no logran escalar los siguientes niveles educativos. Muchos de ellos solo cuentan con una prepara-ción muy elemental, que apenas es suficiente para desarrollar ligeramente la lectoescritura, lo cual demuestra que una gran parte de nuestra población infantil-juvenil ve truncada toda posibilidad de acceder a mayores niveles


de preparación escolar, afectando su individualidad junto con la oportu-nidad de engrandecer el desarrollo social y cultural del país.

Al respecto vale la pena considerar lo afirmado por el asesor especial de la Dirección de Políticas de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bernardo Kliksberg: “entre los pobres de América Latina solo uno de cada cinco termina la secundaria, requisito sin el cual no son aceptados para trabajar en casi ningún lado” (La Jornada, 31/10/2011, p. 24). Destacó que mientras los niveles de pobreza en la región alcanzan en promedio a 30 por ciento de la población, en México llegan a 50 por ciento, uno de los mayores niveles del mundo. Además de indicar que está comprobado científicamente que la base social de apoyo del narcotráfico está en los jóvenes expulsados del sistema, sostuvo que la pelea contra el narcotráfico se debe dar en todas las áreas al mismo tiempo: jurídica, legal, policial, etcétera, pero siempre con miras a profundizar la inclusión social, señalando que cuanto más se democratice México, cuanto más participe la gente, más las políticas van a responder a las verdaderas necesidades.

Una importante consideración del experto: “No son ninis; son los ex-cluidos del sistema, y con la terminología nini estamos ocultando que han sido expulsados y excluidos. Nosotros decimos: ni trabaja ni estudia, pero no, no es que ni trabaje ni estudie, es que no lo dejaron hacer ni una cosa

Cuadro 1. Matrícula por niveles, México 2008-2009

Concepto 2008-2009 %

Total de matrícula estudiantil 33’747 186 - - -

Otros niveles de estudio 6’330 428 - - -

Subtotal de subniveles 27’099 478 100

Primaria 14’815 735 54

Secundaria 6’153 459 22

Bachillerato 3’556 858 13

Licenciatura universitaria 2’387 911 9

Posgrado 185 516 1

Fuente: Datos de la SEP en Estadística Histórica del Sistema Educa-tivo Nacional SEN.mht.

Durante 2008, de una matrícula de un poco más de 27 millones de estudiantes en los tres niveles principales que constituyen el sistema educativo nacional, en la educación primaria hubo 14.8 millones (54 por ciento), y únicamente 6.1 millones se registraron en la educación secundaria.


ni la otra”. También sostiene que “Un chico pobre no tiene padres que lo es-timulen; en muchos casos trabajan. En México hay trabajo infantil a gran escala, y no trabajan porque no terminaron la secundaria. Nadie toma hoy, ni siquiera para puestos de línea en las empresas, a gente que no tenga se-cundaria completa”.

Continuando el análisis de los datos del cuadro 1, en el nivel de bachille-rato se observa una situación semejante, pues solo 3.5 millones de personas están inscritas en ese nivel. Aunque en menor grado, algo semejante sucedió con los estudiantes que se encuentran inscritos en la licenciatura; situación que se agrava aún más en el posgrado, donde alcanzan la bajísima suma de 185 000 estudiantes. Este panorama resulta demasiado preocupante, pues-to que el posgrado se considera la consolidación para los educandos que cualquier país sensiblemente preocupado por su desarrollo siempre aspira a lograr.

En suma, de los 27 millones de estudiantes, solo nueve por ciento cursa la licenciatura, y uno por ciento, posgrado. Se constata pues, que las políti-cas educativas diseñadas por los gobiernos mexicanos muestran serias dificultades para cumplir de manera cuantitativa con una educación de formación continua, acusan grandes desequilibrios entre la población estu-diantil que ingresa desde el nivel básico hasta la terminación de una carre-ra técnica o profesional, y provocan con ello la imposibilidad de avanzar aún más en el desarrollo de la ciencia, la cultura y en general en todos los ámbitos: económicos, políticos y sociales.

La educación en la globalización neoliberal

La educación universitaria se ha considerado estratégica para el desarrollo de las economías del mundo. Lo económico se ha convertido en la piedra angular dentro del proceso global mundial; es allí donde se encamina y se hacen indispensables nuestras universidades para ejercer el diseño de las políticas educativas establecidas.

Ya no es posible que las economías de los países se reproduzcan por sí mismas, hoy más que nunca la economía mundial avanza en un proceso de integración e interdependencia creciente (Mendoza, 1995:105-106). En el caso de México, la integración comercial se inicia prácticamente en los años ochenta con nuestra incorporación al Acuerdo General de Aranceles Adua-neros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y con la apertura comercial


mediante tarifas arancelarias y no arancelarias operada por el presidente Miguel de la Madrid; y posteriormente, en 1994, con la participación de nuestro país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este último se firma en una situación de profunda asimetría, con claras de-sigualdades entre las tres naciones. La inserción demuestra en general una economía sectorial en condiciones productivas mucho menos desarrolladas que las de nuestros vecinos del norte, en especial Estados Unidos. A 17 años de la firma del tratado, México sigue sin lograr consolidar lo que el mercado neoliberal predica: la capacidad para innovar y adecuar nuevos productos a las situaciones locales e internacionales; e impulsar mediante financia-miento a las universidades y sectores interesados en el desarrollo científico e innovación tecnológica. Tampoco se ha puesto atención a la formación profesional de la fuerza de trabajo; por el contrario, abunda una gran can-tidad de trabajo no calificado.

En consecuencia, la transnacionalización de los procesos económicos guarda una estrecha relación con la creciente globalización del conoci-miento, la educación y la cultura. En materia educativa, las desigualdades se hacen presen-tes cotidianamente, por ejemplo, cuando Didriksson (1995:118) se refiere a las meto-dologías de educación comparada, afirma que en nuestro país “no hay centros de inves-tigación especializados, no hay metodologías experimentadas, hay escasez de trabajos realizados y pocos investigadores”. En ese mismo año, se calcula que en México de cada diez mil trabajadores existían cinco investiga-dores, contra 74 en Estados Unidos y 52 en Canadá. Mientras tanto, en otros países del mundo existe una mayor tradición de institu-ciones dedicadas al desarrollo de este tipo de metodologías. El cuadro 2 actualiza lo dicho por Didriksson.

Se observa que mientras Sudcorea y Estados Unidos invierten respec-tivamente 2.5 y 2.7 por ciento de su producto interno bruto en ciencia y tecnología, México solo destina 0.4 por ciento, incluso por debajo de otros países como Brasil. Este comportamiento es semejante al del personal de investigación y la producción anual de doctores, rubro en el que México solo produjo 1 443 doctores, sin considerar la estimación de 40 por ciento

La política educativa deberá privile-giar el fortalecimiento de las uni-versidades públicas, garantizar su autonomía académica y favorecer la investigación científica, el de-sarrollo tecnológico, y la calidad de la enseñanza, como elementos fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra inde-pendencia. (Declaración de Princi-pios, MC, p. 15)


de ellos que tienden a emigrar hacia otros países que ofrecen mayores ex-pectativas de bienestar.

En la actualidad, no solo se observa una competencia entre universida-des públicas y privadas, es notoria también la que se da entre las diferentes universidades públicas al luchar por obtener los cada vez más limitados recursos financieros que el Estado les destina, caracterizados por ser insu-ficientes para cubrir programas y proyectos estratégicos educativos y de investigación. Esto explica en parte que los resultados de la investigación en general estén poco desarrollados en nuestro país. A diferencia de otros países, en el nuestro todavía se cree que la universidad y la iniciativa priva-da actúan por separado y son irreconciliables, situación diferente a la que impera en naciones como Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Dinamarca y Alemania, donde la mitad o más de sus investigado-res trabajan con el sector productivo (Brunner, 2001:23).

Elementos para una reforma educativa

Para comprender la dirección que debería generarse en un desarrollo social-mente incluyente y democrático en el país, no se requiere efectuar una gran búsqueda. Los mexicanos contamos con un valioso documento histórico y

Cuadro 2. Indicadores comparativos de ciencia y tecnología

PaísGIDE1 como % del PIB

Personal en investigación

Producción anual

de doctores

Publicaciones científicas

Producción anual

de patentes

Brasil 1.05 164 000 6 890 5 144 555

España 1.00 126 000 7 539 12 289 1 785

India 0.85 308 000 10 951 9 217 537

China 1.20 1’035 000 16 947 11 675 4 989

Sudcorea 2.50 189 000 6 102 6 675 29 363

Estados Unidos 2.72 1’250 000 44 410 163 000 85 528

México 0.41 31 000 1 443 2 291 117

Fuente: La Jornada, 10/10/2005.1 GIDE: Gasto en investigación y desarrollo experimental.


legal, emanado de los movimientos sociales originados en nuestro país, en el que se establecen los derechos sociales, individuales y de los ciudadanos. Para hacerlos valer, la Constitución le asigna al Estado esta gran responsa-bilidad. Precisamente uno de esos mandatos consiste en que el Estado, con todos los recursos de los que dispone, concrete el camino de la democracia nacional.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su artículo 3º que el criterio que orientará la educación que el Estado im-parta será el democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultu-ral del pueblo”. En el artículo 25 estipula que el Estado “llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. En cuanto a los dere-chos sociales, en los artículos 3º y 4º destaca que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, en donde el Estado asume la tarea de integrar física y espiritualmente a la nación y en ese proceso, buscar cierto equilibrio regional. No obstante estos postulados, este mandato democrático consti-tucional, tal y como lo hemos explicado a lo largo de este ensayo, los mo-delos educativos actuales en el país se han caracterizado por una fuerte dosis de contenidos con estrategias y programas encaminados a crear grandes desigualdades y diversas formas de exclusión social, lo que ha provocado una gran marginación en la mayoría de los jóvenes, con pocas oportunidades de desarrollar plenamente su conocimiento mediante una adecuada educación continua, importante tarea que el Estado ha dejado al margen.

Ante esta realidad, surge la necesidad de apegarse a los mandatos constitucionales con el apoyo de nuevas reformas pertinentes a los reque-rimientos de las mayorías y que mediante una mejor organización social se promuevan acciones que permitan la formación de un Estado fuerte y dife-rente al actual.

Se requiere urgentemente sustituir un modelo educativo de corte neo-liberal-excluyente −que ha demostrado ser frustrante para la gran mayoría de la población mexicana− por otro que adopte nuevas opciones, que per-mita en primer lugar incluir a toda aquella ciudadanía desplazada del siste-ma educativo nacional y que ha manifestado su deseo de iniciar y continuar con un proyecto educativo que le brinde mayores oportunidades laborales y un mejor bienestar económico y social. Para hacer posible este cambio


de rumbo, se necesita la participación social de aquellos sectores conven-cidos de la pertinencia de este cambio, así como de la participación activa de todos los conocedores del proceso educativo nacional para contribuir a diseñar las nuevas propuestas de lo que podría ser este nuevo modelo.

Al respecto, me permito plantear algunas propuestas para reformar el sistema educativo mexicano, las cuales abarcan varios ejes de cambio: político, económico y humano.

Cambio político

1. Que con el propósito de abatir el rezago y abrir mayores expecta-tivas educativas, los núcleos sociales del país revisen y promuevan los cambios constitucionales pertinentes que permitan una mayor cobertura en la educación pública gratuita en los tres niveles edu-cativos. Se propone que la Constitución garantice el derecho a la educación de las personas de todas las edades que lo requieran, pero que las garantías de este derecho consideren el bienestar en los educandos, procurando que con el apoyo del Estado se garan-tice la consolidación de los estudios de cada persona inscrita en el subsistema educativo correspondiente. Actualmente la Consti-tución establece la gratuidad en los dos primeros niveles educa-tivos: la básica y −con la reciente aprobación de una reforma− la media superior, por lo que faltaría la superior. Sin embargo, no obstante su gratuidad, las políticas educativas carecen de un acompañamiento económico y social que permita a los estudiantes permanecer en la escuela hasta culminar sus estudios; muchos de ellos, al no contar con los niveles mínimos de bienestar, terminan por abandonarlos, ante la necesidad de ejercer una actividad de sobrevivencia. Las políticas actuales de acompañamiento que otorga el gobierno a los estudiantes, han demostrado ser ineficien-tes, debido a que se cree que los recursos destinados para auxiliar a los jóvenes en su educación continua, son orientados con inte-reses distintos a los educativos.

2. Que los programas y los modelos curriculares educativos no estén a merced de los intereses partidistas y del gobierno, tal como ha sucedido. Por ejemplo, en la reciente Alianza por la Calidad de la Educación, firmada entre los gobiernos panistas y el sindicato gordillista.


3. Que los nombramientos de los funcionarios responsables de la rectoría de la educación nacional sean hechos por las diversas instancias del tejido social nacional, considerando siempre su re-conocida trayectoria, vocación, experiencia académica y pedagó-gica, y también que hayan mostrado una gran sensibilidad política en la defensa de los derechos humanos. De otra manera, se corre el riesgo de que se siga nombrando a personajes carentes de ese perfil, como ha sido el caso de los tres últimos secretarios de Edu-cación Pública, no reconocidos precisamente por sus grandes contribuciones a la educación nacional, sino por frenar el avance de una educación democrática y una planeación adecuada y equi-tativa de la educación nacional, además de haber demostrado ser fieles servidores de sus propios grupos partidistas.

4. Es necesario, con el apoyo solidario de los diversos sectores socia-les de la nación, promover en las agrupaciones sindicales la elección de auténticos líderes que demuestren sus ideales y prácticas demo-cráticos en la defensa de los trabajadores y promuevan el interés de estos últimos por participar en los programas y proyectos edu-cativos nacionales, mediante una cobertura amplia y democrática de sus representados. En este caso, los profesores son consideran-dos la parte gremial que se encuentra en constante contacto con los problemas educativos, por lo que podrían convertirse en los prin-cipales aportadores de las mejores soluciones en este ámbito. Ac-tualmente, el mayor sindicato de maestros de la educación no solo carece de esta vital participación, también sus líderes impiden, bloquean y manipulan la participación de las fuerzas que lo integran, mermando una de las más grandes voluntades que pueda tener el ser humano, el derecho a la democracia.

5. Hacer cambios importantes en los modelos y efectuar reformas económicas, políticas y sociales de inclusión, requiere el apoyo de otro tipo de gobierno que se dedique, con el soporte de la ciudada-nía, a gobernar a las mayorías sin descuidar a las minorías. Ese gobierno indefectiblemente deberá estar representado por una coalición de izquierda con una filosofía que demuestre el arte de gobernar junto a los distintos sectores sociales de la nación. Con ello se estará dando entrada al cumplimiento y consolidación de una democracia plena.


Cambios económicos y humanos

Ante el papel que juega la educación en México, ¿es necesario enfrentar el desarrollo económico contra el desarrollo humano? La respuesta es, por supuesto, que no, ya que a pesar de los pésimos resultados conocidos en el medio educativo, estaremos de acuerdo en que existe la necesidad de proponer un cambio significativo, hacia un modelo educativo distinto. Ya no es posible seguir amparando a un sistema cuyo enfoque excluye y mar-

gina el potencial de un gran número de jóvenes mexicanos que han sido desapro-vechados, a pesar de mostrar sus deseos por mejorar sus estudios; esto, ante la su-perficial mirada de los gobernantes y por no contar con los recursos suficientes para

adquirir los anhelados conocimientos que podrían ser orientados con inte-ligencia hacia el fomento de su creatividad, la innovación tecnológica, el desarrollo humano y científico, todo en pro del beneficio nacional que tan-ta falta nos hace.

Para lograr este cambio, surge la imperiosa necesidad de no enfrentar más el crecimiento económico con el desarrollo humano, donde la balanza neoliberal ha favorecido al primero apoyándolo con todos los recursos posibles, en desmedro del segundo.

En el terreno de la educación, se ha concentrado la edificación de un gran número de instituciones educativas, además de las ya existentes, con programas y proyectos educativos orientados básicamente hacia el conoci-miento de aquellos conceptos técnicos vinculados con los sectores produc-tivos del país, fomentando con ello la capacitación y el adiestramiento de los estudiantes para servir principalmente a las fábricas de todo tipo.

Con ello se ha creído que las instituciones educativas participarían en la generación de un mayor crecimiento económico; sin embargo, un ejemplo de que esto no ha sido así, son algunos de los indicadores económicos presentados desde hace varias décadas, particularmente desde el inicio del modelo neoliberal: el producto interno bruto ha mostrado un crecimiento insuficiente para hacerle frente a las mínimas necesidades sociales de la mayoría de la población del país, además de que ha aumentado la pobreza y en general los índices de marginación. Un ejemplo de ello es el crecimien-to del PIB registrado durante el sexenio del presidente Vicente Fox, con un promedio de 2.1 por ciento, cuando se requería crecer al menos 7 por ciento;

El PRD está en contra de cualquier forma de privatización de la educa-ción pública en todos sus niveles. (Declaración de Principios PRD, p. 22)


en el actual sexenio, del presidente Felipe Calderón, este problema se agu-dizó, al haber ocurrido decrecimientos de -6 por ciento.

Los procesos de vinculación entre las instituciones de educación supe-rior y el contexto productivo se han convertido en una falacia nacional, puesto que las empresas simulan una vinculación que no se consolida. La mayoría de los egresados de universidades no logran insertarse en el medio laboral al no ser contratados por este tipo de empresas, y cuando algunos pocos logran emplearse, reciben ingresos insuficientes para solventar sus necesidades primarias, a tal grado que por razones económicas, con difi-cultades los jóvenes alcanzan a independizarse de sus padres, si es que alguna vez lo hacen.

¿Entonces cuál es la razón para continuar promoviendo programas educativos orientados a prácticas de un mercado tan limitado? Creo que es inevitable la promoción del conocimiento técnico, pero no en desmedro del conocimiento científico y humano. Es necesario buscar el equilibrio entre ambos, con la constitución de un sistema educativo racional que tome en cuenta la integración de los tres niveles educativos tanto en instituciones públicas como privadas (limitando la construcción de estas últimas). Debe cuidarse el no incurrir en una educación masificada y con demasiadas áreas y carreras repetidas que no hagan más que poner a competir en el mercado laboral a una gran cantidad de egresados, con inversiones onerosas, gran desempleo y la percepción de bajos ingresos.

Junto a esta modalidad técnica, es necesario promover dentro del mo-delo el desarrollo de programas y proyectos educativos identificados con las relaciones humanas, el desarrollo de la tecnología (no técnica) y la cien-cia, ámbito cada vez más abandonado y agrupado en el adiestramiento. De no hacerlo, se continúa corriendo el riesgo de perder mercado con países con los que mantenemos acuerdos comerciales.

Debemos pues fomentar la creatividad y el desarrollo científico en nuestros estudiantes, en todas aquellas áreas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico con sustentabilidad ecológica, social y cultural, y no solamente concentrarse en los beneficios económicos. Por ejemplo, entre otras áreas, puede estimularse el desarrollo de proyectos ecológicos sus-tentables en los medios urbano y rural, el desarrollo de la industria farma-céutica nacional, la búsqueda de nuevas alternativas de energía sustentable y de agua, el desarrollo de áreas productivas como las marítimas y proyec-tos que rehabiliten la producción del campo.


El capital humano, una depreciación evidente

Hablar de capital humano significa haber popularizado un concepto que tiene que ver con la inversión financiera que realiza un sujeto o una nación en la obtención de conocimientos sobre habilidades y destrezas para pro-ducir bienes y servicios; así es como lo han interpretado diversos sectores de la sociedad como empresarios, algunos docentes, directivos, políticos, etcétera. Ellos son los que popularizaron y promovieron el concepto en nuestro país, a tal grado que gran parte de los estudiantes lo comprendían erróneamente como un elemento indispensable para obtener mejores em-pleos e ingresos. El concepto se traduce como una especie de inversión en un ser humano que con sus capacidades adquiridas podrá dedicarse a la fabricación de mercancías y al otorgamiento de servicios destinados al mer-cado. Los promotores de este concepto han señalado en reiteradas ocasiones que para que una persona o un país acumule riquezas y obtenga altos nive-les de competitividad, requiere una gran inversión en capital humano, y solo así podrán profesionalizarse los distintos sectores económicos y garantizar un crecimiento aceptable para cualquier país.

En México, en general, la promoción de este concepto neoliberal y de mercado ha dado muestras de haber fracasado. Así lo evidencian varios de sus indicadores, por ejemplo:

a) En el nivel de las instituciones de educación superior, los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón le han apostado a la educación técnica o de mercado, destinando grandes cantidades de inversión financiera a la construcción y desarrollo de proyectos educativos como las llamadas universidades tecnológicas, las cuales han sido destinadas principalmente al ser-vicio de la industria y de otros sectores productivos. A pesar de la inversión, este servicio no se ha logrado consolidar por no existir una vinculación acertada entre ambas instancias: la fábrica y la escuela. En el caso de la primera no ha mostrado capacidad para generar los suficientes empleos que demandan los estudiantes egre-sados, y a los pocos que contrata, les ofrece sueldos y salarios in-suficientes para su sostén decoroso y el de su familia. Por el lado de la escuela, la situación no ha sido mejor, puesto que muchos de los estudiantes la han elegido como una de las últimas opciones en su plan de vida, debido a que fueron rechazados en otras universidades


en las cuales hubieran querido desarrollar sus estudios. Otro fenó-meno que se observa en este tipo de institución, es la subutilización de sus instalaciones. Sobre todo en los primeros años de su funcio-namiento se han inscrito pocos estudiantes, por lo cual, la infraes-tructura instalada no ha sido totalmente aprovechada, lo que deja sin cumplir las expectativas creadas, no obstante las altas inversio-nes realizadas en su construcción y puesta en operación. Es decir, ha habido una depreciación o desperdicio de la inversión en capital humano efectuada en instituciones públicas de educación superior, con recursos públicos al servicio del sector privado, sin que este último haya aprovechado esta gran ventaja de mercado.

b) Esta depreciación del capital humano en el país se expresa a partir de que las inversiones realizadas en la capacitación y entrenamien-to de los particulares, no les han redituado el beneficio de la capi-talización que esperaban. En efecto, esta inversión es muchas veces superior a lo que perciben una vez que son contratados por alguna empresa con sueldos muy por debajo de lo que calculaban obtener; eso, siempre que tengan la suerte de ser alguna vez contratados.

Otros indicadores de esta depreciación son las bajas matrículas de estudiantes con relación a la capacidad instalada; las desercio-nes escolares; la insatisfacción estudiantil respecto a los contenidos curriculares; o el incumplimiento de los objetivos de vinculación entre la preparación técnica y laboral que las empresas requieren y la que las escuelas ofrecen; e incluso la eventual insatisfacción entre la escuela, los estudiantes y su familia.

c) En este tipo de instituciones educativas se advierten grandes con-tradicciones entre la pretensión declarada de los gobiernos ante-riormente señalados, consistente en impulsar la productividad, el desarrollo tecnológico y el crecimiento nacional, y una práctica de competencias deficiente e ineficiente. En estas circunstancias los resultados demuestran que se equivocaron, que no es el modelo ideal. Al parecer ha habido una pérdida de tiempo y una errática política de planeación, puesto que después de tantas décadas ni siquiera se ha logrado consumar la consolidación de una estrategia competitiva. Es evidente que, aunque algunos funcionarios per-sisten en decir lo contrario, el desatino de haber destinado recur-sos públicos al impulso de este tipo de instituciones educativas, lo más que ha logrado es preparar jóvenes para ser contratados en


la industria de la maquila, sin que, aun así, todos los egresados logren un empleo. Con los conocimientos técnicos adquiridos, de acuerdo con las expectativas neoliberales y comerciales de los gobernantes nacionales, difícilmente se podrá hacer frente al comercio de nuestros principales socios del norte, tarea imposible de cumplir con la actual estrategia gubernamental, y mucho menos si se convierte permanen-temente a gran cantidad de jóvenes en personas poco pensantes en las áreas humanísticas y dedicadas preferentemente al trabajo “ma-quilador”. Es necesario rebasar esta etapa infructuosa.

d) De allí la necesidad de hacer un cambio de rumbo y de modelo edu-cativo con un modelo sustentado en un desarrollo humano y nunca más en uno orientado al capital humano ya deteriorado que, como señalamos, no ha funcionado. En lugar de competencias es nece-

sario hablar de convivencias, donde las políticas educativas unan a la sociedad bajo un objetivo común y ya no sean orientadas a la exclusión y división, como ha sucedido con nuestros estudiantes.e) Se requiere una educación que nulifique y deje de promover el individualismo. Ac-tualmente se precisa una educación inclu-yente, donde todos los jóvenes mexicanos disfruten de ese derecho. Es necesaria una reorientación de políticas educativas que

financien una educación pública de calidad para satisfacer la de-manda estudiantil, pero con una orientación humana y científica que promueva la creatividad, la innovación y el conocimiento hacia un desarrollo tecnológico acorde con los requerimientos nacionales y promotor el empleo y el bienestar social.

Recomendaciones finales

1. Crear, con el apoyo de todos los sectores sociales del país, un sis-tema educativo único basado en un proyecto nacional de planeación integral, que abarque todos los niveles educativos.

2. Apegar a los mandatos constitucionales la dirección del modelo educativo con el apoyo de reformas pertinentes y coherentes con

Debe incorporarse también el de-recho a la educación universal, en-tendiendo por este, el derecho que tiene todo ciudadano a estudiar y concluir sus estudios sin pretexto de que no hay espacios en las es-cuelas públicas o que por razones económicas tenga que abandonar los mismos. (Plataforma PT, p. 22)


los requerimientos de las mayorías, y mediante una mejor organi-zación social promover acciones que permitan la formación de un Estado fuerte y diferente al actual.

3. Cambiar de manera urgente el actual modelo educativo de corte neoliberal-excluyente, que ha demostrado ser frustrante para la gran mayoría de la población mexicana. Que el nuevo modelo adop-te otras opciones que permitan en primer lugar incluir a todas las personas desplazadas del sistema educativo nacional y que han manifestado su deseo de iniciar o continuar un proyecto educativo que les brinde mayores oportunidades laborales y un mejor bien-estar económico y social. Para hacer posible este cambio de rumbo, se precisa de la participación social de los sectores convencidos de la necesidad de este cambio, así como de la participación acti-va de todos los conocedores del proceso educativo nacional para contribuir a diseñar las nuevas propuestas de lo que podría ser este nuevo modelo.

4. Instituir la obligatoriedad y gratuidad de todos los niveles educa-tivos para el acceso directo de los estudiantes a la educación públi-ca desde preescolar hasta los niveles de licenciatura y posgrado, y no solamente hasta el nivel medio superior. Junto a esta reforma se propone el diseño y ejecución de políticas educativas congruentes que garanticen los recursos necesarios para que el estudiante conso-lide una educación universal de calidad continua y permanente.

5. Imprimir en el nuevo modelo educativo una visión humanista para que los estudiantes se preparen de manera adecuada, no solo a fin de ocupar un puesto decoroso para fomentar la productividad en las empresas del sector productivo nacional, sino también para adquirir conocimientos rumbo a la producción de bienes de capital con altos niveles de innovación tecnológica que hagan posible la producción de bienes y servicios orientados a la conservación del empleo y un mejor nivel de vida humana.

6. Cambiar de rumbo el modelo educativo con una visión que no se concentre solo en la preparación técnica de los estudiantes, para que ellos cumplan con la función de “mecánicos”; se requiere un modelo distinto con conocimientos integrales y en equilibrio, donde la vinculación de las instituciones educativas se dirija al fortalecimiento económico, productivo y social de los sectores productivos. Es decir, es necesaria la promoción del conocimiento


técnico, pero no en desmedro del conocimiento científico y huma-no; en necesario buscar el equilibrio.

7. Promover dentro del modelo educativo, el desarrollo de programas y proyectos, identificados con las relaciones humanas, el desarrollo de la tecnología (no técnica) y la ciencia, ámbito cada vez más abandonado y agrupado en el adiestramiento. Es necesario hablar de convivencias, para que las políticas educativas unan a la sociedad en un objetivo común, sin exclusión ni división, tal como ha suce-dido con nuestros estudiantes.

8. Sustituir el concepto de capital humano, que concentra su atención en fomentar las competencias de mercado y deja en segundo término la formación de estudiantes, por el concepto de desarrollo humano.

9. Seguir insistiendo en aumentar el financiamiento en más de 8 por ciento del PIB para educación, cultura, ciencia y tecnología.

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Educación ambiental

Rosario Tovar Alcázar

La educación, entendida como el proceso en el que una persona es in-fluenciada para desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos

y conductas y así lograr un proceso de socialización para enfrentarse posi-tivamente a un medio social e integrarse al mismo, logrando el máximo desarrollo de su personalidad, resulta esencial para el desarrollo de cual-quier ser humano, cultura, país o región. Sin conocimiento, la gente es in-capaz de razonar y por lo tanto el progreso no es posible.

El nivel educativo de la población está estrechamente ligado a los al-cances tecnológicos y científicos de un país, lo que se refleja en su potencial económico y en la apertura de pensamiento de sus habitantes. Por tal moti-vo, mundialmente se apela a que las autoridades abatan el índice de analfa-betismo imperante en ciertas comunidades, ya que la vulnerabilidad de una población ignorante se equipara a la de una que vive en pobreza extrema.

En algunos países, la educación ha tenido mayor importancia al paso del tiempo, lo cual se advierte en el gasto público cuando los gobiernos asignan a este rubro un porcentaje superior del producto interno bruto (PIB). Algunos indicadores económicos reflejan que la crisis global de los dos úl-timos años afectó considerablemente a los jóvenes con bajo nivel acadé-mico en todo el planeta, por el incremento del desempleo, mientras que los jóvenes con un nivel de licenciatura encontraron empleo con mayor facilidad (OCDE, 2010).

Uno de los aspectos que el modelo neoliberal ha transgredido de forma contundente es precisamente el relacionado con el derecho a tener una educación integral y un ambiente saludable. En México muchas personas desconocen información vital que les permita tener un nivel de compren-sión de la realidad que viven y sobre todo que las faculte para actuar en la búsqueda de un beneficio no solo individual sino también colectivo.


Las políticas neoliberales han tenido una repercusión directa en la ca-lidad de la educación que actualmente se imparte en todos los niveles de enseñanza. Se dice que la educación es una de las principales armas para combatir la pobreza y para detener el deterioro ambiental que aqueja al pla-neta; sin embargo, esta posibilidad ha sido poco considerada, aun cuando en propuestas internacionales se ha planteado que las economías emergen-tes tienen su potencial en la preparación de la población y en la explotación del intelecto infantil y/o juvenil. México dedica solo 5.7 por ciento de sus ingresos nacionales a sistemas educativos, es decir; más que Brasil (5.2 por ciento) pero menos que Chile (6.4 por ciento).

Dado que el presupuesto público es relativamente reducido, la edu-cación en México tiene la mayor tasa de inversión en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 21.7 por ciento del gasto público total, en comparación con un promedio de 13.3 por ciento en la OCDE. Sin embargo, el gasto anual por alumno permanece muy bajo, en México alcanza tan solo los 2 111 dólares esta-dounidenses (USD) por alumno de educación primaria, comparado con un promedio de 6 741 USD en la OCDE, y 2 236 USD por alumno de educación secundaria, contra un promedio de 8 267 USD en la OCDE. En comparación, los alumnos de educación superior obtienen mejores recursos con 6 971 USD por estudiante, pero el promedio de la OCDE es de casi el doble: 12 907 dólares.

Así que con un presupuesto limitado por alumno, México toma decisio-nes de gasto educativo relativamente deficientes, dando prioridad al sueldo de los docentes más que a la atención de aulas con pocos alumnos, situación que reduce la posibilidad de invertir en otras necesidades propias de la educación. Desafortunadamente, en México se arrastran problemas educa-tivos desde hace varias décadas y el estado de la educación es penoso.

Lo peor de esto es que si la educación es la base del desarrollo de los países, resulta prácticamente imposible que México alcance prosperidad a corto plazo. El fracaso del sistema educativo y la insuficiente inversión del Estado en investigación científica y desarrollo tecnológico, son aspec-tos que no han sido favorables para que el país tenga acceso a la economía del conocimiento, a la cultura de la innovación y al desarrollo en general (OCDE, 2010).

Por otro lado, se piensa que la educación en México ha sido el detonador del desarrollo social, cultural, económico y productivo, pero de igual forma se cree que la educación que se imparte en las escuelas es la responsable

77Educación ambiental

de que los mexicanos sean malos ciudadanos, que los egresados de las universidades no encuentren trabajo con facilidad o no sean capaces de desarrollarse profesionalmente. La realidad es que, si bien las escuelas tienen cierta responsabilidad, también la familia la tiene, sencillamente porque es el núcleo de la sociedad. Además, se puede decir que no es solo responsabilidad de la escuela y los familiares, sino que la comunidad ente-ra tiene injerencia en esta tarea.

En la actualidad, la educación en México es ineficaz e insuficiente, por-que los conocimientos que se imparten en las escuelas públicas no brindan a los alumnos las herramientas necesarias para que se realicen como per-sonas y profesionistas; en pocas palabras, no los faculta para ser personas con criterio, hábiles, proactivas, perseverantes, emprendedoras, responsa-bles, que se preocupen por su entorno y aprovechen al máximo los recursos de que disponen pero sin provocar graves daños a la comunidad.

Es esencial considerar que la educación es lo más importante que se tiene como derecho ciudadano, que gracias a la Constitución esta debe ser laica y gratuita, sin importar el origen, género, nivel social o económico; asimismo, que tiene como objetivo el consolidarse como el eje central para alcanzar la excelencia y el desarrollo integral del individuo, mediante un servicio eficiente y de calidad que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los estudiantes, los profesores, los padres de familia y la sociedad en general.

En México, la educación empieza en casa, posteriormente o de forma simultánea en el nivel preescolar es en donde el individuo aprende a convi-vir, a desarrollar habilidades de comunicación y actitudes de respeto hacia los compañeros y adultos.

La primaria es uno de los niveles más importantes, ya que proporciona los conocimientos básicos, desde aprender a leer, escribir, sumar y restar, etcétera; también se desarrollan las aptitudes o habilidades motrices y numéricas, y se aprende a convivir de forma respetuosa.

La secundaria ayuda a interpretar, explicar, entender y resolver los problemas o situaciones de cualquier índole que se presenten en la vida cotidiana, permitiendo el desarrollo de los individuos en sociedad.

La preparatoria, como su nombre lo indica, es una preparación para el estudio de una carrera profesional, y otorga a los alumnos la posibilidad de ir creando conciencia de la conducta y cultura del entorno. El aprendizaje no solo proviene de la información teórica sino también de las experiencias que se viven dentro y fuera de los planteles.


La universidad brinda al joven los conocimientos necesarios para que desempeñe una función o trabajo determinado en beneficio propio y común.

En este esquema tradicional, se piensa que el aprendizaje está com-pleto cuando el estudiante es capaz de aplicar el conocimiento adquirido, cuando gracias a lo aprendido se produce una modificación en su conducta habitual, pero sobre todo cuando le sirve para enfrentar situaciones de la vida diaria en cualquier ambiente en que se desarrolle, ya sea familiar o laboral.

La educación es un hecho que se produce inevitablemente, como expresión de la voluntad de subsistir de todo grupo social, que mediante la transmi-sión de las experiencias hace partícipe a las generaciones jóvenes, presen-tes y futuras de sus ideales, aspiraciones y formas de interpretar el mundo y comprender la vida.

El conocimiento consiste en el acto por el que el sujeto aprehende, capta o representa un objeto (Arcà, Guidoni y Mazzoli, 1990).

Por todo lo anteriormente expuesto, se determina que existe la inmi-nente necesidad de educar a la población en aspectos de mayor trascen-

dencia en su vida diaria, es decir, en temáticas que lleven implícita la atención o solución a problemáticas de tipo socioeconómico y am-biental. Se debe despertar en las personas una conciencia colectiva que les permita adquirir un compromiso individual como ciudadanos, condiciones que tienen su más amplio funda-mento en el hecho de que son las personas las únicas responsables del deterioro que

prevalece en la sociedad y en el ambiente, y por lo tanto son ellas las únicas que pueden hacer algo para remediar esta situación que se ha tornado cada vez peor.

De manera complementaria, es preciso que la población aprenda a lu-char por tener mejores condiciones de vida sin que ello implique una fuer-te inversión de dinero o una grave alteración del entorno, cuestión por la cual debe estar debidamente informada o capacitada.

El objetivo: promover políticas y programas de manejo de los recur-sos naturales (suelo, agua y biodi-versidad) que hagan compatible su conservación y su aprovecha-miento sustentable… (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 27)


Educación para la sustentabilidad

Uno de los principales objetivos de la educación orientada a la sustentabilidad1 es el de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, no solo de las generaciones actuales sino de aquellas que vendrán, mediante el fomento del respeto hacia los demás y hacia el entorno que se comparte.

La educación para la sustentabilidad ayuda a comprender la relación intrínseca entre todos los aspectos que conforman el desarrollo sustentable y permite que la población adquiera nuevas y mejores actitudes hacia el am-biente circundante, tanto en el rubro ecológico, como en el económico y social.

En consecuencia, la educación para la sustentabilidad debe tener diver-sas formas en diferentes partes del mundo, y en el caso particular de México se debe desarrollar una propuesta adecuada a los requerimientos y costum-bres de la propia población.

El movimiento mundial por la educación para el desarrollo sustentable es muy evidente en estos días. Se trata de una propuesta educativa que pretende fomentar los procesos necesarios para el cambio sociocultural que propicie un futuro sustentable. Esta iniciativa surge en el ámbito glo-bal y se fundamenta en los planteamientos que han sido promovidos en conferencias y foros internacionales en los que han participado la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otros. “El compromiso fundamental de la educación ante el desarrollo sustentable es el de impulsar un nuevo proyecto de civilización fundamentado en un nuevo estilo de desarrollo y de pensamiento social-mente deseable, culturalmente rico, económicamente viable y ecológi-camente sostenible” (UNESCO, 2010).

Cabe aclarar que el empleo del término sustentabilidad en este texto, obedece a la necesidad de propiciar el entendimiento del término real

1 En 1987, la Comisión de Medio Ambiente de la ONU emitió un documento titulado Nuestro futuro común, también conocido con el nombre de Informe Brundtland, por el apellido de la doctora que encabezó la investigación. En este estudio se advertía que la humanidad debía cambiar sus modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. En este texto, el desarrollo sustentable se definió como “Aquel que satisface las necesidades actuales, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.


sostenibilidad, el cual, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), corresponde a la cualidad de un proceso de poder mantenerse por sí mismo. En diversas regiones, incluyendo a México, el término sustaina-bility se ha castellanizado como sustentabilidad. Hoy en día su uso se ha generalizado entre la población e incluso en la mayoría de los libros, este es el término que se utiliza, y con la intención de no crear confusión alguna, se optó por emplearlo también en este texto.

Integración de la educación y la gestión

La educación, además de ser impartida, requiere ser aplicada, es decir, de nada sirve que en las escuelas se promuevan mecanismos alternos para el aprovechamiento del conocimiento, el empleo de tecnológicas, el desarrollo de proyectos innovadores o el cuidado del ambiente, si no se incita o moti-va a que tanto los niños como los jóvenes y adultos tomen la iniciativa de aplicar lo que se les enseña en las aulas o en diversos foros.

De igual forma es importante que las autoridades, así como los empre-sarios y demás involucrados en la toma de decisiones o facultados para generar cambios en las esferas social, política y económica, tomen cartas en el asunto y hagan todo lo posible por materializar las ideas o inquietudes que puedan aportar algún beneficio o contribuir al saneamiento y preser-vación del ambiente.

Retomando la situación ecológica, ¿cómo pretender que las personas actúen racionalmente ante la crisis ambiental y cuiden el entorno, y cómo esperar que sean participativas y sigan las iniciativas ecológicas implemen-tadas por el gobierno, si en principio no comprenden qué es lo que sucede, cuáles son las implicaciones de la vida en el planeta, el impacto de las ac-ciones individuales en el espacio colectivo ni, lo más importante, en qué beneficia que se tomen medidas para proteger los ecosistemas naturales y también los urbanos?

Por tal indiferencia, es útil brindar a la ciudadanía información fundamen-tada científicamente y traducida al lenguaje coloquial, para que, de igual forma a la que aprenden los niños, la población adulta sin noción alguna en la mate-ria, conozca y comprenda por lo menos los conceptos mínimos que permitan a los responsables de implementar las estrategias que mejoren la calidad de vida, poder llegar hasta ellos de una forma más sencilla y directa, difundiendo y aplicando conceptos básicos de sustentabilidad y cuidado del ambiente.


El objetivo que debe perseguir el diseño y la aplicación de los programas de educación para la sustentabilidad es el de fomentar la participación ciudadana en la planificación y gestión del desarrollo sustentable. Esta idea se basa en el derecho de la ciudadanía a la consulta, a la iniciativa y a la transparencia en la gestión de lo público, y es una condición necesaria para que esas acciones sean eficaces y oportunas, por lo que la práctica educativa debe relacio-narse con los problemas y el uso de los recursos en cada localidad o sim-plemente vincularse con el desarrollo local y regional.

Obviamente, tendrán éxito solo las estrategias y los planes que alcancen consenso en la población, lo que dependerá en gran medida de su co-nocimiento de las propuestas, de la valoración que haga de ellas y de su implicación en las mismas. Las decisiones que se adopten estarán condicio-nadas a los valores de cada comunidad, por eso es recomendable que las soluciones tengan como fundamento criterios responsables, que sean el reflejo de los intereses de las futuras generaciones.

Así, los instrumentos sociales, entre los que se incluye la educación, deben estar al servicio de un enfoque de la gestión orientado hacia la sus-tentabilidad. De esta forma, la educación y la gestión son variables depen-dientes la una de la otra, ya que la educación es un potente instrumento al servicio de una correcta gestión. La mejor forma de cambiar la mentalidad de las personas es realizar una gestión adecuada, ya que esta promueve hábitos y acciones que generan la cultura. Por ello, los programas de edu-cación también deberán tener en cuenta la gestión que se realiza, ya que los proyectos de gestión retoman y adecúan los aspectos educativos, propi-ciando de esta forma una integración o influencia mutua.

