las reformas borbónicas
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Historia Colonial
Las reformas borbónicas: Antecedentes, medidas aplicadas y algunas de sus
consecuencias en la Real Audiencia de Quito
Bryan Tite
1) Antecedentes, influencias y características de las reformas borbónicas
A finales del siglo XVII, el reino español se encontraba en crisis. Sus instituciones
políticas eran obsoletas, existía poco desarrollo económico y otros países europeos,
como Inglaterra y Francia, le aventajaban económicamente. Este proceso de decadencia,
característico del siglo XVII español, se hizo evidente en el reinado del último monarca
de la Casa de los Habsburgo, Carlos II: “La larga crisis de la Monarquía hispánica
durante el siglo XVII ha llegado a su final. La paz de Westfalia (1648) y la paz de los
Pirineos (1659) han supuesto el fin de la hegemonía española en el viejo continente. Y
la paz no aporta fuerzas ni soluciones a un imperio agotado y arruinado. Siguen
sucediéndose las guerras, las bancarrotas, las conspiraciones internas y las
maquinaciones diplomáticas de austriacos, franceses y bávaros, sin que el nuevo
monarca, que accede al trono a la edad de cinco años, sea capaz de enderezar el rumbo”
(Mínguez Cornelles, 2008, pág. 18)
La muerte de Carlos II en 1700 —quien no dejó herederos— desencadenó en España
una guerra por la sucesión de la Corona, la cual concluyó con la instauración de las casa
de los Borbones. Este suceso marcaría una profunda transformación en la forma como
se ejercía el gobierno español, tanto para la península como para los territorios de
ultramar. La transición de la Casa de los Habsburgo a la de los Borbones en la Corona
española no fue un simple cambio dinástico; implicó una serie de transformaciones que
estuvieron incidieron las esferas de lo sociológico, lo institucional y lo cultural todas
ellas insertas en un cambio antropológico que inició en la segunda mitad del siglo XVII
(De Bernardo Ares, 2008).
Es necesario, no obstante, señalar que el uso de las cronologías dinásticas de las Casa
reales españolas no sugiere que las transformaciones que se operaron a lo largo del siglo
XVIII obedezcan rígidamente a las fechas de posesión de tal o cual soberano. Si bien la
instauración de la Casa de los Borbones en España constituye la expresión más
importante de aquellos cambios, aquello no implica que el pensamiento acerca de la
necesidad reformista haya aparecido de la noche a la mañana; los cambios que habrían
de operarse no se produjeron abruptamente, ex nihilo. Por una parte, el terreno en el
cual las ideas de ilustradas y de renovación “inspiradas en el racionalismo centralista y
uniformista y en el colbertismo” (López González, 1989, pág. 235) habían sido
preparado ya desde la segunda mitad del siglo XVII y, por otra, “los tres primeros
decenios del siglo (XVIII) estuvieron aún dentro del movimiento secular anterior de
carácter contractivo” (López González, 1989, pág. 235).
En efecto, la producción intelectual de España en aquella época puso un especial énfasis
en la forma en la que el Monarca tendría que gobernar. La naciente antropología política
que viene a la par de la presencia borbónica en el gobierno monárquico de España
originó un pensamiento contrapuesto al del agustinismo político que le precedió; “con la
entronización de los Borbones en la monarquía hispánica el poder político seguiría los
rumbos del unitarismo, la uniformidad jurídica se extendería por todo el territorio y la
centralización administrativa se impondría poco a poco” (De Bernardo Ares, 2008, pág.
431).
Las transformaciones que se introdujeron desde la Casa de los Borbones están inscritas
dentro del pensamiento ilustrado, el cual consideraba “que para cambiar una sociedad
bastaba con cambiar sus leyes y legislar de manera clara, precisa y acorde con la razón
natural” (Céspedes del Castillo, 1989, pág. 91). Vale mencionar también la influencia de
la monarquía francesa, la cual daba la pauta para el ordenamiento político de la nación y
el discurrir de la política española (Corona, 1957, pág. 111). A breves rasgos, puede
decirse que las reformas borbónicas, fueron de tipo político, económico y religioso. En
el ámbito político se produjo un aumento del control de la metrópoli sobre las colonias;
se pusieron límites al poder —cargos públicos y políticos— de los criollos para
favorecer los nombramientos de autoridades peninsulares; y se modificaron las
entidades territoriales como los virreinatos y las audiencias. Entre las medidas
económicas podemos mencionar la disminución en el control monopólico de los puertos
de Sevilla y Cádiz; el decreto de libre comercio desde y hacia las colonias; la restricción
del comercio con otros países europeos; la reorganización del Tribunal de Cuentas; el
incremento en el cobro de la tributación; el aumento de la productividad económica, en
especial la minera; la creación de los estancos de aguardiente y tabaco. Las medidas
religiosas fueron la prohibición de fundar nuevos conventos, el impedimento de admitir
nuevos novicios, la prohibición de recibir herencias y la expulsión de la Orden de la
Compañía de Jesús, los jesuitas.
