ley de desarrollo y cohesiÓn social

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LEY DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución Política de la República de Guatemala establece que: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”, al respecto la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986, contenida en el expediente 12-86 establece que la Constitución Política de la República: "...al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino también sociales...", a esto es necesario que se estipulen los criterios mínimos para el control de las políticas públicas, sin afectar la flexibilidad que requieran para adaptarse a las necesidades socioeconómicas del país. Guatemala es un país con grandes recursos naturales y una posición geopolítica envidiable, no obstante es el segundo país más desigual de América Latina, debido a una concentración de la riqueza en el 20% de la población que recibe el 64% de los ingresos nacionales. Durante décadas la sociedad guatemalteca ha sido privada de sus derechos fundamentales, tales como la salud, la educación, el respeto de su identidad cultural y el derecho de expresarse y participar libremente. La sociedad guatemalteca presenta un retardo que se ha manifestado en diferentes aspectos de la realidad nacional. En primer lugar Guatemala se ha visto profundamente afectada por un alto grado de concentración de la propiedad y del ingreso. Según estudios realizados, en 1989 la pobreza abarcaba un 75% de los hogares, la gran mayoría de ellos ubicados en el área rural. Sin duda alguna desde la época democrática del país, la concentración de la propiedad y de ingresos, así como la pobreza generalizada han sido factores determinantes en los conflictos sociales y políticos que han influenciado la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.

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El Movimiento Nueva República a través del Diputado Aníbal Garcia presenta Iniciatiuva de Ley de Desarrollo y Cohesión Social, para institucionalizar los programas de apoyo social y dotarlos de un sistema de evaluación que permita medir de forma objetiva el impacto y exito de la implementación de dichos programas.

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LEY DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIALEXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”, al respecto la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986, contenida en el expediente 12-86 establece que la Constitución Política de la República: "...al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino también sociales...", a esto es necesario que se estipulen los criterios mínimos para el control de las políticas públicas, sin afectar la flexibilidad que requieran para adaptarse a las necesidades socioeconómicas del país.

Guatemala es un país con grandes recursos naturales y una posición geopolítica envidiable, no obstante es el segundo país más desigual de América Latina, debido a una concentración de la riqueza en el 20% de la población que recibe el 64% de los ingresos nacionales. Durante décadas la sociedad guatemalteca ha sido privada de sus derechos fundamentales, tales como la salud, la educación, el respeto de su identidad cultural y el derecho de expresarse y participar libremente.

La sociedad guatemalteca presenta un retardo que se ha manifestado en diferentes aspectos de la realidad nacional. En primer lugar Guatemala se ha visto profundamente afectada por un alto grado de concentración de la propiedad y del ingreso. Según estudios realizados, en 1989 la pobreza abarcaba un 75% de los hogares, la gran mayoría de ellos ubicados en el área rural. Sin duda alguna desde la época democrática del país, la concentración de la propiedad y de ingresos, así como la pobreza generalizada han sido factores determinantes en los conflictos sociales y políticos que han influenciado la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.

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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO1986-1989

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural1986 12.5% 13.1% 36.4% 39.5% 11.6% 12.1%1989 12.1% 14.4% 37.9% 35.1% 12.5% 9.7%

Fuente: CEPAL (1995)

PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO

DEL 10% MAS RICO

RELACIÓN ENTRE EL 10% MÁS

RICO Y EL 40% MAS POBRE

AÑOS

PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO

DEL 40% MÁS POBRE

La desigualdad socioeconómica junto a otros factores sociales, económicos, y culturales, históricamente han contribuido al desarrollo de las prácticas políticas autoritarias desde el Estado (Dictaduras, fraudes electorales y militarización del Estado), evitando de esta forma que el país desarrollara un verdadero sistema político democrático, iniciándose este hasta el año 1985 con el primer gobierno civil. Esta falta de democracia durante tantos años trajo como consecuencia el debilitamiento del Estado, sumado a esto las políticas públicas impulsadas durante décadas contribuyeron a debilitar la credibilidad y representatividad de sus autoridades. Como resultado de esto el país acumuló un enorme déficit en la cobertura de servicios sociales básicos como: educación, agua potable, salud, vivienda, etc; esta realidad ha negado durante muchos años los derechos sociales de la población en general.

