La tarea pendiente1

Ignacio De Leon

La semana pasada fue divulgado el Informe Anual de Competitividad del INCAE Business School, donde se informa que El Salvador actualmente ocupa el cuarto lugar en competitividad en Latinoamérica, y el primero en Centroamérica. Esta buena noticia reafirma los reportes emanados de Economic Freedom Index, del Heritage Foundation, y otros, donde se comprueba la creciente consolidación de las instituciones económicas del país. Sin embargo hay una tarea pendiente: la instrumentación de una política de competencia. Esta política tiene por objeto abrir los espacios de mercado para propiciar el desarrollo de las capacidades empresariales, que frecuentemente no se emplean a fondo debido a la existencia de barreras legales y otros obstáculos al ingreso de empresas en el mercado impuestos por sectores renuentes a competir. Frecuentemente, la actividad gremial se orienta hacia la consolidación de barreras y condiciones en el ejercicio de la profesión respectiva, o del comercio de bienes, que limitan la actividad innovadora de empresarios que desean explorar nuevas formas de satisfacer los consumidores en el mercado. Por ello, la capacitación técnica y la fortaleza institucional de la autoridad de competencia son indispensables. Esto supone, en primer lugar, que ella desarrolle una orientación muy clara de su propia actuación, para lo cual la autoridad de competencia debe adecuarse su comprensión de los mercados a la realidad de los sectores industriales y comerciales que comprenden el mercado salvadoreño. A diferencia de la orientación dada en los Estados Unidos o la Unión Europea a la política antimonopolios, donde es normal esperar la presencia de muchos más participantes en cada sector, en El Salvador el reducido número de empresas por sector industrial es a menudo consecuencia de la reducida escala del mercado; no de restricciones anticompetitivas. La política de competencia debe evitar condenar per se posiciones de dominio que resulten de estos mercados, inevitablemente concentrados. Igualmente, la autoridad de competencia debe calibrar si las conductas de asociación entre empresarios encubren una intención monopolística, o por el contrario son el producto de las necesidades de dotar a los mercados de una 1 Componente adicional a los Términos de Referencia Contrato N°09/BID-ATN/SF-9321-ES/2005

institucionalidad necesaria para resolver problemas de riesgo e incertidumbre, que no son pocos en nuestra realidad económica. Por ejemplo, muchas veces las empresas prefieren integrarse verticalmente con sus proveedores y clientes, que celebrar contratos de suministro o distribución, dada la incierta ejecución de éstos en los tribunales. Otras veces, empresas competidoras encuentran útil asociarse para generar “externalidades positivas de redes”, como es el caso del Valle del Silicón, en California, donde la cercanía de diversas empresas de software apalanca la transmisión de información útil sobre el desarrollo de productos que potencia innovaciones entre todos; no un cartel restrictivo de la oferta. Por estas razones, en El Salvador, la política de competencia debe cuidar no dejarse llevar por el conteo de empresas en un mercado o la alineación de comportamientos para deducir la existencia de restricciones anticompetitivas, sino evaluar, en qué medida los competidores potenciales se ven impedidos de ingresar al mercado por leyes emanadas del Estado, y decisiones gremiales con el mismo efecto. Este enfoque se ajusta a nuestra realidad institucional, pues en América Latina, dada la tradición mercantilista que ha caracterizado nuestras políticas económicas, donde la cercanía al gobierno es percibida como factor de riqueza, el Estado ha sido el principal responsable de restringir la competencia a través de eso que los economistas llaman educadamente “la repartición de rentas”. Por ello, la autoridad de competencia debe volver su mirada hacia leyes y reglamentos que obstaculizan la competencia en el mercado. Ahora bien, revertir esa tradición institucional no es sencillo. Se requiere un gran peso político, amén de una capacidad inusual de persuasión hacia los sectores económicos favorecidos por el status quo, quienes no siempre aceptan de buen grado un cambio de las reglas de un juego económico en el que se sienten cómodos.