linchamientos y lucha política en los andes - el...

El Cotidiano 140 115

Carlos M. Vilas*

Linchamientos y lucha políticaen los Andes

Los linchamientos son presentados generalmente como reacciones ante lainseguridad y la ineficacia del Estado para prevenir o reprimir el delito. Existe algunaevidencia, sin embargo, sobre la vinculación de casos de linchamientos con lasluchas políticas en curso, como los asesinatos de Tomás Eloy Alfaro (Ecuador 1912),Gualberto Villarroel (Bolivia 1946) y otros menos notorios estudiados en trabajosprevios del autor. En 2004, dos municipalidades en la región aymara de los Andesen Perú y Bolivia fueron escenario del linchamiento de dos alcaldes, en medio deagudos conflictos políticos internos y entre las respectivas comunidades y el co-rrespondiente Estado. Este documento discute ambos casos como ilustracionesde la articulación conflictiva de la política local los procesos e instituciones de másamplio alcance, en escenarios caracterizados por la pobreza generalizada y ruptu-ras etnoculturales.

La persistente comisión de lincha-mientos en varios países latinoameri-canos como forma de resolución deconflictos cuestiona buena parte delsaber convencional respecto de losprocesos de modernización, democra-tización y ciudadanía. En general, y condiferencia de matices, la literatura aca-démica dedicada al tema plantea treshipótesis básicas de explicación delfenómeno: i) el linchamiento comoreacción colectiva en escenarios deinseguridad física; ii) el linchamientocomo expresión de pluralismo jurídi-co en sociedades multiculturales; iii)el linchamiento como producto de lacrisis y descomposición de un orden

social. Muy esquemáticamente, ejem-plos de la primera hipótesis serían loscasos de linchamientos de delincuen-tes ante la ausencia o la ineficacia po-licial; la segunda hipótesis estaríailustrada por los linchamientos eje-cutados en algunas comunidadesétnicamente diferenciadas del resto dela sociedad, mientras que ilustracionesde la tercera hipótesis serían los lin-chamientos ejecutados en Guatemalacon posterioridad al fin del conflictobélico, los que se han estado come-tiendo en Haití en los años recienteso, típicamente, los linchamientos en elsur de Estados Unidos tras la guerracivil. Obviamente las hipótesis no sonexcluyentes y frecuentemente se con-jugan en cada caso sometido a exa-men.

En esas hipótesis, los linchamien-tos son enfocados como formas bru-tales de lucha por el poder de aplicarnormas de conducta, sancionar deter-minados hechos y reivindicar una cier-ta autonomía respecto y en contra delpoder estatal. Algunos autores lleganincluso a interpretar los linchamien-tos y otras formas de apropiación pri-vada de la violencia punitiva comoformas extremas de negociar con elEstado transformaciones estructura-les que permitan el reconocimientode determinados derechos. De acuer-do con este enfoque, se estaría en pre-sencia de modalidades de “ciudadaníainsurgente”1 en cuanto las acciones de

* Profesor Investigador, Universidad Nacio-nal de Lanas, Argentina.

1 Holston, James, “Spaces of InsurgentCitizenship”, en James Holston ed., Cities and

Situación internacional116

los sujetos, más allá de su brutalidad y de su ilegalidad des-de la perspectiva de un Estado cuya legitimidad se cuestio-na, están dirigidas a la creación de un nuevo ordenamientoacorde a sus propias aspiraciones o, por lo menos, forzar alEstado a cumplir con sus obligaciones respecto de la socie-dad. En términos de Clark2 los linchamientos pueden serinterpretados como “micro revoluciones”. Los linchamien-tos son en efecto desafíos al poder del Estado y violacionesa la legalidad y al plexo de valores y prácticas sociales quese objetivan en las instituciones públicas. En este sentidoson reveladores de una matriz de conflictos que usualmen-te va mucho más allá de los hechos y circunstancias que losmotivan3.

Sin embargo no es en este sentido que se enfoca a loslinchamientos en este documento. Los casos que se pre-sentan y discuten a continuación muestran al linchamientocomo un momento de intensa y brutal personalización deuna violencia explícitamente política, o por lo menos explí-citamente motivada, o justificada, en términos políticos: lalucha por el poder político local y el control institucionalde recursos. Me refiero a los linchamientos ocurridos en elprimer semestre de 2004 en dos municipalidades de losAndes: Ilave en Perú y Ayo Ayo en Bolivia. En los dos casoslas víctimas fueron los alcaldes de esas municipalidades; enlos dos casos resulta clara la articulación de esos hechos ala dinámica política nacional, no menos que la proyecciónde conflictos políticos nacionales sobre la política local. Lasdimensiones culturales o simbólicas del linchamiento seña-ladas por algunas de las hipótesis mencionadas más arribano están ausentes, ni son ajenos los casos referidos a losescenarios de deterioro y cambio social en los que se eje-cutaron. Destaca en Ilave y Ayo Ayo la explícita articulaciónde los linchamientos a proyectos de poder político, pormás que verbalizada en términos identitarios o culturales.Buscan, en todo caso, dotar a esa afirmación identitaria delos recursos institucionales del poder político. El lincha-miento se presenta como la sanción máxima a un enemigopolítico en el marco de una conflictividad aguda respecto

del modo de conducción de los asuntos públicos en unacomunidad. En este sentido los linchamientos del generalTomás Eloy Alfaro en Ecuador (1912) y del presidenteGualberto Villarroel en Bolivia (1946) son precedentesnotorios de los casos que se examinan en las seccionessiguientes.

Los hechos: Llave

Llave es la ciudad cabecera de la provincia de El Collao, unade las 13 que conforman el departamento de Puno, en lafrontera de Perú con Bolivia sobre el Lago Titicaca. La po-blación pertenece en su casi totalidad a la etnia aymara;suma alrededor de 75.000 habitantes, pero sólo una quintaparte vive en el casco urbano. Las actividades predominan-tes son la cría de ganado en pequeña escala, la agricultura yel comercio. En años recientes algunos medios de comuni-cación de Lima han señalado un aparente incremento deactividades ilícitas como el contrabando a través de la fron-tera con Bolivia y la maceración de hojas de coca para laproducción de pasta base5. El municipio está ubicado a unos4000 metros sobre el nivel del mar, cruzado permanente-mente por vientos gélidos, y con condiciones generalizadasde marcada pobreza.

El 26 de abril 2004 una multitud estimada en más detres mil personas secuestró a Cirilo Robles Callomamani,alcalde de Ilave, y a cuatro concejales de su partido. Trasvarias horas de ser brutalmente golpeado y escarnecidopor la muchedumbre, Robles pereció.

Desde inicios de ese mes se había profundizado el con-flicto que una parte de la población mantenía con el alcaldey los concejales que le eran adictos, a los que se acusaba decorrupción y mal manejo de los fondos municipales, moti-vos por los cuales se había intentado separarlos de suscargos. La correlación de fuerzas dentro del municipiomostraba un equilibrio entre las dos principales organiza-ciones políticas –Patria Roja y Puka Llacta, con cuatroregidores cada una–, de modo que el voto del alcalde Ro-bles dirimía las cuestiones en disputa5.

Citizenship, Durham, NC: Duke University Press, 1999, pp. 155-173. YGoldstein, Daniel. “«In our own hands»: Lynching, Justice, and the law inBolivia” en American Ethnologist 30, (1), 2003, pp. 22-43.

2 Clark, Timothy W., “Structural Causes of Brazilian Lynch MobViolence” en Paper presented at the XXV International Congress of the LatinAmerican Studies Association, October 7-9, Las Vegas, Nevada, 2004.

3 Vilas, Carlos M., “(In) justicia por mano propia: linchamientos en elMéxico contemporáneo” en Revista Mexicana de Sociología vol. 63 (1),2001, pp. 31-160. y en “Tristezas de Zapotitlán. Violencia e impunidad enel mundo de la subalternidad” en Bajo el Volcán 2 (3), 2001, pp. 123-142.

4 La República (Lima) 2 de mayo 2004.5 El enfrentamiento entre Patria Roja y Puka Llacta es de larga data,

no se circunscribe al municipio de Ilave, y siempre se caracterizó poruna extrema virulencia. Las fuerzas políticas enfrentadas en Ilave hanprotagonizado fuertes enfrentamientos por la conducción nacional delSUTEP, el sindicato que nuclea a los maestros, y de la Federación de Estu-diantes del Perú. Patria Roja es una de las escisiones de inspiración maoístaque el Partido Comunista del Perú (PCP) sufrió en la década de 1960. Enla década de 1970 el PCP “Patria Roja” se fracturó en dos organizaciones:


Robles, vinculado a Patria Roja y profesor de la Univer-sidad del Altiplano, venía siendo objeto de denuncias deincumplimiento de promesas electorales, mal manejo delas cuentas municipales, asignar a sus partidarios en el Con-cejo Municipal y a sí mismo salarios demasiado altos dadaslas condiciones de pobreza generalizada en la población, yde nepotismo. Empero el asunto que parece haber detonadolos hechos de abril fue la decisión de Robles de construirun rastro municipal que aparentemente perjudicaba el ne-gocio de algunos ganaderos y faenadores ilegales. Los re-clamos de éstos encontraron eco en los regidores de PukaLlacta y en el teniente alcalde Alberto Sandoval Rosas, élmismo un ganadero de cierta importancia.

