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LOS PATIOS INTERIORES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ADRIAN ACOSTA SILVA

PONENCIA PRESENTADA EN LA PRIMERA REUNIÓN DE AUTOESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS MEXICANAS CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES UNAM

15-19 DE OCTUBRE DE 2001

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ADRIAN ACOSTA SILVA Sociólogo por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Profesor-investigador titular "c" de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 1994 ganó el certamen de ensayo político Carlos Pereyra otorgado por la Fundación Nexos. Es autor del libro Estado, políticas y universidades en un período de transición (FCE/U. de G, 2000), y coordinador del libro Historias paralelas: un cuarto de siglo de las universidades públicas en México (UACJ, 1999). Es miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos. Es colaborador del periódico Público-Milenio de Guadalajara. Actualmente es Coordinador Académico de la Maestría en Planeación de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Recientemente ganó el Premio ANUIES 2001 en el rubro de “Mejor Artículo de Investigación” en el campo de la educación superior, con el texto “Bajo el cielo ¿protector? de la globalización. Poder y políticas de educación superior en América Latina” (revista Perfiles Latinoamericanos, núm. 17, diciembre, 2000, Flacso-México) Domicilio postal: CUCEA-U. de G. Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Periférico Norte 799, edificio L-201, Los Belenes, Zapopan, Jalisco, 45000. Tel/fax (3)6562965 e-mail: aacosta@cucea.udg.mx

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Los patios interiores de la reforma universitaria

El caso de la Universidad de Guadalajara

Adrian Acosta Silva

Síntesis En 1989, la Universidad de Guadalajara inició un proceso de reforma académica y administrativa que se desarrolló con altibajos y conflictos a lo largo de la década de los noventa. Luego de varios años de conflicto político, preparación y ajustes tanto en las relaciones políticas tradicionales como en el diseño original de la reforma, a finales de 1993, con las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad vigente desde 1952, se inició la implementación de varios cambios importantes en la administración, la organización académica y el gobierno de la institución. Con un entorno nacional y local favorable a los vientos del cambio, dos administraciones consecutivas de la U. de G. (1989-1995, y 1995-2001), instrumentaron diversas modificaciones a la estructura universitaria, que implicó procesos específicos de departamentalización, descentralización y regionalización, profesionalización académica, impulso a la investigación y el posgrado, búsqueda de fuentes no tradicionales de financiamiento, implementación de políticas de evaluación institucional orientadas a mejorar la calidad académica, y reorganización del sistema de enseñanza media superior. Este trabajo intenta realizar un balance provisional de los cambios y las transformaciones instrumentadas en la Universidad de Guadalajara a lo largo de la década de los noventa. Es una exploración que parte no solamente de la descripción y el análisis del tamaño de los cambios, sino de las limitaciones, efectos perversos o indeseados, y de las "promesas no cumplidas" de la reforma en la U. de G. De manera específica se trata de formular una respuesta posible (una hipótesis de trabajo) a la cuestión de si la universidad es hoy igual, mejor o peor que hace diez años, a partir del supuesto de que el fin mismo, la intención de las acciones de la reforma universitaria, es el fortalecimiento del núcleo académico de la universidad. El argumento central es que la "política de las políticas" de la reforma universitaria es el eje explicativo básico del proceso y el que permite interpretar el perfil de los resultados, los vacíos y los acuerdos institucionales (y los conflictos) que se han observado en la institución a lo largo de estos años.

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Introducción: Diez años después

Un viejo grupo de rock inglés (aunque ya se sabe que eso de “viejo”, sobre

todo a nuestra edad, es siempre relativo), decidió ponerse como nombre, en algún

momento de los alucinantes años sesenta, el exótico título de Ten Years After.

Formado en 1967, el nombre surgió porque su líder y vocalista principal (el mago

de la guitarra Alvin Lee), suponía que el grupo tendría como horizonte de vida

exactamente diez años (mucho tiempo cuando uno tiene veinte años), y al

comenzar a tocar en conciertos y grabar álbums, suponían, con todo el optimismo

de los locos años sesenta, que una década después el grupo seguiría vivo. En

realidad, el grupo como tal se extinguió en 1975, año de su último disco. Diez años

después, en 1977, contra lo que pensaba Lee, cada uno de los cuatro integrantes

había seguido su propio camino, se habían peleado y gritado, y el grupo había

pasado a ser enterrado con honores en el panteón de los grupos de blues-rock

que habían dejado alguna huella en la transición de los psicodélicos años sesenta

a los desencantados setenta, justo cuando el buen Lennon afirmaba sin rubor y sin

piedad aquello de que el sueño había terminado. La moraleja de esta historia

quizá sea que los buenos grupos están condenados a no vivir más allá de los diez

años. 1

Esta anécdota rockera acaso puede ser ilustrativa de los problemas que

suscita toda acción colectiva que involucra intereses, ideas y circunstancias en

varios campos de la vida social, incluida por supuesto, la vida de las

universidades. Los cambios suelen ser concebidos por algunos grupos para

transformar para siempre su contexto institucional y para que, por lo menos diez

años después, como aquel grupo de rock, se mantengan dichos cambios y hayan

producido los efectos deseados por los impulsores de la reforma. Sin embargo,

abundan los casos institucionales y las biografías individuales donde los cambios,

en realidad, no alcanzan ni a cuajar ni a transformar a las instituciones educativas

de nivel superior, sino que en ocasiones los cambios son apenas superficiales,

asimétricos o, incluso, contradictorios. Más aún, en el caso de las universidades

1 La historia de ese grupo esta tomada de The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll, Edited by Jon

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mexicanas no es inusual que lo verdaderamente sustantivo de las intenciones

transformadoras se haya desvanecido en medio de conflictos, gritos y empujones

entre reformadores, contrareformadores, escépticos y críticos que participan de

alguna manera en el proceso de creación y desarrollo de una reforma, justo como

les sucedió a los miembros del finalmente malogrado Ten Years After.

Algo así sucedió en la Universidad de Guadalajara. Como ocurrió en otras

universidades públicas del país, hacia finales de la década de los ochenta se inició

un proceso de reforma en esta universidad que intentaba, de manera deliberada y

central, mejorar el desempeño académico de la institución. Luego de varios y

complicados reajustes, conflictos y procesos, que involucraron cambios

importantes en la esfera de las relaciones políticas tradicionales, hacia 1991 los

entonces dirigentes de la universidad lograron, en un contexto nacional y local

favorable a los vientos del cambio, diseñar e instrumentar una reforma que alteró

de manera significativa la organización académica, la administración y algunas

reglas del juego político institucional. Diez años después, y luego de dos

administraciones universitarias (la de 1989-1995, y la de 1995-2001), la

Universidad de Guadalajara se ha constituido para no pocos rectores de otras

universidades públicas y funcionarios federales y estatales, como una suerte de

“modelo” de lo que debe ser la reforma de las universidades públicas en México.

Sin embargo, los resultados de las reformas aún no han sido evaluados de

manera precisa luego de una década. Los funcionarios y dirigentes de la

universidad una y otra vez señalan que la U. de G. es hoy una institución de

excelencia académica, moderna, plenamente vinculada a las necesidades del

entorno, con productos académicos de calidad, con formas de gobierno

democráticas y con un proyecto de futuro orientado a consolidar los cambios

iniciados en los primeros años noventa. Sin embargo, entre varios sectores

estudiantiles y académicos domina una sensación de indiferencia, rechazo y

malestar por el estado de cosas que guarda hoy la universidad, con críticas

severas a las formas de organización, de la administración, la academia y la

política en la universidad, donde se cuestionan severamente los logros que

Pareles and Patricia Romanowski, Rolling Stone Press/Sumit Books, New York, 1983.

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pregonan los funcionarios universitarios. Entre estas “dos universidades”, existen,

por supuesto “mundos intermedios” donde se desarrollan sentimientos

encontrados respecto de los avances y retrocesos de la universidad.

En esas circunstancias, existen muchas más preguntas, creencias e

impresiones que certezas y valoraciones contundentes sobre el alcance y el perfil

de los cambios experimentados por la segunda universidad pública más grande y

antigua del país. Hoy, una sensación de inseguridad domina el análisis de lo que

ha pasado en la Universidad de Guadalajara luego de una década de cambios.

¿Cómo se puede evaluar la eficacia y el alcance de las transformaciones

normativas, organizativas, académicas y políticas que sufrió esta universidad a lo

largo de los años noventa? ¿Es mejor hoy la universidad de como era hace diez

años? ¿Las transformaciones experimentadas en este período han contribuido a

fortalecer el núcleo académico de la universidad? Resulta por supuesto difícil dar

respuesta concreta a estas cuestiones, o en el mejor de los casos se puede

ofrecer varias respuestas posibles a estas cuestiones, dependiendo del lugar de

observación, de lo que se observe y del propio observador. Sin embargo, en este

texto se intentarán ofrecer algunas hipótesis de trabajo que permitan explorar con

más detenimiento algunas de las posibles respuestas a las preguntas

mencionadas.

La perspectiva analítica que servirá de base a las páginas siguientes, es la

de considerar la centralidad y el perfil de la política en el proceso de cambio

institucional en la U. de G. , y sus límites o “imposibilidades” para alcanzar el

núcleo central de la reforma: la vida académica. Con ayuda de los conceptos de

cambio institucional, política de las políticas, y redes de políticas, se examinará el

proceso de cambios y algunos de sus efectos no sólo en el perfil general de la

universidad, sino también, y de manera fundamental, en la dimensión subjetiva de

los cambios, es decir, en la opaca pero espesa red de creencias y valores que

gravitan hoy en la U. de G. luego de varios años de ajustes y cambios

organizativos, académicos y de gobierno, y que parecen estar en la base de las

resistencias y complejidades de los procesos académicos.

