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La Resistencia sindical en la Región de Murcia durante los
primeros años del franquismo, 1939-45
Seminario de Investigación “Combates por la democracia”:
LOS SINDICATOS, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA.
26 y 27 de Mayo de 2011
ANTONIO MARTÍNEZ OVEJERO
I. La represión franquista en la Región de Murcia, cifras significativas
Las instituciones civiles y militares en la Región ded Murcia, permanecieron leales al
régimen republicano. Hace ahora 72 años, el 30 de marzo de 1939, el general Camilo
Alonso Vega, al frente de la IV División de Navarra, ocupaba la provincia de Murcia.
Salvo casos aislados, la masiva represión franquista en la Región de Murcia, se inicia
después de la guerra, a través de la aplicación fría, generalizada y planificada de un
“paquete represivo” compuesto por numerosos instrumentos administrativos, jurídicos,
judiciales y políticos: Los Bandos de Guerra; el Código de Justicia Militar; la Ley
contra la Masonería y el Comunismo; la Ley de Responsabilidades Políticas; las normas
reguladores de las depuraciones en las administraciones públicas y en las empresas
públicas y privadas, etc. Pese al terror, el régimen no logró imponerse sin una fuerte
resistencia individual y colectiva, dentro y fuera de las cárceles.
En la Región de Murcia, los procesados sometidos a Consejo de Guerra
Sumarísimo, por su desafección a la “Causa Nacional” fueron más de 33.000; los
condenados a pena de muerte tras el juicio sumarísimo previo: 1408; los fusilados
888; y los indultados « por la gracia de SE el Generalísimo », 5201.
La represión tuvo un carácter de clase, masivo y ejemplarizante. Alcanzó a todos los
rincones de la región, especialmente a las capas populares: dos de cada tres
condenados a la pena de muerte eran trabajadores por cuenta ajena del campo, la
industria y los servicios. Asimismo, dos de cada cinco hombres, entre los 26 y los 48
años fueron procesados y uno de cada seis condenados2. No en vano, la influencia
política y social de las organizaciones murcianas del Frente Popular había sido muy
importante.
1 Martínez Ovejero, Antonio, Conferencia en Jumilla, 8/10/2011: La represión franquista en Jumilla y en
la Región de Murcia. Datos actualizados sobre la represión franquista en Murcia. 2 Martínez Ovejero, Antonio: “Peligrosos e indeseables para la Causa Nacional”, Revista MURCIA
HISTÓRICA, nº 4. Marzo-Abril, 2009, pp. 50-62. MURCIA.
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Unos diez mil afiliados a las organizaciones políticas y más de cien mil a las
organizaciones sindicales, eran muy difíciles de borrar de un plumazo, en una
comunidad de poco más de 700.000 habitantes,
II. El inicio de la resistencia al franquismo en la Región de Murcia
Este grado de implantación y penetración en el tejido social generaba un amplio
espectro de relaciones personales, políticas, vecinales, familiares, intracomunitarias,
profesionales, etc. que, en una u otra forma y, en mayor o menor grado, se movilizaronn
ante un evento socialmente tan traumático como el que se vivió al final de la guerra
civil.
A pesar del miedo, e incluso por encima de la política, se generó un sentimiento de
solidaridad hacia el padre o la madre, el hermano o la hermana, el hijo o a la hija, el
amigo o la amiga, el compañero o la compañera de trabajo, el vecino, etc. que hubiera
sido víctima de la represión.
En este contexto propicio a la ayuda mutua y solidaria, las primeras actuaciones de las
organizaciones políticas o sindicales estuvieron dirigidas a conseguir la supervivencia,
tanto personal como colectiva. Las estructuras organizativas se reconstruyeron, poco a
poco, en las cárceles, en los campos de concentración, en los campos de trabajo, en los
pueblos, en los barrios, en las empresas, etc.
Ficha técnica: Edad media: µ= 36,63 años; Intervalo: 16 a 79 años; Desviación típica: σ= 10,74;
Muestra: 4.019 procesado en la Región de Murcia.
FUENTE: Elaborada por el autor, a partir de la correspondiente Base de Datos.
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Básicamente con dos objetivos: el primero, organizar la solidaridad con el fin de paliar
en lo posible las terribles consecuencias de la represión, utilizando o no, las estructuras
y redes del Socorro Rojo; y el segundo, establecer redes y cauces de información que,
en principio, ayudaran a establecer los elementos básicos de cualquier futura estructura
organizativa. Como podemos ver en la Ilustración nº 1 la persecución contra las redes
de solidaridad con los presos políticos constituyó una de las prioridades de la policía.
Estas formas de acción eran un denominador común entre los militantes de base de
todas las organizaciones de la resistencia antifranquista en aquellos años.
Ilustración 1: Portada del Sumario nº 11703 de 1942, por el que se procesa a 36 personas de Cehegín (Murcia): POR
COTIZAR A UN SOCORRO ROJO A FAVOR DE LOS PRESOS.
FUENTE: Archivo Naval de Cartagena
Tras estallar la II Guerra Mundial, a partir de 1941-42, comenzaron a editarse y circular
las primeras publicaciones, boletines y periódicos ilegales de la resistencia. En los años
siguientes, los españoles que tenían acceso a un receptor de radio, empezaron a
sintonizar las primeras emisiones de radio fuera de España: la BBC de Londres, Radio
París, la Pirenaica, Radio Euzkadi, Radio Toulouse, etc.
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Ilustración 2: Comunicación del Director de la prisión de Cieza al juez militar de instrucción de la actitud de
indisciplina de un recluso, el socialista de Abanilla EMILIO CARRILLO LOZANO, el Botija, quién
rechazó públicamente la suscripción a Redención, la revista oficial del Patronato de Prisiones
franquista, reivindicando El Socialista. Fue condenado a pena de muerte y fusilado el 4 de abril de
1940
FUENTE: Sumario 138/39. Archivo Naval de Cartagena
El aislamiento empezó a quebrarse y la esperanza a alimentarse. La actividad de los
militantes y de las organizaciones de base de la resistencia comenzó a estar presidida
por la propagación, el comentario, o la discusión, acerca de los eventos que iban
produciéndose. El curso de la II Guerra Mundial, el restablecimiento de las
organizaciones del Frente Popular en el exilio y en el interior, los primeros intentos
unitarios de la oposición antifranquista, la actividad guerrillera, las declaraciones de los
aliados, etc. constituían los primeros temas de debate y discusión. La desoladora y
siniestra realidad cotidiana alimentaba las esperanzas de caída del régimen, más allá de
cualquier expectativa razonable.
