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Lunes 14 de mayo de 2018
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La lluvia pasó, pero quedan las heridas. Y en los barrios de la Región más afectados por el largo temporal que tuvo su pico en la madrugada del viernes, empieza el tramo mas arduo de la reconstrucción. Los damnificados por los desbordes de los arroyos Maldonado -en el este platense- yRegimiento -en el sur- ya volvieron a sus casas, pero todavía necesitan de la asistencia oficial y la solidaridad de sus convecinos para seguir adelante.
Desde la Comuna se confirmó ayer que “ya no quedan evacuados” en los centros que a tal fin se habilitaron. Tampoco quedan en Berisso, según precisaron fuentes oficiales del distrito ribereño.
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En nuestra ciudad, tras trabajar hasta ahora “in situ”, por medio de cuadrillas y relevamientos, el municipio informó que “toda la ayuda para las familias la va a canalizar y centralizar el 147”. A ese número telefónico deberán llamar quienes precisen asistencia. “La idea es optimizar los recursos, verificar su entrega y no permitir que inescrupulosos que no fueron afectados se queden con lo que les corresponde a otros” se explicó.
Además de la ayuda oficial, diferentes organizaciones no gubernamentales y dependencias se ofrecieron como centros de recolección de donaciones. Es el caso de la Presidencia de la UNLP, en 7 entre 46 y 47 -en su oficina de Políticas Sociales-; el Centro Verde Esperanza -diagonal 620 entre 84 y 85-; y El Galpón -122 entre 82 y 83-. Los interesados en colaborar pueden acercarse, asimismo, a La Casita de Los Pibes (609 y 122) y al Centro Olga Vázquez (60 Nº772).
En todos estos lugares se reciben ropa, frazadas, colchones, pañales, agua y alimentos no perecederos para niños y adultos, y también juguetes para los chiquitos que los perdieron o se les arruinaron con el agua.
Cuenca crítica
El arroyo Maldonado y su principal afluente, el Monasterio, cruzan de sur a sudeste sectores de Altos de San Lorenzo, Villa Lenci, barrio Monasterio, barrio Aeropuerto, Villa Elvira, Villa Montoro y El Carmen, entre otros. Con una cuenca de 35 kilómetros cuadrados, se trata de cursos de agua queen sus tramos más angostos son poco más que zanjones, e incluso se los ha llegado a entubar o desviar mediante canalizaciones que fueron fruto de la improvisación.
El Regimiento, de menor caudal, pasa por Los Hornos antes de ingresar a un entubamiento muy cerca del Cementerio. Es el curso de agua que provocó serios inconvenientes en el barrio Las Palmeras (143, 149, 70 y 72 bis).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hoy estará nublado y habrá baja probabilidad de lluvias. Mañana, inestable, fresco y mejorando hacia la noche.
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Hace tiempo ya que la palabra “lluvia” en la ciudad de La Plata es sinónimo de inundación. “Otra vezsopa”, podría ser la primera y facilista conclusión del habitante medio platense.
Casi que no importa ya la cantidad de milímetros caídos, ni la intensidad con la que llueve en una, dos, doce o veinticuatro horas. El resultado parece que siempre es el mismo: calles anegadas -en muchos casos transformadas en verdaderos ríos- barriales que meten miedo en las zonas periféricasy como colofón, el hastío de aquellos que ven como el agua ingresa en sus hogares perdiendo, muchas veces, lo poco que con esfuerzo lograron construir.
El vecino, a fuerza de reponerse de los golpes cada vez más frecuentes de la madre naturaleza -finalmente- comienza a comprender que aquello del cambio climático no es la “chifladura” de los científicos, sino que es una realidad dura y palpable.
La trágica catástrofe de 2013 dejó, además de bronca, dolor e impotencia, unas cuántas lecciones que aprender.
La primera y más palpable es que la Ciudad necesitaba urgentemente obras para atenuar -no evitar- futuras inundaciones.
Cinco años después las obras del llamado “Plan Maestro” han avanzado con diferente suerte. Algunas fueron terminadas; otras suman retrasos y una porción todavía no pasaron del periodo de licitación.
Algo de esto padecieron en las últimas horas los vecinos de la zona sur de la ciudad. Las obras en elarroyo Maldonado, que desbordó y causó la inundación, comenzaron desde la desembocadura en el Río de La Plata, hacia arriba. Hoy están a la altura de la calle 1. Nada se hizo sobre el curso superiorde ese arroyo.
Y lo que es más llamativo aun: frente a todos los pronósticos de copiosas lluvias, la mayor queja de los vecinos apunta a la falta de limpieza de los arroyos en las zonas suburbanas, pero también de los sumideros en el Centro. Para que quede claro: las obras son necesarias, pero también resulta deelemental lógica el posterior trabajo de mantenimiento.
Aunque, más allá de la finalización de las obras, lo que la Ciudad en su conjunto se debe es un debate serio y profundo sobre la forma en la que suponemos, debe crecer la capital de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lógico mantener el actual sistema que limita la construcción en altura en los barrios?
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Vista desde el aire, la ciudad es una inmensa mancha chata que a lo largo de los años creció sin control ni planificación alguna. Y si a esa mancha se la estudia con detenimiento, se verá como deficiente en la prestación de servicios, con calles de tierra, falta de desagües y de cloacas.
¿No sería económicamente más redituable y funcional concentrar población y los servicios, en lugar de insistir con la expansión territorial?
Tal vez, con la sola revisión del actual Código de Ordenamiento Urbano se encuentre otra forma de trabajar contra las inundaciones.
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El Gobierno bonaerense comenzó a estudiar las ofertas presentadas esta semana por los 12 consorcios de empresas interesados en construir el acueducto Bahía Blanca-Río Colorado, una obra presupuestada en 5.627 millones de pesos. En la administración provincial hubo satisfacción por el grado de competitividad de las propuestas, a tono con la intención de los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal de lograr una baja significativa en los costos de los planes de infraestructura, con valores que parten de $3.368 millones.
El proceso de licitación del acueducto, que derivó en la docena de grupos interesados, estuvo a cargo del ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, de acuerdo con directivas de Vidal, quien considera a esa obra como una de las premisas de su mandato.
"Hemos tenido ofertas significativamente por debajo del presupuesto, como resultado de la estrategia de política de abrir la competitividad fuertemente", sostuvo el director provincial de Agua y Cloacas, Martín Heinrich, en declaraciones a medios regionales.
El funcionario aclaró que, más allá de las contingencias económicas, no habrá posibilidades de que se afecte el proceso de construcción del acueducto, porque "esto se asume con recursos internacionales". Y agregó que "la idea es evaluar las ofertas lo antes posible, porque el dinero está".
La oferta más baja, de acuerdo con fuentes al tanto del proceso, por $3.368.812.000, fue presentada por la empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa).
En el extremo opuesto, de la docena de ofertantes, se situó el consorcio integrado por Techint y Roggio, que cotizó $6.573.660.716.
El resto de las ofertas varían entre los 4.129.728.613 de la UTE encabezada por Rovella Carranza y los
$5.614.045.896 del consorcio C&E-Fontana Nicastro-Tecma-Proba.
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El proyecto para la construcción del acueducto Bahía Blanca-Río Colorado se iniciaría en noviembre próximo, según confirmaron fuentes cercanas al área de Infraestructura provincial.
Actualmente, avanza el proceso licitatorio con doce consorcios de empresas presentadas para una obra presupuestada en 5.627 millones de pesos y que, según advirtieron, obtuvo varios oferentes que cotizaron por debajo de ese monto.
“Hemos tenido ofertas significativamente por debajo del presupuesto, como resultado de la estrategia de política de abrir la competitividad fuertemente”, sostuvo el director provincial de Agua y Cloacas, Martín Heinrich.
El funcionario aclaró que, más allá de las contingencias económicas, no habrá posibilidades de que se afecte el proceso de construcción del acueducto, porque “esto se asume con recursos internacionales”. Y agregó que “la idea es evaluar las ofertas lo antes posible, porque el dinero está”.
El otro factor de tranquilidad para el gobierno de Vidal pasa por un factor que no siempre suele darse en estos procesos: el hecho de que las ofertas -en su mayor parte- estén ampliamente por debajo de la base fijada en los pliegos de licitación.
En ese sentido, la oferta más baja, de acuerdo con fuentes al tanto del proceso, por $ 3.368.812.000, fue presentada por la empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa).
El plazo total para la finalización de la obra para la ampliación de la red de agua potable en el sur provincial es de 36 meses.
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Laura Romoli
Casi de la mano con un plan de mejorado de las calles con más tránsito de transporte público que iniciará en pocos días en nuestra ciudad el gobierno nacional, el municipio se propone asfaltar el adoquinado en las avenidas principales y arterias céntricas. Lo hará a través de un proyecto que presentará próximamente para modificar la ordenanza que hoy impide alterar esos empedrados, al tiempo que se propone que las primeras modificaciones en este sentido se realicen en la plaza Italiay el tramo más céntrico de la diagonal 73.
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De esta manera, la Comuna fijó una postura en el debate que enfrenta a quienes defienden la conservación patrimonial del paisaje urbano con quienes advierten la necesidad de atender a los requerimientos que la actualidad imponen en las vías de alto tránsito.
Por eso se espera que el oficialismo presente en los próximos días en el Concejo Deliberante un proyecto que modifica la actual ordenanza que impide alterar las calles adoquinadas, permitiendo asfaltar las avenidas importantes y diagonales, preservando las arterias secundarias y zonas cuyo patrimonio se considera protegido, como la del barrio Meridiano V.
