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13-01-2015

La poltica laboral de la "Revolucin ciudadana"Andrs Rosero E.Rebelin

"Revolucin ciudadana" y reconstruccin de hegemona1

El gobierno de la "Revolucin Ciudadana" naci como alternativa del orden ante la crisis dehegemona provocada por la aplicacin del neoliberalismo y la resistencia popular consiguiente,cuyos momentos culminantes fueron los derrocamientos de tres gobiernos (Abdal Bucaram en1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutirrez en 2005) con gigantescas movilizacionessemi-insurreccionales que dieron al traste con tales regmenes corruptos, representantes del capitalmonoplico. Fue un largo perodo en el que los de arriba (entre sus propias contradicciones y antela resistencia popular) "no podan" y los de abajo, a ratos, "no queran".

El nuevo proyecto de dominacin tuvo que recoger los smbolos y el imaginario populares y deizquierda para construir legitimidad, evidentemente vacindolos y cambindolos de sentido: hablde revolucin (claro que "ciudadana") y del socialismo (claro que "del siglo XXI"), acopi algunasreivindicaciones aisladas (que se resignifican en el contexto de un ejercicio hegemnico), pero nolas transformaciones estructurales imprescindibles que podran afectar las relaciones de producciny el poder de clase. Ese discurso se robusteci con un proceso constituyente que reconociderechos, pero tambin solo promesas de derechos; y con el fortalecimiento de las polticassociales del Estado, asimismo para ganar legitimidad. Porque la poltica social es el lado amable deun proyecto de dominio de clase, pues busca individualizar (deconstruir las solidaridadescolectivas), subordinar con ddivas dirigidas a clientelas (no se trata de construir sujetos sino alcontrario, disolverlos), dislocar la organizacin social por el accionar del Estado que pretendesustituirla, institucionalizar la lucha social y enmarcarla dentro de los lmites del Estado, que siguesiendo de clase, para someterla.

La "revolucin ciudadana" es el proceso de reconstruccin de hegemona y de modernizacin delcapitalismo perifrico que padecemos. No hay tal revolucin, pues las ms amplias masaspopulares no controlan la produccin ni ejercen la democracia directa y tampoco se afecta a laclase dominante, ni a su propiedad ni a su poder poltico. No hay ni puede haber socialismo dondese mantiene y fortalece la hegemona del capital, en especial monoplico. Ni siquiera es unaprimera "etapa" (para quienes desde una concepcin etapista -de por s discutible y errnea-justifican su adhesin al gobierno), pues lo que hay no supera el ejercicio de hegemona y lamodernizacin descritos.

La "revolucin ciudadana" es el proceso de reconstruccin hegemnica en el contexto de una crisis,lo que oblig a hacer concesiones al campo popular, pero para ganar legitimidad al nuevo proyectode dominacin. Es decir, cambiar algo para que nada cambie. Su contenido va desde la continuidadhasta la ruptura, incluso ms de la primera que de la segunda, para adoptar un modeloneodesarrollista con nfasis neoinstitucionalistas, con importantes continuidades neoliberales. Esdecir, cambiar el modelo para mantener el sistema.

Revolucin ciudadana y modernizacin capitalista

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Es que "en una sociedad capitalista, donde no se ha producido un cambio estructural, donde ladominacin de clase no ha sido afectada de manera fundamental, como es el caso de la sociedadecuatoriana actual2, la lgica de la ganancia rige la vida (econmica, poltica, social, cultural,medioambiental,...) de tal sociedad"3 (Rosero, 2013: 61).

Una modernizacin inevitablemente bajo la hegemona del capital monoplico, en especialtransnacional. Porque la modernizacin capitalista en el contexto de la globalizacin, sin rupturasliberadoras solo puede traducirse en mayores niveles de transnacionalizacin y dominio de dichocapital. As sucede en el Ecuador actual con las principales riquezas (petrleo, minera,telefnicas,...) controladas directa o indirectamente por el capital monoplico, pero tambin en lainversin estatal en infraestructura (carreteras, hidroelctricas, hospitales, escuelas,...) tanto encontratos como en concesiones, y es el destino posible de lo que se oferta hacia el futuro (granminera, turismo, maquila industrial, agua, biodiversidad, maquila de conocimiento,...). Es decir, enel mejor de los casos ser la imposicin de un nuevo patrn de reproduccin del capital en lascondiciones actuales.