Experiencias sobre educación y acciones para la sustentabilidad

Costa Rica

Con el afán de reforzar la información en materia de enseñanza y sustenta-bilidad, se puede destacar que en los últimos años, el Estado costarricense ha impulsado la educación ambiental en ese país. Este rubro se considera de interés público y obligatorio, tanto para escuelas públicas como para

Una condición indispensable para un desarrollo sustentable, es una política ambiental coherente y sis-temática (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 26)


instituciones privadas. Desde junio de 1991, esta iniciativa se ha fortalecido y promovido tanto en la Ley Orgánica del Ambiente, como en la Ley de Biodiversidad.

Los programas actuales de educación primaria y secundaria en Costa Rica e incluso los programas de algunas carreras universitarias, contienen ejes temáticos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

El Ministerio de Educación Pública realiza esfuerzos de coordinación con la Comisión Nacional de Educación Ambiental y demás dependencias gubernamentales para llevar a cabo la tarea de educar, partiendo de la con-cepción de que el ser humano no valora… lo que no conoce.

La frase “Conservaremos solo aquello que amemos, amaremos solo aquello que entendamos y entenderemos solo lo que se nos enseñe” (DIOUM, 2003) describe perfectamente el rol que desempeña la educación para el cuidado y la conservación de la biodiversidad, no solo en Costa Rica sino en el mundo entero.

Igualmente, resulta necesario considerar que las acciones en pro de una mejor relación con la naturaleza no pueden esperar a que las nuevas gene-raciones sean las precursoras de una nueva actitud. Es decir, desde hoy se debe asumir la responsabilidad individual del respeto al ambiente, sin im-portar la edad, las condiciones o los recursos disponibles. Cada persona tiene un compromiso específico, que ineludiblemente debe cumplir, si pre-tende continuar habitando el planeta Tierra.

Brasil

Un claro ejemplo de sustentabilidad es la ciudad de Curitiba, la cual es considerada un modelo a seguir dada la fusión de esfuerzos entre la alcaldía y la sociedad participativa, ya que sin duda la sustentabilidad demanda la necesidad de vincular tres aspectos importantes: el ambiente, la sociedad y la economía.

En la actualidad, cada uno de sus más de tres millones de habitantes posee no menos de 52 metros cuadrados de área verde. Además, tienen el mejor, más eficiente y más económico sistema de transporte público de Brasil.

De igual forma, Curitiba está catalogada como una ciudad latinoameri-cana atractiva para las inversiones, eso sin contar que es una de las ciuda-des con mayor limpieza y seguridad, el índice de analfabetismo es mínimo y la calidad en su educación es la mejor. Esta situación se logró a partir del


entendimiento de que para conseguir una calidad de vida satisfactoria en conjunto con las áreas verdes de que disponían, era necesaria una buena educación ambiental.

Por esta razón inauguraron la primera universidad del ambiente del país: la Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), donde se desarrollan proyectos de economía sustentable y formación puramente ambiental. Se dice que esta universidad constituye un espacio de producción de conoci-miento, dado que se encuentra inmersa en un bosque de aproximadamente 37 000 metros cuadrados, por lo que los investigadores y estudiantes pue-den encontrar opciones de crecimiento y desarrollo sustentables que resul-ten adecuadas para la ciudad, desde ese mismo sitio.

Se imparten un gran número de cursos, pero lo más extraordinario de esta escuela es la majestuosidad y belleza que rodea a las aulas: el acceso por un camino selvático, el lago, la flora y la fauna, así como el sistema construc-tivo de las aulas, que invitan al estudio de algo más que la sustentabilidad.

Alemania

Hannover es una de las ciudades alemanas más pobladas, con un total de 515 729 habitantes. Pese a que presenta un gran crecimiento tanto pobla-cional como de su economía, es considerada una de las ciudades más verdes e interesadas en el cuidado del ambiente.

Hannover se ha caracterizado por buscar la gestión sustentable de los residuos, un tema que ha llegado a las aulas, con la intención de disminuir su excesiva producción y al mismo tiempo los efectos negativos en el am-biente, condición que les ha permitido a los alumnos conocer y estar al pendiente de lo que sucede en sus comunidades.

El parlamento alemán argumenta el hecho de involucrar a los ciudada-nos en estas visitas y sesiones informativas, con la idea de que así como todos producen, todos deben saber lo que sucede después, es decir, la disposición final de los residuos, el tratamiento que reciben y las repercu-siones en el ambiente en caso de que estas actividades no se realicen de forma adecuada. El principal objetivo es concientizar a los ciudadanos y promover un compromiso para la búsqueda y propuesta de soluciones a problemas de índole ambiental.

Por otro lado, en la ciudad de Friburgo la normatividad ecológica ha sido esencial, ya que existe un plan de energía que se caracteriza básica-mente por la orientación y distancia que debe haber entre los edificios y los


requisitos que estos deben cumplir para tener un bajo consumo de energía. Asimismo, se promueve el uso de las energías renovables como la energía solar.

En la cuestión hidráulica, se propicia la acumulación del agua en el nivel superficial y su reciclaje mediante purificación biológica. En relación con el suelo, se pretende minimizar la pavimentación impermeable del mismo y eliminar el suelo contaminado. De igual forma, se busca el desarrollo de áreas específicas para el depósito de desechos.

Se promueve la preservación de la vegetación y protección de las áreas naturales, proponiendo la integración de los jardines a los bloques de vi-vienda. La ubicación estratégica de las áreas recreativas para cuidar las reservas naturales circundantes, también resulta ser una práctica común.

Tal como se plantean estos casos, existen algunas referencias de acciones similares en otros países con igual o mayor conciencia ambiental. En estos, la conciencia ciudadana es de suma importancia, ya que se considera que aunque se cuente con un amplio marco legal regulatorio, sin la participación de los habitantes y su aprobación de las medidas implementadas para be-neficio de ellos mismos, cualquier acción del gobierno sería un esfuerzo aislado y sin mayor resultado.

De lo que se trata es que la sociedad no se limite a ser observadora de los programas sustentables. La ciudadanía no debe ser pasiva sino activa en la consecución de los logros que se pretendan alcanzar o se alcancen mediante la implementación de programas. La situación óptima sería que aparte de esta participación, el individuo adquiriera un compromiso para contribuir en la creación de propuestas viables.

Con las experiencias descritas, sin duda lo más conveniente será bus-car la creación o consolidación de algún organismo regulador de políticas sustentables que pueda tomar como referencia lo ya planteado a lo largo de este documento para generar un instrumento de difusión de conocimien-tos y beneficios económicos referentes a la sustentabilidad en México, estableciendo así una dinámica de enseñanza útil y un ahorro económico que permita formar y/o convencer a profesores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre las múltiples posibilidades de este tipo de prácticas.

La alternativa que se plantea es precisamente la de abordar las consi-deraciones previamente enunciadas como parte de un programa educativo integral que permita que los ciudadanos estén informados y formados para


poder hacer frente a las implicaciones de carácter social y ambiental que prevalecen en el país. Además, resultaría viable que la mentalidad guber-namental y empresarial migre hacia un patrón de colaboración y respon-sabilidad compartida para la creación e impulso de nuevas y mejores propuestas que promuevan la cooperación de todos los sectores en lo concerniente a la educación y a la defensa de los demás dere-chos como el de vivir en un ambiente libre de contaminación.

Tal como se ha establecido en algunos foros de índole sustentable, la humanidad se encuentra en el umbral de mayor oportunidad en la historia para elevar significativamente su calidad de vida en el planeta y debe comprometerse a la acción.

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Ciudadanía y disidencia sexual en México

Héctor Miguel Salinas Hernández

Introducción

El presente trabajo se propone reflexionar respecto a la vida ciudadana de los sectores que conforman la disidencia sexual en México, con la

finalidad de proponer líneas generales para el diseño e instrumentación de políticas públicas y programas para su atención. Para ello, se explora las nociones de ciudadanía sexual, espacio público y gobernanza. Asimismo, se plantea un somero análisis de la vida cotidiana de los sectores de la disiden-cia sexual en relación con el espacio público y el ejercicio de derechos de-mocráticos, para terminar con una serie de reflexiones sobre posibles políticas de atención hacia el sector.

Antecedentes

Asegurar hoy día que los asuntos relacionados con la sexualidad humana tienen un carácter político y por ende sujeto a la discusión pública es mo-neda común en un sector por fortuna cada vez más amplio de académicos, actores y pensadores sociales.

Sin embargo, no siempre ha sido así. En otro trabajo (Salinas Hernández, 2008) me he encargado de hacer un repaso histórico sobre la forma en que la humanidad, a lo largo de sus distintas épocas, ha visto a la sexualidad, especialmente a la homosexualidad. Aunque tal revisión escapa a este tra-bajo, debo recuperar de aquella exploración que no siempre las formas no heterosexuales de la sexualidad fueron condenadas o marginadas y que, además, las categorías deseo, amor y reproducción no siempre estuvieron con-tenidas en la institución matrimonial como ahora se le conoce, amalgamadas


con la noción de fidelidad. Fue hasta la aparición de la teoría política de la Iglesia Católica, en la edad media, cuando se sentaron las bases de la forma de pensar la sexualidad humana preponderante hasta nuestros días. De lo anterior queda claro que la sexualidad humana es una construcción social (cultural) y no una determinación natural.

Debido precisamente a la influencia del catolicismo y del pensamiento clerical, para los cuales el sexo nació con el pecado original producto de la primera gran desobediencia al mandato divino, en las sociedades occiden-tales lo sexual ha sido “un conjunto de temas que un cristiano decente debe guardar en lo posible fuera de su vida real, de su conversación y de sus pensamientos” (Floris, 2001:15).

Como parte de este proceso de negación y ocultación de la sexualidad, las sociedades occidentales confiaron su reglamentación a un grupo de “iluminados”, capaces de establecer la diferencia entre lo permitido y lo francamente prohibido, siempre en aras de su particular interpretación de la realidad. De tal suerte, se llegó “al ilógico resultado de que la humanidad occidental, desde hace demasiado tiempo, ha confiado la elaboración de su ética sexual a una casta que (si realmente es sincera) no conoce la vida sexual desde adentro, y que es a menudo sexualmente frustrada” (Floris, 2001:12).

Así, la prohibición del sexo no regulado es parte de una limitación a las libertades individuales utilizada como tecnología de poder que impide el uso personal del propio cuerpo no solo en aspectos referentes a la sexua-

lidad, sino en otros aspectos en que el ser humano, de acuerdo con las normas eclesiás-ticas, tampoco tiene derecho a decidir. A este respecto es ejemplificadora la postura que mantiene la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a temas como la masturbación y el

autoerotismo, el aborto y la eutanasia, el suicidio y otros temas; en todos los casos se trata de negar a las personas la posibilidad de decidir, de ejer-cer la libertad de pensamiento y tomar disposiciones sobre su cuerpo acordes con sus particulares condiciones sociales, morales, económicas o aun políticas.

Esta imposición autoritaria se estableció a través de una serie de me-canismos de control que le dieron al Estado la capacidad de gobernar a ciudadanos incorporados a la moral pública, obedientes de las normas del Estado, pero incapaces de cuestionarlas. En este orden de ideas,

El Estado proveerá lo necesario para la existencia y libre expre-sión de la diversidad. (Programa PRD, p. 21)

89Ciudadanía y disidencia sexual en México

…mediante varias tecnologías de poder, desde la escuela hasta la prisión, pa-

sando por el ejército y la ley, el nuevo ciudadano ocupó su lugar como parte de

un organismo social corporativo, definido por el Estado, gobernado no tanto

por la fuerza como por el autocontrol logrado mediante la internalización de los

discursos y las rutinas disciplinarias (Wiegman, 2002:178).

De tal manera, la heteronormatividad se produjo en casi cada aspecto de las formas y los procedimientos de la vida social: nacionalidad, Estado y ley; comercio; medicina y educación; convenciones y afectos de la narra-tividad; el romance y otros aspectos protegidos de la cultura (Berlant y Warner, 2002:238), lo cual generó “‘una dolorosa sensación de recontextua-lización’, pues los sujetos se dan cuenta porqué los discursos sociales y económicos, las instituciones y prácticas que no parecen ser especialmen-te sexuales o familiares, favorecen la producción de una norma o ideal so-ciales que redundan en un contexto vital extremadamente limitado” (Berlant y Warner, 2002:239).

Bajo la premisa de que lo que no se menciona no existe, la ocultación de la sexualidad en la esfera de lo privado (y aun de lo más íntimo) favoreció la imposición de normas heterosexistas establecidas en forma de binomios (al estilo del bien y del mal representado por Dios y por el Diablo) tales como hombre-mujer, masculino-femenino, heterosexual-homosexual, normal-anormal, natural-antinatural, los cuales permitieron durante siglos mantener la sexualidad bajo control.

Espacio público y ciudadanía

El arribo de la sexualidad como corpus discursivo al espacio de lo público, encuentra sin duda su origen en la organización de sectores sociales no tradicionales en los años sesenta del siglo XX, y la subsecuente manifestación de movimientos sociales de nuevo tipo basados en el sujeto: negros, chica-nos, hippies, y desde luego feministas y homosexuales, quienes impulsaron una nueva forma de organización social, la construcción de nuevas relacio-nes intersocietales y de la sociedad con el gobierno, a partir de la noción de identidad, entendida como “el conjunto de repertorios culturales interio-rizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello


dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado” (Giménez, 2002:38).

Dos fenómenos marcaron la incorporación de los asuntos de la disiden-cia sexual al espacio de lo público. En un primer momento, la movilización de los grupos que se organizaron a favor de sus derechos a partir de sus identidades sexuales y genéricas, en la década de los años setenta; y poste-riormente, los cambios impuestos en los modelos económicos y los sistemas políticos que contrajo la globalización, durante los años ochenta, a partir de los cuales, la definición y el hábitat del espacio público comenzó a cambiar.

En la actualidad, el término público contiene una multivalencia de sig-nificados que lo han vuelto muy complejo en su utilidad práctica o acadé-mica para definir asuntos contemporáneos como el de administración pública, políticas públicas, problemas públicos, entre otros.

En diversos estudios sobre el espacio público (Rabotnikof, 1997:17-20), se encuentran tres acepciones o criterios heterogéneos principales, los cuales se han articulado y asociado. En primer lugar, se encuentra el criterio referente al colectivo o a la dimensión individual; lo público se entiende así como lo que es de interés o de utilidad común, que atañe a lo colectivo, que concierne a la comunidad, y por ende a la autoridad de ella emanada, y lo privado como aquello que se refiere a la utilidad y al interés individual. El segundo criterio refiere a la visibilidad contra la ocultación; es público lo que es visible y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y lo ostensible, contra aquello que es secreto, reservado, oculto. Finalmente, el tercer cri-terio distingue entre la apertura y la clausura, donde lo público es aquello que es de uso común, accesible a todos, abierto, y lo privado es lo cerrado, lo que se sustrae a la disposición de otros. Lo público, así, es un concepto relacionado con lo general y común, lo visible y manifiesto, lo abierto y accesible.

De los criterios anteriores se desprenden algunos contextos de discusión o campos problemáticos que han generado líneas de investigación y de re-flexión alternativas en materia de participación ciudadana en asuntos de interés colectivo. Uno de ellos, el que atañe a este trabajo, discurre en rela-ción con el alcance del sector público, entendido como el conjunto de ins-tituciones, actividades y servicios en donde la administración pública y el Estado desarrollan un papel esencial.

Con la óptica de lo público, se ensancha el universo que corresponde a la vida

en común, en la cual tanto el Estado, el gobierno y la administración pública


tienen un lugar importante para conservarla y desenvolverla. Estas institucio-

nes tienen contenido público porque su responsabilidad es garantizar condiciones

de vida para la sociedad y porque la esfera de lo colectivo y lo común es la que

justifica su razón de ser como instituciones públicas (Uvalle, 2000:85).

En la actualidad, por definición todo lo gubernamental es público, pero no todo lo público concierne exclusiva o preponderantemente al ámbito del gobierno. En este sentido, el alcance del sector gubernamental se encuentra establecido por una serie de instituciones que cumplen las funciones esen-ciales del Estado, y lo público rebasa ese alcance y se incorpora a la dimen-sión colectiva pero visible que se encuentra fuera del gobierno; de allí la existencia del “tercer sector” que, diferenciado del gobierno y de la actividad privada, comparte con el primero la prestación de servicios colectivos, fun-damentalmente sociales, aunque carece de poder para ejercer la coacción legítima; y siendo privado, su objetivo no es el mercado. Es en este sentido que el término público adquiere su dimensión política como espacio de dis-cusión y participación del colectivo en asuntos que conciernen a todos.

En la vida moderna el individuo es el centro rector del quehacer social y político y el Estado es la institución que hace posible la realización del ser humano (Uvalle, 2000:77), organizándose con mecanismos por medio de los cuales el ciudadano tiene acceso a lo que es de interés común.

En su teoría clásica de ciudadanía, Marshall (1992:21-23) establece tres elementos básicos para el goce de la misma como elemento igualador de las diferencias sociales: el elemento civil, basado en las libertades indivi-duales de pensamiento, propiedad y acceso a la justicia; el elemento polí-tico, consistente en el derecho a participar en los asuntos concernientes al poder político; y el elemento social, relativo a los derechos de tipo social y bienestar económico.

En la actualidad, la ciudadanía trasciende estos elementos destacados por Marshall, pues su ejercicio se relaciona con la emergencia de actores sociales dispuestos a ejercer sus derechos para participar en los asuntos de su interés. Esto tiene que ver con una redistribución democrática del poder entre el Estado y la sociedad, donde cada uno habita un espacio diferencia-do pero coordinado para el ejercicio del poder, y la acción de los ciudadanos en el espacio público a través de la deliberación y la argumentación de los asuntos de interés común, propicia la creación de acuerdos entre las partes, misma que favorece la gobernabilidad democrática, que en términos de la ciencia política podemos llamar gobernanza.


Gobernanza proviene de la palabra gobernance, la que durante mucho tiempo significó simplemente gobierno. En la actualidad el término se utiliza para indicar un nuevo modelo de gobernar, más cooperativo, diferente del antiguo modelo jerárquico, en que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituyen la sociedad civil. En la gobernanza moderna las instituciones estatales y no estatales, los actores políticos y privados, participan y a menudo cooperan en la for-mulación y aplicación de políticas públicas (Sánchez González, 2005:38). La deliberación de asuntos públicos por actores sociales y la colaboración de estos con el sector público traen como consecuencia la generación de un gobierno de lo público, que se caracteriza por el acceso de los ciudadanos y sus organizaciones a los procesos, las decisiones y las acciones.

Ciudadanía sexual

Con la noción de gobernanza en mente, un número importante de asuntos han dejado de considerarse como parte de lo privado y se han colocado en el ámbito de lo público. En el caso de la sexualidad, fue sin duda el aporte de las feministas que dejó muy claro que lo sexual es político, lo que permi-tió que empezara a discutirse en espacios públicos la sexualidad humana, y empezaran a desarrollarse teorías como la de género.

En este sentido, la noción de ciudadanía sexual presenta una discusión respecto a la validez de la universalidad del concepto de ciudadanía liberal en occidente, defendida por Marshall; por un lado, la noción se aborda des-de una perspectiva que la señala como aquella establecida por los grupos que reivindican, desde su acción social y política, una reivindicación basada en su identidad. Así, Rostagnol, citada por Moreno (2006:120) señala que “la existencia de grupos activistas socio-sexuales significa que una determina-da práctica en algunos casos, y una determinada forma de estar en el mundo, en otros, deviene para ellos un hecho político [...] los grupos de activistas socio-sexuales se definen por una existencia y una práctica política”.

Por otro lado, existen quienes afirman que la ciudadanía siempre es sexual, pues

...la definición liberal de ciudadanía universaliza las características de un sujeto

heterosexual masculino que provoca tensiones en el momento de diseñar e

implementar políticas públicas que atienden necesidades de diversos grupos


interesados en impugnar las categorías sexuales y genéricas hegemónicas (Mo-

reno, 2006:120).

Este concepto de ciudadanía liberal presenta, sin embargo, una división supuestamente natural entre el mundo de lo público y lo privado, pues no reconoce los distintos grados de acceso a los derechos reconocidos como universales por el propio concepto. Así, la idea de ciudadanía universal olvida, no en forma casual, que no todos los individuos somos iguales y que por ello las condiciones sociales y políticas brindan distintas posibilidades de acceso a los derechos que supuestamente nos igualan.

La propuesta de ciudadanía sexual busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes identidades y prácti-cas sexuales, y la aplicabilidad universal de los derechos de las personas, al reconocer la diversidad de las sexualidades y géneros, cuya expresión cambia en forma dinámica en diferentes tiempos y contextos de la vida de cada persona, y los derechos ciudadanos que corresponden a todos por igual, con el respal-do efectivo de leyes y políticas, y garantías para la no discriminación.

La ciudadanía sexual alude al derecho a la diferencia, debido a que

…ser reconocido como diferente es quizá uno de los derechos fundamen-tales que van emergiendo en los sistemas post-industriales. Ser reconocidos como diferentes significa afirmar una mirada distinta sobre la realidad, una experiencia vivida en un cuerpo diferente, un modo específico de ponerse en relación con el otro y con el mundo (Melucci, 1986:164).

El caso de México

México se encuentra en proceso de transición en su régimen político, de un sistema autoritario, clientelar y corporativo, a uno de tipo democrático, con el agravante de que, en este tránsito, no termina de sacudirse las improntas del viejo régimen y tampoco acaba por consolidar el nuevo.

El conjunto de normas jurídicas que rigen a México garantiza, desde la promulgación de nuestra actual Constitución Política, una serie de derechos

El Estado garantizará el derecho a la diferencia y combatirá toda forma de discriminación y segre-gación. Se proveerá lo necesario para la existencia y libre expre-sión de la diversidad. (Programa PRD, p. 21)


para todas las personas, sin distingos de ningún tipo. Esta protección uni-versal se ha fortalecido a partir de recientes modificaciones a la carta magna, realizadas en 2011, que han incorporado a su contenido una serie de medi-das para promover y garantizar derechos humanos de sectores en estado de vulnerabilidad.

Pese a ello, en el caso concreto de los sectores de la disidencia sexual y no obstante que los actores y grupos sociales que conforman la disidencia sexual cuentan con una historia de cuatro décadas de trabajo, en las cuales han logrado incorporar al imaginario colectivo su presencia a través de acciones de organización política y la apertura de espacios de socialización, las transformaciones legales no han alcanzado para lograr una transforma-ción cultural que abone en mejores condiciones de vida para gays, lesbianas, personas trans o intersexuales, personas que deben vivir su sexualidad bajo las reglas, preceptos, comportamientos y formas de representación estable-cidas por las instituciones heterosexuales, que hacen de una orientación sexual (la heterosexual) el modelo sexual único.

El mundo está hecho por y para heterosexuales, ninguno de sus códigos nos es

propio, sino impuesto, gays y lesbianas debemos avanzar en crear códigos de

conducta y mecanismos de relación social que partan de nuestra propia dife-

renciación de otras forma de ejercer la sexualidad; sólo a partir de la generación

de un modo de vida gay y lésbico, con todas sus particularidades de libertad y

ejercicio personal e individual, podemos avanzar en una identidad propia. Has-

ta ahora, lo que vivimos es un mundo sobrepuesto que cuando mucho nos

permite vivir artificialmente en un mundo ajeno, y que en ocasiones pretende

‘reconocer’ nuestras diferencias invitándonos a la normalización del acto homo-

sexual, para perdernos otra vez en la bruma del no pasa nada (Aliaga, 2000).

Este mundo prestado, donde los derechos son iguales solo en la medida que imponen obligaciones y restricciones, impulsa criterios de tolerancia que únicamente buscan permitir a no heterosexuales estar en el mundo como convidados de piedra, pues la tolerancia no supone una verdadera aceptación de las diferencias, sino apenas una posibilidad de convivencia con formas de ser distintas y minoritarias. La aceptación, y aún más, la aprobación como legítimas de esas formas de ser distintas, que enriquecen al ser humano, im-plicarían que pudieran ser expresadas en todos los ámbitos de la arena públi-ca sin coerciones, y no como sucede hasta ahora, donde se tolera al diferente siempre y cuando no haga gala pública y manifiesta de su condición.


La posibilidad de compartir el mundo en condiciones de igualdad es deseable a partir del entendimiento del otro; sin embargo, se hace necesario avanzar en formas sanciona-das por el derecho positivo que permitan la convivencia y la aceptación. Algunos de los problemas para el ejercicio de derechos ciu-dadanos para las personas no heterosexuales y, por ende, ventanas de oportunidad para un gobierno de derechos, son los siguientes:

» En los treinta y un estados de la re-pública se reconoce como única la figura de matrimonio entre un hombre y una mujer, con fines de procreación y mantenimiento de la especie, así como el modelo de familia nuclear tradicional sigue siendo el único reconocido.

» Es imposible solicitar seguridad social para la pareja si esta es del mismo sexo, aun compartiendo el mismo techo y las obligaciones para su mantenimiento, pues las leyes de las dos grandes institu-ciones de seguridad social, ISSSTE e IMSS, no lo permiten; este im-pedimento se aplica incluso a matrimonios realizados en el Distrito Federal, única entidad federativa donde se reconoce el matrimonio universal, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia determi-nó que dichos matrimonios debían ser considerados válidos para todos los efectos a nivel nacional (los registros ante las instituciones de seguridad social se han logrado mediante amparos federales).

» La figura de pareja no heterosexual no es reconocida por la sociedad y las instituciones creadas para su defensa, por lo que la adopción en pareja es figura vedada para lesbianas y gays; la herencia de bienes materiales es posible solo mediante la figura del testamento, pero en muchos casos este es impugnable por la familia reconocida, es decir, por padres o hermanos.

» Las manifestaciones de amor o cariño entre personas del mismo sexo están socialmente prohibidas, y en algunas legislaciones son punibles bajo el nebuloso manto de las “faltas a la moral pública”.

» En materia de salud existen ciertas políticas y programas estable-cidos para población gay, pero solo de manera indirecta, como las políticas y programas en materia de VIH/sida, materia en la que,

El PRD promoverá el reconoci-miento jurídico de las parejas del mismo sexo y las diferentes for-mas de cohabitación que los par-ticulares elijan entre sí. También promoverá la penalización de la discriminación y los crímenes de odio. Asimismo, reconocerá al 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homo-fobia. (Programa PRD, p. 22)


como se sabe, la población más afectada sigue siendo la de hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, no existen políti-cas específicas destinadas a los sectores de la disidencia sexual en materia de educación para la salud, prevención y atención de en-fermedades, entre otros aspectos.

» No existen programas de educación general sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en las escuelas y universidades (salvo algunas excepciones, entre las que destacan los programas de extensión realizados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México), ni instituciones gubernamentales que estudien los diversos y muy variados aspectos de la diversidad sexual.

Conclusiones

Ante la vigencia del paradigma de que lo sexual es político y por tanto públi-co, es fundamental construir una ciudadanía sexual que profundice la discu-sión en el espacio de lo público de los temas relacionados con la sexualidad

humana, con la libertad de pensamiento, ac-ción y elección en materia de sexualidad, consensuada e informada; con el estableci-miento de políticas públicas y programas de gobierno relacionados con el reconocimiento de los derechos sexuales de todos y todas; en

fin, con una ciudadanía de la intimidad que, parafraseando a Foucault, res-cate el derecho a la “felicidad como modo de vida”.

Este planteamiento implica la vivencia de las opciones sexuales no hete-rosexuales en forma abierta, permanente, en un mundo construido de manera colectiva. En este proceso de construcción es importante expresar, discutir y ordenar las ideas en el ámbito de lo público y considerar que en un régimen democrático, la formación de consensos se logra cuando la mayoría reconoce el derecho de las minorías a existir y a gozar de derechos propios; en una democracia la mayoría no avasalla a las minorías, pues estas son parte del proceso decisorio, valoradas y consideradas como partes de un todo.

En este sentido, la expresión de ciudadanía como manifestación de per-sonas libres en un sistema democrático, debe trascender el simple hecho de la elección de autoridades, pues la democracia debe entenderse no solo en un sentido procedimental, sino como una práctica cotidiana.

Se impulsará elevar a rango cons-titucional el derecho a la identidad y expresión sexogenérica. (Progra-ma PRD, p. 22)


Es importante que frente a los supuestos del mercado globalizado, que presenta a la disidencia sexual como aceptada e incluida, los actores socia-les de la disidencia sexual retomen sus planteamientos de distinguibilidad frente a la cultura heterosexual dominante y empiecen a ejercer una ciuda-danía que recalque la necesidad de contar con derechos plenos frente a las instituciones públicas.

Elegir día con día un estilo de vida implica vivir públicamente lo que antes se

ocultaba; implica enfrentar la discriminación social y ya no padecerla pasiva-

mente. También entraña cierto orgullo [...] así, es necesario que cada persona

desarrolle una identidad [sexo-disidente] con todas sus etapas, desde la prime-

ra toma de conciencia, la primera experiencia sexual, la primera relación amo-

rosa, hasta llegar al momento de vivir abiertamente […] con plenitud y dignidad

(Castañeda, 2000:57).

Por otro lado, es importante que los gobiernos y funcionarios públicos entiendan el significado ampliamente democrático que puede implicar la sexua-lidad humana y actúen en consecuencia generando políticas y programas que incluyan la diversidad. Como explica el teórico francés Eric Fassin (2009), la democracia sexual implica politizar los asuntos sexuales, es decir, desnaturalizar-los para asumirlos como construcciones culturales en las que cada persona pueda privatizar su sexualidad o, dicho de otro modo, construirla fuera del marco de normas generales, creando acuerdos más libres sobre la pareja y el contrato amoroso, el placer y la vivencia del cuerpo.

Asimismo, esta democratización tiene un parangón con las características clásicas de la democracia política (Giddens, 2008): fomen-ta la autonomía, pues los individuos deben ser libres e iguales en la determinación de condiciones que atañen a sus propias vidas; reconoce la igualdad en la toma de decisiones, pues las preferencias de cada persona deben tener igualdad de importancia; promueve la discusión para lograr acuerdos para la negociación, la mediación y el logro de compro-misos; requiere la responsabilidad pública sobre las decisiones tomadas, lo que trae como consecuencia la confianza; y, finalmente, está basada en el pluralismo, pues la diferencia debe ser reconocida como valor.

Esta vivencia privatizada, aunque se gesta en el ámbito de lo privado/íntimo, tiene un correlato público en la conformación de diversos tipos de

Será eliminada de las leyes y re-glamentos administrativos toda norma tendiente a reprimir o con-denar las preferencias sexuales. (Programa PRD, pp. 21-22)


familia que, tanto porque obedezcan a identidades esenciales (relativas al ser) o construidas (por elección), tienen cabida en la vida pública de las conformaciones sociales democráticas diversas que un gobierno debe no solo aceptar, sino promover.

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Trabajo: la preocupación de los mexicanos

Beatriz Torres Góngora

Introducción

Junto con los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-

gi) dio a conocer, como resultado del sondeo realizado entre los mexicanos, en ocasión de tal levantamiento, que la preocupación de la mayoría es el empleo.1 Conceptualmente hablar de empleo es hablar de trabajo asalariado o subordinado, o sea, el que una persona efectúa para otra, el primero en calidad de trabajador y el segundo como empleador, a cambio de una remune-ración. Sin embargo, coloquialmente se habla de trabajo −indistintamente sea asalariado o no− para referirse a la actividad económica que se desempeña a cambio de ingresos,2 los cuales tienden a configuran el nivel de consumo y de bienestar al que se accede.

En México, como en todo el mundo, la mayoría de las personas viven de su trabajo. Pero el trabajo, además de la función econó-mica que tiene, también cumple otros come-tidos, tanto en los individuos como en la sociedad: en los primeros es fuente de satis-facción, identidad y realización personal, de distinción e inclusión social,

1 Según declaraciones de Eduardo Sojo, presidente del Inegi. “Censo 2010: 112 millones 336 mil mexicanos; falta de empleo, la principal preocupación”, en La Jornada, México, 4 de marzo de 2011, sección Economía, p. 37.

2 Aunque también pudieran ser productores directos de los satisfactores, sin pasar estos por el mercado, cuando se trata de pequeños productores que destinan sus productos al auto-consumo.

El PRD defiende firmemente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, establecidos en el artículo 123 constitucional. (Pro-grama PRD, p. 23)


condición de ciudadanía, entre lo más importante. En lo negativo, la ausen-cia de trabajo tiende a excluirlos de los ingresos, del consumo, del patrimo-nio; mina la autoestima de quienes lo sufren y, en casos graves, los arroja al desequilibrio emocional y al suicidio. En lo social, el desempleo alimenta la pobreza, fomenta la vulnerabilidad, favorece la desigualdad y contribuye a la exclusión, también es motivo de falta de cohesión y descontento social.

En palabras de Bauman (2000), trabajar se volvió condición “para estar en el mundo”: el precepto de trabajar −en cualquier trabajo, bajo cualquier condición− fue reconocido socialmente como la única vía honrada y mo-ralmente aceptable de ganarse el derecho a la vida. Por su parte, Castel (2010:41) complementa tal planteamiento al ubicar el trabajo [asalariado] como el epicentro de la cuestión social en el entendido que

…una relación estable con el trabajo bajo la forma de estatuto de empleo ofrece

el basamento para su integración a la sociedad, mientras que relaciones desdi-

chadas con el trabajo como la desocupación y la instalación de la precariedad

ponen en entredicho o impiden el acceso a las condiciones requeridas para

tener un lugar en la sociedad y ser reconocido como un individuo con todas sus

ventajas y derechos.

¿Qué sucede entonces con esos 2.6 millones de individuos sin ocupación que habitan el país? ¿Cómo viven o sobreviven los 4.2 millones de personas parcialmente desocupadas −los llamados subocupados− cuyos ingresos a todas luces resultan insuficientes, motivo por el que se encuentran en bús-queda de una segunda ocupación? ¿Cómo se mantienen los 13.9 millones de trabajadores informales sin acceso a seguridad social? O más bien, cabría preguntarse por los más de 26 millones de trabajadores carentes de presta-ciones, mismos que corresponden a casi 60 por ciento del total de los ocu-pados, sin importar su condición de asalariados o no, así como también por los más de 26.5 millones de personas que únicamente obtienen de uno a tres salarios mínimos por su trabajo, o sea que se mantienen con un ingreso promedio de 3 700 pesos mensuales si radican en la zona “A” o de 3 545 pesos si viven en la “C”.3

3 De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, México cuenta con tres zonas (A, B y C) de salarios mínimos, cada una con un monto vigente. En 2012, el salario mínimo para la zona “A” es de 62.33 pesos; para la “B”, de 60.57; y para la “C”, de 59.08 pesos.

103Trabajo: la preocupación de los mexicanos

Las interrogantes anteriores provienen del inquietante panorama labo-ral sustentado con las últimas cifras del Inegi, correspondientes a febrero de 2012,4 pero el problema no es reciente, tiene visos de ser estructural, agravado por procesos como las transformaciones suscitadas con el cambio de modelo económico, de sustitución de importaciones hacia la liberación económica que, entre otras cuestiones, trajo consigo la apertura de las fronteras nacionales a los bienes y capitales transnacionales que, al mismo tiempo que tendieron a desplazar y desaparecer empresas nacionales, in-crementaron la competencia de las sobrevivientes. La desaparición de las empresas paraestatales fue otro de los elementos de cambio, resultado del remplazo de un modelo por otro. En lo laboral, estas transformaciones se expresaron en la reducción de fuentes de empleo (de forma importante, del empleo público) y el deterioro de las condiciones laborales justificado por la necesidad de alcanzar la competitividad mediante la reducción de costos laborales; a ello también contribuyó el repliegue del Estado, como mediador entre el capital y el trabajo, pese al entendido de tratarse de una relación de poder asimétrica que requiere de un árbitro.

Ante tales transformaciones el problema de la ocupación se empeoró en los últimos tres decenios, en un marco de falta de crecimiento económico y de crisis recurrentes padecidas en el país y en el mundo. La última de gran influencia se desató en 2008, en Estados Unidos, en forma de crisis inmobi-liaria, pero su alcance la volvió global. A ello favoreció la interconexión económica de las regiones y los países como consecuencia del proceso de globalización en marcha, mismo que suscitó una nueva forma de producción, basada en la fragmentación de los procesos productivos y su ubicación en diversas latitudes. Hecho posibilitado a su vez, en gran medida, por el de-sarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación que per-miten acortar distancias y tiempos en la transmisión de información.

La irrupción de la crisis de 2008 afectó de manera decisiva a la economía mexicana en razón de sus estrechos vínculos comerciales con la nación ve-cina, pues esta constituye el destino principal de la mayor parte −alrededor de 90 por ciento− de las exportaciones del país. A la fecha, México no ha podido remontar los efectos de tal crisis que devastó empresas y puestos de trabajo, lo que se evidencia en la profundización de la carencia y pobreza

4 A excepción de las dos últimas cifras que corresponden al segundo trimestre de 2011 de la misma ENOE.


de la ocupación. Escasez y precariedad erigidas hoy en los pilares de la de-teriorada realidad social.

A pesar de haberse reconocido como uno de los problemas fundamen-tales del país –el gobierno actual desde el inicio de su mandato propuso

transversalizar el empleo a toda política pú-blica; los académicos no han cesado de seña-lar la necesidad de ponerle toda la atención y acción pública; los ciudadanos reclaman mayores y mejores oportunidades de em-pleo−, poco se ha avanzado al respecto; los efectos de la escasez y precariedad de la ocupación siguen afectando las diversas di-mensiones de la vida social: personas, fami-lias, comunidades, regiones y al país en su

conjunto. De aquí la relevancia de lo laboral.El objetivo de este texto es poner en la mesa de la discusión la proble-

mática de la ocupación en el país y reflexionar a partir de ella sobre posibles pautas, tanto ciudadanas como de política pública, para su mejoría en bien de los trabajadores y sus familias y, por ende, de la nación. Se trata, como bien señala Castillo (2010:83) de un esfuerzo por interpretar la realidad social del trabajo con una orientación ética y política, esto es, “contribuir a facilitar la intervención sobre la misma realidad, para que los ‘estragos de la globalización’ no caigan sobre la mayoría, como si fueran fuerzas inevita-bles, como si la historia, no tuviera más que un único camino”. Contrario a ello, la finalidad es ofrecer una reflexión crítica al respecto y visualizar po-sibles alternativas.

Con tal fin, en primer lugar se ubican, de forma sintética, las principales tendencias del mundo del trabajo en México y sus causas; se identifica a los actores laborales más vulnerables y los problemas que afrontan. Para ello, se utiliza información generada por el Inegi, a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al periodo 2005-2011. La de-finición de la etapa de análisis obedece al interés de equiparar el peso de la crisis 2008-2009 en el ámbito de la ocupación. En un segundo momento se revisan algunas medidas para hacer frente a tal problemática y se ofrece una reflexión a manera de conclusión.

El PRD [...] se opone a todo inten-to de mutilar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores con el pretexto de una “reforma laboral” que supuestamente mo-dernizaría las relaciones entre el capital y el trabajo. (Programa, PRD, pp. 23-24)


El mundo del trabajo hoy en México

En 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció que la crisis del empleo se había tornado global. Caracterizada tanto por la escasez de empleo como por su precariedad, la crisis afecta de forma diferencial a los países y regiones del orbe así como a los diversos grupos humanos según sexo, edades, etnia, grupos ocupacionales, sectores, etcétera. La contracción económica 2008-2009, iniciada en forma de crisis financiera en Estados Unidos, agravó el problema de la ocupación en el mundo por los cuantiosos despidos ocasionados por el cierre de establecimientos y la disminución de operaciones de las empresas. Hoy el déficit de puestos de trabajo según la OIT es de 202 millones (OIT, 2012).5

Cabe señalar que desde antes de la crisis, desatada en agosto de 2008, el país se encontraba sacudido por los efectos de la apertura de fronteras al libre tránsito de bienes y capital, expresada en complejas transformacio-nes productivas y la proliferación de modalidades de trabajo inseguras y desprotegidas que traían consigo importantes consecuencias en los diversos segmentos de la población y sus formas de vida, ahora cruzadas también por los efectos de la crisis mundial.

En México, a pesar de la puesta en marcha de ciertos apoyos emergen-tes, que se orientaron de forma exclusiva a las ramas exportadoras,6 la caída de la ocupación y su deterioro resultan incuestionables. En el caso de la desocupación abierta, su ascenso venía desde 2006, pero a partir de 2008 se incrementa de forma vertiginosa alcanzando cifras no vistas antes. Por su parte, la subocupación constituye la manera en que labora una gran parte de los mexicanos que, por motivos de escasez, no logran insertarse en un empleo de tiempo completo, situación en la que se encuentra una gran mayoría de mujeres y jóvenes. Las cifras de subocupación en el país se acercan, por momentos, al doble de la desocupación. De acuerdo con la información disponible, ni la desocupación ni la subocupación han logrado

5 Adicionalmente el informe de tal organismo señala que la crisis del empleo ha entrado a una nueva fase donde los desequilibrios en el mercado de trabajo son más estructurales y, por lo tanto, más difíciles de erradicar.

6 Apoyos otorgados mediante el Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecno-logía (Prodiat), del gobierno federal, que permitió a las empresas “más vulnerables a fluc-tuaciones de la demanda externa reducir sus costos de operación mediante modificaciones temporales en las condiciones de trabajo”, condiciones que vale señalar se orientaron al deterioro e inestabilidad laborales.


retornar a los niveles existentes antes de la crisis de 2008, tal como se pue-de apreciar en la gráfica 1, elaborada con las cifras porcentuales de tales indicadores respecto a la población económicamente activa (PEA).