Así se explica que durante la década de los cuarenta, mientras se mantuvo la posibilidad
de que la presión internacional acabara con el régimen, pese a la cruel y durísima
represión, las organizaciones republicanas fueran capaces de ofrecer todavía un
significativo grado de resistencia y voluntad de organización, según la estrategia de
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cada una de ellas, allí donde estaban presentes: en las cárceles, las ciudades, las
empresas, o el monte.
Ilustración 3: Nota de la recién creada Brigada Político-Social de Cartagena, publicada en EL NOTICIERO, el
21/9/1940, acerca de la intervención en una reunión clandestina “en uno de los barrios más populosos
de Cartagena”
FUENTE: Hemeroteca Archivo Municipal de Cartagena
Con todos los matices que se quiera, es un hecho generalmente aceptado que, la
estructura y organización en el interior de la resistencia antifranquista, era más fuerte y
numerosa en los años cuarenta, que a mediados de los cincuenta3.
Pero el reconocimiento internacional del régimen de Franco, fue el jarro de agua fría
que despertó a todos del sueño. El agua fría no sólo volvió a la realidad a los militantes
y dirigentes republicanos, sino que apagó casi todas las brasas que aún permanecían
encendidas y que, cubiertas de ceniza, alimentaban la esperanza del pueblo que
aguardaba paciente, pero vigilante, el soplo del viento que le devolviera la libertad.
Los periódicos de la época dan cuenta de numerosas detenciones por actos de
«resistencia a la autoridad», «insultos al Ejército o a SE el Jefe del Estado»,
«actividades clandestinas», etc. En la Ilustración nº 3, se recoge una nota de prensa de la
recién constituida Brigada Político-Social de la Comisaría de Cartagena, publicada en El
Noticiero, donde se hace referencia a una redada llevada a cabo en uno de los barrios
más populosos de Cartagena, aunque no cita el nombre del barrio.
3 La época dorada de la clandestinidad confederal de la CNT tuvo lugar desde el fin de la guerra mundial
hasta mediados de 1947. La organización se encontraba implantada en todas las regiones y la prensa
confederal se podía leer en las principales ciudades del territorio español. HERRERIN LÓPEZ, Angel, La
CNT durante el franquismo. Siglo XXI, Madrid, 2004, pp. 409 y 410.
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Asimismo, los sumarios militares y los expedientes penitenciarios de los presos
políticos, recogen también sanciones por comisión de actos de resistencia: plantes de
rancho, fugas, organización y conspiración desde las cárceles, difusión de información
acerca del curso de la II Guerra Mundial y de sus circunstancias políticas, etc.
La Ilustración nº 2, nos muestra una comunicación del Director de la cárcel de Cieza, al
juez militar instructor del Sumario 138/39, que prueba los intentos de imposición de la
ideología del régimen franquista a los presos republicanos. El socialista de Abanilla
Emilio Carrillo Lozano, el Botija, chófer, 33 años, rechazó públicamente la suscripción
a Redención, la revista oficial del Patronato de Prisiones franquista, reivindicando El
Socialista. Fue condenado a pena de muerte y fusilado el 4 de abril de 1940.
Emilio Carrillo no fue el único socialista de Abanilla fusilado por su conducta
carcelaria. José de San Nicolás Expósito, el Tengo, acumuló dos condenas a pena de
muerte, una de ella por ser dirigente de la UGT y del Frente Popular de Abanilla, la otra
por participar supuestamente en un complot en la Prisión Provincial de Murcia, que
pretendía una fuga masiva de reclusos de la cárcel4. Los cinco presuntos organizadores
del complot fueron procesados, condenados y fusilados en el patio de la cárcel, el 18 de
enero de 1940, en menos de 48 horas. Cerca de 2.150 presos encarcelados en dicha
prisión, en ese momento, fueron obligados a presenciar la ejecución y desfilar delante
de los cadáveres de sus cinco compañeros fusilados.
Como puede comprobarse por los ejemplos anteriores las fugas y las expresiones de
organización e información dentro de la cárcel eran severamente castigados. Otras veces
los fugados eran ejecutados “sobre el terreno”, como les ocurrió a Antonio Cantó
Montoro, el Negro de la Serretilla, José Sáez Martínez y Telesforo Rojo de Archena, de
la CNT, muertos por la Guardia Civil, en la Cañada del Conejo, en la Sierra de
Abanilla, o en la de Ricote, respectivamente.
III. Instrumentos jurídicos y evaluación de la represión y depuración laboral
Aunque lo sindical y lo político, como decía Rosa Luxemburgo, constituyen las dos
caras de una misma moneda. En el contexto político de aquellos años los límites entre
las actuaciones de la resistencia política o sindical eran necesariamente difusos. Toda
4 Sumarísimo nº 6926. Los fusilados fueron: Valeriano AÑANOS PERIS, 42 años, maestro nacional de
Murcia, CNT; Fulgencio GIMÉNEZ GIMÉNEZ, 61 años, agricultor de Torreagüera (Murcia) de
Izquierda Republicana; José de SAN NICOLÁS EXPÓSITO, 45 años, agricultor de Abanilla, UGT;
FRANCISCO SOLA BAENA, albañil, natural de Jaen, 55 años, afiliación política y sindical
desconocida; y Jesús CABALLERO MARTÍNEZ, impresor de Mula, 45 años, PCE. Archivo Naval de
Cartagena.
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resistencia se interpretaba desde el régimen como desafección política, sin más matices,
castigándose severamente a través de los tribunales militares.
