Edición Septiembre 2010

inves ti-gand oreporter itay ya te cog ió

la chingada”

“síguele

Por témoris grecko

Una reportera mexicana recibió esta amenaza por hacer su trabajo La violencia contra los periodistas se ha recrudecido en los últimos meses, con asesinatos y secuestros en todo el

país Las agresiones son cometidas por los grupos criminales, pero también por funcionarios públicos y otros actores

sociales cuyos ataques quedan impunes

dela Navarro Bello ocupa una silla que no sólo nos parece in-cómoda a quienes la vemos en ella: nos da miedo. Es la silla del director general del semanario Zeta, de Tijuana, Baja Califor-nia. Una silla que antes ocupó Héctor “El Gato” Félix Miran-da, asesinado en 1988 por orden de Jorge Hank Rhon —según Zeta—, un poderoso empresario, ex alcalde y ex candidato a gobernador que ha sido señalado en Estados Unidos como sospechoso de estar ligado al narcotráfico. Una silla que fue de Jesús Blancornelas, el legendario periodista que pasó los últimos años de su vida protegido por soldados tras haber re-cibido cuatro balazos en un atentado en 1997, ataque atribuido al cártel de los Arellano Félix y en el que murió su guardaes-paldas. Una silla frente a la que el editor Francisco Ortiz Fran-co discutía la forma de demostrar la responsabilidad de Hank Rhon en el crimen de “El Gato Félix”, antes de que narcos y policías municipales lo destrozaran a tiros en 2004. Una silla bañada en sangre por crímenes sin castigo, por la impunidad.

Sentarse en esa silla se ha vuelto aún más peligroso desde que las notas sobre el crimen organizado no las firman los re-porteros, sino que se adjudican a “investigaciones Zeta”. Así, a los delincuentes cuyas actividades han sido expuestas por el semanario les resulta difícil identificar al periodista responsa-ble. Pero con ello, Navarro y su co director general, César René Blanco, son los rostros visibles de ese esfuerzo colectivo por descubrir y denunciar los entramados de corrupción y narco-tráfico en esa región de México.

Navarro y Blanco recibieron la dirección de manos de Blan-cornelas en 2005, un año antes de su fallecimiento por muer-te natural. “Lo primero que hicimos”, explica Navarro, “fue tomar la decision de no cambiar la línea editorial, reforzar nuestro compromiso, continuar la investigación periodística en todos los temas, incluido el crimen organizado, y proteger la identidad de los reporteros cuando revelan datos, nombres y fotografías de integrantes de las mafias.”

El caso de Zeta es poco representativo de lo que pasa con los medios de comunicación en las zonas donde el narcotráfico está extendiendo su influencia. Plantarles cara a los crimina-les y desafiar las amenazas no es algo que muchos puedan o quieran hacer. Los periodistas van sin armas a la guerra, son vulnerables porque todos los conocen y sus asesinos pueden vivir al lado de su casa. A Cleofas Ledezma Flores, quien era conductor de un programa de debate en la televisión chi- huahuense, lo sacaron de su cama a las 3 am, lo torturaron y lo dejaron desnudo en una carretera. “Todos tenemos miedo”, dice Ledezma, “y estamos abandonados por las autoridades”.

Según diversos conteos, entre 62 y 69 periodistas han sido asesinados en México en los últimos diez años, y otros 11 están desaparecidos. La cifra de homicidios podría alcanzar los 150, pero las organizaciones que elaboran las estadísticas sólo con-signan los ataques confirmados a la libertad de expresión.

Muchos más han sido blanco de agresiones. El informe 2009 del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Article xix, que juntos sostienen la Campaña Per-manente de Protección a Periodistas en México, detalla 244 casos de golpizas, detenciones arbitrarias, amenazas y otros

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ataques sólo en ese año. El grupo internacional Reporteros Sin Fronteras coloca a México en el sexto lugar entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas, antecedido por Fili-pinas, Somalia, Rusia, Pakistán e Irak.