Según pudo saber este diario, la iniciativa que se impulsa también se impondría sobre aquellas calles en las que la acción del deterioro se impone: las adoquinadas que tengan más del 30 por ciento de parches de asfalto.
Desde Cambiemos buscarán el acompañamiento de otros sectores representados en el Concejo paraque, en el marco del debate, se sancione una norma “consensuada”. Y mientras este proceso se lleva a cabo, el Ejecutivo ya tiene resuelto cuál es la zona que reviste una mayor urgencia en términos de mejorar la transitabilidad: la Plaza Italia y la diagonal 73, entre las plazas Rocha y Moreno.
En el equipo de Julio Garro creen que el flujo vehicular que afecta a la intersección de las avenidas 7y 44 y el área más céntrica de la diagonal que une la Cumbre con el Mondongo, requiere, más allá del ordenamiento, refacciones que faciliten su tránsito.
Así consta en un informe enviado al ministerio de Transporte de la Nación, que en pocas semanas iniciará en nuestra región la ejecución de un plan para el mejorado de 113 cuadras por donde haya más tránsito de transporte público.
El cambio implicará un arduo debate en el deliberativo local, en el que deberán atenderse los argumentos de quienes defienden los históricos adoquines y quienes consideran que son más los trastornos de transitabilidad y mantenimiento que presentan que sus beneficios.
Por eso, en el gobierno de Julio Garro se inspiran y utilizan como antecedente la legislación porteña,que superó la antinomia compensando la preservación del paisaje urbano histórico y las necesidadescontemporáneas al proteger al adoquinado sólo “en las vías secundarias y las cercanas a monumentos y lugares históricos”.
obras para más de 100 Cuadras
En el gabinete municipal estiman que en dos semanas comenzará a ejecutarse un plan de obras para la mejora de 113 cuadras de distintas zonas de la Ciudad que tienen en común no sólo el deterioro de la cinta asfáltica sino también que integran el recorrido de las principales líneas de colectivos.
Se trata de un convenio que el ministerio de Transporte celebró con los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada para el acondicionamiento de las trazas más usadas por el transporte público y que contempla un presupuesto total de 115 millones de pesos.
Los trabajos a realizarse van desde la repavimentación total hasta el bacheo y mejorado de las calzadas, según cada caso.
El proyecto, que ya fue licitado y tiene al gobierno nacional a cargo de su ejecución, contempla la reparación de 113 cuadras elegidas por la municipalidad.
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Entre ellas se encuentran la diagonal 73 entre las avenidas 1 y 19 y la Plaza Italia, que se incorporarían al listado de calles a pavimentar dentro de este plan nacional, ni bien cuente con la víalibre del Concejo.
El resto de las trazas se reparten entre Villa Castells, Gonnet, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, entre otros barrios (ver gráfico).
Con la vía libre del Concejo, en pocos meses, según avancen las obras, en la Plaza Italia se le diría adiós definitivo al adoquinado tal y como hasta ahora fue conocido.
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Vecinos, comerciantes e instituciones de Los Hornos pidieron que se reactive la obra del ensanche de la avenida 66 entre 173 a 179, que está a mitad de camino y genera trastornos de toda clase a quienes viven en la zona. Por su parte, la Municipalidad dice que los trabajos “no están paralizados” y las demoras registradas se deben a las “malas condiciones climáticas”.
En octubre del año pasado se inauguró el primer tramo de la avenida 66 remozada, con doble manode ida y vuelta, rambla central y dársena, y sistema de iluminación nuevo. Se dio inició así a una
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obra pedida por los vecinos para que ese sector de Los Hornos se modernice de manera tal de estara la altura del tránsito que demanda la zona.
Sin embargo, tras la pausa que tuvo la obra en el verano por las vacaciones de los obreros, los trabajos no volvieron en lo que va de 2018 y los vecinos entraron en estado de alerta y preocupación.
“La obra venía bien hasta fines del año 2017. Después entró en un parate que hasta ahora nadie supo explicar”, dijo Matías Cigan, uno de los vecinos que se transformó en vocero de la inquietud que plantea la comunidad de la zona.
AMPLIACIÓN INDISPENSABLE
La ampliación de la avenida 66 -un acceso clave a la Ciudad y conexión indispensable desde varios sectores de Los Hornos al casco urbano platense- es una vieja demanda vecinal que cobró mayor vigor a partir de 2004, cuando falleció, víctima de un atropello, la maestra Natalia Forner, que con 27 años iba a la escuela donde trabajaba en bicicleta y un camión la llevó por delante. Ya hacía tiempo que desde la zona reclamaban el ensanchamiento de una vía que por el intenso volumen vehicular quedaba chica y era causa de accidentes de tránsito graves.
En mayo del año pasado comenzaron los trabajos y en octubre del año pasado se inauguraron los trabajos de repavimentación y ensanche de la avenida 66 de 167 a 173. Sin embargo, de 173 a 179sólo se hizo una mano y quedó inconclusa la otra. Razón por la cual los vecinos volvieron a la carga días atrás para reclamar que se activen los trabajos en forma urgente.
El proyecto de obra contempla la terminación de la rambla con dársena central, la instalación de nuevas luminarias blancas halógenas, avances en los trabajos hidráulicos y en la construcción de bici-sendas.
La 66 (en rigor, ruta provincial 10), durante años aumentó el caudal automotor, comenzó a colapsarse y se convirtió en una avenida extremadamente peligrosa, con accidentes viales periódicos, fue escenario, justamente por ese motivo, de enérgicas protestas, hasta que los vecinos,con sus reclamos, consiguieron el ensanche, con separador de sentidos, del tramo que va de 155 a 168.
Se trató de una demanda que acentuó el accidente de Natalia Forner, una maestra de 27 años que murió atropellada por un camión cuando se dirigía en bicicleta a la escuela donde trabajaba.
El proyecto para el cual se investirán 40 millones de pesos abarcará la extensión de la 66 que va desde 143 a 208. El tramo de 143 a 155 si bien fue ampliado no cuenta con separador central y esaes uno de los detalles previstos.
Pero ahora los vecinos piden que la obra se complete en el tramo de 173 a 179, donde la gente vivesituaciones peligrosas a diario.
Por la paralización de los trabajos, han quedado desvíos peligrosos que la gente tiene que sortear a diario y, como ocurrió semanas atrás, derivó en que un automovilista que no conocía la zona siguió de largo y terminó con el rodado dentro de un zanjón.
Otro reclamo que plantearon los vecinos tuvo que ver con la falta de buena iluminación.
“Las nuevas columnas que colocaron funcionaron cuatro o cinco días, pero después se apagaron y no volvieron a arrancar”, dijo uno de los frentistas que habló con este diario.
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“NO ESTÁ PARALIZADA”
Ante una consulta de este diario, desde el municipio se informó que “la obra no se encuentra paralizada pero se ve afectada a ampliaciones y modificaciones en la misma”.
A su vez, “se ve demorado debido a que la ciudad está atravesando por dos meses completos de lluvia pero se sigue trabajando sobre los cruces hidráulicos de la avenida 173”.
En los próximos días se va a retomar el trabajo con la colocación del hormigón superior y el pavimento sobre la mano de egreso a La Plata”, agregaron fuentes de la Municipalidad.
Sobre las partidas de fondos para continuar con las obras, se indicó que “se aguardan los fondos de Provincia y se están realizando las gestiones correspondientes para que eso ocurra en un breve plazo”.
Los vecinos plantearon su inquietud porque según creen en el barrio, los trabajos “se paralizaron o no siguieron su ritmo habitual a raíz de la falta de fondos”.
Sin embargo, desde la Comuna no plantearon las demoras en la reactivación de los trabajos por esacuestión como principal factor, sino que indicaron que “el mal clima reinante en los últimos meses llevó a impedir la realización de los trabajos pendientes”.
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Un corte de agua, originado el sábado, afectaba ayer a vecinos de City Bell.
Uno de los tramos que presentaba escasez de agua era el de 21A y 446.
“Llamé a ABSA y me dijeron que habían terminado un arreglo en la estación de bombeo de 452 y 22y que la presión se regularizaría de a poco”, contó una vecina damnificada.
Sin embargo, en medio de la angustia ante la escasez del servicio esencial, la usuaria aseguró que “hoy -por ayer- seguimos sin agua” y que desde la empresa prestadora del servicio le dijeron que “hasta el lunes -por hoy- no van a arreglar nada”.
“Es lamentable estar pasando por esta situación”, manifestó la usuaria.
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El reclamo se suma al que realizaron durante el fin de semana los vecinos de distintos sectores de Tolosa y Ringuelet.
En algunos casos, los damnificados se quejaron porque el vital líquido salía con escasa presión de las canillas. En otros, aseguraron que directamente no salía una gota.
Desde la empresa Aguas Bonaerenses habían advertido el viernes a la noche que el servicio podría resentirse en esos sectores “por un inconveniente en la prestación de energía eléctrica en la planta potabilizadora Donato Gerardi, ubicada en Punta Lara, el establecimiento se encuentra en funcionamiento mediante equipos electrógenos”.
Y siguió: “Si bien el nivel de almacenamiento de la cisterna se encuentra a una altura óptima para garantizar el servicio, quedó fuera de funcionamiento la estación de rebombeo ubicada en 120 y 33,ocasionando baja presión en Tolosa y parte de Ringuelet”.