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Se argumentará que el proceso de cambio institucional fue asimétrico,

conflictivo y que aún está, fundamentalmente, inconcluso. La primera generación

de reformas administrativas y organizativas que empezó en el período 1995-2001,

cuyo punto de origen y objetivo central fue el mejoramiento del desempeño

académico de la institución, se tradujo en un conjunto de acciones y medidas que

tuvieron tenues efectos en la vida académica, aunque sin duda transformaron las

estructuras y arenas de la vida institucional. El perfil del poder político en la

institución se modificó, pero en todo los casos ha significado la consolidación de

una corriente hegemónica (o de una coalición reformadora) que se ha colocado en

el centro de la mayor parte de las decisiones políticas, administrativas y

académicas, que se toma cotidianamente en la universidad y que se configuran

cada tres y cada seis años, es decir, en los proceso de elección de dirigentes

universitarios (estudiantiles y sindicales) y de selección de funcionarios y rectores.

El argumento parte del supuesto de que la redistribución geográfica de la

matrícula universitaria, la instrumentación de nuevos mecanismos de ingreso,

permanencia y egreso de los estudiantes, y de ingreso, permanencia y promoción

de los académicos universitarios, la departamentalización y la descentralización de

los servicios de la universidad, han mejorado tal vez las condiciones estructurales

del desempeño institucional pero no ha generado aún la reforma académica de la

universidad. Mi hipótesis es que la centralidad de la lógica política en la

universidad sigue incentivando comportamientos clientelares y patrimonialistas

que aseguren el control de las decisiones en el nuevo esquema universitario, y

que ello explica el hecho de que la simulación, la mediocridad y la apatía sigan

siendo las monedas de uso común en la cultura política universitaria. El dominio

de la lógica política está asociado a la lógica del poder y del control, mientras que

la lógica académica está asociado a la lógica de la libertad y la responsabilidad. La

primera implica formación de lealtades y disciplina de corte tradicional (afectivo,

clientelar o patrimonialista), mientras que la segunda está asentada sobre la base

de la responsabilidad, el debate constante sobre las formas de auto-organización

del conocimiento y el viejo arte de discutir y debatir con rigor problemas, hipótesis

y proyectos. Ambas son formas distintas de racionalidad, una ligada a la

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combinación del acuerdo voluntario con la coerción política, la otra vinculada a la

estructuración de incentivos y constreñimientos al desempeño académico. Ello no

obstante, esa separación es sólo una operación analítica, pues empíricamente

suelen ser indistinguibles las fronteras plásticas y porosas que unen a la política

con la academia en nuestras universidades públicas.

De esas dificultades se desprende que ambas lógicas se encuentran en una

tensión constante que ha significado la aparición de un malestar creciente entre el

“mundo” de los académicos y el “mundo” de los políticos y administradores de la

universidad, lo que implica emprender una nueva generación de reformas en la

universidad que permitan reequilibrar los procesos y el peso de lo académico en la

vida institucional, para resolver, o atender, lo que me parece es la gran “promesa

no cumplida” de la reforma de los años noventa en la U. de G: la reforma

académica.

Para desarrollar estas ideas e hipótesis el trabajo está estructurado en

cuatro grandes secciones. La primera desarrolla la perspectiva teórica de las

universidades desde un punto de vista esencialmente neoinstitucionalista. En la

segunda hace una rápida interpretación la historia de la Universidad de

Guadalajara y de los antecedentes inmediatos de las reformas de los años

noventa. La tercera sección consiste en una descripción y análisis del diseñoy la

instrumentación de la reforma a partir de considerar los cinco “patios interiores” en

que puede observarse el proceso (los “patios” político, organizativo, de la

comunidad, el del gobierno y el académico). Finalmente, se señalan algunas

conclusiones preliminares de este balance general de la reforma uiversitaria.

1. Las universidades como instituciones: pequeño excursus teórico

Todo proceso de cambio en las organizaciones e instituciones puede ser

visto como una estrategia de acción colectiva (Olson, 1992). Dadas ciertas reglas,

normas y procedimientos que estructuran la lógica del orden institucional, se

produce un conjunto de recompensas y sanciones socialmente construidos que

delimitan los comportamientos individuales, grupales y colectivos de una

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organización (Jepperson, 1999). Sin embargo, las instituciones también cambian,

sea por factores internos, por factores externos, o por una combinación peculiar de

ambos. En cualquiera de los casos, la consolidación de un orden institucional , o la

reforma de ese orden, implica siempre una cuestión de poder, es decir, la

capacidad para impedir los cambios en la institución o la capacidad para impulsar,

en base a determinados valores, ideas o intereses, una nueva institucionalización,

o la re-institucionalización de una organización.

Desde un punto de vista sociológico, el énfasis en el papel de las

instituciones como “reglas” (North, 1993) y “marcos de significado” (Scott, 1995),

que estimulan y constriñen la acción colectiva, implica considerar a los procesos

de cambio como el producto combinado de una presión (“interna” o “externa”) por

ampliar o modificar los límites institucionales para mejorar la eficiencia de la

organización o para ampliar los “grados de libertad” de sus integrantes. Desde

este punto de vista, el cambio institucional es una lenta evolución de las

tradiciones y valores institucionales que nadie puede predecir ni controlar

completamente (Powell y DiMaggio, 1991). Ello significa que el ritmo y la

direccionalidad del cambio en una institución o en un conjunto de instituciones

dependen del perfil de las relaciones y “pactos” vigentes (formales e informales)

que regulan las interacciones legitimadas por los arreglos institucionales

construidos.

Pero todo proceso de reforma implica cierto grado de desinstitucionalización

del orden en una organización. Es decir, la búsqueda de una nueva configuración

de los arreglos institucionales implica siempre un proceso de “rebeldía”, ruptura y

conflicto entre quienes intentan incentivar el cambio y entre quienes intentan

bloquear las transformaciones. En palabras de Levi, si las instituciones pueden ser

concebidas como "reglas socialmente construidas que reflejan una particular

distribución de recursos de poder”, se puede desprender que las instituciones

llegan a ser susceptibles de cambiar conforme la distribución de esos recursos

cambia. “El cambio es más probable cuando existe un incremento en la efectividad

de los individuos que buscan el cambio y una disminución en el poder de

´bloqueo´de los individuos cuyos intereses son protegidos por los arreglos

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institucionales vigentes” (Levi, 1992; 407). En esta perspectiva, la obediencia o el

consentimiento es un recurso estratégico de poder en las instituciones, un recurso

que otorga legitimidad o no al ejercicio del poder institucional que está en manos

de los individuos que “juegan” bajo arreglos institucionales dados. Es por ello que

la obediencia es considerada como una importante “arma del débil” (weapon of the

weak), y una fuente relevante del cambio institucional.

Desde esta perspectiva teórica los proceso de reforma institucional en las

universidades puede ser visto esencialmente como un proceso de redistribución

de los recursos de poder en la institución. Dado cierto perfil de arreglos

institucionales vigentes, que benefician a ciertos actores y coaliciones de actores

específicos en las organizaciones, es posible identificar momentos de tensión y de

ruptura en los que ciertos actores pueden modificar sus intereses y presionar por

una transformación del perfil de los arreglos institucionales que permitan tramitar

en mejores condiciones sus proyectos específicos. Si bajo el marco de los viejos

arreglos institucionales existían ciertos ganadores y ciertos perdedores, en la

búsqueda de una nueva arreglo se intentará modificar el patrón de

ganadores/perdedores que rige en una organización universitaria durante una

coyuntura específica. En el proceso de redistribución del poder existen cálculos,

estrategias y transacciones de los actores involucrados, lo que lleva a la

configuraciones de ciertas alianzas y redes de intereses que luchan por imponer

un nuevo acuerdo o contrato institucional que maximice las ganancias de los

grupos involucrados. La reforma universitaria se convierte así en un campo

complejo de acción colectiva que suele resolverse no solamente con acuerdos

voluntarios entre los actores en conflicto sino también con la construcción de una

autoridad capaz de emplear la fuerza para llegar a un acuerdo de cierto tipo.

Como señala Olson, “la lógica del poder no puede explicarse adecuadamente a

través de las transacciones voluntarias; el poder (….) es la capacidad de lograr un

acatamiento forzoso y, por tanto, implica una autoridad incontestable y capacidad

de coerción” (Olson, 2000, p.3).

Según este punto de vista, todo proceso de reforma institucional es

consecuencia de un acto de poder. Es decir, un cambio organizacional,

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administrativo o académico no es consecuencia de colección más o menos

amplia de (buenas) intenciones sino sobre todo de la capacidad política que

construyen las coaliciones reformadoras para impulsar e instrumentar los cambios,

capacidad que se deriva de una relación con ortos grupos y actores que poseen

determinados intereses en la producción de una reforma institucional. En

consecuencia, el cambio en una organización como la Universidad de Guadalajara

significó un cambio en los incentivos de la acción política de las elites dirigentes en

los primeros años noventa que permitió la configuración de una coalición política

modernizadora de las prácticas y formas de dominación política vigentes en la

institución hasta esos años. En el transcurso de la década de los años noventa

esa coalición política que hizo posible la reforma de la universidad comenzó a

experimentar problemas no sólo por sus crecientes dificultades para asociar su

desempeño con el fortalecimiento académico de la vida institucional, sino también

por representar fielmente la lógica del control político que ha comenzado a generar

conflictos con la lógica del desempeño académico.