“Es sabido que los países con regímenes democráticos más avanzados y con Estados de derecho más consolidados gozan de una mayor libertad de prensa y de expresión”, reflexiona Da-río Ramírez, director de Article xix. El que México aparezca acompañado de naciones autoritarias y en crisis como las cinco mencionadas coloca al país “en su justa realidad, al tener una libertad de expresión maniatada no sólo por la violencia, sino también por marcos jurídicos deficientes y por autoridades contrarias al escrutinio público. Esto revela la situación prima-ria del régimen democrático en México”.

Profesionales en lo individual y medios de comunicación han optado por callarse. Distintas regiones del país, como Ta-maulipas, se han convertido en “zonas de silencio” donde no se informa lo que pueda incomodar a las mafias. Sin embargo, el problema no sólo son ellas: en este clima de impunidad, en el que matar no tiene consecuencias (el 98 por ciento de los asesi-natos de periodistas quedan impunes, según Alberto Brunori, delegado para México del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos), dos terceras partes de las agresiones a la libertad de expresión son atribuidas a funcionarios públicos: alcaldes, soldados, policías, legisladores, gobernadores e inclu-so secretarios de Estado, según Cencos y Article xix. De igual forma, empresarios y miembros de partidos políticos y de sin-dicatos aprovechan que es muy improbable que se haga justicia cuando agreden a un periodista.

Además, en las últimas semanas se está presentando una situación más grave que la del silencio: los grupos criminales han comenzado a utilizar a los medios para mandar mensajes.

Les interesa denunciar o intimidar a sus rivales, debilitar al gobierno, ga-nar popularidad en ciertos sectores de la población.

“Por primera vez en este país, los reporteros se convierten en botín de negociación”, dice Elia Baltazar, de la Red de Periodistas de a Pie, un grupo de superación profesional. El 26 de julio, unos narcotraficantes

secuestraron en Durango a cuatro reporteros, de los que tres trabajan para medios nacionales (Televisa y Milenio Tele-visión), y anunciaron que sólo si se transmitían unos videos (donde torturan y asesinan a miembros de cárteles rivales) los liberarían con vida. La exigencia fue cumplida.

El sábado 7 de agosto, unos dos mil profesionales de la infor-mación marcharon por avenidas de la Ciudad de México y de media docena de urbes del interior, algunas de ellas asoladas por el crimen, como Torreón, Coahuila. “El mensaje era que los queremos vivos [a los secuestrados] por tu derecho a saber, por mi derecho a informar”, acota Elia Baltazar, “pero no pidién-doselo al narco, sino al Estado, porque es su responsabilidad”.

Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, de Colombia, explica que el gobierno de su país creó un programa especial de protección a periodistas que aún funcio-na. Las consecuencias de más de una década de atentados con-tra la prensa (perpetrados por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, policías, soldados, políticos y empresarios de fines de los años 80 al 2000) persisten, no obstante. No sólo porque aún son un problema grave a pesar de que han disminuido, sino porque los periodistas se siguen sabiendo vulnerables.

“Cambió la forma de hacer periodismo [en Colombia]”, des-cribe Morales, “se hizo más responsable, pero también es aho-ra un periodismo muy sometido al poder, que no cuestiona y que no se mete en problemas”.

A prender por la mala

“Cuatro cruces son demasiadas en un directorio”, dijo el perio-dista Miguel Ángel Granados Chapa el 17 de abril pasado, en un acto para celebrar los 30 años de Zeta. Este semanario, un ejemplo de compromiso periodístico y resistencia, se desarro-

lló en un lejano rincón de México, mientras en la capital del país adqui-ría prestigio el proyec-to transformador de la prensa nacional —tam-bién comprometido y perseguido—, la revista Proceso. De ésta supimos

Elia Baltazar, una de las fundadoras de la Red de Pe-riodistas de a Pie, durante el encuen-tro “Ni un periodis-ta menos”.

Arriba: Las oficinas de Zeta en Ti-juana, Baja California, lucieron un moño negro por el fallecimento de Jesús Blancornelas, su funda-dor, en 2006. Derecha: Blancorne-las, poco antes de su muerte.

El 7 de agosto de 2010, unos 2 mil periodis-tas marcharon en la Ciudad de México para protestar por los ataques contra el gremio.

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todos; de aquél, a pocos nos llegaron noticias, acaso sólo cuando sus integrantes aparecían en la nota roja.