2) Reformas políticas: Virreinatos, ejércitos, intendencias. El caso de la Audiencia
de Quito
En el ámbito político, las reformas borbónicas se caracterizaron por el énfasis puesto en
la centralización de los resortes gubernamentales. Esta tendencia era compartida por
otros gobiernos europeos —como los de Inglaterra o Francia—, los cuales “habían
llegado a la conclusión de que la creciente autonomía económica de sus colonias
americanas amenazaba sus más caros intereses metropolitanos y de que se imponía, por
tanto, la necesidad de una «reconquista económica» de esas posesiones que eliminara
las tendencias autárquicas de su crecimiento y subyugara al mismo tiempo a un sistema
de indefinida dependencia colonial” (Núñez, 1994, pág. 16).
Las relaciones de España —y de los otros territorios europeos— con sus colonias
cambiaron a partir de entonces; para la península resultaba necesario el establecimiento
de otras formas de gobierno en sus territorios americanos. El orden burocrático se
estableció como predominante en detrimento de las relaciones de pertenencia a un
mismo imperio; se va prefigurando la idea de periferia. “La preocupación por controlar
y resguardar el vasto espacio colonial americano se tradujo en la implementación de
significativos cambios jurisdiccionales que pretendían expandir la capacidad
gubernativa del sistema” (Terán, 1984, pág. 7).
Una de las primeras medidas encaminadas a este objetivo fue la creación de nuevos
virreinatos: el de Santa Fe y el de Buenos Aires. “Uno de los objetivos había sido
eliminar, con la presencia del Virrey, el exceso de poder que obtenían los presidentes y
ministros de las audiencias. Resultado inmediato de esta orden fue precisamente la
supresión de las de Quito y Panamá” (Terán, 1984, pág. 15).
El espacio geográfico de la Audiencia de Quito pasó a depender del nuevo Virreinato de
Santa Fe, el cual, no obstante, en su fundación inicial (1717) no corrió con demasiada
suerte, ya que poco después se manifestaría el carácter prematuro de su fundación.
Mientras tanto el poder de jurisdicciones menores, como la Audiencia de Quito, se fue
restableciendo, siendo restaurada por Real Cédula de 18 de febrero de 720, con sus
anteriores atribuciones políticas y militares, y subordinada al Virreinato del Perú
(Terán, 1984, págs. 15, 16).
La instalación en los territorios americanos de autoridades que respondían al rey en
detrimento de los criollos originó el fortalecimiento de una identidad criolla que
buscaba reconocerse con su territorio —y ya no con la península— y que empezaba a
plantearse la idea de emancipación. “La verdadera naturaleza de este conflicto se
tradujo, en efecto, en que los intereses económicos de la fracción metropolitana de la
clase dominante se escindieron del resto de la sociedad, formando una parcialidad
“unida y compacta”, mientras que por otro lado, la facción “criolla” de las clases
dominantes se presentaba como representante del “interés general” (Quintero López,
1989, pág. 52). Aquel “interés general es relativo, ya que, como ocurrió con la proclama
de independencia del 10 de agosto, se produjo una “polarización entre maniobras
aristocráticas de poco margen y unas tensiones populares que no fueron movilizadas en
favor de aquellos” (Minchom, 2007, pág. 260).
Una de las reformas que introdujo elementos novedosos al territorio americano fue el
establecimiento de cuerpos de ejército regulares en Hispanoamérica. Esta medida se
volvió necesaria debido a la irrupción de acontecimientos recientes, los cuales
mostraron la necesidad de defensa, tales como “el progresivo avance de los británicos
en el Caribe, la toma temporal de La Habana por esta potencia en 1762, la extensión de
las guerras europeas a territorio americano, como ocurrió con la de los Siete Años
(1756-1763) y la independencia de los Estado Unidos (De Ramón, Couyoumdjian, &
Vial, 1993, pág. 25). La conformación de milicias en el espacio de la Real Audiencia
obedeció también a sus necesidades particulares: “De forma específica se ha de
mencionar que las milicias quiteñas tenían tres misiones concretas: la defensa de
Guayaquil ante los ataques de los piratas, la represión a los levantamientos indígenas en
la Sierra y la defensa territorial frente a las invasiones portuguesas en la zona del
Marañón desde finales del siglo XVI” (Bravo, 2009, pág. 282)..