2. Los antecedentes de la reforma de la U. de G.

2.1 Una (muy breve) interpretación de la historia universitaria

La Real y Literaria Universidad de Guadalajara se fundó en 1792 en plena

etapa de dominio colonial en la entonces capital de la Nueva Galicia. Al igual que

casi todas las universidades de la época, la nueva institución nació bajo el

modelo de la Universidad de Salamanca en lo que respecta a su dirección,

gobierno, métodos de enseñanza y planes de estudio. Orientada

fundamentalmente hacia la enseñanza de la teología, la medicina, la filosofía y la

jurisprudencia, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara operó como una

clásica institución medieval cuya misión era la de crear hombres cultos dedicados

a la difusión de las doctrinas eclesiásticas y a la administración civil requerida por

la Corona española en la región. Durante más de treinta años (1792-1826) dicha

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estructura y orientaciones funcionaron prácticamente sin alteraciones sustantivas.

A partir del movimiento de independencia iniciado en 1810, la universidad

resintió los avatares de la lucha política entre los grupos liberales y

conservadores que se sucedieron en el poder de la recién creada nación

independiente, clausurándose y abriéndose en numerosas ocasiones a lo largo

del siglo XIX. Heredera de la influencia ideológica y política, dogmática y

eclesiástica de la universidad española, la U. de G. será un espacio institucional

dominado y defendido ardorosamente por los grupos conservadores y repudiada

por los grupos liberales (Cárdenas, 1999).

En Jalisco, los liberales clausuraron definitivamente en 1860 la Real y

Literaria Universidad de Guadalajara argumentando que la enseñanza no estaba

adaptada a las circunstancias especiales de la época y que en dicha universidad,

"se fanatizaba a tal grado al estudiante que éste actuaba contra el gobierno" (U.

de G., 1986, p.7). Al mismo tiempo, luego de varios esfuerzos y experiencias

liberales, fructificó la creación de una institución educativa de nivel superior con

una orientación marcadamente liberal denominada "Instituto de Estado", que

pasaría a ocupar el lugar de la Real y Literaria hasta 1925.

Al triunfo de la Revolución Mexicana, la educación superior en Jalisco era

una mezcla de pequeñas escuelas e institutos que fusionaban en sus estructuras

y orientaciones elementos tanto liberales como conservadores. En un contexto

nacional dominado por la lucha que la Universidad Nacional de México

emprendía contra el gobierno revolucionario por conquistar su autonomía, la

Universidad de Guadalajara es reabierta como una “institución de Estado”, con

un claro espíritu nacional y popular. Sin embargo, su fundación fue posible sobre

la base de un simple reagrupamiento de instituciones liberales y elitistas

preexistentes en la región, lo que explica las tensiones y conflictos que al interior

de la nueva institución se desarrollan durante sus primeros diez años.

Al término de ésta accidentada etapa, ocurre una escisión producto de la

cual la clase política revolucionaria conquista definitivamente la hegemonía de la

universidad y un grupo disidente crea la que será la primera universidad privada

de México -la Universidad Autónoma de Guadalajara-, en 1935. Dicha escisión

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será fuertemente influida por los resultados del "Congreso de Universitarios

Mexicanos", en cuya orientación participaron activamente las corrientes liberales

que actuaban en la U. de G. (Mendoza Cornejo, 1988).

Es bajo el influjo del gobierno cardenista (1934-1940), cuando la U. de G.

encontró su mayor desarrollo como institución de Estado al participar activa y

decisivamente varios de sus dirigentes (como uno de sus rectores, Enrique Díaz

de León) en proyectos destinados a crear un sistema nacional de educación

pública de nivel superior controlada por el Estado revolucionario que hicieran

contrapeso a la fuerza de las instituciones universitarias autónomas. Tal es el

sentido de la intervención cardenista en la creación del Instituto Politécnico

Nacional o el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica.

A partir de 1940 las formas de intervención estatal en la educación superior

comienzan a flexibilizarse y a entrar en un período de reconciliación con la

Universidad Nacional y con el conjunto de las universidades autónomas

similares. Esta reorientación en el rumbo de la conducción estatal era congruente

con una política de reconciliación con los grupos empresariales y con el impulso

de un desarrollo capitalista basado en un fuerte control estatal sobre la

economía.

Este viraje de la conducción estatal hizo que los diversos grupos de la U.

de G. visualizaran la necesidad de definir con mayor claridad la naturaleza de sus

relaciones con el Estado mexicano. En virtud de los nuevos rumbos que tomaban

los gobiernos postrevolucionarios luego del cardenismo (y en especial después

del alemanismo), los universitarios jaliscienses se orientaron a hacer que la U. de

G., sin perder su carácter de institución de Estado, pudiera ejercer una

autonomía de facto que le permitiera sustraerse a la posibilidad de convertirse en

un mero instrumento en manos de los diversos grupos que cada seis años se

sucedían en el poder del estado. De tal esfuerzo surgió, en 1952, un nuevo

estatuto jurídico -la Ley Orgánica-, mismo que salvo pequeñas reformas y

adiciones, regiría la vida universitaria durante más de cuarenta años.

Entre 1950 y 1980, la Universidad de Guadalajara, al igual que otras

instituciones de educación superior del país, sufrió modificaciones espectaculares

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en su estructura y funciones. Fue un acelerado proceso de transición donde pasa

a transformarse de una universidad liberal-nacionalista a una universidad de

masas. Esto se puso de manifiesto con el comienzo de un inusitado crecimiento

de la matrícula y del presupuesto, en la acelerada diversificación de la estructura

académica y las opciones profesionales y en el crecimiento de la base material e

institucional de la universidad. En el curso de tres décadas, la universidad no sólo

creció sino que también se hizo más compleja al crearse nuevas figuras y

relaciones de poder a su interior. Al ritmo de la expansión institucional y la

masificación de la universidad, corresponde la consolidación de una organización

estudiantil -la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG)- que será el

vértice no sólo de las relaciones de poder en la universidad, sino también el eje a

través del cual se estructurarán las relaciones de los universitarios con el

gobierno federal y con el gobierno del estado (Gradilla, 1995).

En ese período, se materializó un cambio importante en las formas de

relación de la Universidad con el gobierno de la entidad y con el gobierno federal.

En virtud del creciente poder regional de los grupos universitarios, las fuentes del

subsidio gubernamental variaron durante esta etapa en función de las relaciones

que en cada sexenio entablaba la universidad con ambos niveles de gobierno.

Así, mientras que el subsidio federal constituía sólo el 12% del presupuesto total

de la U. de G. en 1952 y casi el 80% provenía de la transferencia del gobierno del

estado, en 1960 cambia la proporción respectiva en 36.7 y 54.2 %, para alcanzar

en 1980 (después de experimentar hacia 1970 una brusca caída de la

participación federal al 19%), un relativo equilibrio en 50.8 y 42.4%

respectivamente (Bustos, 1988; Ayón, 1975).

En síntesis, los saldos de éstas tres décadas de expansión y masificación y

de los modos de articulación política intra y extra institucionales fueron múltiples y

variados. Una estructura académica basada en escuelas y facultades cuya

orientación era predominantemente profesionalizante en detrimento de la

investigación científica, una alta concentración de la matrícula en las carreras

liberales, improvisación de la planta docente en virtud del explosivo aumento de la

matrícula, escasa profesionalización del personal académico y administrativo,

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burocratización creciente asociada a mecanismos clientelares y patrimonialistas,

intercambio de legitimidad política por recursos financieros y puestos de elección

popular en el PRI y federales y estatales en la estructura burocrática de gobierno,

fueron algunas de las marcas sociohistóricas que hicieron de la Universidad de

Guadalajara una institución que reproducía en su seno y en su historia los rasgos

liberales y corporativos que, al igual que otras universidades públicas mexicanas y

latinoamericanas, había ido acumulando de manera conflictiva y contradictoria,

pero que se resolvían en un funcionamiento institucional estable, en virtud del

contexto socioeconómico, político y cultural en el cual se habían construido dichos

rasgos.

Como es sabido, la década de los ochenta fue particularmente complicada

para todas las universidades públicas del país. La crisis económica con que

terminó el sexenio de López Portillo, tuvo un efecto devastador en las finanzas

universitarias, en los salarios de los trabajadores universitarios y en las

condiciones de la infraestructura necesaria para el desarrollo regular de las

labores académicas y administrativas de las universidades. En la U. de G. esa

crisis -que hoy sabemos, veinte años después, que fue la crisis de todo un modelo

de desarrollo que culminó con una transición económica y política en varios

frentes- significó un fortalecimiento del coalición estabilizadora para hacer frente a

la exigencia de mayor presupuesto de los gobiernos federal y estatal, pero

también para hacer frente a un lento proceso de liberalización política que

comenzaba a vislumbrarse en el mapa político nacional y local luego de la

reformas electorales de 1977.

Para la universidad, los ochenta fueron el período de una crisis bifronte: de

un lado, un deterioro constante de las condiciones financieras de la institución;

pero de otro lado, un crecimiento sostenido de la matrícula y el personal de la

universidad. Así mientras que el deterioro real de los recursos totales de la

universidad entre 1980 y 1990 se calcula en un 30%, en términos de la matrícula

universitaria pasó de en 1980 de 156 621 a 215 913 alumnos inscritos en 1990, es

decir un incremento de más del 35% en la década. Por su parte el personal

académico y administrativo pasó de 8 414 plazas a 13 144 en el mismo período,

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es decir, un incremento de casi el 80% en diez años.2 Esta combinación agravó

las tensiones “estructurales” de la universidad a finales de la década, que se

expresarían en la formulación de una agenda de transformaciones institucionales

que ya no podía ser sustentada por la vieja coalición estabilizadora que había

controlado a la universidad por más de veinte años.