Tal modernizacin es la propuesta efectiva que impone un nuevo bloque en el poder bajo lahegemona del capital transnacional (chino, brasileo, europeo,...), con el capital monoplicointerno como asociado-subordinado y una fraccin emergente que hace su acumulacin primitivadesde el poder del Estado. Como la clase dominante vena de un momento de profunda crisis dehegemona, fue necesario un rgimen "bonapartista sui-gneris" para reconstruirla, modificando elbloque en el poder, pero obligado a hacer concesiones al campo popular para legitimar al proyectorenovado de la dominacin, al tiempo de fortalecer sus aristas autoritarias, necesarias paragarantizar la acumulacin (ver Rosero, 2010 y 2013). La hegemona burguesa en el gobiernoconsolid un proceso progresivo de concentracin de poder yndose cada vez ms hacia elautoritarismo y hacia la derecha, cada vez ms conservador, cada vez ms ortodoxo, para, en basea la legitimidad conseguida (por la publicidad, por las elecciones), imponer la modernizacin delcapitalismo dependiente; es decir, expres aquella hegemona que constituy al gobierno desde elinicio, pero tambin la profundiz.

Esto cambia de contenido e imprime otro sentido a las reivindicaciones, pues son apropiadas yabsorbidas en la construccin hegemnica. Como hay mucho dinero por el precio del petrleo msalto de la historia, alcanza hasta para incrementar el gasto social (aunque con lgicas queconsolidan el inters del capital), entregar bonos (como mecanismo asistencialista-clientelar),mantener subsidios (para no afectar la legitimidad alcanzada), aumentar salarios (a cambio deatacar la organizacin y los derechos de los trabajadores, de la inestabilidad laboral, paracondicionar y/o aniquilar su independencia). Es decir, el gobierno trueca derechos (salud,educacin, trabajo,...) en ddivas para obtener subordinacin y sujecin, esto es, dominio de clase.Lo que se complementa con la coercin abierta cuando dicho dominio lo requiera: la criminalizacinde la protesta social, la vigilancia y el control de la sociedad (en los colegios, en las calles, en lasredes, en los taxis,...), las cortapisas a la opinin pblica cuando no su censura y la estatizacin dela libertad de expresin, el represivo nuevo Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) que incorporadecenas de nuevos tipos penales (algunos justificados como el sicariato y el feminicidio, peromuchos otros ms cercanos a la necesidad coercitiva)4, la judicializacin de la poltica, el controlsobre la organizacin ciudadana (Decreto 16), etc. Es decir, ms all de sutilezas, construirhegemona de clase con la pedagoga del miedo5, como complemento imprescindible al proyectoreprimarizador. Por lo tanto, como no poda ser de otra manera, la poltica social en un gobierno declase (y un gobierno que preserva y racionaliza el inters de la clase dominante no puededenominarse de otra forma) no busca eliminar la pobreza sino evitar que los pobres se

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autonomicen, rompan el dominio, se insurreccionen.

Poltica (anti) laboral y revolucin ciudadana

Al respecto es muy ilustrativa la poltica laboral que ha caracterizado a este gobierno. Porque, comose dice ms arriba, ella (incluidos los avances) se inscribe en la lgica de modernizacin delcapitalismo dependiente: mejoras salariales (que, sin embargo, al nivel del mnimo no alcanzan acubrir la canasta bsica pese a que estamos en el segundo boom petrolero de la historia), combatea rezagos pre-modernos en la relacin laboral (por ejemplo, la falta de derechos en el trabajodomstico), mayor empleo en el sector pblico (pero proliferacin de contratos, no nombramientos,con la merma de estabilidad consiguiente), todo lo cual, desde una perspectiva cercana alkeynesianismo (esto es, a una concepcin de reforma del capitalismo ante su crisis para garantizarsu continuidad), apunta a fortalecer la demanda efectiva (y el consumo), para solaz del capital; a lavez que se ataca a los derechos de los trabajadores, a su organizacin, a la contratacin colectiva,cunde la inestabilidad, etc., asimismo, en inters del capital.