Las rivalidades y conflictos políticos e ideológicos en-tre Robles y Sandoval eran de larga data y algunos observa-dores los remontan a la época en que ambos eran activistasestudiantiles6. En las elecciones municipales de 1998 com-pitieron por separado y perdieron. En las elecciones si-guientes (noviembre 2002) decidieron formar una alianza,la Unión Regional, con la que ganaron la mayoría de lasalcaldías de Puno, entre ellas Ilave. Sin embargo los enconospersonales y las disputas por la designación de funciona-rios y las asignaciones presupuestarias fracturó a la UniónRegional pocos meses después de los comicios; desde en-tonces se dio un virtual empate, con cuatro regidores encada bando, y Robles desempatando. En estas condicionesla oposición comandada por Sandoval adoptó una crecien-te agresividad, que culminaría con las denuncias menciona-das más arriba.

Ante un cabildo abierto celebrado el 2 de abril con laasistencia de unos 20 mil habitantes de la ciudad y las co-munidades circundantes, Robles explicó sus programas ytrató de defenderse de las acusaciones. De acuerdo a algu-nos testigos los reclamos y la ira de la muchedumbre fue-ron azuzados por algunas radios y hojas periodísticas locales.Los argumentos del alcalde generaron un efecto opuestoal que Robles pretendía. Enfurecida, la muchedumbre gritóamenazas de muerte y exigió su renuncia –cuestión ésta ala que, aún si hubiera estado dispuesto, Robles no habría

podido acceder7. Días después los opositores al alcalde lo-graron movilizar una masa campesina de entre tres y cua-tro mil personas contra el proyecto de rastro municipal:otra vez amenazaron de muerte a Robles. Después de so-licitar infructuosamente la protección del Ministerio delInterior y de acusar al teniente alcalde Sandoval de encabe-zar a sus opositores, Robles huyó cuando los campesinostomaron la ciudad y cortaron la carretera internacional queune Perú con Bolivia. La ciudad quedó en poder de losopositores a Robles y en esas condiciones permaneceríadurante más de un mes. Así las cosas, el fiscal con jurisdic-ción en la zona pidió al Ministerio del Interior un refuerzopolicial de 1000 efectivos; su pedido fue denegado por con-siderarse que se trataba de un conflicto local y la presenciade policías ajenos a la comunidad podría incrementar elpotencial de violencia. Recién después del asesinato el Mi-nisterio del Interior aceptaría reforzar la dotación policialde Ilave con 225 efectivos.

La ausencia de Robles fue aprovechada por la fracciónde Puka Llacta para convocar a dos sesiones del ConcejoMunicipal con el propósito de que, de acuerdo a la ley demunicipios, a la tercera ausencia sucesiva del alcalde se de-clarara la vacancia del cargo dejando libre la sucesión enbeneficio del teniente alcalde Sandoval8. Sabedor de esto, ydesoyendo recomendaciones de amigos y de funcionariosdel gobierno de Lima, Robles regresó subrepticiamente aIlave y convocó a los concejales que lo apoyaban a una ter-cera reunión del Concejo en su propio domicilio (segúnotras versiones en el domicilio de una hermana) a fin deinterrumpir la aplicación del dispositivo legal. La reuniónfue denunciada por una emisora local que convocó a lapoblación a impedir el encuentro y a llevar piedras, palos yelementos similares. Decenas de personas, algunas de ellasenmascaradas, irrumpieron violentamente en la casa y seapoderaron de Robles y los concejales. En medio de golpes,azotes, escupitajos empujones Robles fue forzado a reco-rrer algunas calles de la ciudad, y posteriormente subido aun “bicitaxi” dada su imposibilidad de seguir caminando.Sangrando profusamente, fue obligado a subir la escalinatadel edificio municipal, donde finalmente murió. En mediode la confusión los concejales de Patria Roja consiguieron

la que conservó la denominación y la que pasó a llamarse Partido Co-munista del Perú “Puka Llacta” (Pueblo Rojo), inspirada en la tesis de laguerra popular. Según Renique (2004) ambas organizaciones, de arraigofuerte en Puno, congregan a maestros, técnicos y profesionales de ori-gen campesino aymara, formados en las décadas de 1970 y 1980 en laUniversidad del Altiplano, así como a hijos de hacendados empobreci-dos.

6 Tobar, Héctor, “A Lynching Fades Into Thin Air” en Los Angeles Times, 2005, 5 de enero, A1.

7 De acuerdo a la Constitución Política del Perú el mandato de losalcaldes y regidores municipales es “revocable pero no renunciable” (ar-tículo 191).

8 Uno de los concejales opositores a Robles habría declarado, en lasegunda sesión, que “la muerte también es causal de vacancia”. Perú 21(Lima), 27 de abril 2004.


huir. Según las autoridades nacionales la muerte de Roblesse produjo por desangramiento como consecuencia de losgolpes y varias puñaladas. Su cuerpo fue arrojado a la riberadel río Ilave a metros de donde debía haberse erigido unpuente prometido por el difunto alcalde.

Durante los hechos la gente impidió la intervenciónpolicial y posteriormente atacó con palos y bombas“molotov” la comisaría local y prendió fuego a varios vehí-culos policiales. En los días siguientes cortaron caminos yel puente internacional reclamando la libertad de las per-sonas detenidas en averiguación de los hechos. Sandoval yotros dirigentes de la protesta pasaron a la clandestinidad.Con el municipio en su poder, la población simpatizante dePuka Llacta se organizó para impedir el ingreso de las auto-ridades del gobierno nacional y los refuerzos policiales. Enese contexto Sandoval trató de asumir la alcaldía alegandosu condición de sucesor legítimo de Robles. Después deunos pocos días fue obligado a dimitir y encarcelado por suresponsabilidad y eventual participación directa en el asesi-nato. A lo largo de varias semanas la muchedumbre mantu-vo el control de la ciudad y presionó por la liberación deSandoval y los concejales que le eran adictos. De acuerdo aalgunos medios de comunicación, y a versiones del gobier-no peruano, grupos aymara de la vecina Bolivia habrían par-ticipado de estos hechos, y vecinos de Ilave habrían agitadobanderas bolivianas y reclamado la incorporación del mu-nicipio a ese país9.

Los sucesos de Ilave impactaron directamente en elgobierno peruano; la opinión pública le responsabilizó porsu falta de autoridad y de presencia en el lugar, así comopor la falta de respuesta ante los pedidos de protección deRobles y el fracaso de los intentos de negociar un acuerdocon los pobladores que ocuparon Ilave después de los he-chos. Tras varios días de crisis el ministro del Interior tuvoque renunciar. Cuando el nivel del conflicto local se redujoasumió interinamente la alcaldía uno de los regidores quehabía sido secuestrado con Robles. En octubre 2004 secelebró una elección para alcalde efectivo; ni Patria Roja niPuka Llacta presentaron candidatos. Dada la fuerte disper-sión del voto por el gran número de candidatos, el triunfa-dor accedió al cargo con menos de la quinta parte de losvotos emitidos –una situación similar a la de la elección deRobles.

Un año después de estos hechos, de las 42 personasencarceladas por supuesta participación en el linchamientosólo Sandoval permanecía en esa condición, aunque condetención domiciliaria; el principal autor directo del asesi-nato, o al menos el más encarnizado de los verdugos (deacuerdo a varias filmaciones y testimonios) continuaba pró-fugo. En abril 2005 las autoridades judiciales declararon aldifunto Robles inocente de todos los cargos de corrupciónque detonaron los sucesos que culminaron con su muer-te10. A pesar del apoyo recibido de muchos de los enemi-gos de Robles, el alcalde surgido de las elecciones de octubre2004 rápidamente se vio enfrentado a acusaciones simila-res a las que se habían dirigido contra Robles. En el aparen-te reinicio de una perversa y recurrente historia, en enero2006 debió abandonar bajo protección policial un cabildoabierto en el que una enfurecida muchedumbre exigía surenuncia por alegados hechos de corrupción e incumpli-miento de compromisos electorales.

Los hechos de abril 2004 en Ilave no fueron únicos.Linchamientos de autoridades municipales tuvieron lugaren otros municipios de Perú en la misma época. En el mu-nicipio de Tilalí, en el mismo departamento de Puno al quepertenece Ilave, campesinos furiosos intentaron linchar alalcalde Malasio Larico por mal uso de fondos públicos; alno hallarlo secuestraron a cinco concejales municipales.Hechos similares ocurrieron en el municipio de Ayaviri yen el poblado amazónico de Cahuapana. En éste el alcaldefue secuestrado por los vecinos por supuestos actos decorrupción; fue puesto en libertad tras dos días deinterrogatorios. El alcalde de Asillo, también en Puno, debióhuir del municipio ante las amenazas de una muchedumbreque le reclamaba abandonar el cargo por malversación defondos. En la ciudad de Caraz (provincia de Huaylas) variaspersonas resultaron heridas cuando la policía intervino paraimpedir que iracundos pobladores mataran a golpes al al-calde11.

Pero los linchamientos tampoco son exclusivos delaltiplano. De acuerdo a fuentes policiales durante el año2004 se registraron en Perú 1993 casos de linchamien-tos consumados o intentados, de los cuales 695 (más dela tercera parte) en la ciudad de Lima. Además durantelos nueve primeros meses de ese año hubo 77 enfrenta-mientos violentos entre pobladores y autoridades, de

9 Perú 21 (Lima) 27 de abril 2004; Expreso (Lima) 29 de abril 2004;Caretas (Lima) 1822 (6 de mayo 2004) págs. 11-12; La Prensa (La Paz) 14de mayo 2004.