Por su importancia como generadoras de empleo, vale señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las que propor-cionan alrededor de 79 por ciento del empleo no agropecuario en México, también se vieron en la necesidad de reducir personal o cancelar operacio-nes dada la demanda insuficiente del mercado interno y la competencia exacerbada que enfrentaron por la apertura de las fronteras a productos ex-tranjeros. Al respecto, cabe formular dos señalamientos: en el caso de las mipymes es casi imposible cuantificar los despidos pues si bien el monto de la participación, en el periodo estudiado, ha permanecido con pequeñas variaciones, se observa el incremento de los establecimientos micro y un ligero descenso de los medianos; adicionalmente es muy probable que no se trate de los mismos establecimientos, pues estos difícilmente sobreviven en el adverso entorno económico. Se puede señalar que las mipymes se conforman en su mayoría de iniciativas familiares de sobrevivencia que se crean y desaparecen de forma constante; actualmente llama la atención

Gráfica 1 Población desempleada y subempleada

en México 2005-2010 (%)

Fuente: Elaboración propia con cifras del Inegi. ENOE 2005-2010 (II trimestre).

12

10

8

6

4

2

0

7.26

3.51 3.16 3.393.50

5.17

5.27

5.24

6.716.63

8.447.87

10.56

5.81

2005 2006 2007

Desocupada Subocupada

2008 2009 2010 2011


que dentro de las mipymes, casi la mitad −49.5 por ciento− del empleo ge-nerado se ubica en las de menor tamaño, en las micro.

Con ligeras fluctuaciones también proliferaron y se extendieron las modalidades de contratación y subcontratación francamente precarias; el llamado outsourcing se ha ido ampliando en todos los sectores económicos mediante la proliferación de empresas proveedoras de personal; junto con ello, el crecimiento del sector terciario, caracterizado por un segmento importante de empleo precario, explica parte de la ausencia de prestaciones y seguridad social entre la población ocupada, al grado de perfilarse como uno de los signos laborales contemporáneos pues afecta a un poco menos de dos tercios de aquella. El cuadro 1 muestra el comportamiento porcen-tual de los que sí cuentan con dichas prestaciones.

Cuadro 1 Ocupados con acceso a servicios de salud, prestaciones y contrato,

México 2005-2011

Acceso a servicios de salud Con prestaciones Con contrato

Ocupados Total % Total % Total %

2005 40’491 814 14’229 503 35.14 15’440 808 38.13 13’236 918 32.69

2006 42’197 775 14’782 651 35.03 16’218 762 38.44 13’939 629 33.03

2007 42’906 656 15’441 371 35.99 17’308 303 40.34 14’615 932 34.06

2008 43’866 696 15’748 358 35.90 17’648 153 40.23 14’841 182 33.83

2009 43’344 281 15’344 506 35.40 17’220 355 39.73 15’067 496 34.76

2010 44’651 832 15’524 542 34.77 17’468 053 39.12 15’322 278 34.32

2011 46’355 701 16’225 886 35.00 18’445 954 39.79 16’079 982 34.69

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi. ENOE 2005-2011 (II Trimestre).

Cabe señalar que en México, la seguridad social está asociada al empleo formal asalariado, lo que explica también por qué tan poca gente cuenta con ella, al mismo tiempo que evidencia el incumplimiento de los que por derecho les corresponde. Solo como ejemplo, en el segundo trimestre de 2011, se registraron 30’658 397 trabajadores subordinados y remunerados, mismos que correspondían a 66.1 por ciento del total de ocupados (46’355 701), mientras que las personas sin ninguna prestación, en el mismo lapso, fueron


26’835 401, que en términos porcentuales representaban a 57.9 por ciento de los ocupados. Cobertura que no alcanza ni siquiera a la totalidad de los

subordinados. En este contexto se inscribe el crecimien-

to de la informalidad y la migración laboral, ambas reconocidas como válvulas de escape de la ocupación ante la contracción del mer-cado de trabajo. Sin embargo, en los últimos años, algunos especialistas (Samaniego, 2010)

han señalado la saturación de esas válvulas y la aparición de otras opciones, ahora más peligrosas que las anteriores, especialmente para la población joven, opciones como la delincuencia y el narcotráfico.

De acuerdo con los cálculos del Inegi,7 la informalidad presenta un crecimiento sostenido durante todo el periodo estudiado. La gráfica 2 ilus-tra ese comportamiento en números reales. Se decidió mostrarlos de esta forma con el fin de evidenciar su extensión y la gravedad de la situación para una gran parte de los trabajadores del país, pues se sabe que la mayo-ría de quienes se ubican en la informalidad, además de la desprotección social en la que se encuentran, son presas de la incertidumbre laboral por ingresos variables e inseguros; malas condiciones de trabajo, largas jornadas y, en muchos casos, enfrentamientos cotidianos por el derecho al trabajo con autoridades, colegas en ocupaciones formales u otros integrantes de la sociedad civil (Torres, 2012).

En lo micro, en los espacios de trabajo, tales tendencias están constri-ñendo el actuar de los trabajadores disciplinándolos para aceptar largas jornadas, intensificación del trabajo, mayor control y vigilancia, condiciones de trabajo deterioradas, así como un uso libre y sin compromiso del factor trabajo por parte de las empresas. El empleo formal y protegido resulta cada vez más escaso y la falta de ocupación frecuentemente se constituye en el elemento disciplinador de la fuerza de trabajo. Situación que se expresa también en las nuevas formas de desgaste de las personas, expresadas en el incremento del estrés laboral y violencia en los lugares de trabajo.

7 El Inegi define en la informalidad a los establecimientos económicos ubicados en el ámbito de los hogares, que realizan sus actividades a partir de sus propios recursos sin constituirse en empresas. Cabe señalar que desde 2002, la OIT considera como informales a todos los trabajadores carentes de protección social sin importar su condición de asalariados o no, lo que para el caso de México extiende la informalidad a 29.6 millones de trabajadores.

El PRD [...] rechaza que bajo el pretexto de flexibilización laboral se deterioren las condiciones de trabajo y se restrinjan los derechos laborales (Programa, PRD, p. 23)


En tal contexto, jóvenes,8 mujeres9 y grupos étnicos resultan ser los más afectados vulnerando, es cierto, su futuro individual pero también el de todos los mexicanos como sociedad. Preguntémonos ¿qué futuro tendrán los jóvenes de hoy cuyas trayectorias laborales presentan patrones basados en la discontinuidad y fragmentación laboral a falta de ocupaciones de ca-lidad?, ¿de qué manera enfrentarán la enfermedad y la vejez cuando la mayor parte de las ocupaciones a las que acceden han eliminado la protección social con el argumento de la necesaria competitividad mediante la reduc-ción de costos laborales? Como sociedad, ¿qué pasará en unos decenios más cuando el bono demográfico10 de los jóvenes −expresado en una baja

Gráfica 2 Trabajadores informales en México

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi. ENOE 2005-2011 (II trimestre).

8 En México, los jóvenes (14-29 años) desempleados en 2005 representaban 3.51%, en 2011 constituyen 5.24% (cifras calculadas con información de la ENOE, II trimestre).

9 En 2005, las mujeres desempleadas constituían 3.70% de la PEA, en 2011 se incrementaron a 5.20 por ciento.

10 El llamado bono demográfico se refiere a la estructura demográfica caracterizada por una ele-vada concentración de la población en edades laboralmente activas, con fuerte presencia de jóvenes de 15 a 29 años, mientras que la población dependiente (niños y ancianos) es menor.

14’000 000

13’500 000

13’000 000

12’500 000

12’000 000

11’500 000

11’000 000

10’500 0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Personas ocupadas en la informalidad

11’465 457 11’485 82111’641 641

12’062 471 12’189 449

12’849 020

13’385 674


razón de dependencia económica− desaparezca y la pirámide de población se invierta y, con ella, la razón de dependencia?

¿Qué hacer?

En lo social, las recetas infalibles no existen. De lo descrito en el apartado anterior se desprende un panorama laboral verdaderamente preocupante que orilla al pesimismo; tal parece que las alternativas para la clase traba-jadora son inexistentes, pues son ellas las destinadas a cargar con los costos de los ajustes.11 Sin embargo, cabe recordar que la primera etapa de la in-dustrialización que vivió el mundo también estuvo plagada de excesos contra los trabajadores, excesos que se pudieron enfrentar reglamentando las condiciones de trabajo y de empleo, mediante la organización sindical y con la participación mediadora del Estado.

Hoy la llamada institucionalidad del trabajo está rota, y el pacto tripartita que le dio sustento, también; el sindicalismo perdió credibilidad y recono-cimiento como interlocutor válido, mientras que el Estado se replegó desis-tiendo de su papel mediador entre el capital y el trabajo. En este contexto, resulta urgente el replanteamiento de una política laboral orientada, de manera decidida, a resarcir la situación de los mexicanos con respecto a la ocupación y con ello construir un mejor futuro para el país. No se trata de un problema menor, pues la realidad laboral actual ya está decidiendo el mañana de los mexicanos.

Con tal fin se esbozan algunas propuestas. Se trata de planteamientos iniciales que requieren ser discutidos ejerciendo el diálogo social en los tér-minos planteados por la OIT: de forma tripartita (trabajadores, empleadores y gobierno), o sea, con la participación de los involucrados, de forma res-petuosa y libre.

Para ello, hacen falta mecanismos transparentes donde todos los ciu-dadanos tengan la oportunidad de participar, así como también considerar algunos hechos que caracterizan el ámbito del trabajo nacional:

11 La deteriorada realidad del empleo también alcanza a cuantiosos emprendedores de negocios micro y pequeños que trabajan por igual con otros a quienes ocupan en condiciones suma-mente precarias.


1. La composición del mundo del trabajo es altamente heterogénea dada la existencia de diversos segmentos de trabajadores con ac-ceso diferenciado a protección y seguridad social ya que esta tiene vinculación al empleo asalariado; a la estabilidad laboral según se cuente con contrato o no, así como la duración de este último; a las buenas o malas condiciones de trabajo; a las diversas modalida-des de pago u obtención de ingresos, etcétera.

2. La generación de ocupación proviene de forma mayoritaria de las mipymes, lo que obliga a reflexionar doblemente sobre propuestas orientadas a la consecución de empleo de calidad sin obligar a la desaparición de los llamados trabajadores propietarios y emprende-dores de negocios micro y pequeños.

3. La extensión de la informalidad y la desprotección social en la que se encuentran alrededor de 60 por ciento de los ocupados.

Se propone la valoración de las siguientes propuestas que buscan inci-dir paliando, mejorando o transformando la deteriorada situación del tra-bajo. Consideramos que el trabajo decente, definido en los términos de la OIT, que propugna aquel que respeta los derechos de los trabajadores, es suficiente y con pagos justos, brinda protección y seguridad social, y acepta el diálogo (tripartita), constituye la meta deseable. O sea, no es suficiente centrarse en el monto del empleo, sino que es necesario poner la atención también en la calidad.

1. Observatorio ciudadano del empleo. Contar con información veraz y confiable es condición indispensable y prioritaria para construir una política acorde a las necesidades reales y pertinentes a los problemas existentes; la participación decidida y responsable de los actores laborales involucrados es la otra.

Si bien las estadísticas recabadas por los organismos guberna-mentales constituyen un buen punto de partida, es necesario com-plementarlas con información cualitativa proveniente de los propios actores laborales con el fin de identificar los problemas más apre-miantes.

Se requiere información sobre la ocupación y el empleo genera-do en el país, los problemas que enfrenta, los grupos más afectados, las transformaciones en las diferentes dimensiones de la ocupación y el empleo, como pueden ser los salarios y formas de retribución,


las modalidades de contratación, la dinámica del autoempleo y la informalidad; la subcontratación, la siniestralidad laboral, enferme-dades laborales, las violaciones a los derechos de los trabajadores, etcétera, pues en conjunto constituyen la materia prima indispen-sable para el diseño y elaboración de una política laboral.

El observatorio laboral ciudadano que se propone sería un espacio construido con información proporcionada por los mismos trabajadores y empleadores mediante reportes de problemas con-cretos, que identifiquen los perfiles sociodemográficos de los afec-tados, el grupo ocupacional, sector económico, ámbito, naturaleza de la afectación, demandas, entre otros.

La implementación de un observatorio de este tipo contribuiría a definir con pertinencia los ejes de la política laboral de acuerdo con la urgencia y extensión de los problemas planteados en el en-tendido de su gran dinamismo. Para su implementación bien puede ser utilizada la misma infraestructura del Sistema Nacional del Empleo con cobertura en todos los estados del país.

2. Revisión y ajuste de las políticas activas de empleo (PAE). Si bien se reconoce que las PAE han jugado un papel decisivo para apoyar el funcionamiento de los mercados de trabajo, también se han de-tectado carencias que requieren ser ajustadas en aras de mejorar y hacer efectivo su desempeño. Las PAE, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), fueron diseñadas en dos vertien-tes: la vinculación entre los oferentes y demandantes de empleo, por una parte, y en la capacitación para y en el trabajo por la otra. Para la primera, se ha detectado que los niveles de colocación son relativamente bajos, de alrededor de 25 por ciento; no existe segui-miento de los beneficiados, muchos de los cuales parecen mante-nerse por poco tiempo en los puestos donde fueron colocados; se encontraron programas operados por otras dependencias públicas, con objetivos y requerimientos similares, lo que tiende a duplicar esfuerzos y recursos (Torres, 2009).

En cuanto a la segunda vertiente, enfocada a la capacitación, también se encontraron problemas como la poca demanda, por parte de los empleadores, ante el compromiso de asumir la contra-tación de personal; y el empleo de los trabajadores en situaciones precarias por la consiguiente inexistencia de requisitos de calidad en las ocupaciones generadas, entre lo más importante.


Se considera que la propuesta del observatorio también podría ser utilizada para ajustar los programas que integran las PAE, tanto para la selección de los destinatarios de los programas como para definir los mecanismos de operación. El seguimiento de los bene-ficiarios, así como exigir y vigilar que la ocupación generada me-diante los programas de las PAE sean de calidad, constituyen los imperativos para mejorar su funcionamiento.

3. Universalización de la seguridad social. Cada vez más va cobran-do adeptos la necesidad de otorgar seguridad social a todos los mexicanos desvinculándola de la situación laboral (asalariada o no); estudios puntuales la señalan como un buen mecanismo redis-tributivo (Escobar, 2010; Murayama y Samaniego, 2012) y necesario para apoyar a la mayoría de los trabajadores que carecen de ella y alejarlos de la pobreza.

El hecho de asociar la seguridad social al empleo asalariado mediante la contribución tripartita, de inicio deja fuera a grandes capas de la población, como es el caso de los trabajadores infor-males, domésticos y rurales. De aquí la importancia de valorar tal propuesta, que requeriría sustanciales transformaciones en otros niveles como el fiscal.

4. Seguro de desempleo. En el contexto actual de descrédito de las po-líticas de este tipo en los países desarrollados, resulta controverti-do plantearlo como alternativa. Sin embargo, dado el panorama de deterioro de la ocupación en el país, consideramos12 que con los candados adecuados puede ser conveniente por varias razones: dotaría a los desempleados de un mínimo de ingresos para subsis-tir durante un corto tiempo en el que tendrían que demostrar ser activos buscadores de ocupación. Adicionalmente contribuiría a no convertir al trabajador en un desalentado.13 Otro de los posibles beneficios de tales ingresos sería la estimulación del mercado in-terno nacional y con ello del empleo.

Entre las desventajas que se le atribuye a este instrumento está el posible desistimiento de los beneficiados para emplearse mientras

12 Nos adherimos a la propuesta de Escobar Toledo, 2010. 13 Un desalentado es una persona que ha dejado de buscar trabajo porque siente que no tiene

ninguna posibilidad de encontrarlo; las estadísticas de fuerza de trabajo lo consideran fuera de ella y por lo tanto no cuenta entre los desempleados.


tengan un ingreso asegurado por muy poco que este sea. Situación que puede prevenirse definiendo claramente los términos de la selección de los beneficiarios y la operación del seguro.

A diferencia de las anteriores, se trata de una política pasiva, no contributiva, consistente en otorgar a los desempleados un monto mínimo mensual de ingresos, que podría ser de uno a dos salarios mí-nimos, con el fin de apoyarlos en su manutención mientras consiguen otro empleo. Para la definición de los beneficiarios de este instru-mento, sería conveniente diferenciar a los despedidos de los jóvenes de nuevo ingreso al mercado de trabajo. Los primeros cuentan ya con experiencia laboral, seguramente con mayor edad que los acerca o los tiene ya en el grupo de mayor dificultad de emplearse, mientras que los segundos, probablemente con mayor nivel educa-tivo,14 podrían canalizarse de mejor manera mediante incentivos a los empleadores para su contratación a través de las PAE. Para de-finir los mecanismos de operación sería de mucha utilidad la infor-mación obtenida mediante el observatorio propuesto.

Conclusiones

La generación de empleo de calidad constituye uno de los imperativos más urgentes del país, problema que comparte con otras naciones. Se trata de un problema complejo en el que se entremezclan cuestiones económicas, políticas y sociales; históricas y actuales; de tipo estructural con otras identificados como coyunturales pero de gran trascendencia y permanencia como las crisis económicas.

Entre todo ello destaca la progresiva e incesante desregulación y li-beralización de los mercados de bienes, capital y trabajo. Siguiendo los principios neoliberales, las grandes empresas transnacionales y el capital financiero han tomado la dirección de la economía mundial imponiendo reglas y condiciones orientadas a la riqueza de unos cuantos sobre la po-breza de la mayoría. En gran medida, esto está sustentado en la desva-lorización del factor trabajo. De ahí que asistamos a un retroceso de las

14 De acuerdo con las cifras de la ENOE, correspondientes a febrero de 2012, 71.7% de los de-sempleados son personas con estudios por encima de la secundaria.


condiciones de uso y retribución de la fuerza de trabajo con modalidades que tienden a recordar los principios de la industrialización. Realidad que ha dado pie a posturas pesimistas, resignadas, que desechan la posibilidad de cambio.

La irrupción del descontento social en importantes países desarrollados es un ejemplo del cuestionamiento de la realidad social como resultado inevitable, definitivo y permanente del capitalismo global. El movimiento de los denominados indignados está fuertemente asociado a la falta de oportunidades ocupacionales, principalmente para jóvenes; a la precariza-ción del trabajo; y a la supresión de la seguridad social. En este contexto, la organización y manifestación ciudadanas se vuelven indispensables y mo-tores de cambio.

Los mexicanos se encuentran en medio de una gran crisis del empleo, entre otras cuestiones, como consecuencia de una política económica que se volcó al mercado exterior descuidando el interno, centró su eje de de-sarrollo económico en la atracción de capital extranjero mediante la pro-moción de bajos salarios y escasa presencia sindical, y por el influjo de la crisis 2008-2009 expresada en mayor desocupación.

Las acciones propuestas en la segunda parte del texto apenas son es-bozos de problemáticas identificadas que requieren atención junto con otras de vital importancia como la articulación del sistema educativo con el pro-ductivo o la reorientación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En el caso de las propuestas, dos de ellas corresponden a políticas pasivas (la universalización de la seguridad social y el seguro de desempleo) que pueden ser muy controvertidas e impopulares. Controvertidas en el contex-to actual de su descrédito en algunos países desarrollados; impopulares porque para hacerlas realidad se requiere una reforma fiscal que garantice los recursos.

Algunas experiencias internacionales evidencian la necesidad de contar con apoyos como los dos señalados cuando la regulación del mercado de trabajo formal es flexible (facilidad de despido, sin penalización, flexibilidad en el uso de la mano de obra, entre lo más importante). Si bien la legislación laboral mexicana todavía puede caracterizarse en sentido contrario, como rígida, en los hechos la realidad del trabajo apunta hacia la flexibilidad. En este sentido, como ya señalé, se considera conveniente ponerlas a con-sideración de los afectados, que somos todos, ya sea como trabajadores, empleadores o gobierno, en aras de construir un mejor futuro para las nue-vas generaciones.


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La situación de los derechos humanos en México: gobierno fallido

Javier de la Rosa Rodríguez y Mónica Oliva Ríos*

Introducción

En México se violan los derechos humanos. Si bien esta violación de los derechos de la sociedad mexicana se ha presentado históricamente en

regímenes absolutistas, dictatoriales y autoritarios, se esperaba que con la construcción de una democracia formal, las violaciones serían visibles por su excepcionalidad: la realización de los de-rechos humanos es consustancial a un régi-men democrático. Sin embargo, continúan y se han profundizado las violaciones sistemá-ticas y estructurales de los derechos humanos de la población mexicana: feminicidio, guerra contra el narco –con las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudicia-les, asesinatos de periodistas, muertes de civiles explicadas por el gobierno federal mexicano como “efectos colaterales”–, pobreza y desigualdad. En la memoria colectiva: Aguas Blancas, Acteal, las muertas de Ciudad Juárez, el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, la indígena violada y asesinada Jacinta Francisco Marcial, las muertes de las niñas y niños de la guardería ABC, las fosas de muertos en diversas entidades del país, el asesinato de la periodista Regina Martínez, entre, desafortunada-mente, muchos casos, evidencian la existencia de violaciones sistemáticas. Las condiciones de pobreza y desigualdad social de la población mexicana que significan no acceder a salud, alimentación, educación, trabajo, vivien-da y seguridad social, constituyen violaciones estructurales de un sistema

Los derechos humanos tienen pri-macía sobre todos los poderes, incluido el del Estado. (Programa PRD, p. 10)

* Agradecemos la colaboración de Perla Esmeralda Pedroza Vargas.


político y económico con responsables visibles. La impunidad y la corrupción son afluentes para el mantenimiento y crecimiento de un régimen, sistema y gobierno violador de los derechos humanos. La síntesis de los problemas na-cionales es la violación de los derechos humanos de la población mexicana.

En este capítulo se da cuenta de este problema nacional, que expresa (no un Estado sino) un gobierno fallido. En un primer lugar se presentan algunas ideas y conceptos relativos a la teoría de los derechos humanos con la inten-ción de proponerle al lector o lectora elementos para comprender la segunda parte de este texto, donde se expone de manera representativa (y no exhaus-tiva) una serie de violaciones a los derechos humanos de la población mexi-cana que dan cuenta de la grave situación en la que vive actualmente. Se presenta en un tercer apartado un breve análisis de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y finalmente algunas conclusiones.

Referentes teóricos

La construcción de los derechos humanos es la historia de la humanidad, de las luchas sociales por generar condiciones de vida digna para todas las personas. “Los derechos humanos son los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política han de ser consagrados y garantizados por ésta” (Trovel y Serra cit. por Oliva, 2011:2).

Los límites al ejercicio del poder absoluto y la capacidad de organización por parte de la sociedad son el origen de los derechos civiles y políticos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Decla-ración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 se consideran productos de la Revo-lución Francesa (1789) y de la lucha de independencia de los Estados Unidos de América (1776), respectivamente.1

1 Se consideran como antecedentes históricos de los derechos fundamentales, es decir, previos a los inicios de los Estados constitucionales: Magna Carta de Juan sin Tierra (1215), Edicto de Nantes (1598), Petition of Right (1622), Cuerpo de Libertades de Massachusetts (1641), Bill of Rights (1689) y Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776). Miguel Carbonell (2005) presenta un esbozo interesante del paso del Estado absolutista al Estado constitucional.

119La situación de los derechos humanos en México: gobierno fallido

Los textos citados corresponden a referentes históricos desde donde se ubica el origen de estos derechos de primera generación.2 Entre los derechos civiles se encuentran: los derechos a la vida; a la integridad física y psico-lógica; a no ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la nacionalidad; al nombre; al reconocimiento de la persona-lidad jurídica; a no ser discriminado; a no ser sometido a esclavitud; a la li-bertad de pensamiento y expresión de las ideas; a la libertad de conciencia; a la libertad de creencias religiosas; a la libertad de tránsito o movimiento; de reunión; de asociación; y de seguridad jurídica.

Los derechos de seguridad jurídica se refieren al concepto más formal de Estado de derecho. Este concepto significa que un Estado se asume so-metido al derecho y, en consecuencia, está regulado en su actividad y orga-nización y obligado por las leyes a respetar a las personas y sus derechos (Díaz, 1991:17-18).

Entre los derechos de seguridad jurídica se encuentran los derechos de la persona imputada3 como los derechos a la presunción de inocencia, a guardar silencio, a ser informada de los hechos que se le imputan y de sus derechos, a una defensa incluso desde el momento de la detención, a no ser incomunicada, a ser detenida mediante orden judicial, y a ser privada de la libertad por causas y procedimientos fijados por las leyes penales. Son también derechos de seguridad jurídica aquellos detentados por las víctimas u ofendidos4 como los derechos a la reparación del daño, a recibir asesoría jurídica, a ser informado del desarrollo del procedimiento penal y de los derechos que le asisten, a coadyuvar con el ministerio público, y a recibir atención psicológica y médica de urgencia desde el momento mismo de la comisión del delito.5 Entre los derechos políticos se encuentran: los derechos

2 La Declaración es considerada como el texto jurídico más importante de la era moderna. En materia de derechos humanos son destacadas las diez primeras enmiendas de la Constitución estadounidense. Objeto de un intenso debate han sido las mutuas influencias entre los textos −estadounidense y francés−, incluso se debate sobre cuál de ellos tiene mayor importancia e impacto en la era del constitucionalismo moderno.

3 Se entiende por persona imputada al individuo a quien se inicia una investigación penal o procedimiento penal sea federal o estatal.

4 Se considera víctima a la persona que sufre directamente daños a su vida, salud, dignidad, integridad personal, patrimonio, derechos y libertades ocasionados por el responsable de la violación de derechos humanos y por la comisión de un delito. Ofendido es toda persona que por esos hechos sufre menoscabo de su persona, vida y derecho de forma indirecta.

5 Los derechos de seguridad jurídica se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.


a formar organizaciones políticas; a votar y ser votado; a participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos libremente; y a tener acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad.

En esta generación de derechos civiles y políticos se ubica el derecho a la vida, que se encuentra directamente vinculado al derecho a la integridad física y mental; sin este derecho, como es evidente, no es posible la realiza-ción de los demás.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el derecho a la vida está presente en el artículo 1º con el reconocimiento de los derechos previstos por la propia Constitución, en el artículo 22 con la prohibición de la pena de muerte y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.6 México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre muchos otros tratados en materia de derechos humanos donde se reconoce el derecho a la vida.

El derecho a la vida también implica la pro-tección de todas las personas en caso de guerra, actos de violencia y discriminación, existencia de epidemias, desastres naturales y malnutrición. La violación masiva del derecho a la vida –entre

otros derechos– implica la comisión de delitos graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, entre otros.7

Inicialmente limitar el ejercicio del poder de los gobernantes y generar condiciones para la participación en la organización de los Estados, fueron demandas fundamentales planteadas a través de las movilizaciones y luchas sociales para establecer derechos civiles y políticos y generar con ello la

6 De manera implícita la Constitución prevé el derecho a la vida en el contenido de la fracción V del artículo 123 al señalar que se prohíben los trabajos que exijan un esfuerzo considerable para las mujeres durante el embarazo.

7 Los cuatro delitos se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-nacional, tratado internacional aprobado en Naciones Unidas el 17 de julio 1998. El Estatuto es vigente en México a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 20 de junio de 2005. Los crímenes de lesa humanidad también se encuentran previstos por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapari-ciones Forzadas (Naciones Unidas, aprobada en 2006 con vigencia a partir de 2010. En México es vigente a partir de su publicación en el D.O.F., el 18 de diciembre de 2007).

Defender la vida implica recha-zar la pena de muerte (Declara-ción de Principios PRD, p. 19)


condición de ciudadanía en diversas sociedades: de súbditos a ciudadanos con Estado de derecho.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo del capitalis-mo intensivo surgen demandas sociales relativas a las condiciones materiales de la clase trabajadora en los ámbitos laboral, sanitario, de alimentación, educación, vivienda y seguridad social, fundamentalmente. Los gremios de trabajadores demandan al Estado generar tales condiciones; se gesta la se-gunda generación de derechos humanos: los económicos, sociales y cultura-les. Las revoluciones mexicana y rusa de principios del siglo XX serán fundamentales para el establecimiento de tales derechos.

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), también cono-cidos como derechos sociales, son atributos del individuo y sus relaciones con los grupos sociales que componen la sociedad. Lo anterior significa que es necesario atender las condiciones indispensables para que una persona se realice como tal en los ámbitos cultural, laboral, social, científico, edu-cativo y económico. El bienestar social debe generarse mediante las accio-nes del Estado.

Los DESC son: los derechos al trabajo; a la salud; a la educación; a la cul-tura; al descanso y disfrute del tiempo libre; a la seguridad social; a la vivien-da; al agua; a la alimentación y nutrición adecuadas; agrarios;8 a gozar de los beneficios del progreso científico; y al desarrollo.9

Los derechos a la paz, al medio ambiente y a la solidaridad forman parte de lo que se conoce como derechos difusos o de tercera generación.

Norberto Bobbio señala que los derechos son producto de su tiempo y de las necesidades concretas de individuos y sociedades, ubicados en cier-tas coordenadas temporales y espaciales, lo que les otorga una edad.10

En consecuencia, los derechos humanos son producto de las luchas y movilizaciones sociales, y son reconocidos (no otorgados) por los Esta-dos.11 Tales derechos presentan las siguientes características esenciales (Oliva, 2012):

8 Se refieren a la tenencia de la tierra de los campesinos. 9 Destacada es la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 2012 del

decreto por el que se adiciona el artículo 4º constitucional elevando a rango constitucional el derecho al acceso al agua en México: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”.

10 Tomado del prólogo de Miguel Carbonell a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 2012, p. 9.


1. Inherencia. No se pueden separar de la persona humana y se en-cuentran unidos por su propia naturaleza a ella.

2. Universalidad. La titularidad corresponde a todos los seres humanos, es decir, los individuos y los pueblos del mundo gozan de los dere-chos humanos sin distinción por su origen nacional o étnico, con-dición social y económica o raza.12

3. Permanencia. Los derechos humanos trascienden de generación en generación y protegen al ser humano durante su vida.

4. Inalienabilidad. No pueden transferirse, ni cederse, ni venderse para su pérdida o daño.

5. Indivisibilidad. Son interdependientes y se encuentran interrelacio-nados. No existen derechos que merezcan un reconocimiento supe-rior a otros, en consecuencia existe conexidad entre unos y otros.

6. Incondicionalidad. No están sujetos a condición alguna. Sin embar-go, sí pueden limitarse mediante las leyes, sean nacionales o inter-nacionales.13

7. Imprescriptibilidad. No se pierden por el transcurso del tiempo, o sea, no caducan.

8. Integralidad. Corresponden a todas las esferas de la vida del indivi-duo y de los grupos sociales a los que este pertenece. Cuando se viola un derecho humano se violan otros más. Esta característica se relaciona de forma directa con la indivisibilidad.

Existen otras tres características relevantes de los derechos humanos:

1. Internacionalización. Es el proceso de debate de los derechos huma-nos en muchos países del mundo que ha permitido el incremento

11 El proceso de reconocimiento de los derechos humanos por los Estados se conoce como constitucionalización. A los derechos constitucionalizados se les denomina derechos funda-mentales. El concepto de derechos fundamentales es relevante, toda vez que se refiere a aquellas prerrogativas necesarias para que las personas puedan desarrollar su proyecto o plan de vida de forma digna, es decir que constituyen los instrumentos que protegen los bienes jurídicos básicos de interés de todas las personas. El comentario retoma a Ernesto Garzón Valdés (1993:531) multicitado por Miguel Carbonell en numerosos textos.

12 En este trabajo se incluyó la característica de generalidad en la universalidad. En algunos textos aparecen por separado. La generalidad se refiere a que los derechos humanos están en posesión de todas las personas.

13 Cabe destacar que hay ciertos derechos que no pueden suspenderse, como es el caso de los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al nombre, y a la personalidad jurídica.


de nuevas comisiones, comités, juntas y organizaciones que de-fienden los derechos humanos, así como la discusión, adopción y vigen-cia de múltiples instrumentos jurí-dicos internacionales en la materia con diversas denominaciones como tratados, protocolos, pactos, declara-ciones, convenios y convenciones.

2. Progresividad. Corresponde a la ca-racterística que obliga a los Estados a realizar todas las acciones posibles para ir más allá de las condiciones mínimas indispensables que garanticen el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos.

3. Amplitud protectora frente a las violaciones a los derechos humanos. Se refiere a que todos los individuos, las organizaciones, las insti-tuciones, los Estados en los ámbitos público, privado o social, son susceptibles de violar los derechos humanos.

El derecho a la vida, además de que no puede sujetarse a condición alguna, es imprescindible y básico para el goce y el ejercicio efectivo del resto de los derechos.

Tres aspectos fundamentales están vinculados con la violación del de-recho a la vida por parte de los Estados o de grupos que arman y capacitan los Estados:

» Detenciones arbitrarias» Desapariciones forzadas» Ejecuciones extrajudiciales

En orden lógico de realización, primero se detiene de forma ilegal a la persona, después se le desaparece, es decir, se le invisibiliza, se elimina todo rastro de existencia e identidad. En la mayoría de los casos la desaparición puede conducir a una ejecución extrajudicial.

Las detenciones arbitrarias se conocen como privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y suelen terminar en el asesinato. Una detención es arbitraria cuando no media orden de un juez para privar de la libertad a una persona. La víctima desconoce quién la detiene, el motivo por el cual se le detiene, permanece incomunicada y es sometida a prácticas crueles y torturas.

El ejercicio de los derechos huma-nos se promoverá y protegerá me-diante la acción de los mecanismos de la justicia, la administración pública y la legislación. (Programa PRD, p. 10)


Es usual confundir el delito de secuestro con la detención arbitraria, sin embargo no son sinónimos, ni se vinculan. El secuestro es una privación ilegal de la libertad realizada por delincuentes comunes u organizados que usualmente solicitan dinero a cambio de la liberación; mientras que la de-tención arbitraria es efectuada por agentes del Estado o vinculados, con autorización y apoyo de este, y suele tener un origen político.

La desaparición forzada o involuntaria es una de las más graves viola-ciones a los derechos humanos que produce la privación arbitraria de la libertad, ya que pone en peligro la integridad física y psicológica de la per-sona, su seguridad y su vida. Se trata de un crimen de lesa humanidad que no prescribe y se presenta de forma continuada. La desaparición forzada de una persona ocasiona un impacto psicológico devastador en su familia, porque se desconoce qué sucedió y la suerte de la persona desaparecida, en consecuencia no se transita por el proceso emocional que implica en-frentar la posibilidad de la muerte. La desaparición forzada es un delito de extrema gravedad y un crimen de lesa humanidad que implica espacios de impunidad. Por ello, vinculado a este, existe el derecho de las víctimas a la reparación del daño, el derecho a conocer la verdad sobre las circuns-tancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el derecho a buscar, pedir, recibir y difundir información sobre el hecho.14

Las desapariciones forzadas están íntimamente ligadas a la práctica de la tortura y tratos crueles e inhumanos, lo que ocasiona inevitablemente daños a la salud, a la integridad física y psicológica y a la dignidad humana, y a la postre conducirá a la muerte. También es común que se prive de la vida a una persona detenida y desaparecida para deshacerse de su cuerpo y existencia.

Las denominadas ejecuciones sumarias o extrajudiciales implican que la persona no tuvo un juicio ante tribunales legalmente establecidos. El término extrajudicial se aplica en aquellos países que mantienen la pena de muerte como una sanción, sea por la comisión de delitos comunes o graves.15

14 Véanse los preámbulos de la Convención Internacional para la Protección de todas las Per-sonas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

15 México es actualmente un país abolicionista donde está prohibida la pena de muerte a par-tir de las reformas constitucionales de junio de 2005. La pena de muerte es cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos porque se trata de un asesinato programado


Con estos referentes teóricos en materia de derechos humanos, se propone un marco para comprender la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en México, violaciones que se han acentuado en los años recientes y que presentamos a continuación.

Violaciones de derechos humanos en México

En este apartado se presentan algunos temas que dan cuenta de las viola-ciones de derechos humanos en México y que por su gravedad han estado presentes en la opinión pública en los años recientes.

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas se establece que será considerado como violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produ-cen en la vida pública como en la vida priva-da” (Naciones Unidas: 1993).

Aunque existen diversas definiciones de feminicidio, en todas se llega a la conclusión de que es un asesinato o crimen infligido a mujeres y niñas por cuestiones sexistas. El feminicidio es el grado máximo de discrimi-nación y violencia contra las mujeres por mo-tivos de género; Russell y Radford (1992:33) lo definen como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres; es una forma de violencia sexual”. Este acto violenta el derecho fundamental a la vida.

Potenciar la participación real de la sociedad en el respeto, defensa y vigencia de los derechos humanos de las mujeres mediante políticas educativas, acciones afirmativas y leyes federales y estatales (Progra-ma PRD, p. 20)

por el Estado. El debate en torno a la pena de muerte es vigente pues ante un clima de vio-lencia sistemática y generalizada en el país, aumentan las voces que consideran su rein-troducción al corpus constitucional. Múltiples estudios de criminología y las estadísticas en materia de delincuencia en los ámbitos nacional y mundial demuestran fehacientemente que el endurecimiento de las penas no deriva en la reducción de la comisión de delitos. Aunado a lo anterior habrá que considerar la crisis de los sistemas de procuración y administración de justicia en el mundo que se caracterizan por la corrupción, la impunidad y la ineficacia de sus acciones.


En el contexto mexicano, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor en febrero de 2007, prevé la violencia feminicida como “La forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (art. 21). De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (s/f), “es difícil establecer cuándo empezó a manifestarse el fenómeno del fe-minicidio en México precisamente porque ha sido una problemática invisi-bilizada por estar naturalizada en nuestra cultura. De hecho, hasta la fecha no se cuenta con mecanismos de registro y estadísticas a nivel nacional”.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) muestra la siguiente información en su página oficial:16

…entre enero de 2007 y diciembre de 2008, documentó 1 221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades, y en el 2009 se documen-taron 459 asesinatos en 16 entidades de la República mexicana durante el periodo de enero a junio.

México acumula un total de 140 recomendaciones internacionales en el periodo de 2000-2006, sólo en el tema de derechos de las mujeres…

El Observatorio presenta cifras del periodo enero 2009 a junio 2010, donde se pudieron documentar 890 feminicidios en 11 estados de la repú-blica, estas cifras evidencian la total incompetencia del Estado mexicano para atender y resolver este fenómeno, mismo que ha permeado en diversos estados.

Vásquez (2009:10) refiere que “en los últimos años, activistas y las y los legisladores han vislumbrado la necesidad de tipificar al feminicidio como delito, siendo esta una medida legal y política que entre otras podría con-tribuir a la erradicación de esta grave forma de violencia contra las mujeres”. Respecto a ello, el 19 de abril de 2012 el Senado aprobó una enmienda al Código Penal Federal para tipificar el feminicidio como delito grave y penar hasta con 60 años de prisión a quien lo cometa. La misma autora indica que no basta con la tipificación del feminicidio, sino que es necesario que el

16 <http://observatoriofeminicidiomexico.com/> [consultado el 18 de abril de 2012].


Estado tome diversas disposiciones legales que garanticen los derechos y libertades de las mujeres, y que estas medidas se deben hacer cumplir no importando quién incurra en las violaciones.

Un derecho que no admite excepción es un derecho que no puede ser restringido ni suspendido, incluso en tiempo de guerra o en otra situación de emergencia pública. El derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas son ejemplos de derechos que no admiten excepción (OACNUDH, 2006).

El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su Informe de misión a México 2012 señala que un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen orga-nizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma inde-pendiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones

Feminicidios en México durante el periodo enero 2009 - junio 2010

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras publicadas en <http://observatoriofeminicidiomexico.com/>.

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forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo de la ONU recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapa-riciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de al-gunos funcionarios públicos. Debido a la impunidad prevaleciente, muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son consi-derados como delitos. En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados levantones. El Grupo de Trabajo recibió múltiples testimonios de casos en que la privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente con-sideradas extraviadas o perdidas (particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes) sin que exista una adecuada investigación para des-cartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada.

El Grupo de Trabajo de la ONU recibió información diversa sobre el nú-mero de desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010. El Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH registró la presunta desaparición de 346 personas en 2010. La Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 63 averiguaciones previas por el delito de desa-parición forzada (49 relacionadas con la “guerra sucia”). Por su parte, orga-nizaciones civiles reportaron que, de acuerdo con sus estimaciones, más de tres mil personas habrían sido desaparecidas en el país desde 2006. De acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo, algunas de estas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales. Solo mediante una investigación in-dependiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desapa-rición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación (ONU, 2012).

Además de las muertes, la lucha contra el narcotráfico en México ha causado que miles de personas hayan abandonado sus hogares por amena-zas a su integridad física y mental, derivadas del clima de violencia en sus comunidades.

El desplazamiento forzado es ya una realidad en México: el Internal Displa-cement Monitoring Centre (IDMC) calcula que solo en 2011, 115 mil personas se vieron obligadas a dejar sus hogares (Parametría, 2011). El reporte del


Centro indica que 2010 fue el año en el que la cifra de desplazados alcanzó su máximo nivel histórico –tomando 1994 como el año en que inició el des-plazamiento forzado en el país. Antes de 2010 había, de acuerdo con el IDMC, 5 mil desplazados, y actualmente 120 mil personas viven en esa situación.

La amenaza a la integridad personal y familiar por causas violentas se ubicó como la tercera opción de migración en el país, de acuerdo con una encuesta de Parametría, apenas 4 puntos porcentuales menos que la falta de medios de subsistencia.

El gobierno de Felipe Calderón decidió ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico. La cifra correspondien-te al año 2011 ha sido catalogada como reservada y confidencial, según se desprende de dos expedientes elaborados apenas en noviembre de ese año por los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) (Vanguardia, 2012).