Jesús Blancornelas y “El Gato Félix” fundaron Zeta en 1980 desde San Diego, California, donde vivían tras haber tenido que salir del país por denunciar en el diario abc la corrupción del gobernador bajacaliforniano, Roberto de la Madrid. Le die-ron seguimiento a ese tema y además empezaron a documen-tar el crecimiento de los cárteles de las drogas.

En 1985, Jorge Hank Rhon, hijo menor de Carlos Hank Gon-zález (cabeza del poderoso grupo político Atlacomulco que, como parte del pri, domina desde hace medio siglo el Estado de México), se estableció en Tijuana para hacerse cargo de lucrativos negocios de carreras de caballos y apuestas. Con los años, in-formes de agencias estadounidenses, como la dea y el fbi, lo ligaron con el narcotráfico —algo que Hank Rhon ha negado— y, en 2009, le retiraron la visa y le prohibieron la entrada a ese país. Pese a ello, Hank Rhon fue elegido alcalde de Tijuana en 2004 y perdió por poco la gubernatura de Baja California en 2007.

“El Gato Félix” se dedicó a inves-tigar las actividades presuntamente ilícitas de Hank Rhon y las expuso en Zeta. El 20 de abril de 1988, Antonio Vera Palestina, el jefe de seguridad de Hank Rohn, y un subordinado de nombre Victoriano Medina Moreno, mataron al “Gato” de dos tiros de es-copeta. Los condenaron a 25 años de prisión, pero Hank Rhon nunca fue investigado por estos hechos. Desde aquel ataque, Zeta publica semanal-mente un desplegado a página com-pleta que reza: “Jorge Hank Rohn, ¿por qué me asesinó tu guardaespal-das Antonio Vera Palestina?”

El cártel de los Arellano Félix tomó el turno, molesto por las investigaciones de Zeta. Primero atacó a disparos la casa de Blancornelas. Luego comisionó a diez matones para eliminar-lo, el 27 de noviembre de 1997. El guardaespaldas Luis Valero se interpuso y recibió 30 balazos destinados al periodista, que recibió otros cuatro. Pero sobrevivió y mantuvo el rumbo de Zeta hasta su muerte, en 2006.

Seguía Francisco Ortiz Franco. La Sociedad Interamericana de Prensa presionaba para que se reabriera el caso de “El Gato Félix”, para buscar al autor intelectual, y Ortiz Franco reunía evidencias cuando lo mataron frente a sus dos hijos pequeños, al lado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 22 de

junio de 2004. Otra vez, las sospechas se dirigieron hacia Jorge Hank Rohn.

Los autores intelectuales de estos crímenes permanecen en la impu-nidad. “[En Zeta] Hemos aprendi-do por la mala”, dice Adela Navarro, quien en 2007 recibió el Premio In-ternacional a la Libertad de Prensa, que otorga el Committee to Protect Journalists. “En 85 nos levantaron toda una edición del semanario. En 87 nos rafaguearon las oficinas.” ¿No tienen miedo ella y Blanco de ser la cara visible de la publicación? “No-sotros no hemos recibido amenazas directas, pero sí ha habido amenazas contra el equipo. En enero pasado, una autoridad nos confió que, me-diante una intercepción telefónica, habían escuchado una orden de aten-tar contra los editores y las instala-ciones del semanario, pero esto no ha ocurrido. El gobierno del presidente Felipe Calderón no nos ha ofrecido la certeza de la seguridad, de la jus-ticia, de la sentencia, así como no se ha preocupado por detener a los ase-sinos de 30 mil mexicanos.”

L a cámara o la cabeza

No todos los medios son tan decididos como Zeta al denunciar las muertes de sus periodistas y exigir justicia. Menos ahora que el recrudecimiento de la violencia está provocando cam-bios en las reglas del ejercicio periodístico.