2.2 El lado oscuro de la fuerza. Gobierno, violencia y política en la Universidad de

Guadalajara

Uno de los temas más delicados y complejos del análisis de la universidad

es el referido a la manera en que se construye y se ejerce el poder y la autoridad

en la institución. En términos generales, el gobierno de las universidades puede

ser considerado como una función de un esquema general de gobernabilidad

institucional, y existen diversas "fórmulas" de conducción de la universidad

(política, burocrática o académica, según la vieja formulación weberiana de los

"tipos ideales") (Weber, 1990) que pueden caracterizar determinado estilo de

ejercicio del poder en cada universidad (Acosta, 2000a). Para el caso de la U. de

G., un claro estilo de conducción política basado en fuertes lazos patrimoniales y

clientelares propios de un régimen político autoritario y "premoderno", permitió

generaron un esquema general de gobernabilidad basado en la configuración de

una coalición estabilizadora cuyos intereses confluyeron durante casi dos

décadas en un patrón de relaciones políticas cuyo centro era un poder informal

de corte caciquil y una organización (la FEG) reconocida por los principales

actores políticos de la universidad como el espacio adecuado para la producción

de los liderazgos políticos en la institución.

En ese esquema, el gobierno de la universidad era fruto de una complicada

red de intereses y equilibrios que permitía cierta distribución de puestos y

recursos de poder que dependía de la trayectoria, antigüedad y cercanía de los

grupos con el "Príncipe" en turno y con el "líder moral" de los universitarios. Se

2 Los cálculos están basados en la información que aparece en los textos de Gradilla (1985 cuadros páginas

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trataba de una estructura de incentivos a la acción política basada en una férrea

disciplina y lealtades a toda prueba a los dirigentes "máximos" de la universidad.

Era un esquema de traducción de intereses en demandas, donde la fidelidad a los

grupos era el dispositivo maestro para que pudiera canalizarse con posibilidades

de éxito el ascenso de los micro y meso liderazgos políticos a los puesto de

dirección e influencia política de los grupos. Girando en torno a ciertos “consensos

normativos básicos”, la cerrada comunidad política universitaria ligada a el

liderazgo de Alvaro Ramírez Ladewig garantizó el orden y la estabilidad en la

universidad durante la segunda mitad de los años setenta y sobre todo, a lo largo

de práticamente todos los años ochenta.

Este esquema de control político del grupo “Universidad-FEG” (Uni-Feg),

no podría explicarse sin una historia previa de fuerza y violencia , que va del

enfrentamiento de la FEG con la FER (Federación de Estudiantes

Revolucionarios) entre 1969 y 1974, hasta la muerte de Carlos Ramírez en 1975.

Es un período que forma parte de la historia “subterránea” de la universidad, el

lado oscuro de una organización que luego se transformó en una fuerza política

hegemónica en la universidad y en Jalisco.

Esa dimensión generalmente poco explorada de la construcción histórica

de la U. de G. y de la creación y consolidación de la FEG como el centro político

organizador de la vida universitaria tiene que ver con esa relación entre violencia,

política y gobierno en la universidad. Más allá de la nobleza de la ideología o de

las intenciones que representaba la FEG (el proyecto popular-nacional, y luego

"antimperialista y democrático" que caracterizó a su discurso durante un largo

período), el recurso discreto o brutal de la violencia para mantener el control

político de la universidad se constituyó como el eje de su dominación entre los

grupos e individuos de la organización universitaria. Esa violencia, argumentada

y ejercida por sus dirigentes históricos como legítima para preservar su identidad

como organización político estudiantil, está en la base de la creación del mito

fundacional del que se alimentarán los sucesivos dirigentes de FEG desde la

muerte de Carlos Ramírez en 1975 hasta la reforma universitaria de 1989-1995.

212-220), y López Zárate (1996, págs. 221-224).

18

La imagen del líder estudiantil revolucionario, con derechos de impunidad

que iban desde la propiedad de autos chuecos hasta la posesión de armas, es

una imagen típica del fegista que creció amparado por las instituciones del poder

local en un contexto político no democrático y virtualmente monopartidista, donde

un pacto informal pero efectivo entre el “grupo UniFeg” y los sucesivos

gobernadores de Jalisco desde 1966 hasta 1995 (año en que gana por primera

vez las elecciones el PAN), garantizó en los hechos el ejercicio de un poder sin

contrapesos en la universidad más importante del estado, y un intercambio de

puestos y posiciones entre el gobierno local, el PRI y el grupo “UniFeg”.

En estas circunstancias, la oposición a la FEG en la universidad nunca

pasó más allá del papel testimonial, dado el hecho de que, luego del

enfrentamiento con la FER y en virtud del pacto político con los gobiernos priistas

locales y federal, el grupo universidad, disponía no sólo del monopolio del

ejercicio de la violencia sino también de los recursos para inhibir cualquier tipo de

oposición que alterara la estabilidad política interna de la organización. Con la

posterior creación y control de los sindicatos académico (Federación de

Profesores Universitarios) y administrativo (el SUTUdeG), el círculo de control y

dominación política se fortaleció, mientras que cualquier intento de crítica o

proyecto académico se desvaneció en un contexto de apatía, crisis financiera y

crecientes presiones externas por modificar el rumbo institucional.

La gobernabilidad institucional, es decir, la capacidad institucional para

atender las demandas internas y externas de la universidad, desde principios de

loa años setenta hasta finales de los ochenta, descansó así en dos pilares

básicos: una formidable estructura de férreo control político de un grupo

(UniFeg), y el ejercicio de un poder de distribución de recursos simbólicos y

políticos que garantizaba la estabilidad en el tiempo de ese grupo. Tal vez, eso

explicará posteriormente la ruptura de ese esquema y la desgracia política y

hasta personal de algunos de sus viejos promotores, empezando con el líder

moral del grupo, Alvaro Ramírez Ladewig. Luego de la crisis de ese modelo o

fórmula política de gobernabilidad institucional entre 1989 y 1992, la “nueva”

gobernabilidad ha sido el resultado de la articulación de los viejos patrones de

19

ejercicio del poder en la universidad basados en una extraña lógica de

gerenciamiento administrativo, liderazgo político y racionalidad burocrática. Sin

embargo, la lógica académica es todavía un “animal raro” en la vida institucional

de la universidad, con toda y las reformas organizativas, administrativas y

políticas que ocurrieron en los años noventa.

2.3 El proceso de reforma: la “política de las políticas” y el diseño de la agenda

(1989-1995)

El proceso de cambio en la administración sexenal de la Universidad de

Guadalajara que culminó el 1 de abril de 1989 con la designación, por parte del

gobernador del estado, del Lic. Raúl Padilla López como nuevo Rector de la

Universidad de Guadalajara había sido, como todos, un proceso complicado, pero

que se había resuelto en los términos en que por lo menos desde 1975 se elegían

los rectores en la universidad pública de Jalisco: mediante el acuerdo entre

dirigentes y exdirigentes de la todavía poderosa Federación de Estudiantes de

Guadalajara (FEG), aglutinado bajo la figura a la vez paternal y de liderazgo moral

representada por el Ing. Alvaro Ramírez Ladewig, hermano de uno de las figuras

fundacionales de la FEG, Carlos Ramírez Ladewig, asesinado en 1975 en

circunstancias extrañas.

Legitimado por el informal pero poderoso mecanismo de elección de rector

que luego se traducía en unanimidad en el Consejo General Universitario, Raúl

Padilla López anunció, desde su discurso de toma de posesión en el Paraninfo

Enrique Díaz de León, frente a los universitarios y sus dirigentes formales y

morales, el gobernador del estado y numerosos invitados, su deseo de emprender

una profunda reforma de la Universidad de Guadalajara, a fin de “modernizarla” y

colocarla como una institución de “excelencia académica”. Para ello, anunció la

instrumentación de una amplia reforma académica de la universidad, cuya agenda

estaría habitada por ocho grandes temas: Planeación, descentralización y

regionalización; modernización y flexibilización académico administrativa;

actualización curricular y nuevas ofertas educativas; fortalecimiento de la

20

investigación y el posgrado; profesionalización del personal académico;

vinculación con el entorno social y productivo; fortalecimiento de la extensión,

difusión de la cultura y el deporte; diversificación de las fuentes del financiamiento.

Pero sólo dos meses después de haber iniciado la nueva administración

estalló un conflicto político de gran envergadura y trascendencia para la

universidad. Así, un proceso de conflicto y reacomodo político entre los diversos

grupos universitarios ocurrió entre 1989 y 1992, que involucró a actores externos

de la universidad (partidos políticos, gobierno local y federal), y que dio por

resultado una nueva configuración del mapa político de las fuerzas organizadas en

la universidad. En momentos distintos, el sindicato de trabajadores administrativos

(el Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el

SUTUdeG), la organización de los profesores (la entonces Federación de

Profesores Universitarios, la FPU), y la organización estudiantil (FEG), se

convirtieron en espacios de disputa política entre los nuevos adversarios que

antes habían sido sólidos aliados políticos. El nuevo rector pronto construyó una

sólida plataforma de acción política que implicó el control de la dirección de los

sindicatos de administrativos y académicos, así como la promoción de un

referéndum entre los estudiantes para crear una nueva organización estudiantil (la