10 El Comercio (Lima) 27 de abril 2005.11 Clarín (Buenos Aires) 28, 30 de abril y 20 de junio 2004; Caretas

(Lima) 1822 (6 de mayo 2004); La República (Lima) 24 de febrero 2005.


los que 58% ocurrió en zonas rurales y 85% en zonasdonde la población vive bajo la línea de pobreza12. Segúnuna encuesta realizada en Lima después del linchamien-to de Ilave el 64% de los entrevistados admitió el dere-cho de la población a “hacer justicia con sus propiasmanos” –aunque sólo 3% admitió que es justo matar allinchado13.

Los hechos: Ayo Ayo

Al mes siguiente de los hechos de Ilave los pobladores dela localidad boliviana de Ayo Ayo lincharon al alcalde Benja-mín Altamirano. Ayo Ayo es una pequeña ciudad de algomás de 6 mil habitantes 80 km al sur de La Paz, al costadode un importante eje vial que vincula a la capital del paíscon la rica zona oriental hacia Cochabamba y Santa Cruz ycon Perú. La ciudad es cuna del héroe Túpac Katari, quienen 1781 dirigió una rebelión masiva indígena contra las au-toridades coloniales españolas y fue sometido a tormentoy muerte. Un monumento en la plaza principal de Ayo Ayorecuerda su gesta. En Ayo Ayo también nació el célebre“temible Zárate Willa”, un indio aymara de destacada parti-cipación en la guerra federal (1898-1900).

El alcalde Altamirano fue secuestrado en La Paz juntocon un mallku (autoridad tradicional) y una concejala de sumismo partido quien era también su nuera. Todos fuerontrasladados a Ayo Ayo pero sólo Altamirano fue sometido atormento. Tras más de doce horas de cautiverio e interro-gatorio violento en medio de una severa golpiza con palosy piedras para que confesara alegados actos de corrupción,el alcalde fue conducido a la plaza principal de la ciudad.Amarrado a un poste de electricidad siguió siendo objetode golpes y le prendieron fuego, provocando su muerte. Lamultitud impidió la intervención policial y agredió a algu-nos periodistas que intentaban cubrir los hechos.

Desde el año 2001 Altamirano, del partido Nueva Fuer-za Republicana (NFR), era objeto de denuncias de una partede la población y de la oposición en el Concejo Municipal,por mal manejo de fondos y no rendir cuentas de la ejecu-ción presupuestaria –en particular el uso de los fondosprovenientes del gobierno central14. Se le inició un proce-

so penal por esa causa, que seguía abierto y sin resolucióncuando fue asesinado. En virtud de esas denuncias en mar-zo 2003 el Concejo Municipal destituyó a Altamirano y losustituyó por el concejal Saturnino Apaza, del PartidoCONDEPA (Conciencia de Patria)15. La medida fue descono-cida por el gobierno nacional, que dispuso el bloqueo delas cuentas municipales –por lo tanto la suspensión de lasremesas de fondos para la ejecución de obras, pago de sa-larios, etc.– y siguió apoyando a Altamirano. En marzo 2002pobladores enardecidos quemaron la casa de Altamiranoen Ayo Ayo e intentaron lincharlo; desde entoncesAltamirano ejercía la alcaldía desde su domicilio en El Alto(una posibilidad permitida por la ley de municipios que noexige que el alcalde resida en el municipio que gobierna).De acuerdo a denuncias, Altamirano gozaba de la protec-ción del presidente de la Comisión de Descentralización yParticipación Popular del Senado.

Después del asesinato la muchedumbre tomó el con-trol de la ciudad e impidió el ingreso de fuerzas guberna-mentales. Días más tarde, tras un fallido intento del ConcejoMunicipal de designar alcalde a Saturnino Apaza, éste fuedetenido por presunta participación en el crimen. Con elapoyo de organizaciones sindicales como la Federación Sin-dical Única de Trabajadores Agrarios de la Provincia de Aro-ma (donde está Ayo Ayo) y el Movimiento Sin Tierra (MST)los opositores a Altamirano convocaron a un cabildo abier-to en el que plantearon demandas al gobierno nacional queincluían el cese de las persecución a sus dirigentes y la li-bertad de Apaza; el enjuiciamiento y destitución de todaslas autoridades gubernamentales que consideraban cóm-plices en los malos manejos del alcalde asesinado (los ma-gistrados del tribunal distrital que daba largas al procesocontra Altamirano, los de la Corte Suprema, los ministrosde Hacienda y de Participación Popular y el presidente dela Comisión de Descentralización y Participación Popular

12 Perú 21 (Lima) 25 de octubre 2004.13 El Comercio (Lima) 15 de noviembre 2004.14 Solamente en el año 2003 el municipio administró más de un

millón de dólares en concepto de coparticipación tributaria, pero entre2001 y 2003 la inversión municipal fue cero: El Deber (Santa Cruz de laSierra) 16 de junio 2004.

15 CCONCEPA fue fundada en 1989 en el sitio arqueológico deTiwanaku; utiliza referencias de la cultura aymara en su propaganda po-lítica. Con buena implantación en el altiplano, ejerció los gobiernos mu-nicipales de La Paz y El Alto en la década de 1990. Nueva FuerzaRepublicana (NFR) fue fundada por Manfred Reyes Villas, un carismáticoalcalde de Cochabamba. Ambos partidos integraron el gobierno dere-chista del general Hugo Banzer (1997-2001) y el de Jorge Quiroga (2001-2002); NFR también formó parte del segundo gobierno de GonzaloSánchez de Losada (2002-2003). En la época en que tuvo lugar el lincha-miento de Ayo Ayo los dos partidos enfrentaban un rápido declinio en lapolítica nacional coincidente con las masivas movilizaciones de protestasocial y el avance electoral del MAS (Movimiento al Socialismo), peromantenían cierta presencia regional o local (Romero Ballivián 2003).


del Senado), el descongelamiento de las cuentas del muni-cipio para realizar obras necesarias, y la presencia en AyoAyo de una comisión del gobierno, bajo amenaza de man-tener el bloqueo de caminos y de dinamitar la antena dealta tensión y el gasoducto. Los policías que cuidaban elorden en Ayo Ayo abandonaron la ciudad por temor a lafuria de la gente. Lo mismo hicieron funcionarios estatalesde salud, con lo que la ciudad quedó virtualmente aisladadel gobierno central. Se constituyó un gobierno propio in-cluyendo un cuerpo de policía local denominado “policíasindical” a cargo de militantes de algunos sindicatos cam-pesinos y con asesoramiento de un militar retirado queademás era regidor suplente en el grupo opuesto al difun-to alcalde. Organizaciones campesinas dirigidas por el MST

mantuvieron el bloqueo de puentes y rutas por varias se-manas. El encuentro entre una delegación gubernamental yrepresentantes de los campesinos se suspendió ante ladecisión de los delegados de no viajar a la zona debido aque un dirigente de la Federación Departamental de Cam-pesinos declaró a una radio aymara la intención de retenera los miembros de la comitiva hasta lograr la firma de unacuerdo16. Recién en el mes de julio las autoridades logra-ron recuperar cierto control de la zona.

Como la mayoría de los linchamientos, el de Ayo Ayocombinó espontaneidad de masas e instigación, esta últimaoperando en un clima generalizado de hartazgo y frustra-ción ante la aparente inamovilidad de un mal alcalde17.Antiguos funcionarios municipales que habían sido denun-ciados por Altamirano, algún militar retirado propietariode tierras, miembros de la Junta de Vigilancia del municipio,fueron acusados, junto con el regidor Apaza, de haber or-ganizado el secuestro de Altamirano y haber lanzado a lamuchedumbre al crimen.

La espectacularidad de los hechos de Ayo Ayo restónotoriedad a una cantidad de conflictos de poder en otrosmunicipios en la misma época, aunque con consecuenciasinmediatas menos trágicas. Habitantes del municipio deHuanuni golpearon salvajemente a Florentino Gómez, pre-sidente del Concejo Municipal, al que imputaban actos decorrupción, y quemaron su casa. El juez que había dictadosentencia descartando las imputaciones y una concejala queapoyaba a Gómez también fueron agredidos por la multi-

tud. Días después en el municipio de Achocalía un dirigentecomunal reconoció que, por las irregularidades en la ges-tión municipal “el pueblo está caliente y los dirigentes nolos vamos a poder frenar”, mientras que los habitantes dePuerto Pérez forzaron el destierro del alcalde. En Charañauna concejala fue flagelada en cinco ocasiones por las auto-ridades comunitarias por negarse a votar por el alcaldeque ellas habían elegido. En el municipio de Morochata elalcalde y los regidores fueron sometidos a un juicio comu-nitario y obligados a pedir perdón público por susdesmanejos, so pena de ser sometidos a castigo físico. EnQuillacallo doce mil personas exigieron y obtuvieron lasrenuncias del alcalde y los regidores, a los que acusaban decorrupción en el manejo de las arcas municipales. Los acu-sados fueron sometidos a un enjuiciamiento público y con-denados a marchar por el pueblo vestidos con ropa demujer. La población de Guaqui, en el departamento de La Paz,echó al alcalde y posesionó a otro en su lugar18. La pobla-ción altiplánica de Achacachi a 200 km de La Paz quedó sinautoridades policiales por el temor a los hostigamientosde los comuneros. Tampoco jueces ni funcionarios estata-les ejercían jurisdicción alguna19. En agosto 2004 la Asocia-ción de Municipalidades de Bolivia solicitó al gobiernonacional la creación de un seguro de vida para los alcaldesy sus familias, dado el alto riesgo que implica el ejercicio delgobierno municipal.