En la actualidad, el sistema educativo guatemalteco se encuentra colapsado, en el área rural, la media indígena estudia 3.2 grados escolares, mientras la no indígena estudia 4.8 grados escolares, en el área urbana la situación mejora pues los indígenas logran un promedio de 5.6 grados escolares, y los no indígenas un promedio de 8.9 grados escolares, esto quiere decir que en el área rural la mayoría no logra completar la educación primaria, mientras que en el área urbana únicamente los no indígenas alcanzan la educación media. Si bien es cierto que la inversión en materia educativa se ha incrementado, los eternos problemas de infraestructura, ausencia de cobertura y especialmente la mala calidad educativa subsisten, aún se conservan tasas de analfabetismo que avergüenzan a nuestro país. La deserción escolar es una realidad dadas las precarias condiciones de pobreza de nuestro país.

Según la encuesta nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006), el 51% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza. El 35.8% corresponde a pobres y el 15.2% a pobres extremos. Por grupo étnico la pobreza afecta al 74.8% de la población indígena y el 36.2% no indígenas. Tomando en

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consideración que el 53.9% de la población reside en el área rural, caracterizándose por ser Pluricultural, pluriétnica y multilingüe.

En el marco de la crisis alimentaria, el programa mundial de alimentos PMA ha desarrollado estimaciones sobre el impacto del alza de los precios de los mismos, en la pobreza y pobreza extrema, concluyendo que la línea de la pobreza se ha incrementado en un 5.4% y la pobreza extrema en un 4.5%.

En materia de salud, los índices de mortalidad son de 78,000 muertes anuales, la mortalidad infantil se encuentra en 22.6 por cada 1000 niños nacidos y la materna se sitúa en una tasa de 133 por cada 100,000 nacimientos. Estas alarmantes cifras se originan en la inexistencia de programas de prevención, falta de cobertura del sistema de salud, precariedad en equipamiento e insumos, debido en la mayoría de los casos a la corrupción del sistema. El Ministerio de Salud Píublica y Asistencia Social únicamente cubre con servicios básicos al 70% de la población, y entre el 30% y 40% aun no cuenta con ningún tipo de protección, de esto se deriva que solamente el 9% de las embarazadas pobres cuentan con la posibilidad de la cobertura del parto mientras que la quinta parte de las mismas no tienen ningún tipo de atención prenatal.

En el tema de la vivienda, tan solo se ha cubierto el 29% de la demanda de viviendas, por otro lado una tercera parte del total de viviendas se encuentra sin agua, electricidad y drenajes, lo cual implica que se trata de viviendas que no tienen la categoría de vivienda digna. Los programas gubernamentales para acceder a la vivienda no sólo no satisfacen la demanda sino que han condenado a muchas personas a vivir en condiciones indignas, por otro lado la vía del mercado es inaccesible para la mayoría de guatemaltecos y se ha constituido en un negocio descaradamente favorable al sector financiero nacional.

Es dentro de esta realidad de pobreza, miseria y exclusión que se implementan por parte del gobierno actual las políticas de cohesión social. Al respecto manifestamos lo siguiente:

1. Las políticas de cohesión social han sido aplicadas en Latinoamérica tanto por gobiernos marcadamente de derecha como por gobiernos con ciertas tendencias sociales.

2. Las políticas de Cohesión Social han sido impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, como un modelo para eliminar la ineficiencia e inequidad de la política social.

3. La implementación de estos programas ha tenido distintos resultados, dependiendo de la credibilidad y transparencia de los gobiernos o de los

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modelos de institucionalización, evaluación y fiscalización de los programas.