FEU), que sustituyera a la FEG. Por su lado, los grupos opositores al rector,

encabezados por Alvaro Ramírez Ladewig, el entonces presidente de la FEG

(Oliverio Ramos), y dirigentes importantes del PRI local que también eran

profesores universitarios (como el caso de el exdirigente fegista Félix Flores

Gómez, o el priista Bernardo González Mora), así como Horacio García Pérez,

expresidente de la FEG, y Enrique Alfaro Anguiano (el rector anterior a Raúl

Padilla López), emprendieron una campaña política encaminada a descalificar al

Rector y a su proyecto de reforma como “salinista”, “neoliberal” y, sobre todo,

“traicionera” en relación al antiguo pacto político e institucional forjado apenas una

década antes.3

Estos largos meses de conflicto y reacomodos pueden caracterizarse como

el período de la “política de las políticas” (Hall, 1993), es decir, el complejo

3 Una útil descripción periodística y anecdótica del enfrentamiento se puede encontrar en el texto de Olguín

21

proceso de acuerdos y negociaciones políticas para la formación de una coalición

de apoyo capaz de soportar y hacer viables la “idea” pero sobre todo las políticas

institucionales de la reforma universitaria. Mediante actos de medición de las

fuerzas entre los antiguos aliados, que incluyeron una batalla mediática pero

también escenas de violencia que involucraron también la toma de la rectoría y

otros edificios universitarios, y el encarcelamiento de estudiantes opositores al

proyecto de reforma, la acción política generó un nuevo escenario y arenas

políticas en la universidad. Pero hacia agosto de 1991, quedaba claro que la

disputa política había sido ganada por la alianza del rector Padilla. Con una

estrategia de dos frentes, una dirigida a desplazar a sus adversarios políticos de la

dirección de las organizaciones universitarias, y la otra mediante la organización

de varios foros, reuniones y seminarios donde se presentaron las ideas centrales

para la reforma de la universidad orientadas por la intención de crear una Red

Universitaria, permitieron a la coalición reformadora padillista alcanzar la

legitimidad política y académica que sus adversarios nunca lograron obtener. Fue

una estrategia ligada a los modos clásicos de hacer política en la universidad y en

cualquier otro espacio social: de un lado el uso de la coerción y la fuerza, ligada al

ejercicio de la autoridad; del otro lado, el empleo de la argumentación y el

convencimiento hacia el grueso de la comunidad universitaria. En esas

condiciones, la agenda de la reforma fue decidida a mediados de 1992: ocho ejes

de la reforma, entre los que destacaban la descentralización y regionalización de

la universidad, la profesionalización del personal académico, y de diversificación

de las fuentes de financiamiento (Acosta, 2000b; Arechavala, 1995; Gradilla,

1995). Con la reforma a la Ley Orgánica de 1952, el 31 de diciembre de 1993 se

sentaron las bases jurídicas que harían posible la instrumentación y legalización

de las reformas necesarias para encausar la agenda de las políticas, proceso que

requería del aseguramiento de la continuidad de la alianza política configurada

alrededor de la figura y el liderazgo de Padilla López en el período 1989-1994.

(2000, 149-176).

22

La ley orgánica de 1993

Sentadas las bases político-institucionales para la instrumentación de las

reformas diseñadas, en 1993 fue aprobada por el Congreso del estado la nueva

Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que sustituyó a la Ley vigente

desde 1952. Un intenso cabildeo del entonces rector universitario con el

gobernador priista Rivera Aceves (gobernador interino del estado, en sustitución

de Guillermo Cosío Vidaurri, que había solicitado licencia desde finales de 1992

tras las explosiones ocurridas en el sector reforma de Guadalajara), así como con

los diputados locales (en su mayoría priistas, como ocurrió siempre hasta 1995,

cuando el PAN alcanza el triunfo electoral en Jalisco), así como con diversos

sectores empresariales y sociales, permitió que la propuesta de ley elaborada por

el equipo del rector Padilla López pasara aprobada sin modificaciones tanto por la

Comisión de Educación como por el pleno del Congreso local.

La nueva ley orgánica introdujo modificaciones sustantivas al gobierno, la

administración y la organización de la universidad. La tradicional estructura de

escuelas y facultades que la universidad había adoptado desde su refundación en

1925, fue transformada en un conjunto de departamentos, divisiones y Centros

Universitarios Regionales (fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara) y

Temáticos (en la ZMG). La administración central de la universidad fue

transformada en una Rectoría General elegida por el Consejo Universitario (y ya

no producto de la designación del rector por parte del gobernador del estado),

fortalecida por un Vicerector Ejecutivo y un Secretario General, y un conjunto de

coordinaciones generales dedicadas a administrar los recursos y las decisiones

clave de la institución. A su vez, los Centros Universitarios cuentan cada uno con

un Consejo Universitario que propone una terna al rector general para designar al

rector del centro, y un conjunto de instancias de gobierno y administración que

descansan en una compleja estructura de divisiones, departamentos, centros de

investigación y academias donde se organizan las labores de docencia,

investigación y difusión y extensión universitaria.

23

Con esta nueva estructura organizativa y de gobierno, la coalición

reformadora que había surgido en el período anterior podría establecer los nuevos

límites de su autoridad y el nuevo perfil del ejercicio del poder institucional.

Desplazados de la arena política los grupos antagónicos (los nuevos perdedores

en la redistribución del poder que significó la reforma), los ganadores encontraron

un amplio campo de acción para la instrumentación de las reformas

administrativas y académicas que habían ocupado el corazón de su discurso

ideológico de cambio.

3. La instrumentación de las reformas de “primera generación” (1995-2001)

Con la construcción de las bases organizativas, políticas y normativas de la

reforma universitaria, la elección de un nuevo rector tenía que responder a la

necesidad de instrumentar las reformas diseñadas y consolidarlas en el período

1995-2001. El Rector General elegido fue el Dr. Victor González Romero, un

ingeniero químico con una alta reputación académica en el campo de los

polímeros, y que en el período del Rector Padilla López había fungido, desde

1994, como Vicerector Ejecutivo de la Universidad. Por primera vez en las últimas

dos décadas, el nuevo rector general no pertenecía a las filas de la FEG, y la

cercanía política con el proyecto iniciado por Padilla López lo colocaba en una

posición de continuidad con la alianza que soportaba los intereses políticos

asociados a la reforma de la universidad.

Para el nuevo Rector General de la U. de G., cuatro eran las políticas a

seguir para la instrumentación de la “Red Universitaria de Jalisco de la

Universidad de Guadalajara”: 1) servir al “desarrollo sustentable de Jalisco”; 2) que

el gobierno de la Red debía tener “un sentido académico”; 3) “integrar horizontal y

verticalmente la estructura de la Red”, y 4) “operar con una economía institucional

sólida” (U. de G., 1996, p.22). A partir de esta políticas generales, se identificaron

un conjunto de programas y subprogramas de acciones institucionales orientados

a cristalizar las intenciones y objetivos de la nueva administración (U. de G., 1996,

p.22-27). En esta lógica, se identificaron nueve campos o áreas de acción sobre

24

las cuales se aplicarían nuevas reformas o se consolidarían las reformas iniciadas

en el sexenio anterior: “personal académico”, “alumnos”, “programas docentes y

organización académica”, “investigación”, “extensión y vinculación”, “apoyos

académicos”, “financiamiento”, “administración”, y “gobierno” (Ibidem., págs. 49-

122).

Entre 1996 y el 2001, varios esfuerzos institucionales se encaminaron a

cumplir estos objetivos, estrategias y programas. Se crearon y aplicaron un

ambicioso conjunto de becas para promover la obtención del posgrado entre los

profesores de carrera (apoyados por el PROMEP pero también con recursos

propios); se desarrollaron programas de estímulos económicos para el

desempeño docente y para formación de grupos de liderazgo académico; se

estableció un reglamento para el ingreso y promoción del personal académico; se

establecieron cambio en el reglamento de ingreso de los alumnos a la universidad,

lo que incluyó la contratación del College Board para diseñar aplicar exámenes de

admisión y el incremento de las cuotas escolares; se impulsó también el

establecimiento y consolidación del sistema de créditos en las diversas carreras

universitarias, con la intención de hacer más flexible y veloz las trayectorias

escolares; se amplió y diversificó notablemente la oferta de los posgrados que

ofrece en la universidad, tanto los profesionalizantes como los de investigación.

También se desarrollaron estrategias para arraigar y desarrollar la investigación

en los departamentos académicos; se establecieron programas y acciones de

vinculación con varias entidades y agencias locales y federales; la universidad

llenó sus campus universitarios con computadoras, sistemas de información,

acceso a internet y equipos de telecomunicación que facilitaron el tránsito de una

era “pretecnológica” a una cibernética; se logró mantener el financiamiento

público federal y local como el eje de los recursos financieros de la universidad; se

reorganizó la administración de la universidad, incrementando el número de

mandos medios y altos; se impulsó la consolidación de los órganos colegiados del

gobierno universitario mediante la promulgación de un conjunto de reglamentos y

creación de nuevas instancias (consejos técnicos, consejos consultivos, etc.), que

facilitaran el proceso de planeación y evaluación de la red.

25

No es posible hacer aquí una descripción detallada de estas acciones. La

información empírica que puede demostrar la magnitud, consistencia y efectos de

estas acciones en el período 1995-2001 aun esta en proceso de recolección y

análisis. Sin embargo, es posible señalar que lo que se puede observar, con los

datos y primeras impresiones disponibles, es que, frente a una gran cantidad de

cambios significativos en las condiciones y estructuras del desempeño

institucional, existen también un conjunto de promesas no cumplidas e ineficacias

institucionales en el campo específicos de la vida académica universitaria. Frente

a los intentos de separación de las decisiones políticas en las decisiones

académicas, paradójicamente, lo que es posible observar es el incremento de la

influencia de la política sobre la academia, en virtud del nuevo esquema de

gobernabilidad, que no de gobierno, que se ha desarrollado al lado del despliegue

de la reforma universitaria. Ello puede explicar el proceso de re-politización que

parece invadir la esfera académica de la universidad, que incluye tanto el

nombramiento de puestos de dirección académica como en las políticas de

desarrollo de las actividades de docencia e investigación.

