Revista infórmate

Sebastián franco muente

11-2

Ciencias sociales

Marcela Chavarría

Marco Fidel Suarez

Bello, Antioquia

2015Contenido

1. Justicia y Paz: cinco años de logros y deudas…. 2

2. Críticas a la ley de justicia y paz…. 4

3. La Ley de Justicia y Paz beneficiará a los autores de Abusos contra los derechos humanos…. 6

4. Puntos clave de la ley de justicia y paz…. 8

5. Quienes son cubiertos por la ley de justicia y paz…. 9

6. Ley de justicia y paz…. 12

Introducción: ley de justicia y paz

No existe en Colombia tradición de articular procesos de paz con aplicación de la justicia. En el acuerdo de La Uribe, firmado con las FARC en 1984, se habla de perdón y olvido. En el acuerdo con el M-19 de 1990 sólo se habla de indulto, actitud complementada con la expedición de la llamada ley de “re indulto”, que en 1992 impidió a la Fiscalía continuar con la investigación a la cúpula de ese grupo guerrillero por los hechos del Palacio de Justicia. Durante las conversaciones con las FARC y el ELN en la administración anterior el tema de la justicia no fue abordado. Consiente de los avances internacionales en la materia, que impiden indulto y amnistía para delitos atroces, el actual gobierno decidió tomar el toro por los cuernos.

Se tuvo la necesidad de detener los conflictos como se deben sin importar las circunstancias de lo que se haya accionado antes de esta justicia sin rumbo alguno. Quedó desde entonces establecido que debía existir una pena privativa de la libertad mínima de 5 años, antes de acceder a los beneficios. También se reafirmó la plena independencia del poder judicial, limitándose la intervención del ejecutivo a presentar los candidatos para que su caso fuese calificado por los jueces. Posteriores avances en el tema de reparación, protección a las víctimas y definición de un procedimiento oral especial para

Ley de justicia y paz: 5 años de logros y deudas

Por la verdad y la reparación a su dolor, las víctimas del paramilitarismo en Colombia recibieron la Ley de Justicia y Paz. Una ley transicional con beneficios jurídicos, como penas moderadas, a cambio de que los agresores armaran, en versiones libres, el rompecabezas de su accionar y les devolvieran a sus víctimas algo de lo arrebatado.

"La Ley de Justicia y Paz ha permitido visibilizar a las víctimas en Colombia. Se ha creado una conciencia nacional, en torno a que las víctimas son sujetos de derechos y a la fecha, 281.661 personas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación. De éstas, 50.461 han participado directamente en las discusiones diligentes de versión libre que han rendido los postulados, para conocer la verdad de lo que les ocurrió a ellas o a sus familiares"

Aunque la creación de la ley misma supone un avance en la búsqueda de la paz en Colombia, algunas voces aseguran que Justicia y Paz ha aportado poco en sus cinco años de vigencia para esclarecer el accionar paramilitar. En gran medida, por la demora en la concertación de los procedimientos de cómo debe aplicarse la ley.

Hasta octubre de 2009 fueron necesarios 330 autos de parte de la sala de casación penal, solo a propósito de cómo se debían tramitar los procesos de Justicia y Paz.

Pero este no es el único lunar negro que los especialistas le ven a Justicia y Paz. Para Ana María Díaz, subdirectora de Investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, la falta de garantías de no repetición de los crímenes es una de las

grandes deudas de este proceso. Sobre estas críticas, el Alto Comisionado para la Paz, cita conceptos como los del fiscal Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal Internacional, quien es claro en dos aspectos.

Críticas a la ley de justicia y paz

Durante estos años de conflicto la ley de justicia y paz genera tanta incredibilidad que la gente no puede confiar en este proyecto ya que han estado tanto tiempo en medio de esta guerra personal e indiscriminadamente. Realmente las personas no saben lo que puede generar esta ´´esperanza´´ para los afligidos y los victimarios sin importar quien, no solo es esto, pues las personas no pueden quedarse tranquilos sabiendo que los agresores que generaron vacíos dentro de ellas no pagan lo suficiente para enmendar lo que realizaron.

Durante su redacción y trámite, el proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las naciones unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio.

Las Naciones Unidas, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.

El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la

aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación. También se argumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas.