¿El linchamiento como expresióncultural?

La circunstancia de haberse ejecutado ambos linchamien-tos en zonas aymara dio pie para que algunos observado-res presentaran los hechos como otros tantos ejemplosde justicia comunitaria y nacionalismo indígena, vinculán-dolos a movimientos autonómicos tanto en Bolivia comoen Perú20. Los reclamos de algunos grupos de Ilave a favorde la incorporación de su municipio a Bolivia, o la apariciónde alguna bandera de Bolivia en la plaza principal de Ilave,reforzaron esa interpretación. Varias organizacionesindigenistas también adoptaron esta hipótesis; no sólo la

16 La Razón (La Paz), 18 de junio 2004.17 “Llegó la justicia divina (…) este alcalde nos ha robado, nunca hizo

obras”. Declaraciones del Sr. Willy Mejía Ramírez Llanos, presidente dela junta de vecinos de Ayo Ayo al diario El Deber (Santa Cruz de la Sierra)16 de junio 2004.

18 La Razón (La Paz) 17 de junio 2004; El País (Cochabamba) 17 y 18de junio 2004.

19 Centro de Documentación Mapuche (2004) “La «justicia aymara»preocupa en países andinos” en <http://www.mapuche.info/indgen/rionegro040620.html>.

20 BIGIO, Isaac, “Linchamientos y nacionalismo aymara” en Bolpress,19 de mayo 2204, <http://www.bolpress.com/opinion.php?Cod=2002080223>.


ejecución de los alcaldes, sino también y sobre todo algu-nos acontecimientos posteriores (por ejemplo, los inten-tos de constituir gobiernos al margen de la institucionalidadestatal, las apelaciones a una identidad étnica transfronteriza,declaraciones de dirigentes indígenas locales argumentan-do la observancia de tradiciones culturales en el castigo alos alcaldes)21. Las disputas políticas locales y con actores einstituciones de nivel nacional que detonaron el linchamien-to resultaron así insertadas en un particular universo desentido: la lucha del pueblo aymara por su independenciapolítica.

La aspiración a una recomposición política autónomade los pueblos originarios de América forma parte de lastradiciones del nacionalismo indigenista y ha sido reflotadapor algunos desarrollos académicos recientes. Se afirma quelas fronteras de los estados son un artificio originado en laimposición colonial/capitalista, lo mismo que los criteriosinstitucionales de jerarquización/subordinación de quienespueblan esos estados22. En sus versiones extremas esteenfoque conduce a planteamientos de separación territo-rial que, obviamente, enfrentan la oposición de los estadosy de un arco amplio de actores sociales y políticos. Sin al-canzar esas proyecciones, esta visión del asunto fundamen-ta propuestas de reconocimiento institucional de lapluralidad cultural, el pluralismo jurídico y regímenes deautonomía étnico-regional.

Por el momento carezco de elementos para discernirsi, por encima de las declaraciones formuladas por algunosdirigentes, hubo en los comportamientos colectivos de Ilavey Ayo Ayo una reivindicación nacionalista aymara o simple-mente, pero brutalmente, una exigencia de tener un buengobierno. Una exigencia vehiculizada a través de conductascolectivas cuya adscripción a una justicia comunitaria re-sulta, por lo menos, problemática23.

Es asunto discutido, en efecto, que los usos y costum-bres de los pueblos originarios de América incluyan formasbrutales de castigo y de muerte como el linchamiento. No

se está haciendo referencia aquí a todo tipo de castigo físi-co sino al ensañamiento característico del linchamiento.Cierto tipo de castigo físico fue admitido hasta muy re-cientemente por la legislación de muchos países conven-cionalmente considerados cultos y desarrollados. Lalegislación inglesa, por ejemplo, permitía a los maestrosgolpear a sus alumnos díscolos en aplicación del dictum “le-tra con sangre entra”. En las prácticas sociales de los pue-blos originarios de América también se encuentran estasformas no letales de castigo físico, usualmente acompaña-das de lo que ahora se suele llamar “linchamiento simbóli-co”: poner en ridículo al ofensor ante toda la comunidad,obligarlo a pedir perdón en público, vestirlo o pintarlo demanera grotesca, etcétera. Se cuestiona en cambio la fun-damentación de las dimensiones más brutales del lincha-miento, sobre todo el asesinato tumultuario, en un supuestoderecho tradicional24. Más exactamente, lo que está endebate, sobre todo por antropólogos y estudiosos del plu-ralismo legal, es hasta qué punto o en qué sentido los lin-chamientos, que por su reiteración parecen haberseconvertido en un modo legítimo de encarar ciertos con-flictos, constituyen una costumbre también en el sentido enque el concepto es empleado por esas disciplinas25.

21 Por ejemplo <http://www.pueblo indio.org; http://www.argentina.indymedia.org>.

22 Lander, Edgardo, (comp., La colonialidad del saber: eurocentrismo yciencias sociales, Perspectivas latinoamericanas, 2003, Buenos Aires: CLACSO,201-246. Y QUIJANO, Aníbal, “Notas sobre ‘raza’ y democracia en lospaíses andinos” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 9 (1),2003, pp. 53-59.

23 Resulta curioso que uno de los argumentos que tratan de abonarla hipótesis de nacionalista aymara, destaque la presencia de banderasbolivianas en Ilave, como si la bolivianidad guardara una más fuerte rela-ción con la nación aymara, que la peruanidad.

24 Felipe Quispe, dirigente de una de las tendencias más radicalizadasdel nacionalismo aymara en Bolivia debió reconocer, después de haberjustificado el asesinato por linchamiento del alcalde de Ayo Ayo, que “Lajusticia comunitaria no mata. Ellos (los comuneros) han exagerado. En lajusticia comunitaria se castiga con «itapallo» o de otra forma, pero no seacaba con la vida”. Diario Río Negro, 17 de junio 2004. En el mismo senti-do declaraciones del diputado y dirigente campesino Evo Morales, actualpresidente de Bolivia, en El Diario (Cochabamba), 17 de junio 2004. JuanGabriel Bautista, diputado del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) deBolivia apunta a cierta discriminación racista en algunos enfoques delasunto: “se sataniza y criminaliza a los movimientos indígenas y nos mues-tran a los aymaras y quechuas como unos animales. Cuando el ex presi-dente Gonzalo Sánchez de Losada masacró al pueblo como sucedió enoctubre (2003) no se sataniza y por el contrario arguyen el cumplimien-to del Estado de derecho” El Diario (Cochabamba) 17 de junio 2004.

25 Según Garay Montañés (1998) la descripción de los castigos usa-dos por los antiguos pobladores peruanos guarda similitud con los queactualmente se emplean para linchar a un delincuente. Hinojosa Zambrana(2004) parece coincidir con esta opinión en su análisis de los lincha-mientos recientes en Bolivia. Para Mendoza (2003) no hay prueba deque los linchamientos tengan relación con el derecho comunitario enGuatemala, y es difícil encontrar algún caso en que los indígenas hayanrecurrido a castigos brutales (azotes en público, cremación en vida, ahor-camiento, etc.) similares a los que ellos mismos sufrieron durante laconquista y la colonia. En México el encuadramiento de los linchamien-tos en supuestos usos y costumbres suscitó debates con motivo dellinchamiento del ladrón de un templo en Magdalena Petlacalco (Tlalpan,Ciudad de México) en julio 2001. Vid La Jornada (Ciudad de México) 28de julio y 1 de agosto 2001, y Ramírez Cuevas (2002).


Deben señalarse, ante todo, la historicidad y la natura-leza dinámica del derecho consuetudinario. Las normas tra-dicionales han asimilado normas europeas en tiemposcoloniales y normas de los estados con posterioridad a laindependencia, las han adaptado a sus necesidades y las hanincorporado como propias: fiestas patronales, sistema decargos, indumentaria, por ejemplo, deben tanto a las cos-tumbres originarias, a la imposición colonial y a la adapta-ción a ella, como a prácticas y valoraciones postcoloniales.

Las constituciones y la legislación de la mayoría de losestados en sociedades multiétnicas reconocen vigencia alderecho indígena, aunque en la medida en que no se con-trapone a aquéllas. En Bolivia el art. 171 de la Constituciónestablece que las autoridades naturales de las comunida-des indígenas y campesinas podrán ejercer funciones deadministración y aplicación de normas propias como solu-ción alternativa de conflictos en conformidad a sus cos-tumbres y procedimientos, siempre que no sean contrariasa la Constitución y las leyes; cierta ambigüedad en el Códi-go de Procedimientos Penales ha dado pie a interpretacio-nes que en algunos casos han permitido aceptar ellinchamiento de delincuentes26. Por su parte la Constitu-ción de Perú reconoce el derecho al respeto de la identi-dad étnica y cultural (art. 2), siempre que no se vulnerenderechos fundamentales. El art. 149 sobre la facultad deadministrar justicia reconoce el pluralismo jurídico; admiteque en el territorio de una comunidad campesina o indíge-na muchos conflictos sean resueltos por sus autoridadesnaturales según el derecho consuetudinario, de manera efi-caz y gratuita siempre que se respeten los derechos funda-mentales de las personas. Estas reservas son acordes conel Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribalesen Países Independientes (art. 8).