Las balas y las agresiones de los últimos cuatro años entre fuerzas fe-derales y supuestos criminales han quitado la vida a cerca de 1 300 niños y adolescentes en México, según datos de la Red por los Derechos de la In-fancia en México (Redim). La muerte de niños, según la Redim, es resultado de la lucha contra el crimen organizado (particularmente contra las ban-das de narcotraficantes) que emprendió el gobierno de Felipe Calderón al llegar a la presidencia en diciembre de 2006. Los 1 300 menores muertos representan 3.7 por ciento del total de personas que han perdido la vida en incidentes violentos entre diciembre de 2006 y enero de 2009. En ese lapso hubo 34 612 muertes, según datos de la Procuraduría General de la Repú-blica (PGR). La Redim advirtió que cerca de 27 000 adolescentes son tanto víctimas de explotación por parte de narcotraficantes como objeto de agre-sión de las autoridades (CNN México, 2011).

El secretario de Defensa estadounidense afirmó que según las cifras proporcionadas por México, 150 000 personas han muerto en la guerra contra el narcotráfico. Panetta no especificó a qué periodo se refería. Hasta ahora, las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades mexicanas señalan que desde 2006 alrededor de 47 500 mexicanos han muerto a conse-cuencia de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (Zócalo Saltillo, 2012).

El pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó el 24 de abril de 2012 por unanimidad el dictamen para expedir una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre otros puntos, la ley establece la creación de un mecanismo de protección para las


personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. El dictamen señala que las agresiones contra defenso-res de derechos humanos o periodistas se configurarán “cuando por acción u omisión se dañe su integridad física, psicológica, moral o económica, o la de sus cónyuges, concubinas, concubinos, ascendientes y descendientes”. En caso de amenazas o presunto riesgo contra periodistas, se deberá ofrecer protección a sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación en el que labora, refiere la ley (CNN México, 2012).

Esta ley se genera a partir de las agresiones, amenazas, secuestros y muertes de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, que se han intensificado durante el presente sexenio del gobier-no federal. Al respecto la organización civil Reporteros sin Fronteras (s/f) afirma que algunos países están marcados por una cultura de violencia hacia la prensa. Será difícil revertir la tendencia si no existe una lucha eficaz contra la impunidad.

El presidente de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, acordó que se abra de oficio la investigación en materia de derechos humanos con motivo de la muerte de la periodista Regina Martínez, ocurrida en Veracruz. “La CNDH ve con especial preocupación los agravios a periodistas y comu-nicadores porque se vulnera también el derecho de toda la población a estar debidamente informada”.

Sin contar el fallecimiento de Regina Martínez, la CNDH tiene registrados 76 homicidios de comunicadores de 2000 al 29 de abril de 2012 (CNDH, 2012).

Amnistía Internacional expone que al menos 61 personas defensoras de derechos humanos han sido víctimas de asesinato en México entre 2006 −cuando comenzó el mandato del actual presidente, Felipe Calderón− y 2010. “En el caso de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones civiles nacionales e internacionales han reportado al menos 61 asesinatos entre 2006 y 2010” en México, aseguró la organización no gubernamental internacional en un comunicado. Amnistía Internacional destacó que han sido asesinados al menos 66 periodistas en la última década. Además de los asesinatos de activistas, agregó, se han registrado “otros abusos graves tales como desapariciones, ataques, secuestros y amenazas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado un incremento de cerca del 180% en los expedientes de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos durante los últimos años, pasando de una media de 21 al año entre 2005 y 2009 a 48 expedientes en 2010 y 59 en 2011”, subrayó


Amnistía. Este aumento fue paralelo al de las denuncias recibidas por la CNDH por tratos crueles, inhumanos y tortura, que pasaron de 336 en 2006, a 1 666 en 2011, lo que es atribuido por el ombudsman mexicano a acciones de las fuerzas armadas desde que el Gobierno decidió en 2006 emplearlas para el combate contra el crimen organizado. En 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que habían sido asesinados 27 activistas entre 2005 y mayo de 2011, si bien advirtió que la cifra podía ser mucho más alta y que casi todos los crímenes quedaron impunes.

En razón de su participación en la lucha a favor de los derechos humanos, las y los defensores se ven expuestos, en un creciente número de ocasiones, a amenazas, abusos, actos de hostigamiento, intimidación y ataques a sus libertades fundamentales, por parte de autoridades o agentes no guberna-mentales, lo que los constituye en un grupo en especial situación de vulne-rabilidad. Entre los años 2005 y 2011 se registraron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las instancias protectoras de los derechos humanos en México, un total de 523 expedientes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de defensores y defensoras. En la CNDH, de 2005 a 2009 se recibieron en promedio 21 expedientes por año, mientras que en 2010 se registraron un total de 48, lo que implica un incremento de 128 por ciento.

Por lo que hace a las instancias protectoras de derechos humanos en que se presentaron un mayor número de quejas, destacan los estados de Jalisco (97), Distrito Federal (46), Chiapas (44), Oaxaca (36) y Chihuahua (28). Los derechos humanos más comúnmente señalados como vulnerados son los derechos a la vida; a la integridad, seguridad y libertad personales; al debido proceso y garantías judiciales; así como a la libertad de expresión e información; derecho de reunión; libertad de asociación; honra y privacidad, por hechos consistentes en intimidación, amenazas, integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia, privación de la vida, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, uso arbitrario de la fuerza pública, así como prestación indebida del servicio público.

La CNDH envió a las instancias de procuración de justicia de las enti-dades federativas un requerimiento de información, en que solicitó el nú-mero de denuncias y querellas presentadas por delitos cometidos en agravio de defensoras y defensores civiles de derechos humanos, el trámite otorga-do a estas y su estado procesal, así como la implementación de medidas cautelares en el periodo comprendido de enero de 2005 a mayo de 2011. En total, las procuradurías generales de justicia de las entidades de la república


mexicana reportan tener conocimiento de 103 casos de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos. Los estados de Baja California, Morelos, Querétaro y Sonora informaron no contar con una base de datos que permitiera enviar una respuesta a la solicitud de información formula-da por la CNDH. Los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidal-go, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas informaron no haber encontrado en sus registros denuncia o querella presentada por algún delito cometido en perjuicio de defensores civiles de derechos humanos. Durante el periodo que se reporta (enero 2005 a mayo 2011) se han documentado en los organismos protectores de derechos humanos y en la CNDH un total de 27 casos en los que se han de-nunciado privaciones de la vida en perjuicio de defensoras y defensores (CNDH, 2011).

El conjunto de feminicidio, desapariciones forzadas, muertes y población desplazada por la “guerra contra el narco” de la administración federal a cargo de Felipe Calderón y los asesinatos de periodistas y personas defen-soras de derechos humanos dan cuenta de la gravedad de las violaciones de derechos civiles y políticos de la población mexicana. También se confi-

guran violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad mexicana, relativas a la falta de acceso a satisfactores básicos materiales.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “el incremen-to del número de personas que viven en situa-ción de pobreza estuvo relacionado con el crecimiento de la población que carece de ac-

ceso a la alimentación, la cual aumentó 4.2 millones entre 2008 y 2010, así como a la reducción del ingreso real de los hogares, sobre todo en las áreas urbanas” (Coneval, 2011:110).

En el periódico La Jornada (2012) se señala que “el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó entre finales de 2008 y finales de 2010, y aunque se es-tabilizó durante el año pasado, no ha retomado su nivel previo a la crisis”.

México ocupa el primer lugar como importador de maíz en el mundo e incrementó la dependencia alimentaria respecto a Estados Unidos, al pasar de 396 mil toneladas importadas en 1992 a 9.8 millones de toneladas para

El PRD [...] concibe el Desarrollo Social como el proceso de cum-plimiento, con participación ciu-dadana y social, de los derechos humanos integrales: civiles y po-líticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, de minoría y medioambientales. (Programa PRD, pp. 24-25)


el ciclo 2011-2012. Así lo dio a conocer la Confederación Nacional de Pro-ductores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), al exponer que las impor-taciones de maíz aumentaron en 2 500 por ciento desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 a la fecha (Síntesis, 2012).

La desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza en México continúan siendo los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 1.5 veces superior a la de un país promedio de la OCDE y dos veces superior a la de países con baja desigualdad como Dinamarca.

Los beneficios públicos en efectivo constituyen solamente 6 por ciento de los ingresos disponibles del hogar, una proporción que solamente es inferior en Corea; aunado a ello, la distribución de los beneficios públicos es la menos progresiva de todos los países de la OCDE. Estos dos elemen-tos muestran que la redistribución realizada por el gobierno a través de los beneficios en efectivo tiene poco impacto en la desigualdad y la pobreza. El ingreso medio de 10 por ciento de la población más pobre es inferior a mil dólares estadounidenses en paridades del poder adquisitivo, lo cual es menor al de cualquier otro país. La distancia entre el ingreso de la clase media y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país. Veintidós por ciento de niños y cerca de 30 por ciento de la gente mayor de 65 años de edad vive en hogares con un ingreso inferior al de la línea de pobreza. México tiene, solo por debajo de Chile, el nivel más elevado de desigualdad de in-gresos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2008).

Estas violaciones de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, de los derechos humanos de la sociedad mexicana, se han acentuado en los dos lustros recientes. Ante esta situación, el poder legislativo federal ha impulsado una reforma constitucional en materia de derechos humanos que coadyuve en la generación de condiciones adecua-das para la realización de los derechos humanos de la población mexicana, reforma que se comenta en el siguiente apartado.

Reforma constitucional en materia de derechos humanos (junio de 2011)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 10 de junio de 2011 la re-forma constitucional en materia de derechos humanos, que implica modifi-caciones y adiciones a varios artículos de la Constitución.


La reforma, vigente a partir del 11 de junio, está destinada a cambiar las formas de aplicación e interpretación de los derechos humanos en Méxi-co en los sectores público, privado y social; asimismo transformará el sis-tema de procuración y administración de justicia del país.

Se trata de la reforma jurídica más destacada de los últimos cincuenta años de historia jurídica constitucional, sobre todo si se analiza a la luz de la reforma constitucional penal 2008-201617 y de la reforma en materia de am-paro del 6 de junio de 2011.18 Todas implicarán múltiples desafíos para el gobierno mexicano, poderes legislativo, ejecutivo –administración públi-ca–, judicial, y organismos públicos autónomos en los ámbitos federal, esta-tal o local y municipal, respectivamente, como para la sociedad mexicana.

La reforma abarca la modificación de los artículos: 1º, párrafos primero y quinto; 3º, párrafo segundo; 11, párrafo primero; 15; 18, párrafo segundo; 29, párrafo primero; 33, párrafo primero; 89, fracción décima; 97, párrafo segundo; 102, apartado B, párrafos segundo y tercero; 105, fracción segunda, inciso g. Así como la adición de los artículos: 1º, nuevos párrafos segundo y tercero (se recorre el orden anterior); 11, nuevo párrafo segundo; 29, nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 33, nuevo párrafo segun-do (se recorre el orden anterior).

Antes del 10 de junio de 2011, el capítulo I del título primero de la Cons-titución Política se denominaba “De las garantías individuales”, actualmen-te se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. Se trata de un cambio importante.19 Sin duda se avanzó, pero el concepto de derechos

17 Se refiere a la tarea para transformar el sistema de procuración y administración de justicia que pretende cambiar el sistema penal mexicano de ser mixto a un sistema acusatorio en el que prive la presunción de inocencia, se profesionalice al ministerio público, policías in-vestigadoras, funcionarios de juzgados y jueces. Una parte de esta reforma consiste en la creación de varios jueces, entre ellos el juez de oralidad, de ahí que se reduzca la amplitud y la complejidad de la reforma con los juicios orales.

18 La reforma constitucional del juicio de amparo consiste, grosso modo, en la procedencia de este en relación con cualquier norma jurídica general respecto de violaciones de derechos humanos previstas en los tratados internacionales en la materia. También se introducen el amparo adhesivo y el interés legítimo individual o colectivo; nuevos conceptos relativos a las violaciones de derechos humanos por actos de omisión de las autoridades; y la posibili-dad de formular declaratorias generales de inconstitucionalidad. En materia de funciona-miento del Poder Judicial Federal se prevé la creación de Plenos de Circuito (que podrán crear jurisprudencia en la interpretación de la Constitución y normas generales) y una nue-va manera de integrar jurisprudencia “por sustitución”. Los cambios deberán desarrollarse en la nueva ley reglamentaria en materia de amparo.


humanos es demasiado amplio. Hubiera sido más pertinente denominar al capítulo “De los derechos fundamentales”.

El contenido de los principales cambios constitucionales20 puede agru-parse en ámbitos: a) los que establecen definiciones y reconocimiento de nuevos21 derechos; b) los que generan obligaciones generales y específicas al Estado mexicano y a los funcionarios públicos; y c) los que modifican funcionamiento de instituciones.

Definiciones y nuevos derechos. Se instituye el principio pro personae que establece la interpretación de la norma jurídica que más proteja al titular de un derecho humano, en caso de distintas interpretaciones. También significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Además se explicita el reco-nocimiento de los tratados internacionales en el segundo orden en la jerar-quía de leyes en el país.

La política exterior mexicana se regirá por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.

Se incluye la prohibición de todo acto de discriminación −que dañe parcial o totalmente derechos, libertades, la dignidad humana− motivado por preferencia sexual. Se instituye que la educación pública deberá fomen-tar el respeto a los derechos humanos.

Se reconoce el derecho a pedir asilo por motivos políticos y el derecho de refugio por motivos humanitarios. Se prohíbe, en forma explícita, las violaciones de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por acción u omisión de las autoridades penitenciarias.

Obligaciones estatales. Se establecen para el Estado mexicano y los funcio-narios públicos;22 se reconocen las tres obligaciones tradicionales de los

19 No es admisible considerar como sinónimos derechos y garantías: estas últimas consisten en todos aquellos mecanismos de protección de derechos como lo es el juicio de amparo, el juicio político, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los recursos de apelación o revisión, la jurisdicción de derechos humanos, entre otras. Así, las garantías son los mecanismos para exigir el efectivo goce y ejercicio de los derechos. Para Luigi Ferrajoli, una garantía se puede definir como “cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo” (cit. por Carbonell, 2012:14).

20 Miguel Carbonell (2011) publicó una síntesis de la reforma, que se usó para elaborar el análisis. 21 Las cursivas son nuestras.


Estados en materia de derecho internacional: respetar, proteger y cumplir, además estas deberán atender a las características o principios de los de-rechos humanos como la universalidad, la progresividad, la indivisibilidad y la independencia. Los jueces, funcionarios públicos y legisladores en los tres niveles de gobierno23 deberán conocer, respetar y hacer respetar, pro-teger y garantizar los derechos humanos de las personas.

El Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Se obliga al Estado y a sus funcionarios a respetar las garantías de audiencia previa y procedimientos legales para estar en condiciones de hacer que personas extranjeras abandonen el país.24

Es obligación de todo funcionario público e institución en el país, de cualquier orden de gobierno, contestar una recomendación, así como fundar, motivar y publicar la negativa a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos. Los funcionarios públicos y todo empleado en el Sistema Peni-tenciario Nacional deberán respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad por la comisión de delitos.

El Estado mexicano deberá sumarse a las condenas internacionales en materia de violaciones de derechos humanos probadas, así como aplicar las sanciones diplomáticas que legalmente correspondan.

Como complemento de la reforma constitucional, se ordena a las insti-tuciones y funcionarios competentes la expedición, a más tardar en un año contado al día siguiente de la publicación de la reforma, de varios instrumen-tos jurídicos: ley sobre reparación de las violaciones de derechos humanos;

22 Se puede usar indistintamente los términos funcionario público y servidor público. La Con-vención Interamericana contra la Corrupción, instrumento internacional vigente en el país, usa funcionario público, oficial gubernamental o servidor público, mientras que la legislación administrativa secundaria, tanto federal como estatal, utiliza servidor público. La Conven-ción contiene la siguiente definición: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos (artículo I Definiciones).

23 Los tres órdenes o niveles de gobierno son federal, estatal o local y municipal. El Distrito Federal no es una entidad federativa, ni un nivel de gobierno; sin embargo, es obvio que todas las obligaciones del Estado mexicano le son aplicables.

24 Históricamente son famosos los casos de violaciones a derechos humanos de ciudadanos extranjeros que tuvieron que dejar el país sin respeto por la garantía al debido proceso, que fue dolosamente eliminada por funcionarios públicos mexicanos.


ley en materia de asilo; ley sobre suspensión de derechos; ley en materia de expulsión de extranjeros; leyes de las comisiones de derechos tanto nacio-nal y estatales como del Distrito Federal.

Funcionamiento institucional. Las comisiones de derechos humanos podrán conocer de asuntos laborales en materia de violaciones a derechos huma-nos, con lo cual solo tienen dos ámbitos de incompetencia: asuntos electo-rales y jurisdiccionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar de oficio o a petición de parte las violaciones graves de derechos humanos cometidas por instituciones y funcionarios de todos los poderes y órdenes de gobierno (esta facultad antes estaba conferida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

El Sistema Penitenciario Nacional deberá observar el respeto y protec-ción de los derechos humanos.

Las reformas tienen como objetivo primordial promover la eficacia en el acceso a la justicia, a la exigibilidad jurídica de los derechos humanos en México. Habrá que dar seguimiento a su aplicación efectiva para cons-tatar que se refleje en el respeto y realización de los derechos humanos en nuestro país.

A manera de conclusiones

Dos dinámicas habrá que advertir para dimensionar esta grave situación de los derechos humanos violados a la población mexicana, tanto por la coac-ción por parte del Estado como también por su omisión. La primera se re-fiere a la participación activa de instituciones del Estado mexicano en la violación de los derechos humanos, y la segunda, a la ausencia de acciones y políticas de gobierno para producir condiciones dignas de vida.

Los fenómenos analizados y las estadísticas aportadas solo confirman lo que la CNDH reportó en 2011: 16 800 personas desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas sin identificar; en su caso, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) reportó el 3 de mayo de 2012 que tiene aproximadamente 600 expedientes de personas desaparecidas.

El Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomienda al Estado mexicano el reconocimiento de la dimensión del problema de la desaparición forzada en el país como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para


su erradicación (Grupo de Trabajo…, 2012:10).25 Para generar este recono-cimiento deberán producirse registros de información confiables, los cuales no existen como lo indican diversas organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a violaciones como el feminicidio, los asesinatos de perio-distas y defensores de derechos humanos, entre otros.

El texto presentado en Naciones Unidas reconoce dos momentos en materia de desapariciones forzadas en el país: las ocurridas entre 1968 y 1980 en el marco de la denominada “guerra sucia” y las que se dan en el contexto actual de (in)seguridad. El Grupo proporciona información diver-sa sobre el número de desapariciones forzadas en el contexto actual: la CNDH registró un aumento sostenido de quejas recibidas sobre desapari-ciones forzadas de 4 en 2006 a 77 en 2010, mientras que el Programa de Personas Desaparecidas de la misma institución registró la presunta des-aparición de 346 personas en 2010. La Procuraduría General de la Repúbli-ca inició 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada. Desafortunadamente el texto no indica el periodo que abarca la información entregada por la Procuraduría y tampoco existe un análisis de la informa-ción respecto del dato de la PGR con el Programa de la CNDH. Es necesario destacar que la CNDH es la única institución gubernamental que cuenta con registro permanente y actualizado de desapariciones forzadas. Organiza-ciones civiles de defensa y protección de los derechos humanos reportaron más de 3 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha (Grupo de Trabajo…, 2012:17-18).

El Informe reconoce que recibió datos verosímiles y que es posible decir que:

…no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos

del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la

participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presen-

te en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y

verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autori-

dades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo

directo o indirecto de algunos funcionarios públicos (Grupo de Trabajo…,

2012:18).

25 El Grupo de Trabajo visitó México del 18 al 31 de marzo de 2011. El Informe se publicó en Ginebra, Suiza el 14 de marzo de 2012.


La falta de políticas, leyes, presupuestos y acciones estatales que pro-duzcan mejores condiciones sociales de vida para la población mexicana se observa en este agravamiento de la violación de los derechos humanos de la sociedad mexicana: la pobreza y desigualdad como expresiones sintéti-cas de esta situación.

La protección de los derechos humanos deberá mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y todas las personas que vivan en el territorio mexicano. En este contexto es imprescindible erradicar la corrupción polí-tica y económica y la impunidad que imperan en el país. Las instituciones y los funcionarios públicos deberán profesionalizarse en el conocimiento de los derechos humanos, desde el punto de vista teórico y práctico. Las organizaciones de derechos humanos habrán de compartir su experiencia en casos de litigio estratégico donde se observe la justiciabilidad de los derechos. Las universidades y demás instituciones de educación superior públicas, privadas y sociales tendrán que participar más en un diálogo recursivo de respeto y promoción de los derechos humanos, lo que favore-cerá la preparación de los futuros profesionistas del país. Los partidos políticos deberán revisar sus formas y pro-cedimientos de atención a las necesidades de la ciudadanía, pues sus plataformas polí-ticas de principios políticos y de coyuntura electoral no hacen referencia a los derechos humanos y sus responsabilidades públicas en la materia. Las políticas públicas deberán garantizar la efectiva partici-pación comunitaria y la visión transversal de los derechos humanos. Cada persona en el entorno familiar, laboral y comunitario deberá trabajar por la cultura del respeto a los derechos humanos y la denuncia de las viola-ciones cometidas. Se trata de vivir y trabajar bajo principios y responsabi-lidad ética en los ámbitos público y privado para abatir los niveles de corrupción e impunidad en el país.

Enorme reto tienen la sociedad y el Estado mexicano pues resulta pa-radójico que la reforma constitucional surja precisamente durante el recru-decimiento de las violaciones de los derechos humanos en el país.

Generar condiciones para la realización íntegra de los derechos huma-nos de la población mexicana implica medidas específicas pero también un debate amplio en torno a los valores que guían nuestras acciones como sociedad: habrá que recuperar el sentido de comunidad política y social organizada a través de un Estado, mismo que adquiere sentido no en su

Una tarea insoslayable: garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 16)


expresión mínima sino en su presencia responsable de respeto, promoción y cumplimiento de los derechos humanos de la sociedad mexicana.

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El Ingreso Ciudadano Universal: una propuesta dentro de una agenda

progresista y de izquierda

Makieze Medina Ortiz

Las graves circunstancias por las que atraviesa México en el plano social, económico y en materia de seguridad exigen un cambio profundo de

rumbo mucho más necesario de lo que significaba la alternancia en el poder en 2006.

El espectro político de las próximas elecciones y la formación de futuros gobiernos a escala nacional, estatal y municipal exigen reorientar las prio-ridades del país en torno a un nuevo proyecto nacional que modifique el régimen económico imperante y dé pie a un nuevo pacto social que enfren-te las tesis y dogmas neoliberales convertidas en hegemónicas en las últimas tres décadas; y paralelamente, encauce el rumbo de una inacabada transición y consolidación democrática, y modifique también las estrategias de segu-ridad que en los últimos seis años han provocado grados altísimos de vio-lencia, muertes y militarización en el país.

Es ya conocido que con la introducción de un nuevo orden económico internacional carac-terizado por el neoliberalismo como régimen capitalista de acumulación vigente, se han imple-mentado en el ámbito internacional medidas neoliberales a través de una serie de acciones y reformas estructurales en política económica y social que –en diferentes momentos y con diversos grados de intensidad– se han materializado en la apertura al mercado mundial; la inversión especula-tiva de capitales transnacionales; la desregulación estatal de la economía y comercio para el libre flujo de capital; la liquidación de la industria nacional y su venta a capitales privados y extranjeros; la compra e inversión privada en recursos naturales y áreas estratégicas; la contención del salario, el dé-ficit y de la deuda pública, así como un estricto control de la inflación.

Rechazamos la visión neolibe-ral que concibe al desarrollo social circunscrito a acciones asistencialistas focalizadas en mitigar la pobreza extrema. (Pro-grama PRD, p. 24)


En materia social se realizaron modificaciones constitucionales para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas nacionales y extranjeros; se han suspen-dido apoyos para la producción agropecuaria y desmantelado programas y redes de seguridad social; ha existido un retroceso en los derechos sociales orientando hacia la privatización en las áreas de educación, salud, pensio-nes y seguridad pública; ha habido una ofensiva contra los derechos de las y los trabajadores, lo que ha provocado una mayor precarización en el tra-bajo y en las relaciones laborales; y se ha priorizado el combate a la pobre-za, no a partir de medidas integrales que tiendan a redistribuir el ingreso a través del incremento salarial y de una mayor recaudación fiscal y modifi-cación del régimen tributario, sino por medio de políticas de transferencias monetarias condicionadas y focalizadas en la población con niveles de pobreza y pobreza extrema.

Este conjunto de medidas no han implicado mejoras sustantivas para el país ni han revertido la situación que se proponían enfrentar, por el con-trario, ha habido un bajo crecimiento en las últimas tres décadas; la deuda externa pública y la inflación –aunque en menor proporción– han tenido periodos de crecimiento; el salario mínimo real ha perdido en grandes pro-porciones su poder adquisitivo; además ha habido importantes pérdidas de beneficios sociales y laborales para las y los trabajadores, y han resultado sumamente desfavorables para el bienestar de las clases medias y de la población más vulnerable los periodos de crisis por los que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y 2008-2009). La explosión en 2008 de la crisis económica mundial es expresión del fracaso del régimen neoli-beral y ha provocado para amplios sectores de la población consecuencias sociales que se evidencian en mayores niveles de pobreza, aumento del desempleo, peores condiciones laborales, reducción de los salarios y res-tricción de los derechos y beneficios sociales.

A estas problemáticas habría que añadir aquellas desigualdades más añejas derivadas de los marcos institucionales y políticas sociales del ré-gimen de bienestar en México, que, si bien en su desarrollo logró acercarse a la materialización del conjunto de derechos sociales establecidos en la Constitución al crear instituciones de seguridad social, ampliar de mane-ra contundente el acceso a la educación, establecer relaciones de trabajo formales y estables acordes con el proceso de industrialización y urbani-zación del país, presenta paralelamente características que lo inscriben como un régimen fragmentario, inequitativo e incompleto al no lograr la

145El Ingreso Ciudadano Universal: una propuesta dentro de una agenda progresista y de izquierda

universalización ni la total gratuidad de todos los derechos sociales que se encuentran reconocidos en la Constitución. Esto deja excluida a la población rural, indígena y a todas aquellas personas que trabajan en el mercado in-formal de trabajo, básicamente, por haber establecido un régimen de bien-estar dual que garantiza el acceso a un conjunto de derechos sociales solo a aquellas personas que participan en el mercado formal de trabajo y que realizan aportaciones derivadas de su salario como parte de su contribución en el sistema tripartita del que forman parte: empleado, empleador y Estado.

A todo ello habría que sumar como importantes problemáticas la cons-tante desigualdad y las anchas franjas de población que se han mantenido en situaciones de pobreza como característica persistente del país.

La desigualdad en la distribución del ingreso medida por el índice de Gini1 hasta el año 2008 fue de 0.48, cifra igual a la que México presentaba en 2004 (Inegi, 2008) y muy similar a la de 0.49 que tuvo entre 1968 y 1977 (Székely y Lusting, 1997), por lo que se puede corroborar que no existen grandes avances en la concentración del ingreso, sino una continuidad, pues los niveles de desigualdad en 2008 son los mismos que los observados 31 años antes, en 1977.

Las soluciones profundas tampoco derivarán de políticas que focalicen y reduzcan cada vez más los grupos por atender. Ejemplo de ello son los actuales Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que se han implantado en América Latina, como el programa Oportunidades en México, dirigidos a las personas en situación de pobreza. Estos no tienen como foco abatir seriamente la desigualdad del ingreso ni consideran me-didas para revertir las causas estructurales de la pobreza, tampoco incor-poran estrategias que incidan en el entorno y contexto social en el que se interactúa, y mucho menos incluyen una visión garantista de derechos que procure que los pobres abandonen esta condición garantizándoles su acce-so y ejercicio del conjunto de derechos sociales.

Los datos corroboran que este tipo de programas –cuya principal in-tención es reducir los niveles de pobreza en el país– no han funcionado. La pobreza en México no ha disminuido, e incluso, de acuerdo con un cálculo más completo como el del Método de Medición Integrada de la Pobreza

1 Mide el grado de concentración del ingreso y estadísticamente toma el valor de 0 si el ingre-so está equitativamente distribuido y asume el valor de 1 cuando hay una concentración absoluta.


(MMIP) presentado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal,2 se registran un mayor número de pobres que aquellos que da a conocer oficialmente el gobierno en el nivel federal3 y una proporción constante a través de los años. Los datos del Consejo reflejan que en 2004, 83.8 por ciento de la población nacional se encontraba en condiciones de pobreza y en 2010 disminuye solo un punto, alcanzando 82.8 por ciento. Estos datos resultan preocupantes por los altos porcentajes y por el tiempo en el que se han mantenido en estas condiciones (Evalúa DF, 2011).

Lo fundamental de estas problemáticas y datos es que no son coyuntu-rales sino estructurales, propias del modo de organización y reproducción de las sociedades en las que el régimen neoliberal coexiste. Por lo tanto, la solución no puede consistir en políticas que restablezcan y consoliden las medidas ortodoxas que han originado esa problemática; y tampoco es una opción dejar de lado el crecimiento económico con mejoras sustantivas en la distribución de la riqueza y los bienes y apuntar a un mayor control ma-croeconómico y restricción de derechos, lo cual contradice los objetivos sociales establecidos en la Constitución y agranda las distancias entre las personas que tienen garantizados esos derechos y aquellas que no.

2 El Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) es una metodología multidimensio-nal que considera, además del ingreso, el tiempo disponible y un conjunto de componentes referidos a condiciones de vida que se agrupan bajo la denominación de necesidades básicas insatisfechas (NBI) integradas por 8 componentes: salud y seguridad social, vivienda (calidad de materiales y espacio), educación, condiciones sanitarias (agua, drenaje y excusado), energía doméstica (electricidad y combustible para cocinar), teléfono, bienes durables y manejo de basura. El indicador agregado de NBI para cada hogar es la media ponderada de los 8 indicadores individuales.

3 Con datos de 2008, el Coneval presentó en 2009 la nueva metodología de medición multidi-mensional de la pobreza, que considera los siguientes indicadores: ingreso corriente per capita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y grado de cohesión social. De acuerdo con esta nueva concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Según esta nueva medición, en el año 2008, 44.2% de la población nacional vivía en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, aproximada-mente 47.2 millones de personas en el país presentaban al menos una carencia social y no tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Ver: Coneval, “Metodología de medición multidimensional de la pobreza en México”, 2009. Disponible en: <www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/8803.pdf>.


Este panorama evidencia que en México persisten los grandes y profun-das desigualdades de antaño; que las medidas neoliberales y su fracaso han generado nuevas formas de exclusión y desigualdad y desmantelado algunos derechos sociales, lo que ha agudizado la crisis del Estado de bienestar. Asimismo, el contexto actual ha confirmado que el trabajo asalariado, por su insuficiencia, precarización y desmantelamiento de las negociaciones colectivas, no puede continuar siendo el criterio ordenador del sistema económico y social, el principal mecanismo de inclusión y pertenencia social, ni puede asegurar ser la única fuente de ingresos ni de acceso a los derechos sociales y al bienestar social.

Una alternativa en la agenda: el Ingreso Ciudadano Universal

La importancia de retomar estos contextos reside en que puedan plantearse profundas propuestas que lleven a construir nuevos paradigmas y consigan reorientar los procesos económicos y sociales actuales. Con estas referencias, hace más de veinte años surgió en el ámbito internacional el debate sobre el derecho a un Ingreso Ciudadano Universal (ICU), también denominado Ren-ta Básica, que lejano de las concepciones y políticas dominantes introduce nuevas orientaciones para transformar el orden social.

Con el Ingreso Ciudadano Universal se propone que el Estado garantice y pague un ingreso monetario universal e incondi-cional como derecho de ciudadanía, lo cual significa que otorgaría un ingreso moneta-rio a todos los integrantes de una sociedad con residencia acreditada por la simple con-dición de ser ciudadanos y ciudadanas, in-dependientemente de si trabajan o no de forma remunerada, si tienen otras fuentes de ingresos, si se encuentran o no en situación de pobreza, si son mayores o menores de edad y sin importar cualquier otra situación o condición económica, cultural, social, civil, política, religiosa, física o sexual.

Esta propuesta comenzó a discutirse en Europa en la década de los ochenta en el plano teórico, político y filosófico desarrollando los postulados y reflexiones encaminados hacia una sociedad justa. En los noventa, su discusión se fue centrando en los procesos sociales frente a los cambios,

Diseñar un sistema de seguridad so-cial, universal e integral a través del establecimiento de un seguro de des-empleo moderno, asociado a progra-mas efectivos de readiestramiento y reinserción laboral para los trabaja-dores formales del país. (Programa PRD, p. 36)


limitaciones y falta de alternativas que presentaba el Estado de bienestar keynesiano, cuyos postulados clásicos sostenían un trabajo dependiente y estable para todos y la garantía de los derechos establecidos en las normas constitucionales. En los últimos años, se ha defendido su pertinencia frente a los procesos de exclusión y desigualdad que han generado las medidas neoliberales y la última crisis capitalista iniciada en 2008, de la que deriva-ron impactos económicos, así como de los ajustes macroeconómicos y restricción de derechos que impusieron algunos gobiernos y perjudicaron aún más las condiciones socioeconómicas de muchos ciudadanos en diver-sas partes del mundo.

En el transcurso de estas más de tres décadas de discusión internacio-nal se formó la Red Mundial por el Ingreso Básico (BIEN-Basic Income Earth Network), a la que se han integrado para su apoyo y promoción secciones oficiales en 18 países de los cinco continentes. Además de ello, existen varios gobiernos de diferentes países que han propuesto un Ingreso Ciudadano Universal en su agenda, algunos incluso priorizan garantizarla a ciertos sectores de la población con el fin de ir avanzando gradualmente para incluir a la totalidad. Aun cuando existen importantes avances de propuestas en el plano internacional a favor de un ICU y de programas que se acerquen en su diseño y orientación a éste, Canadá es el único estado en el mundo que ha implementado desde hace varios años un ICU para todos sus habitantes.

El ICU como derecho de ciudadanía en el Estado de bienestar

Uno de los argumentos centrales del Ingreso Ciudadano Universal es su concepción como un derecho de ciudadanía. Esto significa que el Estado de manera universal e incondicional debe ofrecer un ingreso monetario a todos los integrantes de una sociedad por el solo hecho de ser ciudadanos. Con ello se contribuye a materializar la pretensión que todas las per-sonas y en las mismas condiciones gocen de

la ciudadanía, no solo en el plano civil y político, sino en el plano social al ser aceptados como miembros plenos de una sociedad y compartir la riqueza social con todas las personas que la producimos a través de distintas vías.

…el PRD propondrá, reforzará y aplicará, en los lugares donde sea gobierno, la adecuada articulación de la política económica y social, bajo el enfoque del disfrute inte-gral de los derechos humanos. (Programa PRD, p. 24)


Al defender un ICU como un derecho de ciudadanía se contribuye tam-bién a presentar alternativas más allá de los modelos instaurados y con ello impulsar la restructuración del Estado de bienestar actual. En este sentido, lo que se propone es que el acceso a un ingreso, así como a otros derechos sociales −como salud, seguridad social y vivienda−, constituyan derechos de ciudadanía y no se garantice su acceso únicamente a las personas que están incorporadas al mercado formal de trabajo.

Ello significaría que al igual que los derechos civiles y políticos, que son garantizados como derechos de ciudadanía, cualquier derecho social se garantice para todos sin limitar su acceso a nadie. Esto es fundamental resaltarlo porque aunque por la vía formal los derechos sociales estableci-dos en la constitución son universales, “el acceso público” a estos se logra a través de las contribuciones salariales que se realicen en el mercado formal de trabajo –con excepción de la educación− y ello reduce ampliamente la cobertura y garantía estatal. Reconocidos como derechos de ciudadanía se elimina también la posibilidad de que se garanticen por extensión, como acontece con la totalidad de los infantes y una mayoría de mujeres (madre, esposa, concubina, viuda o hija) que son familiares de una persona que sí goza de la titularidad del derecho al participar en el mercado formal de trabajo.

Incluso, la ciudadanía en los derechos sociales, en lugar de ser vista como una dimensión sumamente difícil de garantizar, debe enfatizar la oportunidad que ofrece a cualquier Estado –que se jacte de ser democrá-tico–, de restituir a través de una importante reforma al sistema fiscal, la obligación de distribuir la riqueza social hacia la sociedad en su conjunto puesto que esta es resultado de todas las fuerzas productivas de una sociedad y no únicamente de ciertos sectores que participan en la economía formal.

En México, como en varios países de América Latina, la vía de acceso a los derechos sociales está diferenciada entre las personas incluidas en el mercado formal de trabajo y las que no lo están. El sistema de salud es uno de los ejemplos donde el acceso a los derechos está asociado a las condi-ciones económicas y sociales, pero primordialmente a la condición laboral de la población. En este tema existen diversas instituciones y prestadores de servicios de salud reunidos en tres principales grupos cuya clasificación depende de la inserción laboral y la capacidad de pago de las personas. El primer grupo incluye a las instituciones que prestan servicios a la población no asegurada (población abierta),4 que alcanza a 62.5 millones de mexica-nos, esto es, a 58 por ciento de la población. El segundo se compone de las


instituciones que atienden a la población trabajadora de la economía formal (población derechohabiente),5 compuesta por 45 millones, lo que significa 41.8 por ciento de la población. El tercer grupo lo constituyen las institucio-nes del sector privado a través de hospitales, clínicas y otras con fines de lucro (Cabrera y Gutiérrez, 2011).6

Como consecuencia de esta división no existe la cobertura universal y en estos tres grupos hay una diferenciación en el acceso y una segmenta-ción en los beneficios, mucho más marcada para la población no derecho-habiente (población abierta) que recibe un menor número de servicios de salud y de menor calidad debido a que no puede acceder a las instituciones de salud para la población derechohabiente (que ofrecen todo tipo de ser-vicios y de cualquier nivel), además de que una mayoría no cuenta con los recursos suficientes para acceder por la vía del mercado, mucho menos, con los altos costos que tienen los servicios de salud y los medicamentos en instituciones privadas.

Habría que añadir que el esquema brevemente descrito en el sistema de salud es análogo para el acceso público a los bienes y beneficios que de-rivan de los derechos a la vivienda y a la seguridad social, de manera que se reproducen las diferencias y exclusiones entre las personas que traba-jan en el mercado formal y las que se encuentran en la informalidad, las cuales suman a seis de cada 10 personas ocupadas en México (Aparicio, 2011:106).7

Al proponer la ruptura del vínculo entre los beneficios de los derechos sociales y las contribuciones laborales en el mercado formal de trabajo, a fin de que aquellos se garanticen desde un enfoque de ciudadanía, lo que en el fondo se está planteando es una propuesta de gran calado que de-fiende en términos específicos la desmercantilización del acceso al bienes-tar, y, en términos más generales, la desmercantilización y socialización de

4 Sistemas estatales de Salud, clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), el Programa IMSS-Oportunidades y desde 2002 el Seguro Popular.

5 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tiene a cargo a las personas que trabajan en el sector privado; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-tado (ISSSTE), es decir, para el sector público; y las y los trabajadores de las Fuerzas Armadas (Sedena), la Marina Nacional (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes cuentan cada uno con su propio mecanismo de seguridad.

6 Las fuentes de los datos derivan de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, Inegi-IMSS, 2010.

7 Todas las referencias de Abraham Aparicio tienen como fuente el Inegi.


los medios de existencia como formas de garantizar la reproducción de la sociedad sin que esté mediada por el trabajo o por el mercado.

En esta mirada es fundamental ubicar al Ingreso Ciudadano Universal. No se propone como una medida aislada, sino dentro de un conjunto de propuestas desde el enfoque de ciudadanía que aspiran a universalizar el acceso a las condiciones materiales de la libertad y del bienestar.

La propuesta para un gobierno que pretenda formar una agenda pro-gresista es que el eje social de un proyecto de izquierda sea desmercantili-zar el bienestar para avanzar hacia la emancipación y la libertad de las personas.

Con ello se pretende que el acceso a los bienes sociales no dependa solamente de la participación en el mercado formal de trabajo o de su ob-tención en el libre mercado y para ello se deben implementar políticas universalistas que los garanticen. En este sentido, el bienestar social visto desde un enfoque de ciudadanía implica que los bienes y satisfactores so-ciales sean proporcionados a todas las personas como expresión y materia-lización de los derechos que tienen.

Un ICU de cara a las dinámicas y problemas del mundo del trabajo

Ahora bien, si se plantean propuestas de gran calado tendientes a la des-mercantilización gradual del acceso al bienestar social y a restructurar las relaciones sociales de producción es porque resulta urgente hacer un re-planteamiento central del trabajo ya que la concepción del pleno empleo, caracterizado por ser formal, regulado, estable, y del cual deriva el acceso a una serie de derechos, no puede ser pensado más como el horizonte por alcanzar cuando el contexto actual predominante es el del trabajo precario, intermitente, con relaciones informales de trabajo, bajos salarios, periodos largos o permanentes de desempleo, con reducción del personal debido a los impactos de la revolución tecnológica y pérdida de fuerza de la negocia-ción colectiva y de la organización sindical. Todas estas son expresiones de la desvalorización del trabajo en el neoliberalismo, que evidencian los lími-tes del empleo como principal elemento generador de ingresos.