En algunos sectores de esas dos localidades se registraron inconvenientes con el servicio. Pero no los únicos. Por caso, frentistas de Villa Elisa comentaron que desde el viernes “estamos sin una gotade agua corriente. Esto es en la zona del barrio Villa rica calle 425 y 21a”.
Según Aguas Bonaerense, pasado el mediodía del sábado “quedó solucionado el inconveniente eléctrico en la planta potabilizadora Donato Gerardi, por lo cual entró nuevamente en funcionamiento la estación de rebombeo ubicada en 120 y 33, normalizándose así el servicio en Tolosa y Ringuelet”.
Sin embargo, los inconvenientes continuaron en la jornada de ayer.
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Como era previsible, la crisis cambiaria y el regreso al FMI decidido por el presidente Mauricio Macri tiene su impacto en la administración de María Eugenia Vidal, que como el resto de sus colegas deberá obedecer la premisa de bajar aún más el gasto público.
Se sabe del recorte que se viene en las obras públicas solventadas con fondos nacionales, sobre todo en aquellas que estaban previstas pero que aún no se iniciaron. Los voceros de Vidal propagan a los cuatro vientos que los emprendimientos que ya están en marcha serán concluidos. La gobernadora tendría la promesa de Macri en este sentido pero, en verdad, en el mundo político se relativiza un poco este punto porque aún no está claro hasta dónde llegará la exigencia del Fondo para recortar el gasto.
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Para Vidal la obra pública es vital en términos políticos. Su gran desafío de gestión es realizar todo el asfalto, las cloacas, las rutas y el mejoramiento habitacional que no realizó el peronismo en sus 28 años de gestión reciente.
Herramientas recortadas
Por lo que representa Buenos Aires y por el peso que ha adquirido su figura en el oficialismo, Cambiemos había volcado sobre la gobernadora y su excelente imagen una gran dosis de responsabilidad para asegurar la continuidad en 2019. Achicar la obra pública en un 25% suena a que le están recortando una herramienta fundamental para lograr ese desafío electoral.
Por otro lado está la cuestión de la deuda en dólares. El gobierno nacional no logra parar el aumento de la divisa verde y eso siempre es una mala noticia para todos aquellos que tienen acreencias en esa moneda. Y la Provincia, en efecto, debe mucho en dólares. Es más, Vidal salió a tomar deuda en dólares con el visto bueno de la administración nacional, que hasta hace pocas semanas prometía tranquilidad cambiaria.
Para ser claros: el 55% de la deuda bonaerense está tomada en dólares, según datos oficiales.
En el gobierno provincial, sin embargo, no se desesperan. Si bien es verdad que la mayoría de los ingresos bonaerenses son en pesos, no es menos cierto que en la actividad económica provincial hay bastante presencia de productos exportables, que garantizan entrada de divisas. Sobre todo en el rubro automotriz y, claro, en el agropecuario. También es verdad que no hay vencimientos hiper inmediatos y que los que están pautados son escalonados. “Todo manejable”, explican las fuentes consultadas.
La imagen de la gobernadora, como ya se explicó en este diario, también empezó a mostrar signos de deterioro luego de dos años en los que cosechó mejores índices de aceptación que los del Presidente. Macri, por cierto, insiste en pegarse a Vidal, con quien apareció en varias ocasiones luego del anuncio del pedido de ayuda financiera al Fondo Monetario.
Aquel anuncio habría tenido repercusiones políticas en la política provincial. Una de ellas sería cierta tendencia del llamado “peronismo dialoguista”, aquel que representan los intendentes del Conurbano y que en su momento garantizó ciertos acuerdos legislativos, a tomar distancia de la mandataria. Desde el PJ se explica esto esgrimiendo la tesis de que un “nuevo romance” con el FMI encuentra especial rechazo entre los habitantes del Gran Buenos Aires. Mucho más de lo que se verifica en las zonas rurales de la provincia. Es probable que en breve se conozcan encuestas detallando este punto.
Por otro lado, y por más que se niegue en público, es verdad que el oficialismo estaba aceitando pacientemente un acercamiento con el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales con más despliegue territorial. No para incorporarlos al Gobierno o, como se exageró, para convertirlos en una suerte de línea interna del vidalismo. Pero sí para explorar juntos mecanismos de contenciónde eventuales protestas sociales en los distritos y para conseguir algún aliado en la Cámara de Diputados provincial, donde la corriente de Emilio Pérsico y Fernando Navarro tiene módica representación.
Canales abiertos
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El anuncio del regreso al FMI, que remite a los demonizados años 90, hizo naufragar cualquier posibilidad de acuerdo: para los líderes del Evita sería imposible convencer a los propios y exacerbaría las internas pre-existentes en el movimiento.
Algunas fuentes bonaerenses aseguran que, frente al panorama descripto, se han abierto ciertos canales para explorar un eventual nuevo acercamiento de Vidal con Sergio Massa, que cumplió el rolde aliado legislativo en los primeros 24 meses de gestión de la gobernadora y, pese a la derrota del año pasado, aún conserva un bloque de diputados provinciales.
El tigrense debería mostrar una enorme flexibilidad o una notable capacidad de desdoblamiento. Es que, a nivel nacional, su fuerza, el Frente Renovador, aparece como un actor central en la saga legislativa para reducir el impacto del aumento tarifario dispuesto por Macri, con aquel proyecto de ley que ya tiene media sanción del Congreso y que fue leído por los mercados como un golpe a la autoridad política del Presidente.
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El proceso de devaluación del peso, los aumentos tarifarios y la “incertidumbre reinante en la economía del país”, se transformaron en un combo para que Roberto Baradel, secretario general de Suteba, uno de los principales gremios docentes, llevara a reforzar la idea “primordial de implementar la cláusula gatillo” para “empatar” con la inflación que puede estar entre “el 25 y 30 por ciento”, según estimó el propio dirigente gremial en diálogo con este diario.
En ese contexto dijo que “no es descabellado pedir un 25 por ciento de aumento”, pero aclaró que este planteo “no es oficial como reclamo del frente unificado docente, ya que debe discutirse entre los sindicatos que lo componen”.
Tras la devaluación del peso que se registró desde el 25 de abril producto de la corrida cambiaria, eltitular de Suteba, Roberto Baradel, adelantó que le pedirán a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, “la cláusula gatillo”, en la próxima negociación paritaria que aún no fue convocada por las autoridades.
“Va a ser difícil ponernos de acuerdo. Creo que lo central es la cláusula gatillo y el 20% tiene que ser para empezar.
En ese contexto, se quejó por el estado en el que se encuentran los colegios en Provincia al tiempo que remarcó que hay malestar en las los establecimientos educativos, en los docentes y en los padres por ese tema.
En otro orden, Baradel cuestionó en declaraciones radiales a una emisora porteña la política económica del gobierno nacional. “Cada día se agrava más la situación política y social de este país. El plan económico está garantizado para dejarle ganancias a los grupos económicos y el FMI está para garantizar eso. No es para incentivar el consumo o incentivos en la producción nacional sino para garantizar la fuga de capitales”, remarcó.
“Lamentablemente por tercer año consecutivo teníamos razón con la inflación. El Gobierno no la está controlando. Sabíamos que iba a ser más alta de la que decía el Gobierno a pesar de que (el presidente Mauricio) Macri dijo que era un estupidez controlarla. El BCRA decía que la inflación era de 19,4% y subió al 20,3%. Estamos mal por la situación que está pasando”, añadió en declaraciones periodísticas.
Asimismo, el titular de Suteba dijo que la gobernadora debería llamar a los docentes para realizar una nueva oferta paritaria. “Me parece sugestivo que Vidal no hable. Por lo menos tres veces
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anunció el aumento del almuerzo escolares que no llega a 19 pesos por alumno y con menor cantidad de cupo. Volvió a anunciar el boleto estudiantil. Creo que sería bueno que la Gobernadora pudiera recibirnos. Le pedimos una reunión hace unas semanas. Nos recibieron de la reja para afuera y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, remarcó.
Cabe recordar que en la última reunión paritaria el gobierno provincial propuso un aumento salarial del 10% en los primeros seis meses de 2018, a pagar en tres tramos: 5% retroactivo a enero, 3% más en marzo y 2% en mayo. Además, ofreció pagar un reconocimiento por presentismo de hasta $3.000 por docente y se comprometió a volver a discutir la paritaria en julio, para acordar nuevos aumentos de cara al segundo semestre.
PROTESTAS EN MARCHA
En tanto, Baradel anticipó a este diario que “el 17 de mayo habrá una jornada de protesta en toda la Provincia”, y del 21 al 23 de mayo se realizará la segunda marcha federal que terminará en la Plaza de Mayo. En esa fecha habrá un paro nacional docente, indicó el dirigente gremial, titular del gremio Suteba, que depende de Ctera, organización sindical que impulsa la marcha del miércoles 23de mayo.
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La semana que arranca hoy tiene una prueba de fuego mañana con el súper vencimiento de $ 645.000 millones en Lebac. Equivale nada menos que al 65% de todo el dinero en circulación. Pero ayer desde fuentes cercanas al Banco Central aseguraban que será un vencimiento acotado con unos $ 300.000 millones en poder de los bancos y organismos públicos y sólo 5% en manos de inversores extranjeros, unos $ 32.250 millones.
-¿Hay preocupación porque puedan volcarse al dólar?, se consultó
-Tenemos todas las herramientas y seguiremos actuando, dijeron.