Hay que señalar también un cambio que resultó bastante innovador en la Audiencia y en
otros territorios: la introducción de las intendencias, las cuales tenían una intención
prioritariamente económica. “En Quito el señor José García de León y Pizarro,
presidente de la Audiencia, solicitó la creación de cargos de intendentes, pero solo se
instaló la de Cuenca en 26 de septiembre de 1786, dejándose pendientes la de Quito y
Bogotá” (De Ramón, Couyoumdjian, & Vial, 1993, pág. 33).
3) Reformas económicas y conformación regional en el espacio de la Audiencia de
Quito. Sierra centro-norte (Quito) , Sierra sur (Cuenca) y costa (Guayaquil)
El pensamiento borbónico sobre la preponderancia de la figura del monarca se hizo
presente también en el aspecto económico. Resultaba necesario, entonces emprender
transformaciones en los ámbitos de lo agrícola, lo industrial y lo comercial. Estos
cambios cobraron especial fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya que a
partir de entonces se dio paso a la “aplicación intensiva de reformas dirigidas a
centralizar y restaurar la integridad de la administración, para formar una maquinaria
estatal económico-financiera eficiente, frente a otras potencias. Este mejoramiento se
había iniciado ya con Felipe V, pero alcanzó su mayor vigencia con los ministros
ilustrados de Carlos III” (Moreno, 1985, pág. 229).
De la revisión de estas medidas económicas puede señalarse que la metrópoli tenía
como finalidad la obtención de una cantidad mayor de materias primas desde sus
colonias mientras que ella procedía con la manufactura de las mismas. Juan Maiguashca
señala que “Hasta mediados del siglo XVIII la Europa mercantilista «compra»
productos coloniales. Con el inicio de la Revolución Industrial se transforma en
«vendedora» del creciente volumen de las manufacturas de sus fábricas” (IDIS, 1978,
pág. 26), lo cual trajo como consecuencia un “cambio en la composición de la demanda
que Europa hace a ultramar. En lugar de artículos de lujo, ahora Europa necesita
materias primas y productos de consumo ordinario” (IDIS, 1978, pág. 26).
“Para ello se establecieron en los puertos americanos y españoles las tarifas arancelarias
adecuadas y se dieron las leyes que en la década de 1770 liberalizaron el tráfico
marítimo intercolonial, así como el que unía los dos continentes” (Contreras, 1994, pág.
194). La declaración del libre comercio traía consigo —además— limitaciones y
regulaciones para la producción de las colonias americanas: “prohibía el intercambio de
aquellos bienes que pudieran competir con la producción peninsular (…). La intención
era preservar el mercado colonial americano para la producción peninsular” (Contreras,
1994, pág. 194).
Estas reformas originaron resultados heterogéneos a la largo de las colonias americanas
e inclusive dentro de las divisiones administrativas de la misma, como ocurre con la
Real Audiencia de Quito. “En este país se sintetizó de forma admirable un proceso que
recorrería toda Hispanoamérica, como fue el desplazamiento del eje dinámico de la
economía, desde los interiores montañosos, con una alta densidad demográfica de
población nativa, hacia las zonas litorales, antaño despobladas” (Contreras, 1994, págs.
195, 196).
Dicho “desplazamiento regional”, además de la formación de nuevas regiones se originó
como resultado de la función que adquirió América Latina: la de producción primaria.
El estímulo desde la metrópoli favoreció el surgimiento de nuevos sistemas económicos
en nuevos espacios que generalmente se hallaban distantes de los antiguos centros
económicos. Estos nuevos centros progresaron a ritmos diversos; en cambio, muchos de
los anteriores centros coloniales decayeron (IDIS, 1978, pág. 27).
El caso ecuatoriano es paradigmático de estas trasformaciones. A lo largo del siglo
XVIII se formaron regiones definidas en la Audiencia de Quito. Cada una de ellas
poseía sus propias estructuras sociales, esquemas productivos, relaciones étnicas y
laborales. Esta tendencia hacia la regionalización se produjo en tres niveles: el de las
zonas comprendidas por Quito, Guayaquil y Cuenca; el de la Audiencia de Quito en
relación con Nueva Granada o Lima; y el de la Audiencia en relación con la metrópoli.