La Ley de Justicia y Paz beneficiará a los autores de abusos contra los derechos

humanos

La aplicación de la Ley de Justicia y Paz no hará sino fomentar la impunidad en Colombia, ha señalado Amnistía Internacional tras conocer los informes, según los cuales 38 miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán los primeros beneficiarios de esta ley. La Ley de Justicia y Paz otorga ventajas procesales, como penas de prisión considerablemente reducidas, a miembros de grupos armados ilegales que han participado en abusos contra los derechos humanos y han aceptado desmovilizarse.

Esta ley sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos contra los sospechosos, y establece solamente un periodo de 60 días para investigar un caso, aunque esté relacionado con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Plazos tan limitados como los que establece la legislación abren la puerta al sobreseimiento de las investigaciones, aunque los combatientes hayan participado en abusos contra los derechos humanos. En la práctica, esto podría significar la concesión de una amnistía de hecho a muchos guerrilleros o paramilitares desmovilizados.

Además, la aplicación de esta ley a varios presos pertenecientes a las FARC no garantizará la desmovilización del grupo guerrillero en su conjunto ni su adhesión al derecho internacional humanitario. Esto es una gran oportunidad para aliarse y saber entender a los criminales sin importar sus hechos aunque muchas personas no aprueban esto lo tendrá que hacer ya que esta es la única salida para poder frenar la guerra.

Si bien, todas las partes enfrentadas por el conflicto armado interno de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– han cometido violaciones sistemáticas

de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años los paramilitares han sido responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las “desapariciones” y los casos de tortura, mientras que los grupos guerrilleros han sido responsables de la mayoría de los secuestros cometidos por motivos políticos.

Se está negociando con los victimarios de las bandas paramilitares y guerrilleros para una comunidad mejor hecha y una convivencia inquebrantable.

Puntos clave de la ley de justicia y paz

- Con esta herramienta el Gobierno tiene la misión de lograr el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares.

- La norma establece también los parámetros para la reparación de miles de víctimas que lo perdieron todo por el accionar de estos grupos en las últimas dos décadas.

- Uribe, quien a través de emisarios había explorado el interés de las autodefensas, sabía que estas no tolerarían las penas del Código Penal, y por eso se comprometió a buscar castigos alternativos, al mismo tiempo que emprendía negociaciones de paz.

- Pero el proyecto desde el comienzo cayó muy mal en la comunidad internacional y dentro de los críticos domésticos de su administración.

- Al final la ley fue modificada en algunos aspectos, recibió el apoyo de autoridades de Washington, pero la oposición se radicalizó y hasta llegó a acusar a Uribe de pretender réditos electorales con su aprobación.

Quienes son cubiertos por la ley de justicia y paz.

Actualmente los beneficios se dan sobre la aceptación de crímenes cometidos justo antes de la fecha de promulgación de la ley, por parte de miembros de grupos al margen de la ley, en el ámbito de un proceso de paz. Precisamente para ampliar el tiempo del beneficio, durante la segunda administración de Álvaro Uribe veles, en abril de 2009, su Gobierno radicó un proyecto que permitía que los miembros de grupos alzados en armas pudieran acogerse a los beneficios de la Ley 975 del 25 de julio 2005. Pero la iniciativa sólo tuvo un debate y murió al interior de congreso.

Durante el segundo periodo de Uribe, inicialmente se pensó que para el 25 de julio de 2005 las negociaciones iban a estar finalizadas, pero no fue así. Entre esa fecha y el año siguiente se desmovilizaron 25 mil paramilitares y 25 de los 37 frentes existentes. “En un primer momento no hubo ninguna dificultad porque la interpretación jurídica era que la Ley de Justicia y Paz cubría los delitos que las personas hubiesen cometido hasta el día de su desmovilización, y esa interpretación estuvo vigente como por dos años”. No obstante, la Corte Suprema de Justicia emitió jurisprudencias donde recalcaba lo que indicaba el artículo 72 de la Ley de Justicia y Paz: “se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Ley de justicia y paz

Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 dentro de la legislación de Colombia es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares de Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.

Dispone la reintegración de grupos armados organizados actuando al margen de la ley que han decidido desmovilizarse. Esta ley les ofreció, en la práctica, a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la opción de acceder a penas reducidas y programas de reinserción y re-integración social si entregaban sus armas y confesaban sus crímenes.