libertad sindical; unicidad vs pluralidad ¿un modelo...
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LIBERTAD SINDICAL; UNICIDAD VS PLURALIDAD ¿UN MODELO EN CRISIS?
Luis Ignacio Ceferino Arroquigaray
Desde hace algunos años a través de distintos fallos de la CSJN, se ha venido
cuestionando y modificando en favor de las asociaciones sindicales
simplemente
inscriptas, y de las representaciones sindicales derivadas de ellas, a la unidad
sindical promovida prevista por nuestra L.A, S., argumentándose en la
aplicación
del principio de la libertad sindical, los pactos internacionales de derechos
Humanos y el artículo 14 bis de nuestra carta magna.
Así Nuestro supremo tribunal federal en el fallo 331.2499 del 1 de noviembre
de
2008 inaugura con ATE 1, la puesta en cuestión del sistema de la LAS
estableciendo:
Que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto desconoció el
derecho
de ATE a intervenir en la celebración de los comicios de delegados del
personal
en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor Conjunto
de
las Fuerzas Armadas, con base en que, pese a comprender dicho ámbito de
actividad, no gozaba en éste de personería gremial, pues no se ha invocado, ni
la
Corte advierte, la existencia de razón alguna que haga que la limitación
impugnada resulte necesaria a una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenas, sino que parece marchar en sentido opuesto a dichos
intereses
y a las necesidades de una sociedad del tipo indicado, la cual, si algo exige, es
que el modelo que adoptó permee los vínculos asociativos, sobre todo aquellos
que, como los sindicales, están llamados a coadyuvar en la promoción del
bienestar general.
El art 41 inc a de la ley 23.551 -al exigir que los “delegados del personal” y los
integrantes de “las comisiones internas y organismos similares” previstos en su
art. 40, deban estar afiliados “a la respectiva asociación sindical con personería
gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta”- viola el derecho a la
libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis de la
Constitución
Nacional como numerosas normas de raigambre internacional, afectando
injustificadamente la libertad de los trabajadores individualmente considerados
que
deseen postularse como candidatos, no obstante, la existencia, en el ámbito,
de
otra simplemente inscripta, como así también la libertad de éstas al impedirles
desplegar la actividad para la que fueron creadas.
Al consagrar la democracia gremial, el art. 14 bis de la Constitución Nacional
manda que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes que
impedir
o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas actividades y fuerzas
asociativas, en aras de que puedan desarrollarse en plenitud, vale decir, sin
mengua de la participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el
propio
universo laboral quiera darse, y los términos “libre y democrática” mencionados
en
aquél, no por su especificidad y autonomía, dejan de ser recíprocamente
complementarios.
La libertad de asociación sindical remite al Convenio Nº 87 -ratificado por la
Argentina en 1960 y comprendido en la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo-, el cual hace hincapié en
que
los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse
a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas, así
como,
aquéllas tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su
administración
y sus actividades y formular su programa de acción.
En el fallo “Rossi Adriana María C/ Estado Nacional Armada Argentina
S/Sumarísimo “332 .2715 del 9 de diciembre de 2009,la corte establece que
corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551, en la
medida en que excluye a la actora del goce de la tutela otorgada por este
último a
los representantes de asociaciones con personería gremial, por ser
representante
presidenta) de una asociación sindical, la cual, no obstante comprender en su
ámbito a la relación de trabajo de dicha representante, tiene el carácter de
simplemente inscripta y existe otro sindicato con personería gremial en ese
ámbito.
Al denegar una garantía expresamente reconocida por la Constitución a un
gremio
para asegurar la exclusividad de otro se ha ocasionado un severo agravio al
principio que asegura el derecho a una organización sindical libre y
democrática,
por lo que cabe concluir que la preexistencia de un sindicato con personería
gremial de primer grado en el ámbito laboral donde se desempeñan los
trabajadores de la actividad que la federación de la cual la actora es miembro
también representa, no puede constituir un motivo válido en términos
constitucionales para privar de la protección especial establecida en el art. 52
de la
ley 23.551 a una de sus dirigentes (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Al limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería
gremial
los alcances de la protección prevista en su art. 52, la ley 23.551 -reglamentaria
de
la libertad sindical constitucionalmente reconocida-, ha violentado, de manera
tan
patente como injustificada, la esfera en que el legislador puede válidamente
dispensar determinados privilegios a las asociaciones más representativas, en
primer lugar, porque el distingo constriñe, siquiera indirectamente, a los
trabajadores individualmente considerados que se dispongan a actuar como
representantes gremiales, a adherirse a la entidad con personería gremial, no
obstante la existencia, en el mismo ámbito, de otra simplemente inscripta, y en
segundo término, porque ataca la libertad de los sindicatos simplemente
inscriptos
y la de sus representantes, al protegerlos de manera menor que si se tratara de
asociaciones con personería gremial, en un terreno de la actividad sindical que
también es propio de aquéllos y en el cual, de consiguiente, no se admiten
privilegios.