Un informe de la Inspección de Falange, en 1939, evaluaba así la catastrófica situación
económica y social de la provincia:
« […] 23.000 parados, 16.000 hombres y 7.000 mujeres, 6.000 de estos parados en la
capital; 34.000 niños recogidos por el Auxilio Social, suponiendo fundadamente que
quedaban otros tantos por atender; […] hay pueblos que no han comido pan en todo el
tiempo que llevan liberados […]; el problema del paro puede además incrementarse de no
intervenir la primera autoridad civil impidiendo de manera absoluta que los patronos
dejándose llevar de un mezquino deseo de revancha, procedan por decisión propia e
expulsar a sus obreros, sin esperar el acuerdo de las autoridades judiciales […] »5
La Inspección de Falange debía disponer de datos bastante fiables. No les faltó tiempo a
las empresas públicas o privadas para proceder a despedir a los trabajadores cuando se
vieron libres de la legislación y los organismos de control republicanos.
A. El despido en las empresas públicas y de servicios públicos
A efectos de despido de los posibles desafectos al régimen, la legislación represiva
agrupaba a las empresas públicas y a las empresas de servicios públicos:
1) El Decreto-Ley nº 208 de 5/12/1936, disponía en su artículo segundo:
« […] Las empresas concesionarias de servicios públicos o monopolios separarán de sus
puestos, a todo empleado que se considere incompatible, opuesto o peligroso para el
Movimiento Nacional, y a aquellos que no sirvan con eficacia y lealtad al régimen
establecido […] »6
2) El Decreto de 27 de febrero de 1939 incluía también a:
« […] los empleados y trabajadores de las empresas públicas o privadas dependientes,
subvencionadas o avaladas por el Estado, de las que ejercen funciones delegadas por la
Administración, de las concesionarias de Monopolios y Servicios Públicos, y de los
Bancos Oficiales […]» 7.
La provincia de Murcia albergaba a numerosas empresas de servicios públicos en el
ámbito del transporte, las telecomunicaciones, la energía, la distribución de agua
potable, etc. Solían ser empresas privadas, titulares de una concesión pública, como: la
Telefónica CTNE, en el sector de las telecomunicaciones. En el transporte hay que
5 GONZALEZ MARTÍNEZ, Carmen, “Viejo y nuevo antifranquismo”. Comunicación al II Congreso
Internacional “De la dictadura a la democracia”. Historia del Presente. Madrid-Melilla, mayo, 2005. La
cursiva es mía. 6 Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1936, (BOE, 9/12/1936). Una Orden de la Jefatura del Estado de
10/2/1937, BOE nº 115, de 12/2/1937, establecía que las empresas de servicios públicos debían remitir a
la Junta Técnica del Estado, en un plazo de diez días, la relación de personal dependiente de las mismas al
que deba aplicarse la sanción fijada en el Decreto-Ley de 5 de diciembre. 7 Decreto de 27 de febrero de 1939 (BOE, 28/2/1939), que desarrolla la ley de 9 de febrero de 1939 (BOE
13/2/1939) de Responsabilidades Políticas, concreta y extiende en su art. 1, el ámbito de aplicación de
dicha ley.
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resaltar las líneas nacionales y regionales de ferrocarril: la compañía MZA, Madrid-
Zaragoza-Alicante; líneas regionales como las de Lorca a Baza y Águilas; Villena a
Alcoy y Yecla; Jumilla a Cieza; Mazarrón al Puerto; Alcantarilla a Lorca, etc. Las
empresas suministradoras de agua, gas y electricidad abundaban en toda la geografía
provincial: Hidroeléctrica; Gas Levante, Unión Eléctrica y Aguas Inglesa de
Cartagena, Eléctrica de Lorca; Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón de
Murcia; Eléctrica de Abarán; etc. La banca pública, Banco de España, Banco
Mercantil, etc.
Trabajadores Servicios Públicos y Defensa
Censo 1940
Censo 1930
Diferencia 1940-1930
FFCC 2.076 2.966 -890
Tranvías 18 49 - 31
Navegación 369 1.614 - 1245
Otros 3.958 4.805 - 847
Total TRANSPORTE 6.421 9.434 - 3.013
Producción ELECTRICA 702 766 - 64
Explosivos 605 120 + 485
Armas 53 266 - 213
Construcción NAVAL 239 976 - 737
TOTAL 8.020 11.562 - 3.542
Trabajadores de los Servicios Públicos e Industrias de Defensa en Murcia, según
los censos de 1940 y 1930 FUENTE: Elaborada por el autor a partir de los censos de 1930 y 1940
Pero ninguno de los censos utilizados recoge la potente industria relacionada con la
Defensa, en Murcia, Cieza y sobre todo en Cartagena. Trabajaban para la industria
militar numerosas fundiciones, empresas de armas y explosivos, minas, astilleros,
productos químicos, etc. como: las fundiciones metalúrgicas de Peñarroya y de Zapata,
en Portman (Cartagena); la fábrica de Productos Químicos que fabricaba explosivos, en
Cartagena y la Franco-española de Alumbres (Cartagena) que era la única empresa que
fabricaba dinamita, con unos 900 trabajadores, entre ambas; las minas de plomo y
hierro, en La Unión, Cartagena y Mazarrón con unos 5.000 trabajadores; la Fábrica de
Cartuchería del Parque de Artillería de Cartagena, que tenía unos 1.200 trabajadores,
entre ellos 800 mujeres; el Arsenal Militar de Cartagena, 1.500 trabajadores, de ellos
700 eventuales; la Fábrica Nacional de la Pólvora, en la pedanía de La Ñora, en el
municipio de Murcia, con 1.900 trabajadores; las fábricas de Industrias de Guerra nº 8 y
9
nº 15, en Cieza, con cerca de mil trabajadores. etc8. En el ámbito de la construcción
naval militar hay que destacar a la Sociedad Española de Construcción Naval,
popularmente conocida como La Constructora. En 1940, se convertiría, en el Consejo
Ordenador de Construcciones Navales Militares, con cerca de 3.000 trabajadores. Fue
intervenida por el Estado, en septiembre de 1.936, porque estaba participada por capital
extranjero, y posteriormente incautada, en enero de 1.939.
La mayoría de estas industrias eran públicas, estaban militarizadas y adscritas al
Ministerio de la Guerra o de Marina. Algunas de ellas como la Fábrica de Cartuchería
de Cartagena o las Industrias de Guerra de Cieza, habían sido trasladadas desde Toledo
y Sagunto respectivamente, por razones de seguridad. Todas ellas fueron intervenidas o
incautadas por el Estado.