El equipo del Banco Central mantuvo reuniones el fin de semana y lo mismo pasó con los funcionarios del ministerio de Hacienda y el de Financiamiento. Voceros del palacio de Hacienda resumieron a Clarín: “Es un contexto delicado y complejo, aquí y en el resto del mundo. Nosotros nos estamos ocupando y no subestimamos la volatilidad. Hay inquietud por el tipo de cambio pero estamos tranquilos porque lo vamos a resolver”.
El viernes el dólar perforó el techo de los $ 24 y luego de una fuerte intervención del Central cerró en $ 23,72. Los técnicos del Central deslizaron ante quienes les consultan, que Sturzenegger está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para disminuir la volatilidad.Esto es, intervenciones en el mercado de cambios con reservas, el manejo de la tasa de interés y medidas como la ya anunciada de poner límites a la tenencia de dólares por parte de los bancos que disminuyó del 30 al 10%. Habría otras alternativas en análisis.
-¿Cuál es el nivel de dólar tolerable para el Central?, se averiguó
-No miramos un precio determinado, sino la dinámica, respondieron.
-¿Qué significa?
-Se actúa cuando sube mucho en poco tiempo o cuando el precio sube mucho con poco volumen de operaciones.
Anoche trascendió incluso la conversación de un alto funcionario del FMI con uno de los economistaslocales de mayor prestigio, que pidió absoluta reserva de su nombre. Se supo que el funcionario del FMI, preocupado por las versiones acerca de que el Fondo pedía una devaluación aún mayor, enfatizó que “de ninguna manera es así”.
Esta semana, precisamente, se reúne el directorio del FMI para tratar el pedido de préstamo stand by que solicitó Argentina. Una vez resuelto, viajará a Washington el equipo técnico de Hacienda quelleva adelante las negociaciones. El ministro Dujovne se reserva para el tramo final.
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Es probable que el anuncio del FMI acerca de que acepta el pedido argentino, se conozca en paralelo al dato de la inflación de abril que el INDEC informa mañana: podría llegar a ser peor que la de marzo cuando el índice arrojó 2,3%.
Distintas fuentes del sector financiero señalaron que la crisis se limita a lo cambiario ya que no observan “movimientos en los depósitos ni demanda exacerbada de los ahorristas por el dólar”.
De acuerdo con la consultora Quantum, dirigida por Daniel Marx, “hay receptividad del FMI y de otros países en lograr un acuerdo relativamente rápido que profundice el sendero emprendido por elGobierno en materia de normalización de la economía”.
Jorge Vasconcelos, del IERAL, prevé que “luego del golpe inicial que se sentirá con fuerza en el segundo y en el tercer trimestre, por la incertidumbre, el salario real y la restricción crediticia, la economía tiene chances de volver a recuperarse, de la mano de nuevos sectores, más asociados al comercio exterior, la construcción privada, la energía, el turismo y las economías regionales”.
Según su razonamiento, “recurrir al FMI tiene costos políticos, que la parte de la oposición que no tiene la responsabilidad de pagar sueldos a fin de mes se ocupará de vociferar, en un rol cada vez más cerca del cuanto peor, mejor. En cambio, aquellos que administran provincias y municipios difícilmente tomen este camino”.
Daniel Chodos. analista de Credit Suisse que expresa la opinión de la banca internacional, dijo: “Vemos el potencial acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino como positivo. Esa línea de préstamo calmará los mercados ayudando al gobierno a finnacierse este año y el próximo”.
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Hoy llegará uno de los llamados telefónicos más esperados por el Gobierno en los últimos días. Está previsto que a las 10 de la mañana el presidente Estados Unidos, Donald Trump se comunique con su par argentino Mauricio Macri para dar un espaldarazo explícito a la decisión de solicitar asistenciacrediticio al Fondo Monetario Internacional y de respaldo a las políticas gradualistas oficiales.
Según está previsto la charla se extenderá por un buen rato con una agenda que irá desde la estampida del dólar, al acuerdo con el FMI como temas centrales.
Altas fuentes del gobierno nacional confirmaron al matutino La Nación que Trump y Macri acordaronque la charla telefónica se concrete a las 10 de la mañana, ratificando, así, la llamada que anticipó el viernes el titular de Fiat Argentina Cristiano Ratazzi al término de una reunión del Presidente con los principales empresarios del país.
En esa reunión, Macri les anticipó a los empresarios que hablaría con Trump, en momentos en los que el Gobierno negocia con el FMI los términos del préstamo stand by “preventivo” que recibiría el
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país, y que le permitiría salir del “sofocón financiero” en el que se encuentra desde hace dos semanas. El préstamo a otorgar deberá ser aprobado por los países miembros del organismo internacional de crédito, en el que Estados Unidos ocupa un lugar central.
Macri viene tratando en conseguir respaldo internacional para lograr acelerar los pasos de la asistencia del Fondo y, en ese sentido, también el sábado mantuvo conversaciones telefónicas con el jefe del gobierno español Mariano Rajoy, además de recibir el apoyo explícito de otros gobiernos del mundo como ser el de China.
La Casa Rosada, la Cancillería y la embajada argentina trabajaron a fondo para lograr esta comunicación, pese a que Trump ya emitió un comunicado apoyando las negociaciones con el FMI, pero a los banqueros e inversores no los conmovió ese gesto de la Casa Blanca. La conversación entre Macri y Trump puede provocar el tan esperado giro en las expectativas para convencer a los inversores locales y extranjeros que el plan gradual del Gobierno goza de buena salud y amplio respaldo de los principales líderes del mundo.
INQUIETUD
Además también se busca eliminar la inquietud que de los tenedores de Lebac, que este martes tendrá un gigantesco vencimiento por 673.000 millones de pesos.
Es que según se supo ayer la gran mayoría de los tenedores de estos títulos de este vencimiento son inversores extranjeros.
Precisamente por ello, la mirada estará puesta en ellos, durante la licitación mensual ordinaria de estos instrumentos del Banco Central, en medio de la compleja crisis cambiaria que derivó en un pedido de ayuda por miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos de dólares, este vencimiento equivale a 28.000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 36 por ciento está en manos de bancos y de inversores institucionales, entre otros la Anses, por lo que se espera que este porcentaje, como mínimo, será renovado.
La parte restante tiene como tenedores a los inversores minoristas, una proporción menor pero no determinada según las consultas al mercado y, por sobre todo, a inversores extranjeros que fueron los que iniciaron la corrida contra el peso a través de la venta masiva de Lebac, un proceso que continúa actualmente.
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Eduardo Paladini
Si, como dicen en su entorno, Mauricio Macri está dispuesto a pagar un alto costo político por su decisión de volver al Fondo Monetario Internacional (FMI) para frenar la corrida cambiaria, el Presidente debe ser advertido: según las últimas encuestas, parte de ese capital personal ya lo estaría perdiendo. Así lo muestran al menos siete encuestas a las que accedió Clarín en los últimos días. Se trata, en realidad, de la profundización de una caída que arrancó en diciembre, con la aprobación de la reforma previsional. La incógnita ahora, paradójicamente, es inversa a la del dólar:aquí no se duda del techo sino del piso.
Los sondeos son de Management & Fit (exclusivo para este diario), Synopsis, D’Alessio-Irol/Berensztein, Taquion/Trespuntozero, Gustavo Córdoba & Asociados, Analogías y CIGP. En el Gobierno dijeron no tener mediciones para difundir.
La mayoría trabaja dos ejes: la negociación con el Fondo y las miradas sobre Macri y el Gobierno. Los números, en general, no traen buenas noticias para el oficialismo. A la mencionada caída en la
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imagen presidencial, se suman opiniones más negativas que positivas respecto a las últimas decisiones económicas. En realidad, son todas cifras que se alimentan mutuamente.
Las encuestas, además, traen una confirmación y una novedad: por un lado, como adelantó Clarín, se ratifica que el escenario actual también pega en la ponderación de la gobernadora María Eugenia Vidal;por el otro, cuando Macri ya transcurrió más de la mitad de su mandato, pareciera empezar a diluirse en la gente la idea la herencia K. Esto eso, que todos los males actuales tienen raíz en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La consultora que hace en exclusiva para Clarín una encuesta nacional sobre la gestión de Macri muestra esta semana un fenómeno inédito: cayeron todas las variables que pondera y que forman el llamado Indice de Optimismo, dividido a su vez en la mirada económica y política de la administración.
Esta firma, una de las que mejor pronosticó la elección de 2017, terminó el fin de semana su última medición nacional. Allí aparece una fuerte caída en las expectativas económicas y el desacuerdo conla decisión de ir al FMI casi que duplica a los que avalan esa jugada. Además, es una de las mediciones que muestra un cambio en la grieta: un 45,2% cree que Macri “tiene más responsabilidad de la situación económica actual” contra un 42,6% que apunta a CFK.
D’Alessio IROL-Berensztein
Fue de las primeras en difundir un trabajo sobre la negociación con el Fondo. Y es la que exhibe el mayor nivel de desacuerdo con la decisión (a sólo un 2% le parece “Adecuado” solicitar ayuda al organismo). También abona la teoría del menor impacto de la herencia: un 50% responsabiliza “al Gobierno actual” por la situación económica contra 39% del “Gobierno anterior”.Fue de las primerasen difundir un trabajo sobre la negociación con el Fondo. Y es la que exhibe el mayor nivel de desacuerdo con la decisión (a sólo un 2% le parece “Adecuado” solicitar ayuda al organismo).