La CSJN en la sentencia “Asociación de Trabajadores del Estado S/ acción de
inconstitucionalidad (ATE2) el 28 de junio de 2013
El derecho invocado por la coactora A.T.E. de representar los intereses
colectivos
de los trabajadores municipales a los efectos de promover el reclamo judicial
tendiente a la declaración de invalidez del decreto 5/2003 de la Provincia de
Salta
mediante el cual se había dispuesto una rebaja de las remuneraciones de
aquéllos, está inequívocamente reconocido por el art. 14 bis de la Constitución
Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16), el
Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el
Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio N° 87 de la OIT,
normas con las cuales es incompatible el precepto legal aplicado por el a quo
(art.
31.a de la ley 23.551), en la medida en que los privilegios que en esta materia
otorga a las asociaciones con personería gremial, en desmedro de las
simplemente inscriptas, exceden el margen autorizado por las primeras.
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 5/2003 de la
Municipalidad de la Ciudad de Salta, respecto de la quita salarial dispuesta con
base en una invocada situación de emergencia económica si parece haber
olvidado cuatro principios de jerarquía constitucional: el trabajador como sujeto
de
preferente tutela constitucional, la justicia social, el principio de progresividad y
el
derecho a perseguir su bienestar material, tres principios del Derecho
Internacional de los Derecho Humanos constitucionalizado: el deber de adoptar
medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una
vida
digna, el compromiso de abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o
indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un
empleado y el principio pro homine, y también que el art. 14 bis de la
Constitución
Nacional es cláusula operativa y, por ende, susceptible de autónomo
acatamiento
por las autoridades administrativas.
Finalmente, y en orden a la puesta en crisis del sistema de unicidad sindical
promovida en la causa Orellano Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la
República
Argentina SA S/ sumarísimo el 7 de junio de 2016 establece; La Corte Suprema
de Justicia resolvió que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por
grupos informales ya que el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas
internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho
de
declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de
trabajadores.
La empresa Correo Oficial de la República Argentina despidió a Orellano por
haber participado en la convocatoria y realización de medidas de fuerza que no
contaron con el aval de ninguno de los sindicatos que representaban al
personal.
En la comunicación del despido la compañía aclaró que esas medidas de
fuerza
consistieron en la celebración, en un lapso de dos semanas, de sucesivas
“reuniones…en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual” que afectaron
gravemente el desarrollo normal de la labor en su centro operativo de Monte
Grande, lo cual se tradujo “en demora, retardo y retención en las imposiciones
postales de todo tipo confiadas por nuestros clientes”; y también indicó que con
ello llegó a comprometerse la entrega de aproximadamente 6.000.000 de
piezas
postales.
Orellano reclamó ante la justicia que se dejara efecto el despido y se lo
reincorpora a su puesto de trabajo alegando que había sido víctima de un trato
discriminatorio prohibido por la ley. Concretamente, sostuvo que el despido era
una injustificada represalia por su participación en medidas legítimas de “acción
gremial
En su sentencia del día de la fecha, la Corte rechazó ese argumento señalando
que las medidas de fuerza en las que participó el trabajador en modo alguno
podían considerarse legítimas.
El Tribunal puntualizó que la huelga es un medio de presión, para lograr que se
satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral, que obstaculiza el normal
desarrollo de las actividades de producción de bienes o de prestación de
servicios.
Por ende, las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador,
también
afectan a los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, a los
consumidores o usuarios.
O sea que el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión tanto con los
derechos del empleador como con derechos de terceros o de la sociedad que
también están amparados por la Constitución Nacional (el derecho a la
educación,
a la protección de salud, a la adquisición de bienes para una adecuada
alimentación y vestimenta, a que se asegure la calidad y eficiencia de los
servicios
públicos, etc.). Esa tensión entre derechos de difícil armonización ha sido
resuelta
subordinando el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de
determinadas
condiciones o recaudos. Y uno de esos recaudos es el de que la decisión de ir
a la
huelga sea adoptada por una asociación gremial.