De acuerdo con la recopilación de datos derivados de diversas fuentes oficiales (Aparicio, 2011), el mercado de trabajo en México en la primera década del siglo XXI (2000-2009) se caracterizó por el desempleo creciente;


la baja de las remuneraciones reales y de la productividad; insatisfacción con el empleo; el aumento de la duración de la jornada laboral para un sector importante de la población ocupada; el aumento de la precariedad del empleo y de la informalidad; y el creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Ciertos datos ejemplifican algunos rasgos del párrafo anterior: la pobla-ción económicamente activa (PEA) en México corresponde a 46.8 millones de personas de 14 años o más. De la población ocupada,8 conformada por 43.9 millones de personas (Aparicio, 2011:100), solo 52.8 por ciento cuenta con un escrito que garantiza su relación laboral con la o el empleador (Apa-ricio, 2011:101); y 64.3 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud, lo cual evidencia que seis de cada 10 personas ocupadas tienen un empleo precario y que de alguna manera se encuentran en la informalidad (Aparicio, 2011:106). Llaman la atención los bajos niveles salariales de la población ocupada, cuyo mayor porcentaje (22.2) gana más de 1 y hasta 2 salarios mínimos (SM); seguido de 19.9 por ciento, que gana más de 2 y hasta 3 SM; y 17.4 por ciento gana más de 3 y hasta 5 SM (Aparicio, 2011:105). Desde el año 2000 hasta 2009 la población desocupada fue incrementándose hasta ubicarse en ese último año con un porcentaje mayor de 6 por ciento (Apa-ricio, 2011:107) (dato que oculta un enorme nivel del sector informal); de esta población desocupada, 90.6 por ciento cuenta con experiencia laboral; 53.2 por ciento está en dicha condición porque perdió o terminó su empleo; y 36.3 por ciento porque se sintió insatisfecha con el empleo anterior (Apa-ricio, 2011:110). Cifras que desmantelan los mitos de que las personas desempleadas no obtienen un buen trabajo por falta de voluntad, capaci-dades o experiencia.

Estas expresiones y tendencias no tenderán a desaparecer; por el con-trario, permanecerán y se acentuarán impactando no solo en la generación de ingresos, sino también en otras dimensiones en las que el trabajo ha resultado central para la vida personal y familiar, así como en la inclusión, cohesión y reproducción de la vida social.

La descomposición y desvalorización de la fuerza de trabajo se resien-te también para aquellas personas que gozan de un empleo formal y que en México han atestiguado la caída de su poder adquisitivo vía salario. De

8 Población ocupada: parte de la PEA absorbida por el mercado de trabajo en el sector formal o informal de la economía que recibe una remuneración.


acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011), que incluyó a 18 países de América Latina y el Caribe, México tuvo la menor tasa de crecimiento anual promedio de los salarios mínimos reales durante el periodo 2000-2010 (0.1), solo mayor a la de El Salvador (0.0) y a la de República Dominicana (-0.7), situación que deriva en una pérdida del poder adquisitivo y de compra de las personas.

Otra expresión de desvalorización del trabajo de las y los trabajadores es el intento de aprobar una reforma laboral que en el discurso busca pro-mover una mayor inversión que motive el crecimiento económico, aunque en la realidad se propone desmantelar aún más algunos de los derechos laborales e ir disminuyendo la cohesión y fuerza de negociación sindical. Esto solo pone en peligro los fundamentos clásicos del régimen de bienestar, sino que también provoca que las clases trabajadoras pierdan cada vez más la posibilidad de influir en la vida laboral y política del país.

Este conjunto de hechos evidencian en rasgos más generales que es-tamos ante un gran problema que refiere a la pérdida de la centralidad del trabajo si se reconoce que cada vez menos se le puede concebir como un factor estructural de reproducción de la sociedad o como el elemento bá-sico de integración social. Y no solo por su insuficiencia, sino porque a raíz de su precarización, desmantelamiento y mayor explotación no llegarán a conformar una mayoría los empleos en los que las y los trabajadores ob-tengan un salario justo y se desarrollen, adquieran una mayor profesiona-lización, realicen actividades acordes con su formación y en condiciones adecuadas, consigan niveles de ascenso, obtengan un reconocimiento social y logren una realización profesional y personal.

Asimismo, si se aboga por un Ingreso Ciudadano Universal y cualquier otro derecho social como un derecho de ciudadanía, es porque se parte del reconocimiento de que las personas que conforman una sociedad contribuyen a su reproducción, sea a través de la inclusión laboral –formal o informal– o de aquellos trabajos y oficios no remunerados, como el tra-bajo doméstico o los voluntarios. En este sentido, se debe reconocer que existen responsabilidades y solidaridades colectivas en las que todos los miembros de una sociedad contribuyen en alguna medida, y no una división ficticia entre las personas que trabajan y contribuyen y quienes no.

El hecho de que un buen número de personas ejerzan diversos trabajos socialmente útiles y valiosos pero no remunerados, y en otros casos se de-sempeñen en trabajos que forman parte del mercado informal, refuerza justa-mente la idea de que tanto la riqueza y herencia social, como la reproducción


de la sociedad, la construyen –de diversas maneras– todas las personas que formamos parte de esta.

Estas realidades tensionan la relación establecida entre el acceso a los derechos y la participación en el mercado formal de trabajo. Además de que representan un cuestionamiento profundo a la noción de ciudadanía, ya que si el trabajo ha sido para esta su núcleo y vía de acceso, la actualidad nos presenta como telón de fondo que el empleo formal es insuficiente y limitado para todos los que están en condiciones de demandarlo.

En consecuencia, el resto de las personas que aun cuando en el día a día trabajan no lo hacen con un contrato laboral formal, y –lo que es peor– labo-ran en condiciones de explotación salarial, física, de riesgo, en circunstancias de esclavitud o incorporando a infantes, no pueden ejercitar su ciudadanía ante la imposibilidad de acceder a un conjunto de derechos sociales que se garantizan públicamente por la vía del mercado formal de trabajo; y tampoco pueden ejercer algunos derechos políticos, civiles, culturales y ambientales cuando no se dispone de las condiciones materiales necesarias o cuando están involucradas de tiempo completo en asegurar su subsistencia.

Para estos grupos, que aun en condiciones adversas contribuyen –como otros integrantes de la sociedad– a la reproducción social, el acceso y ga-rantía de sus derechos sociales no dependen de la responsabilidad estatal sino del funcionamiento del mercado. Este hecho, además de ser éticamente inaceptable, cuestiona de manera profunda la noción de ciudadanía, puesto que esta hace a los ciudadanos iguales en cuanto a los deberes, aunque no respecto a los derechos. En lo formal son ciudadanos pero en la práctica no ejercen su ciudadanía. Además de ello, la satisfacción de bienes sociales por la vía del mercado no representa una alternativa viable para los sectores más vulnerables y carentes, puesto que los costos en materia de salud, vi-vienda y seguridad social son para una mayoría impagables, por lo tanto, ni cuentan con los mecanismos para acceder a ellos por vía pública (estatal) ni con los recursos para proveérselos por vía privada.

Por eso, si el trabajo que históricamente ha servido como elemento básico de integración social se está desestructurando; si varios oficios corroboran que cada vez menos representa un elemento de movilidad social; y si para personas que trabajan en condiciones degradantes, serviles y de explotación no representa un elemento de inclusión sino de mayor exclusión social, se debe proponer modelos de integración social que se sustenten y organicen fuera de la lógica del trabajo y del mercado y que restauren la pertenencia social más allá de la condición laboral.


El ICU como parte de una agenda progresista

2012, año electoral en que se definirá a un nuevo presidente y una diferen-te composición del poder legislativo al renovar el Senado y la Cámara de Diputados federal, es un momento político que exige que la izquierda con-ciba a profundidad un proyecto que rompa la continuidad de la política imperante, cambie el orden de las políticas neoliberales y sea creador e impulsor de un proyecto alternativo fundamentado en un nuevo pacto social con un eje articulador de políticas de izquierda, y no solo en términos de disminuir las desigualdades de ingreso, la pobreza o miseria, sino de la reconstitución de las rela-ciones sociales mediante un reparto más justo y equitativo de los recursos que produ-ce la sociedad.

La propuesta que aquí se plantea para un proyecto de izquierda que aspire a ser gobierno es que dentro de una agenda pro-gresista, el eje social lo constituyan un con-junto de medidas orientadas hacia la desmercantilización gradual de los bienes y satisfactores sociales para que transiten a ser proporcionados como derechos de ciudadanía, esto es, de manera universal e incondicio-nal, y que su acceso deje de ser por la vía del mercado formal de trabajo o del libre mercado. Es en este conjunto de medidas donde se propone la incorporación de un Ingreso Ciudadano Universal.

La intención es que estas propuestas se inscriban dentro de un proyec-to libertario y emancipatorio puesto que conllevan el incremento de las li-bertades, autonomía y eliminación de la subordinación, a la vez que guardan congruencia y reivindican los valores más característicos de la historia de la izquierda: la libertad y la igualdad.

Con base en lo expuesto, la propuesta y defensa del ICU tiene muchos argumentos. Los dos principios que lo caracterizan −universalidad e incon-dicionalidad− contribuyen de entrada a modificar el nivel de ingresos de las personas que hasta el momento se presenta en condiciones muy desiguales. Por ello, el ICU sienta las bases para partir de pisos comunes a todas las per-sonas, a la par que corrige, de alguna manera, las desventajas y diferencias no elegidas en la interacción social y que forman parte de las causas estruc-turales de un sistema cimentado en relaciones de producción desiguales,

La seguridad social será converti-da en un sistema universal en be-neficio de toda mexicana y todo mexicano, quien por serlo y residir en el territorio nacional, tendrá derecho a la jubilación o una pen-sión vitalicia y suficiente que ga-rantice una vida digna. (Programa PRD, p. 13)


en regiones y contextos diferenciados, las cuales tienen un peso en la repro-ducción de las desigualdades, cuya resaponsabilidad no puede atribuirse a las personas.

El ICU: su costo, financiamiento e impactos

En la promoción para implementar el Ingreso Ciudadano Universal e incon-dicional se han previsto varios impactos −que se explican en los siguientes apartados−; de manera enunciativa algunos de estos son: la igualación que promoverá entre individuos al recibir como garantía un ingreso sin alguna distinción; los beneficios para los sectores y géneros con más vulnerabilidad al proporcionales una base económica que coadyuve a contrarrestar las desigualdades que enfrentan; la base que representará para el ejercicio de otros derechos civiles, culturales y económicos; lo eficaz que resultará no solo para eliminar la pobreza sino para prevenirla; la certeza de contar con un ingreso para todas las personas que hasta el momento no lo tienen; la seguridad que brindará en periodos de crisis económicas; el poder de ne-gociación que le proporcionará a las personas trabajadoras; y el aumento del poder adquisitivo de las personas, lo que promoverá un ciclo de mayor productividad y empleo.

Además de todo lo anterior, un impacto fundamentalmente relevante es que promoverá una mejor redistribución de los ingresos y de la riqueza en la medida que el ICU derive de una profunda reforma fiscal que transforme el régimen tributario, logre ampliar la base contributiva y cambie la distri-bución de la carga fiscal de manera que se pueda otorgar un ICU suficiente para cubrir las necesidades básicas de la existencia.

Por ende, no solo se trata de repartir la riqueza sino de distribuirla de otra manera. Así, las cargas fiscales deben recaer en todas las personas que la generamos, pero en mayor medida en aquellos sectores que más la concentran. Se debe enfatizar, frente a quienes consideran que el ICU es invia-ble por los costos que representaría, que su financiamiento no es una cuestión meramente de producción de riqueza, sino de su distribución.

En este sentido, no se propone que el ICU tenga un costo neto para el Estado; por el contrario, su financiamiento debe derivar de cambios en la distribución de la concentración de la renta. Por ello sus impactos redistri-butivos serán patentes en una mayor base tributaria, la modificación en las cargas fiscales, la redistribución del ingreso entre el mínimo porcentaje de


la población total que lo concentra y el amplísimo porcentaje restante que tiene ingresos mínimos o insuficientes, y también, en la distribución de un ingreso individual hacia todas aquellas personas que no disponen de alguno y que incluso –histórica y socialmente– han sido excluidas de éste. Desde luego, en su implementación y financiamiento habrá que considerar también su cuantía (un salario mínimo u otra medida), sus características, las trans-ferencias monetarias que sustituya y su progresividad, considerando si se implementará prioritariamente para cubrir a ciertos sectores de la población hasta lograr la universalidad.

Sobre el financiamiento del ICU para México, varios estudios han pro-yectado su costo. Uno de estos es el del maestro Óscar Conde9 (2007), quien presentó dos propuestas en junio de 2007;10 específicamente propuso: 1) un ICU para menores de 18 años, donde valora los efectos de una política alter-nativa de ingresos para la infancia a fin de eliminar el trabajo infantil y demos-trar las ventajas que tendría en comparación con las políticas focalizadas del gobierno federal, específicamente del programa Oportunidades; y 2) un ICU para adultos mayores de 70 años, sobre las experiencias empíricas de la pensión ciudadana alimentaria para adultos mayores en el Distrito Fede-ral y del programa del gobierno federal para la atención a los adultos ma-yores en las 100 regiones más marginadas del país.

El financiamiento previsto por Óscar Conde a fin de implantar el ICU en el país para todos los menores de 18 años sería de 5 750 millones de pesos11 y atendería a un poco más de 41 millones de jóvenes pertenecientes a más de 10 millones de hogares. En contraste, el financiamiento que requeriría el programa federal Oportunidades utilizando un modelo de simulación hacia un esquema de “focalización total” (que implicaría ampliarlo hacia todas las zonas urbanas del país), costaría 1 450 millones de pesos atendiendo a 7’175 000 jóvenes pertenecientes a 1’436 000 hogares.

Los costos de ambas propuestas son significativos, no obstante, los impactos sociales son diametralmente opuestos, ya que Óscar Conde expo-ne que con el programa Oportunidades −aun simulando su ampliación hacia

9 Miembro del Grupo Promotor del ICU-México. 10 El 6 y 7 de junio de 2007 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Seminario Internacional

“Derecho a la existencia y libertad real para todos: Ingreso Ciudadano Universal, derechos humanos emergentes y nuevas políticas sociales”. Véase Yanes, 2007.

11 En este estudio, el costo del ICU por persona se estimó con los mismos montos que en ese año (2007) otorgaba el gobierno federal al programa Oportunidades (Conde, 2007:217).


una “focalización total”− las reducciones en los niveles de pobreza son marginales: la pobreza alimentaria cae apenas -3.2 por ciento y las pobrezas de capacidades y patrimonial permanecen iguales. Por el contrario, con el ICU para los menores de 18 años, la pobreza alimentaria tendería a disminuir -4 por ciento, la de capacidades -5.5, y -4.8 la patrimonial.

Ahora bien, dentro del mismo esquema para ofrecer un ICU a menores de 18 años, Óscar Conde también presentó una propuesta en la que se dife-rencian los montos buscando la equidad entre grupos y entre géneros. Para ello propuso: 1) para menores de 0 a 5 años otorgar 500 pesos; 2) de 6 a 11 años, 740 pesos; 3) de 12 a 14 años, 880 pesos para hombres y 940 para mujeres; y 4) de 15 a 17 años, 1 100 para hombres y 1 200 para mujeres. Con estas consideraciones se incrementaría el presupuesto previamente presen-tado pero tendería a desaparecer en el nivel nacional la pobreza alimentaria, a reducirse la de capacidades en -18.5 puntos porcentuales y en -18.8 la patrimonial.

La segunda propuesta que Conde presentó se dirige a garantizar un ICU para personas adultas mayores, de más de 70 años, por un monto de medio salario mínimo del Distrito Federal, concebido de manera incondicional y exigible por derecho. La importancia de esta propuesta está en reconocer la transición demográfica para este grupo poblacional que tenderá a incre-mentarse significativamente en los próximos 30 años y sustentar su viabili-dad económica con estimaciones reales sobre dos escenarios: 1) el costo que implicaría con el crecimiento promedio de los últimos 25 años, y 2) previendo el potencial de crecimiento para los próximos 25 años.12 Los re-sultados evidencian que el ICU representaría un menor porcentaje del PIB si el crecimiento económico del país es mayor. Así, en el primer escenario, el costo del ICU para los adultos mayores evoluciona de 0.35 por ciento del PIB de 2006 a 1.1 por ciento en el año 2030; en el segundo escenario, del mismo 0.35 por ciento de 2006 transitaría a 0.55 por ciento, es decir, solo veinte centésimas del producto interno bruto.

Otra propuesta que analiza el posible impacto económico y la viabilidad de la aplicación en México del ICU, además de las consecuencias que puede

12 Para ello calculó una tasa de inflación del orden de 5% anual y su progresividad absoluta; además, sobre los dos escenarios consideró: 1) la tasa de crecimiento promedio de los últi-mos 25 años de 2.38% medido en dólares, y 2) el potencial de crecimiento para los próximos 25 años con una tasa cercana a 5.5 puntos porcentuales.


tener sobre la inflación y la estabilidad externa y las medidas que hay que tomar para que se reduzcan los efectos adversos, fue elaborada por Rogelio Huerta13 (2009), quien presentó tres ejercicios de simulación. En el primero propone iniciar en todo el país con una aplicación gradual de un ICU que incorpore en primer lugar a los 20 millones de mexicanos que se encuen-tran dentro del programa federal Oportunidades, es decir, para los 10 millones de progenitores o personas adultas considerando un costo unitario de dos tercios del salario mínimo, o sea mil pesos mensuales,14 que equivale a 12 000 pesos al año, se necesitaría un presupuesto anual de 120 mil millones de pesos. El triple de lo que actualmente tiene asignado el programa Oportunidades pero con montos económicos mucho mayores por cada persona adulta y con impactos mucho más significativos.

En el segundo ejercicio de simulación, Rogelio Huerta propone aplicar un ICU a la población más vulnerable del país, específicamente iniciar con los 8.2 millones de adultos mayores de 60 años, otorgándoles un ingreso mensual de 1 000 pesos, lo que representaría 1.05 por ciento del PIB,15 y también con los 31.7 millones de menores de 15 años que existen en el país garantizándoles 600 pesos mensuales,16 que representaría 2.43 por ciento del PIB, por lo que se necesitaría para ambas propuestas aproximadamente 3.5 por ciento del PIB. Posteriormente, propone incorporar en el segundo año a las personas de entre 15 y 20 años (10 millones más) con un ICU de 600 pesos, lo cual significa 4.25 por ciento del PIB si se consideran todos los menores de 20 años. Al tercer año plantea incluir a las personas de entre 50 y 60 años (7.21 millones más) que agregarían 0.92 por ciento del PIB. En síntesis, el monto total de un ICU para cubrir las necesidades alimenticias de los menores de 20 años y para cubrir las necesidades básicas de las

13 Profesor de tiempo completo de la Faculta de Economía de la UNAM, adscrito al área de Teoría Económica.

14 Tomó como cantidad 1 000 pesos mensuales por representar dos tercios del salario mínimo de 2008 y porque supone que una familia con los dos padres alcanzaría a cubrir el monto máximo que obtiene una familia con el programa Oportunidades en 2007 con becarios en primaria, secundaria y educación media superior, el cual fue de 1 980 pesos (si hubiera adultos mayores, este monto se incrementa en 260 pesos por cada uno). Con un ICU de 1 000 pesos por persona adulta, la familia con dos progenitores e hijos(as) menores de edad tendría un ingreso mensual de 2 000 pesos.

15 Esta propuesta la elaboró con cálculos del PIB de 2006. 16 Tomó los pagos mensuales de 1 000 y 600 pesos considerando que el Coneval reveló que en el

sector rural se encuentran en pobreza alimentaria las personas que obtienen ingresos men-suales menores a 584.34 y en pobreza patrimonial las que obtienen menos de 1 060.34 pesos.


personas mayores de 50 años implementándolo gradualmente en tres años representaría 5.17 por ciento del producto interno bruto.

En el tercer ejercicio de simulación, Rogelio Huerta presenta el costo de un ICU dirigido a la totalidad de personas mayores de 18 años que viven en México, esto es, 75 millones,17 y ello representaría un monto total de 900 000 millones de pesos, que equivale aproximadamente a entre 9 y 10 puntos porcentuales del PIB, y dado que en la actualidad se recauda 11 por ciento de éste como impuestos (excluyendo el petróleo), prevé que la re-caudación que se requería debería ser como mínimo 20 por ciento del producto interno bruto.

Por ello, para financiar el ICU, la propuesta de Rogelio Huerta parte de la idea de que éste sería el único ingreso libre de impuestos y el esfuerzo fiscal que se requiere para otorgar este subsidio se orientaría a gravar a los estratos de la población con los ingresos más altos. Por ello propone un impuesto creado exprofeso para cubrir el ICU: “puede ser un impuesto único, de cierta tasa, tal vez 50% de todos aquellos ingresos de los contribuyentes que estén por arriba de cierto nivel, o puede ser un impuesto progresivo en la tasa o un impuesto a las ganancias de las empresas” (Huerta, 2009:91).

Esta propuesta de Huerta es solo una de las formas que se prevé para su financiamiento, otra de ellas pudiera ser la de gravar la actividad financiera especulativa y/o definir impuestos específicos que amplíen las fuentes econó-micas que se necesitan y permitan aplicarlo.18 En síntesis, lo que resulta central enfatizar es que sean estas u otras medidas que se estudien para costear un ICU en México, se requerirá una reforma fiscal progresiva que logre obtener vía impuestos el monto de recursos que se necesita para financiarlo.

Uno de los temas más importantes del estudio de Huerta (2009) refiere a la repercusión positiva prevista en las principales variables macroeconó-micas (PIB y empleo) en el entendido de que:

…en México, del total del ingreso nacional, alrededor del 70% se dirige al con-

sumo privado, y suponiendo que la propensión marginal al consumo es igual a

17 Según el IFE en julio de 2006, 95% de la población mayor de 21 años tenía credencial y se contabilizaron 71’351 123, por lo que 100% de ciudadanos mexicanos en 2008 serían, aproxi-madamente, esos 75 millones (Huerta, 2009:92).

18 Alaska (Estados Unidos) es el único estado del mundo donde se otorga un ingreso ciudada-no universal sin condicionalidades (denominado renta básica). Se financia exclusivamente con el depósito de una parte de los ingresos del petróleo.


uno, de esos $900 000 millones […] un poco más de $600 000 millones se desti-

narían al consumo privado, y ello repercutiría en el PIB, elevándolo 6% […] y

suponiendo que la productividad del trabajo se incrementara en 2.7%, como

ocurrió en el periodo 1970-1981, el incremento en el empleo sería superior a tres

por ciento (Huerta, 2009:92-93).

Estas son algunas –y no las únicas– propuestas que se han elaborado para prever la viabilidad económica y el costo fiscal que supondría aplicar un ICU a escala nacional en México. Si bien se requiere hacer importantes modificaciones fiscales para su viabilidad, lo que también debe enfatizarse es la pertinencia de una propuesta como esta que, aunque en su concep-ción es universal, tiende a cubrir las necesidades básicas y más urgentes de los grupos de población con mayores riesgos y vulnerabilidades, a la vez que se ha previsto que tenderá a impactar positivamente y de manera incisi-va en la reducción de la pobreza, en el aumento del ingreso de las personas y de las familias, en el incremento de la productividad y también del empleo.

Las propuestas presentadas solo ilustran algunas alternativas que se han considerado para llevar a la práctica el ICU en México. No obstante, existen otras que se han elaborado para financiarlo en diferentes países, por diversas vías y definiendo distintos referentes para establecer el mon-to por persona (líneas de pobreza, tipos de pobreza, canasta alimentaria, salario mínimo, tipos de hogar, edad, género u otro) (Krozer, 2010; Marrufo y Moreno, 2007; Pinida, 2001; Lerner, Clark y Neddham, 2001; entre otros). Esta diversidad pone en evidencia que no existe una propuesta única para hacer viable y financiable el ICU, lo que deja abierta la posibilidad de optar por las propuestas existentes o de crear otras para implementarlo en los ámbitos estatal y municipal. Resta mencionar que aunque se ha previsto que su aplicación en México pudiera ser gradual, no se abandona la lucha y el ideal de garantizarlo como un derecho universal para toda la población y de implementarlo acompañado de una serie de derechos universales mate-rializados en bienes y servicios públicos para todas las personas.

El ICU como base para el ejercicio de otros derechos

Asimismo, un ingreso ciudadano repartido universal e incondicionalmente sienta la base para ejercer una ciudadanía efectiva y activa al proporcionar


las condiciones materiales indispensables para ejercer otro tipo de derechos que están limitados, por un lado, por falta de condiciones que permitan ejercerlos, sea por falta de información, tiempo o recursos, pero, por otro lado, por la falta del derecho en sí.

En el primer caso, cuando el acceso a los derechos está desmercantili-zado, como los civiles y políticos, en muchas ocasiones faltan condiciones para poder ejercerlos: el derecho a la libertad de expresión no es una reali-dad si una persona no cuenta con la información, conocimiento o cultura que motiven su difusión ni tampoco cuenta con algún medio para expresar-se; el derecho a la participación política tampoco es una realidad cuando no se tienen los medios para estar informado y cuando no se cuenta con el tiempo mínimo para participar.

En el segundo caso, cuando el acceso a los bienes sociales −que pro-porcionan los derechos sociales− está mercantilizado y solo está garantiza-do públicamente para algunas personas a través del mercado formal de trabajo, además de que puedan faltar las condiciones para ejercerlos, falta propiamente la desmercantilización de su acceso para que sea una realidad. En estos temas es donde toma fuerza el promover −paralelamente al ICU− la desmercantilización del acceso a los bienes sociales, tal como se vive con los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, ¿cómo hacer realidad el derecho a la vivienda si hasta el momento son solo las personas que cuentan con los recursos suficientes o las que aportan al derecho a la seguridad social por la vía salarial las que pueden adquirirla? ¿Cómo garantizar universalmente el derecho a una pensión si solo aquellas personas que aportaron a la segu-ridad social por la vía laboral en el mercado formal de trabajo la tienen asegurada, con excepción del programa de la pensión alimentaria de adultos mayores que se implementa en la Ciudad de México?

Si el acceso y mecanismos para ejercer los derechos civiles y políticos estuviesen mercantilizados y nos costaran, una parte de la población no podría gozar de ellos. Si además de tener el derecho a votar, las personas tuvieran que pagar por ello, muchas no lo haríamos y aunque quisiéramos no contaríamos con los recursos para hacerlo si su costo fuese alto. En suma, el ICU contribuye a la creación de condiciones básicas para ejercer activamente los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales, favoreciendo también su disfrute y exigencia. Pero en realidad incidirá en que podamos ejercer nuestra ciudadanía plenamente siempre que todos los derechos se garanticen públicamente de manera universal e incon-dicional y su acceso esté desmercantilizado, esto es, que las relaciones que


se dan en el mercado –sea por la contribución que se aporta en un vínculo laboral o por su compra– no sean las que determinen su acceso y garantía.

El ICU frente a los problemas que presenta el mercado de trabajo

En este mismo sentido, el Ingreso Ciudadano Universal concebido como un derecho de ciudadanía contribuye a las propuestas encaminadas a la des-mercantilización de la fuerza laboral puesto que un ingreso per se no solo se obtendría por una relación salarial en el mercado. Este elemento no es nimio ni únicamente tendrá que ser visto como un ingreso extra que las y los tra-bajadores reciban además de su salario. De lo que se está hablando es que un mecanismo como el ICU tendrá un impacto importante en la modificación de las relaciones de trabajo y en la forma en que se reproducen los proce-sos de producción, que son dos elementos de gran magnitud en la reproduc-ción de la vida social. Incluso habrá que tener un especial cuidado para no provocar con el ICU un efecto contrario al que se pretende lograr, como sería el que disminuyese el salario si se interpreta como una subvención o subsi-dio al capital. Por el contrario, cuidando no provocar estos efectos, el ICU debe formar parte de una agenda que incluya un conjunto de propuestas que aspiren a incrementar el salario y a desmercantilizar el acceso a los derechos y bienes sociales a partir de su universalización e incondicionalidad.

Y si se prevé que tendrá un impacto en la modificación de las relacio-nes de trabajo es porque fortalecería el poder de negociación y la recom-posición del interés colectivo de las y los trabajadores con los empleadores, contribuyendo a la defensa de los derechos alcanzados, y no, como acon-tece ahora, con su retroceso. También aumentaría la libertad de sus accio-nes y decisiones al permitir mayores grados de libertad y autonomía y modificar las relaciones de sometimiento y sumisión que se aceptan y asu-men en una relación laboral, al posibilitar el rechazo de espacios insalubres y riesgosos, salarios insuficientes y tratos indignos. Asimismo, disminuiría las situaciones de riesgo y vulnerabilidad en los casos de desempleo inter-mitente o cada vez más prolongado, lo cual proporcionaría una base per-manente de recursos para continuar con proyectos y actividades cotidianas que no pueden detenerse frente a la pérdida del empleo.

No debe dejar de observarse que al fortalecer la recomposición del traba-jo colectivo y ofrecer mayor libertad de decisión a las y los trabajadores se


fomenta a su vez la reconstitución de las relaciones laborales y de los proyec-tos personales, lo cual significaría recuperar y reconstruir los proyectos de vida combinando y equilibrando el ámbito laboral con el personal.

En este tema, el ICU contribuiría a restructurar los tiempos de trabajo dando mayor posibilidad de elección para seleccionar jornadas a medio tiempo o completas así como actividades extralaborales, en función de los intereses personales, y abriría la posibilidad de que en el proyecto de vida se cuente con tiempo y recursos para desarrollar otras actividades físicas, recreativas, culturales, deportivas, voluntarias, situación que en la actuali-dad es imposible para una mayoría.

Ahora bien, si se procura que las personas que trabajan cuenten con posiciones más autónomas y de mayor independencia económica para modificar la distribución del poder en las relaciones laborales, no debe dejar de verse que con ello también se procura redistribuir el poder po-lítico que el neoliberalismo ha debilitado al propiciar la desvalorización de la fuerza de trabajo, la descomposición del poder colectivo y la falta de centralidad de los sindicatos, tanto en asuntos públicos como en aquellos inherentes a su sector. Por ello, si cuentan con mayores espacios y tiem-po, y posiciones más autónomas para el ejercicio de otros derechos, las personas que trabajan podrán participar e influir en mayor medida en la vida pública.

En el mismo sentido, cualquier persona y grupo de la sociedad civil tendrá mejores condiciones para participar en asuntos públicos, ejercer un mayor activismo cívico y/o político e involucrarse en actividades de volun-tariado, siendo hechos que significarían un aporte sustantivo en la redemo-cratización de la vida política.

El ICU frente al trabajo doméstico

Otra repercusión que se prevé con la instauración del ICU se relaciona con el trabajo doméstico. Aun cuando histórica y socialmente ha sido asignado y realizado de manera fundamental por mujeres, en la discusión y debate se ha propuesto que el ICU serviría como un mecanismo indirecto que com-pense el pago por esta actividad. Personalmente, en contra de esta percep-ción, considero que una mejor alternativa reside en reconocer que son dos temas diferentes y que debe continuarse pugnando para que cada uno sea una realidad.


El ICU no es una recompensa o una dádiva, ni viene a sustituirlo; no obstante, si llegase a implementarse antes que el pago por el trabajo domés-tico, para muchas mujeres esta transferencia monetaria puede ser el único ingreso que reciban. Visto entonces como un ingreso independiente del trabajo doméstico y en tanto se logre éste, representaría un mecanismo que ayudaría a modificar en cierta medida las diversas estructuras de desigual-dad en las que están inmersas las personas (hombres y mujeres) que lo realizan sin obtener por él un pago, y fundamentalmente a las mujeres les proporcionaría condiciones para actuar con mayor libertad, autonomía y emancipación frente a sus relaciones de pareja, familiares y laborales.

El ICU y sus impactos para grupos específicos Un ejemplo: las mujeres

Aun cuando la universalidad es uno de los dos grandes principios que sustentan el ingreso ciudadano, se ha reconocido lo favorable que resulta-ría para los sectores de la población que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, así como aquellos que han carecido de una atención y garantía de sus derechos y que han sido histórica y socialmente excluidos y discriminados, como son –con distintos grados– las mujeres, infantes, adultos(as) mayores, personas con discapacidad, indígenas, y trabajado-ras(es) domésticas(os), para quienes se ha enfatizado que un ICU tendría un mayor impacto al ayudar a contrarrestar el conjunto de desigualdades en las que están inmersos proporcionándoles ciertas condiciones materiales míni-mas para tener mayores grados de autonomía y libertad. Ello no significaría que únicamente se garantizara un ICU a estos sectores, sino que otorgándolo de manera universal para todas las personas, tendrá impactos positivos en los grupos que presentan mayor vulnerabilidad y riesgos.

Para el caso de las mujeres, por poner un ejemplo, se han presentado argumentaciones y estudios que reiteran el beneficio que traería al garanti-zarnos un ingreso permanente reconocido como un derecho sin que derive del mercado de trabajo ni del vínculo que se tenga con un hombre, sea como esposa, concubina, viuda, madre o hija; retribuiría de manera indirecta –y en tanto lleguen algunas a pagarse– las distintas tareas socialmente útiles realizadas fuera del ámbito del trabajo remunerado; incrementaría el poder de negociación de las mujeres en las relaciones de pareja y en las relaciones laborales (formales e informales); representaría un mecanismo


de prevención para no caer en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia; tendría impactos positivos en el mercado de trabajo (mayor poder de negociación); ampliaría las opciones sobre los roles de género que decidan asumir las mujeres entre el mercado de trabajo y el ámbito doméstico; promovería una modificación en la distribución de las cargas del trabajo no remunerado al tener más poder para negociar nuevos arreglos familiares; y para el caso de aquellas mujeres que no reciben ingreso alguno: estudiantes, amas de casa, con alguna discapacidad física o mental, jefas de familia desempleadas o sin pensión propia o derivada del compañero, el ICU representaría su única fuente de ingresos por el hecho de ser ciudadanas y no necesariamente por las características que presenten.

Debe verse también las condiciones que ofrecería para que un grupo de personas –sea una familia, grupo, colectivo u organización– pudieran ahorrar o emprender la creación de cooperativas y pequeños negocios si cuentan con una base económica que les permita solventar y tener garantizados los gastos básicos que requieran para generar este tipo de iniciativas y mantenerlas.

Además de estos efectos, también se ha reconocido que el ICU sería una medida que contribuya a prevenir y erradicar la pobreza. No obstante, no debe justificarse solo por estos dos aspectos porque no se pretende intro-ducirlo en una lógica que busque únicamente proporcionar ingresos a los ciudadanos para un mayor consumo o para la superación de la pobreza. Lo que se propone es una medida que modifique la redistribución del ingreso, así como las relaciones sociales entre clases y géneros en los espacios la-borales, personales, familiares y comunitarios.

Son muchas las argumentaciones sociales y económicas y las justifica-ciones éticas que sustentan la demanda de un cambio profundo en las orientaciones de la política social y de la política económica. Se requieren modificaciones que pongan en el centro alternativas viables y, fundamen-talmente, propuestas mucho más justas e igualitarias que promuevan otras formas de organización y reproducción de la vida social y apunten a saldar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales con intenciones redistributivas e integrales.

El ICU y su trayectoria en México

En México el Ingreso Ciudadano Universal tiene importantes avances. Existen diversas propuestas que han sido elaboradas por personas de la academia,


servicio público, partidos políticos, poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil; ejemplos de ello son las propuestas de las y los candidatos y legisladores, de diversas fuerzas de izquierda, entre estas: la primera ini-ciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados en 2007 por el diputado Isidro Pedraza Chávez y otros legisladores del Partido de la Revolución De-mocrática (PRD); posteriormente, Elsa Conde, diputada federal del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), presentó una iniciativa de ley para incor-porarlo en la Constitución y garantizarlo como un derecho; Patricia Merca-do lo propuso en su agenda como candidata presidencial del Partido Socialdemócrata y Campesino (PASC); Martí Batres, como precandidato a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal por el PRD, incluyó en su agenda un “Ingreso Ciudadano Universal Infantil”. Incluso Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su precampaña para ser candidato presidencial de ese partido presentó el “Ingreso Mínimo Uni-versal” como uno de los ejes de su estrategia de política social.

Entre las propuestas de servidores públicos, activistas y académicos destacan las de Pablo Yanes (UNAM, y presidente de Ingreso Ciudadano Mexicano, A.C.), como uno de los principales promotores y precursores de su difusión y debate en México y en otros países; Julio Boltvinik (Colmex), al proponer el “Ingreso Ciudadano Universal Alimentario”; Rogelio Huerta (UNAM), a favor de garantizarlo para todos los mayores de 18 años proyec-tando su impacto y factibilidad; Óscar Conde, quien plantea iniciarlo con los menores de edad y las personas adultas mayores; Enrique del Val Blan-co (UNAM), con su propuesta de implementarlo gradualmente enfatizando los beneficios en comparación con los programas de transferencia de renta focalizados; Luis Arizmendi (IPN), quien lo reconoce como un ejemplo de desmercantilización que lleve a garantizar la reproducción social; y otras personas de la academia: Araceli Damián (Colmex), Mauricio de Maria y Campos (Uia) y Pedro Moreno (UAM).

Algunas otras personas que representan o forman parte de organizacio-nes de la sociedad civil también se han pronunciado a favor del ICU, entre estas y por lo menos: Édgar Cortés (Red Todos los Derechos para Todas y Todos), Gloria Ramírez (Academia Mexicana de Derechos Humanos), Héctor Morales (Inicia), Jaime Cuevas (Capacitación y Enlace), Lorenza Gutiérrez (Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar-Colmith), Mario Luis Fuentes (CEIDAS), Miguel Concha Malo (Centro Francisco de Vitoria), Nashielli Ramírez (Red por los Derechos de la Infancia), Raimon Artis y Édgar Avilés Gómez (Ingreso Ciudadano Universal-México), Roberto Olvera


19 Se transmitió de octubre de 2008 a marzo de 2012 en vivo todos los jueves de 8 a 9 a.m. (hora de México) por Radio Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) llegando a una audiencia de por lo menos seis estados de la república mexicana y se pudo escuchar en otras entidades federativas y países a través de internet: <http://www.radiociudadana.imer.gob.mx/>.

(Ingreso Ciudadano Universal-México y STUNAM), Roberto Vega (Sedepac), Rocío Culebro (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia), Ro-cío Lombera y Celeste Mena (Copevi).

Algunos movimientos sociales han incorporado el ICU en diversas agendas y se han posicionado a favor de éste, como ha acontecido en 2008, 2009 y 2010 en el Foro Social Mundial realizado en la Ciudad de México, hecho que reitera la importancia que va adquiriendo en la discusión públi-ca en uno de los espacios más importantes de reunión de izquierdas de la sociedad civil.

También se incluyó en la “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”, una iniciativa surgida en 2010 de diversas organizaciones del movimiento urbano popular y de derechos humanos, negociada y firmada con el Gobierno del Distrito Federal, en la que se reconoce que en la ciudad se concentran grandes desafíos de convivencia social y limitaciones o pri-vación de derechos, por tanto, se incluye como una de las propuestas que contrarresten esta situación, “promover el establecimiento de un Ingreso Ciudadano Universal”.

Asimismo, en la agenda del Cuarto Diálogo Nacional para un México Social, suscrita en 2011 por 185 importantes intelectuales, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reconoció la cons-trucción de un nuevo modelo de Estado de bienestar, caracterizado –entre otros elementos– por un sistema de protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez mediante varias prestaciones básicas, una de estas, “la renta básica universal”.

Cabe mencionar que desde octubre de 2008 la que suscribe este texto, junto con Pablo Yanes, condujo el programa de radio “Ingreso Ciudadano: el derecho a una vida digna”,19 un espacio privilegiado para establecer los vínculos con las personas y organizaciones que están a favor de esta pro-puesta, y fundamentalmente para difundir las opciones que se han ido construyendo en el ámbito internacional y las que se han generado para implementar un ICU en México. Su difusión en radio nos ha permitido enri-quecer la visión de esta propuesta al relacionarla con varios temas que


amplían las justificaciones e impactos que tendría, además de las más co-nocidas y evidentes.

Además de ello, desde 2007 el derecho a una renta básica se incluyó y reconoció por los países que signaron la Declaración Universal de los Dere-chos Humanos Emergentes, un marco jurídico internacional que puede marcar la pauta para promover la armonización legislativa necesaria que llevaría a aprobarlo en diferentes normas nacionales y locales. Para esto, es de suma importancia considerar que el establecimiento de un Ingreso Ciuda-dano Universal requiere alterar la correlación de fuerzas políticas, econó-micas y sociales predominantes en el mundo.

Ejemplo de ello lo representan en América Latina algunos países en donde ha habido alternancia en el poder con la llegada de partidos políticas que han abierto paso para que se implementen políticas parecidas en su diseño y concepción al ICU o que transiten hacia éste, por ejemplo: Argen-tina, con la Asignación Universal por Hijo, que otorga una transferencia a los menores de 18 años;20 Brasil, con la aprobación de la Ley de Renda de Cidadania, que estipula se transite del actual programa de transferencia de renta condicionada, Bolsa Familia, a un ICU, además de los programas Benefício de Prestação Continuada (BPC), que reconoce la transferencia monetaria (un salario mínimo mensual) dirigida a las y los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad como un derecho constitu-cional, y la Pensión Rural, que igualmente reconocido como un derecho, otorga a todos las personas adultas mayores que trabajaron en el sector rural un salario mínimo mensual; Bolivia, con Renta Dignidad, dirige una transferencia monetaria a todos los y las adultas mayores; y en la Ciudad de México, la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, que garantiza universalmente a este sector sin alguna condicionalidad medio salario mínimo mensual.

Al presentar la trayectoria que ha tenido el ICU en México se evidencia que su promoción y defensa la ha realizado fundamentalmente la izquierda, sea por medio de partidos o de personas que participan en la academia, organizaciones civiles y movimientos sociales progresistas que pugnan por modificar el estatus social y económico establecido y optan por sacar a la luz propuestas que modifiquen de manera sustantiva los actuales procesos

20 Con excepción de los hijos/as de trabajadores/as informales cuyo ingreso sea superior al salario mínimo, y de las embarazadas y los infantes que ya cuenten con otra asignación familiar.


de producción en la economía y las relaciones que se generan en la repro-ducción de la vida social. Por ello es sumamente importante tener presente que debe ser la izquierda −y no correr el riesgo que sea otra bandera polí-tica− la que, en congruencia con las justificaciones que presenta el mundo actual y las aspiraciones de mayor igualdad, equidad y libertad que histó-ricamente ha reivindicado, implemente el ICU en México.