Las reformas borbónicas —además de la crisis de la producción de plata que había
afectado a Potosí— determinaron el desarrollo regional del actual espacio ecuatoriano
(Luna Tamayo, págs. 45, 46), el cual, si bien había existido de cierta manera en los
siglos anteriores, se hizo evidente en el siglo XVIII y se extendió aun durante la vida
republicana.
La región de Quito fue la más afectada por la implementación de estas medidas. La
crisis de las minas de Potosí y la pérdida del mercado que poseían los textiles quiteños
en el Virreinato del Perú habían ocasionado ya un declive en la actividad económica de
este espacio regional. “El comercio interno del Ecuador disminuyó en la segunda
década del siglo XVIII. Se debió a la depresión en la región interandina norcentral que
duró casi un siglo, y que se originó por la pérdida del mercado peruano a los tejidos
europeos, de mejor calidad y menor precio” (Hamerly M. , 1973, pág. 133). Las
reformas económicas y su énfasis en la producción de materias primas desde las
colonias hacia la metrópoli se establecieron en detrimento de la producción de bienes
manufacturados de los territorios americanos —en este caso los textiles quiteños—.
Quito no pudo adaptarse a esta cambiante situación y “ocurrió la contracción de su
sector exportador y en consecuencia una aguda escasez monetaria que condujo
ulteriormente a una involución de economía” (Contreras, 1994, pág. 196). Quito y la
sierra centro-norte padecieron un proceso de desindustrialización, desurbanización, y
desmonetización. La producción de esta región —textil— había perdido el mercado que
poseía anteriormente —el peruano—; la sierra centro norte no fue capaz de adaptarse al
nuevo esquema económico promovido desde la metrópoli, el cual favorecía la
producción y exportación de bienes primarios. Ocurrió, entonces “la contracción de su
sector exportador y en consecuencia una aguda escasez monetaria que condujo
ulteriormente a una involución de economía” (Contreras, 1994, pág. 196).
Suertes distintas corrieron las regiones de Guayaquil y de Cuenca. En el caso de la
primera, podemos decir que, en comparación a Quito, salió bastante beneficiada con las
reformas económicas. Así, por ejemplo, a inicios del siglo XVIII, el espacio geográfico
de Guayaquil estaba bastante menos pobladas que el de Quito y servía de nexo entre la
sierra y el mercado peruano. No obstante, a mediados del mismo siglo las exportaciones
y la población de la región guayaquileña aumentaron y, así, esta región se convirtió en
un eje dinámico dentro de la Audiencia.
Sobre el aumento de las exportaciones hay dos teorías: una que sugiere que este ocurrió
de forma explosiva; y otra, que considera que este más bien se dio paulatinamente.
Según esta última consideración, hubo un periodo de medio siglo en el cual Guayaquil
se convirtió en una de las zonas más dinámicas del mundo colonial. Factores externos e
internos determinaron el desarrollo de la región; el primer ciclo de crecimiento surgió
por los esfuerzos locales, mientras que en el segundo, las reformas borbónicas
cumplieron un rol importante (Contreras, 1994).
Para Guayaquil, la disposición de libre comercio significó un aumento en las ganancias
por exportación cacaotera. El comercio de Guayaquil era, ante todo, marítimo. Las
reformas borbónicas facilitaron el libre comercio entre esta ciudad y Acapulco. Esto dio
un gran impulso a Guayaquil, la cual buscó la abolición de otras restricciones; Lima
interfirió y obstruyó en estas iniciativas. La década previa a la independencia, que logró
un incremento en las exportaciones, de la ciudad fue de recesión. La costa —dentro de
los objetivos trazados por las reformas económicas— se mantuvo como un productor de
productos primarios, siendo su producto descollante el cacao, y como consumidor de
artículos manufacturados que se importaban de los países que a su vez se abastecían del
cacao, tabaco, madera y la cascarilla lojana (Hamerly M. T., 1973).
“Las reformas comerciales de los Borbones legalizaron el tráfico con México, pero la
corona no hizo el menor esfuerzo para reducir el control peruano sobre el comercio con
la Madre Patria (…). Al constatar los frutos del libre comercio dentro del imperio y el
ocasional con contrabandistas extranjeros o con naves neutrales de permiso, la costa
buscó la abolición de todos los impuestos de cacao dentro del imperio y el libre
comercio con todos los países (Hamerly M. T., 1973, págs. 124, 125).