Brisa Maya Solís, directora de Cencos, explica que “a dife-rencia de otros años, en los que una forma de enfrentar lo que estaba pasando era visibilizar los hechos y a las víctimas, en 2010 hay nuevas características. Una de ellas es que la denun-cia pública no necesariamente ayuda a quienes están siendo agredidos. Otra es que no alcanzamos a registrar los hechos como en otros años, porque por temor ya no se está diciendo lo

A CleofAs ledezmA flores, quien erA ConduCtor de un progrAmA de debA-te en lA televisión ChihuAhuense, lo sACAron de su CAmA A lAs 3 Am, lo tortu-rAron y lo dejAron tirAdo, desnudo, en unA CArreterA.

Arriba: Sospechosos del secuestro de tres periodistas en Torreón, Coahuila. Derecha: Adela Na-varro Bello, directo-ra general de Zeta.

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que pasó. Los casos claros son Tamau-lipas y Morelos, donde sabemos que algo está sucediendo, pero no sabemos qué; sólo que hay miedo”.

Solís me muestra un documento preliminar de uso interno, que analiza las agresiones de enero a julio de este año. Es una relatoría fúnebre.

Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, es uno de los muertos. Lo secuestró un comando criminal el 7 de enero y su cadáver apa-reció al día siguiente. El de Hugo Alfre-do Olivera Cartas fue encontrado el 6 de junio, en un paraje cerca de Aguililla, Michoacán. A sus 28 años, era editor de El Día de Michoacán y se especializaba en seguridad pública. Además, saquea-ron sus oficinas y se llevaron los discos duros de su computadora.

Entre los secuestrados, Ramón Án-geles Zalpa, corresponsal en el pueblo de Paracho de Cambio de Michoacán y catedrático de la Universidad Peda-gógica Nacional, sigue desaparecido desde que cubrió el ataque de un grupo armado contra una familia indígena en San Juan Nuevo Parangaricutiro, el 6 de abril. El 19 de abril, un grupo del crimen organizado difundió un correo electró-nico que amenazaba de muerte a 27 pe-riodistas del Estado de Morelos.

Tres reporteros de la revista digi-tal Reporte Índigo fueron detenidos cuando hacían una investigación so-bre la casa de Genaro García Luna, se-cretario de Seguridad Pública Federal. Irineo Mújica Arzate, periodista inde-pendiente, fue golpeado, robado y de-tenido por funcionarios del Instituto Nacional de Migración cuando graba-ba a migrantes centroamericanos en un tren de carga en Soltepec, Estado de Puebla. Oficinas de periódicos y ca-nales de televisión en Tepic, Torreón, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Mata-moros y Monterrey han sido allanadas, atacadas a balazos o con granadas.

Solís hace énfasis en quiénes son los agresores: “Si bien hay un contexto de guerra contra el crimen organizado, también es cierto que las agresiones de otros actores permanecen en la impu-nidad, y la impunidad es una invitación abierta a futuros perpetradores. Ante la opinión pública y ante los organismos

internacionales, el gobierno insiste en que la amenaza proviene del crimen organizado. Pero en cuanto al universo de agresiones, sólo una minoría [6 por ciento, según el informe de 2009 men-cionado] es imputable a las mafias. Una parte de los casos cuya autoría no está clara [14 por ciento] podría estar rela-cionada con estos grupos criminales. Pero en 65 por ciento de los casos, los agresores son servidores públicos, es decir, representantes del Estado.”

Pese a lo anterior, existe una gran di-ferencia entre el nivel de violencia de unos y otros. “No es lo mismo que te gol-peen y te quiten la cámara, a que te cor-ten la cabeza”, dice Elia Baltazar.

V ivir en riesgo

Los periodos en que los periodistas su-fren agresiones tienen consecuencias duraderas. En Colombia, dice Andrés Morales, aunque los asesinatos empe-zaron a disminuir en el año 2000, per-siste “un clima de autocensura. Sobre todo en el interior del país se ve que los periodistas sienten temor y prefie-ren no tocar asuntos espinosos que los pongan en riesgo”.

El hecho de que haya menos muer-tes no significa, advierte Morales, “que la libertad de expresión haya mejo-rado, porque el número de amenazas y de agresiones es el mismo”. Esto se debe a que prevalece una situación de impunidad, en la que “nunca se ha con-denado a una persona por atacar a un periodista”, lo que “genera un ambien-te en el que quien te amenace o ataque, sabe que no le va a pasar nada”.