4. En el caso guatemalteco es evidente la falta de transparencia en el manejo de los fondos de los programas vinculados a cohesión social, así como la falta de eficacia en el control por parte de los órganos responsables.

5. Para el caso guatemalteco, la falta de una institución específica con claras y determinadas facultades legales, que permita la seriedad de la política social y salga al paso a la improvisación y a la utilización de los programas como parte del clientelismo del partido de gobierno, constituyen una gran debilidad.

6. La falta de participación por parte de la sociedad civil organizada en la delimitación e implementación de las políticas de desarrollo y cohesión social, no permiten legitimar las decisiones ni conocer las necesidades más profundas de la población guatemalteca.

7. La falta de criterios mínimos para la medición del impacto y éxito de los programas de cohesión social, no permiten saber si la implementación de dichos programas han logrado cumplir su objetivo de reducir la brecha de pobreza y extrema pobreza imperante en el país, así como la deserción escolar y la desnutrición. Por el contrario el no contar con bases determinantes y objetivas para la evaluación aumenta las posibilidades de discrecionalidad en la utilización del programa con fines eminentemente políticos.

8. La falta de participación activa por parte del Congreso de la República en la evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo y cohesión social, limita la dinámica de la democracia en la implementación de políticas de apoyo directo a la población más necesitada del país. Es definitivo que para garantizar el éxito de la implementación de este tipo de políticas es necesario contar con la mayor cantidad de controles posibles, de no ser así no se lograría concertar políticas de Estado, sino que se convertirían en políticas eminentemente de gobierno.

9. Este tipo de políticas -debe quedar claro- no rompen con el modelo económico y social monopólico y excluyente, ni con el modelo de corrupción pública y privada que aquejan a nuestro país.

Otras Experiencias en el Continente:

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El Banco Interamericano de Desarrollo en el Comunicado de Prensa emitido el 06 de abril de 2006, expone que “Exitosos programas de transferencias monetarias condicionadas, iniciados hace más de diez años en Brasil constituyen un ejemplo paradigmático en la búsqueda de modelos para eliminar la ineficiencia e inequidad que persisten en muchas áreas de la política social, opinaron expertos y altos funcionarios en un seminario sobre los desafíos sociales.

Esta generación de programas --hoy referentes a nivel internacional y en constante evolución-- proporciona recursos monetarios supeditados al aumento de la escolaridad y el uso de servicios preventivos de salud y nutrición entre los pobres y las personas que viven en extrema pobreza. Estas iniciativas, apoyadas en muchos países por el Banco Interamericano de Desarrollo, permiten la acumulación de capital humano al mejorar el rendimiento escolar y la salud y en consecuencia un mayor rendimiento y productividad en el mercado laboral.”

Trece países de la región han iniciado programas de este tipo, en la mayoría de los casos con apoyo del BID: Argentina (Plan Familias), Brasil (Bolsa Familia), Chile (Chile Solidario), Colombia (Familias en Acción), Costa Rica (Superémonos), Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), El Salvador (Red Solidaria), Honduras (PRAF), Jamaica (PATH), México (Progresa/Oportunidades), Nicaragua (Red de Protección Social), Perú (Juntos) y República Dominicana (Solidaridad),.

El apoyo del BID a los programas de transferencias monetarias ascendió a 4.500 millones de dólares entre 2000 y 2005. Sólo en 2005 el BID aprobó préstamos de 1.200 millones de dólares para el programa Oportunidades de México, 700 millones de dólares para el Plan Familias de Argentina y 57 millones de dólares para la Red Solidaria de El Salvador.

Los programas de mayor envergadura --el Plan Familias de Argentina, Bolsa Familia de Brasil y Oportunidades de México-- están ayudando a un total de 16,7 millones de familias que viven en la extrema pobreza.