La realidad que estamos viviendo corrobora la necesidad de mudar el rumbo y orientar el conjunto de políticas sociales hacia los postulados de universalidad e incondicionalidad como se propone con el Ingreso Ciuda-dano Universal y con la desmercantilización de los bienes y satisfactores sociales para que sean proporcionados como derechos de ciudadanía. Esta orientación es acorde con la perspectiva de los derechos humanos y con ella se busca que las políticas sociales no sean meramente compensatorias o asistenciales sino redistributivas del poder económico, social y político para que contribuyan de manera sustantiva a la desmercantilización de la vida social y de la existencia y a través de estas se asuman compromisos morales y éticos por encima del mercado.

La desmercantilización de los bienes y satisfactores sociales y el reco-nocimiento de los derechos sociales como derechos de ciudadanía implican

ejecutar políticas universales, como ya se ha explicado. Si bien, tendrán un mayor costo que las actuales políticas de transferencias mone-tarias condicionadas, de cara a los problemas actuales, representan una medida mucho más justa, amplia y eficaz para erradicar la pobreza

y para ir eliminando las desigualdades, exclusiones y opresiones que pre-senta un gran porcentaje de la población mexicana.

Si la izquierda reconoce las ideas expuestas en este texto como parte de las problemáticas y propuestas que le corresponde enfrentar, reivindica-rá a través de un Ingreso Ciudadano Universal los principios de igualdad, libertad y justicia que le dan sentido a su quehacer; y también porque en la medida que aspira a ser gobierno nacional y ya es gobierno en entidades federativas y municipios, es representante popular en el nivel federal y es-tatal, y oposición en otros estados, asimismo es corresponsable de la tra-yectoria que tiene y tendrá nuestro país.

Urge elevar a rango constitucio-nal el derecho humano a un nivel de vida digna… (Programa PRD, p. 12)


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Agenda social de los jóvenes Alternativas al modelo neoliberal en México

Bertha María Alcalde Luján y Alberto Arnaut Estrada

Situación de los jóvenes en México

La adopción del modelo neoliberal en México, ha consistido principal-mente en la aplicación de una serie de reformas estructurales y tratados

internacionales que han erosionado las funciones y atribuciones del Estado mexicano bajo tres principios básicos: liberalización, privatización y desre-gulación. Sin embargo, este debilitamiento del Estado solo ha provocado el crecimiento de determinados grupos empresariales, a los cuales se les apo-ya además con tratos fiscales favorables, grandes compras de bienes y servicios por parte del gobierno y la aplicación de medidas regulatorias se-lectivas que limitan la competencia. Así pues, el neoliberalismo en México no se explica tanto por las presiones internacionales o por un verdadero convencimiento ideológico o doctrinario, como por los grandes intereses económicos involucrados. Persiste un doble discurso que por un lado pro-mueve la desregulación en pos del libre mercado y por otro se beneficia a determinados competidores sobre otros provocando la consolidación de monopolios y oligopolios en detrimento de la mayoría de la población.

Lo anterior ha derivado en un sistema fundamentalmente injusto y ex-cluyente que ha tenido entre sus consecuencias más negativas: la pérdida y precarización del empleo, la descomposición social, el aumento de la violencia e inseguridad, el abandono del campo, graves daños ambientales y una creciente desigualdad social. De acuerdo con datos del Consejo Na-cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2012:21), actualmente existen 52 millones de pobres en nuestro país, de los cuales, 11.7 millones viven en pobreza extrema, cifras que aumentaron en grandes proporciones en los últimos dos años. Los niños constituyen casi la mitad de los pobres, dato que indica que las condiciones de precariedad tendrán


consecuencias más duraderas que en otros países y que las nuevas genera-ciones están condenadas a vivir condiciones aún más adversas. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE: 2012) señala que la desigualdad en el ingreso en nuestro país es la más alta después de Chile. En México, 10 por ciento de la población más rica recibe 26 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre, cuando el promedio mundial es de nueve veces.

El crecimiento del desempleo y el trabajo informal es otra de las conse-cuencias de la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país. Los sa-larios están por los suelos y el empleo es cada vez más precario. En el tercer trimestre del año 2011, 13 por ciento de los trabajadores recibían hasta un salario mínimo; 20 por ciento, hasta dos; y 21 por ciento, hasta tres, lo que implica que más de la mitad de la población vive con menos de 5 500 pesos mensuales, cifra insuficiente para cubrir las necesidades más básicas (Aran-cibia, 2012:12). Asimismo, en el año 2011 la economía informal generó cuatro veces más empleos que el sector formal. Actualmente son 14 millones de mexicanos los que recurren al trabajo informal para sobrevivir, lo que sig-nifica que no tienen acceso a la seguridad social (Inegi, 2012a).

Si este escenario es difícil para toda la población, para la juventud es aún peor, ya que constituye el sector más afectado por el desempleo y la caída del empleo formal. Laboran en la informalidad 66 por ciento de los jóvenes, y 40 por ciento de los que laboran en empleos formales no tienen seguridad social ni prestaciones, lo cual los convierte en el sector más vul-nerable. Además, el panorama en México empeora con el tiempo: mientras en América Latina el desempleo juvenil bajó de 15.9 por ciento durante 2010 a 14.9 por ciento en 2011, en el mismo periodo subió en nuestro país de 9.7 a 10 por ciento (Arancibia, 2012:11).

El mismo estudio revela que son los jóvenes de mayor preparación académica, el sector más golpeado por el desempleo en México. Del total de

desempleados, 71.2 por ciento cuentan con estudios de secundaria completa, media su-perior y superior. Este porcentaje creció entre 2007 y 2011, mientras que aquellos con menos años de estudios han sido los menos afecta-dos, con una tasa de desempleo que disminuyó a 28.8 por ciento para abril de 2011. Esto se

explica por la tendencia de las empresas a disminuir costos abaratando la mano de obra mediante empleos temporales y salarios bajos.

Se requiere generar más de un millón de puestos de trabajo al año solo para satisfacer la demanda de las y los jóvenes. (Programa PRD, p. 56)

175Agenda social de los jóvenes / Alternativas al modelo neoliberal en México

La necesidad de encontrar un empleo a temprana edad para ayudar al sostenimiento de las familias, así como el conocimiento generalizado de que una licenciatura no garantiza la obtención de un buen trabajo, han ocasionado altas cifras de deserción escolar en bachillerato y licenciatura. De acuerdo con datos del Inegi, el índice de deserción escolar en el ciclo escolar 2010-2011 en bachillerato y carrera técnica fue de 13.8 y 20.9 por ciento respectivamente (Inegi, 2012b). Así mismo, según datos de la OCDE (2012b:7), México ocupa el segundo lugar después de Turquía (de 30 países) en deserción universitaria, con cerca de 58 por ciento de estudiantes que no llegan a concluir la educación superior.

Otro aspecto importante es el bajo porcentaje de acceso a educación universitaria. Según datos de la Secretaría de Educación Pública relativos al ciclo escolar 2010/2011, uno de cada cuatro jóvenes de 19 a 23 años tiene acceso a la educación universitaria (SEP, 2011), de la cual, solo 30 por cien-to es sostenida económicamente por el Estado. La falta de oferta de educa-ción superior causa una demanda excesiva sobre las universidades públicas existentes que, ante la carencia de presupuesto, se ven obligadas a rechazar a gran cantidad de aspirantes. El ejemplo más significativo es el de la UNAM: en el año 2011 solamente uno de cada 10 aspirantes a licenciatura obtuvo un lugar en esta casa de estudios; y la UAM solo admitió a 3 800 de los 76 mil que presentaron la prueba (Proceso, 25/7/2011).

Todo esto explica la cifra de 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan (Imjuve, 2011), los llamados “ninis”. Sin embargo, estas cifras no expresan la gravedad de la situación de los jóvenes, a quienes no solo se les excluye de la educación y el empleo, sino también de la seguridad social, la toma de decisiones públicas, la vida económica, los medios de comuni-cación y las instituciones de participación ciudadana. A esto se suma la fuerte estigmatización social, pues se les percibe como potenciales delin-cuentes, drogadictos, radicales, inmaduros e ignorantes. Se les infantiliza y se les niega la posibilidad de decidir sobre su presente y futuro, mermando las enormes potencialidades que tienen para el desarrollo, progreso y cons-trucción de una sociedad solidaria y equitativa.

Según la diputada Teresa Incháustegui (El Universal, 19/6/2011), al me-nos 23 mil jóvenes han sido reclutados por la delincuencia organizada en la actual administración del PAN. Ante la carencia de una política de Estado para este sector de la población, no es de extrañar que los jóvenes sean quie-nes alimentan principalmente las filas del narcotráfico y la delincuencia orga-nizada que tanto daño han hecho al país. Sin embargo, debemos entender


que este reclutamiento tiene razones más profundas que la falta de opor-tunidades: estos jóvenes a los que se les nombra genéricamente sicarios o delincuentes, son el reflejo de una sociedad que antepone el bienestar personal y el consumismo al bien común y el actuar ético. De alguna forma, estos jóvenes están cumpliendo con el rol que se les ha asignado socialmen-te, pues han encontrado en la delincuencia y el mercado informal, la opor-tunidad de satisfacer las crecientes exigencias de consumo propias de una sociedad mercantilista.

Sacrificando el futuro

El modelo neoliberal está castigando el pre-sente pero sobre todo el futuro de los jóvenes: además de heredarles bosques y selvas de-predadas, contaminación ambiental y desa-bastecimiento de agua, se les imponen leyes y políticas públicas de precarización de las condiciones de trabajo y prestaciones socia-les, lo que se puede advertir muy claramente en las reformas que se han generado en mate-

ria de seguridad social desde finales de los años noventa y las propuestas en materia laboral que desde el sexenio pasado defiende el Ejecutivo Federal.

En 1997 se reformó de manera radical el sistema de seguridad social del IMSS, pasando de un sistema solidario a uno de cuentas individuales, en donde empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, administrarían los recursos de las pensiones. No obstante que a los trabajadores de ese entonces se les dio la opción de decidir cuál de los dos esquemas les sería aplicable en un futuro, las nuevas generaciones estarían obligadas a adop-tar este nuevo sistema de cuentas individuales que, aunque prometía be-neficios al país y a los trabajadores, con el tiempo se demostró que no hizo más que reducir el monto de las pensiones e incrementar la desigualdad. Ahora los nuevos trabajadores, en su mayoría, recibirán al retirarse poco más de un salario mínimo −que, por cierto, es uno de los más bajos del mundo. Como era de esperarse, las más beneficiadas con este nuevo es-quema de pensiones fueron las administradoras de fondos para el retiro (afores), las cuales han obtenido ganancias multimillonarias por el solo hecho de actuar como intermediarias. La seguridad social dejó de ser

El PRD se compromete a organi-zar a la juventud en la lucha por el cambio de modelo económico, político y social, en la búsqueda de una educación de calidad por un trabajo digno. (Declaración de Principios PRD, p. 21)


entendida como un derecho de distribución de ingresos y se convirtió en un negocio.

Sin importar las deficiencias en el sistema de pensiones del IMSS, que degradó los servicios de salud y pensiones para el retiro y que puso en evidencia los excesos de las afores en el cobro de comisiones, este mismo esquema de cuentas individuales se repitió 10 años después para los traba-jadores del Estado. En 2007 se aprobaron de forma exprés las reformas al sistema de seguridad social del ISSSTE, privatizando en gran medida el de-recho a la seguridad social, y condenando a las nuevas generaciones que ingresaríamos al sector público a un esquema de pensiones indignas que se tienen que negociar con instituciones financieras privadas a las que no les importa más que sus ganancias.

El proyecto de reforma laboral que por largos años ha defendido el PAN, conocido en su última versión como “iniciativa Lozano”, es otro ejemplo de política que cancela lo poco que nos queda a los jóvenes. La reforma que con tanto ahínco defendió la actual candidata a la presidencia por el PAN, Josefina Vázquez Mota, como una respuesta para los jóvenes, lo que propo-ne es facilitar el despido libre; promover el pago y contratación por horas; destruir por la vía de la subcontratación (outsourcing) la responsabilidad del patrón; la creación de contratos temporales iniciales; y un pago máximo de seis meses de salarios caídos en caso de un conflicto laboral, haciendo pagar a los trabajadores el costo de una justicia lenta e ineficiente. La propuesta del PAN nos expone a un escenario todavía peor del que ya enfrentamos los jóvenes con despidos desmedidos y empleos aún más precarios.

Otra iniciativa más que atenta contra el bienestar de los jóvenes, en particular contra la educación pública gratuita, es la de las ya conocidas becas de Calderón. En enero de 2012, Felipe Calderón anunció la puesta en marcha de un programa de préstamos para la educación superior privada, evidenciando una vez más la tendencia privatizadora de la educación del actual gobierno panista. Aunque se presentó como programa de becas, el nuevo sistema consiste en el otorgamiento de créditos de hasta 215 mil pesos para licenciatura y 280 mil pesos para nivel de posgrado, los cuales tendrán que saldarse en un plazo que no supere los 15 años con una tasa de interés fija de 10 por ciento. Este modelo es aplicado ya en algunos países como Chile, en donde se ha probado que sus beneficios son muy reducidos, y sus efectos negativos, evidentes: se beneficia solo a un reducido sector de la clase media y no a las clases más desprotegidas; endeuda a los jóvenes, quienes, tras la aplicación de los intereses, acabarán por pagar casi tres


veces lo prestado, sin importar que no encuentren trabajo; y, finalmente, los mayores beneficiarios son las instituciones privadas, tanto las universi-dades particulares como algunos bancos, con los que ya se pactó este nuevo negocio.

Esta es sin duda una maniobra del gobierno para evadir su responsabi-lidad de garantizar la educación superior al transferirla a los estudiantes, quienes al terminar su carrera, además de enfrentarse con un panorama laboral decadente, que afecta especialmente a los jóvenes más preparados, tendrán que cargar con una deuda en constante crecimiento que truncará aún más su futuro.

Alternativas al neoliberalismo

Desde 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional exhibió de forma contundente las consecuencias más nefastas del neoliberalismo. El ¡Ya basta! lanzado el primero de enero de aquel año, despertó en muchos jóve-nes una conciencia social nacida del contraste entre el México profundo visibilizado por los zapatistas y la falsa imagen de modernidad y prosperidad que pregonaba el gobierno salinista. Aunque muchos eran demasiado chicos para entender la complejidad del conflicto, ello no impidió que se sembrara en importantes sectores juveniles el anhelo de un mundo mejor, con paz, justicia y dignidad. “Nunca más un México sin nosotros”, “queremos un mundo donde quepan muchos mundos” y “un gobierno que mande obede-ciendo”, fueron algunas de las consignas que moldearían su visión del mundo y determinarían fuertemente su andar político. Pero los jóvenes mexicanos no fueron los únicos: muchos de los movimientos altermundistas que tuvieron gran auge a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en América y Europa, reconocen sus orígenes en el zapatismo, que se ha con-vertido en un referente invaluable en la construcción de nuevas formas de lucha contra el neoliberalismo.

El pensamiento zapatista tuvo muy buena acogida en las universidades públicas donde se generaría una gran cantidad de colectivos estudiantiles solidarios con la causa indígena, que al cabo de poco más de un lustro de intensa actividad organizativa lograrían posicionarse de forma importante en muchas escuelas y facultades. Estos esfuerzos tuvieron su máxima expre-sión en la huelga de 1999 en la UNAM, cuando miles de estudiantes votaron la suspensión de clases en protesta por una serie de reformas promovidas


por el rector Francisco Barnés, que pretendían, entre otras cosas, la elimi-nación del pase directo y un aumento muy significativo a las colegiaturas y pagos por servicios. La huelga, que en un principio tuvo un gran apoyo popular, se fue desgastando a lo largo de nueve intensos meses por peleas internas y una agresiva campaña mediática. A pesar de su trágico final el 6 de febrero del año 2000, cuando ingresaron a los planteles universitarios elementos de la recientemente creada Policía Federal Preventiva (PFP) y cientos de estudiantes fueron encarcelados, la huelga de la UNAM logró frenar los aspectos más negativos del “Plan Barnés” e impidió el aumento de colegiaturas, recuperando el pase automático e impidiendo el some-timiento de la UNAM al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), con el examen único que somete la formación de los alumnos a estándares neoliberales.

Ante la cerrazón de una gran parte de la clase política, los zapatistas y otras luchas antineoliberales renunciaron a la interpelación al gobierno y optaron por la construcción de procesos autogestivos surgidos “desde abajo y a la izquierda”, que pretenden sustraerse de toda lógica electoral o partidista ante el miedo justificado a que los partidos contaminen sus pro-cesos de organización o estos sean absorbidos por una lógica clientelar o asistencialista. Lo anterior allana el camino a los políticos de derecha que, desde las instancias de poder, ejecutan acciones encaminadas a desgastar o eliminar cualquier proyecto alternativo. También se abre el paso a políti-cos que utilizan banderas de izquierda para obtener beneficios personales o de grupo, aprovechando la ausencia de auténticos líderes progresistas dispuestos a ocupar posiciones de gobierno.

En 2006 surgió una opción electoral con propuestas encaminadas a revertir los efectos más negativos del modelo neoliberal. Bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador generó una gran esperanza en amplios sectores de la sociedad que vieron en él una oportunidad real de cambiar la relación gobierno-sociedad. En su discurso, López Obrador criticó duramente las reformas estructurales, los tratados de libre comercio y la privatización de los bienes de la nación, y se convirtió en el principal denunciante de la vo-racidad de los grandes beneficiarios de las políticas neoliberales.

Aunque las propuestas de López Obrador fueron consideradas conser-vadoras y moderadas por algunos sectores de la izquierda, las élites políticas y económicas lo calificaron de radical y comenzaron una férrea campaña para impedir que llegara a la Presidencia de la República: primero lo intentaron


con un proceso de desafuero que pretendía sacarlo de la carrera presiden-cial; luego, con una intensa campaña negativa a través de los medios electró-nicos en los que se le acusaba de ser “un peligro para México”; y, finalmente, con el fraude electoral que frustraría el sueño de millones de personas de cambiar el rumbo del país. Con estas acciones, la élite dejó en claro que no estaba dispuesta a ceder un ápice de poder y que de ninguna manera per-mitiría la llegada de un gobierno que pusiera en riesgo sus intereses.

En respuesta a la ofensiva contra Andrés Manuel López Obrador, surgió un gran movimiento social que, si bien en un primer momento se centró en la defensa de la democracia, pronto abanderó o se solidarizó con importan-tes luchas en defensa del petróleo, los derechos laborales, los campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los derechos humanos, el medio ambiente, entre otras. Todo esto derivaría en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el respaldo de reconocidos intelectuales, artistas, profesionistas, polí-ticos y activistas interesados en lograr un cambio radical en el modelo po-lítico, económico y social del país.

Tras la conformación del Morena como asociación civil, surge la convo-catoria para crear el Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estu-diantes (Morenaje), que actualmente cuenta con representación en todos los estados de la República, decenas de municipios e instituciones educativas. De acuerdo con su documento fundacional, el Morenaje está conformado por “jóvenes con una meta clara: rescatar de la tragedia nacional a nuestro México con una revolución pacífica, por medio de la organización y la par-ticipación del pueblo. Una revolución lenta, pero terca, en donde las con-ciencias, la vida cotidiana y el espacio público puedan ser transformados verdaderamente, desde la raíz, con una nueva forma de hacer y pensar la política, actualizada a las nuevas realidades y desafíos”. Este movimiento surge de la convicción de que son los jóvenes quienes deben luchar por un México más justo e incluyente, y que esto solo puede lograrse mediante la organización en las comunidades, escuelas, barrios y centros de trabajo.

Las juventudes se rebelan en el mundo

El Morenaje nace en un contexto histórico de gran efervescencia para las juventudes progresistas en el mundo, que salen a las calles a protestar en contra de la creciente desigualdad generada por las políticas neoliberales.


El año 2011 comenzó con sangrientas batallas africanas para derribar regíme-nes autoritarios en Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen, las cuales inspiraron a juventudes europeas, de Estados Unidos y América Latina para levantarse en contra de la concentración de la riqueza, la crisis económica y la incapa-cidad de los gobiernos neoliberales de dar solución a estos problemas.

El 15 de mayo aparece en Madrid el primer campamento de los indigna-dos, en protesta contra los recortes presupuestarios que afectan a los sec-tores más vulnerables, mientras se siguen gastando miles de millones de dólares para salvar bancos. Bajo la consigna de “Si ustedes no nos dejan soñar, nosotros no los dejaremos dormir”, miles de jóvenes se levantaron en contra del dominio de bancos y corporaciones, el bipartidismo, las pre-carias condiciones laborales y de seguridad social, el régimen fiscal y los altos sueldos de la clase política, entre otras cosas. Este movimiento se extiende a otras ciudades de España y traspasa fronteras con movilizaciones que se repiten en Lisboa, Bruselas y París.

En Gran Bretaña, la rabia de la juventud marginada explota en agosto recurriendo a consignas similares y el 17 de septiembre, el movimiento Occupy Wall Street (OWS) se levanta en contra del poder del mundo de las finanzas, la avaricia y la corrupción de los más ricos y se instala en una plaza cerca de la bolsa de Nueva York. “Somos el 99 por ciento”, aseguran. “Somos el 99 por ciento los que tenemos que elegir entre pagar alimentos o alquiler, a quienes se nos niega la atención médica de calidad, los que estamos sufriendo por la contaminación del medio ambiente, los que traba-jamos largas horas por poco dinero y sin seguridad social, si es que estamos trabajando en absoluto. El 99% que no está recibiendo nada mientras que el otro 1 por ciento está recibiendo todo”.

En Latinoamérica, las movilizaciones más fuertes se registraron en Santiago de Chile, donde los jóvenes universitarios se manifestaron en re-clamo del fortalecimiento de la educación pública superior y en rechazo del sistema educativo actual heredado de la dictadura militar, el cual es muy limitado y está altamente privatizado, siendo financiado principalmente por los mismos estudiantes. Desde mayo de 2011, se registraron en Chile algunas de las manifestaciones más grandes desde el retorno de la demo-cracia, las cuales han encontrado un apoyo generalizado de la sociedad chilena, la cual ve en esta lucha un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico, político y social actual. Se trata de un levantamiento por una nueva correlación de fuerzas, que permi-ta la verdadera representatividad del pueblo chileno, para dar salida a las


demandas de diferentes movimientos sociales, que reclaman seguridad, empleo, educación, salud y mejor distribución de los ingresos.

Sin dejar de tomar en cuenta la diversidad de cada lucha y las circuns-tancias específicas que dieron origen a cada levantamiento juvenil en el mundo, está claro que todas tienen denominadores comunes: el repudio de un sistema neoliberal agotado que sacrifica el bienestar de la mayoría de la población para beneficiar a unos cuantos; el hartazgo de sectores sociales excluidos de la educación, el trabajo y la política y la inconformidad ante regímenes políticos corruptos y antidemocráticos que han permitido esta situación. Esta nueva manifestación global representa, como afirma el so-ciólogo Pablo González Casanova, “una nueva lucha en que están presentes todas las luchas anteriores por la emancipación humana y, por su fuerza y alcance mundial, este levantamiento social ya se volvió una esperanza para la humanidad” (La Jornada, 17/10/2011).

Las propuestas del Morenaje

A pesar de que la situación política y económica de México es aún más grave que en los países donde han explotado los grandes movimientos de indignados, a la fecha no ha surgido en nuestro país ningún fenómeno simi-lar. Para ello podemos encontrar muchas razones, entre ellas: las viejas pugnas entre las distintas corrientes izquierdistas y su incapacidad de construir acuerdos, la verticalidad enraizada en algunas organizaciones sociales, la indiferencia de muchos jóvenes hacia las problemáticas sociales, y el desánimo que pesa sobre la población en cuanto a las posibilidades de cambiar el país. Pero habría que señalar una razón más: contrario a lo que sucede en España o Estados Unidos, que en los hechos tienen un sistema político bipartidista de derecha, en México existe una opción electoral que comparte las exigencias básicas de los indignados, lo cual desplaza la lucha del espacio público a las urnas.

Sin embargo, cabe señalar que aunque los indignados se manifiestan en contra de la clase política, las instituciones, e incluso contra la democracia formal, no se trata necesariamente de movimientos antielectorales. En Espa-ña, por ejemplo, el movimiento indignado tuvo dos importantes efectos en las elecciones intermedias de 2011: por un lado, hubo una baja considerable en el voto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), castigado por los re-cortes a la seguridad social y derechos laborales, pero también un aumento


significativo en la votación recibida por Izquierda Unida y otros pequeños partidos de izquierda en el nivel local. El movimiento de los indignados está en contra de ese uno por ciento que se ha apoderado de las riquezas mun-diales, pero no necesariamente contra toda la clase política ni desprecia la vía electoral.

El Morenaje está fuertemente influenciado por los movimientos de indig-nados: se identifica con sus causas, comparte su interpretación del mundo y la necesidad de construir una organización horizontal basada en el diálogo entre iguales. El Movimiento surge de la convicción de que es necesario imple-mentar nuevas formas de protesta social, plantear alternativas viables al proyecto neoliberal y buscar una renovación generacional y ética de la clase política. Sin perder de vista la enorme oportunidad que se presenta con las elecciones de 2012 para tener un gobierno honesto e incluyente, el Morenaje ha puesto especial énfasis en la formación política de sus miembros, en el análisis de la situación política, social y económica del país y en la elabora-ción de propuestas complementarias del Nuevo Proyecto de Nación.

La comisión de contenido de la Coordinación Nacional elaboró la Agen-da Joven para la Regeneración Nacional, en la cual se desglosan algunas propuestas para revertir el proceso de descomposición social en que nos en-contramos. A continuación retomamos y desarrollamos algunas de las ideas incluidas en dicha agenda sobre tres temas que consideramos fundamentales para resolver las problemáticas más graves de la juventud: empleo y bien-estar social, educación universal de calidad, y paz con justicia.

Empleo y bienestar social

Es innegable que el Estado tiene una gran deuda con los jóvenes del país en materia de trabajo. Desde que fuera impuesta la lógica neoliberal hace casi tres décadas, la precariedad en el empleo se incrementó drásticamente. Estimular la de-manda de empleo y poner el trabajo en el centro de las políticas públicas del Estado son condiciones necesarias para la creación de puestos de trabajo para todas las perso-nas, incluidos los jóvenes. En este sentido es fundamental que el Estado genere condi-ciones favorables para la reactivación de la economía que permitan generar la cantidad de empleos requeridos anualmente.

La política de empleo debe atender a los jóvenes y aprovechar el llama-do bono demográfico, incorporando a la población joven del país a la actividad productiva. (Programa PRD, p. 36)


» Crear una política integral de empleo supone un conjunto de polí-ticas públicas que vayan más allá de adecuaciones normativas en materia laboral. Se requiere planeación industrial, banca de de-sarrollo, vinculación de las cadenas productivas y sobre todo el fortalecimiento del mercado interno, en especial de la mediana y pequeña empresas, productoras por excelencia del empleo.

» Aumentar el salario mínimo para dinamizar el mercado. La política neoliberal de mantener bajos los salarios para atraer a la inversión privada no solo es falaz sino irracional: sin poder de compra de la mayoría no puede restaurarse el crecimiento económico.

» Avanzar hacia la universalidad de la seguridad social. Un sistema universal de salud, pensiones generales a grupos vulnerables y seguros de desempleo permitirían implementar esquemas más flexibles de seguridad en el empleo, que logren fluidez en el merca-do y fomento a la inversión. De esta manera se superan las resis-tencias a los cambios con el justo argumento de que perder el empleo significa carecer de seguridad social para la familia y de un ingreso elemental para subsistir.

» Fomentar la inserción laboral de los jóvenes mediante subsidios a los contratantes como: apoyos fiscales, exenciones a contribuciones del seguro social o primas especiales para transformar contratos temporales en definitivos. Es importante dar prioridad a la apli-cación de estas medidas a los trabajadores jóvenes más desfavore-cidos o de zonas geográficas donde el desempleo y la informalidad son particularmente graves.

» Fortalecer las políticas de capacitación profesional para jóvenes. Los programas de formación pueden mejorar las oportunidades de trabajo de los jóvenes desfavorecidos, especialmente cuando se combinan componentes de capacitación en el trabajo.

» Favorecer sistemas de diálogo productivo entre trabajadores y empleadores que permitan una negociación transgeneracional, lo que únicamente se puede dar con organizaciones de trabajadores auténticas y democráticas.

» Fomentar y apoyar con capacitación y recursos la creación de cooperativas por jóvenes mediante la promoción desde el Estado de proyectos productivos de economía solidaria.

» Crear programas y políticas que promuevan el primer empleo, el cual deberá ser decente y respetar plenamente los derechos laborales.


» Que las prácticas profesionales sean obligatoriamente remuneradas y el servicio social reconocido como experiencia laboral, pues la falta de experiencia es una de las principales resistencias para contratar a jóvenes.

» Combatir la discriminación laboral hacia los egresados de univer-sidades públicas.

» Instaurar programas emergentes de trabajo decente en las zonas del país con altos niveles de marginación y violencia. Estrategias de trabajo de recuperación son básicas para reducir la pobreza juvenil y la exclusión social. Estos programas pueden enfocarse en mejorar los espacios físicos de sus propias comunidades, la construcción de caminos, la reforestación, etcétera.

» Crear programas de asistencia para la búsqueda de empleo y con-diciones que permitan a las y los jóvenes conocer y defender sus derechos laborales.

Educación universal de calidad

En cuestión educativa tenemos muchas asignaturas pendientes para mejo-rar la cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles. Entre las más importantes, se encuentran:

» Incrementar y eficientar el gasto en educación para generar más y mejores centros de enseñanza que den cobertura pública, gratuita, laica, universal y de calidad en todos los niveles, desde educación primaria hasta nivel superior.

» Fortalecer las escuelas normales públicas en todo el país. La baja calidad de la educación en México tiene mucho que ver con el gra-ve abandono que han sufrido estas instituciones y, en general, la formación de maestros.

» Ampliar la matrícula en las preparatorias y universidades públicas para que pueda estudiar todo aquel que tenga la voluntad de ha-cerlo, y dar prioridad a la creación de proyectos y planteles educati-vos en las zonas de más alta marginación y violencia en el país.

» Generar nuevas formas de ingreso a la educación media-superior y superior, y garantizar el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables de nues-tra sociedad.


» Democratizar los organismos de dirección de las universidades y preparatorias públicas. Es indispensable que los estudiantes tengan una representación real y capacidad de incidir en la toma de deci-siones en el interior de los centros educativos.

» Garantizar que los centros educativos brinden educación de ca-lidad, entendida de manera integral y no de acuerdo con los están-dares neoliberales impuestos por las empresas evaluadoras de la educación.

» Construir instalaciones escolares dignas en las comunidades ru-rales para que las y los jóvenes puedan estudiar y desarrollarse sin dejar su lugar de origen. Los planes de estudio tendrán que ade-cuarse al contexto sociocultural de cada región. Es importante poner especial atención en los derechos educativos de los pueblos indígenas.

» Crear diferentes programas de apoyo para las y los jóvenes de bajos recursos a fin de frenar la deserción escolar mediante becas, ali-mentación, transporte público gratuito, etcétera.

» Promover la creación de programas escolares orientados al uso de nuevas tecnologías que coadyuven al ejercicio del derecho a la in-formación y al conocimiento.

» Fortalecer mediante presupuestos plurianuales las instituciones educativas ya existentes como la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN y todas las universidades, politécnicos y tecnológicos pú-blicos.

» Generar un presupuesto plurianual que destine cuando menos 3 por ciento del total de los egresos del Estado (y nunca un porcen-taje inferior al año anterior) a la investigación, la ciencia y la tec-nología, para superar la dependencia tecnológica y el rezago educativo.

» Los espacios educativos tienen que ser públicos y estar disponibles en todo momento para la convivencia y la cohesión social, promo-viendo toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para la juventud y las familias de las comunidades cercanas.

» Implementar planes y programas que fortalezcan valores como la interculturalidad, la democracia, la participación social y comuni-taria, la justicia, el reconocimiento a las diversidades y la paz.


Paz con justicia

La grave situación de violencia e inseguridad que vivimos en el país es muy probablemente la consecuencia más trágica del modelo neoliberal y los gobiernos de derecha. Lejos de preocuparse por el rompimiento del tejido social, causa fundamental de las conductas delictivas, el gobierno federal ha optado por medidas coercitivas que han agravado el problema de segu-ridad y sumergido al país en una espiral de violencia sin precedentes. No solo se trata de la alta cifra de ejecutados, que el Gobierno manipula siste-máticamente, se trata también de los desaparecidos, enfermos, mutilados, niños huérfanos y miles de personas que han perdido a un ser querido como consecuencia de la estrategia militarista.

Para la elaboración de nuestras propuestas de paz con justicia, hemos retomado algunas de las demandas del Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad elaboradas por reconocidos defensores de derechos humanos como el padre Miguel Concha, el obispo Raúl Vera, Emilio Álvarez Icaza, Miguel Álvarez, entre otros.

» Generar una política de seguridad que no se centre en la defensa del Estado sino en la defensa de la ciudadanía; cambiar la estrategia militarista por una estrategia de seguridad ciudadana, que desde una visión integral permita no solo la contención de la violencia, sino la eliminación de las condiciones económicas, sociales y polí-ticas que la generan.

» Crear una fiscalía de combate a la corrupción y lavado de dinero que, de forma autónoma respecto a los poderes de la Unión, impul-se políticas que permitan el desmantelamiento de las estructuras financieras que sustentan actividades delictivas de alto impacto como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, así como el des-mantelamiento de redes de protección y colusión de funcionarios públicos e instituciones privadas con bandas criminales.

» Impulsar la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde una perspectiva garantista, poniendo especial énfasis en la restructuración del ministerio público como órgano autónomo e independiente.

» Trazar una ruta crítica de desmilitarización del país que tome en cuen-ta las circunstancias particulares de cada una de sus regiones, pues se ha demostrado que en los municipios donde se han implementado


los llamados operativos conjuntos, los niveles de violencia se han incrementado más aceleradamente.

» Crear policías capaces de combatir a la delincuencia y proteger la integridad de los ciudadanos bajo los principios de legalidad, objeti-vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. De manera urgente se tienen que depurar los cuerpos de

seguridad, no solo de las instancias policia-cas sino también de las fuerzas armadas. » Acabar con la criminalización de los jóve-nes, pues además de negárseles el derecho a una vida digna, se les criminaliza y discrimina desde las instancias de gobierno. Es fundamen-tal que se genere un marco normativo que ga-rantice el cumplimiento del debido proceso y proteja a los jóvenes de actuaciones discrimi-natorias por parte de los órganos de seguridad e impartición de justicia.

» Crear una Procuraduría de Atención a Víctimas con los suficientes recursos económicos y legales para realizar de forma autónoma las siguientes funciones: indagar la verdad histórica de todos los críme-nes que han quedado impunes; identificar a las víctimas mortales y establecer su identidad personal; reparar y resarcir de manera inte-gral los daños infligidos por las instituciones del Estado; y garantizar las condiciones legales y políticas para que dichos delitos no se re-pitan. Para su funcionamiento es necesario reconocer que el Estado ha sido también victimario a través de sus distintas instituciones de seguridad y justicia, por lo que estas no tendrían que participar en las decisiones de este organismo como sucede con la actual Procu-raduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima). Es indispensable que los ciudadanos tengan una participación real en el diseño y dirección de esta nueva procuraduría, brindarle total autonomía y que sus resoluciones tengan efectos vinculantes.


Arancibia Córdova, Juan (2012), “El empleo, el ingreso y el actual gobierno”, en Momento Económico, núm. 18, febrero, México, IIEc-UNAM. Disponible

El PRD se compromete con las rei-vindicaciones de los jóvenes, incor-porándolos en sus órganos de toma de decisiones, impulsando sus de-mandas en la agenda legislativa y desarrollando políticas públicas que garanticen salud, educación y em-pleo para las y los jóvenes. (Línea Política PRD, p. 40)


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La política de seguridad interna: la guerra contra el crimen organizado

María Alejandra Hernández

La seguridad en el neoliberalismo

Aparejados los procesos de cambio de mo-delo económico (mediante la instrumenta-

ción de políticas de corte neoliberal) y en lo político el fin de la guerra fría en los años ochen-ta, la nueva configuración del poder mundial, con Estados Unidos en posición hegemónica, provocó también una redefinición del concep-to de seguridad, lo que de suyo trajo nuevas interpretaciones teóricas y sobre todo pragmáticas, para dotarlo de contenido.

En el sentido tradicional, el concepto seguridad se ha vinculado con la idea de protección y/o de evitar el peligro o riesgo (Elguea, 2002:77). Amplian-do la idea, Carrillo Olea precisa que la seguridad “es una finalidad esencial para la vida y desarrollo de la comunidad nacional; sin ella no es posible ga-rantizar su existencia y en extremo, la del Estado, que no del gobierno, como a veces se confunde. Del concepto genérico de seguridad surge la seguridad nacional, que a su vez comprende la seguridad pública” (Carrillo, 2011).

En esta lógica, el concepto generalizado de seguridad nacional refiere la capacidad de un Estado-nación para defenderse de ataques externos, así como para la defensa de sus intereses nacionales, siendo estos la soberanía política y la integridad territorial (Elguea, 2002:77). También representa “el conjunto de condiciones políticas, económicas, militares, sociales y cultu-rales necesarias para garantizar la soberanía, la independencia y la promo-ción del interés de la nación” (Herrera-Lasso y González, 2002:12).

De hecho, el concepto seguridad nacional surgió en Estados Unidos, plasmado en la Doctrina de Seguridad Nacional, cuya finalidad fue identificar

La violencia, junto con el des-empleo, es el más grave de los problemas nacionales. (Movi-miento Progresista, Plan de Go-bierno, p. 12)


los riesgos exógenos para la estabilidad interna y garantizar la presencia hegemónica estadounidense en el resto del mundo. En el transcurso de los años, la noción de seguridad nacional ha sufrido modificaciones, de acuer-do con el tipo de amenaza para los intereses de Washington: desde el comunismo, el poderío militar de la Unión Soviética y su influencia en países como Cuba, la guerra por el petróleo, la reconstrucción económica europea, entre otros (Calleros, 2010:11). Posteriormente, los cambios en el concepto y en las agendas de seguridad de los países, con especial fuerza desde los años ochenta, no pueden entenderse de manera abstracta: man-tienen como constante la lógica que le han impuesto los sucesivos gobier-nos estadounidenses.

Desde principios del siglo XX, Washington vinculó su noción de seguri-dad también con el tema del control del tráfico de sustancias estupefacien-tes, que dentro de su territorio comenzaron a asociarse con las minorías (los chinos fumaban opio, los mexicanos mariguana y los negros cocaína), a las cuales había que mantener controladas para evitar la contaminación de la mayoría blanca. Desde la Conferencia de Shanghai en 1909, impulsaron la ruta que debía seguir este negocio: si bien no podía impedirse, sí había que regularlo, y dicho control correría por cuenta de las sucesivas adminis-traciones federales estadounidenses, cuyo criterio se fue imponiendo a medida que crecía su poder e influencia respecto al resto de los Estados-nación (Astorga, 2007). La razón, como siempre, es comercial: la derrama económica del tráfico de drogas es un negocio del cual Estados Unidos no puede permitirse el lujo de alejarse. De ahí su interés en controlarlo, no en erradicarlo.

Con el advenimiento de un nuevo modelo económico y el fin de la amenaza soviética, otros temas fueron incorporándose a la agenda de se-guridad de Estados Unidos. Será en el periodo de Ronald Reagan cuando se incluyan asuntos como el deterioro del medio ambiente y el agotamien-to de recursos naturales, pero con particular énfasis el tráfico de drogas transnacional, como las amenazas más sensibles y de amplio impacto para el poderío de ese país. Ello, en virtud de que en su territorio, las mayorías blancas se habían convertido en las principales consumidoras, rompiendo la concepción estatal de que el consumo de drogas era solamente asunto de las minorías.

En este marco, Reagan declaró la “guerra contra las drogas” como una prioridad para su administración, en virtud de que el trasiego de narcóti-cos, en el naciente contexto neoliberal, se expandió y comenzó a adquirir

193La política de seguridad interna: la guerra contra el crimen organizado

dimensiones que dificultaban su control, al tiempo que el aumento del con-sumo entre la población anglosajona representaba también un problema, en un momento en que cesó como prioridad invertir en gasto social, mien-tras los adictos se multiplicaban en los hospitales, ampliando la demanda y generando más gastos.

Desde ese momento, al consumidor dejó de tratársele como un enfermo (como se le había identificado desde principios del siglo XX) y se le empezó a denominar cliente. Este cambio de nomenclatura no fue simple: implicaba, a su vez, la identificación del fenómeno del consumo de drogas con otra óptica: por un lado, separaba a los consumidores −en su mayoría, los habi-tantes en el territorio estadounidense−, y por el otro, a los productores y traficantes −procedentes de Colombia, Italia u Oriente. Así, el “nuevo ene-migo” serían los países productores de estupefacientes, por lo que el diseño de las políticas de seguridad tendería a cumplir el propósito de combatirlos y erradicarlos (Youngers y Rocin, 2005:38).

Sin embargo, la llamada “guerra contra las drogas” no ha sido una guerra convencional. De acuerdo con Astorga (2007:5) se inscribe dentro del es-quema de “guerra de baja intensidad” promovido por Estados Unidos, que prevé el uso de recursos militares para evitar la introducción de drogas a su territorio, así como para atacar y destruir las fuentes de abastecimiento en otros países. En particular, descansa en las tesis formuladas por Reagan desde 1982, según las cuales:

» Lo que es válido para Estados Unidos también lo es para el resto del mundo bajo su influencia.

» El discurso dominante concibe el surgimiento del tráfico y los trafi-cantes como una actividad y como agentes sociales necesariamen-te ajenos a las estructuras de poder político en todo tiempo y en todo lugar.

» El enfoque jurídico y policiaco con el que se inicia la era moderna de las prohibiciones de ciertos fármacos en Estados Unidos, a par-tir de 1914, se ve reforzado en la actualidad con la participación directa, abierta y legítima de los militares en los mandos de dirección y operativos del combate antidrogas.