En total, tenemos en la Región, a unos trece mil trabajadores ocupados directamente en
las industrias de defensa. Si a estos trabajadores, añadimos los 5.500 correspondientes a
las empresas de servicios públicos anteriormente mencionadas, resulta que en la
provincia de Murcia había más de 18.500 trabajadores a los que era aplicable el Decreto
de 27/2/1939.
No obstante ello, debemos señalar que una vez acabado el conflicto, ya no tenía objeto
continuar con el mismo volumen de producción de materias primas, armamento y
munición. Esta nueva situación supuso una disminución considerable de las plantillas.
El ajuste empezó por los trabajadores eventuales. Muchos de estos trabajadores no
fueron formalmente depurados ya que dado su carácter de eventuales, fueron
simplemente despedidos. La Fábrica de Cartuchería del Parque de Artillería, el
Arsenal Militar de Cartagena, o la Fábrica de la Pólvora de La Ñora, o las Industrias
de Guerra de Cieza, fueron algunas de las empresas que vieron reducidas sus plantillas
drásticamente, a costa del personal eventual. En total, el número de eventuales
despedidos en las industrias de Servicios Públicos y las relacionadas con la Defensa
podemos cifrarlo en unos 7.800, en la provincia de Murcia.
La “limpieza ideológica” realizada entre el funcionariado, no debe ocultarnos el alcance
económico y la repercusión política de la represión ejercida entre los trabajadores y los
8 Ver Informes sobre la situación de las industrias de guerra en la Zona Centro-Sur del Buró político del
CC del PCE, de fechas 25/10/1937 y 10/9/1938, en AHPCE, citado por MARTÍNEZ LEGAZ, Juan,
República y guerra civil en Cartagena, opus cit, pp. 291-298; y GONZÁLEZ, Carmen, y otros, Historia
de Cieza, opus cit, pp. 54 y 55, en agosto de 1938, el gobierno republicano, procedió a trasladarlas a
Cieza, procedentes de Valencia, para evitar que cayeran en manos del enemigo.
10
directivos considerados afectos a la República que trabajaban en el sector público
empresarial.
B. El despido en las empresas privadas
Al igual que en el sector público, en el sector privado, el despido o la no readmisión en
la empresa estaba asegurado, en el caso de que el empresario consiguiera demostrar la
connivencia del trabajador con las organizaciones del Frente Popular. El examen de
algunos expedientes de la Magistratura del Trabajo de Murcia ha puesto en evidencia la
aplicación de tres disposiciones legales, todas dictadas por el Ministerio de
Organización y Acción Sindical, cuya trascendencia no ha sido tenida demasiado en
cuenta por la historiografía especializada en este período:
1) El artículo primero del Decreto de 15 de junio de 1939:
« […] priva del carácter de firmes, no produciendo los efectos de cosa juzgada, a todas
las Resoluciones dictadas con posterioridad al 18 de Julio de 1.936, en la zona no
sometida al gobierno Nacional por los Jurados Mixtos y Tribunales industriales, o por
el Ministerio de Trabajo, Audiencias territoriales y Salas de lo social del Tribunal
Supremo […] »9.
2) La Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 5 de mayo de
1938 por la que se extiende a las empresas privadas el Decreto de 5 de
diciembre de 1936 sobre depuración política en las empresas o servicios
públicos.
3) La Orden Ministerial de 5 de julio de 193910
, por la que se señalan normas para
fijar las plantillas de las empresas y centros de trabajo. El objeto formal de esta
disposición era la normalización de la vida del trabajo, «facilitando la preferente
colocación de los excombatientes de nuestro Ejército». Para ello: « […] todas las
Empresas y Centros de trabajo ajustarán sus plantillas, como minimum, al
número de obreros o empleados existentes el 18 de julio de 1936 […] »11
.
Sin embargo, la jurisprudencia consultada nos señala que la aplicación de esta
Orden sirvió para todo lo contrario. Su articulado registraba tantas excepciones y
concedía unos poderes tan discrecionales a los Delegados de Trabajo que, en la
9 Decreto de 15 de junio de 1939, (BOE nº 188, de 7/7/1939) del Ministerio de Organización y Acción
Sindical sobre invalidez de las actuaciones practicadas con posterioridad al 18 de julio de 1936, en la
zona no sometida al gobierno Nacional por la jurisdicción contenciosa de Trabajo y dando normas para la
resolución de recursos pendientes contra sentencias de los Jurados Mixtos anteriores a dicha fecha. Más
información sobre Tribunales Industriales y Jurador Mixtos, en SOTO CARMONA, Alvaro, El trabajo
industrial en la España contemporánea, Antropos, Barcelona, 1989, pp. 371-415. La cursiva es mía. 10
Orden de 5 de julio de 1939, (BOE nº 189, de 8/7/1939), del Ministerio de Organización y Acción
sindical, señalando normas para fijar actualmente las plantillas en la Empresas y Centros de trabajo. 11
Ibidem, artículo primero. La cursiva es mía
11
práctica, eximió a los empresarios de esta obligación de mantener las plantillas
anteriores a la guerra civil. Todo un ejemplo del “uso alternativo del derecho”.
Es preciso señalar que las tres disposiciones están dictadas por el Ministerio de
Organización y Acción Sindical. La Central Nacional Sindicalista, CNS fue elevada al
rango de Ministerio del Gobierno, convirtiéndose así en el brazo jurídico, político y
económico de la represión en el ámbito de la empresa privada.
IV. La economía regional de Murcia: autarquía, estraperlo y condiciones de
vida de los trabajadores
Al igual que en el resto del Levante y Andalucía, el comercio exterior fue el elemento
dinamizador de la economía regional murciana. Hacia 1910, la economía de la región ya
presentaba un grado de apertura muy elevado, medido en exportaciones, a gran distancia del
resto de las regiones españolas. Las exportaciones de la industria agroalimentaria
protagonizaron una buena parte del crecimiento económico. A la industria pimentonera que
venía siendo pionera de la actividad exportadora desde finales del XIX, se une a partir de la
I Guerra Mundial, la industria conservera.