A lo largo del último medio siglo las autoridades de lascomunidades han perdido mucho de su poder; sólo pue-den impartir el derecho tradicional en cierto número decasos: robos, riñas, faltas a la autoridad, problemas familia-res, conflictos de límites de tierras, robo de ganado, em-briaguez, no participar de los trabajos comunales, omisiónde aportar tributos y contribuciones a las ceremonias de lacomunidad, y aún así únicamente cuando todos losinvolucrados pertenecen a la comunidad. Los hechos queinvolucran a personas ajenas a la comunidad, o constituyen

delitos mayores, deben ser remitidos a los tribunales. Enlos países andinos la justicia comunitaria acepta los azo-tes27. En el municipio de Quillacallo (Bolivia) las autorida-des municipales/comunitarias han establecido un esquemade sanciones para los malos funcionarios que evolucionadesde el castigo simbólico al físico, de conformidad a lagravedad de la ofensa y su reiteración. El nivel más bajocorresponde al “Plan pollera”: los malos funcionarios sonobligados a marchar por las calles del municipio vestidosde mujer o con prendas ridículas. El segundo nivel corres-ponde al “Plan goma”: el acusado debe trotar ante el públi-co en el estadio de fútbol, con una rueda de automóvilalrededor de su cuello. El grado máximo de pena es el “PlanIth´apallo” consistente en desnudar al acusado y aplicarleazotes con una hierba extremadamente urticante (ith’ apalloo itapallo)28. En casos extremos, se puede decidir la expul-sión de la comunidad y la pérdida de las propiedades.

En tiempos recientes se han registrado cambios. Concreciente frecuencia las nuevas generaciones prefieren acu-dir a los tribunales estatales, usualmente más benévolosante algunos conflictos que las autoridades de la aldea.Esta nueva situación genera tensiones y suele ser fuentede nuevos conflictos. Por una parte el tribunal se ve atra-pado entre dos sistemas legales, el indígena y el nacional, ylas decisiones tomadas reflejan presiones de ambos lados.Una de las tensiones más sobresalientes en el tribunal esla que se crea entre los principios de igualdad formal yuniversalidad del derecho del Estado, y la atención presta-da por el derecho consuetudinario a la diferenciación através de la jerarquía y el estatus y la particularidad. Porotro lado la subordinación del derecho comunitario alderecho del Estado ha llevado a que en muchos casos lasautoridades municipales se conviertan en autoridades tra-dicionales, cuando las partes en conflicto aceptan llegar aun acuerdo como lo establece la costumbre. A la inversa,la penetración de instituciones y procesos estatales en elámbito de las comunidades puede conducir a que una jus-ticia comunitaria habituada al tratamiento de asuntos deorden comunal interno, trascienda el ámbito de la comu-nidad para juzgar temas municipales (proyectos de inver-sión, administración de recursos financieros, manejo decuentas fiscales, etcétera) de complejidad técnica o con-table que pueden quedar sometidos a intereses y pasio-

26 Del alamo, Oscar, “Linchamientos, la venganza aymara” en Gober-nanza 12 (octubre), 26 de octubre, 2004, <http://www.iigov.org/iigov.htm>.

27 Hinojosa Zambrana, Eric, Linchamientos y justicia comunitaria: de laindefensión a la violencia suburbana, Cochabamba, 2004, CEDIB.

28 La Razón (La Paz), 16 de abril 2004.


nes que suplantan las valoraciones jurídicas y el principiode la presunción de inocencia29.

La propia historicidad de las formaciones culturales lla-ma la atención respecto de la intervención de múltiplesfactores y agentes “externos” en la producción de la iden-tidad cultural. Más allá de la discusión si en los códigossancionatorios de la justicia aymara figura o se acepta lamuerte y en general el linchamiento30, cuesta creer queeste aspecto específico al mismo tiempo que crucial decualquier cultura –las normas que rigen el comportamien-to de los miembros de la comunidad– haya resultado inmu-ne al clima de violencia que durante más de dos décadascaracterizó a las regiones pobladas por estas comunidades.Insurgencia y contrainsurgencia, ambas en sus expresionesmás brutales respecto de la población comunitaria –masa-cres, torturas, violaciones, saqueos… –asolaron esos terri-torios y forzaron a muchos de sus pobladores a sumarse ala comisión de atrocidades. Muchos de los que cometíanesas atrocidades eran jóvenes indígenas reclutados obliga-toriamente por el ejército o por organizaciones terroris-tas– en el caso de Perú, Sendero Luminoso. “En el ejércitonos habían enseñado a asesinar a nuestro padre si era ne-cesario, a defender la integridad de la patria a costa de nues-tra vida”, declaró un ex recluta salvadoreño que, despuésde los acuerdos de paz, se integró a una de las maras queactúan en ese país31. Los estudios llevados a cabo sobre loslinchamientos en Guatemala revelan el papel decisivo des-empeñado por la violencia en la transformación de los há-bitos de vida de las aldeas y en las costumbres deadministración de justicia comunitar32. No disponemos to-

davía de estudios similares para Perú o Bolivia, de modoque la cuestión sigue abierta33.

Adicionalmente debe señalarse el impacto en las co-munidades de la incorporación de los jóvenes a la educa-ción de nivel secundario y universitario en una época deintensa politización de esos ámbitos. El papel desempeña-do por las universidades de América Latina en laradicalización política de la juventud en las décadas de 1960y 1970 es conocido; en Perú, la Universidad de San Cristó-bal de Huamanga, en Ayacucho, tuvo una importancia gran-de en este sentido en los momentos iniciales de SenderoLuminoso34. En la formación de la conciencia crítica, revo-lucionaria incluso, de una joven generación proveniente delas comunidades incidieron tanto la enseñanza académicadel marxismo como el acceso a una corriente de literaturasocial que ponía de relieve la explotación de los pueblosoriginarios por el colonialismo y el capitalismo35. El radica-lismo político que predominaba en esos años modeló vi-siones y comportamientos políticos que estos jóvenesllevaron de regreso a sus comunidades. Una valoración in-tegral del impacto del paso por algunas de estas universi-dades en las transformaciones políticas y culturales de lascomunidades o al menos de sus integrantes más dinámicosdista mucho de haber sido llevado a cabo; a este déficitcontribuyó mucho la visión maniquea de la militarizaciónde los conflictos sociales y en particular la conversión delas universidades en uno de los enemigos principales en laestrategia contrainsurgente de los estados.

Con toda la provisoriedad del caso, puede afirmarseque estos jóvenes experimentaron un complejo procesode aculturación que incluyó nuevos saberes técnicos y pro-fesionales y nuevas formas, generalmente muy violentas, deprocesar los conflictos, junto con la exaltación de una au-tenticidad étnico-cultural que enfatizaba el enfrentamientoal Estado como síntesis de dominación étnica y de clase, enun escenario de antagonismos radicales que negaba pordefinición la posibilidad de la negociación y el acuerdo, y

29 Vilas, Carlos M., Linchamientos en América Latina. Hipótesis de explica-ción, Departamento de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Lanús.A publicarse.

30 La propia operatoria del linchamiento torna interminable la discu-sión respecto de si la población participante realmente buscaba matar asu víctima o simplemente escarmentarla (Vilas 2001a). En el caso deRobles, por ejemplo, parece que lo que le provocó la muerte fue el golpeque se dio cuando, tras sufrir durante horas un intenso castigo, golpeócon su cabeza al caer en la escalinata del palacio municipal Op.Cit. 7 Esposible que aisladamente considerados o en su conjunto los azotes, pa-tadas, garrotazos e incluso el par de puñaladas que recibió no bastaranpara provocar su muerte; pero sin dudas contribuyeron a que se desmo-ronara y sufriera el golpe que acabó con su vida.

31 Apud Costafreda (2006), quien agrega el siguiente comentario deun especialista: “Hay una tremenda violencia de padres a hijos. Los pa-dres salvadoreños de hoy son los niños de los ochenta que traen esaviolencia dentro”.

32 Mendoza, Carlos (2003) “Violencia colectiva en Guatemala: unaaproximación teórica al problema de los linchamientos”, en CarlosMendoza y Edelberto Torres-Rivas (eds.), Linchamientos: ¿barbarie o “justi-cia popular”?, Guatemala: UNESCO/FLACSO, 2003, pp. 89-104.

33 De acuerdo a algunos medios de prensa de Perú, en 1996 se lehabía abierto una investigación judicial al teniente alcalde Sandoval deIlave, por delito de terrorismo, que fue archivada provisionalmente aprincipios de 1997: <http://aymara.org/chaxwa/noticias04/index.php?modo=noti=ilave> (24 de diciembre 2005). De acuerdo a Renique(2004) en las décadas de 1980 y 1990 el departamento de Puno fueescenario de mucha violencia insurgente y contrainsurgente.

34 Palmer, David Scott, (ed.), Shining Path of Perú, New York: St.Martin´sPress, 1992.

35 Por ejemplo Huasipungo, del ecuatoriano Jorge Icaza, o El zorro dearriba y el zorro de abajo, del peruano José María Arguedas.


presentaba a la rendición, o la eliminación física del adver-sario, como únicas soluciones posibles al conflicto. De he-cho, una visión homóloga, aunque de signo ideológicoopuesto, a la del Estado. Lo mismo que en otros escenarios,esta nueva interpretación de lo identitario sirvió para ten-der un puente simbólico sobre la creciente diferenciaciónde estilos, perspectivas de vida y niveles culturales entreestos jóvenes y sus comunidades de origen36. Todo elloen escenarios donde se fue instalando en el imaginariocolectivo tanto de “criollos” o “blancos” como de “indíge-nas” el terror como mecanismo de control político y so-cial y la violencia como modo natural de resolución de losconflictos37.