El caso de Cuenca es más o menos similar al de Guayaquil: fue elevada a Gobernación
y la clase terrateniente-comercial tuvo mayor participación en los órganos de poder,
además de recibir beneficios por el contrabando. Además, resulta necesario mencionar
la importancia de la extracción de la cascarilla o quina, la cual se convirtió en un
producto emblemático de esta región. Por estos motivos, Quito se constituyó en la
expresión de los intereses afectados en la Audiencia a través del 10 de agosto, mientras
que Guayaquil y Cuenca mantuvieron una actitud adversa al levantamiento debido —
además— al desprecio que tenían hacia Quito como centro administrativo. Estas dos
ciudades solamente se integrarían al proceso independentista cuando los españoles
endurecieron las imposiciones fiscales (Luna Tamayo).
4) Reformas tributarias y el surgimiento de rebeliones
La política fiscal de Carlos III estuvo también encaminada a la reforma tributaria. Es
entonces que por disposición real del 26 de julio de 1766 se produjo un incremento en
los gravámenes. Las iniciativas encauzadas a una mejor recolección del tributo
estuvieron acompañadas por otras medidas, como las inspecciones oficiales que, en el
espacio quiteño ocurrió a finales de la década de 1770 y “la inspección oficial de finales
de la década de 1770, tenía como meta la revisión de la administración fiscal y el
establecimiento del padrón imperial en el territorio de Quito, para establecer de esta
manera la recaudación de tributo de manera más exigente” (Minchom, 2007, pág. 173).
Si bien esta medida buscaba señalar con claridad la red tributaria a través de la
definición del indígena contribuyente, estas “pueden ser mejor categorizados como un
intento por imponer orden en una realidad social confusa para propósitos estrictamente
fiscales, antes que como una restauración a escala completa de la sociedad de castas”
(Minchom, 2007, pág. 173). Una de estas consecuencias del esfuerzo de hacer eficiente
el cobro de tributo y de ampliar la red tributaria, como lo señala el mismo autor, fue la
nivelación de las distinciones en la sociedad indígena o, en otras palabras, la pérdida de
valor de la pertenencia a ancestros de la nobleza indígena.
Las estructuras sociales y económicas de la colonia tuvieron que adaptarse a las
medidas que, desde la península ibérica, se implementaban ya que “el control de España
sobre sus colonias, con reformas liberales y todo, determinan un desfase para esta nueva
situación” (IDIS, 1978, pág. 47). Las consecuencias de la aplicación de esta medida en
la Audiencia de Quito —durante la presidencia de José García de León y Pizarro— son
señalados a rasgos generales por Federico González Suárez: “El sistema económico
planteado por Pizarro, era, pues, sencillo pero muy beneficioso para la Real Hacienda y
consistía en aumentar las rentas de la Corona, disminuyendo la fortuna de los súbditos;
la progresiva pobreza de la colonia era, por tanto, la que acrecía el caudal que ingresaba
al erario; así pues, en vez de remediarse los males que padecían estas provincias, se
aumentaron hasta el punto de llegar a ser intolerables, y entonces fue cuando la
administración del presidente Pizarro volvió a resucitar la idea de la completa
emancipación política de la metrópoli” (González Suárez, 1969, págs. 1204, 1205).
En efecto, la referencia anterior a una adaptación, no implicó que el proceso fuese
pacífico o avasallador; muy por el contrario, encontró resistencias y respuestas tanto en
la propia península como en los territorios de ultramar. “La insurrección de Quito
configuró el paisaje político durante más de una generación (…), la ciudad de Quito, y
en menor medida la Audiencia, se encontraban en un estado de tensa calma (…). El
telón de fondo de este caso era la nueva ola de reforma fiscal a finales de la década de
1770, al tiempo que hubo temores de la presunta introducción por parte de las
autoridades de monopolios del pan, agua y sebo” (Minchom, 2007, pág. 253).
Segundo Moreno señala que las principales medidas impulsadas por la Corona que
originaron levantamientos populares en el territorio americano fueron los derechos
fiscales que derivaron de las rentas estancadas y el impuesto de las alcabalas” (Moreno,
1985, pág. 230). “Los quiteños, percibían mal la novedad de las preocupaciones
económica del siglo XVIII: no se veía sino un conjunto de recetas destinadas a devolver
su prosperidad al reino. La riqueza era, ciertamente, esencial para la sociedad, pero no
se concebía que su búsqueda pudiese acarrear grandes disturbios sociales y políticos: no
era sino el regreso al orden natural” (Demélas & Saint-Geours, 1988, pág. 46).