A pesar del crecimiento económico experimentado en las décadas anteriores, en 1930, la
mayoría de los indicadores económicos y de bienestar sitúan a la región por debajo de la
media nacional: tasas elevadas de población campesina, baja productividad, escasa
urbanización, baja alfabetización y una renta media baja por habitante, equivalente al 71 %,
de la renta nacional. Los murcianos se encontraban al final de este período, entre las
regiones más pobre con mayores posibilidades de crecimiento, pero también con mayores
cotas de desigualdad12.
El desarrollo de la industria agroalimentaria, conservas, pimentón y vinos; la consolidación
de una agricultura especializada en frutas y hortalizas destinadas a los mercados exteriores;
así como las industrias de transformación y embalaje derivadas de las anteriores,
constituyeron el soporte del crecimiento económico en la Vega Media del Segura.
La guerra civil truncó las posibilidades de recuperación de la economía regional tras la
depresión de 1929. Las políticas autárquicas del primer franquismo, que se prolongan hasta
mediados de los cincuenta, detuvieron el proceso de transformación y modernización de la
economía regional que venía desarrollándose desde principios del siglo XX. Los mayores
destrozos para la economía general de la región y la industria agroalimentaria llegaron con
los efectos de las políticas autárquicas e intervencionistas del primer franquismo.
12
MARTÍNEZ CARRIÓN, Jose Miguel, Economía de la Región de Murcia. Editora Regional de Murcia.
Murcia 2002. p. 409
12
Ilustración 2: Depuración político-económica en la empresa privada
La economía murciana era una economía abierta al exterior y la “autarquía cuartelera”,
como Tusell denominaba a esta desgraciada política económica, liquidó durante demasiado
tiempo, los elevados coeficientes de apertura la economía murciana. La industria
agroalimentaria no empezó a recuperarse, hasta mediados de los años cincuenta. Los niveles
de producción retrocedieron a sus cotas más bajas, en el segundo quinquenio de los
cuarenta, alargando innecesariamente la crisis.
La política intervencionista en el control de la producción y los precios, se vio reflejada en
el establecimiento de cupos para el suministro de materias primas a las empresas industria-
les, el racionamiento de los alimentos y otros productos básicos que, junto con el régimen
de tasas de los productos intervenidos, dieron lugar a la existencia de un mercado paralelo,
13
el estraperlo. La falta de materias primas esenciales constituía un problema añadido que
afectaba al normal desarrollo de la producción industrial y minera, con una notable
repercusión en el empleo y el nivel de vida de los trabajadores.
El carbón, la hojalata, el azúcar, el papel, los abonos químicos, los pesticidas, etc, estaban
continuamente presentes en la correspondencia de los gobernadores civiles de Murcia, en
aquellos años. Esta correspondencia refleja los conflictos y las angustiadas peticiones de los
industriales y las empresas murcianas demandando su apoyo y mediación para que actúe y
presione a las autoridades ministeriales encargadas de fijar el cupo de material necesario
para asegurar mínimamente la producción.
La ausencia y encarecimiento no sólo de la hojalata, sino de otras materias primas como el
azúcar, a lo que hay que añadir la crisis de la fruticultura por falta de agua, energía,
fertilizantes, etc. así como el cierre parcial o total de algunos mercados internacionales,
como el francés, hicieron entrar a la industria conservera, en caída libre, a partir de la
siguiente temporada de conserva. Hasta 1.953, no se recuperaron los niveles de producción
de 1.935.
C. Las condiciones de vida de los trabajadores
El bienestar y el nivel de vida de los murcianos retrocedieron a los niveles alcanzados al
comienzo del siglo XX13. Desde finales de los años treinta hasta finales de los cuarenta
cayeron la renta, los salario, y el consumo, disminuyendo hasta la estatura física como
expresión neta del empeoramiento del estado de salud y la nutrición. El coste social de las
políticas económicas del primer franquismo, fue enorme. La postguerra, con todas sus
secuelas económicas, sociales y políticas, se alargó demasiado, deteriorándose el bienestar y
la escasa calidad de vida de amplios sectores de la población. París Eguilaz, estimaba en un
70% la reducción del nivel de consumo de la población respecto a los años prebélicos.
Todo ello afectó notoriamente a las condiciones de vida de los trabajadores y de los
vencidos. Los siguientes testimonios dan fe de ello:
Amparo González Yagüe: el hambre y las necesidades, la obligaron tanto a ella, como a sus
hermanas, a abandonar la escuela y empezar a trabajar siendo todavía unas niñas:
« […] Nací en Molina de Segura, en 1937. Soy la menor de ocho hermanos. Mi padre
era un pequeño agricultor con muy poca tierra y mi madre trabajaba en la casa.
Recuerdo que cuando era pequeña como comía muy poco, casi no andaba. Mis
hermanos y hermanas me llevaban a “coscaletas” (subida a la espalda) de un sitio para
otro […]. Sólo fui a la escuela dos años. Nos enseñaban el catecismo y los milagros de
Jesús porque lo importante era hacer la Primera Comunión. Para milagros los que hacía
mi madre, para darnos de comer a diez bocas, tres veces al día. Todos tuvimos que
13
MARTÍNEZ CARRIÓN, Jose Miguel, Economía de la Región de Murcia. Editora Regional de Murcia.
Murcia 2002. p. 427.
14
empezar a trabajar, muy pronto. Yo entré en la Fábrica de Prieto, a los nueve años. Mi
primera tarea fue descascarillar almendra a destajo. En 1946, a las crías nos pagaban 3 ó
4 pesetas diarias, si hacíamos el destajo, claro […]. Mis hermanas empezaron a trabajar
aún antes que yo, a los siete u ocho años. Apenas asistieron a algunas clases, sabían
firmar y poco más. Todas aprendimos a leer y escribir bien siendo ya mayores. El
primer día que mi hermana Marita, la mayor de todas, se vio sentada en un pupitre de la
clase de adultos se echó a llorar. Era la primera vez que iba a la escuela, tenía 63 años.
Sus nietos le ayudaban a hacer los deberes […] » 14
Antonia Sáez López, nacida en el Barrio de Santa Lucía de Cartagena, en 1.924, era la
tercera de cinco hermanos, vio morir a tres miembros de su familia: a su padre con 48 años,
trabajador de la Fábrica de Desplatación de una pulmonía, en enero de 1941; y a dos de sus
hermanos de tuberculosis, tenían 19 y 9 años:
« […] No había comida, no había medicinas, no había nada más que hambre y
enfermedades […] Yo también cogí la tuberculosis. Estuve mucho tiempo en reposo.