» El entrenamiento del personal militar de los Estados que asumen la misma visión y establecen convenios de cooperación con Es-tados Unidos es proporcionado por el Ejército de ese país. Los cursos de preparación están diseñados simultáneamente para la


lucha contrainsurgente y el combate al tráfico de drogas (Astorga, 2007).

De inmediato, se creó una corriente de opinión favorable para la promo-ción de esta agenda de seguridad. Inició con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 1988 declararía al fenómeno del narcotráfico como “un crimen de lesa humanidad”, al tiempo de comprometer a los países asistentes a una cumbre realizada en Viena, Austria, ese mismo año, a asumir el compromiso de luchar contra el tráfico de narcóticos (Eissa, 2005:12).

Ya en los años noventa, la atención del gobierno de George Bush padre se orientó a la región de América Latina, con la explosión de fenómenos como la migración, el trasiego de narcóticos y la degradación del medio ambiente (Pellicer, 2002:75), lo que su vez generó impactos en el diseño de su propia agenda de seguridad, al tiempo de extenderla al resto de la región.

La presión estadounidense al resto de los países latinoamericanos para asumir su “guerra contra las drogas” se realizó con base en sanciones co-merciales, acceso o cierre a su mercado para la comercialización de produc-tos, concesión de créditos o recompensas. De tal suerte, con la promulgación del Acta de Control Internacional de Narcóticos de 1992, Estados Unidos se arrogó el derecho de “certificar” o “calificar” el nivel de participación de los países bajo su influencia en el combate contra el trasiego de drogas, a cam-bio del otorgamiento de estímulos económicos y financieros (Eissa, 2005:14).

Ubicadas las fuerzas armadas en un papel de liderazgo en la “guerra contra las drogas”, será a finales de los años noventa cuando el Departa-mento de Defensa estadounidense establezca como objetivos de la seguridad nacional (y posteriormente hemisférica):

a) Proporcionar entrenamiento, colaboración en la definición operacio-nal y logística, así como material de apoyo (estrategias y armas) a los gobiernos de los países de tránsito y producción de narcóticos.

b) Respaldar los trabajos de la Drug Enforcement Administration (DEA) en su lucha contra el trasiego de cocaína (proveniente de Colombia).

c) Detectar y monitorear redes aéreas y marítimas del transporte de drogas.

d) Colaborar en la estrategia de reducción de oferta y demanda en los países del orbe (Eissa, 2005:17).


Todo lo anterior ha tenido como el mejor ejemplo al denominado “Plan por la Paz, la Prosperidad y el Refuerzo del Estado”, mejor conocido como Plan Colombia, orientado al combate de las guerrillas colombianas (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, FARC, y Ejército de Liberación Nacional, ELN), realizando grandes inversiones en armas y apoyo logístico para el ejército y los cuerpos policiacos locales, para efectuar también tareas de combate a los narcotraficantes. Adicionalmente, el interés fue lograr la apertura total de la economía colombiana a la inversión estadounidense, en particular para favorecer a las compañías petroleras, y hacerse con el con-trol de un territorio que permite mantener su lógica de seguridad hemisférica y comenzar la implementación de bases militares en América del Sur.

En el transcurso de todo este diseño, desde los años sesenta México ya se había convertido en el laboratorio de una visión de seguridad nacional y seguridad hemisférica de Estados Unidos donde, en relación con el tráfico de drogas, las fuerzas armadas habrían de adquirir un papel cada vez más relevante para su control (Astorga, 2007).

La seguridad en México

En este punto, es preciso señalar que los gobiernos emanados de la Revo-lución de 1910 identificaban el concepto seguridad nacional como 1) el conjunto de acciones para lograr la defensa territorial respecto de otros Estados-nación, principalmente Estados Unidos y Europa, y 2) la promoción de un modelo de desarrollo económico centrado en el fomento y protec-ción del mercado interno, así como el control efectivo del Estado sobre los procesos productivos. Mientras que la contención de los delitos entre indi-viduos era ámbito exclusivo de la seguridad pública para preservar la paz y evitar el desbordamiento de las instituciones. Ambos objetivos se constituye-ron en la columna vertebral del sistema político mexicano, donde la defensa de la soberanía y la paz interna se convirtieron en el referente fundamental, hasta la crisis económica de 1982 (Meyer, 2002:14).

El abandono de la visión que de la seguridad nacional se tenía en el nacionalismo revolucionario tiene como fundamento:

a) El hecho de que la tecnocracia que arribó al poder político ya no considera a Estados Unidos como la principal amenaza a la sobe-ranía nacional −y por ende a la seguridad nacional−, sino que en el


nuevo esquema económico se le ve como una ventana de oportu-nidad para la inversión extranjera y los nuevos negocios (Aguayo, 2002:29).

b) El cambio de modelo económico, vía la integración regional (con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), dejó al país en una situación de mayor dependencia económica respecto a Estados Unidos (Rodríguez, 2008:50), por lo que asumir la agenda de seguridad estadouniden-se se ha traducido también en la obtención de créditos y recursos económicos frescos, para paliar las recurrentes crisis económicas, desde la administración de Miguel de la Madrid hasta la actual de Felipe Calderón.

c) Con la globalización, México también quedó inmerso en los intere-ses geoestratégicos estadounidenses, de tal suerte que la perspec-tiva de la seguridad nacional fue asimilando paulatinamente la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por Washington. Como lo señala Saxe-Fernández, la estrategia de Estados Unidos “no sólo para México, sino también para el resto del hemisferio, es garantizar su absoluta supremacía militar, por lo cual se encamina a inducir cam-bios en las funciones y misiones, de lo propiamente militar a lo policiaco” (1994:149), lo que da paso al traslape entre las funciones de los militares y los policías. Desde ese momento, las fuerzas ar-madas mexicanas reciben capacitación, asistencia militar y abun-dantes recursos presupuestales para encargarse de tareas del ámbito de la seguridad pública (Sandoval, 2000:3).

d) Sandoval (2000) apunta que otro factor que incidió en la promoción de la presencia castrense en la atención de la seguridad pública y no solo nacional fue el estallido del movimiento del EZLN y movi-mientos similares como el del EPR, considerando también la mirada estadounidense de combate contra los grupos disruptivos que amenazan la estabilidad de su “patio trasero”.

Será durante la administración de Ernesto Zedillo cuando se inicie pro-piamente el cambio en el diseño institucional que dará entrada a la fuerza militar como parte fundamental de la política general de seguridad en el país, lo que a su vez hace que la línea que separa la seguridad nacional de la seguridad pública se diluya.


El primer paso para ello se dio en 1996, cuando el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, formu-ló cinco tesis (Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y XXX/96) que permiten la actuación de los militares en acciones de naturaleza policial. Negociadas por el propio ministro, a la letra se subraya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá participar “en acciones civiles a favor de la seguridad pública, en auxilio a las autoridades civiles”, sin que se re-quiera la declaración de Estado de excepción (Moloeznik, 2006:8). Las re-servas de ley que estableció la SCJN indican que la participación militar responderá a una solicitud de una autoridad civil, sea un gobernador o un alcalde, y a su vez, las fuerzas castrenses deberán someterse a esa misma autoridad (Moloeznik, 2011:6).

Dichas tesis dieron sustento legal para la creación de la Policía Federal Preventiva, cuerpo policial de corte militar, y posteriormente, de la Secre-taría de Seguridad Pública Federal, instancia desde la cual se ha dado un nuevo contenido a los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública. En los hechos, a partir del modelo de “convenios de colaboración” se obli-ga a los estados de la república a asumir las políticas en materia de seguri-dad diseñadas desde el centro del país, eliminando de facto la soberanía estatal, a cambio de apoyos para el control de los delitos y recursos para la operación de los cuerpos de seguridad estatales en la persecución de los productores y traficantes de drogas (Tirado, 2006:14).

Con el arribo del “gobierno del cambio” representado por Vicente Fox en el año 2000, no hubo variaciones al nuevo entramado de la seguridad. Por el contario, se acentuó la operación militar luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que hicieron a Washington agregar a su agenda de seguridad el combate contra el terrorismo y el crimen organizado transna-cional (este último caracterizado por la presencia de bandas criminales nacionales e internacionales), e incrementar la presencia de las fuerzas arma-das como el recurso principal de combate para ambos fenómenos, bajo un esquema de seguridad hemisférica, ya planteado desde el reaganismo pero puesto en marcha con énfasis después de la caída de las Torres Gemelas.

La seguridad hemisférica –o círculos geopolíticos concéntricos– concibe las fronteras terrestres estadounidenses con Canadá y México como espacios que ameritan atención permanente, en la medida en que se identifican como zonas por donde los grupos terroristas y del crimen organizado pueden ingresar a territorio de Estados Unidos. Así, México, ubicado como parte del perímetro de seguridad nacional para Washington, habría de asumir


como propias estas “nuevas amenazas” (a las que se sumarían las migracio-nes sin control, la trata de personas, el tráfico de armas, la degradación ambiental), incrementando la persecución contra los líderes de los grupos delictivos encargados del trasiego de narcóticos, ahora identificados como posibles apoyos para los grupos terroristas. Adicionalmente, se habrían de endurecer las medidas para castigar a los campesinos encargados de los cultivos y a las guerrillas vinculadas.

Un indicador de este cambio se puede observar en el perfil de los en-cargados de los organismos de seguridad del país, iniciado con la presencia del general brigadier Rafael Macedo de la Concha como procurador gene-ral de la República, cargo que ocupó de 2000 a 2005. Casi al final del sexenio, renunció tras el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. A partir de este momento, la presencia de militares en cargos públicos habría de acentuarse, en particular en el periodo de Felipe Calderón, que se anali-za más adelante.

En paralelo, en el interior del país la nueva administración foxista tenía el compromiso de terminar con el uso discrecional de los organismos de seguridad para realizar espionaje a los opositores, como ocurría en los re-gímenes del PRI, y orientarlos al combate a las “nuevas amenazas” que representaban el terrorismo, el crimen organizado, el trasiego de drogas, la pauperización de los recursos naturales y la creciente pobreza. Para ello, se crearon dos nuevas carteras: la Comisión de Orden y Respeto y la Conse-jería de Seguridad Nacional, encargadas de impulsar una ley que redefiniera los contenidos del concepto de seguridad nacional, cuya base sería el res-peto a los derechos humanos y coadyuvar en la consolidación de la demo-cracia (Rodríguez, 2008:270).

De estas premisas surgió una primera Ley de Seguridad Nacional, apro-bada el 30 de octubre de 2003, y que ofrecía: 1) poner en orden el entramado institucional de los organismos encargados de la seguridad, y 2) restringir las labores de los servicios de inteligencia, a efecto de que nunca más fueran empleados para el espionaje político. Sin embargo, el contenido del concep-to de seguridad nacional para el foxismo no podía ser más ambiguo: no solo faltaba claridad conceptual respecto a lo que se debía identificar como segu-ridad nacional o interés nacional; también faltó precisión sobre lo que se ubicaba como una amenaza endógena o una exógena, además de dejar de lado los contenidos preventivos que se demandaban desde los gobiernos del PRI, para la atención de situaciones extraordinarias o de emergencia. Lo único claro es que todas las “amenazas” se adscribían al pie de la letra a la


agenda estadounidense posterior al 11 de septiembre, más que a un verda-dero diagnóstico de las carencias que había que sanear para otorgar segu-ridad a la nación mexicana.

Luego de este fallido intento y ante las críticas que generó, se formuló una convocatoria más amplia para hacer observaciones y modificaciones al contenido de esta ley, con la participación de legisladores, dirigentes par-tidistas y especialistas en materia de seguridad. Con las modificaciones, el 28 de enero de 2005 Vicente Fox expidió la versión “definitiva” de la Ley de Seguridad Nacional, la cual entró en vigor el 1º de febrero del mismo año, donde hubo un intento más serio de precisión conceptual y tareas que debían atenderse, aunque se mantuvo en situación protagónica a los cuer-pos militares.

A pesar de esta ley, Fox no pudo terminar con la discrecionalidad en la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que en los hechos siguió controlando la definición de la agenda de seguridad, en la cual se soslayó la atención a los desastres naturales o el creciente impacto de la violencia generada por los grupos del crimen organizado. De igual forma, no se logró prever los movimientos de la guerrilla o los grupos dis-ruptivos; y, lo que es peor: no se logró instrumentar el reglamento corres-pondiente para la aplicación de esta ley.

El diseño institucional de 2006 a 2012

Sin embargo, es en la administración de Felipe Calderón cuando no solo se exacerba el combate al crimen organizado, en su modalidad de narcotráfico, sino que se consolida la preeminencia de las fuerzas militares sobre las civiles, del concepto de seguridad nacional sobre el de seguridad pública.

Desde los primeros días de diciembre de 2006, Felipe Calderón hizo saber que pondría en ejecución un ataque frontal contra el crimen organizado, mismo que denominó de forma peculiar, “batalla con-tra el crimen”, haciendo uso de un leguaje militar (mismo que de inmediato le fue

Cuidaremos el prestigio de las fuer-zas armadas, garantes de la integri-dad del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobier-no civil, mucho menos para reprimir al pueblo. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 16)


criticado por diversos sectores) y que inició en el estado próximo a la capi-tal, Michoacán, entidad donde en 2006 hubo 500 asesinatos relacionados con los grupos responsables de la producción y trasiego de drogas. Para enfrentarlos, la administración Calderón anunció la intervención directa de las fuerzas armadas: desde el inicio, se movilizó a personal federal armado, como apoyo de los cuerpos de seguridad de la entidad federativa y de di-versos municipios, bajo coordinación del Ejército (más adelante, se sumaría la Marina en otras entidades del país).

Según la tesis de Castañeda y Aguilar (2007), con la guerra declarada al narco por parte de Felipe Calderón, en realidad se pensó acreditar autoridad y legitimidad en el mandatario que iniciaba su gestión en 2006, dados los fuertes cuestionamientos que surgieron por la competencia electoral con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, avanzó la crisis, y el gobierno de Calderón se vio obligado y presionado a ir cada vez más lejos. Así es como llegamos al estado de cosas que tenemos. Veamos:

De acuerdo con el diseño institucional, el tema de la seguridad se delineó hasta 2007-2008, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 (PNSP), el cual se elaboró tomando como punto de partida el documento “Visión México 2030”, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (PSSP). El Programa expresa los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definen la actuación de las dependencias y de los organismos públicos, atendiendo a los siguientes objetivos:

a) Crimen organizado. Establece una estrategia estructurada en cinco ejes rectores, entre los que destacan: Estado de Derecho y Seguridad, Crimen Organizado, Cuerpos Policiacos. Sus bases se delinean en el PND 2007-2012.

b) Seguridad pública. Detallado en el PSSP 2007-2012, programa de cumplimiento obligatorio en las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Aprobado por decreto legislativo.

c) Prevención. Definido en la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, tiene el objetivo de determinar la función de seguridad pública del Estado.

d) Trata de personas. Tiene como objetivo proporcionar los anteceden-tes de la trata de personas, legislación, y brindar herramientas para la prevención, lucha y atención a las víctimas de trata de personas.


Ha sido desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública de Mé-xico y se define en el Programa de Atención a Víctimas de Trata de Personas.

En cuanto al manejo conceptual, hasta 2008 el concepto de seguridad nacional que se utilizó fue el instituido durante la administración Fox en la Ley de Seguridad Nacional. Para abril de 2009, en el marco de reformas a dicha ley, Felipe Calderón propuso definir la seguridad nacional como “la integridad y estabilidad del Estado y no aquellas operaciones emprendidas para sal-vaguardar tales condiciones” (Presidencia, 2009).

En el Proyecto de decreto para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional vigente, Calderón propone identificar la presencia de “riesgos a la estabilidad y desarrollo nacionales”, así como de “amenazas a la existencia misma del Estado, las cuales atentan contra la seguridad nacional y que pueden provenir lo mismo del exterior (en forma de ataques de otros países) o del interior, bajo la figura de ‘agentes no estatales’; ante las cuales deben intervenir las instituciones, en sus respectivas áreas de competencia” (Presidencia, 2009).

En la Cámara de Diputados se agregó en el predictamen que la preser-vación de la seguridad nacional es competencia del titular del Poder Ejecu-tivo Federal, vía la instrumentación de políticas, recursos, acciones y/o medios, incluido el uso de las Fuerzas Armadas.

En tanto, a la Sedena se le asignó entre sus misiones encargarse de:

» La seguridad nacional. Definida como el ámbito de defensa exterior, su objetivo es defender la independencia, soberanía e integridad de la Nación, tarea que recae en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México.

» La seguridad interior. Se remite a las labores de persecución del nar-cotráfico, el apoyo a la seguridad pública y a la preservación del orden interno, donde su brazo ejecutor es la Policía Militarizada.

» La seguridad pública. Apoyar las acciones de la Policía Preventiva y Judicial (hoy Policía Ministerial).

Ahora bien, Moloeznik llama la atención sobre la existencia de una lagu-na legal significativa: en ningún documento oficial se define con puntualidad el concepto seguridad interior. Esto genera una situación laxa y que ha ser-vido para justificar la intervención de militares en deberes y competencias civiles, en lo que pareciera la traslación del concepto de seguridad pública


para convertirse en sinónimo de seguridad interior (Sandoval, 2000:6), con el consiguiente cambio de prácticas y variación de objetivos por cumplir.

En contraste, la seguridad pública puede ser definida como “el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de política ad-ministrativa” (Núñez, 2002:10). Desde la perspectiva de la teoría política, lo anterior se sustenta en el hecho de que una de las funciones que corres-ponden al Estado es la de procurar y salvaguardar el bien común en una sociedad, donde el mantenimiento de un orden público es una condición indispensable para la convivencia entre un conglomerado de individuos. Delegar estas funciones en las fuerzas castrenses ha generado el actual momento de violencia que permea en diferentes partes del país.

Para cubrir esta imprecisión respecto al contenido de seguridad públi-ca y trasladarlo al concepto de seguridad interna, Calderón propuso instituir una nueva figura jurídica: la “Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, la cual obliga al despliegue de la fuerza armada

…ante cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro y conflicto,

tal como: actos terroristas, genocidio, sabotaje, traición a la patria, espionaje,

obstrucción a la lucha contra el crimen organizado, sublevación en algún estado

del país, actos que hagan peligrar la paz y la seguridad pública a nivel munici-

pal, estado o región de la república, acciones de extorsión colectiva o cualquier

otra situación que podría derivar en una perturba-

ción grave del orden (Presidencia, 2009).

En tanto transcurría la discusión jurídica, de facto se incrementó la presencia de milita-res al frente de cuerpos de seguridad pública. En 17 estados de la república (Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-tecas) y el Distrito Federal, los titulares de

dichas dependencias cuentan con grados militares que van desde capitanes hasta generales en retiro. Para equilibrar la situación, en las procuradurías de Justicia se ha intentado mantener el perfil civil entre sus titulares.

Desmilitarizar a la policía. La poli-cía es una institución civil y debe refundarse poniendo como princi-pal valor su esencia civilista y su capacidad para la resolución de conflictos de la ciudadanía, por tanto, debe desvincularse de la institución militar y acercarse a la sociedad civil. (Movimiento Pro-gresista, Plan de Gobierno, p. 16)


La corriente de incluir a mandos policiales con formación castrense al frente de los organismos de seguridad también se hace extensiva a las enti-dades municipales, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): al menos una tercera parte de los directivos fueron formados en las filas del Ejército, de un total de 50 circuns-cripciones, sin que esto se haya convertido en factor para la disminución de los crímenes registrados.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal da a conocer la cifra de 121 199 detenciones hasta marzo de 2010, correspondientes a diversos grupos crimi-nales relacionados con el trasiego de droga, entre ellos el del Golfo y Los Zetas; y señala detenciones destacadas como las de Édgar Valdez Villarreal, “La Bar-bie”; Carlos Montemayor González; y Jesús Méndez Vargas, “El Chango”.

Al analizar los cambios legales instrumentados y las prácticas del nue-vo diseño de seguridad de la administración Calderón, se observa:

1. El concepto de seguridad nacional se impone a la seguridad pública; es decir: siendo la “guerra contra el narcotráfico” la prioridad, la seguridad de los ciudadanos como tal, considerada en el ámbito de la seguridad pública, queda eliminada como objetivo.

2. El combate al narcotráfico concentra las acciones del Estado mexi-cano e incluso pasa por encima de las soberanías estatales al im-ponerlo como punto primordial de la agenda de seguridad.

3. Se formaliza el proceso de militarización, al dejar su combate direc-tamente en manos de las fuerzas armadas.

4. La intervención social, como mecanismo del Estado para comba-tir la delincuencia, es anulado.

5. Ante los cuestionamientos, en 2009 se impulsan “mesas de diálogo” con los gobernadores de los estados, aunque en realidad es la agenda del centro la que se impone.

6. Con todo, la violencia va en aumento. Los grupos criminales con-trolan varios puntos del país y la recuperación de espacios públicos ha sido nula.

7. Al intensificar el uso de la fuerza, se genera más violencia, con vio-lación de los derechos humanos de la población no delincuencial (o “población civil”, aquellos no participantes en la “guerra”, de acuerdo con la óptica militar).

8. Se incurre en la simulación jurídica, dado que las acciones de las fuer-zas armadas continúan sin la declaratoria de “estado de excepción”.


9. No existen diseños institucionales para canalizar la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas para la prevención del delito por parte del Estado mexicano.

10. De esta forma, otros rubros que involucran a la seguridad pública, tales como la violencia de género o las muertes por adicciones, ni siquiera aparecen en la agenda de la administración federal (Mo-loeznik, 2011).

Más aún: la reforma a la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Cal-derón permite observar, como en su momento en Colombia, que el incre-mento de la presencia militar deriva en la aparición de los tres elementos característicos de los regímenes caracterizados como “terroristas de Esta-do”: la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y las ejecu-ciones sumarias extrajudiciales (Fazio, 2011).

Por otra parte, al contrario de disminuir, en diversas partes del país los delitos se mantienen al alza. Al respecto cabe enfatizar que Ciudad Juárez (Chihuahua), como consecuencia de este desmedido incremento en homi-cidios y robos, fue señalada como “la ciudad más insegura del mundo”, ya que presenta índices de asesinatos por encima de los ocurridos en Afganis-tán durante 2011. Esto contrasta con el dato ofrecido por la administración Calderón de que Juárez ha recibido el mayor número de efectivos policiales y militares para resguardar la seguridad.

El perfil del narcotráfico en México

Pero lo que hasta el momento la administración Calderón no ha entendido (o pareciera no entender) es que en México, desde hace muchas décadas, uno de los negocios mejor organizados y que involucra a familias enteras es sin duda el tráfico de drogas. El cultivo de amapola y mariguana es rela-tivamente sencillo y barato, toda vez que ambos se dan en cualquier tipo de clima de los que goza el país; y el trasiego siempre ha ocurrido a lo largo de la frontera con Estados Unidos, en los pasos urbanos de gran tráfico comer-cial como son Ciudad Juárez, Nuevo Laredo o Tijuana.

Como se mencionó en el primer apartado, el boom de este negocio obedece a diversas causas: el incremento en la demanda de drogas en terri-torio estadounidense a partir de los años ochenta; la persecución y pro-hibición, así como la incorporación de la cocaína, producto casi exclusivo de Colombia, que generó más adicción y demanda. Con todo, al concentrarse


en los pasos fronterizos, el tema no generaba mayor interés ni a la clase política ni a la opinión pública.

Sin embargo, al saturarse el mercado estadounidense, una creciente cantidad de cocaína se quedaba en territorio mexicano, por lo que era pro-movida entre los barrios bajos urbanos, para generar nuevos adictos. El fenómeno comenzó a incrementarse en ciudades de más de 100 000 habi-tantes, pero con una dinámica diferente: la del narcomenudeo, donde los grupos encargados de la comercialización de las drogas comenzaron a disputar el control de plazas, barrios y calles, con la violencia que eso trae aparejada (Escalante, 2009).

A ello se sumó la aparición de las denominadas “drogas de diseño” o sintéticas, creadas en laboratorios caseros, cuya instalación y elementos base son relativamente baratos y fáciles de conseguir, al tiempo de generar una fuerte adicción, por lo que dejan ganancias considerablemente más altas y rápidas.

Ahora bien, como se advirtió en el primer apartado, ese proceso coinci-dió con la adopción de una política económica neoliberal y en el ámbito político con el fin del régimen revolucionario. Ambas cosas han ido en detri-mento de la capacidad de integración del sistema político, ya que a pesar de todo, existía un arreglo institucional que permitía administrar los mercados ilegales, mediante la negociación (Escalante, 2009), al tiempo que la clase po-lítica y empresarial empezó a nutrirse de las ganancias del tráfico de drogas, vía el lavado de dinero. Incluso, Astorga considera que el negocio nació y creció supeditado al poder político (2011). En todo caso, el entramado ins-titucional y social que se dio a este negocio permitió beneficios y logró evitar el desbordamiento de las instituciones que se aprecia en la actualidad.

Entonces, en el esquema de sistema de partido de Estado, los trafican-tes tenían tres opciones si no seguían las reglas del juego: a) salir del negocio; b) ir a la cárcel (vía la aplicación de la ley al estilo de la Dirección Federal de Seguridad), o c) morirse. Esa era la capacidad que tenía el sistema de partido de Estado. Pero en la alternancia, sin esos mecanismos de control que antes funcionaron, la clase política es la que va a tener tres opciones en relación con las organizaciones criminales: a) no hacer nada y dejar que la relación de subordinación se invierta, es decir, que la clase política esté subordinada a los criminales, b) llegar a una serie de arreglos con los grupos criminales, no solo con la clase política sino con la élite empresarial y con ciertos sectores de la sociedad civil proclives, ya sea por afinidades electi-vas o por amenazas (Buscaglia, 2011), y c) tratar de coordinar esfuerzos con


una misma visión para intentar construir una política de seguridad de Esta-do (Astorga, 2011).

Las ganancias

A pesar de los cambios en el diseño institucional para atender la seguridad, bajo la lógica de la “guerra contra las drogas”, el trasiego de narcóticos continúa generando cantidades formidables de ganancias. Y dichos divi-dendos han generado fenómenos colaterales, como el lavado de dinero, actividad convertida en la base rentable de la delincuencia en el ámbito internacional, misma que no sería posible sin la cobertura de una sociedad

e instituciones beneficiadas con la derrama económica. De esta manera, se crea y alimen-ta un entramado institucional, donde los beneficios para las élites (económicas y polí-ticas) son muchos y difícilmente fáciles de dejar perder. Esta es la verdadera lógica que permea el interés de Estados Unidos y las oligarquías locales. Al respecto, conviene apuntar que el narcotráfico genera cada año

en el mundo entero más de 300 mil millones de dólares, y en México cada año por este concepto la cifra es de 40 mil millones de dólares.

De acuerdo con los índices oficiales para medir los resultados de la lucha antidrogas, ha habido avances. Aunque en realidad, la situación ha empeorado, ya que si bien ha habido más decomisos y detenciones de per-sonas involucradas en el trasiego y distribución de drogas, realmente no se han bajado los índices de producción de estupefacientes, hay mayor pro-ducción y más cantidad de gente en el negocio.

Ello no es gratuito: por un lado, la situación de crisis económica en la que se encuentra el país, empuja a miles de personas desempleadas a los brazos de las organizaciones encargadas no solo del narco, sino del crimen organizado en general, de las que Edgardo Buscaglia sostiene existen más de 16 modalidades diferentes (tráfico de armas y de personas, trata de blancas, piratería, entre otras). Adicionalmente, las ganancias del tráfico de drogas alcanzan a todos los niveles sociales: desde empresarios que se vinculan como lavadores de dinero, para obtener pingües ganancias, hasta políticos que reciben financiamiento en sus campañas para obtener cargos públicos y desde ahí operar la agenda de los narcotraficantes.

Terminar con la protección poli-ciaca y financiera que sostiene al crimen organizado, así como proce-sar a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrup-ción. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 16)


Los “daños colaterales”

Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 murieron más de 65 mil per-sonas por vía de ejecuciones y enfrentamientos entre bandas rivales o agresiones a la autoridad. En este número se incluye no solo a los narco-traficantes, sino también a los efectivos de los cuerpos de seguridad y “ci-viles”. Entre algunos operadores del narco muertos en enfrentamiento se cuentan Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén y Nazario Moreno.

Respecto al asesinato de personas no vinculadas a labores delictivas (denominadas por la administración Calderón como “daños colaterales”), diversas agrupaciones ciudadanas han puesto énfasis en el hecho de que la cifra de estas muertes es imprecisa, a lo que contribuye que el propio gobier-no federal las suma a las muertes de los personeros del crimen organizado.1

Ante estas cifras, el gobierno federal reconoce un aumento de 11 por cien-to en los homicidios dolosos cometidos entre octubre de 2010 y septiembre de 2011. La estadística recabada fue distribuida precisamente en octubre de ese año a los gobernadores que participaron en la sesión del Consejo Na-cional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.

Los datos indican además que el incremento en la cifra de homicidios dolosos tiene focos perfectamente localizados en los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, que suman 10 540 asesinatos de los 22 133 reportados en los últimos tres meses.

Se trata de las entidades en las que la estrategia policiaco-militar del calderonismo ha sido desplegada con mayor fuerza, no solo en lo tocante al poder de fuego contra los carteles de la droga, sino en especial por la manera como en el norte del país decenas de agentes estadounidenses han ido y venido a sus anchas recabando datos y haciendo trabajo de inteligen-cia como parte de la prospectiva que el gobierno de su país lleva adelante para determinar el nivel de volatilidad que el sexenio militar panista podría alcanzar antes, durante y luego de las elecciones presidenciales.

1 Esto último, conocido como “cifra negra u oscura”, se integra mediante los delitos no denun-ciados o que no aparecen en las estadísticas oficiales, principalmente por no existir una cultura de denuncia, lo cual se debe al temor hacia las instancias de procuración y adminis-tración de justicia, dado el trato déspota o por la solicitud de “mordidas” de los Ministerios Públicos para atender a la ciudadanía, el miedo a represalias o el contubernio de los Minis-terios Públicos con los propios delincuentes.


Lo que más llama la atención: hay, por primera vez, asesinatos que se usan como mensajes para la opinión pública; cuerpos decapitados, muti-lados, con mensajes escritos; existen también masacres, asesinatos masivos de diez y hasta 70 personas; y ocurren finalmente atentados contra man-dos de la policía y contra destacamentos del Ejército. Todo eso aparece en la prensa y contribuye a crear el clima de inseguridad del que se hace eco la opinión internacional.

Sin duda, los asesinatos espectaculares sirven a varios propósitos. Entre otras cosas, contribuyen a producir un clima de miedo, una sensación general de inseguridad que las organizaciones criminales pueden aprovechar para de-dicarse a actividades predatorias. Acaso sea el rasgo más grave de la situación mexicana a principios del siglo XXI: en algunas zonas del país, en algunos municipios, ya es habitual la venta de protección, al amparo de la ineficacia del sistema de procuración de justicia. Es un factor de deslegitimación que no deja de tener consecuencias para el sistema político (Escalante, 2009).

En todo caso, los números arriba presentados, si bien no coinciden, sí permiten comprobar y reforzar los señalamientos en torno al fracaso de la estrategia de contención y choque anticrimen diseñada día a día por los asesores del presidente Felipe Calderón. Incluso los datos de las instancias del gobierno federal sobre sus propios resultados de combate al narco siguen siendo devastadores.

Otro aspecto que opera en contra: una vez detenidos los involucrados en las mafias del narco, las averiguaciones previas no prosperan para

Contabilidad de homicidios realizada por la Procuraduría General de la República

Muertos

2007 2 826

2008 6 838

2009 9 614

2010 15 273

2011* 12 903

Total 47 454

Metodología: Contabilidad con base en el indicador “presunta rivalidad delincuencial”.Fuente: Procuraduría General de la República, Desglose Anual, 11 de enero de 2012.* Enero-septiembre.


proceder a la detención, debido a la corrupción de jueces y ministerios pú-blicos, así como por la tontería de que la mayoría de las averiguaciones previas están mal integradas, lo que da pie a que los abogados al servicio de los narcotraficantes logren hacerles evadir la justicia de inmediato.

Las percepciones de la “guerra contra el narco”

Una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dada a conocer el 21 de septiembre de 2011, revela que 57 por ciento de los mexicanos están en desacuerdo con la política de seguridad pública del presidente Felipe Calderón; contrario a lo que sucede en Colombia, donde 70 por ciento de sus habitantes están a favor de la estrategia contra la inse-guridad, instrumentada por el mandatario Juan Manuel Santos.

El estudio titulado “Las Américas y el mundo 2010-2011, opinión públi-ca y política exterior en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú” (Gonzá-lez et al., 2011) señala también que 50 por ciento de los mexicanos están en desacuerdo con la política económica del gobierno federal.

De acuerdo con la encuesta, 39 por ciento de los mexicanos no confían nada en la policía; 35 por ciento no confía en los políticos; 37 por ciento confía algo en el presidente; y 42 por ciento confía algo en el Ejército. Un 54 por ciento de los mexicanos está a favor de que el país reciba ayuda finan-ciera de Estados Unidos para combatir al narcotráfico y al crimen organiza-do; 39 por ciento se dijo en contra y 5 por ciento contestó que depende. Cincuenta y siete por ciento de los mexicanos se dijo a favor de que agentes de Estados Unidos operen en el país; 26 por ciento, en contra; y 12 por ciento respondió que depende. Sin embargo, 55 por ciento de los mexicanos están en desacuerdo con que el país tome decisiones junto con Estados Unidos, aunque asuma compromisos que no le gusten.

Por su parte, Human Rights Watch dio a conocer en noviembre de 2011 su informe sobre las violaciones contra los derechos humanos que la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón ha provocado entre la pobla-ción. En su estudio “Ni seguridad ni derechos”, el organismo documenta:

» Integrantes de los cuerpos de seguridad, en particular los militares, se han visto involucrados o han tenido participación directa en 170 casos de tortura, 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapa-riciones desde el inicio del periodo calderonista.


» Es decir: el diseño institucional para atender la seguridad en la administración de Calderón ha resultado fallida, toda vez que: a) no ha reducido la violencia, y b) ha generado un crecimiento exponencial de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas que supuestamente, están encargadas de brindar protección.

» El método para obtener información sobre el crimen organizado recuerda los peores tiempos de los regímenes militares en Argenti-na o Brasil: hombres y mujeres golpeados, torturados, violados.

» A ello se agrega una nueva práctica entre los cuerpos castrenses: manipular las escenas del crimen para crear la impresión de que las ejecuciones son obra de la rivalidad entre grupos de traficantes de drogas (“Ni seguridad…”, 2011).

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha dado seguimiento puntual a los casos de abusos denunciados contra inte-grantes de la Sedena: en 2008 responsabilizó a militares de abuso sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio calificado, detenciones arbitrarias, tortura y allanamiento en cuatro casos: Castaños, Coahuila; Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán; Apatzingán, Michoacán; y Sinaloa de Leyva.

2009 fue el año que la CNDH recibió más quejas contra elementos cas-trenses, alcanzando una cifra histórica de 1 800. Para su reporte de 2011, las quejas para los organismos involucrados en la “guerra contra las drogas” arrojaron: 1 695 contra la Sedena, 769 contra la PGR, 767 contra la Policía Federal y 495 contra la Secretaría de Marina (CNDH, 2011).

Las consecuencias

A los problemas de desempleo, pobreza, falta de oportunidades educativas, depresión y adicciones, se suma para la población juvenil el riesgo de ser asesinada por las bandas del trasiego de drogas o de ser incorporada a ellas por coerción o secuestro.

El Inegi advierte un incremento en el número de homicidios contra jó-venes cuyas edades fluctúan entre los 15 y 29 años, pues entre 2007 y 2009 la cifra de homicidios en este grupo aumentó 140 por ciento. Respecto a la cifra global, la mayoría de las víctimas son jóvenes: entre 20 y 30 por ciento son menores de 25 años; y hasta 50 por ciento, menores de 30 años. Se trata


en la mayoría de los casos de jóvenes con muy poca escolaridad (hasta 80 por ciento tiene solo educación primaria o menos). Las zonas que registran los índices más altos son las periferias de las grandes ciudades, algunos municipios de la frontera con Estados Unidos (Tijuana, San Luis Río Colo-rado, Ciudad Juárez) y municipios relativamente aislados en la Sierra Madre Occidental y la costa del Pacífico, en Michoacán y Sinaloa. Ambas cosas sugieren que se trata sobre todo de enfrentamientos entre grupos de trafi-cantes o pandillas juveniles en la disputa por la venta al menudeo de la droga y el control de puertos de entrada y tránsito hacia el norte.

En tanto que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-lito afirma que “en México ocurren casi 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Honduras se registran 80 homicidios y en El Salvador más de 60. La suma de todas estas situaciones hacen ver el riesgo que hay en México para la población de jóvenes, quie-nes además de los bajos ingresos, la alta desigualdad social y la carencia de opor-tunidades educativas y de empleo, tienen ante sí el riesgo mayor de ser cooptados por el crimen organizado” o morir como una víctima más de la “guerra” de Felipe Calderón (UNODC, 2011).

Cabe indicar que otros jóvenes no requieren otras presiones para en-grosar las filas de la delincuencia organizada: ante un futuro incierto, falta de oportunidades educativas y de empleo, encuentran acomodo y éxito (dinero, mujeres y poder) entre los criminales. El dato lo aporta el propio Inegi: “el desempleo entre la población joven mexicana casi se duplicó en la década anterior, al pasar de 5.3 a 10.3%; además, seis de cada diez jóvenes no estudian la preparatoria ni la universidad, y cerca de 15 millones de me-xicanos, de entre 12 y 29 años, subsisten en la pobreza multidimensional” (ENOE, 2011).

Y al incremento de los homicidios dolosos se suma el crecimiento en el consumo de drogas entre jóvenes durante el sexenio que acaba. El Consejo Nacional contras las Adicciones (Conadic) sostuvo en su último informe que el uso de drogas aumentó entre 2006 y 2008, y en algunos casos, como en el de las metanfetaminas y drogas de diseño, se elevó hasta en 50 por ciento (ENA, 2008).

Así, la mayoría de jóvenes de la población económicamente activa del país (el denominado “bono demográfico”) se perderá de manera irremediable,

En un Estado social y democrático de Derecho la tarea de la seguridad pública debe propiciar un senti-miento generalizado de tranquili-dad. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 13)


toda vez que la violencia no cesa, los menores de 29 años son altamente susceptibles a caer con las bandas del narco, no hay trabajo ni escuelas. Y mientras, el gobierno de Felipe Calderón considera esto solo como “bajas colaterales” en su personal guerra contra los traficantes de drogas.

Proyectos alternativos

En la búsqueda de proyectos alternativos para el tema de la seguridad, al revisar los documentos básicos de los partidos políticos, se advierte que a excepción del Partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), ningu-no hace una mención directa del tema de la seguridad en sus vertientes nacional o pública. En el tema de la reforma del Estado, este instituto polí-tico menciona que: “La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia y el respeto a los derechos humanos requieren de una activa participación ciudadana. La tranquilidad ciudadana y la paz social, son condiciones indispensables para la viabilidad de cualquier propósito humano” (Rodríguez Moncada, 2011).

Siendo esta la única mención del tema, el ejemplo da cuenta de cómo también los partidos diferentes al PAN han soslayado la situación. Otros movimientos políticos alternativos buscan ampliar la discusión y proponen otras opciones para el diseño de una nueva estrategia de seguridad.

La propuesta más amplia para el tema de la seguridad la enarbola la Coa-lición Diálogo para la Reconstrucción de México (Día). No obstante, aunque sus propuestas son valiosas, se limitan al ámbito de la seguridad pública, sin entrar en la discusión de la seguridad nacional o la seguridad interna.

Para el caso concreto de reorientar la seguridad pública a su concepto de atención a los intereses de los ciudadanos, más que a una guerra contra las drogas que responde a los objetivos estadounidenses, se dispone de otras opciones:

América Latina: búsqueda de opciones para atender la seguridad pública

En contraste con la situación mexicana, en América Latina las fuerzas ar-madas siempre estuvieron encargadas de la seguridad pública. Es ahora cuando se discute su paulatina separación, entregando a los civiles el con-trol de la seguridad interna, en virtud de que la lógica de aquellas es de


guerra, de combate y enfrentamiento, no apta para lidiar con la resolución de un problema de robo a transeúnte o a casa-habitación. Esto es: los orga-nismos civiles encargados de la seguridad pública se orientan a la prevención y persecución del delito, dentro del marco de la ley y el respeto a los de-rechos humanos, no así las fuerzas armadas, cuya visión y entrenamiento se orientan a la contienda directa, a la cual es difícil introducir límites (Pi-queras, 2006:3).

De esta forma, en marzo de 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia formuló una contrapropuesta al modelo bélico de combate y prohibición de las drogas, la cual parte de:

a) Una visión sustentada en el respeto a los derechos humanos, lo que se traduce en ubicar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. Las políticas públicas sugeridas consideran:»Transformar a los adictos de compradores de narcóticos en el

mercado ilegal, en pacientes del sistema de salud.»La promoción del uso de la mariguana para uso personal, de

manera regulada.b) La reducción y prevención del consumo a partir de la información

sobre sus efectos.» A través de campañas informativas novedosas, llamar la atención

a los sectores juveniles sobre los efectos a mediano y largo plazos.

c) Focalizar la represión sobre el crimen organizado. »Las estrategias represivas deben centrarse en el crimen orga-

nizado.»Reorientación de las estrategias represivas al cultivo de drogas

ilícitas.d) Impulsar un diálogo con Estados Unidos y la Unión Europea para

que se hagan corresponsables por el consumo de sus ciudadanos, al tiempo de cambiar la perspectiva bélica como base de la estra-tegia de la “guerra contra las drogas”.

e) La persecución al crimen organizado deberá realizarse bajo un di-seño institucional que regrese el tema a jurisdicción de las policías civiles, abandonando el diseño militar.