La Corte recordó que el derecho huelga fue incorporado al texto de la
Constitución
Nacional cuando la reforma de 1957 agregó el artículo 14 bis. Este artículo
consagró una serie de derechos de carácter laboral y social que habían
adquirido
reconocimiento universal durante la primera mitad del siglo XX por vía de su
inclusión en las cartas constitucionales de diversos Estados. En el primer
párrafo,
el artículo 14 bis centró su atención en el “trabajador” disponiendo que la ley
debe
asegurarle una serie de derechos, entre ellos, “la organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Y a
continuación, el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional
estableció que “queda garantizado a los gremios: concertar convenios
colectivos
de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”. De
modo
que corresponde entender que los “gremios” mencionados en el segundo
párrafo
del artículo 14 bis como titulares del derecho de declarar una huelga no son
otra
cosa que aquellas entidades profesionales que surgen como fruto del
despliegue
del derecho a la “organización sindical libre y democrática” reconocido a los
trabajadores en el párrafo anterior, es decir, a las asociaciones sindicales a las
que la Constitución habilita para el ejercicio de derechos colectivos cuando
satisfacen el requisito de su “simple inscripción en un registro especial”.
El Tribunal hizo hincapié en que el examen integral del texto de esta norma
constitucional no permite otorgarle a la palabra “gremios” un alcance mayor al
indicado que la haga comprensiva de cualquier grupo informal de trabajadores.
El
artículo 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones
profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las
relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad
sindical y
de democracia interna y, a tal efecto, les ha impuesto el requisito de la
inscripción
en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales
directivas. No resulta lógico admitir, por lo tanto, que, a renglón seguido, la
misma
norma otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes
del
ámbito de las relaciones colectivas (negociar convenios colectivos, acudir a la
conciliación y al arbitraje cuando las negociaciones directas fracasan, y, en su
caso, adoptar medidas de acción directa) tanto a las organizaciones que
cumplen
con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les
exige
satisfacer ninguno de ellos.
La Corte también tuvo en cuenta que, del mismo modo, tanto los tratados
internacionales sobre derechos humanos como la doctrina elaborada por la
Organización Internacional del Trabajo a partir de las disposiciones de su
convenio
87 sobre la libertad sindical contemplan al derecho de declarar una huelga
como
un derecho que le corresponde a la asociación profesional de trabajadores.
Finalmente, el Tribunal señaló que la interpretación de los textos
constitucionales
e internacionales en juego que se efectúa en este caso guarda coherencia con
sus
decisiones anteriores en materia de libertad sindical (casos “Asociación
Trabajadores del Estado” y “Rossi”); de modo que la doctrina constitucional
enunciada implica que, en lo que atañe al derecho de adoptar medidas de
acción
directa, los sindicatos no pueden ser discriminados en razón su grado de
representatividad. Es decir, que tienen derecho a declarar una huelga tanto los
sindicatos que gozan de la personería gremial como las asociaciones
sindicales
simplemente inscriptas.
Así progresivamente en estos fallos se fueron ampliando las facultades en
favor
de los sindicatos simplemente inscriptos, con basamento en los tratados
internacionales de derechos humanos y los principios de libertad sindical
convenio 87 de la OIT y el artículo 14 bis de nuestra carta magna, poniendo
flexibilizando el sistema de la ley 25551 de unidad promovida, que privilegia al
sindicato con personería.