Tuve suerte y me curé. Desgraciadamente mis hermanos no tuvieron tanta suerte […]
Con mi madre viuda y con cuatro bocas que alimentar, tuve que ponerme a servir,
entonces no había pensiones […]. En Cartagena durante la guerra, pasamos muchas
necesidades, pero la postguerra fue infinitamente peor […] »15
En 1940, en Cartagena, el “Padrón municipal de pobres” alcanzaba a más de 4.000 hogares,
equivalentes a una población afectada, en torno a las 15.000 personas. No es de extrañar
que se multiplicaran, en este municipio, los centros desde donde se distribuían las 10.000
raciones diarias de comida que llegaron a repartirse16. A nivel provincial, en 1939, había
34.000 niños recogidos por el Auxilio Social, «suponiendo fundadamente que quedaban
otros tantos por atender», según un Informe de Falange 17
V. La resistencia sindical en la Región de Murcia
La resistencia en Murcia no sólo se limitó a la solidaridad con los represaliados, la
difusión de la información, o la lucha en las cárceles o los campos de trabajo. Las
penosas condiciones de vida y de trabajo de la inmediata posguerra produjeron también
numerosos conflictos laborales de carácter individual y también colectivo.
14
Testimonio de Amparo González Yagüe, el 12/04/2006. Amparo fue dirigente de la JOC y de la USO
de Murcia durante la dictadura. Actualmente está jubilada. 15
Testimonio de Antonia Sáez López, el 22/03/2006. Actualmente tiene 87 años, es viuda y vive en
Cartagena. Nunca tuvo responsabilidades políticas o sindicales. Trabajó en el servicio doméstico hasta
que se casó con un trabajador de las Obras del Puerto de Cartagena. A partir de ese momento sólo
trabajó en las labores domésticas en su propia casa. Ha tenido tres hijas. Sus otros hermanos
supervivientes viven todavía. 16
EGEA BRUNO, Pedro Mª, “Los años del estraperlo, 1939-52”, Cartagena Histórica, nº 14, enero-
marzo, 2006. Cartagena, p. 10. 17
Informe Falange Murcia, 1939, AGA, Caja nº 9.
15
En el ámbito de la represión en el interno de las empresas podemos destacar dos casos.
Ambos de naturaleza política más que puramente sindical. El primero podría clasificarse
en el ámbito de la resistencia individual; el segundo en el de la resistencia organizada:
1) Ginés Sánchez Ros, operario de la Constructora Naval, sin ningún tipo de
militancia política conocida, ni reseñable, ni antes, ni después de la guerra, fue
condenado a muerte y fusilado por manifestar públicamente que: « Ahora no
tenía más remedio que callarse, pero cuando esto diera la vuelta volverían a
hacer lo de antes».
Asimismo se le acusaba de asistir a los fusilamientos y desvalijar a las víctimas.
Hasta tal punto esto era falso que el propio Auditor de Marina :
« El Servicio de Información de Marina dice que asistió a varios fusilamientos
aprovechándose para desvalijar a las víctimas, pero esto no aparece probado
en autos y hay suficientes indicios para suponer que sea inexacto, ya que la
persona que tal manifestó, posteriormente ha rectificado diciendo que se
confundió » 18
2) En el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, SA, antigua
Constructora Naval, en 1944, fue desarticulada una célula del PCE, compuesta
por trabajadores del astillero. Su actividad, según la sentencia del Tribunal de
Marina, ya que fueron juzgados con arreglo al Código Militar de Marina, fue
promover la Unión Nacional:
« […] que quiere derrocar por la fuerza de las armas el actual y felizmente
imperante Régimen y Gobierno de España, para sustituirlo por elementos que,
por su ideología, criminales procedimientos y antipatriotismo son continuación
del tristemente famoso Frente Popular […] »
Destacando el nocivo efecto de la propaganda que:
« […] para mayor peligrosidad se efectuaba principalmente en una factoría
militarizada con muy abundante personal obrero […] »19
Alfonso Martínez Peña, el Buzo, a sus treinta años, fue fusilado, el 13 de enero de
1945, en el campo de deportes del Arsenal de Cartagena. Sus compañeros de
trabajo: Antonio Mercader Cañabate y Sergio Moya Sevilla, ambos de 28 años de
edad, también fueron condenados a penas de muerte, conmutándoseles
posteriormente estas penas por treinta años de cárcel.
18
Informe del Auditor de Marina de Cartagena del Sumarísimo nº 1126, de 14 de noviembre de 1939.
Archivo Naval de Cartagena. 19
Sentencia de 9 de diciembre de 1944 del Consejo de Guerra Ordinario Permanente del Departamento
Marítimo de Cartagena, contra los citados en el texto, contenida en EGEA BRUNO, Pedro Mª, La
represión franquista en Cartagena, opus cit, pp. 93-102.
16
Conflictos laborales que superaron el ámbito individual
Los expedientes de la recién nacida Magistratura del Trabajo, permiten sacar a la luz
que hubo manifestaciones de la resistencia sindical que devinieron en conflictos
laborales que superaron ampliamente el ámbito individual20
:
a) LORQUÍ, septiembre de 1939, INDUSTRIAS TOMÁS (Conservas), 32
trabajadoras;
b) ABARAN, mayo de 1940, ELÉCTRICA de ABARAN, 4 trabajadores;
c) EL ALGAR (Cartagena), septiembre de 1939, 5 jornaleros;
d) BENIAJÁN (Murcia), julio de 1939, JOSÉ PRETEL, 4 trabajadoras;
e) CARTAGENA, julio de 1939, SOCIEDAD MINERO-METALÚRGICA de
PEÑARROYA, 13 trabajadores;
f) CARTAGENA, julio de 1939, CONSTRUCTORAL NAVAL, viudas de
trabajadores, muertos en la explosión del acorazado Jaime I;
g) PORTMAN (Cartagena), enero de 1940, SMM ZAPATA, 7 trabajadores;
h) CARTAGENA, febrero de 1940, CERÁMICA VIRGEN DE LA CARIDAD, 11
trabajadores; etc.