Esta poltica anti-laboral va desde el retroceso en derechos que establecieron los Mandatos y lamisma Constitucin: contratacin colectiva con excepciones, eliminacin parcial de la tercerizacin-hoy externalizacin de actividades no habituales-, exclusin de la proteccin del Cdigo delTrabajo de los profesionales en el sector pblico, posibilidad de injerencia estatal en la organizacinsindical,..., segn seala la Constitucin, artculos 325 y ss. En algunas de estas materias es notoriala continuidad, cuando no el paso atrs, en relacin con lo estipulado por la Constitucin de 1998(Art. 35) y algunos de los instrumentos internacionales, como el Convenio 87 de la OIT. Asimismo seinstituye el muy "moderno" cumplimiento a rajatabla de la ley (incluso, y a veces principalmente,de los rezagos dictatoriales, de los elementos autoritarios y de las perspectivas en contra de lostrabajadores), erigiendo el fetichismo legalista, lo que "olvida" (ms an si es elaboracin propia,de la "revolucin ciudadana"), que, como cualquier normativa, siempre es resultado de una relacinde fuerzas especfica, esto es, se crea al tenor del inters dominante. As, por ejemplo entre otrosposibles, se impusieron las renuncias obligatorias "voluntarias" (Decreto 813), como una nuevaopcin de despido, no reconocido como tal.

Con una perspectiva corporativista (del ms rancio tufillo fascista) se han fundado Centralessindicales "afines" (lo son las 4 creadas en este gobierno, de las 8 existentes), tiles para defenderal gobierno al tiempo de dividir al movimiento social, de manera similar a lo hecho con losestudiantes, los maestros, los indgenas, etc. El discurso oficial (auto)justificativo del divisionismopro-gubernamental gira alrededor de ciertas reivindicaciones alcanzadas (obviamente abstradasdel proyecto hegemnico al que contribuyen), de la supuesta "neutralidad" de las polticas estatales(lo que deja de lado su contenido de clase), de la legitimidad alcanzada por el rgimen, que solo eselectoral, en procesos en que prima el dinero (en este caso estatal) y el marketing con todas lasconsecuencias de manipulacin y debilitamiento democrtico (como demostr en el siglo XX laexperiencia del fascismo y el caudillismo).

La culminacin de la poltica gubernamental fue la propuesta de nuevo Cdigo de Trabajo querecoga reivindicaciones muy sentidas por... los empresarios, como la flexibilizacin de la jornadade trabajo (arts. 82 y ss y 162 del Proyecto de Cdigo Orgnico de Relaciones Laborales )

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extendindola hasta los das de descanso sin pagar horas extras, la prohibicin de toma de lasempresas durante una huelga (art. 500 del Proyecto), la eliminacin de la jubilacin patronal (art.261 y tercera transitoria del Proyecto), etc., adems de detalles como la mensualizacin de losdcimos (arts. 49 y 51 del Proyecto), la intencin de gravar con impuesto a la renta la participacinde los trabajadores en las utilidades (art. 65 del Proyecto) o el intento de normar y regular laprostitucin (?) (Art. 11 del Proyecto), en lugar de prohibir el trfico de personas y la explotacinsexual. Cierto es que se enunci la posibilidad de los sindicatos por rama de actividad (art. 425 yss), lo cual podra ser un avance siempre que no quede bajo la gida patronal y/o gubernamental,como ya sucedi en otras experiencias (Mxico, por ejemplo). Pero en el balance global, losintereses patronales se consolidaban al facilitar la intensificacin mediante el trabajo a destajo, altolerar el ataque a la organizacin sindical (IFA-FOS, 2014: 25 y ss), al dejar hacer frente al estatusde precarizacin dado el alto desempleo y subempleo, a cambio de derechos o promesas dederechos (como ya pas en el proceso constituyente).

Esta iniciativa fue derrotada por la enorme movilizacin del 17 de septiembre que hizo retroceder algobierno por primera vez. Pero inmediatamente este trat de profundizar la divisin entre lostrabajadores promoviendo la Central nica (CUT) oficial, continu sembrando la confusin con laapropiacin simblica de los hitos, las luchas, las banderas, el imaginario, los hroes y los mrtiresde los sectores populares y la izquierda (como por ejemplo, la conmemoracin del "bautismo desangre de la clase obrera ecuatoriana", la matanza del 15 de noviembre de 1922), para retomar, enotras condiciones, las reformas laborales parciales, ante la amenaza de nuevas movilizaciones(convocadas para el 19 de noviembre).