Lo mismo ocurre en México y abun-dan los ejemplos. Uno de ellos es el de Jade Ramírez Cuevas, conductora y re-portera de Radio Universidad de Gua-dalajara, quien cubría el movimiento de comunidades que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo. Primero la amenazaron en persona a ella y a un defensor de derechos huma-nos mexicano, a quien se referían como “el gringo” por su tez clara, durante un encuentro en el pueblo de Temacapu-lín. Los intimidaron y a Jade le mostra-ron un arma.

ZONAS DE SILENCIO

Cuando un cártel mafioso impone

su ley en una región es difícil detectar

que las empresas le pagan por “pro-

tección”. Pero cuando la prensa se

calla, nos dice a gritos cuáles son los

territorios que el gobierno ha dejado

de controlar. El fracaso del Estado se

hace estridente en lo que se conoce

como “zonas de silencio”.

¿Cuáles son las “zonas de silencio”

en México? Los periodistas y defenso-

res de derechos humanos a quienes

pregunté mencionaron la región de

La Laguna, alrededor de las ciudades

de Torreón y Gómez Palacio; las de

Zacatecas y Fresnillo; los estados

de Durango, Michoacán, Guerrero y

Morelos; y, sobre todo, Tamaulipas.

Esta última región es presa de una

cruenta guerra entre dos mafias, el

cártel del Golfo y los Zetas, y entre

éstas y el Ejército. No son sólo los

soldados quienes establecen retenes:

también los narcos que controlan

carreteras en uniforme de policía

municipal; de esa manera vigilan que

no se acerquen sus rivales y otros

indeseables, como los periodistas.

La prensa tamaulipeca, afirma Ge-

rardo Albarrán de Alba, consejero del

Centro de Periodismo y Ética Pública,

es “endémicamente corrupta, lo cual

tiene raíces en la estructura empresa-

rial de los medios, que arrojan a sus

periodistas a la corrupción” con sala-

rios de 150 a 200 dólares mensuales,

falta de prestaciones, sobrecargas

de trabajo y la obligación de vender

publicidad. “Entre eso y las amenazas

de plata o plomo”, sigue Albarrán,

“llega el momento en que el cártel

del Golfo tiene a su servicio a muchos

periodistas y medios”.

Después de que el ex líder del cártel

del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue-

ra sentenciado a 25 años de prisión

en Estados Unidos, el 24 de febrero

de 2010, la guerra entre las mafias se

recrudeció. En ese mes y en marzo,

según la Sociedad Interamericana

de Prensa, fueron secuestrados ocho

reporteros en Tamaulipas. Localmen-

te, sin embargo, se dice que han sido

diez, de los que sólo tres han apare-

cido vivos: asesinaron a cinco y otros

dos siguen desaparecidos.

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“Se ostentaron como empleados federales y llevaban ciertos símbolos de extremistas re-ligiosos que reconocemos bien en la región”, explica Ramírez, “como escapularios, rosa-rios y un llavero de los Legionarios de Cristo. Al empleado de un billar le dijeron que nos iba ‘a cargar la chingada por andar alborotando al gallinero’”. Más adelante llamaron a su domi-cilio a las 3 am, cuatro días seguidos, y el 14 de abril pasado le enviaron un correo electrónico con este texto: “te beias bien chida este sabado... y te oyes bien rica en la estasion... sigele inves-tigando reporterita pendeja... le dije a ese pen-dbdejos de su hermano el gringo y tu ya se los cogio la chingada”. [sic]

Ramírez, ganadora del Premio de Perio-dismo Rey de España en 2009, presentó una denuncia, sin obtener protección de la justi-cia: “Ni la Comisión Estatal de Derechos Hu-manos ni la Fiscalía Especializada de Delitos contra Periodistas respondieron, porque la delegación de la Procuraduría General de la República (pgr) notificó que se había tratado de un pleito de borrachos, entre particulares, y que no había delitos qué perseguir.”