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También abona la teoría del menor impacto de la herencia: un 50% responsabiliza “al Gobierno actual” por la situación económica contra 39% del “Gobierno anterior”.
Taquion/Trespuntozero
También trae datos preocupantes para el oficialismo. Pregunta directamente: ¿el anuncio sobre el FMI hizo que cambiara la imagen que usted tenía del Gobierno? Gana el 47,9%, que dice que “sí, para peor”.
Gustavo Córdoba & Asociados
Otro sondeo nacional que hace un recorrido de la caída de la imagen del Gobierno y advierte que “desde diciembre, cayó 25 puntos la aprobación” de la gestión de Macri.
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Analogías
La firma que conduce un ex funcionario K hizo un relevamiento bonaerense y alerta sobre la desconfianza en el Gobierno: más del 50% “no” cree que logrará parar la corrida cambiaria.
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CIGP
Una de las firmas más chicas; su trabajo se circunscribe a las dos Buenos Aires. Afirma que más de la mitad está en desacuerdo con negociar con el FMI.
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El jefe de Gabinete, Marcos Peña dijo anoche que el actual “no es el momento más difícil que atraviesa el Gobierno”, ya que la instancia más crítica fue en diciembre de 2015, cuando asumió la Presidencia Mauricio Macri, porque “entonces carecíamos de reservas en el Banco Central en un contexto de desempleo y recesión”.
“¿Es un momento difícil?, sí; ¿es el momento más difícil que nos tocó?, no”, aseguró el jefe de Gabinete.
“TRANQUILIDAD”
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“Hay que llevar tranquilidad a la gente porque estamos seguros de que vamos a salir bien de esto”, dijo Peña antes de pedir “madurez” y “responsabilidad a la oposición”, durante una entrevista que concedió al programa de televisión La Cornisa, que conduce Luis Majul por América.
“El exceso de entusiasmo pudo habernos llevado a cometer errores”, admitió Peña, aunque advirtió que “no añoramos la comunicación kirchnerista” porque “para solucionar tus problemas no creo que necesites que te mientan como lo hacía el gobierno anterior”, sentenció.
El jefe de Gabinete señaló que con los vaivenes económicos de las últimas dos semanas, el Gobierno “perdió un escalón de confianza”.
“Estamos en una cornisa entre la confianza de los argentinos y la confianza de los que nos tienen que prestar el dinero”, agregó Peña, al considerar que “por diversos motivos, internos y externos, esto nos colocó un escalón más abajo en cuanto a la confianza y credibilidad del Gobierno”.
ACUERDO NACIONAL
Sobre la posibilidad de entablar un “acuerdo nacional”, Peña aclaró que “el acuerdo nacional más importante es el presupuesto nacional y en ese sentido sostuvo que “es excelente que debatamos elpresupuesto en el Congreso”.
“Queremos llevar tranquilidad a la gente, entendemos la angustia que pueden sentir, pero queremos decirles que estamos convencidos de que hemos desarrollado un programa económico y políticas públicas que previenen las crisis del pasado”, dijo.
Peña valoró que el Presidente “siempre ponga la verdad sobre la mesa” y dio mérito al Gobierno porconseguir un “crecimiento que lleva siete trimestres consecutivos”; en esa línea, también ponderó que se haya logrado una baja significativa en el déficit fiscal”.
Sin embargo Peña admitió que “es un país contradictorio. Pero salió al cruce de las posturas pesimistas al afirmar que: ”Si fuera todo imposible de cambiar, no estaríamos donde estamos. Los argentinos no quieren más las décadas de frustración que hemos tenido”, precisó Peña. En esa línea, agregó: “Vamos a mirar la parte positiva. Nosotros somos optimistas y creemos que todos losproblemas de la Argentina tienen solución”.
Por otra parte, el jefe de Gabinete hizo referencia a las declaraciones del ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian (ver pág. 4), aunque evitó nombrarlo: “No estuvimos paveando dos años”, afirmó.
“NO NOS ASUSTAMOS”
El funcionario se refirió a la decisión de pedir financiamiento al FMI y advirtió que “un gobierno no se asusta cuando toma decisiones”. “En estas situaciones hay que tomar decisiones claras, de liderazgo. Nosotros creemos en la transparencia y en decir la verdad”, afirmó.
“La Argentina viene financiándose los últimos dos años y medio con las mejores tasas de nuestra historia. Eso, en parte, es porque hay mucha confianza en la Argentina”, manifestó.
Y también justificó la políticas oficiales al señalar que: “Nos endeudamos porque gastamos más de lo que tenemos, no hay mucha ciencia, cuando vos como familia, como empresa, como país, gastas más de lo que tenés, alguien te tiene que prestar la diferencia”.
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En público seguirán guardando las formas, respaldando al Gobierno en su peor trance económico y hablando de "esfuerzo compartido" mientras esperan el detalle y la letra chica del acuerdo con el FMI. En las evaluaciones en privado, en cambio, se quejaron de los manejos que le achacan a la Casa Rosada y que esta semana escalaron como nunca antes desde que Mauricio Macri llegó al poder.
La mayoría de los gobernadores peronistas están muy molestos con la forma como el Gobierno los involucró en la crisis. Pero, al mismo tiempo, todos reconocen estar preocupados por una situación
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que consideran "delicada" y esperan inquietos las condiciones que el Fondo impondrá al país a cambio del crédito.
Los caciques provinciales ven a Macri repetir una lógica que no les cierra. "Esto viene de lejos. Y se va acumulando. Pasó con la ley antidespidos, con la reforma previsional, con las tarifas y ahora con el Fondo. El Gobierno prende incendios y después nos llama para apagarlos", repasó ante LA NACION un gobernador peronista que estuvo esta semana en Buenos Aires. No obstante, aclaró quelos cimbronazos anteriores no son ni de lejos comparables a la crisis que derivó en la vuelta al Fondo.
Entre quienes viajaron a la Casa Rosada y quienes hicieron declaraciones desde sus provincias cayó muy mal que el Gobierno difundiera sus dichos como muestras de apoyo monolítico e indubitable a la decisión de recurrir al Fondo. "Una cosa es acompañar con responsabilidad y prudencia. Pero de ahí a apoyar la idea de volver al FMI hay un abismo. Hay mucha calentura con cómo usaron sus declaraciones", sintetizó un allegado a otro gobernador.
El malestar es palpable y se suma al que habían acumulado por el tarifazo y su debate en el Congreso, que quedó expuesto esta semana en el apoyo de diputados del PJ al proyecto para frenarlos aumentos. Sin embargo, hay entre los gobernadores un consenso tácito: no es momento de hacer movimientos ni de "aprovechar" la coyuntura para erosionar a Macri. O como lo puso un funcionario del centro del país: "El peronismo es el primero en olfatear sangre, pero los gobernadores no van a hacer nada. A nadie le conviene que haya quilombo ni aprovechar el quilombo para andar encendiendo mechas".
Todos hablan con todos y, de hecho, tienen previsto reunirse en Buenos Aires mañana. Será un encuentro para evaluar la situación y las implicancias de que el gobierno nacional negocie ayuda financiera del FMI. Quieren evitar las lecturas políticas que, más allá de sus pretensiones, serán inevitables. A la cita, que se realizará en la casa de la provincia de Entre Ríos, se sumarán los diputados del bloque Argentina Federal, liderados por Pablo Kosiner y Diego Bossio, y los senadores del PJ, con Miguel Pichetto a la cabeza.
Los gobernadores tienen claro que las condiciones que el FMI imponga al Gobierno enseguida se trasladarán a las provincias. Dan por descontado un mayor recorte del gasto público y temen que una de las vías para concretarlo sea una nueva reforma previsional que reduzca haberes o suba la edad jubilatoria. También vislumbran un impacto fuerte en el nivel de actividad, el consumo y las economías regionales. Todas dagas certeras para su popularidad y para los planes de reelección quela mayoría abona de cara a 2019.
De hecho, la vuelta al Fondo no hizo más que confirmar una decisión que los caciques vienen alimentando desde hace tiempo: separar las elecciones en sus provincias de la elección nacional. Esa determinación, hasta ahora sostenida en la virtual acefalía del PJ y la falta de un candidato presidencial fuerte, se complementa ahora con una situación económica complicada.
"Era el Fondo o una recesión fuerte", les dijo Macri a los gobernadores que recibió el jueves en la Casa Rosada. Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), DomingoPeppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) escucharon de boca del Presidente la descripción del panorama que lo decidió a acudir al FMI, además de un nuevo pedido de prudencia y una promesa de que mantendrá la obra pública. Los caciques desconfían de este último compromiso. Sobre todo, después de que el ministro de Hacienda, NicolásDujovne anunciara un recorte de $30.000 millones en el presupuesto de infraestructura y, en particular, porque antes de la crisis ya venían observando demoras en el envío de fondos. Ya hay gestiones para que esta semana se reúnan con Macri los patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut), entre otros. También el salteño Juan Urtubey, que la semana pasada quedó convenientemente "fuera de cuadro" por su licencia por paternidad.
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Salvo un acuerdo de la administración de Mauricio Macri con los gobernadores peronistas, por el quenadie se muestra optimista en el oficialismo, el Senado podría emitir dictamen pasado mañana del proyecto de ley que limita los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, que quedaría así en condiciones de convertirse en ley la semana próxima.
Este es el clima que impera entres los principales referentes de Cambiemos del Senado, para quienes la idea más extendida, ante la imposibilidad numérica de detener la ofensiva opositora, es acelerar el trago amargo para darle paso al veto presidencial, ya anticipado por funcionarios del Poder Ejecutivo, a la eventual ley.