El nuevo paquete de reformas

Las nuevas reformas planteadas resultan ser la continuidad de una poltica de clase que busca elcontrol de la sociedad, mermar la independencia de los trabajadores, en especial de suorganizacin, para imponer el proyecto hegemnico, a cambio de supuestas "conquistas" opromesas funcionales a dicho proyecto. Son solo un maquillaje de la poltica anti-laboral, pues sibien nadie est en contra de la estabilidad, los salarios justos, la seguridad social universal, eldespido nulo, etc., resaltan las contradicciones con la poltica gubernamental: se ha despedido amiles de personas en el sector pblico bajo la tutela del decreto 813 (en contra de lo quepretendera el Proyecto de Ley Orgnica para la Justicia Laboral , arts. 17 y ss); los contratos detiempo fijo (que supuestamente se eliminan, arts. 1 y ss del mismo Proyecto) son la modalidadfundamental practicada precisamente por el Estado, en base al art. 58 de la LOSEP; la propuesta deenmiendas constitucionales de Alianza Pais (AP) excluye a los trabajadores del sector pblico delamparo del Cdigo del Trabajo (arts. 10 y 13 del Proyecto de Enmiendas Constitucionales), lo queafecta su sindicalizacin y la negociacin colectiva (violando los convenios 87 y 98 de la OIT).

Adems resalta la demagogia, componente fundamental del discurso gubernamental. Es as comoalgunos derechos supuestamente levantados por las reformas ya constan en la legislacin vigente,solo que no es respetada, como el no despido a las embarazadas (art. 332 de la ConstitucinPoltica adems de constar en la legislacin secundaria, arts. 153 y 154 del Cdigo del Trabajo, art.26 del Proyecto de Ley para la Justicia Laboral ), o el salario bsico que debe tender a equipararsecon la canasta bsica (Transitoria 25 de la Constitucin) o la seguridad social para el trabajo noremunerado del hogar (art. 369 de la Constitucin).

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Respecto de este ltimo derecho, resulta que va a ser pagado por la familia trabajadoradirectamente o por medio del Estado, sin afectar a los capitalistas, pero s a los trabajadores quereciben utilidades (art. 9 del Proyecto de Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajoen el Hogar ) o al grupo familiar de la beneficiaria (art. 44 del Proyecto). Este juego de manos buscaeludir (al menos en parte) la obligacin estatal explcita en la Constitucin y trasladarla a la familiatrabajadora (no al capital, naturalmente): "las prestaciones para las personas que realizan trabajodomstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarn con aportes y contribuciones delEstado" (art. 369 de la Constitucin). Esto, que de ser una reivindicacin de la sociedad y underecho reconocido en la Constitucin, es reinventado por el gobierno casi como un nuevoimpuesto sobre los trabajadores dada la obligatoriedad de la contribucin (ver el art. 42 numeral 9del Proyecto), se lo hace en base a la promesa de una pensin jubilar bastante modesta a recibirseal cabo de 20 aos de aportaciones (sin seguro de salud, sin cesanta y sin acceso a prstamos, verart. 44 del Proyecto), es decir, no inmediatamente como los claroscuros discursivos podraninsinuar, entretanto el dinero estar disponible en el IESS para los usos oficiales que suele tener.Adems, la afiliacin se plantea como obligatoria y se amenaza con multas y/o "responsabilidadpatronal" (?, en el seguro de un ama de casa?) contra la misma supuesta beneficiaria y/o contrasu grupo familiar (art. 43 del Proyecto), en una nueva perla de la pedagoga del miedo que inspira ala "revolucin ciudadana". Es decir, el financiamiento de una reivindicacin por dems justa se hacerecaer en la propia familia de la beneficiaria (lo que contrae unos ingresos ya de por si exiguos) oen los trabajadores, pero no en los capitalistas. Peor an si se elimina de la Ley de Seguridad Socialla obligacin del Estado de financiar el 40% de las pensiones jubilares, como se contempla en lapropuesta gubernamental (art. 45 del Proyecto).