Otro caso es el de Cleofas Ledezma, quien se vio forzado a abandonar Expresión de los chihuahuenses, el programa de debate que conducía en el canal 10 de Cablemás, en la ciudad de Chihuahua. A las 3 am del 17 de diciembre de 2009, al menos seis sujetos con uniformes que decían pgr entraron en su casa y lo sacaron a golpes, frente a su familia. “Me dijeron que los habían matado a todos y que aho-

ra me tocaba a mí”, re-cuerda. “Me culpaban de haber afectado a su jefe, que había perdido la candidatura por mi culpa, pero yo todavía hoy no sé a quién se

referían. ‘No te hagas pen-dejo’, me gritaban, y pedían que les diera los videos de su jefe. ‘¿Tú crees que por-que no quedó [como candi-dato] no tiene muchísimo poder?’, me decían, ‘te va a llevar la chingada’”.

Después de torturarlo y de arrancarle el bigote de un navajazo, lo desnudaron y abandonaron en la carre-tera, con la advertencia de que tenía que pedirle dis-culpas públicamente a su jefe y dejar el programa. “En la última emisión dije que no sabía ante quién tenía que disculparme ni por qué, que no se vale actuar así, co-bardemente. En enero me volvieron a golpear y me ro-baron la camioneta”.

Aunque un relator de li-bertad de prensa de la onu, de visita en Chihuahua el 17 de agosto pasado, le re-

comendó que se fuera del país porque su caso era crítico, y a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, “la procuradora [de justicia del Estado] no me quiso apoyar”, lamenta Ledezma, “me dijo que no estaba para cuidar a particulares”. “Yo creo que los que me atacaron están con el sistema”, continúa, “cada vez que voy a hacer una declaración me llaman, dicen que me vigilan. Aprovechan el clima de violencia que se vive, la impu-nidad, y no dan la cara”.

El periodista se refugió en Monterrey durante dos meses, pero regresó a hacerse cargo de un programa en la emisora por internet fronteranorte.net: “Mi familia me dijo que volviera,

que si me van a matar, que nos maten a todos.”

E n el desamparo

La impunidad alentó a las mafias a escalar el nivel de las agresiones. El secuestro de los cuatro periodistas en Durango, el 26 de julio pasado, fue una llamada de atención general. Televisa y Grupo Multimedios (edi-tor de los diarios Milenio y propietario de Milenio Te-levisión) reaccionaron airados ante la situación en que los pusieron los criminales: si no transmitían los videos que querían, sus reporteros aparecerían muertos.

El programa Punto de partida, para el que tres de ellos preparaban un reportaje, se fue a negros en su emisión siguiente, después de que la conductora, De-nise Maerker, manifestó su protesta. Obedecieron, no

“Mientras exista iMpunidad para los asesinos, esto va a seguir sucediendo. el Mensaje es Muy claro: en México puedes Matar a un periodista y no vas a ir a la cárcel”, dice adela nava-rro, directora del seManario ZEta.

Arriba: Manifestación del Sindi-cato de Redactores de la Prensa frente a la Procuraduría General de la República. Derecha: Ima-gen tomada durante la marcha de periodistas del 7 de agosto.

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obstante, y los periodistas fueron final-mente liberados.

Que el caso ganara resonancia por-que involucró a empleados de medios electrónicos nacionales hizo destacar la situación de desamparo que se vive en otros espacios: el informe de Cencos y Artículo xix revela que, en 2009, un 75 por ciento de las víctimas de agresiones trabajaba para la prensa escrita y un 78 por ciento de ellas, en medios locales.

A veces, estos periodistas se descubren abandonados no sólo por el Estado, sino también por sus propios empleadores. Tal es el caso de Karla Tinoco Santillán, quien trabajaba para La Opinión Milenio, en la región de La Laguna, cuando publi-có un reportaje sobre el impacto del nar-cotráfico en el municipio duranguense de Vicente Guerrero. Según el Centro de Periodismo y Ética Pública (cepet), el 24 de mayo Tinoco recibió amenazas de muerte por vía telefónica. Los direc-tivos decidieron trasladarla de Durango a Torreón. Pero cuando volvió a Duran-go, sus compañeros consideraron que su presencia comprometía la seguridad de todos. El día 31, fue despedida. (Esquire intentó obtener la versión de La Opinión Milenio sin obtener respuesta.)