El programa Bolsa Familia fue lanzado en 2003 con la fusión de programas existentes de transferencia de dinero y representa la iniciativa gubernamental más importante para la reducción de la pobreza en Brasil. El objetivo del programa es extender una cobertura integral a todas las familias elegibles.

El proyecto Oportunidades es un ejemplo especialmente notable de inversión social. Con la focalización de los recursos en las familias indigentes y medidas para dar seguimiento constante a los incentivos para que los niños permanezcan en la escuela y para que los padres aprovechen mejor los servicios de salud y

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nutrición, la operación del BID consolidará el éxito alcanzado por el gobierno de México en los sectores sociales y busca al mismo tiempo formas de reforzar la posibilidad de reproducir y evaluar los gastos en estos sectores vitales.

Un informe reciente examina el impacto de dichos programas sobre las desigualdades en tres países que actualmente aplican las transferencias condicionadas, más conocidos, como “Bolsa Familia” en Brasil, “Chile Solidario” en Chile y “Oportunidades” en México. Estos tres países también cuentan con sistemas estadísticos nacionales sólidos y encuestas a hogares que cubren los períodos de referencia antes y después de la puesta en práctica de sus programas respectivos de Transferencias Condicionadas, lo cual permite la buena evaluación de impacto.

Estos programas se diferencian entre ellos en varios aspectos. Bolsa Familia y Oportunidades son programas amplios que cubrían respectivamente a 11 y 5 millones de hogares beneficiarios en 2004, pero se diferencian en la manera como realizan la focalización. Mientras que Bolsa Familia es un programa muy descentralizado en el que la selección de beneficiarios es responsabilidad de las municipalidades, y Oportunidades lleva a cabo censos en áreas pobres para seleccionar la población objetivo a través de un mecanismo mucho más centralizado. Por el contrario, Chile Solidario es un programa pequeño que alcanza sólo a aproximadamente 225,000 hogares. Focaliza las personas en pobreza extrema a través de un sistema nacional que registra a los beneficiaros a partir de una observación intensa de las familias, por parte de trabajadores sociales.

El Endeble y Volátil Andamiaje de la Cohesión Social en Guatemala:

En Guatemala, la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social es creada a través del Acuerdo Gubernativo número 79-2008, el cual fue emitido por el Organismo Ejecutivo el 21 de enero de 2008, publicado en el diario oficial el 23 de enero de ese mismo año, cobrando vigencia un día después de la misma, y luego el acuerdo original fue reformado por el Acuerdo Gubernativo 155-2009 emitido por el Organismo Ejecutivo el 09 de junio de 2009, el cual cobró vigencia el 13 del mismo mes y año.

La Comisión Interinstitucional de Cohesión social se crea como un ente de carácter temporal que depende directamente de la Presidencia de la República, siendo su objetivo inicial la simple “coordinación de los programas de inversión social”, objeto que no permitía la ejecución del dinero sino que únicamente permitía que se realizarán las actividades necesarias de coordinación, de allí que a través del Acuerdo Gubernativo 155-2009 se amplía a: “el tratamiento integral

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de los problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”. Esta Comisión se encuentra integrada por el Ministro de Educación; Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional; la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República; introduciéndose mediante la reforma antes mencionada que es presidida por la esposa del Presidente de la República.

Sin embargo a pesar de esta modificación realizada al Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión, no se ha propuesto de forma responsable generar la institucionalidad de los programas de inversión social, un ejemplo de ello es que en el artículo 4 del Acuerdo vigente se estipula que el plazo de duración de esta Comisión es únicamente de cuatro años, esto evidencia que simplemente se está pensando en la utilización de los programas de inversión social como un instrumento electoral, olvidando por completo la integralidad que debe contener una propuesta de desarrollo social integral.