El ataque a la organizacin sindical (en especial con independencia de clase) no solo proviene de laenmienda constitucional mencionada (que liquidara el sindicalismo pblico) sino tambin de lapropuesta de votacin universal para la direccin de la organizacin incluyendo a los no afiliados,que incluso podran ser parte de la directiva (art. 34 del Proyecto de Ley para la Justicia Laboral ), loque abre la puerta a la injerencia abiertamente pro-patronal y/o pro-gobiernista (es como si paralas elecciones internas de AP nos permitieran participar a todos, lo que, por supuesto, no hacen). Esdecir, incluso concesiones y derechos sirven al inters general del capital, cuya lucha essistematizada y representada desde el poder poltico.

El ser humano por sobre el capital?

Tras el derrumbe en el mayor proyecto hidroelctrico del Ecuador (Coca-Codo Sinclair) que mat a13 trabajadores, se devel (una vez ms) la inobservancia por parte de las empresas chinas de lasmnimas condiciones de seguridad y de la normativa laboral. La empresa constructora Sinohydroprometi (ahora s) recoger las quejas de los trabajadores e indagar (hasta las ltimasconsecuencias) sobre las causas del accidente, para lo que trajo investigadores... chinos (!!).Mientras su contraparte contractual (el gobierno) tena una muy prudente reaccin (en este caso s,nada de cadenas ni insultos, naturalmente con los chinos) y solo atinaba a lamentarse tras latragedia.

Ante la cada del precio del petrleo y la apreciacin del dlar, el gobierno hizo la menor alzasalarial desde que est en el poder (4,11%), lo que deja ver su voluntad de ajustar la economa porel lado real dada la inflexibilidad de la dolarizacin (no existe poltica monetaria), pues tienen queser "absolutamente responsables" (el Ministro de Trabajo dixit), claro que a costa de los

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trabajadores y la mayora de la poblacin. A lo que se suman nuevos despidos por el fin de ao: son100 los trabajadores separados de Petroamazonas con liquidaciones exiguas y se esperan ms...

Para variar, el contraste clasista. Mientras para los trabajadores desde el gobierno intentanflexibilizaciones (todava mayores), derechos recortados, tutelados o condicionados, cuando noddivas para subordinarlos; para los empresarios, el gobierno de la "Revolucin Ciudadana" ofrece"incentivos", pues ya desde el Cdigo de la Produccin lo hizo con zonas francas y otros, conresultados ms bien desiguales. En esa misma direccin, el gobierno hizo aprobar la ltima Ley deIncentivos a la produccin, enviada como econmica urgente; una norma (entre otros aspectos)dedicada al gran capital, en especial transnacional, esto es, a las pocas empresas que vayan ainvertir por sobre los 100 millones de dlares (!) en seis ramas estratgicas, y de vivo intersgubernamental pues tambin crea un conjunto de nuevos impuestos; por supuesto, no olvidamejorar las condiciones para hacer ms "atractiva" la inversin en la gran minera, proyectoemblemtico del modelo reprimarizador de la "revolucin ciudadana"6.

Todo lo cual deja ver, una vez ms, el carcter de clase de la poltica gubernamental al priorizar elinters del capital por sobre el de la vida7.

Entonces, pretender que con reformas que no superan el horizonte del capitalismo, que por esomismo solo ayudan a racionalizar la explotacin del trabajo y/o la circulacin de mercancas paragarantizar los beneficios al capital; sostener que con ellas se sita al ser humano por sobre eldinero, como asevera el discurso oficial; afirmar que con reformas de evidente carcter burgus sepone "al trabajo por encima del capital" cuando no se afecta la sacrosanta propiedad privada, elcontrol de los medios de produccin y de la produccin misma, es ignorar que "el capital es lapotencia econmica de la sociedad burguesa que lo domina todo" (Marx, 1977: I, 31).

Es dejar de lado el hecho que elegir el "camino de reformas en lugar y en contra de la conquista delpoder poltico y de la revolucin social" significa elegir "una meta diferente... no una nuevasociedad sino meramente transformaciones inesenciales en la sociedad anterior", no pasa de lareforma controlada y en inters del capital, "no aspira a la realizacin del socialismo, sinosimplemente a la reforma del capitalismo", como Rosa Luxemburg (1977: 117-118) ya sealaba enla histrica polmica con el revisionismo.