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Lo único que podría modificar esta hoja de ruta sería un gesto de los gobernadores peronistas en contra de la ofensiva legislativa en materia de tarifas. Según confiaron voceros legislativos del oficialismo, esa misión está en manos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Esa gestión debería estar resolviéndose a más tardar hoy, confiaron las fuentes consultadas por LA NACION, que se mostraron pesimistas acerca de la posibilidad de que pueda cambiar el derrotero que viene siguiendo el proyecto de ley aprobado la semana pasada por todo el arco opositor en la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), ya le anticipó alos negociadores de Cambiemos que, salvo una contraorden explícita de los mandatarios peronistas,no tiene margen para detener el avance del proyecto.
"Esta discusión no la empezó la oposición, comenzó con (Elisa) Carrió y el señor (presidente de la UCR, Alfredo) Cornejo diciendo que lo peor que le podía pasar al Gobierno era tener a (Juan Ignacio) de Mendiguren de ministro", sentenció Pichetto, quien calificó de "razonable" el proyecto aprobado por Diputados luego de las modificaciones incluidas, a pedido de los gobernadores, al proyecto original.
Además de la eliminación de la rebaja del IVA a los servicios públicos, impuesto que es coparticipable y afecta los fondos que reciben las provincias, se segmentó la limitación del aumento de tarifas, dejando fuera del alcance de la medida a los grandes consumidores residenciales.
Para el oficialismo estos cambios no son suficientes. "Este proyecto es una locura porque descalza fiscalmente al Gobierno; el dictamen fue hecho a las apuradas para quedar bien con todos los bloques" de la oposición en Diputados, se quejó en diálogo con LA NACION el jefe del bloque de Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff (UCR-Formosa).
Contra los gobernadores
El formoseño también realizó una encendida crítica contra los mandatarios peronistas, a quienes desafió, en un intento por hacerlos cambiar de opinión, a que tengan "responsabilidad tarifaria".
"Quiero ver a (Juan) Schiaretti, a ese peronismo de centro que se presenta como renovado y republicano; a (Juan Manuel) Urtubey, a (Gustavo) Bordet, a (Sergio) Uñac y a los que están agazapados, como (Gildo) Insfrán y (Carlos) Verna; quiero ver a los que quieren ser opción si tienenresponsabilidad en materia tarifaria", afirmó Naidenoff.
Más allá de las declaraciones públicas, en Cambiemos reconocen que las posibilidades de que los gobernadores den marcha atrás son escasas, razón por la cual apuestan a pasar el mal trago lo másrápido posible.
En ese sentido, fuentes oficialistas confiaron a LA NACION que esperarán un último esfuerzo de Frigerio con los mandatarios para definir la hoja de ruta del proyecto. La última carta que jugará el Gobierno, aseguran, será el informe que presentará la Oficina de Presupuesto con el impacto fiscal del proyecto.
Si este número no convence al peronismo, la intención del oficialismo será dejar que el trámite del proyecto fluya para darle paso al veto presidencial.
Un panorama complicado
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Oficialismo, sin votos
La voluntad del oficialismo por detener la ofensiva opositora choca contra la realidad numérica. Con 25 senadores no tiene fuerza para detener la sanción de la ley. Apuesta a apurar el mal trago y que el proyecto sea aprobado en dos semanas.
Gobernadores, en silencio
El bloque que conduce Miguel Pichetto (Justicialista) tiene la llave para sancionar o congelar el proyecto aprobado por Diputados. La última palabra es de los gobernadores del PJ que, por ahora, no han dado señales de detener la ofensiva.
Kirchnerismo, al acecho
Son 9 senadores, pero el sector que lidera Cristina Kirchner se ve favorecido por el alineamiento de los mandatarios peronistas contra las tarifas. Si el escenario no cambia, sería la primera vez desde la fractura que votaría junto al PJ.
Federales, permeables
El Peronismo Federal es el que se muestra más permeable a la voz del Gobierno. Juan Carlos Romero (PJ-Salta) planteó un "acuerdo parlamentario" para superar la crisis. Pero sus votos no alcanzan para que el oficialismo pueda parar el proyecto.
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El gobierno inició una acción judicial para intentar bloquear medidas cautelares contra los tarifazos yademás denunció al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) por su intento destinado a frenar el último aumento del gas, que ya acumula un ajuste promedio de más de 1000 por ciento en dos años. Las presentaciones las realizó el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, lo que revela la prioridad que le asigna al tema el oficialismo. El objetivo principal es amedrentar a Cepis y a cualquier otra asociación que intente poner en cuestión la política tarifaria. Tal como anticipó PáginaI12 el lunes pasado, la estrategia oficial apunta a demostrar que el tarifazo es de interés público porque favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, aunque en las presentaciones no se aporta ningún dato estadístico que permita corroborar esa causalidad.
“Interpongo acción colectiva de certeza contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 delEnargas; a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución. Ello, en virtud dereiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendointerrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen Bergman y Saravia Frías al comienzo del escrito de nueve páginas que presentaron ante al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 y al que accedió PáginaI12 en exclusiva.
Lo que busca el gobierno es lograr una cautelar para que nadie pueda impugnar la resolución 74/17 que fijó el precio del gas en boca de pozo ni las resoluciones del Enargas que van de la 300 a la 309a través de las cuales se les autorizó el último aumento a las distribuidoras. En los hechos, la cautelar vendría a funcionar como una suerte de “anticautelar” al garantizar el cumplimiento de las normas. La dirigen contra Cepis por ser la organización que realizó la presentación, pero por las dudas agregan que también está destinada “contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva”. El jueves pasado el juez subrogante Enrique Lavié Pico aceptó el caso y ordenó la
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inscripción del proceso en el Registro de Procesos Colectivos. De este modo, el Estado Nacional representará al difuso colectivo “compuesto por los habitantes de la Nación, abarcando a las generaciones venideras”, resumió el magistrado.
Para fundamentar el bloqueo de las cautelares contra el tarifazo se afirma que “el estado de incertidumbre así creado atenta contra las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo Nacionaly su obligación de cumplir con el triple deber constitucional de: 1) utilizar racionalmente los recursos naturales, 2) proveer a la protección del medio ambiente, y 3) asegurar servicios públicos eficientes y de calidad”.
Bergman y Saravia Frías señalan que el intento que hace Cepis para tratar de frenar la suba del gas “produce un perjuicio triple, palpable y concreto: 1) contaminación ambiental, 2) violación de obligaciones asumidas en tratados internacionales, y 3) cercenamiento del ejercicio de prerrogativaspropias del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Es una demanda de una pobreza argumental asombrosa. En realidad es sólo un reflejo de cómo se comporta el Gobierno con quien piensa distinto y lo ataca por eso. Pero más grave aún que eso, a través de este ataque se pretende instaurar un verdadero cepo judicial al prohibir que cualquier miembro de la sociedad peticione judicialmente por sus derechos, en este caso los afectados por el tarifazo de gas, pero mañana podría ser por cualquier otra vulneración.”, aseguró a PáginaI12 el abogado Mariano Lovelli, titular de Cepis.
En la presentación también se busca defender la suba de las tarifas diciendo que “no fueron fruto deun acto unilateral de la administración, sino un proceso de búsqueda de consensos con la sociedad civil”, en referencia a las audiencias públicas que ordenó realizar la Corte Suprema en agosto de 2016 para cumplir con la Constitución. Incluso se destaca “la participación activa de la sociedad civilen el proceso de legitimación de una política de Estado energética y ambiental”, como si el papel de quienes participan en audiencias públicas, que en este caso se manifestaron mayoritariamente en contra de la política energética, se limitara a legitimar o no algo ya decidido de antemano.
Luego se agrega que, pese a esa supuesta legitimidad que lograron los aumentos en el proceso de audiencias públicas, “ciertas asociaciones de defensa del consumidor y otros sujetos pretenden impugnar, cuestionar y poner en duda las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, y suspender la ejecutoriedad de las resoluciones con un activismo desproporcionado desde el punto de vista de su legitimación y alcance”. A ellos los acusa de desconocer los supuestos consensos alcanzados “en un salto ornamental al pasado, al que tozudamente parecen querer regresar, con oportunismo y sin medir consecuencias”. En el escrito también se cuestiona “cierta actividad legislativa que, en una clara intromisión en atribuciones que no le son propias, persigue el mismo propósito”.
Desde comienzos de 2016, el argumento oficial para avanzar con la suba de tarifas, defendido fundamentalmente por el ministro de Energía Juan José Aranguren, fue la necesidad de recomponer la rentabilidad de las empresas para incentivar las inversiones y al mismo tiempo reducir el peso de los subsidios, pero como las recientes subas del gas vienen siendo cuestionadas hasta por los aliados políticos del gobierno ahora se decidió apelar al argumento ambiental.
“Entre los bienes constitucionales en juego se destaca el ambiente, un derecho humano de rango constitucional cuya protección no admite más dilaciones, luego de años de incentivos incorrectos, mal diseñados, que dieron lugar a una política tarifaria, irresponsable y contaminante”, se remarca en la presentación.
Al momento de subrayar la supuesta defensa del medio ambiente que está llevando adelante el Estado nacional se menciona la firma de la Agenda 2030 de la ONU y los objetivos para el desarrollosostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que Argentina ratificó en septiembre de
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2016 a través de la ley 27.270, y el intento de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Luego, Bergman y Saravia Frías sostienen que “una política ambiental con triple fundamento constitucional y con uno de cuyos eslabones es un derecho humano indubitable (el medio ambiente), no admite límite de derechos patrimoniales, por más carácter homogéneo que tengan. Cuestiones patrimoniales ceden ante un bien tan superior”.