El linchamiento como instrumentode la política

El linchamiento de Ilave ofrece una ilustración de las limita-ciones de los argumentos culturales. Aunque para un ob-servador externo –como el autor de este trabajo– el alcaldeRobles era tan aymara como sus linchadores, muchos deéstos negaban su condición de tal. Alegaban en este senti-do que el hecho de ser egresado de la Universidad delAltiplano y tener además un postgrado, habían transforma-do el carácter de Robles: ya no era humilde sino soberbio,firmaba los documentos oficiales anteponiendo a su nom-bre su título de Magíster, etc.38 La prueba definitiva de queya Robles había perdido su identidad aymara consistiría ensu comportamiento ante la crisis: “El alcalde era aymara,pero después de su paso por la universidad se acultura,cambian sus nociones de status, bienestar, progreso, for-mas de ejercer el poder, etc. Y entra en contradicción conla visión aymara. Cirilo Robles en Puno busca contactospolíticos entre sus amigos marxistas de la universidad y elpropio Presidente Regional. El 5 de abril pide garantías a laPrefectura y a la Fiscalía, cuestión que vuelve a hacerlo el22. Trata de encontrar una salida política al problema, cuan-do éste ya era de carácter cultural”39. Vale decir: lo que

para Robles y sus partidarios era una cuestión política ojurídica –administración de fondos públicos, procesos judi-ciales o administrativos…– para sus opositores y para lagente que participó de su linchamiento o lo consintió seríaen cambio una cuestión cultural: la violación al código aymaradel “no robar, no mentir, no ser flojo”.

La limitación principal de los argumentos culturalistases su visión a-histórica e inmanentista de los fenómenosculturales, la separación absoluta que pretenden entre po-lítica y cultura. En esos argumentos lo cultural no es conce-bido como “un particularismo históricamente constituído”que se configura en espacios de lucha donde se entrelazanprocesos locales, nacionales y globales sino como una “con-dición primordial” que responde a dinámicas endógenas yque pertenece a “una esfera separada de lo político y loracional”40. Afirmar que los sucesos de Ilave y Ayo Ayo sonel resultado de una reiteración contemporánea de tradi-ciones o herencias milenarias implica desconocer, en nom-bre de una supuesta afirmación identitaria, la capacidad deacción racional de los pobladores, afirmando en cambio undivorcio entre política e identidad cultural. La relación depoder, típica de la política, se transfigura en relación moral;la lucha por el poder en la comunidad, o de los gruposindígenas con relación al Estado, se diluye en la reiteraciónde un ciclo de permanente retorno a una pretendida au-tenticidad cultural.

Este enfoque pierde de vista las múltiples y complejasformas en que política y cultura se entrecruzan. En reali-dad, resulta reflejo aunque de signo opuesto de los reduc-cionismos politicistas o clasistas que desconocen la fuerzay dinamismo de las identidades étnicas y la imposibilidad dereducirlas a un asunto de marginación socioeconómica uopresión institucional. Las posiciones de poder de los dife-rentes grupos sociales son vistas como resultado intrínse-co de determinados atributos materiales o simbólicos,cuando en verdad son el resultado de procesos históricos,por tanto de resultado contingente, de conflictividad y lu-cha. Al contrario, el estudio del comportamiento políticode las comunidades y las organizaciones indígenas muestraque lo indígena, en tanto dimensión sociocultural, es com-patible con los más variados diseños político-instituciona-les y estrategias socioeconómicas. Sin ir más lejos, en laselecciones presidenciales de Bolivia de 1993 una impor-tante fracción del pueblo aymara identificada con el Movi-

36 Véase Vilas (1992) para el caso de la Revolución Sandinista y lospueblos indígenas de la Costa Atlántica nicaragüense.

37 Manrique, Nelson, “Violencia e imaginario social en el Perú Con-temporáneo”, en DESCO, Tiempos de ira y amor, Lima: DESCO, 1990, pp.47-75. Y Rodriguez Rabanal, César (1995) La violencia de las horas. Unestudio psicoanalítico sobre la violencia en Perú. Caracas: Nueva Sociedad.

38 Rivera Tosi, Juan, “Aymaras: entre el conflicto y la resistencia” en<http://www.puebloindio.org/aymara_conflicto.htm Y>, 2004, Op. cit. 7.

39 Op. cit. 39.

40 Cánepa, Gisela, “Los antropólogos y los sucesos de Ilave” en Que-hacer (Lima) 148, julio, 2004, pp. 23-26.


miento Revolucionario de Liberación “Tupac Katari” hizoalianza con el MNR, que para entonces ya tenía casi unadécada de haber abrazado el neoliberalismo, y apoyó la can-didatura presidencial del empresario minero GonzaloSánchez de Losada. Como resultado de esa alianza Sánchezde Losada ganó la presidencia de Bolivia y el dirigente delMRKTK Victor Hugo Cárdenas asumió la vicepresidencia41.

Los hechos de Ilave y Ayo Ayo tuvieron la claraintencionalidad de cambiar la relación de poder político enesos municipios y consiguientemente la relación de esosmunicipios con el poder central. En ambos casos los acto-res directos –víctimas y victimarios– eran funcionarios po-líticos que alcanzaron sus cargos a través de procesospolíticos en los que el resto de la población se involucróactivamente a través de la participación electoral. En AyoAyo uno de los regidores partidarios del alcalde asesinadoera también autoridad tradicional (mallku), situación queilustra las complementaciones que usualmente se desen-vuelven entre tradición y modernidad.

Los crímenes de Ilave y de Ayo Ayo, como la mayoríade los otros hechos de cuestionamiento de autoridadesmunicipales son la expresión extrema de un estilo políticode confrontación e intolerancia, enmarcado por las tensio-nes entre las comunidades y el gobierno central; tensionesque deben mucho a los experimentos neoliberales de lasdécadas de 1980 y 1990. Las reformas institucionales queacompañaron a esos experimentos contribuyeron a quelas estructuras locales de poder resultaran inmersas enprocesos de mayor alcance a cuya dinámica y racionalidadno tuvieron más alternativa que la adaptación. Una adapta-ción traumática y a la defensiva, que va de la mano con elemprendimiento de acciones y reacciones que tienen comoobjetivo la consolidación de la comunidad –por lo tanto dela estructura de poder en la comunidad– amenazada porfuerzas (actores, instituciones y procesos) que no está encondiciones de controlar. Las múltiples formas de la pro-testa, incluido el linchamiento, pueden ser vistas en conse-cuencia como “estrategias de poder que enarbolan unasoberanía comunal”42.

En el caso peruano, las modificaciones impuestas porel régimen de Alberto Fujimori al sistema de partidos polí-ticos y a la legislación electoral después del autogolpe de1992 sacaron de juego a la casi totalidad de losdesprestigiados partidos tradicionales; perdieron derechoa la inscripción electoral a nivel nacional y para subsistir anivel municipal debieron recurrir a sus viejas redes declientelismo, involucrándose en adaptaciones y negociacio-nes con una variedad de organizaciones muchas de ellascreadas a esos efectos43. El nuevo esquema institucionalfavoreció la participación política local de organizaciones yagrupamientos de tipo comunitario o vecinal, forzando a larealidad de las viejas dinámicas a introducirse en las forma-lidades de las nuevas institucionalidades. En algunos casosse inició de esta manera un proceso de democratizaciónde las decisiones más directamente referidas a la comuni-dad. En otros casos en cambio los actores municipales ocomunitarios, al estar imposibilitados de debatir e incidiren procesos y cuestiones referidas al modelo de reorgani-zación integral de la sociedad peruana, se enfrascaron enluchas pequeñas por el control de los aparatos políticos yadministrativos locales “para maximizar intereses de cortoplazo y disponer arbitrariamente de recursos orientados asectores particularizados de la sociedad”44. En muchos ca-sos el traslado al nivel local de enfrentamientos políticosen ámbitos de mayor dimensión o proyección institucional–por ejemplo organizaciones sindicales o asambleas legis-lativas– potenció la intensidad y la personalización de losconflictos.

En Bolivia la radical reorientación del Movimiento Na-cionalista Revolucionario (MNR) desarticuló las redes dereferenciamiento político de importantes sectores de lapoblación campesina y de la clase trabajadora urbana. ElMNR, que con la revolución de 1952 había hecho la reformaagraria, nacionalizado la gran minería, impulsado la organi-zación sindical y campesina, y establecido el sufragio uni-versal, se convirtió a partir de 1986 en el impulsor entusiastadel primer experimento neoliberal en gran escala en Amé-rica Latina. El crecimiento del desempleo, el trabajo preca-

41 En la ceremonia de asunción el 6 de agosto de 1993 Cárdenaspresentó su elección como un triunfo del movimiento indígena, y pro-nunció partes de su discurso de inauguración en aymara y quechua. ALBÓ,Xavier (1994) “And from Kataristas to MNRistas? The Surprising andBold Alliance between Aymaras and Neoliberals in Bolivia”, en DonnaLee Van Cott (ed.) Indigenous Peoples and Democracy in Latin America. NewYork: St.Martin’s Press:55-81.