El reconocimiento, de la promoción de huelgas, el reconocimiento
representatividad y la protección de los representantes de los sindicatos
simplemente inscriptos, por parte de la CSJN , recoge algunas de las
observaciones realizadas por La Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la O.I.T, respecto de la L.A.S y su decreto
reglamentario entre las que podemos enumerar a continuación.:
El artículo 28 lo mismo que el artículo 21 del decreto 467/88, que dispone que
la entidad sindical que pretenda disputar la personería gremial a otra que ya la
posea, debe tener un número de afiliados considerablemente superior al de la
asociación con personería gremial preexistente, y éste no debe ser inferior al
10% de los afiliados cotizantes. -
El artículo 29, que dispone que sólo se otorgará la personería gremial a un
sindicato de empresa cuando no exista otro sindicato con personería gremial
en la zona de actuación y en la actividad o categoría y el artículo 30 de la ley
que dispone que para que los sindicatos de oficio, profesión o categoría
puedan obtener la personería gremial deberán acreditar la existencia de
intereses diferenciados de la unión o sindicato preexistente, cuya personería no
deberá comprender la representación solicitada, a juicio de la OIT las
condiciones exigidas para que los sindicatos de empresa, de oficio o de
categoría puedan obtener la personería gremial son excesivas limitando en la
práctica su acceso a dicha personería gremial y privilegiando a las
organizaciones sindicales de actividad existentes incluso cuando los sindicatos
de empresa, oficio o categoría sean más representativos en su ámbito, según
lo dispuesto en el artículo 28. Esto puede tener por efecto restringir el derecho
de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a estas organizaciones (artículo 2 del Convenio).
El artículo 38, que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero
no a las simplemente inscritas, el cobro de las cuotas sindicales por descuento
en la planilla de sueldos.
El artículo 39, que sólo contempla exenciones impositivas en favor de las
asociaciones con personería gremial pero no de las simplemente inscriptas.
Los artículos 48 y 52, que prevén que únicamente los representantes de las
organizaciones con personería gremial se benefician de una protección
especial (fuero sindical)
Al margen de estas observaciones puntuales también se debe recordar que, de
una manera más general, la CEACR ha considerado que son incompatibles
con el
Convenio N° 87 los sistemas legales que imponen una estructura sindical
determinada, y con mayor motivo cuando la ley consagra un sistema de unidad
sindical compulsiva (como lo hace nuestra ley de asociaciones sindicales).1
Como puede observarse, la CSJN en forma progresiva, fue recortando las
potestades que eran exclusivas de los sindicatos con personería y
reconociendo
algunos de esos derechos a las organizaciones simplemente inscriptas, sin
perjuicio que muchas de ellas aún se encuentran en cabeza de las
organizaciones
sindicales con personería, como se desprende del cotejo de las observaciones
del
comité de la OIT con los fallos de la CSJN.
Ahora bien, el modelo sindical de la republica argentina dela ley 25551
responde
a una concepción de unidad sindical promocionada, es decir responde a una
concepción contraria a la atomización sindical propugnada por el estado,
mediante
distintos mecanismos que siguiendo el voto del Dr Rodolfo Ernesto Capón Filas
en
su voto en expte 13930 /2004 expone las principales características de nuestro
sistema sindical.
1LalibertadsindicalyelfallodelaCorte¿Quépuedepasarahora?DeArturoBronsteinDT2008(diciembre)1071
“…El modelo sindical argentino consagrado en la ley 25551 recepta
asociaciones por categoría laboral, profesión, especialidad (en el léxico común
denominadas
horizontales), o por actividad, integrando diversas categorías, profesiones,
especialidades (denominadas verticales).
Describe asociaciones simplemente inscriptas en el Ministerio de Trabajo de la
Nación, dotadas de personería jurídica y entidades con personería gremial.
Las
primeras representan a sus afiliados y subsidiariamente al universo. Las
segundas, en cambio, sin dejar de representar a sus afiliados, siempre
representan al universo. La entidad que pretenda la personería gremial, en
caso
de ser única, debe representar suficientemente el universo (afiliar a más del
20%
de los trabajadores: Ley 23551 art. 25.b) En caso de ser varias logra la
personería
la más representativa (ha de superar a las otras al menos en un 10% de las
afiliaciones: decreto reglamentario 467/88 art. 21). Todo ello conduce a una
unidad sindical promocionada, no a una unicidad. El modelo vigente ha sido
criticado desde varios ángulos, sobre todo académicos y políticos, que verían
con
un agrado un esquema más amplio de igualdad entre los sindicatos.
Dentro del modelo obran las asociaciones simplemente inscriptas, con
personería
jurídica y las entidades con personería gremial. Esta dualidad se manifiesta en
los
tres niveles organizativos. Según datos ministeriales del 30.06.2001, existen
1243
sindicatos de primer grado con personería gremial y 1097 simplemente
inscriptos,
69 federaciones con personería gremial (de las que 1 es central la CGT y la
otra
es sectorial) y 7 simplemente inscriptas, de las que 1 es central la CTA, y las
restantes sectoriales. Si en un mismo universo existen una entidad
simplemente
inscripta y otro con personería gremial la primera logra la personería si fuese
mas
representativa que la segunda que en ese caso muta en simplemente inscripta.