Todo lo anterior parte de considerar que la estrategia prohibicionista ha fracasado, en tanto es la raíz que da vida a los narcotraficantes organizados,


a sus circuitos legales de negocios, a los altos índices de violencia y funciona como un atractivo adicional para los jóvenes que gustan de romper las reglas (González Posso, 2009).

La propuesta de la UNAM

En agosto de 2011, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co (UNAM) presentó un conjunto de 36 propuestas formuladas con la colabo-ración de juristas de prestigio e investigadores de la máxima casa de estudios, entre las que destacan:

1. La persecución del delito de lavado de dinero debe ser frontal, sin importar los intereses que se toquen.

2. Organizar un amplio consenso político y social para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la pre-vención del delito, el abatimiento de la impunidad, y la reducción del número de muertes y de lesionados.

3. La defensa de los derechos humanos de las personas, así como preservar su integración.

4. El diseño de un programa de política social que desarrolle modelos para ayudar a los adictos a aceptar su problema como una enfer-medad y recibir el tratamiento correspondiente.

5. El rediseño de políticas de empleo. Las mismas deberán reforzar la vinculación escuela-trabajo. Asimismo, procurar el empleo, y la capacitación de la mano de obra.

El modelo de seguridad humana

Sustentada en cuatro ejes, la construcción de la seguridad humana atien-de a:

1. Orientar las políticas públicas a lograr la ausencia de amenazas. Es decir, no solo se trata de reducir los riesgos de que los individuos mueran a consecuencia de balas perdidas en las refriegas entre el Ejército y los grupos del narcotráfico, sino de ampliar la idea de amenazas para advertir con anticipación de las condiciones natura-les que obliguen a una población a emigrar: desastres naturales, epidemias y pandemias, hambruna, así como otras situaciones, por


ejemplo, desequilibrio en el desarrollo nacional, desigualdad, pérdi-da de cohesión social, lo que da paso a conflictos políticos y socia-les, los efectos del calentamiento global.

2. Promover la ausencia de miedo. La vulnerabilidad social se mitiga mediante políticas de combate a la pobreza; el respeto a los derechos humanos se fortalece con políticas de igualdad y equidad.

3. Impulsar condiciones para una vida con dignidad. Ello se traduce en orientar los esfuerzos del Estado para que se puedan cubrir las necesidades más elementales de la población: alimento, empleo digno y bien remunerado, salud, vivienda y educación.

4. Prevenir riesgos naturales. La prevención de eventos naturales ex-tremos que deriven en desastres naturales, puede mitigar la vulne-rabilidad social.

Comentario final

Con los elementos expuestos, queda claro que dentro del gobierno, los partidos de oposición y también en la arena académica no existe un acuer-do en cuanto al contenido de la agenda de la seguridad en México ni sobre su orden de importancia. En cambio, sí es claro que la agenda impuesta por Estados Unidos responde desde siempre al control del negocio de las drogas, no a su eliminación, toda vez que la derrama económica beneficia a las oligarquías y a la clase política, tanto estadounidense como mexicana.

En cuanto al concepto de seguridad nacional, en México se requiere volver la atención a:

» La política internacional, cuya carencia impide que México identi-fique con oportunidad los riesgos y amenazas procedentes del ex-terior (dimensión de los vaivenes económicos y su impacto para el país; las integraciones regionales para tratados comerciales; la propagación de epidemias; las amenazas para la industria petrolera y pesquera en los océanos nacionales; las migraciones; los alimen-tos, entre otros).

» El ámbito interno, respecto al cual, tanto los gobiernos tecnócratas priistas como la actual administración han carecido de una política de seguridad ciudadana. En particular, Felipe Calderón aplica una política de seguridad pública militarizada que no busca combatir


la corrupción ni la violación de derechos humanos por parte de las instituciones policiales, caracterizadas por su incapacidad para resolver problemas básicos de seguridad.

» Y a las múltiples disyuntivas a que nos enfrenta nuestra compleja realidad, entre las cuales una de las más inmediatas es la del futuro de las iniciativas contra el lavado de dinero, que plantean, quizá, el inicio del fin de una simulación de los vínculos y beneficios que reciben la clase política y algunos empresarios de parte de las ban-das del crimen organizado. De hecho, las conexiones entre la mafia y los hombres del dinero y del poder político están a la vista. Cada vez es más difícil ocultar la imbricación que existe entre los capos del crimen organizado y las estructuras del poder.

» Queda claro que la militarización no es la respuesta. La inseguridad sigue siendo un problema, pues mientras escala la violencia por par-te de los grupos de la delincuencia organizada, el endurecimiento de la acción militar va en aumento y continúa generando una siste-mática violación de los derechos humanos.

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Apuntes para una nueva política exterior

Saúl Escobar Toledo

Estas notas pretenden hacer, en primer lugar, un balance, en unas cuantas palabras, de las relaciones exteriores del gobierno mexicano en los úl-

timos años, y luego poner sobre la mesa algunas claves de su reorientación bajo un proyecto distinto. Para ello se arranca con una revisión del sexenio de Vicente Fox (2000 -2006) y luego se formula una crítica, necesariamente provisional, sobre el sexenio que aún no concluye, el de Felipe Calderón. En la parte final se destacan un conjunto de lineamientos de lo que debe con-tener una nueva política exterior. Sin embargo, en este apartado no se plantea una revisión detallada y completa de los aspectos que debe abarcar un proyecto alternativo en esta materia. En cambio, se hace un particular énfasis en las relaciones con Estados Unidos, pues se considera que este tema es el aspecto crucial del cual debe partir una nueva orientación de la diplomacia mexicana.

Fox: La apuesta equivocada

El gobierno de Fox se propuso llevar a cabo lo que él mismo llamó una “nueva política exterior”, la cual se apoyaría en dos ejes principales: “el primero […] desplegar una actividad más intensa en los foros multilaterales y el segundo […] profundizar estratégicamente nuestra relación con Estados Unidos y Canadá −en América del Norte”.1

1 “La política exterior de México en el siglo XXI”, palabras pronunciadas por el presidente Vicente Fox ante los integrantes del “Club Siglo XXI” en el Salón de Conferencias del Hotel Eurobuilding de la Ciudad de Madrid, España, 16 de mayo de 2002.


Según Fox, “la conducta en los foros multilaterales se guiaría [de ahora en adelante] por la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el terro-rismo internacional y el impulso de los valores democráticos del mundo”.

El presidente señaló también que:

...el segundo eje de la política exterior de México [se basaría en] la construcción

de una asociación estratégica para la prosperidad con Estados Unidos y con

Canadá, partiendo de una relación ya estrecha que descansa en el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte y que está articulada en torno a una visión

integral de largo plazo […] conceptualmente novedosa.

Todo esto, agregaba, permitiría “un avance extraordinario entre México y Estados Unidos, particularmente en el tema migratorio […] es decir, hacia la regularización de la situación migratoria de nuestros connacionales en Estados Unidos…”. Y agregaba:

Ultimadamente nuestro objetivo de largo plazo es establecer con Estados Unidos,

pero también con Canadá, nuestro otro socio regional, un conjunto de vínculos

e instituciones similares a los creados por la Unión Europea, con el fin de aten-

der temas tan importantes para la futura prosperidad de Norteamérica, como

la libertad de movimiento de capitales, bienes, servicios y personas.

En realidad, la visión doctrinaria de Fox profundizaba una tendencia que se inició con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que entró en vigor en 1994, enfocada casi exclusivamente a los Estados Unidos y pragmática, es decir, basada sobre todo en intereses y casi nada en principios.2

Como han señalado diversos especialistas, “a partir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se ha ido dis-minuyendo el espacio de disenso de México frente a Estados Unidos”.3 Es decir, nuestra política exterior ha sido menos independiente.

2 Bernardo Sepúlveda Amor, “Política exterior y orden constitucional. Los fundamentos de una política de Estado” en Emilio O. Rabasa (coord.), Los siete principios básicos de la política exterior de México, México, UNAM-IIJ, 2005.

3 Véase, entre otros, Bernardo Méndez Lugo, “Política exterior de México y soberanía nacional”, en El Catoblepas, núm. 54, agosto 2006, p. 16. Disponible en: <http://nodulo.org/ec/2006/n054p16.htm>.

223Apuntes para una nueva política exterior

La estrategia foxista se basó en la idea de que la única relación con carácter verdaderamente estratégico debía ser con Estados Unidos ya que de esa relación dependería el objetivo nacional del desarrollo. Para ello, a diferencia del pasado, México se dedicaría, de entonces en adelante, a apo-yar las acciones conducidas por los Estados Unidos en el mundo que, aun-que vulneraran la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la fuerza, resultaran congruentes con la nueva prioridad: la lucha contra el terrorismo.

En América Latina, esta nueva estrategia trajo como consecuencia in-evitable un viraje en las relaciones con Cuba. Desde entonces se puso por delante la defensa de los derechos humanos en la isla, votando en los orga-nismos internacionales en contra del régimen de Castro y además cobijando de distintas maneras a las oposiciones cubanas. Aun más, esta política, según Iruegas, buscó algo más peligroso: la “destrucción del gobierno revo-lucionario” de Cuba.4

La estrategia foxista culminó el 23 de marzo de 2005, al firmar la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Nor-te (ASPAN)5 junto con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en Waco, Texas. Con ello se esperaba dar un paso hacia una alianza diplomática, política y militar, una es-pecie de segunda parte del TLCAN. Esto impli-có acelerar la dependencia de nuestro país, sobre todo de su economía y de sus aparatos de seguridad e inteligencia, a la dinámica de la potencia del norte. Esta alianza se pactó sin consulta con la población ni con el Poder Legislativo.

Con la firma del ASPAN, México se comprometía a coordinarse con Es-tados Unidos para repeler cualquier ataque o amenaza a la región. Pero con ello también asumía como propios a los enemigos de esa potencia mundial.

4 Entrevista con el embajador Gustavo Iruegas sobre “La Política Exterior en México”, 20 de febrero de 2006, “Encuentro Legislativo”, H. Cámara de Diputados, México, 2006.

5 Sobre el tema véase Juan Manuel Sandoval (comp.), La Alianza para la Seguridad y Prosperi-dad de América del Norte: Nuevo desafío a la nación mexicana, México, Universidad Autóno-ma Chapingo / Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, 2008.

La adecuada integración de Méxi-co a la economía internacional requiere la adopción de políticas internas en el ámbito fiscal, agro-pecuario, reconversión productiva, desarrollo regional, fortalecimien-to de la infraestructura e inversión en educación, ciencia y tecnología. (Programa PRD, pp. 123-124)


Igualmente se obligaba a garantizar el abasto de electricidad e hidrocar-buros a los países miembros del Acuerdo. En cambio, como lo denunciaron oportunamente diversos sectores productivos y de la oposición política en México, no fueron incluidos los problemas centrales de nuestra relación: los fondos compensatorios para el desarrollo de las regiones afectadas por el TLCAN, la protección de los trabajadores y la migración. El ASPAN fue en realidad una iniciativa que se apegaba a los postulados de Bush a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nue-va York. Frente a ello, las prioridades mexicanas no fueron tomadas en cuenta.

Con el paso de los años, sin embargo, sin estructura, personal ni pre-supuesto propio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte fue perdiendo interés por parte de los gobiernos firmantes. De forma destacada, el presidente Barack Obama –que había tomado posesión en enero de 2009–6 dejó de ponerla entre sus prioridades de la relación bi-lateral.

Aunque nuestra política exterior en tiempos de Fox tuvo algunos acier-tos que se alejaron de su propia doctrina, por ejemplo cuando México recha-zó la invasión de Irak −decisión que por cierto se tomó a contracorriente de sus propios postulados y por cálculos más bien de política doméstica y de efectos electorales−, al final los resultados fueron malos. La relación con Cuba llegó a un punto de conflicto, como no había sucedido en el pasado, pues se observó un “severo enfriamiento de las relaciones entre ambos países”.7 Por su parte, las relaciones con América Latina vivieron momentos de crisis o distanciamiento y se pasó a una relación de recelo y desconfian-za. Pero lo más importante es que el objetivo principal, es decir, una nueva relación con Estados Unidos para construir las “nuevas instituciones” que permitieran resolver los problemas centrales de nuestra relación bilateral, no fue alcanzado. Por el contrario, los diferendos se han agravado en el curso de los años posteriores. Por ello, puede afirmarse que la diplomacia foxista tuvo una derrota estratégica.

6 Véase la opinión de Javier Oliva en El Sol de México el 15 de octubre de 2010. 7 María de Lourdes Ramírez y Andrés Ruiz, “La política exterior en México: breve evaluación

de los últimos 3 años”, Documento de Trabajo 364, Fundación Rafael Preciado, México, sep-tiembre de 2010.


Calderón: una política exterior chiquita

El gobierno de Calderón trató de enmendar parcialmente los desaciertos y la derrota de Fox en materia de política exterior. Trató de llevar una relación más amistosa con América Latina, incluyendo a Cuba y Venezuela, y redujo su protagonismo en los foros multilaterales. Sin embargo, en lo que corres-ponde a América Latina, hay que recordar el caso del golpe de estado en Honduras, pues resultó ejemplar del encogimiento de la política exterior de Calderón. Ante la destitución del presidente Zelaya y su expulsión forzosa del país en junio de 2009, la reacción de México fue más bien tímida. Aunque retiró a su embajador en Tegucigalpa y se negó a reconocer al gobierno golpista, junto con otras naciones del continente, Brasil tuvo un papel más activo sobre todo a raíz de la protección que otorgó a Zelaya en su embaja-da en la capital hondureña cuando él regresó a su país clandestinamente en septiembre de ese año. El papel que jugó el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el conflicto centroamericano lo confirmó como el nuevo líder diplo-mático de América Latina. Hecho significativo sobre todo en una región, Centroamérica, en la que México había jugado un papel muy relevante en el pasado, en especial cuando se formó el Grupo Contadora en 1983 para pro-mover la solución pacífica de los conflictos armados en diversas naciones: El Salvador, Guatemala y Nicaragua.8

Si esto sucedió en el sur, en el norte, en la relación con Estados Unidos, las cosas se han complicado cada vez más durante el sexenio calderonista.

En octubre de 2007 se firmó la Iniciativa Mérida, aprobada por el Con-greso estadounidense al año siguiente, un proyecto pensado para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. Se trataba, según ambos gobiernos, de un mecanismo diseñado para reforzar la cooperación entre Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, el Caribe y México en la lucha contra el tráfico de droga y crimen organizado.

Se suponía que con esta iniciativa Estados Unidos adquiría una corres-ponsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas. Entre sus objetivos se planteaba no solo la captura y encarcelamiento de los traficantes sino también acciones efectivas contra el lavado de dinero, la producción y el

8 Puede decirse que esta política activa culminó en 1991 con los acuerdos firmados en Méxi-co entre la URNG y el gobierno de Guatemala, y luego en 1992 con los acuerdos de Chapultepec entre el FMLN y el gobierno de El Salvador que pusieron fin a doce años de guerra civil.


consumo de drogas. El documento oficial señalaba: “Nuestra meta común es […] detener el narcotráfico […]; el tráfico de armas, las actividades fi-nancieras ilícitas, tráfico de divisas y de personas”. Y agregaba: “Estados Unidos intensificará sus esfuerzos para enfrentar todos los aspectos rela-cionados con el tráfico de drogas (incluyendo demanda de drogas) y conti-nuará combatiendo el tráfico de armas y de dinero en efectivo hacia México”. El documento advertía que “las estrategias incluyen programas de capaci-tación e intercambio de expertos, pero no contemplan el despliegue de personal militar estadounidense en México”.

El acuerdo también suponía, como la parte más sustancial, liberar re-cursos para la capacitación de personal de la policía y el ejército. Otro ob-jetivo era el de modernizar mediante infraestructura y tecnología el control de las fronteras norte y sur de nuestro país. También se incluyó, posterior-mente, la necesidad de construir comunidades fuertes para promover el desarrollo y para ello implementar programas de creación de empleos y de atención a la juventud. Literalmente, el nuevo texto señala en el capítulo IV que los gobiernos se proponen:

IV. Construir comunidades fuertes y resistentes en ambos países, apoyando

esfuerzos dirigidos a resolver de raíz las causas del crimen y la violencia, espe-

cialmente entre la juventud, y a través de la promoción de una cultura de res-

peto a la ley, la reducción del uso de drogas ilícitas, la promoción de una

comprensión más amplia de los vínculos entre el uso de drogas y el crimen y la

violencia, y al ofrecer alternativas constructivas y legales para el desarrollo de

la gente joven.9

La Iniciativa Mérida arrancó en 2007 con una inversión por parte del gobierno estadounidense de 1.4 billones de dólares. En 2008, México recibió 400 millones de dólares; en 2009, 300 millones; y en 2010, 450 millones de dólares.10

Se puede aplaudir el reconocimiento de la corresponsabilidad del pro-blema de las drogas por parte de Estados Unidos, pero en realidad ello ha

9 Tercera Reunión del Grupo de Alto Nivel, 29 de abril de 2011. “Declaración Conjunta del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida sobre Cooperación Bilateral contra las Organiza-ciones Criminales Transnacionales”. Disponible en: <www.iniciativamerida.gob.mx>.

10 Cf. el ensayo de Lourdes Ramírez y Andrés Ruiz, ya citado.


quedado casi en puras palabras. En la práctica, ha significado una cesión de soberanía por la actuación de los agentes estadounidenses en territorio nacional.

Los temas más importantes que quedaron bajo la responsabilidad es-tadounidense han tenido resultados mediocres o francamente desastrosos. Tal es el caso del control del consumo de drogas en su territorio, y sobre todo el flujo de armas hacia México y el control de dinero ilícito y de las actividades financieras relacionadas con las ganancias por las operaciones de los carteles. La operación llamada “Rápido y Furioso” evidenciaría la debil-idad del acuerdo y la dramática inconsecuencia de la parte estadounidense.

En cuanto a otros temas incluidos en los compromisos de la Iniciativa, en particular el de lavado de dinero, los resultados son prácticamente nulos: cotidianamente se conocen informaciones como la siguiente:

Según información no desmentida oficialmente,

El cartel de Sinaloa lavó 378 mil millones de dólares a través de diferentes mecanismos en el banco estadunidense Wachovia, institución que fue san-cionada con 110 millones de dólares por blanqueo de capitales y actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por el diario The Guardian.

La historia empezó a descubrirse luego de que el 10 de abril de 2006, el Ejército mexicano interceptara un avión DC-9 que aterrizó en la ciudad portuaria de Ciudad del Carmen con 5.7 toneladas de cocaína. Al iniciar las investigaciones se descubrió que el avión había sido adquirido por el cartel de Sinaloa con apoyo de Wachovia.

Autoridades de EU pusieron bajo investigación al banco de inmediato y durante 22 meses fueron descubriendo que miles de millones de dólares habían sido lavados en transferencias bancarias, cheques de viaje y envíos de dinero a México a través de Wachovia.11

Aunque las cifras publicadas resultan estratosféricas, la información revela a plenitud la dimensión del problema. Ninguna lucha contra el narco puede tener éxito en estas condiciones.

Recientemente se dio a conocer que: “Entre abril y junio de 2011 las or-ganizaciones criminales sacaron del país más de 13 mil millones de dólares

11 El Economista, 4 de abril de 2011; y Nuevo Herald, periódico digital, 18 de marzo de 2010.


y que durante el actual sexenio, entre 2006 y 2011, se remitieron al extran-jero por conductos no identificados unos 55 mil 763 millones de dólares, según datos del Banco de México”.12

En cuanto al apoyo a las comunidades, se supone que en primer lugar las de Ciudad Juárez, tampoco se han observado resultados significativos. Así, el enfoque de la Iniciativa ha sido principalmente policiaco y militar, muy a tono con la visión calderonista. Y aunque para los estadounidenses esta visión resulta más cómoda, al mismo tiempo ven sus resultados con una preocupación creciente. En un reportaje aparecido hace unos cuantos días en The New York Times se afirmaba:

Después de seis años de una confrontación, sobre todo militar, con los carte-

les de la droga, la impunidad en casi todo México ha empeorado y la justicia es

cada vez más difícil de encontrar. Parece que se castiga a los criminales cada

vez menos ahora que hace apenas unos años, afirman diversos funcionarios y

ex funcionarios del gobierno y expertos que han estudiado el deteriorado sis-

tema judicial, debido a que las autoridades han sido rebasadas por el aumento

de la violencia criminal mientras que la corrupción, el miedo y la incompeten-

cia continúan manteniendo debilitado al sistema de impartición de justicia

mexicano.13

Esta es la visión que difunde uno de los diarios más influyentes de Es-tados Unidos pero, por supuesto, podrían citarse cientos de opiniones de expertos y sobre todo de las víctimas de esta guerra absurda y fallida; bas-taría para ello con revisar los documentos producidos por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

No es sorprendente entonces que las relaciones bilaterales se hayan complicado cada vez más. Podría decirse que, a partir de 2011, estas rela-ciones han entrado en una fase crítica. Pruebas de ello abundaron en los primeros meses de ese año: la muerte en San Luis Potosí de un agente esta-dounidense, presumiblemente a manos del crimen organizado; el conflicto con el embajador Pascual que terminó en su dimisión; pero sobre todo las

12 La Jornada, 13 de marzo de 2012, según nota de Víctor Cardoso. 13 Cf. The New York Times, “In Mexico, a Kidnapping Ignored as Crime Worsens”, por Damien

Cave, 17 de marzo de 2012.


revelaciones de la operación “Rápido y Furioso” y de la incursión de vuelos de aviones no tripulados a territorio mexicano. Las declaraciones del pre-sidente Obama y otros funcionarios públicos de una manera u otra han re-conocido el fracaso de las políticas contra el crimen puestas en práctica en este sexenio. En concreto, el Comando Norte del Pentágono ha catalogado a los grupos armados de los carteles de la droga como uno de los diez más poderosos del mundo, muy lejos del propio Ejército mexicano, dando a entender con ello que la lucha contra el narco está militarmente perdida (sin el apoyo directo estadounidense). En tonos similares, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos se refieren a la violencia al sur de la frontera como una violencia sin precedentes históricos, una amenaza terrorista, un riesgo inminente, evidencia de un Estado fallido, etcétera.

La guerra contra el narco ha agravado la violencia en México y, en par-ticular, en su frontera norte, a tal punto que los estadounidenses temen varios escenarios catastróficos: a) que la violencia se pase con igual inten-sidad que en México, al otro lado de la frontera; b) que se colapsen las instituciones mexicanas a tal punto que la violencia, aún confinada al terri-torio nacional, vuelva caóticas algunas regiones, sobre todo en las fronteras; y c) que el poder militar del narco se asocie a otros grupos terroristas de dentro y fuera del país para desafiar la seguridad interna de los Estados Unidos.

Pero los problemas de la relación bilateral no se reducen a las áreas de seguridad y narcotráfico. En el tema de la migración también se enfrenta una crisis, es decir, un grave problema sin solución por lo menos a corto plazo pero con tensiones crecientes. De un lado, el estadounidense, la re-forma migratoria no avanza en el Congreso ni se destrabará pronto, por lo menos hasta las elecciones de noviembre de 2012. Ello, en un contexto en que la crisis económica mundial y sus repercusiones tanto en Estados Uni-dos como en México han agudizado el desempleo en ambos lados de la frontera y han hecho caer las remesas que transitan de allá para acá. La situación de los migrantes es pues más desesperada: envían menos dinero a sus familias, tienen menores oportunidades de encontrar trabajo y deben soportar allá mayores peligros y vejaciones.

La política del presidente Obama hacia los migrantes ha sido decepcio-nante. Su administración sustituyó las redadas de inmigrantes indocumenta-dos por auditorías a las empresas con el objetivo de verificar los documentos de las nóminas de trabajo. Según documentó un reportaje de The New York Times, los patrones llaman a esas auditorías “redadas silenciosas”, que los


obligan a despedir personal y a pagar multas, y les dificultan recontratar a inmigrantes. Las redadas silenciosas no siempre terminan en deportaciones, pero los indocumentados quedan desempleados y con dificultades para encontrar un nuevo trabajo. La medida impacta en especial a algunos sec-tores como la agricultura; la Federación Laboral reconoce que por lo menos 60 por ciento de los campesinos son indocumentados mexicanos.

No es sorprendente entonces que se hable de una caída en el flujo de migrantes mexicanos hacia el norte desde hace unos tres años, y que inclu-so el número de mexicanos que está regresando es casi equivalente al de los que salen del país para dirigirse hacia allá. Lo que ello demostraría es que este flujo, es decir, la oferta de mano de obra mexicana en el mercado laboral de Estados Unidos se comporta de manera muy sensible frente a la demanda sobre todo por la diferencia entre los salarios que se pagan en ambos países. Cuando esta demanda baja, por la recesión económica y por las políticas persecutorias del gobierno hacia los empleadores, la oferta también se reduce casi al mismo tiempo. Asimismo podría decirse que esta oferta laboral es menos sensible a las condiciones de trabajo (seguridad en el empleo, seguridad social, servicios de salud, vivienda, respeto a los de-rechos laborales, etcétera), por lo que la persecución contra los trabajadores mexicanos no es tan eficaz para reducir la oferta a menos que se combine con la recesión económica. La razón es que a los migrantes lo que les inte-resa es recibir un ingreso para el sostenimiento material de las familias, las cuales comúnmente se quedan en México.

Pero además de los efectos de la crisis en el bienestar de los migrantes y sus familias, el problema tiene ahora un nuevo ingrediente: la polarización política entre demócratas y republicanos. La presidencia de Obama fue como un latigazo para la ultraderecha republicana que decidió poner en marcha una agresiva campaña política que no solo asegure que el presiden-te no se reelegirá sino que además se regrese a las políticas y el liderazgo conservador, wasp14 y oligárquico que mantenían con Bush. Como parte de esa campaña, han endurecido el discurso y las políticas antiinmigrante a pesar de las duras políticas de Obama contra los indocumentados mexica-nos. De ahí, entre otras cosas, la multiplicación de intentos de imponer leyes tipo Arizona (SB1070).

14 Wasp es el acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant: blanco anglo-sajón protestante, que se supone es el perfil medio del estadounidense conservador.


Existe el riesgo de “un incremento de los sentimientos antimexicanos que hoy recorren diversos sectores de la sociedad estadunidense”, lo que podría provocar que la vida de los millones de compatriotas que residen en Estados Unidos “sea cada día más difícil” y que en México se afinque “un re-sentimiento permanente” contra Estados Unidos.15

Habrá que agregar que los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos y su paso por México también representan un problema complejo y explosivo debido a la violación reiterada y a veces masiva de los derechos humanos de estas personas en nuestro país. En la frontera sur, estos ciudadanos enfrentan la violencia institucional de las autoridades migratorias y policiales mexicanas, y son sometidos a tratos crueles, inhu-manos y degradantes, así como a secuestro, extorsión, explotación sexual y asesinato por parte de las redes criminales.

La cuestión es que Estados Unidos exige que México cierre sus fronteras con el sur pero ello hace más vulnerables a los centroamericanos en nuestro territorio. Si el gobierno mexicano quiere hacer algo para detener el ultraje a los migrantes, tendrá que aplicar una nueva política fronteriza, con el disgusto de Washington.

Todos estos problemas de la relación bilateral muestran también el fracaso de un proyecto de integración con Estados Unidos echado a andar con la firma del TLCAN. Este modelo está agotado como mecanismo para regular la integración entre nuestros países.

En síntesis, de Fox a Calderón se pasó de una política exterior ambicio-sa, que fue derrotada muy pronto, a otro esquema de bajo perfil. Sin embar-go, en la medida que pasa el tiempo, la relación con Estados Unidos ha sido cada vez más difícil. Se ha perdido liderazgo en el plano mundial pero sobre todo en la región latinoamericana. En Centroamérica, antaño territorio de indudable influencia, México ha dejado de jugar ese papel de líder. En cambio, los problemas de los migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que pasan por nuestro país se han convertido en un tema de conflicto y malestar entre gobiernos y pueblos.

Según diversos académicos y especialistas, “más que en otros momentos de su historia reciente, México parece haber perdido el rumbo, de suerte que en momentos de transición y redefinición del orden internacional se

15 Cf. Guadalupe González y Olga Pellicer, “Los retos internacionales de México”, reseñado por Homero Campa en Proceso, México, 23 de enero de 2012.


encuentra a la deriva comparado con otros países con peso económico y político similar”. Y agregan: “La política exterior de Calderón carece de un proyecto claro e integral que identifique metas y estrategias sobre todo en la relación bilateral más importante para el país: Estados Unidos”.16

En este caso, la política está “dominada por la retórica, anclada al pa-sado, incapaz de imaginar un nuevo rumbo o un posible cambio de priori-dades […] la estrategia mexicana para la más importante de las relaciones bilaterales de la nación está por definirse y corresponderá a otro gobierno trazarla, definirla e instrumentarla”.

En los hechos dicha relación bilateral está “orientada” por la “inercia de los problemas de seguridad en México”. De continuar esta tendencia, el país se expone a graves riesgos, entre ellos “la influencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden” en el país. Lo peor es que, “establecida esta influencia, será difícil acotarla o moldearla de acuerdo con las directivas del nuevo gobierno que surja de las elecciones de 2012”.17

Es urgente entonces profundizar el debate y establecer los lineamientos básicos de un cambio sustantivo en materia de política exterior.

Las propuestas

El PRD ha insistido en una política exterior de Estado, en particular, ha plan-teado:

La creación de un Consejo Nacional de Política Exterior que tenga como objeti-

vo el diseño de una política de Estado, integrado por el poder ejecutivo, el poder

legislativo; los partidos políticos; representantes de los sectores empresarial,

laboral y campesino; la academia especializada y organizaciones no guberna-

mentales mexicanas.18

16 Idem. 17 Véase el análisis de Jorge Eduardo Navarrete “Algunas notas sobre la situación actual de las

relaciones México-Estados Unidos”, en Hacia una nueva relación México-Estados Unidos. Vi-siones progresistas, México, Fundación Friedrich Ebert, 2010.

18 Cf. Programa del Partido de la Revolución Democrática, capítulo VI, “Integración mundial y cooperación internacional”, 2011. Las citas de esta sección corresponden a este programa a menos que se indique lo contrario.


El Partido también ha insistido en el respeto a los preceptos constitu-cionales hoy vigentes en el artículo 89 de la Constitución: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; pros-cripción del uso de la fuerza; igualdad jurídica de los estados; cooperación internacional para el desarrollo; y lucha por la paz y la seguridad interna-cionales.

Dicha política exterior deberá expresar su rechazo a toda guerra intervencio-

nista y alentar el diálogo entre las naciones para alcanzar la paz, la justicia y

la seguridad internacional, y luchar por el desarme mundial, la prohibición

y destrucción de las armas nucleares y por la solución pacífica de las con-

troversias.

El PRD ha reiterado igualmente que:

En el ámbito de las relaciones internacionales, aspiramos a construir una

globalidad distinta a la dominante, basada en los principios de solidaridad,

bienestar y democracia con mayor libertad e igualdad. En el marco de la ONU,

apoyaremos aquellas iniciativas que promuevan la reforma del Consejo de

Seguridad, la Asamblea y el Consejo de Derechos Humanos. También impul-

saremos la creación de un Consejo de Seguridad Económica dentro de la or-

ganización.

Una nueva política exterior deberá enfocarse hacia una reforma del sistema de instituciones internacionales que conforman la ONU: la Organi-zación Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Mo-netario Internacional (FMI).

Otro aspecto de la política exterior deberá consistir en un compromiso serio y activo por una política internacional que “promueva el cuidado del medio ambiente para el desarrollo sustentable y por la creación de acuerdos internacionales que comprometan a los países a frenar el cambio climático y deterioro ecológico planetario”.

Algunos especialistas han insistido, en particular, dentro de la concep-ción del multilateralismo como base de una nueva política exterior, que se deberá intensificar la relación de coordinación con los BRICS (Brasil, Rusia, India y China) como parte de una nueva visión estratégica que rompa con las inercias del pasado y que nos han situado como un país plenamente alineado con los Estados Unidos. Ello, afirma por ejemplo Mauricio de Maria


y Campos, “permitiría ampliar el comercio y la cooperación con países emergentes e insertarnos en el nuevo mapa mundial”. Y agrega:

El reto no es sencillo pues con estos países tenemos un déficit comercial impor-

tante y sus empresas amenazan con desplazarnos cada vez más en los mercados

de América del Norte y de Europa. El caso chino es particularmente apremiante.

Hoy es nuestro segundo proveedor externo y sólo le exportamos un dólar por

cada once dólares que le importamos de mercancías. Muchos de los productos

que les compramos son considerados por nuestros industriales como de com-

petencia desleal, ya sea por subsidios, subvaluaciones aduaneras o franco

contrabando.19

Otra prioridad de la nueva política exterior será, sin duda, voltear hacia el sur de nuestro continente: delinear tanto una nueva política de integración mesoamericana como también una estrategia dirigida hacia los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). En el futuro deberá ser una prioridad reconstruir la relación con los países de la región y reforzar nuestra política de bienestar y desarrollo en el marco de la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

Los Estados Unidos: el meollo del asunto

Sin duda, la parte más compleja y determinante para la definición de una política exterior será la que tiene que ver con Estados Unidos. La construc-ción de una nueva relación con el vecino del norte pasa por una evaluación objetiva de los acuerdos vigentes más importantes, el TLCAN, el ASPAN, la Iniciativa Mérida, y con ello, un nuevo tratamiento de los temas vitales para México: el desarrollo, la migración, la seguridad fronteriza y la lucha con-tra el narcotráfico.

Para construir una nueva relación con Estados Unidos habrá que optar entre dos caminos: una política de asociación o una de integración.20 La

19 Cf. Mauricio de Maria y Campos, ponencia para la Reunión de Política Exterior con Andrés Manuel López Obrador, Zacatecas, 25 de enero de 2012. También puede consultarse del mismo autor, “Los BRICS y México”, en Foreign Policy, edición mexicana, vol. 1, núm. 3, abril-mayo 2012.


primera supone una relación estratégica con la potencia del norte pero manteniendo independencia y soberanía y dejando de atar fatalmente el futuro económico de México con el de Estados Unidos. Ello significa definir una estrategia en función de los intereses nacionales. La segunda conduce a la búsqueda de un acercamiento en todos los órdenes, lo que supone una coincidencia plena en el orden político internacional y un enganchamiento económico que impida una mayor diversificación de nuestros mercados. En síntesis, una subordinación del proyecto nacional a los dictados de Wa-shington. El tercer camino, la confrontación improductiva, en la que ambos países tienen distintas prioridades mientras que los problemas se agudizan, prolongando la situación actual, no parece ser una verdadera opción.

Está claro que la construcción de una nueva relación con Estados Unidos exige de ambos gobiernos un entendimiento y, aunque ello no depende solo de lo que haga la parte mexicana, resulta indispensable definir con claridad qué es lo que quiere.

Un aspecto central consiste en plantearse un esquema de integración económica con los Estados Unidos distinto al que se eligió hace ya casi veinte años. No parece factible ni romper totalmente esta integración ni seguirla como hasta ahora. Ello implica desde luego revisar el TLCAN, o sustituirlo y proponerse un nuevo esquema basado en un acuerdo para el desarrollo. Este nuevo enfoque debe reconocer que el tema más importan-te para América del Norte es el cierre de la brecha económica entre nuestros tres países y sus regiones.

Dado el agotamiento del TLCAN, habrá que pensar en un nuevo acuerdo basado en el fortalecimiento de la protección y la conservación ambiental, la transparencia, los derechos laborales, la soberanía alimentaria y la dis-minución de las desigualdades regionales. Pero el objetivo central debe ser “un acuerdo para el desarrollo, no simplemente la puesta al día del pacto comercial”.21

20 En un viejo artículo de 2002, Roberto Mangabeira Unger lo planteaba de esta manera: “Méxi-co será México o será Puerto Rico. No hay medio camino. Sin estrategia nacional propia, México será, cada vez más un protectorado resentido de Estados Unidos” (“Tesis mexicanas”, en La Crónica de Hoy, México, 9 de febrero de 2002). Se puede consultar los trabajos de Mangabeira en <www.law.harvard.edu>.

21 Cf. Carlos Heredia, “Hacia una nueva relación con Estados Unidos de América desde la pers-pectiva de la izquierda”, en Hacia una nueva relación México-Estados Unidos. Visiones progre-sistas, op. cit.


En resumen, no se puede construir el futuro de la integración económi-ca y la prosperidad de Norteamérica en un esquema que ha dado como resultado el estancamiento económico de México y el aumento de las asi-

metrías entre los países de la región. Un nuevo esquema de integración supone en-tonces: a) atender zonas deprimidas de expulsión; b) programas negociados y co-ordinados de protección y fomento del empleo en ambas naciones; y c) incluir a toda la zona mesoamericana.

Pero la perspectiva de una nueva aso-ciación estratégica con el Norte también debe contemplar otros dos aspectos:

Primero, que la lucha contra el narco-tráfico y la delincuencia organizada requiere no solo ni principalmente fi-nanciamiento para armas y equipos militares y el cuidado de las fronteras. También es indispensable una verdadera y sincera corresponsa-bilidad de Estados Unidos y un trabajo coordinado sobre todo en temas olvidados como el control del lavado de dinero, incluyendo los paraísos fiscales; campañas de prevención del uso y consumo de drogas en ambos países; y programas de apoyo, diseñados específicamente para las comunida-des afectadas por la violencia, el narcotráfico y el desgarramiento social.

La sangrienta y trágica experiencia del sexenio de Calderón lleva nece-sariamente a la conclusión de que también debe hacerse una amplia revisión de la ley para, entre otras cosas, “poner fin a la criminalización y margina-ción de las personas que consumen drogas sin dañar a otros; instar a la experimentación, por parte de los gobiernos, con modelos de regulación legal de drogas, en particular la cannabis” como se ha planteado por ejemplo en el informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas que se entre-gó a la ONU en junio de 2011.22

22 Cf. La Jornada, 2 de junio de 2011. Véase también: “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia de 2009 en <www.drogasedemocracia.org>. En dicho documento se plantea que, “frente a una situación que se deteriora cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región”. En par-ticular se señala que “México tiene el derecho de reivindicar del Gobierno y de las institu-ciones de la sociedad estadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y también pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo”.

Es importante la integración de Méxi-co a la economía internacional para impulsar un crecimiento económico que integre cadenas productivas, consolide ventajas comparativas dinámicas, eleve la generación de empleos en el sector formal y mejo-re la distribución del ingreso. (Pro-grama PRD, pp. 123-124)


La existencia de leyes permisivas en Estados Unidos sobre la producción y consumo de drogas, particularmente de la marihuana, deben llevar el debate al plano binacional. Mientras esto no suceda, la corresponsabilidad es una simulación.

Por otra parte, como se afirmó antes, México es el único país en Amé-rica Latina que sufre de manera aguda el problema de la emigración de sus conciudadanos a Estados Unidos y de la inmigración de centroamericanos y caribeños en tránsito por su territorio. Esta doble condición ha creado graves problemas frente a los cuales se actúa de manera inconsecuente. Una nueva política exterior no puede divorciarse de la necesidad de impulsar medidas urgentes de protección a los derechos de los hermanos centro-americanos y caribeños en tierras mexicanas a través de diversas medidas legales y sobre todo de acciones de gobierno eficaces y contundentes.

México no puede pedir que se abran las fronteras hacia el norte y cerrar las del sur. Tampoco puede abrirlas con Centroamérica sin un acuerdo con Estados Unidos que incluya a los migrantes de toda la región. Por eso, el problema es ya necesariamente de interés multinacional. México tiene que ser un líder en la acción continental sobre el tema migratorio. Para ello se requiere que el gobierno impulse acuerdos bilaterales y multilaterales y se disponga a encabezar una ofensiva diplomática y política común frente a los Estados Unidos en diversos frentes, incluyendo los organismos inter-nacionales.

Habrá que subrayar, sin embargo, que la legalización de millones de trabajadores indocumentados, sobre todo mexicanos, es un paso indispen-sable para una relación constructiva entre ambas naciones. A partir de ahí puede pensarse en un acuerdo o en diversos acuerdos binacionales sobre migración y empleo.

Mientras tanto, en el corto plazo, nuestra embajada y nuestra red de consulados en Estados Unidos deben exigir el fin de las redadas y las depor-taciones masivas, condenar los abusos de las policías, y hacer valer el respeto a los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas. También deben ayudar a reducir el costo y facilitar el acceso a documentos oficiales, como certificados de nacimiento y pasaportes.

De igual manera, el gobierno mexicano deberá plantearse una política laboral binacional que busque proteger al trabajador mexicano en Estados Unidos para garantizar condiciones dignas de trabajo y su protección social; la vigencia del derecho a la organización y negociación colectiva; y la regula-ción de las agencias privadas de contratación para prevenir abusos y fraudes


y, en lo posible, asumir la administración directa de las contrataciones por medio de agencias públicas. Particularmente importante es seguir los linea-mientos de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Para ello se deberá impulsar la creación de comisiones binacio-nales integradas por gobiernos, congresos, empleadores y trabajadores.23

Las tareas por hacer parecen muy ambiciosas, sin embargo, lo impor-tante es ponerlas sobre la mesa para diseñar una política de Estado que, con plena legitimidad y soberanía, se vaya construyendo en los próximos años. Lo que resulta insostenible es dejar crecer los conflictos con nuestros vecinos, que se ahonde el aislamiento de México y carecer de la mínima sensibilidad e imaginación para forjar una alternativa mejor. En este debate, las fuerzas progresistas deben intervenir para hablar con claridad, realismo y energía.

Ciudad de México, 21 de marzo de 2012

23 Para una revisión más amplia de este tema y de las propuestas que se están discutiendo para la organización y defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se puede consul-tar las memorias del “1er Foro de Políticas para Migrantes en el siglo XXI. Las propuestas desde la izquierda”, publicadas por la Secretaría de Relaciones Internacionales y Migran-tes del PRD, junio de 2011.

Miradas alternativas al neoliberalismo I. Dimensiones sociales de la crisis

se imprimió en Gráficos efe, Diseños y Producciones Editoriales y para las Artes Gráficas,

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