Hoy ni se diga. Tras la capitulacin total de la socialdemocracia ante el capital transnacional, frentea proyectos neodesarrollistas que incorporan elementos neoinstitucionalistas con importantescontinuidades neoliberales (como el del gobierno ecuatoriano actual) que representan el inters delcapital monoplico, pretender que con reformas al capitalismo se coloca "al ser humano por sobreel capital" no pasa de un giro discursivo demaggico que pretende construir legitimidad a larestauracin de hegemona burguesa y a la modernizacin capitalista en curso.

Solo un proceso efectivamente revolucionario que afecte la propiedad y la potestad sobre losgrandes medios de produccin y la organizacin del poder poltico, transformndolo al sujetarlo alcontrol democrtico de la sociedad al tiempo de construir formas de autogobierno de los

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productores, es decir, solo en un proceso de transformacin revolucionaria de la sociedad, se puedehablar de que, por fin, el ser humano y su actividad creadora se colocan sobre el capital, algoalcanzable nicamente en la perspectiva de la construccin del socialismo.

BIBLIOGRAFA

Cdigo del Trabajo, Legislacin Conexa, Concordancias, Jurisprudencia, Corporacin de Estudios y Publicaciones, Quito, junio de 2009.

Constitucin de la Repblica del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008, 220 pp.

IFA-FOS, Salud en el trabajo y reformas laborales, Quito, Oxigenio, 2014, 113 pp.

Luxemburg, Rosa, "Reforma social o revolucin?" en Escritos polticos , Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 43-138.

Marx, Karl, Lneas Fundamentales de la crtica de la economa poltica (Grundrisse), Barcelona, Editorial Crtica, 1977, 2 tomos, XLIII-586 pp.-552 pp.

Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la proteccin del derecho de sindicacin en http://www.ilo.org/dyn/

Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), C098 - Convenio sobre el derecho de sindicacin y de negociacin colectiva en http://www.ilo.org/dyn/

Prez, Orlando, "No hemos podido cambiar el modelo de acumulacin" El desafo de Rafael Correa: entrevista tras cinco aos de presidencia, 20/01/2012, en http://www.rebelion.org/

Proyecto de Cdigo Orgnico de Relaciones Laborales, Quito, 1 de mayo de 2014, pdf, 215 pp.

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Proyecto de Enmiendas a la Constitucin de la Repblica del Ecuador 2008, Quito, 2014, pdf, 4 pp.

Proyecto de Ley Orgnica de Incentivos a la Produccin y Prevencin del Fraude Fiscal, Quito, noviembre de 2014, pdf, 28 pp.

Proyecto de Ley Orgnica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Guayaquil, 15 de noviembre de 2014, pdf, 23 pp.

Rosero, Andrs, "Revolucin Ciudadana y reconstruccin de hegemona" en Memorias del VII Seminario internacional Marx Vive , Universidad Nacional de Colombia, octubre de 2010, http://www.espaciocritico.com/

Rosero, Andrs, "Mitologa oficial y extraccin petrolera" en Sacralizacin y desacralizacin del Yasun, Cuadernos Polticos No. 3, Quito, Centro de Pensamiento Crtico, Septiembre 2013, pp. 41-64.

Saavedra, Luis ngel, "El valor de los muertos en el discurso gubernamental", 8/12/2014, en http://lalineadefuego.info/

Notas:

1 Sobre la caracterizacin del gobierno actual, ver " Revolucin Ciudadana y reconstruccin dehegemona" ( Rosero, 2010) y " Mitologa oficial y extraccin petrolera" ( Rosero, 2013).

2 Como reconoci el mismo presidente Correa: "El modelo de acumulacin no lo hemos podidocambiar drsticamente. Bsicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo deacumulacin, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero s esnuestra intencin tener una sociedad ms justa y equitativa" (Prez, 2012).

3 "El capital es la potencia econmica de la sociedad burguesa que lo domina todo" (Marx, 1977: I,31).