De ello se deduce que la personería gremial es una conquista diaria porque
puede
desaparecer, dependiendo de la mayor afiliación de trabajadores. Esta, a su
vez, surge de la fuerza sindical demostrada y de la democracia interna: se
conjugan de
ese modo las notas constitucionales de libertad y democracia. (…)”2
Como claramente expone el Dr Capon Filas, si bien se critica a la ley por poco
amplía su aplicación no implica necesariamente la vulneración lisa y llana de la
libertad y democracia sindical, más aún si se pusiera el acento en la
democracia interna de las asociaciones.
El contraste, existente entre el sistema de unidad sindical promocionada con el
sistema de pluralidad al que parece aproximarse nuestra corte, plantea
siguiendo al Dr. Arturo Bronstein3 los siguientes interrogantes. “…Siempre
suponiendo que en algún futuro fallo se consagrará el principio de pluralidad
2DelvotodelDr.CapónFilassentencia27936/2004.-3LalibertadsindicalyelfallodelaCorte¿Quépuedepasarahora?DeArturoBronsteinDT2008(diciembre)1071
sindical podemos asumir que los trabajadores van a ganar, ya que podrán
elegir que sindicatos y que delegados los van a representar. Apostemos a que
ejercerán la opción de ser representados por un mismo sindicato, y es muy
posible que lo harán, pero no podemos excluir que aparecerán mas actores
sindicales que los actuales, sobre todo a dos niveles diferentes. Por un lado,
podemos imaginar que se constituirán sindicatos de emresa, en particular en
las más grandes. Ya los hubo antes de la ley sindical de 1973 N° 20615 y es
posible que volverá a haberlos si el modelo sindical lo permite. Por el otro lado
al nivel de cúpula podrán aparecer otras centrales sindicales además de la
CGT. Ya eso existe con la CTA y solamente se trataría ahora de que el
gobierno lo reconozca como y lo ha hecho la opinión publica de nuestro país.
Una cuestión que se ha mencionado bastante es que al haber más libertad de
elección habrá más trabajadores que tendrán interés en afiliarse a un sindicato.
En la actualidad, como sabemos los sindicatos oficiales cuentan con muy
pocos
afiliados en las pequeñas y aun medianas empresas, por lo que se pudiera
imaginar un aumento de la actividad sindical a dicho nivel, debido a la aparición
de
nuevos actores sindicales. Es de temer, sin embargo, que no haya que
hacerse
exageradas ilusiones por ese lado. La experiencia internacional muestra que
aparte de algunas excepciones la sindicación siempre es mucho menor en las
pequeñas empresas que, en las grandes, y aun así está decayendo casi en
todas
partes, y ello tanto en países con unidad como con pluralidad sindical.
El punto de donde se puede ganar es el de la proximidad entre los dirigentes
sindicales, lo mismo que los delegados gremiales y sus bases. De haber
pluralidad es posible imaginar cierto nivel de competencia entre los sindicatos,
y
esto obligará a un contacto más estrecho entre la dirigencia y la base.
Probablemente esto será más visible en las grandes empresas, pero en todo
caso
se trata de lo que llamaríamos una hipótesis de laboratorio que necesitará
confirmación empírica.
Por el lado de los problemas, los más evidentes son los que se derivarían del
riesgo de la atomización sindical, suponiendo que la habrá. En ese caso se
pueden temer conflictos inter sindicales, lo mismo que la aparición de dirigentes
sindicales con un discurso muy radicalizado. Nadie, y menos todavía los
trabajadores ganaran con un sindicalismo que solamente se alimenta de la
confrontación, y aún menos con un movimiento sindical fragmentado y por eso
mismo debilitado. Tampoco se debe descartar injerencia patronal en la
constitución de sindicatos de empresa dóciles y con muy poca solidaridad con
el
resto del movimiento obrero: No son problemas meramente teóricos puesto que
existen bastantes experiencias comparadas -sobre todo en América Latina- de
movimientos sindicales fragmentados, radicalizados y con muy poca
credibilidad a
pesar de que la legislación de los países en cuestión es más respetuosa del
convenio Número 87 de la OIT que lo que pueda ser nuestra ley sindical. Se
puede pensar lo que uno quiera del modelo sindical argentino, pero no negarle
el
mérito de que aquí hay sindicatos fuertes y no existen sindicatos amarillos.