Los límites de un trabajo de esta naturaleza no nos permiten extendernos en el análisis
pormenorizado de estos conflictos, que tuvieron lugar durante los años 1939 y 1940.
Pero podemos reseñar que estos hechos denotan una posición activa de resistencia y no
conformismo de carácter colectivo, con la realidad social y laboral, cuyos protagonistas
empieza a utilizar los instrumentos que el Nuevo Régimen ofrece, casi inmediatamente
después de la guerra civil. Como muestra haremos referencia al primero:
Treinta y dos antiguas trabajadoras y trabajadores de la empresa ANTONIO
TOMÁS de Lorquí, presentaron una demanda ante la Magistratura del Trabajo
de Murcia reclamando su antiguo empleo:
« […] al liberarse la provincia por las tropas Nacionales y pedir volver a nuestro
trabajo el Gerente nos conformó con que seríamos llamados después, y estando
en marcha dichos trabajos y existiendo materias primas en abundancia para la
elaboración de los productos no nos han llamado […] rogamos que la sentencia
20
La Magistratura de Murcia empezó a funcionar en julio de 1939. Por tanto los datos señalados para ese
año, corresponden solamente al segundo semestre, julio-diciembre. Una proyección estimada para todo el
año 1939, nos daría 298 expedientes. Como se puede en el gráfico, en 1943 todavía se tramitan sólo 254
expedientes. Los años 1944 y 1945 todavía están en el entorno de los 300, y no es hasta 1946, citando se
da el primer salto significativo con 501 expedientes. AHPMU
17
que se dicte condene a Dn. Antonio Tomás Sanz, a que seamos readmitidos a
nuestros puestos de trabajo […]»21
Naturalmente, la demanda no siguió adelante, ni fue estimada. El gerente de la
empresa, Antonio Tomás Sanz, era el Delegado Sindical de la nueva y flamante
Central Nacional Sindicalista (CNS) en Lorquí. Juez y parte interesada, que se
encargó de neutralizarla y archivarla.
Conflictos laborales que se convirtieron en huelgas
A través de los sumarios militares y de la documentación del Gobierno Civil de Murcia,
tenemos constancia de dos huelgas. La primera de ellas, fue protagonizada por las
majadoras del esparto de Cieza; la segunda, por la Comunidad de Obreros mineros de
Mazarrón
El Fuero del Trabajo, una de las leyes básicas del Régimen franquista, era muy claro al
respecto: «Los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad
de la producción o atenten contra ella, serán considerados como delitos de lesa
Patria»22
. Por tanto, juzgados por un tribunal militar, con arreglo al Código de justicia
militar.
La huelga de las majadoras del esparto de Cieza
Habían pasado cinco meses desde el final de la guerra. En noviembre de 1939, la
represión franquista estaba en pleno auge. Ya habían sido fusilados, cinco republicanos
ciezanos; otros 31 condenados a la pena de muerte esperaban el indulto, o la
confirmación de la pena. En la Región de Murcia, ya habían sido ejecutados 289.
Por otra parte, se habían iniciado las diligencias, el procesamiento o dictado las
sentencias de unos 300 ciezanos desafectos al Nuevo Régimen. En la cárcel de Cieza,
había más de medio millar de presos políticos. Estas cifras pueden darnos una idea del
ambiente de terror e incertidumbre que se vivía en Cieza y en la Región de Murcia, en
aquellos momentos.
La mañana del 27 de noviembre de 1939, las majadoras del esparto de las fábricas de
JOSÉ GARCÍA SILVESTRE, ANTONIO TORRES ZAMORANO, y MARIANO
MARTÍNEZ MONTIEL decidieron no entrar a trabajar. La causa de la huelga fue
estrictamente salarial las trabajadoras exigían un jornal mínimo de 7 pesetas/día, por
21
Demanda presentada ante la Magistratura de Trabajo de Murcia por Francisca Andúgar Villa, de 22
años, natural de Lorquí, y 32 trabajadores más, contra Antonio Tomás Sanz, gerente de Industria Tomás,
SA, el 14 de septiembre de 1939. AHPMU, Trabajo, Caja nº 7. 22
Fuero del Trabajo, Decreto de 9 de marzo de 1938 (BOE nº 505 de 10/3/1938), Apartado XI, punto 2.
18
ocho horas de jornada. Los patronos querían imponer un sistema salarial a puro destajo:
jornal de 4,75 pesetas/día, cantidad a la que había que descontar una cantidad
proporcional, si las trabajadoras no alcanzaban un determinado número de kilos de
esparto picados.
Naturalmente los tribunales militares iniciaron las diligencias para procesar a las
supuestas cabecillas, cuyos nombres podemos ver en la portada del dossier Ilustración
nº 5). Fueron detenidas y, algunas de ellas, estuvieron encarceladas varios meses.
Después pasaron a la situación penal de “prisión atenuada”. Según consta en sus
expedientes policiales y en los informes de Falange, casi todas ellas habían sido o eran
todavía afiliadas a la UGT y a la CNT durante la República. Hasta 1944, cinco años
después no se cerró el expediente, eximiéndolas de responsabilidad penal.
Este es el primer acto de resistencia sindical con resultado de huelga, que tenemos
noticia en la Región de Murcia después de la guerra civil. Fueron las mujeres, las
picadoras del esparto las protagonistas de esta huelga. Así lo entendió la Guardia Civil,
porque hasta donde sabemos ningún hombre fue represaliado. Todo apunta a que no fue
una acción espontánea, sino un acto organizado. No se paran tres fábricas, a la misma
hora, el mismo día, sin haberlo planificado previamente. Las antiguas redes sindicales
de la CNT y la UGT aún no estaban aún totalmente desarticuladas.
La huelga de la Comunidad de obreros mineros de Mazarrón
La Comunidad de obreros mineros de Mazarrón es la única gran empresa minera de
Mazarrón. En plena crisis de la minería, en 1935, la explotación fue arrendada a los
propios mineros, por la Sociedad Bédar. Durante la guerra civil estuvo dirigida por un
Comité de Control de CNT-UGT. Algunos de sus miembros sobrevivieron a la
represión franquista. Directa e indirectamente siguieron interviniendo en la dirección de
la empresa tras la guerra civil. Podríamos decir que era una empresa auto-gestionada.