4 El COIP incorpor 77 nuevas sanciones penales, adems de la acumulacin de condenas y lamayor severidad en los castigos, lo que expresa una mentalidad autoritaria y represiva, queapuesta a la penalizacin de conductas y al endurecimiento de las penas. Es ms, en 29 artculos

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se tipifican los nuevos delitos polticos, conductas que supuestamente atentan "contra la seguridadpblica" sancionadas con penas de hasta 13 aos, las que comprenden varias acciones que en elanterior Cdigo no se incluan. Segn el informe "Independencia Judicial en la reforma de la Justicia ecuatoriana" del jurista peruano Luis Psara, era tal la vaguedad de las normas anteriores sobresabotaje y terrorismo (usadas por el gobierno para criminalizar la protesta social) que permita "un uso arbitrario en la persecucin penal"; pero las nuevas normas no solo podran servir parareprimir la protesta social sino que pueden ser mal utilizadas por jueces temerosos. Ms an en un ambiente de politizacin de la Justicia y control gubernamental, hasta el punto de incidirdecisivamente en el nombramiento y en la destitucin de los jueces (El Comercio, 3 y 4/08/2014 y3/09/2014).

5 A estas alturas abundan los ejemplos de criminalizacin de la protesta social. Son ms de 200los dirigentes populares enjuiciados por "sabotaje" o "terrorismo". La resistencia a la gran mineratransnacional ha multiplicado los encarcelados, perseguidos, incluso asesinados (ver Saavedra,2014). Es terrible la saa con la que han reprimido a los estudiantes secundarios que se hanatrevido a protestar, pues les han separado del colegio temporal o definitivamente, se les siguiprocesos administrativos y penales, luego de las detenciones, maltratos, incluso torturas recibidas. Se ha perseguido a periodistas e investigadores logrando la condena de algunos deellos, adems de millonarias indemnizaciones. El gobierno mont una cacera humana contra el diputado Klver Jimnez, su asesor Fernando Villavicencio y el dirigente mdico Carlos Figueroa,tras la condena judicial por supuestas injurias respecto de la responsabilidad presidencial en loshechos del 30 de septiembre de 2010. Y sigue un ya largo etctera...

6 Entre otros "incentivos" (esto es subsidios al capital, en especial monoplico) estn: laexoneracin del pago de impuesto a la renta por 10 aos para inversiones en industrias bsicas(art. 7 de la Ley Orgnica de Incentivos a la produccin y prevencin del fraude fiscal); hacerdeducible la amortizacin de activos (art. 11); beneficiar con la estabilidad tributaria a las inversiones en gran minera y en otros sectores (incluyendo a las industrias bsicas) siempre quesuperen los 100 millones de dlares, esto es, congelar la tarifa del impuesto a la renta en 22% (gran minera) y 25% (otros), estabilidad que puede ser extensible al impuesto a la salida dedivisas y otros impuestos directos, y en el caso de la gran minera tambin al IVA, adems de que"el inversor no podr renunciar al beneficio" (art. 28); hacer deducible el gasto de depreciacindurante 5 aos en sectores prioritarios (art. 33); beneficios de exencin en crditos en segmentosdeterminados (art. 34). Las industrias bsicas son: "a) fundicin y refinacin de cobre y/o aluminio;b) fundicin siderrgica para la produccin de acero plano; c) refinacin de hidrocarburos; d)industria petroqumica; e) industria de celulosa; f) construccin y reparacin de embarcacionesnavales" (art. 32). Como si el capital monoplico estuviera interesado en invertir ac en dichossectores...

7 Es ms, en una muestra del manejo meditico prioritario de su agenda poltica, justamente trasel sospechoso asesinato de Jos Tendentza (dirigente indgena anti-minero) y tras la tragedia en el Coca-Codo Sinclair con la muerte de los trabajadores, el gobierno tom la decisin (completamentecondenable) de dar por terminado el comodato y sacar a la CONAIE de su edificio, con lo quelevant una importante cortina de humo y marc la agenda poltica de la sociedad. Este gobiernose caracteriza por un manejo propagandstico sistemtico y eficiente, para servir al inters hegemnico...

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Andrs Rosero E. Economista y profesor de la Escuela Politcnica Nacional, Quito.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de CreativeCommons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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