De la misma manera la falta de criterios claros y precisos para identificar a los beneficiados por dichos programas y los controles de medición de impacto de estas políticas sociales, han ocasionado la politización exagerada y el apoyo privilegiado a los que han manifestado su apoyo al partido oficial o a los amigos políticos de este. Debido a esto, es evidente que ha existido una incapacidad técnica para poder definir las metas y la ruta crítica que los programas deben de tomar en cuenta para lograr sus objetivos. Uno de los grandes orígenes de este problema, si es que no el principal, es la exagerada discrecionalidad para la elaboración de las políticas públicas en esta materia, dando como resultado la falta de transparencia y altas probabilidades de corrupción en la ejecución en los fondos de dichos programas.

El principio de legalidad constituye una garantía para la población y una limitante al actuar de los funcionarios y empleados públicos, y esto se manifiesta en todas y cada uno de los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución Política de la República, Convenios y Tratados Internacionales y la legislación en general. Ya que este principio se consolida como el eje transversal del Estado de Derecho. Sin embargo la simple existencia de normas no garantiza bajo ningún punto de vista el cumplimiento de dicho principio ni de la normativa misma, ya que los abusos, la ilegalidad y la impunidad han sido históricamente el mal de nuestros pueblos, de allí la importancia de vincular de forma directa el principio de legalidad con el Estado de Derecho, por ese motivo la presente iniciativa pretende no solo la creación de un ente jerárquicamente responsable de la ejecución de dichos programas sino también un ente que realice las mediciones de impacto y éxito de dichas políticas, así como la evaluación y definición de los criterios mínimos para poder orientar la ejecución de las políticas públicas hacia los sectores más

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necesitados de la población, esto en base a estudios objetivos y técnicos; y no solamente a criterios político-electorales, sino poder mejorar en términos reales la situación de pobreza y extrema pobreza que el país vive actualmente.

Sin duda alguna las transferencias bien orientadas son motivo suficiente como para producir una reducción significativa en desigualdad, incluso sí son pequeñas, como por ejemplo (cerca del 0.5%) en relación con el total nacional de los ingresos familiares en Brasil y México. Por lo contrario, las transferencias de Chile Solidario son tan pequeñas (menos del 0.01% de los ingresos familiares totales) que incluso con una buena focalización no pueden lograr tener un impacto en la desigualdad.

Quienes integramos el Movimiento Nueva República –MNR- creemos en las transformaciones estructurales y de fondo del modelo económico, político y social de nuestro país, y consideramos que mientras no se quiebre el modelo de monopolios y privilegios que prevalece en las relaciones económicas de antaño vigentes hasta nuestros días, es imposible alcanzar el ansiado desarrollo y justicia social para todos los guatemaltecos.

Sabemos también, que el gobierno actual no romperá nunca ni por asomo el modelo económico-social vigente, y que por el contrario, se encuentra atado a las prácticas e intereses tradicionales de poder, no obstante creemos en la necesidad de mantener e institucionalizar el programa de cohesión social que se ha iniciado en aras de compensar aunque sea por esta vía las graves desigualdades, exclusiones y asimetrías que laceran la realidad de los guatemaltecos.

Por eso la presente iniciativa contempla:

1. Elevar los programas de Cohesión Social a rango de Ley Ordinaria.2. La creación de una institución específica con claras y determinadas

facultades legales, que permita la seriedad de la política social y salga al paso a la improvisación y a la utilización de los programas como parte del clientelismo del partido de gobierno.

3. Instaurar los mecanismos de estudio y análisis de la población objetivo de los programas de desarrollo y cohesión social.

4. La instauración de los criterios mínimos para la medición del impacto y éxito de los programas de desarrollo y cohesión social, para que cumplan con su objetivo de reducir la brecha de pobreza y extrema pobreza imperante en el país, así como la deserción escolar y la desnutrición.

5. Instaurar un sistema de evaluación técnico, objetivo y transparente, a través de un ente especializado.

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6. Establecer una asignación presupuestaria permanente y de crecimiento constante que permita el crecimiento y desarrollo de la calidad de vida de la población guatemalteca en pobreza y pobreza extrema.