3.1 Los varios patios de la reforma: un primer balance internalista

3.1.1 El patio político

Luego de una década de cambios en diversos campos de la acción institucional es

necesario reafirmar la centralidad de la dimensión política en la hechura e

implementación de las políticas de reforma institucional de la Universidad de

Guadalajara, tanto como fuerza impulsora o “motor” de los cambios registrados en

los años noventa pero también como el núcleo explicativo básico del proceso, de

sus logros, de sus limitaciones y de sus "promesas no cumplidas". La vieja

coalición de poder que aseguró la estabilidad y el dominio de un grupo aglutinado

en la FEG durante casi dos décadas (1970-1990), se fracturó desde 1989 con la

reformulación de los términos del intercambio político entre los grupos que antes

habían sido aliados. Un ejercicio de mapping de la antigua configuración (el ancien

26

regime) podría identificar a grupos ligados al PRI y al gobierno del estado (entre

los que se encontraban exgobernadores priistas, diputados y senadores de ese

partido, así como altos funcionarios de la burocracia estatal y municipal local)

aliados con el denominado grupo universidad, conformado por un líder moral y

político (Alvaro Ramírez Ladewig) y los presidentes de la FEG desde el período

1973-1975 hasta el período 1987-1989 (que a su vez controlaban diversas franjas

específicas del estudiantado y del sindicalismo universitario).4 Esa coalición

silenciosa se constituía como el eje de todas las redes organizadas de poder en la

universidad, y constituía un poderoso frente interno contra las intromisiones de

grupos "extraños" al proyecto universitario que representaban.

El desmantelamiento primero paulatino y luego acelerado de la vieja

coalición de poder tiene una historia tuvo su origen en los reclamos de un grupo

ascendente que comenzó a desafiar las restricciones del estilo clientelar y

partimonialista del ejercicio del poder asociado a la centralidad del líder moral de

la universidad. Pero el grupo emergente liderado por Padilla López empleó esos

mismos métodos políticos de control y negociación con el resto de los grupos de la

universidad para rearticular una coalición reformadora no solo de los estilos

caciquiles universitarios, sino también para aglutinar a un nuevo grupos de

intereses que emergían lentamente entre la pesada estructura burocrátiuca y

académica universitaria. En un contexto de malestar académico y salarial

generalizado luego de varios años de restricciones presupuestales y condiciones

deficientes para el desempeño académico, el discurso de una reforma

4 La relación completa de esos grupos y liderazgos en la FEG es la siguiente: 1973-1975, José Manuel Correa Ceseña, con filiaciación priista, y luego diputado local por ese partido (1975-1978), Secretario General de la Universidad (1983-1989), Jefe del Departamento de Educación Pública del gobierno estatal (1989-1994) y actualmente (2000-2003) diputado federal por el PRI; 1975-1977, Félix Flores Gómez, militante priista y luego sucesivamente diputado local y federal por el PRI (entre 1979 y 1986); 1977-1979, Raúl Padilla López, sin filiación partidista y luego rector de la universidad (1989-1995), y diputado local por el PRD(1998-2001); 1979-1981, Horacio García Pérez, sin filiación priista, luego dirigente local del PSUM (1982-1985) y dirigente del Partido de la Revolución Socialista (PRS); 1981-1983, Gilberto Parra Rodríguez, sin filiación partidista y luego dirigente estatal del PRD (1996-1997) y diputado federal por ese partido (1997-2000); 1983-1985, José Trinidad Padilla López, sin filiación partidista y luego funcionario universitario (1989-1995), Secretario General de la universidad (1995-2001) y actual rector general; 1985-1987, Tonatiuh Bravo Padilla, sin filiación partidista y luego funcionario universitario (1989-1995), diputado federal por el PRD (1995-1998), regidor por ese partido en el ayuntamiento de Guadalajara (1998), y actual rector del CUCEA de la U. de G., reelegido para un segundo periodo (2001-2004); 1987-1990, Oliverio Ramos Ramos, sin filiación partidista, luego ligado al PRS y figura con el que inicia el declive de la FEG. (Fuentes: Gradilla, 1995;

27

modernizadora de la universidad se convirtió en una poderosa herramienta

ideológica que rápidamente colocó a muchos de los grupos aliados a Ramirez

Ladewig como los enemigos de una genuina transformación de la universidad. Por

su parte, los seguidores que se aliaron con Ramirez Ladewig para impedir que

avanzara el proyecto de reforma acusaron a Padilla López de ser un "traidor" del

proyecto de la universidad “antiimperilista, democratica y popular” que había

iniciado Carlos Ramírez Ladewig desde los primeros años setenta y por los que,

según sus seguidores, había sido asesinado.5

La intensa lucha política que se escenificó en la universidad entre la

segunda mitad de1989 y hasta finales de 1993 explica en buena medida el

incremento de la capacidad política del rector Padilla para instrumentar reformas

institucionales de diverso alcance y profundidad. Desde el diseño de la agenda de

las políticas de la reforma hasta la promulgación de una nueva ley orgánica en

diciembre de 1993, los diversos mecanismos, estrategias y espacios de

negociación de la reforma fueron posibles dado el control político que la nueva

coalición había alcanzado en la universidad. Era una coalición que reagrupaba

algunos de los viejos liderazgos de priistas, expriistas y expresidentes de la FEG

en torno a la figura institucional del Rector Padilla, y que implicó la rápida re-

localización de redes de poder, intereses y expectativas en torno a una

transformación de la universidad.6

Acosta, 2000b; Olguín, 2000). 5 El propio Alvaro Ramiírez Ladewig marcó la ruptura con el rector Padilla en agosto de 1989, cuando en un periódico local fue publicada una carta dirigida a los universitarios donde señala, entre otras cosas, que el rector se había vuelto parte “de una conspiración reaccionaria en nuestra Universidad”, y que había “engañado” a los “verdaderos universitarios” (EL Occidental, 1 de agosto de 1989). Años más tarde, con la publicación de un libro “testimonial”, acusa repetidamente a Raúl Padilla de convertirse en un “traidor” del proyecto de universidad por el que había luchado juntos (Ing. Älvaro Ramirez Ladwig, Historia de una traición, editorial Apocalíptica, Guadalajara, 2000, págs. 111-149.) 6 De hecho, dos visiones dominan la histria de la FEG vistas desde la pesrpectiva de los ganadores y perdedores del conflicto. Así, en una entrevista periodística a próposito de los 50 años de la FEG, el exrector Padilla y para entonces diputado local por el PRD, declaraba que "La FEG es un pequeño Frankenstein, respaldado por el gobierno panista, parea llevar acciones sobre pedido. Es un instrumento de grupos de interés miopes y de sectores de gobierno" . Por su parte, Horacio García Pérez, expresidente y adversario de Padilla durante el conflicto, señalaba que la FEG "no estaba muerta sólo debilitada" Y recordaba, con cierta nostalgia como, cuando había problemas con las autoridades "me comunicaba con el gobernador en turno, y me recibía la llamada, porque había una fuerza organizada". Entrevistas publicadas en el periódico Público, martes 13 de julio de 1999, p.5, Guadalajara.

28

Con una plataforma política de lanzamiento del proyecto reformador

asegurada, la definición de la agenda de la reforma y la posterior instrumentación

de la misma transcurrieron por las renovadas estructuras del dominio político de la

coalición reformadora con el Rector Padilla a la cabeza. Una nueva organización

estudiantil, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), sustituyó desde

1994 a la vieja FEG, y los sindicatos académicos y de administrativos se sumaron

luego de breves período de conflictos internos al proyecto de reforma de la

administración en turno. La obediencia política que se desprendió de los nuevos

arreglos institucionales adquirió carta de naturaleza entre los diversos grupos

universitarios, y pronto el proyecto de reforma fue legitimándose interna y

externamente. La "políticas de las políticas" de la reforma había cerrado el ciclo

inicial, aunque luego reaparecería con fuerza en el proceso de instrumentación de

los cambios organizativos y administrativos de la universidad. Sin embargo, la

vieja fórmula política que caracterizaba a la universidad en los tiempos del antiguo

orden político universitario no desapareció, sino que se combinó de manera

azarosa y confusa con una lógica académica que emergía lentamente en algunos

espacios de la vida institucional, producto precisamente del estímulo a la

participación que el propio proyecto de reforma, al menos discursivamente,

planteaba.

Pero en realidad la política siguió ocupando un papel central a lo largo del

proceso de reforma. Los esfuerzos por descentralizar decisiones y recursos, por la

departamentalización y la creación de centros universitarios, o por crear nuevas

plazas académicas o administrativas, siguió siendo un proceso altamente

politizado, y dirigido a reforzar el poder de los grupos directa o indirectamente

beneficiados en la toma de decisiones al respecto (Arechavala, 1995). Se asistió

así a la multiplicación de las redes de poder en la universidad pero también al

reforzamiento de los estilos clientelares del ejercicio del poder administrativo e

incluso académico en la institución. Ello explica, tal vez de manera central, el

curso de los acontecimientos y los efectos limitados de la reforma en el núcleo

duro de todo el proceso, que es el del desarrollo de una sólida vida académica

institucional claramente diferenciada de la esfera política de la universidad.

29

Resulta interesante observar como al lado de nuevas figuras en la

coordinación de las actividades universitarias (los “funcionarios-gestores”)

emergieron en los últimos años unas extrañas figuras que podríamos denominar

como “funcionarios-investigadores”. Se trata de funcionarios en el desempeño de

actividades de dirección institucional que a la vez siguen formando parte de la

planta académica de profesores-investigadores o docentes de tiempo completo.