Aunque dado el contexto autárquico en el que se desenvolvía la producción después de
la guerra, la auto-gestión comportaba buena dosis de “auto-explotación”, que se
inscribía en el marco de la pura supervivencia.
El Sindicato de Minas de la Central Nacional Sindicalista (CNS), el único sindicato
permitido en el Nuevo Régimen franquista, representa oficialmente a la patronal y a los
trabajadores de las minas de Mazarrón. Dadas las características de la empresa, la
Comunidad de Obreros mineros de Mazarrón controla la Presidencia del Sindicato de
Minas de Mazarrón que actúa como lobby, defendiendo los intereses de los mineros ante
las autoridades franquistas
19
Ilustración 5: Portada del dossier de las diligencias informativas abiertas a 12 majadoras ciezanas, por haber
apoyado y dirigido la huelga el 27/11/1939
FUENTE: Diligencias Previas nº 122/39. Archivo Naval de Cartagena
Las minas de plomo y plata de Mazarrón, en 1941, daban trabajo a 900 mineros. La
paralización por falta de carbón, de la única bomba de desagüe de todo ese distrito
minero, suponía la inundación de todo el cuerpo de máquinas de las minas y, por tanto,
la imposibilidad de seguir explotándolas. Esto significaba una pérdida de producción
mensual de 300 toneladas de plomo metálico y 400 kilos de plata, así como la
desaparición de 900 puestos de trabajo, directos, en la industria minera más importante
de Mazarrón23
que, en 1941, estaba en torno a los once mil quinientos habitantes. Más
de la mitad de los mazarroneros se verían afectados, en mayor o menor grado por el
cierre de la mina.
El Sindicato de Minas de Mazarrón de la CNS solicitó al gobierno subvenciones y
precios estables para el mineral de plomo y plata. Como las ayudas no llegaban y el
déficit era cada día mayor, el 24 de abril de 1.941, el Sindicato de Minas de Mazarrón
comunica al Alcalde: « […] si no aprueban inmediatamente el precio y la subvención de
23
Carta de fecha 20/12/1940, de Francisco Navarro Vivancos, Presidente y representante legal del
Sindicato de las Minas de Mazarrón, al Sr. Ministro de Industria y Comercio. AHPMU, Gobernación,
Caja 6577.
20
que hablamos y la producción sigue tan mal, desde ahora en adelante se reducirán los
sueldos en cantidad superior a dos pesetas por peonada […] »24
.
Los picadores del interior pasaban a ganar cuatro pesetas diarias, como máximo. Para
darnos cuenta de la trascendencia de tal medida, baste señalar que, en noviembre de
1940, el precio oficial de la ración diaria de pan (160 gramos), era de 0,20 pesetas, lo
que significaba que una familia de cinco miembros gastaba casi una peseta diaria25
. En
el mercado negro el precio se triplicaba o cuadriplicaba. En términos de precios reales,
sólo el gasto diario en pan suponía las tres cuartas partes de los ingresos de esos
trabajadores.
No es de extrañar que la respuesta de los mineros fuera inmediata y contundente.
Cuando leyeron esta decisión del Sindicato en el tablón de anuncios de la boca de las
minas, «se abstuvieron de entrar al trabajo». El día 27 de abril, el alcalde de Mazarrón y
el Delegado Provincial de Sindicatos enviaban sendos escritos al Gobernador Civil
comunicándole el cese de trabajo en las minas: « […] a la fecha de hoy, ha quedado
completamente parada la explotación de las Minas, quedando solamente trabajando los
obreros afectos al desagüe […] »26
.
Conclusiones
Estos conflictos nos revelan algunas cuestiones importantes:
a) En aquellos años, las detenciones estaban a la orden del día, las cárceles llenas, y
no había semana sin condenas a pena de muerte y fusilamientos. Hay que
destacar el coraje de las trabajadoras y de los trabajadores implicados. Hacer
huelga o simplemente plantear una demanda colectiva ante la Magistratura del
Trabajo, requería un valor y una entereza considerables.
b) Destacar la amplia participación femenina, tanto en el caso de las majadoras de
Cieza, como de las trabajadoras de Lorquí, o las viudas de los trabajadores
muertos en el atentado del acorazado Jaime I, los protagonistas son exclusiva o
mayoritariamente mujeres.
c) La utilización inteligente de las escasísimas posibilidades legales que el sistema
ofrecía para defenderse, por parte de los mineros de Mazarrón, las trabajadoras
y trabajadores de Lorquí, y el resto de las empresas anteriormente reseñadas.
24
Carta de fecha 26/4/1941 del Alcalde Mazarrón al Gobernador Civil, comunicándole la decisión del
Sindicato de Minas. AHPMU, Gobernación, Caja 6635. 25
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, nº 255, de 12/11/1940. AHPMU, Gobernación, Caja 6578. 26
Cartas de 27/4/1941 del alcalde Mazarrón F. Navarro; y de 25/4/1941 del Delegado Provincial de
Sindicatos Luis Carrasco Gómez, al gobernador. AHPMU, Gobernación, Caja 6635.
21
d) El protagonismo indirecto de las antiguas redes sindicales, UGT y CNT, el poso
de la cultura obrera acumulada, que tenía como referencia el mantenimiento, en
la medida de lo posible, de los logros desarrollados y conseguidos durante la II
República, en las cuestiones salariales, en las condiciones de trabajo y en los
derechos sindicales. A pesar de haberse anulado todas las mejoras conseguidas
durante la guerra, la cultura reivindicativa tradicional sigue teniendo un peso
muy importante, y se expresa en condiciones de extrema penuria y necesidad,
aún con un riego considerable.
e) No podemos decir que haya un protagonismo señalado de una organización
sindical o política en concreto. Sólo conocemos la antigua afiliación de algunos
de los protagonistas de estos conflictos. Podemos señalar, sin embargo, la
participación y el protagonismo, más o menos encubierto, de antiguos afiliados o
militantes de la UGT y la CNT.
En general, los castigos por los actos de resistencia solían ser mucho más severos que
los derivados de las responsabilidades inherentes al período republicano, sobre todo
cuando había reincidencia.
22
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