7. Transparentar el manejo de los fondos de los programas vinculados a cohesión social, así como elevar la eficacia en el control por parte de los órganos responsables.

8. Propiciar la participación de la sociedad civil organizada en la delimitación e implementación de las políticas de desarrollo y cohesión social.

9. Propiciar la eficacia de las políticas públicas en la materia de desarrollo y cohesión social a través de la participación del Organismo Legislativo como ente contralor en la implementación de dichas políticas.

Desde nuestra perspectiva la oposición que deben ejercer los partidos políticos y las figuras políticas debe ser COHERENTE, RESPONSABLE Y PROPOSITIVA en aras del bienestar de nuestro país, por lo que con todo respeto someto a consideración del honorable PLENO el presente anteproyecto de ley para su conocimiento, estudio y dictamen.

Si OFICIALISTAS Y OPOSITORES amamos a este país debemos pensar en la institucionalización y transparencia de la política social en beneficio de los excluidos de nuestro país. La presente iniciativa invita en esa dirección.

Diputado Ponente:

____________________________________Rodolfo Aníbal García Hernández

Diputado IndependienteCongreso de la República de Guatemala

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DECRETO NÚMERO_________EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO

Que el desarrollo económico y social de la población más necesitada es un compromiso del Estado de Guatemala, para mejorar su calidad de vida y poder reducir la brecha de pobreza y extrema pobreza imperante en el país.

CONSIDERANDO

Que es necesario que las transferencias condicionadas sean institucionalizadas, para contar con mejores controles en la inversión y el impacto de las políticas públicas en esa materia, para que se constituyan como políticas de Estado y no políticas de gobierno.

CONSIDERANDO

Que la inversión social debe ser una prioridad para el Estado de Guatemala, y que con el transcurso del tiempo esta debe incrementarse según las necesidades de la población más necesitada del país.

POR LO TANTO:

De conformidad con la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Congreso de la República de Guatemala.

DECRETA:

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LEY DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL

CAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de la República, establecer las instituciones responsables del desarrollo y cohesión social, así como definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse.

Artículo 2. Principios.

El desarrollo de las políticas públicas en materia de desarrollo y cohesión social, deberán regirse por los principios siguientes:

a) Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo y cohesión social;

b) Justicia Distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo y Cohesión conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;

c) Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

d) Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social;

e) Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo y cohesión social;

f) Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

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g) Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Los Principios contenidos en el decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública, se deberán interpretar de forma extensiva a manera de garantizar el acceso para cualquier persona que llene los requisitos a los distintos programas y proyectos de desarrollo y cohesión social.

Artículo 3. Sujetos Obligados.

El Organismo Ejecutivo por conducto de sus órganos y dependencias, principalmente a través del Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social; y las Municipalidades serán los encargados de la implementación y ejecución de la presente ley.

Queda prohibidas las prácticas de discriminación en cualquiera de sus formas, en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas y proyectos para el desarrollo y Cohesión social.

Artículo 4. Derechos Generales.

Son derechos de todas las personas para el desarrollo y cohesión social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y todos aquellos reconocidos en la Constitución Política de la República y Convenios y Tratados Internacionales.

Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo y cohesión social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca cada programa. De la misma forma, toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Articulo 5. Derechos y obligaciones.

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Los beneficiarios de los programas de desarrollo y cohesión social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

a) Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;

b) Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;

c) Tener la reserva y privacidad de la información personal;

d) Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta Ley;

e) Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;

f) Presentar su solicitud de inclusión en el padrón;

g) Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo y cohesión social;

h) Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y

i) Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.

Artículo 6. Criterios de Distribución del Gasto Público. La distribución del gasto público para el Desarrollo y Cohesión Social, se sujetará a los siguientes criterios mínimos:

a) No ser menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior;

b) Estar orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado;

c) Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia, así como de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y

d) En el caso de los presupuestos de las entidades descentralizadas y autónomas, las entidades municipales acordarán con el Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.