42 Guerrero, Andrés, “Los linchamientos en las comunidades indíge-nas (Ecuador). ¿La política perversa de una modernidad marginal?” enBulletin de l’Institut Français ’Etudes Andines 29 (3), 2000, pp. 463-489.

43 Tuesta Soldevilla, Fernando, Sistema de partidos políticos en el Perú,Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1995. Y Haya de la Torre, Agustín, Dicta-dura y democracia. La crisis del Estado Republicano, Lima, Foro Democrático,2003.

44 Grompone, Romeo, “Al día siguiente: el fujimorismo como pro-yecto inacabado de transformación política y social”, en Julio Cotler yRomeo Grompone, El fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritarioen Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000.


rio y el empobrecimiento masivo parecen haber engendra-do un clima generalizado de insatisfacción respecto de lapolítica tradicional de acuerdos electorales y parlamenta-rios entre partidos y un sistema de representación pro-porcional que favorece la fragmentación del universopartidario y la necesidad de permanentes negociacionesentre cúpulas. La pérdida o debilitamiento de identidadesciudadanas que se proyecten más allá de los límites inme-diatos de la comunidad, la comarca o el municipio, conjuga-da con la intensificación de los conflictos locales por elcontrol de recursos escasos, reposiciona al elemento étni-co-lingüístico como criterio fundamental de identificaciónde propios y extraños, y permite plantear demandas depolítica económica, reorganización territorial, manejo derecursos naturales, que van mucho más allá de lo particularinmediato. Las intensas y gigantescas movilizaciones de cam-pesinos quechuas y aymaras de los últimos años –que for-zaron la renuncia de Sánchez de Losada en octubre 2003 yla de su sucesor Carlos Meza en 2005– dan testimonio dela pérdida de legitimidad del Estado. Su incapacidad paraorganizar las conductas sociales y controlar los aconteci-mientos, y la proliferación de pequeños territorios “libera-dos” con ejercicio de “microsoberanías competitivas”45

ilustran por la negativa el concepto de “poderinfraestructural” desarrollado por Mann: el poder que di-seña las circunstancias y los contextos en que las personasactúan y toman decisiones, y el arco de opciones abierto aéstas46. El Estado existe como poder coactivo confrontadopor otros poderes coactivos, y está ausente como princi-pio normativo de organización y encauzamiento de la diná-mica social.

Los conflictos dentro del Concejo Municipal de AyoAyo (donde tanto Altamirano como Apaza debían recurrira complejas negociaciones para imponerse a la fraccióncontraria) se agregaban a tensiones y enfrentamientos en-tre las autoridades municipales y de algunas organizacionessindicales y campesinas, y las autoridades tradicionales dela comunidad. Todo ello con el trasfondo de las cambiossociales experimentados en la región durante más de unageneración: revolución, reforma agraria y liquidación dellatifundismo en la década de 1950, contrainsurgencia y re-gímenes militares en las siguientes; reforma del estado, des-

centralización fiscal y políticas neoliberales en los ochentasy noventas; movilizaciones campesinas multitudinarias entorno al cultivo de coca, explotación de hidrocarburos yotros recursos naturales. Desde mediados de la década de1980 el Estado actuó como desarticulador de un conjuntode servicios y de organizaciones comunitarias o vecinales,así como del mercado de trabajo. A través el estado desitio, el confinamiento de dirigentes sociales y políticos opo-sitores, el cerco militar a poblaciones en lucha, despidosmasivos de fuerza de trabajo, brutalidad policial, control delos medios de comunicación, privatización de empresaspúblicas, el Estado llevó a cabo el “rediseño violento de lasociedad global”47.

La fractura de las identificaciones comunitarias fue asi-mismo impulsada desde el gobierno por varios programasde educación y campañas en medios de difusión dirigidos aestimular el desarrollo de una ética utilitaria de afirmacióndel yo y de logro personal más afín con una economía demercado48. La extrema pobreza de grandes sectores depoblación arrojados a escenarios sociales desconocidos yfrecuentemente agresivos favoreció el desarrollo de un “in-dividualismo de subsistencia”49 que circunscribe las solida-ridades y las lealtades a conjuntos extremadamentereducidos y que contrastan con la cultura histórica de lacomunidad.

Los hechos de Ayo Ayo no son ajenos a la redefiniciónde las relaciones entre el gobierno y el sistema político consede en La Paz y las redes regionales y locales de autoridad,en un complejo entramado entre la matriz tradicional delpoder y la que es impulsada por los procesos reforma ins-titucional y modernización neoliberal. La ley de Participa-ción Popular estableció un esquema de descentralizaciónde la ejecución del gasto público que transfiere a los muni-cipios fondos líquidos para la ejecución de obras. La refor-ma fue parte de las recomendaciones macroeconómicasde los programas impulsados por el Banco Mundial queencontraron en los gobiernos de Bolivia desde 1986 enadelante entusiastas ejecutores. Rodeada de una retórica

45 Tilly, Charles, From Mobilization to Revolution, New York, RandomHouse, 1978.

46 Mann, Michael, “The Autonomous Power of the State: Its Origins,Mechanisms, and Results” en Archives Européennes de Sociologie 25, 1994,pp. 185-213.

47 Torrico, Erick R., “Bolivia: el rediseño violento de la sociedad glo-bal” en Nueva Sociedad 105, 1990, pp. 153-163.

48 Laserna, Roberto, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bo-livia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”, en Carlos M. Vilascoord., Estado y políticas sociales después del ajuste. Caracas: Nueva Socie-dad, 1995, pp. 47-71. Y Vilas, Carlos María, “¿Más allá del «Consenso deWashington»? Un enfoque desde la política de algunas propuestas delBanco Mundial sobre reforma institucional” en Reforma y Democracia 18,2000, pp. 25-76.

49 Op. Cit. 28.


que enfatiza el impacto de la descentralización en el forta-lecimiento de la democracia, la transparencia en el uso delos recursos públicos y el ejercicio de derechos ciudada-nos, la descentralización explicitó en los hechos la matrizde tensiones, conflictos y desajustes que pueden llegar asuscitarse cuando una concepción teórica es aplicada porimitación o imposición en escenarios que poco o nada tie-nen que ver con aquellos en los que se desenvuelven lasmentes que la generan50. En virtud de esas reformas el nú-mero de municipios con gestión financiera descentralizadacreció de 24 a 314. De la noche a la mañana Bolivia pasó deun esquema centralizado a uno descentralizado sin dotarpreviamente a las instancias de ejecución a las que se letransfirió la aplicación de los recursos, de estructuras yentrenamiento para hacerse cargo de las nuevas responsa-bilidades. Las discusiones y pugnas por los fondos de co-participación metieron a los municipios y a las autoridadescomunitarias de lleno en la política nacional, alimentando ocreando nuevos conflictos locales51.

La descentralización acelerada de responsabilidades yla transferencia de recursos financieros a instancias muni-cipales sin experiencia ni capacitación previa, abrió las puer-tas de prácticas de corrupción, malversación de fondospúblicos y potenciación de conflictos locales. Dirigenteslocales sin experiencia de gestión pasaron de un día paraotro a manejar presupuestos millonarios. Un mallku resu-mió, desde su perspectiva particular, el impacto de estoscambios: “Hay en la zona dos grupos diferenciados: los cam-pesinos originarios y el que proviene de las haciendas (losdescendientes de los trabajadores de los terratenientesantes de 1952: CMV). Ya no se respeta a la autoridad comu-nitaria, ahora se imponen los sindicatos (…) el MST maneja

todo en el pueblo”. Se ha generado un enfrentamiento “porla representatividad… pero también por el dinero de laParticipación Popular. Si a Altamirano lo juzgaron por co-rrupto, se debió hacer lo mismo con los anteriores alcal-des”52. La crisis de las dirigencias tradicionales debe muchotambién a que, al no poder mantenerse ajenas a las trans-formaciones de la región, quedaron involucradas en las ten-siones y conflictos que ellas generaban y que se articulabana la dinámica de los escenarios y actores preexistentes. Unaspecto revelador de esta crisis es la división que se dio enlos mallku de Ayo Ayo entre los que apoyaban a Altamiranoy quienes se oponían a él.

Los crímenes de Ilave y de Ayo Ayo muestran al lincha-miento como un ingrediente de procesos violentos de lu-cha por el poder local articulados a conflictos políticos ysociales de mayor proyección en cuanto apuntan a la cons-titución real del Estado y a sus traumáticas relaciones conel mapa social que le sirve de sustento. Si la esencia de lopolítico es, como afirmó Carl Schmitt, la relación amigo-enemigo53 los linchamientos de Ilave y de Ayo Ayo y losescenarios que los enmarcan develan esa esencia en suliteralidad más brutal. El procedimiento al que se apeló paradeshacerse de unos funcionarios a los que se culpaba delos infortunios de la comunidad no es diferente del que, enlas dos o tres décadas previas, practicaron las fuerzas ar-madas del Estado y las organizaciones insurgentes en sulucha por retener o alcanzar el poder político, por más queen nombre de otras ideologías.