Es una combinación de burocracia administrativa con académicos de base, pues

los funcionarios suelen recibir sus ingresos de ambas fuentes, con el objeto de

hacer atractiva la función directiva en la universidad, dados los limitados recursos

para ofrecer honorarios decorosos a la burocracia universitaria media y alta. Sin

embargo ello lleva a una distorsión grave en la vida universitaria, puesto que los

directivos juegan el papel de jueces y partes de la acción institucional, y la vida

académica de la universidad se encuentra entonces atrapada en una espesa e

intrincada red de complicidades burocráticas que termina por inhibir la creación de

sólidas trayectorias académicas que alimenten la autonomía de la investigación y

la docencia universitarias. Ello, por supuesto, no es un fenómeno singular de la U.

de G., sino parece ser más o menos generalizado en muchas universidades

públicas.

3.1.2 El patio organizativo

El eje de la reforma administrativa y organizacional de la universidad fue el

de la descentralización y la departamentalización universitaria. En el primer caso,

se crearon un conjunto de Centros Universitarios Metropolitanos y Regionales, y

en el segundo, la creación de un conjunto de divisiones, departamentos y

academias. Para llegaron a ello, se tomaron en cuenta las experiencias de

modelos universitarios canadienses, franceses y estadounidenses que han

funcionado en forma de red, y, para el caso mexicano, el modelo de la Universidad

Autónoma Metropolitana. 7

7 Específicamente, se analizaron los casos de la Universidad de California, La Universidad de Québec, la Universidad de París, la Universidad Estatal de Nueva York, y la UAM, con sus tres unidades (Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa). (U. de G., 1990a; 1992).

30

Formalmente, la decisión de integrar los centros universitarios descansó en

dos criterios. Para el caso de los Metropolitanos, ubicados en la capital del estado,

se agruparon carreras, disciplinas y centros de investigación en base a perfiles

temáticos, lo que dio por resultado la creación de 6 centros universitarios

“temáticos”: Ciencias Económico Administrativas, Ciencias de la Salud, Ciencias

Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas e Ingenierías, Arte Arquitectura y

Diseño, y Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En lo que respecta a los centros

regionales, el criterio fue el de la cobertura geográfica y el grado de influencia

regional, lo que dio por resultado la creación inicial de centros regionales: el de

Los Altos, el de la Ciénega, el del Sur, el de la Costa Sur, y el de la Costa.

Posteriormente, en los primeros meses del 2000, se tomaría la decisión de crear

dos campus universitarios regionales más: el de Los Valles y del Norte.

Sin embargo, estos criterios formales se superpusieron pronto con la

dinámica política de articulación de los intereses de los diversos grupos y

subgrupos políticos de la universidad. Los Centros Temáticos y Regionales se

convirtieron desde su creación en los nuevos espacios de lucha política de la

universidad, donde los liderazgos políticos y académicos de fundieron en un solo

espacio de articulación, y donde las lealtades al rector general se disputaron los

nuevos espacios de poder. Una vez tomada la decisión de crear esos Centros, la

dinámica política se concentró en buena medida en la creación de “micro-alianzas”

que garantizaran, en la escala de esos nuevos espacios organizativos y

administrativos, la influencia combinada de intereses “externos” (administración

central de la universidad) e “internos” (el o los grupos que se distribuyen el poder

en cada centro).8

3.1.3 El patio de la comunidad universitaria

Los estudiantes

8 Un estudio de caso reciente muestra esa compleja dinámica de conflictos, alineamientos y acuerdos que definieron entre 1994 y el 2000 el establecimiento y estructura de los centros universitarios (López, 2001).

31

Uno de los saldos positivos y no menor de la reforma universitaria tiene que

ver con un asunto elemental pero central para calcular el tamaño de la

universidad: la confianza en las cifras sobre los estudiantes realmente existentes

en la institución. Hasta 1994, las cifras de estudiantes matriculados en la

universidad respondían a claros criterios de maquillaje dadas las exigencias reales

o imaginarias de calcular el presupuesto de cada universidad en base al número

de alumnos registrados. Ello significó, como bien lo sabemos, un estímulo

poderoso a la inflación de las cifras de estudiantes matriculados por parte de las

autoridades universitarias. Sin embargo, al cambiar los criterios del financiamiento

incremental indiferenciado a las universidades públicas, el número de alumnos

pasó a ser sólo uno de los indicadores para otorgar subsidio público a dichas

instituciones. En estas circunstancia, desde mitad de los años noventa, la U. de

G., como otras universidades del país, comenzó una reforma en sus sistemas de

conteo de estudiantes que implicaron una reducción significativa de la cantidad de

alumnos que año con año se daba a conocer públicamente. Es ese factor, y no

una reducción real de la matrícula, la que explica que de 1990 a 1995, la matrícula

oficial de la universidad haya disminuido en casi un 30%, y que a partir de este

último año y hasta el año 2000, la cifra se haya incrementado en un 28%.9

Ello no obstante, las cifras de rechazados para ingresar al bachillerato al

nivel superior de la universidad se han incrementado en los últimos años debido,

por un lado, a las nuevas políticas de admisión de alumnos, y por el otro, a la

creciente incapacidad financiera y de infraestructura de la universidad para

absorber a un mayor número de solicitantes, lo que se ha convertido en una fuente

permanente de conflicto de la universidad con el gobierno estatal y con el gobierno

federal.

Desde un punto de vista más cualitativo es preciso señalar que el perfil de

los estudiantes también cambió dado el cambio en las reglas de admisión a la

universidad. Hasta antes de 1996, el ingreso a la universidad estaba débilmente

9 Los datos son los siguientes: en el ciclo escolar 1990-1991, la cifra oficial de estudiantes de la universidad era de 195 802. En 1995-1996, la cifra fue de 138 679 alumnos. En el ciclo 2000-2001, alcanzó la cantidad de 178 054 estudiantes. (Fuente: Unidad de Desarrollo Institucional, U. de G.; reportes solicitados en junio, 2001).

32

regulado. La aplicación de algunos exámenes de admisión se superponían con la

presión política que los grupos ligados a la FEG, a los sindicatos o a la burocracia

universitaria podían emplear para colocar en condiciones favorables la admisión

de sus “clientelas” políticas a alguna preparatoria o a alguna carrera universitaria.

Con las reformas de primera generación, ocurrieron dos cambios muy importantes

en el proceso de admisión. De un lado, la contratación de los servicios del College

Board de Puerto Rico para diseñar e instrumentar el proceso de selección de los

alumnos. De otro lado, el incremento de las cuotas escolares que no habían sido

alteradas en más de cuarenta años.

Hay aquí una diferencia importante respecto a la administación 1989-1995.

Mientras que en esta la cuestión del proceso de selección y de las cuotas no

formaban parte de la agenda de la reforma universitaria diseñada en 1992, las

autoridades del período 1995-2001 sí la incluyeron como parte de los cambios

necesarios para elevar la calidad del desempeño académico de los estudiantes

universitarios. Así en el Plan Institucional de Desarrollo 1995-2001 se señalaba:

“Durante los últimos años, la universidad ha venido realizando esfuerzos para

mejorar la calidad, las condiciones de estudio y los servicios que proporciona a

sus estudiantes. Dentro de estas acciones destacan las siguientes: el

mejoramiento de los proceso de selección de alumnos mediante la aplicación de

pruebas(….) con el fin de ofrecer educación de calidad a quienes demuestren

contar con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes para cursar

exitosamente estudios de nivel medio superior y superior” (U. de G., 1996, 64-67).

Sin embargo, como señala un estudio reciente, los cambios en las reglas de

admisión instrumentadas desde 1996 “no han propiciado cambios sustanciales en

el rendimiento de los alumnos” (Ochoa, 2000: 216) . Además, un resabio político

de corte corporativo (“el derecho de sangre”) pactado entre los sindicatos de

trabajadores administrativos y académicos con las autoridades universitarias a

partir de la instrumentación del nuevo reglamento de ingreso de los alumnos,

permitió que los hijos de los trabajadores universitarios gozaran de un virtual “pase

automático” a las diversas preparatorias y carreras universitarias, lo que equivale

en los hechos a distorsionar el principio de equidad de las pruebas y exámenes de

33

admisión a la universidad. Ello se refleja en el hecho de que “el pase automático

de los hijos de los trabajadores universitarios agudiza aún más el problema de los

rechazados con altos puntajes” (Ochoa, 2000: 217).

Los profesores

Por el lado del profesorado universitario, tal vez el dato más importante sea

el referido al crecimiento de la planta académica en la década de los noventa. Así,

mientras que en 1990 se registraban un total de 4 380 plazas de profesores (lo

que incluye maestros de tiempo completo, medio tiempo y profesores de

asignatura), en el año 2000 esa cantidad se incrementó a 10, 117 profesores (lo

que incluye, luego de un proceso de homologación de los nombramientos en

1994, a profesores-docentes, profesores-investigadores y profesores de

asignatura), es decir, un incremento del 130% en la década (ANUIES-SEP, 1992;

2000). Este crecimiento supera con creces el ritmo de incremento de la matrícula

en el mismo período y constituye un fenómeno a estudiar con más detalle.

Sin embargo existen dos posibles razones que explican este incremento

espectacular. De un lado, la creación de un tabulador académico que reorganizó

los puestos académicos en la universidad, y de otro lado la contratación de cientos

de profesores por horas o de asignatura luego de la creación de los centros

universitarios y el sistema de enseñanza media superior. En otras palabras, el

crecimiento ocurrió por la transición de una baja diferenciación de los puestos

académicos (que antes de la reforma sólo se registraban por tiempo de

dedicación) a un sistema de alta diferenciación (donde los criterios ahora son de

dedicación pero también de antigüedad, grado académico y especialización a la

docencia o a la investigación). Pero, al igual que en el pasado, el crecimiento

también se explica por la contratación masiva y predominante de profesores de

asignatura, más que por la vía de los tiempos completos o medios tiempos. Ello,

en cualquier caso, todo caso, refleja un crecimiento de la masa docente y de

investigación que implica nuevos problemas y oportunidades para la organización

académica de la universidad.