Artículo 7. Publicidad para el Desarrollo y Cohesión Social.

La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo y cohesión social deberán identificarse únicamente como Gobierno de la República de

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Guatemala, sin hacer mención cualquier nombre de autoridad alguna y deberá incorporarse la frase: "Este programa es público y gratuito, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo y cohesión social".

Artículo 8. Participación Social.

El Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social deberá de propiciar la participación social en la formulación e implementación de la política nacional de desarrollo y cohesión social, a medida de garantizar la auditoria social y la priorización de las necesidades de la población con participación activa de la misma. Con el objeto de cumplir a cabalidad con las metas y objetivos fijados, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo y cohesión social.

CAPITULO IIPOLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO

Y COHESIÓN SOCIAL

Artículo 9. Planificación.

La planificación de la Política de desarrollo y cohesión social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta planificación se deberá realizar conforme a las prioridades que surjan de las consultas realizadas a las diferentes comunidades para la elaboración del presupuesto participativo.

Artículo 10. Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social. La Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social debe incluir, por lo menos, lo siguiente:

a) Indicador de medición de la pobreza y propuesta progresiva para reducción de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso y capacitación;

b) Seguridad social y programas asistenciales;

c) Desarrollo Regional;

d) Infraestructura social básica, y

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e) Fomento del sector social de la economía.

Articulo 11. Elaboración.

Para la Elaboración de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión estará a cargo el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, y las Municipalidades. Mismos que deberán coordinar la elaboración e implementación de la misma, a través del Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social.

Articulo 12. Publicación.

El Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto anual de Ingresos y Egresos del Estado según lo establecido en la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social.

Artículo 13. Evaluación.

La evaluación de la Política de Desarrollo y Cohesión Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo y Cohesión Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Artículo 14. Criterios de Medición.

Los lineamientos y criterios que establezca el Instituto Nacional de Estadística –INE- y el Consejo Nacional de Evaluación para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, al menos sobre los siguientes indicadores:

a) Ingreso corriente per cápita;

b) Rezago educativo promedio en el hogar;

c) Acceso a los servicios de salud;

d) Acceso a la seguridad social;

e) Calidad y espacios de la vivienda;

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f) Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

g) Acceso a la alimentación, y

h) Grado de cohesión social.

CAPITULO IIISISTEMA NACIONAL DE

DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL

Artículo 15. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 19 del Decreto 114-97 del Congreso de la República y sus reformas, adicionando un numeral nuevo, para que quede redactado de la forma siguiente:

“14. Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social”.

Articulo 16. Se adiciona el artículo 40 bis. al Decreto 114-97 del Congreso de la República y sus reformas, Ley del Organismo Ejecutivo, para que quede redactado de la forma siguiente:

“Articulo 40bis. Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social. Al ministerio de Desarrollo y Cohesión Social le corresponde formular las políticas relativas al Desarrollo y Cohesión Social y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la protección, asistencia y tutelaridad del desarrollo y cohesión social. Así como ejercer la coordinación de los programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social;

b) Impulsar la participación ciudadana en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social;

c) Ejercer la coordinación de los programas, acciones e inversiones para el desarrollo de la política nacional de desarrollo y cohesión social.

d) Propiciar la colaboración de los órganos del Estado, así como de las entidades descentralizadas y autónomas, instituciones nacionales y extranjeras, en el desarrollo y cohesión social;

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e) Solicitar a las demás dependencias responsables de la Política de Desarrollo y Cohesión Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan;

f) Promover la celebración de convenios con las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y cohesión social;

g) Formular propuestas de Políticas Públicas de Desarrollo y Cohesión Social bajo los criterios de integralidad, idoneidad, necesidad y transversalidad;

h) Realizar la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo y cohesión social en los ámbitos regional, estatal y municipal;

i) Otros que le establecidos en leyes del país.

j) Realizar las acciones de coordinación necesarias con los entes descentralizados y autónomos, para la planificación, elaboración e implementación de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social.

k) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.”