Para garantizar ese derecho al medio ambiente, el gobierno solicitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 que se inscriba al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema como garante del conjunto de los habitantes y de las generaciones venideras. Solicitud a la que Lavié Pico le dio luz verde.
A su vez, el Ministerio de Energía inició una acción inhibitoria en el mismo juzgado del fuero contencioso administrativo federal de la Capital Federal, para que sea este fuero, más permeable al gobierno, el que se arrogue la competencia para entender en el amparo que se tramita contra el tarifazo en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 2.
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“La argumentación del Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex directivo de Shell Juan José Aranguren, que justifica el incremento en las tarifas por razones ambientales es, como mínimo, malintencionada y falaz.” Así comienza la carta que el responsable de política climática y energética de Greenpeace Argentina, Mauro Fernández, envío a PáginaI12 luego de que el lunes pasado este diario informara que el Ministerio de Energía había hecho una presentación en el Juzgado Federal Nº2 de La Plata donde se aseguraba que el tarifazo ayuda a proteger el medio ambiente, argumentoque también utilizó para intentar bloquear las cautelares que buscan frenar los aumentos y para denunciar al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (ver aparte).
“Si bien es razonable evaluar que la estructura tarifaria de hace unos años estaba disociada de los verdaderos costos de la energía –motivo por el cual Greenpeace renunció a los subsidios en cuanto la ex presidenta Fernández de Kirchner habilitó esa posibilidad–, lo cierto es que el gobierno actual está abordando el problema desde el lado equivocado. Mientras las tarifas de luz y gas le cuestan hoy al usuario residencial entre 1600 y 1000 por ciento más que hace dos años, las erogaciones a las grandes petroleras continuaron”, dice Fernández, quien justifica su afirmación con datos oficiales, a los que accedió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que muestran que en 2017
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las corporaciones energéticas recibieron 20 mil millones de pesos directos del Estado Nacional, mientras que sólo en lo que va de 2018, YPF percibió casi 1700 millones de pesos, Shell 375 millones y Axion 180 millones.
Greenpeace recuerda que en 2015, antes del triunfo de Cambiemos en las elecciones, Aranguren aseguró en un artículo publicado en el diario inglés The Guardian que “subsidiar la producción de hidrocarburos no sigue siendo una medida racional”. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri no solo subsidia a la industria petrolera sino que a fines de 2017 se negó a firmar en Buenos Aires una declaración para abandonar los subsidios a los combustibles fósiles suscripta por cuarenta países miembros de la Organización Mundial de Comercio. “Argentina no acompañó la iniciativa, fundamentalmente para continuar subsidiando el desarrollo de la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que se encuentra en su territorio: Vaca Muerta. Incluso, a pesar de haber incluido un impuesto a la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la reforma tributaria de fines del año pasado, exceptuó del pago a los proyectos de producción de gas mediante la técnica del fracking que debe utilizarse en ese megaproyecto”, remarcó Fernández.
El responsable de política climática y energética de Greenpeace aseguró también que el objetivo principal del Acuerdo de París firmado en 2015 es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados es significativamente una línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático y para eso sería necesario dejar bajo tierra un 80 por ciento de las reservas fósiles descubiertas y avanzar drásticamente hacia una matriz energética global proveniente en su totalidad de energías renovables para 2050, pero el gobierno está lejos de colaborar con ese objetivo y no por culpa del aumento de tarifas.
“Vaca Muerta supone una bomba de gases de efecto invernadero que podrían ser liberados al ambiente, haciendo virtualmente imposible el cumplimiento del objetivo más ambicioso del acuerdo climático. Defender el incremento de tarifas a la población mientras se sostiene el desarrollo de una fuente sucia y contaminante, parece una tomada de pelo para los afectados por la `actualización´ tarifaria”, remarca Fernández.
Greenpeace Argentina subraya además que, al tener la presidencia del G20, Argentina podría trabajar para continuar los pasos del G7 que en 2016 se comprometió a abandonar estas subvenciones a los fósiles, pero no lo hará. “¿Cuál es la posición oficial? Dejarlos como están, argumentando que no hay consenso, producto de la presión del gobierno de Donald Trump para bajar la ambición climática al mínimo común denominador. Cuando tantas señales van en el sentidocontrario, justificar una política de alto impacto en el bolsillo de la gente por cuestiones ambientales sólo puede leerse como una más de las estrategias del gobierno para retroceder en materia ambiental como están haciendo al querer modificar la ley de glaciares a nivel nacional, la ley de Basura Cero en la ciudad de Buenos Aires habilitando la incineración, o con los desmontes ilegales que realiza el primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la provincia de Salta”, agrega Fernández.
Por último, la organización ambientalista sostiene que si Aranguren está realmente preocupado por alinear las políticas energéticas con el cuidado del medio ambiente debería abandonar la explotaciónde Vaca Muerta, cortar los subsidios a la producción de combustibles fósiles e impulsar su adopción en el G20 y presentar una estrategia de desarrollo a largo plazo coherente con el Acuerdo de París que requeriría tener un 100 por ciento energías renovables para 2050. “Ese sería el único guiño quedesde Greenpeace podríamos ver con buena cara”, concluye Fernández.
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Iba a ser un test para saber qué tan confiados estaban los inversores en materia de infraestructura financiada por los privados. Pero ahora, a pocos días de la apertura de sobres económicos, la licitación para quedarse con corredores viales mediante el régimen de participación público privada (PPP) se ha convertido en un verdadero desafío para el Gobierno. "La verdad es que estamos confiados porque varios consorcios cerraron el 80% del financiamiento antes de presentar la oferta. Por lo tanto, se podría dar el caso de que haya propuestas que estén por debajo del interés de lo que la Argentina podría conseguir en este momento. Pasada la tormenta, todo seguirá normalmente", dijo a LA NACION Javier Iguacel, director general de Vialidad Nacional.
Fueron días intensos. El jueves se abrirán los sobres económicos de los diez consorcios -compuestospor 19 empresas nacionales y siete internacionales- que presentaron un total de 32 ofertas. Luego
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vendrán alrededor de tres semanas de estudio para llegar a fines de junio con la adjudicación de loscorredores. Ese es el esquema que se apuntó mucho antes de la turbulencia financiera que derivó en el pedido de una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) y en una suba del dólar.Las cuentas se hicieron antes y los sobres se presentaron en un amesetado abril, pero las adjudicaciones se harán en el convulsionado mayo. Un océano en el medio.
Confianza oficial
En el Gobierno están convencidos y confiados en que esta etapa seguirá su rumbo sin mayores contratiempos. "Las obras tienen un sistema financiero de repago en dólares. Los consorcios hicieron sus cuentas y tomaron las previsiones. De ahí en más, es imposible saber cómo se comportará el dólar dentro de cuatro años, fecha en que empiezan los primeros vencimientos fuertes. Entonces, la obra ya estará prácticamente terminada", dice Iguacel.
Más allá del optimismo por entregar seis obras viales imprescindibles por alrededor de US$1000 millones cada una, en el Gobierno hubo debate puertas adentro. Como en el fondo los PPP son un enorme entramado financiero, además de la construcción, terciaron los ministros de Finanzas, Luis Caputo , y el de Transporte, Guillermo Dietrich .
La duda era simple: qué pasaba si se adjudicaba y alguno de los consorcios decidía abandonar la gatera dado que las condiciones habían cambiado demasiado rápido, más allá de las previsiones.En Transporte enumeraban el costo y la dificultad práctica de dejar a mitad de camino. Vialidad, que fue junto a una secretaría de PPP que está dentro de Finanzas los que hicieron los pliegos, esgrimía que se habían incluido varias condiciones, como una póliza de sostenimiento de oferta por US$15 millones que se gatilla en caso de que alguna la retire. Además existe una segunda por un 6% del monto total de la obra.
Y para cerrar el cepo de salida, cada adjudicatario deberá capitalizar con dinero el 10% del total del contrato (alrededor de 600 millones de dólares entre las seis) para iniciar la obra mientras se termina de cerrar el financiamiento del proyecto.
"Es verdad que hay muchos candados para salir. Pero una compañía grande, cuando ve que perderámás si se queda, puede estar dispuesta a perder los 15 millones de dólares", dijo el número uno de un fondo de inversiones que miró con detalle las PPP viales, pero que, finalmente, dejó correr la mano.
Lo cierto es que más allá de las previsiones que estaban en el pliego, las consultas a los consorcios se sucedieron en los últimos días. Cerca de Caputo eran de la idea de que no era posible que se adjudicaran y que alguno se bajara. En el entorno de Dietrich, la cosa es más radical: se abren y avanzamos.Negociadores al fin, se abrió un camino intermedio. Varios hombres del Gobierno levantaron el teléfono y hablaron con los responsables de cada uno de los consorcios.
Idas y venidas
Durante estos días hay idas y venidas constantes de pedidos de aclaración o para salvar alguna formalidad. "Se entregaron kilos y kilos de papel. Imagine que encontrar alguna falta es cosa de niños", dijo un abogado que asesora al menos a uno de los grupos.