“Lo peor es que los otros medios se enteran y no hay quién le dé trabajo”, co-menta Gerardo Albarrán de Alba, conse-jero del cepet. “¿Qué pasa con los dueños de los medios de comunicación?”, cues-tiona por su lado Brisa Maya Solís. “No es sólo asunto de chalecos antibalas, es algo que tiene que ver con las condiciones la-borales de los periodistas.”

Otro problema es la desunión entre los periodistas. Los más experimentados se mostraban sorprendidos el 7 de agosto, durante la marcha en la Ciudad de Méxi-co. “Es la primera vez que pasa algo así”, señalaba uno de ellos, “hay compañeros de muchos medios y grupos, de todas las generaciones”. También se sentía el te-mor. Un reportero de una ciudad del in-terior dijo: “Antes nos daba miedo venir a la capital, por la violencia. Ahora nos vini-mos para acá porque, comparativamente, es más tranquilo, no cortan cabezas. Pero si la violencia nos persigue y aquí también se pone loco, me marcho del país.”

Ya habían liberado a los secuestrados de Durango y eso daba alivio. Pero algu-nos se preguntaban si haber cedido a las exigencias de los narcos no abrirá la puer-ta a que usar periodistas como moneda de cambio se vuelva costumbre. Lo que no tenemos es “un Estado que sea fuerte para impedir que esto pase, para que no estemos pensando ‘si acepto, van a pedir más’”, dice Elia Baltazar, “para que no consideremos a los narcos, porque al con-siderarlos ya les estamos dando un lugar en la mesa. Defender la libertad de expre-sión es obligación del Estado”.

La intervención desatinada de las fuer-zas de seguridad pública es también la preocupación de Adela Navarro, en Tijua-na: “Mientras exista impunidad para los asesinos de los periodistas y de la gente en general, esto seguirá sucediendo. El men-saje es claro: en México puedes asesinar a un periodista y no vas a ir a la cárcel.”

¿ QUIERES SEGUIR VIVO?Un periodista de un medio local

habla a condición de mantener su

identidad, su periódico y su ciudad en

secreto: “Es fácil que [los narcotrafi-

cantes] aten cabos y sepan quién te

dijo [cierta información], tienen gente

dentro de la redacción.”

Cuenta que, recientemente, los

directivos de su periódico recibieron

una llamada de parte de un cártel,

que les exigía publicar ciertas foto-

grafías en primera plana. “Ya no sólo

quieren que nos callemos”, explotó el

jefe, “ahora nos tratan como sus voce-

rillos, ¡pero se van a la chingada!”

Como si se tratara de una película,

el jefe convocó a junta y anunció su

determinación de rechazar la impo-

sición, que no le importaba que lo

mataran, que quien quisiera apoyarlo

se quedara y que quien no, era el

momento de abandonar la nave. No

hubo aplausos cuando terminó la

reunión; el ánimo era de funeral. Casi

inmediatamente después, desde el

otro lado de la sala, alguien anunció

una llamada de los narcos: “¿Te crees

muy gallito, verdad? Si mañana no

aparecen esas fotos, por la tarde te

enviaremos las cabezas de dos re-

porteritos tuyos. Si pasado mañana

tampoco, tendrás las de otros dos de

tus pendejos. Cuando te quedes solo,

no iremos por ti luego, luego: antes

nos echamos a tu familia.”

Las fotografías aparecieron publica-

das al día siguiente.

Uno de los pocos periodistas locales

que ha expuesto su situación en pú-

blico, sin ocultar su identidad, es Juan

Cuevas, director de El Debate de los

Calentanos, un periódico del sureño

Estado de Guerrero. En una conferen-

cia de colegas, el 15 de marzo, explicó

que regularmente recibe llamadas

amenazantes para darle indicaciones

sobre lo que no debe difundir. Y como

explicó, tiene motivos para hacerles

caso: “Para publicar, hay que valorar

si quieres seguir vivo.”

Arriba: Un perito reconstruye el homicidio de Francisco Ortiz, editor del semanario Zeta. Derecha: Ortiz investigaba la muerte del pe-riodista Héctor “El Gato Félix” Miranda.

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