Artículo 17. Consejo Nacional de Evaluación.

El Consejo Nacional de Evaluación será el encargado de la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social, ente que deberá fiscalizar de forma permanente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo y Cohesión Social.

Para poder implementar los programas, metas, y acciones contempladas en la Política nacional de Desarrollo y Cohesión Social se deberá contar con dictamen favorable del Consejo Nacional de Evaluación.

El Consejo deberá publicar por lo menos una vez al año el informe del estado de situación todo lo que concierna a la Política Nacional de Desarrollo y Cohesión Social. Informe que deberá presentar al Congreso de la República dentro de los primeros 60 días de cada año.

Los organismos, órganos, organizaciones, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier ente que administre o ejecute fondos para el Desarrollo y la Cohesión Social deberán brindar toda la información y colaboración requerida por el Consejo Nacional de Evaluación para el desempeño de sus funciones. El Consejo Nacional de Evaluación se regirá por lo establecido en esta ley y su reglamento.

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Artículo 18. Integración del Consejo Nacional de Evaluación.

El Consejo Nacional de Evaluación se integrará por: un representante titular y un suplente del Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social, tres delegados titulares y tres suplentes del Congreso de la República, un representante titular y un suplente del Ministerio de Finanzas, un representante titular y un suplente del Procurador de los Derechos Humanos. Integrantes que durarán en el puesto un periodo de ocho años.

Artículo 19. Atribuciones del Consejo Nacional de Evaluación.

Dentro de las atribuciones del Consejo Nacional de Evaluación se encuentran:

a) Realización de estudios e investigaciones en la materia de desarrollo y Cohesión Social;

b) Proponer Políticas Públicas de Desarrollo y Cohesión Social en base a las evaluaciones e investigaciones realizadas;

c) Proponer criterios mínimos para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo y cohesión social en los ámbitos, nacional, regional y municipal;

d) Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública involucradas en los programas de desarrollo social;

e) Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de desarrollo y cohesión social; así como de superación de la pobreza;

f) Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza;

g) Elaborar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que realice el Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social;

h) Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales para la atención de asuntos específicos;

i) Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Desarrollo y Cohesión Social, y

j) Presentar los informes de evaluación necesarios con el fin de transparentar la actividad en materia de desarrollo y cohesión social.

Page 19: LEY DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL

k) Las demás que le señale esta Ley.

Artículo 20. Presupuesto y Gasto. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con el decreto 57-2009 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales.

En el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos se establecerán las partidas presupuestarias específicas para los programas de desarrollo y cohesión social, y no podrán destinarse a fines distintos, excepto los establecidos en la presente ley. Por ningún motivo se permitirá que entidades privadas con acciones anónimas o que por cualquier motivo no revele el nombre de sus propietarios o accionistas, maneje, administre o ejecute fondos destinados para el desarrollo y cohesión social.

Artículo 21. Funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación.

El Ministerio de Desarrollo y Cohesión Social deberá asignar el 1.5% del total de su patrimonio para el funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación.

Se faculta al Consejo Nacional de Evaluación para celebrar los convenios de cooperación necesarios para el cumplimiento de su función.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 22. Reglamento.

El Organismo Ejecutivo en un plazo no mayor de cuatro meses, aprobará el reglamento de la presente ley.

Artículo 23. Epígrafes.

Los epígrafes que preceden el contenido de cada uno de los artículos de la presente Ley, no tienen validez interpretativa ni podrán citarse como fuente de derecho.

Articulo 24. Derogatoria.

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Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan o contravengan las normas de la presente Ley.

Artículo 25. Vigencia.

La presente Ley fue entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA ___ DEL MES _____ DE DOS MIL ______.

DIPUTADO PONENTE:

__________________________________________Rodolfo Aníbal García Hernández

Diputado IndependienteCongreso de la República de Guatemala