34

3.1.4 El patio del gobierno universitario

Max Weber señalaba agudamente que una de las transformaciones clave

de la vida moderna de las instituciones era la “burocratización de todo dominio”, lo

que incluye, por supuesto, a organizaciones del saber como la universidad. De

hecho, la tensión entre una tendencia a la burocratización de la vida social y la

tendencia a ampliar los márgenes de libertad y grados participación de los

individuos y los grupos en las organizaciones, forma parte de la dinámica conflicto

y legitimidad de las sociedades modernas (Weber, 1984:173-179) Ello puede

aplicarse también para las universidades como organizaciones burocráticas,

donde la creciente complejidad de sus funciones se agrega también una

diferenciación funcional en las tareas de gobierno y administración de esas

funciones.

En la agenda de la reforma universitaria de la U. de G. de 1992 se

identificaba a la excesiva “burocratización” y el “centralismo” administrativo como

problemas a resolver con una estrategia de desconcentración, descentralización y

regionalización de la institución (U. de G.,1990b). Se proyectaba una

“desburocratización” de la universidad. Sin embargo, lo que ocurrió entre 1994 y el

2001 en la U. de G., es que la reforma del gobierno universitario no implicó la

desburocratización de la universidad sino más bien “otra burocratización” de la

institución. La mutliplicación de los centros de decisión de la universidad fue

acompañada de un incremento de la fortaleza de los grupos políticos reformadores

en los puestos altos, medios y y de “ventanilla” de los centros universitarios y del

sistema de enseñanza media superior. Ello ha dado por resultado que el gobierno

de la universidad se ejerza mediante una multitud de dispositivos administrativos y

burocráticos que como en toda organización suelen generar una lógica de

expansión anárquica de su dominio. La vieja “profecía” weberiana (o maldición,

según quiera verse) de la “burocratización de todo dominio”, volvió a cumplirse.

35

Un dato resulta interesante en esta perspectiva: el incremento de los

puestos de dirección altos y medios de la universidad. Así, mientras que en 1993

aparecían registrados un total de 258 puestos de este nivel en toda la universidad,

en el año 2000 aparecen registrados un total de 946 puestos de ese nivel, lo que

representa un incremento de más de 2.6 veces en el período.10 Ese crecimiento

también puede ser explicado por la multiplicación de los puestos medios y altos de

dirección de la universidad debido a la delegación de nuevas funciones y

competencias en el proceso de desconcentración y descentralización de la

universidad. Sin embargo, ello explica también la creación de una poderosa

burocracia universitaria cuyos intereses aparecen estrechamente ligados a la

distribución del poder en la universidad. Desde los rectores de los centros

universitarios hasta los directores de división, jefes de departamentos académicos,

jefes de unidad y coordinadores de carrera, la lucha por los puestos es una

dimensión que revela con cierta claridad los nuevos códigos de la competencia

política por el poder en la universidad, y los espacios donde es posible observar

con nitidez las dificultades asociadas a una reforma académica de la universidad. .

3.1.5 El quinto patio y la "promesa no cumplida" de la reforma universitaria:

la reforma académica

Si bien es cierto que ocurrieron claros cambios institucionales en la esfera

organizativa, administrativa y de gobierno de la universidad, hasta el presente no

se ve con claridad el efecto positivo de esos cambios en la vida académica regular

de la universidad. La departamentalización y la creación de centros universitarios

reestructuraron los espacios del ejercicio académico de la universidad, pero ello

no ha afectado en gran medida las prácticas académicas de la institución, algo

que por supuesto tiene que ver con la cultura académica prevaleciente pero

también con la delicada estructura de incentivos y constreñimientos a la "acción

colectiva académica" de la universidad.

10 Fuentes: para 1993: U de G., 1994, p. 5; para 2000: Datos proporcionados por la Oficialía Mayor de la U.

36

Aunque ahora existe una parte del profesorado y de los investigadores que

gozan de mejores condiciones salariales y de infraestructura para la realización de

un mejor trabajo académico, ello no se ha traducido aún en la generalización de

procesos de formación de investigadores y de docentes que reproduzcan la planta

académica de la universidad. La disputa por los estímulos y los reconocimientos

transcurre por un conjunto de comisiones y reglamentos cuyo eje común es la

discrecionalidad en la asignación de dichos recursos. Y en no pocas ocasiones,

dicha discrecionalidad está relacionada con el funcionamiento de redes informales

de afiliación e interés político que terminan por subordinar el principio de

imparcialidad académica a las prácticas clientelares de distribución de los

estímulos. Ello ha generado un malestar latente entre varias comunidades

académicas, cuyo reclamo es el respeto a los reglamentos y la evaluación de las

comisiones encargadas de decidir el otorgamiento de estímulos en la institución.11

Al igual que en otras universidades, prácticas de simulación académica,

tradiciones burocráticas en la docencia e irrelevancia e insuficiencia de las tareas

de investigación forman parte de las promesas no cumplidas de la reforma

académica. Ello es por supuesto un asunto complejo, que tiene que ver con la

“cultura universitaria”, pero también con la estructura de incentivos a la acción de

los académicos. Así, por ejemplo, el estímulo a cursar un posgrado ha llevado al

conocido fenómeno de la creación de posgrados para el autoconsumo, o a cursar

posgrados de dudosa calidad en otras instituciones educativas del estado, del país

o, inclusive, del extranjero. La búsqueda de puestos directivos se ha consolidado

como un rasgo complementario a la vida académica de la universidad, lo que lleva

en lo hechos a una doble carrera (los “funcionarios-investigadores”) que termina

por confirmar la subordinación académica a la lógica política o burocrática.

Pero es en la dimensión del proceso de aprendizaje con los alumnos donde

la vida académica muestra sus limitaciones y efectos perversos. Aunque con

de G. , diciembre, 2000. 11 En un ejercicio de autoevaluación realizado por profesores e investigadores de un departamento académico de un centro universitario metropolitano, se señalan esas distorsiones y reclamos como parte de los retos para avanzar en una genuina reforma académica de la universidad. “En el camino del cambio: seis años de departamentalización”, Autoevaluación del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCEA, Resumen Ejecutivo, abril de 2001 (inédito), Guadalajara, Jal.

37

tecnologías avanzadas y aún con procesos de enseñanza virtual, muchos

profesores siguen dictando las mismas clases con el mismo método y estilo de

siempre, lo que perpetúa la rigidez y la irrelevancia de los viejos métodos de

enseñanza. En un contexto donde la evaluación sistemática y multivariada es aún

un desafío, la costumbre y la tradición siguen formando parte del paisaje de las

prácticas académicas de la universidad que supuestamente estaban en el centro

de la reforma universitaria iniciada desde hace poco más de una década. No hay

duda de que existen zonas académicas de la universidad que se han visto

favorecidas con las reformas organizativas y la instrumentación de programas de

estímulos al desempeño académico; sin embargo, existen amplias zonas y

parcelas de la vida universitaria que están dominadas por la simulación y las

complicidades en la distribución de los recursos y estímulos, y por una suerte de

“socialización de la “irrelevancia” de varias de las carreras, las prácticas docentes

y la investigación que se realiza en los centros universitarios. A manera de

hipótesis, puede apuntarse que la reforma académica ha avanzado mejor en

aquellas zonas donde ya existía una tradición de investigación, mientras que en

las zonas nuevas (la mayoría) la reforma es prácticamente inexistente.

4. Conclusiones

Tal vez la principal consideración general que puede extraerse de esta primera

aproximación a un balance de la reforma en la U. de G. sea que la reforma

académica es el gran asunto pendiente de la primera generación de reformas de

la institución. De hecho, el nuevo rector de la universidad, elegido para el período

2001-2007, José Trinidad Padilla López (hermano de rector que inició la reforma

en 1989) anunció en su toma de posesión, el pasado 1 de abril de este año, que

esa será su intención para los próximos años.12 Aunque no es menor el efecto de

algunas reformas instrumentadas en la década de los noventa en la vida

12 Según información publicada en la Gaceta Universitaria, las líneas generales de trabajo de la nueva administración contemplan: "Crecimiento de la matrícula, gestión de calidad, excelencia y consolidación del tejido académico y de liderazgo, evaluación del sistema de créditos, avances para la descentralización de la red"... U. de G., Gaceta Universitaria, nueva época, año 1, n. 202, 23 de abril de 2001, p. 1-3.

38

académica, que han inducido cambios positivos y empíricamente verificables en la

orientación y en el contenido de ciertas labores académicas en parcelas

específicas de la vida institucional, también es posible observar efectos perversos

e imposibilidaes para la multiplicación de esos efectos positivos en la creación de

una verdadera reforma académica en la universidad, aunque eso de “verdadera”

tendría que disponer de cierto modelo o visión de la que ahora se carece. De

cualquier forma, la reforma académica es todavía una asignatura pendiente de la

reforma, y tal vez esa asignatura tendría que ser la base de la segunda o tercera

generación de reformas institucionales en la U. de G. Ello exige precisiones,

condiciones y decisiones sin las cuales todo intento de reforma académica

quedará en una mera probabilidad o, pero aún, en un sueño. Si, como decía

Flaubert, “Dios está en los detalles” , habría que pensar que una nueva agenda de

la reforma tendría que estar llena de detalles, capaces de evaluar los logros y,

sobre todo, de seguir estudiando la endiablada complejidad de nuestras “Ciudades

del Intelecto”, como alguna vez les denominó el viejo profesor Kerr.

39

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