Las reformas introducidas por los Borbones fueron las más radicales desde aquellas que
había realizado el virrey Toledo en el siglo XVI. Los cambios que se produjeron en la
península ibérica, a pesar de pertenecer al mismo conjunto de reformas, no fueron los
mismos que se efectuaron en los territorios americanos. Aquí los cambios fueron
operados de manera selectiva, para favorecer a la sociedad metropolitana. En
consecuencia, el sentido que aquellas reformas tuvieron en España no fue el mismo para
las colonias americanas. (Rivera Cusicanqui & Barrios Moron, 1993, pág. 41). “Así, lo
que para Europa eran medidas inspiradas en el nuevo sentido humanista de la
Ilustración, en las colonias se convertirán en nuevas e “ilustradas” maneras de negar la
humanidad de los indios; lo que en España fue una centralización del aparato estatal y
un ajuste de sus dispositivos para facilitar la libre circulación mercantil; en la colonias
se injertará con el mercado cautivo y coactivo de los repartos (legalizados en 1750), en
la fragmentación de intereses privados de los funcionarios, en la multiplicación de
barreras al comercio interno y en el bloqueo a las iniciativas populares e indígenas”
(Rivera Cusicanqui & Barrios Moron, 1993, pág. 41).
Como resultado de aquello, en el siglo XVIII se produjo una gran cantidad de
levantamientos indígenas —bastante mayor en comparación al siglo precedente— los
cuales constituyeron una reacción frente al deterioro de las condiciones de vida de las
poblaciones indígenas. La mayoría de estos se concentraron en la sierra centro-norte —
la región más afectada por la crisis— y en el periodo comprendido entre 1760 y 1803.
En esta región se encontraba concentrada la mayor cantidad de población indígena, los
señorías étnicos estaban mejor conservados en esta región y en base a ellos se
producirían gran parte de las rebeliones. (Ramón Valarezo, 1991, pág. 427).
5) Reformas religiosas
Finalmente, hay que señalar que el aspecto religioso, eclesiástico también se vio
afectado por la serie de reformas. Si bien el Patronato había permitido ya que la Corona
adquiera ciertas atribuciones y privilegios con respecto a la Iglesia, en el siglo XVIII
“debido en gran parte a las nuevas ideas que corrían por los países europeos católicos
sobre la relación Estado-Iglesia, este proceso de supremacía del poder civil sobre el
eclesiástico se acentuó mucho más”. Se ratificó el Patronato general a través del
concordato celebrado entre Fernando VI y el papa Benedicto XIV, se erigieron nuevas
diócesis y se redujeron las atribuciones del Santo Oficio. No obstante, el hecho más
emblemático de estas transformaciones fue, sin duda, la expulsión de la orden de la
Compañía de Jesús a través de la Pragmática sanción de 1767. “La orden de la
expulsión de los jesuitas tuvo todavía mayores repercusiones. La Compañía de Jesús en
nuestro continente contaba con ciento veinte colegios, dos mil setecientos cincuenta
religiosos, por lo que esta medida causó graves trastornos” (De Ramón, Couyoumdjian,
& Vial, 1993, pág. 23). Los bienes de esta orden religiosa fueron confiscados y la
difusión de sus ideas fue prohibida. “Se piensa que las verdaderas razones que
provocaron la expulsión de los jesuitas estuvieron en la difusión de estos conceptos
(antirregalismo, tiranicidio y probabilismo), que eran impartidos regularmente en los
establecimientos educacionales que estos sostenían” (De Ramón, Couyoumdjian, &
Vial, 1993, pág. 24).
6) A manera de conclusión
A manera de conclusión puede señalarse un elemento común en todas estas reformas:
ninguna de ellas puede caracterizarse por la pasividad. Cada una de estas
transformaciones introdujo innovaciones que desestructuraron la relativa estabilidad que
se había establecido en el siglo XVII, que no impactaron de igual manera y no fueron
recibidas de igual manera por toda la población. Si bien hay sectores y espacios
geográficos que resultaron beneficiados —como fue el caso de Guayaquil—, en otros,
estas medidas originaron resultado dramáticos. No todo fue una imposición vertical,
desde arriba, el descontento de diversos sectores —desde aquellas asoladas
comunidades indígenas hasta los sectores criollos— se hizo manifiesto y esto fue
posible por las ideas y el pensamiento político sobre justo gobierno, tiranía y mal
gobierno que estaba presente. Hay que considerar la heterogeneidad de aquellos
movimientos y reacciones.
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