Esos pedidos de información complementaria, que son moneda corriente en este tipo de procesos, se sucederán estos días. Y en la gestualidad que entre todos acordaron en estos días de conversaciones animadas, la falta de respuesta será interpretada como que dejó pasar el tren. Simple, no se gatillan las garantías de mantenimiento de oferta, no se adjudica a alguien que se arrepintió de sus números y el Gobierno llega al jueves con el listado de candidatos depurado.
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Seis miembros de una misma familia, entre ellos dos niñas, perpetraron este domingo tresatentados suicidas contra iglesias en Indonesia, dejando 13 muertos y decenas de heridos.
Los tres atentados, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS), golpearon tresiglesias de Surabaya, la segunda ciudad de Indonesia, en el este de la isla de Java.
Una familia, formada por la madre, el padre, dos hijos de 16 y 18 años y dos niñas de 9 y 12 años,fue la responsable del ataque, según anunció el jefe de la Policía nacional, Tito Karnavian. Estabavinculada al movimiento radical Yamaah Ansharut Daulah, un grupo afín al ISIS.
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Según los medios locales, la familia pasó por Siria, adonde viajaron cientos de indonesios en losúltimos años para combatir con los yihadistas del ISIS.
La madre, identificada como Puji Kuswati, y sus dos hijas vestían niqabs (velos) y llevaban bombasalrededor de la cintura cuando entraron en la iglesia Kristen Indonesia Diponegoro para hacerseexplotar, explicó Karnavian.
EL PEOR SALDO DESDE 2009
Según la policía, 13 personas murieron y unas 40 resultaron heridas, el peor balance de víctimas enel país desde los ataques contra dos hoteles de lujo de Yakarta en 2009, en los que fallecieronnueve personas.
Estos atentados se llevaron a cabo unos días antes del comienzo del Ramadán en este país delsureste asiático, en alerta tras los atentados allí ocurridos en los últimos años, algunos de los cualesfueron ejecutados por el ISIS.
Los medios de comunicación difundieron imágenes en las que se veía un cuerpo yaciendo delante deuna de las puertas de la iglesia católica de Santa María, en Surabaya, y agentes de la policíaexaminando el lugar, lleno de escombros. “Estaba aterrorizado. Mucha gente gritaba”, contóRoman, un joven de 23 años que presenció la explosión en la iglesia de Santa María.
La policía desarmó dos bombas sin explotar en Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, la iglesiapentecostal del centro de Surabaya.
Los ataques se produjeron días después de que un policía y un detenido perdieran la vida enviolentos enfrentamientos en una cárcel de alta seguridad de las afueras de la capital, Yakarta. ElISIS reivindicó el incidente pero la policía indonesia descartó su implicación.
ESTADO DE ALERTA
La intolerancia religiosa ha aumentado en los últimos años en Indonesia, un país donde casi el 90%de sus 260 millones de habitantes es de confesión musulmana, pero donde también viven minoríascomo los cristianos, los hindúes y los budistas.
En los últimos años se llevaron a cabo otros ataques contra iglesias en este archipiélago del suresteasiático.
En febrero, la policía neutralizó a un hombre armado con una espada que asaltó una iglesia en plenamisa en Sleman, en la isla de Java, hiriendo a cuatro personas, incluyendo un cura.
En 2016, un adolescente ingresó a una iglesia repleta de fieles en Medan, en la isla de Sumatra, seacercó al cura y lo hirió levemente con un cuchillo en un brazo. Intentó detonar un artefacto antesde ser reducido por los feligreses.
En septiembre pasado, un extremista islamista fue condenado a cadena perpetua en Indonesia porun mortífero ataque con un cóctel Molotov, perpetrado en 2016 contra una iglesia con cómplices deun grupo que apoya al grupo ISIS.
Las autoridades están en estado de alerta desde los atentados suicidas y los ataques armados enYakarta en enero de 2016, que costaron la vida a cuatro civiles. Los cuatro asaltantes fueronabatidos en esos ataques, reivindicados por el ISIS, los primeros de ese alcance en Indonesia desde2009.
En 2002 se produjo el peor atentado en la historia del país, cuando 202 personas murieron en Bali,la isla más turística del país, incluyendo muchos extranjeros. El ataque llevó a la policía a lanzar unavasta ofensiva contra los extremistas islamistas y debilitó las redes más peligrosas. (AFP, EFE y AP)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá su promesa de campaña y abrirá hoy, encontraste con la posición de la comunidad internacional, una embajada en Jerusalén, ciudadseñalada por los palestinos como territorio ocupado y capital de su futuro Estado, en una jornada enla que el ejército israelí reforzó sus tropas ante la probabilidad de disturbios.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró ayer la polémica decisión de EEUU en unacto en el que llamó a todos los países del mundo a imitar a Trump, pero que dejó reflejado que-como sucedió en el rechazo de Wahsington al pacto nuclear con Irán- las potencias europeas seenfrentan a la Casa Blanca. En el acto, al que asistió Jared Kushner, yerno y asesor de Trump,Netanyahu convocó a los líderes mundiales a seguir los pasos de Trump, pero lo hizo ante lasrelevantes ausencias de representantes de Reino Unido, Francia, España e Italia, entre otros paísescentrales.
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El ejército israelí reforzó sus tropas alrededor de la frontera con Gaza y advirtió a la población delenclave que no se acerque a la divisoria, en preparación ante las protestas masivas que se esperanhoy y mañana en coincidencia con el traslado de la embajada.
Trabajadores palestinos plantaron flores de color rojo, blanco y morado para formar las barras de labandera de Estados Unidos en el jardín de la que a partir de hoy será la nueva sede de la embajadaestadounidense en Jerusalén.
La mudanza de la sede diplomática, anunciada en diciembre por Trump, rompió con el consensointernacional que sostiene que la Ciudad Santa debe ser la capital compartida del Estado de Israel yde un futuro estado palestino.
La fecha elegida no fue al azar: este 14 de mayo Israel celebra 70 años de su creación, fecha queprecede al Día de la Nakba (tragedia, en árabe) palestina, el éxodo de miles de árabes expulsadosde sus territorios con la llegada de los judíos de Europa.
El traslado de la embajada es una promesa electoral de Trump, que cumple con un antiguo mandatodel Congreso de Estados Unidos, que en 1995 acordó el cambio de sede pero lo postergó porrazones de “seguridad nacional”.
Un funcionario estadounidense citado por la cadena de noticias CNN reveló que todas las sedesdiplomáticas de Washington en el mundo islámico reforzaron su seguridad de cara a la inauguraciónde la sede diplomática.
El mandatario, tras coquetear con viajar a Jerusalén para el evento, finalmente decidió la semanapasada enviar a su hija Ivanka y a Kushner.
La delegación estadounidense estará dirigida por el subsecretario de Estado, John Sullivan, ycontará también con la asistencia del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, informó la Casa Blancaen un comunicado.
La representación la completarán el embajador estadounidense en Israel, David Friedman y elasesor presidencial para asuntos internacionales, Jason Greenblatt.
El acto de inauguración será algo simbólico, ya que en realidad no se trata de un nuevo edificio sinoque la embajada comenzará a funcionar en una sede consular ubicada en el barrio de Arnona, en la“línea verde” entre Jerusalén occidental y oriental.
Según el Departamento de Estado, allí se establecerán las oficinas del embajador y una pequeñaplantilla de trabajadores, pero todavía no está decidido si se quedarán en ese edificio a largo plazo.
Estados Unidos tiene, además, un edificio en el centro de la ciudad en el que funciona el consuladogeneral y mantendrá abierta la sede diplomática de Tel Aviv para que los israelíes puedan realizartrámites de visado en la que, para la comunidad internacional, es la capital de Israel.
Para poder usar el consulado como embajada, los estadounidenses debieron iniciar una serie deobras, como la construcción de una vía de evacuación, y tienen previsto levantar un muro de tresmetros de altura en lugar de la valla de metal que rodea el edificio, informaron medios israelíes.
Betty Herscham, de la organización civil Ir Amim (ciudad de los pueblos) criticó que para la obra enla embajada se hayan pasado por alto normas de planeamiento urbanístico mientras se “reprimepor completo la posibilidad de los palestinos de desarrollar sus barrios en Jerusalén Este”.
Los palestinos, que mañana participarán de una gran manifestación en la capital palestina,Ramallah, por el Día de la Nakba, llamaron a boicotear el acto de inauguración.
Fuentes policiales confirmaron que hay unidades de la Policía israelí desplegadas en torno a laembajada y que se han instalado nuevas cámaras de seguridad para controlar el terreno.
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En diciembre, Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y anunció el traslado de laembajada en Tel Aviv, decisión rechazada por la comunidad internacional, con la Unión Europea(UE) a la cabeza y secundada por Guatemala, Paraguay y República Checa.
Honduras, en tanto, espera ratificar una moción parlamentaria para hacer el traslado, mientras queRumania mostró disposición a hacerlo aunque luego no avanzó en sus planes.
Tras la creación del Estado de Israel a raíz de la partición de la Palestina bajo mandato británico,Jerusalén quedó dividida en un sector occidental, que Israel declaró su capital, y otro oriental, conpoblación palestina y bajo control jordano.
En 1967 Israel ocupó Jerusalén Este, que incluye la Ciudad Vieja con sus sitios santos para las tresreligiones monoteístas, y lo anexionó a su territorio sin obtener el reconocimiento internacional.
La comunidad internacional sostiene que el estatus final de la ciudad santa debe quedar establecidoen un acuerdo de paz definitivo entre palestinos e israelíes, en conformidad con la solución de losdos Estados.
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