Otro aspecto del problema puede derivarse de la dificultad para los
empleadores
de saber quién es su contrapartida sindical, si hay varios sindicatos que
pretenden
representar trabajadores. Esto se puede plantear tanto en oportunidad de la
negociación colectiva como en la relación cotidiana con los representantes del
personal. Hasta ahora ese problema no existe, pues el empleador solamente
tiene la obligación de entenderse con el sindicato con personería gremial. Al
margen de que muy probablemente serán muy pocos los casos de pluralismo
real
esto puede ser resuelto mediante una reglamentación razonable. Hay muchas
experiencias en derecho comparado -la de España es una de ellas pero
ciertamente no la única- en donde este problema se ha planteado, pero
también
resuelto.4
4LalibertadsindicalyelfallodelaCorte¿Quépuedepasarahora?DeArturoBronsteinDT2008(diciembre)1071
CONCLUSIONES
Como hemos visto desde el año 2008, con el fallo ATE 1, ha comenzado un
camino de cuestionamientos al sistema de unidad promocionada de la LAS,
reconociendo derechos a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas
que hasta ese momento desde el dictado de la ley 23551, solo detentaban los
sindicatos con personería gremial. así en consonancia con los pactos
internacionales suscriptos por nuestro país y algunas de las recomendaciones
de los interpretes auténticos de los convenios y particularmente el 87 de la OIT
, se reconoció por parte de la CSJN, fueros sindicales , promoción de derecho
de huelga, representación de los trabajadores y aptitud para ser elegidos de los
simplemente inscriptos.
Asimismo y adentrándonos en el sistema sindical argentino , vemos que si bien
,no se encontraría en concordancia plena con la normativa internacional, los
mecanismos de representación de la LAS apuntan a un sistema de unidad
promocionada por el estado a fin de aglutinar la mayor cantidad de
trabajadores en los sindicatos con mayor cantidad de afiliados cotizantes
permitiendo disputar la personería a quien lograre dichas mayorías(al menos
en lo formal ) y consagrándoos principios de democracia y libertad sindical en
la conquista dinámica de afiliaciones-
Ambos modelos demuestran tener ventajas y desventajas, el de la pluralidad
sindical redundará en una mayor libertad de elección por parte de los
trabajadores de quien o quienes serán sus representantes despertando una
mayor cercanía entre los trabajadores y sus representantes y por ende un
mayor interés en la participación de las bases y en las pequeñas empresas.
El de la unidad promovida ,cuenta con la ventaja de la constitución de
sindicatos fuertes y con mayor poder de negociación ante las patronales y que
dicha representación facilitara la identificación de la representación de los
trabajadores por parte de las representaciones empresarias.
En contraposición las desventajas de un sistema de pluralidad, podría redundar
en una atomización del poder sindical y dificultades de identificación de
contraparte por parte de la replantación de los empleadores.
El sistema de unidad promovida llevado al extremo, traería aparejada una
excesiva burocratización y sub representación de los intereses de las bases.
Finalmente, y como propuesta y en consideración a los renovados aires de
flexibilizaciones y competitividades que por estos días vuelven a soplar en
nuestro país, considero que resultaría muy peligrosa la atomización del poder
de la representación de los sindicatos en las actuales circunstancias, no sin
reconocer que en algunos aspectos debería revisarse y mejorarse en pos de la
libertad sindical el actual sistema establecido por la LAS.
RESUMEN
LIBERTAD SINDICAL UNICIDAD VS PLURALIDAD ¿UN MODELO EN
CRISIS?
Luis Ignacio Ceferino Arroquigaray -abogado T 74 f 162 CPACF-Matricula 1644
CPAF.
DNI 21107944
En el presente trabajo a través de los fallos inaugurados por la corte ,en ATE 1
, Rossi ATE 2 y Orellano analizare los modelos de libertad sindical y de
unicidad , a la luz del convenio 87 , el art 14 bis de la CN, la ley 23551 , para
contrastar algunos aspectos de ambos sistemas a los efectos de extraer las
ventajas y las desventajas para los trabajadores de la aplicación plena a la
relaciones laborales actuales de nuestro país de uno u otro modelo intentando
concluir con una propuesta armonizadora para intentar minimizar las
desventajas y maximizar las ventajas de ambos sistemas.