Consideraciones finales: linchamientos,neoliberalismo y vacío de Estado

Los linchamientos son fenómenos sociales multicausales.En su gestación y ejecución interviene una multiplicidad defactores convergentes. Aunque los linchamientos de Ilave yAyo Ayo se prestan particularmente bien para dar un pesodeterminante a una hipótesis explicativa de tipo político, lapropia narrativa de esos hechos indica la presencia de lassituaciones que abonan a las hipótesis que enfatizan la in-tervención de otros elementos: el sentimiento de inseguri-dad e injusticia, la tensión entre diferentes órdenes

50 Vilas, Carlos M., “Descentralización de políticas públicas: Argentinaen la década de 1990” en Revista Argentina del Régimen de la AdministraciónPública 300, 2003, pp. 43-57.

51 “Si es posible, que se cierre esta Participación popular. Antes nopeleábamos y hoy en día peleamos por una migaja y nos olvidamos de lanación” dijo la concejala Plácida Quispe (partidaria y nuera de Altamiranoy sobreviviente del secuestro). La Razón (La Paz) 17 de junio 2004. Segúnla Oficina de Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Ministerio deParticipación Popular “cada día llega al menos una denuncia de corrup-ción contra autoridades municipales presentada por organizaciones cí-vicas”. Un 80% del total de denuncias se refiere a corrupción en el manejode fondos, en la compra de insumos y de equipamiento, y similares. Lamisma fuente estimó que a principios de 2004 unos cuarenta municipiostenían sus cuentas congeladas porque sus responsables no justificaron eluso del dinero asignado por el Estado. Como resultado de esto susactividades están casi paralizadas, con el lógico descontento de sus habi-tantes.

52 La Razón (La Paz) 18 de junio 2004. El Ministerio de la Participa-ción Popular, creado como parte del programa neoliberal del presidenteGonzalo Sánchez de Losada, canaliza fondos líquidos del Ministerio deHacienda a los municipios.

53 Schmitt, Carl, El concepto de lo político, Madrid, Alianza (edición de1991).


axiológicos, el deterioro social, la pobreza, y la incapacidado desinterés del Estado en dar respuesta a los reclamos dela población.

En un nivel de abstracción mayor es posible identificarcomo trasfondo de los linchamientos de Ilave y Ayo Ayodos factores que se encuentran en otros casos de conteni-do político menos evidente: a) una fuerte vulnerabilidadsocioeconómica, en cuanto la enorme mayoría de los lincha-mientos tiene lugar en escenarios de generalizado empo-brecimiento y precariedad social; b) un vacío de Estado tantoen lo que toca a la eficacia de su desempeño como a sulegitimidad. Ambos aspectos están obviamenteinterrelacionados: el mundo de inseguridad y precariedaden el que se escenifican los linchamientos debe mucho almodo en que el poder y las agencias del Estado se relacio-nan con la sociedad y actúan en determinados escenarios ycon relación a los actores sociales que se desenvuelven enellos.

Un rasgo típico de la intervención del Estado en estosescenarios es su carácter eminentemente represivo. Cier-tamente, el Estado está presente a través de un conjuntode agencias que despliegan un poder coactivo, incluyendoel ejercicio de violencia física sobre personas y propieda-des. Pero ese despliegue es valorado como ilegítimo porquienes desarrollan sus existencias en esos escenarios y deuna u otra manera resultan involucrados o afectados por ellinchamiento. El Estado no llega, llega tarde o llega mal. Aesto se agrega la retracción del poder infraestructural, aque ya se hizo mención, como efecto de las reformas insti-tucionales y los programas neoliberales de ajuste macroeco-nómico, privatizaciones, desregulación, etcétera.

Desde la perspectiva de quienes linchan el Estado pro-tege a los delincuentes (ladrones, violadores, asesinos, fun-cionarios corruptos, secuestradores de niños, brujos…),retarda o deniega la administración de justicia, abusa de lagente honesta, protege a los infractores y deja sin protec-ción ni atención a los necesitados y los honestos. El Estadose deslegitima porque la legitimidad tiene implícita una no-ción de equilibrio entre lo que los individuos aportan alconjunto social y lo que éste entrega a cambio; en el fondo,tiene que ver con un concepto básico de justicia y recipro-cidad54. La construcción social del concepto de legitimidadno es espontánea; contribuye decisivamente a ella un nú-

mero amplio de agencias de socialización formal e informal(escuelas, iglesias, grupos de parentesco, organizacionespolíticas, medios de difusión…), así como las experienciasconcretas de la vida diaria –los microfundamentos cotidia-nos de la legitimidad– contra las cuales se pone a prueba lavalidez las interpretaciones planteadas por aquéllas.

Desde Aristóteles hasta nuestros días existe amplioconsenso en el sentido que la deslegitimación del Estadoes una de las causas más evidentes de las revoluciones yotras formas de cambio político y social violento. La hipó-tesis que ve en los linchamientos –incluso en aquéllos queson detonados por delitos comunes– verdaderas microrevoluciones, en cuanto contestación de un poder estatalvivido como opresivo e injusto, entronca en esta corrientede interpretación. La población asume o retiene funcionespunitivas que el Estado ha declinado por su propia incapa-cidad o ineficacia, o que ejerce de manera contraria a loque la población considera legítimo y justo, y disputa esfe-ras de poder al Estado. Debe destacarse sin embargo quelos linchamientos que abonaron el análisis desarrollado eneste documento tuvieron lugar en países con sistemas con-siderados democráticos: convocatoria periódica a eleccio-nes, separación de poderes, constituciones que garantizanderechos y garantías individuales, etcétera. Un asunto quevuelve a destacar la enorme distancia que puede llegar amediar entre el principio formal de legalidad y los criteriossustantivos de legitimidad y que excede en mucho los ob-jetivos de este texto.

Ilave y Ayo Ayo abonan la hipótesis de la desaparicióndel Estado en el conjunto de sus dimensiones constitutivas:como poder coactivo y de control territorial, comoinstitucionalización de relaciones de poder y articuladorde conductas sociales, y como generador de identidadescívicas. De este vacío de Estado resultan víctimas todos losque de una u otra manera participan o resultan involucradosen los linchamientos: los alcaldes Robles y Altamirano que,amenazados de muerte, reclaman del Estado una protec-ción que éste rehúsa darles, y los tribunales distritales o dela capital del país que demoran indefinidamente el trata-miento de las denuncias formuladas contra ellos; la alcalde-sa de Colquencha (localidad vecina a Ayo Ayo) que declara“No quiero caminar sola, pido garantías” y el Ministro deGobierno de Bolivia que recomienda a las personas que sesientan amenazadas por la violencia en Ayo Ayo que aban-donen la población55. La concejala Plácida Quispe Calle,

54 Levi, Lucio, “Legitimidad”, en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci,Diccionario de política, México, Siglo XXI, II, 1982, pp. 892-897, Beetham,David, The Legitimation of Power, Atlantic Highlands NJ: Humanities Press,1991, Op. cit., 4. 55 La Razón (La Paz) 16 y 17 de junio.


testigo del secuestro de Altamirano “declaró que fue a laPolicía Técnica Judicial (PTJ) a denunciar el secuestro y elfiscal de turno se negó a cooperar argumentando que noexistían suficientes efectivos policiales para trasladarse allugar de los hechos”56. El Ministro del Interior de Perú querehúsa enviar refuerzos policiales a Ilave y dar protección aRobles, por temor a provocar “un baño de sangre”…Linchadores y linchados, víctimas y victimarios, actores yespectadores, todos claman por la intervención de un Es-tado que no ve, no oye y no actúa.

56 El Diario (La Paz) 16 de junio 2004.

Los linchamientos de Ilave y Ayo Ayodestacan la fragilidad de los procesos de de-mocratización enmarcados en las reformasmacroeconómicas neoliberales de las dé-cadas recientes, y la capacidad de las estruc-turas tradicionales de poder para resignificaresos programas en beneficio propio, espe-cialmente en el nivel local. El discurso de lademocracia de mercado llega con dificultada las comunidades, y lo hace metamorfo-seado de tal manera que usualmente con-solida las dimensiones más frecuentes de lapolítica tradicional: nepotismo, corruptelas,favoritismos. Las redes de parentesco y afi-nidad que constituyen la estructura de laorganización comunitaria resultan asícooptadas por las prácticas corrientes delclientelismo y el patronazgo; el tradicionalintercambio de favores de la reciprocidadcomunitaria aparece ahora avasallado poruna verdadera avalancha de recursos finan-cieros –por más que insuficiente, las másde las veces, para responder a las necesida-des reales de la población.

La ausencia estatal no refiere solamentea las limitaciones de sus agencias y aparatospara hacerse cargo de las responsabilida-des institucionales que le son propias encuanto hacen al concepto mismo de Esta-do –garantizar la paz y el orden, la vida y laseguridad de las personas, hacer efectivo elmonopolio de la coacción– sino también, yfundamentalmente, a su dimensión política.Los acontecimientos de Ilave y Ayo Ayo re-velan la incapacidad del Estado de hacerefectiva la vigencia de la democracia inclu-

so en su versión mínima procedimental: prevenir que lagente resuelva los conflictos políticos por la vía violenta.Los conflictos comunales que se dirimieron por el lincha-miento fueron de naturaleza política –el control del muni-cipio, el manejo de sus recursos, la protección dedeterminados intereses económicos…– como políticos fue-ron también sus actores directos y secundarios –alcaldes,concejales, autoridades judiciales, funcionarios del gobier-no central, parlamentarios. Es este protagonismo de lo po-lítico el que diferencia a los crímenes de Ilave y Ayo Ayo delconjunto más amplio en el que se referencian.

linchamientos y lucha política en los andes - el...

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