la intervención comunitaria como campo problemático · describir y analizar, la construcción del...

Departamento

Salud Comunitaria

Carrera

Licenciatura en Trabajo Social

Centros de Referencia:

La intervención comunitaria como campo

problemático en el Territorio de la Política Social

Trabajo Final de Grado

AMBROSI D. CELESTE

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UT7IE37lSJSuXM&tbnid=OchKqVcuPtAbnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.iidia.com.ar/GISI.htm&ei=Gj14UaCWJYO29QT0q4HoBA&psig=AFQjCNHmEiAj9E6_Tib4KolDwd-0elK1-A&ust=1366920858646461

La intervención comunitaria como campo problemático …

1

AGRADECIMIENTOS

Al Estado.

A la UNLa por la formación.

A los Profesores por su dedicación.

A Mercedes Lahr y Rodolfo Núñez por la simpleza al explicar lo complejo.

A los Trabajadores Sociales de los CDR y demás actores partícipes.

A la/o/s compañera/o/s, amiga/os de Trabajo Social, a los que quedaron en

el camino y a quien le robaron la vida en el momento de su emancipación.

A la Noma y al Lulin.


2

ÍNDICE

Presentación______________________________________________

Introducción________________________________________________

3

5

Capítulo I. Historizando a la Política Social en Territorio _____________ 9

Antesala de la Política Social contemporánea: el neoliberalismo_______ 9

De la biologización de la existencia a la existencia de sujetos de

derecho___________________________________________________

15

La Política Social Integral se territorializa: MDS, CDR y Trabajadores

Sociales__________________________________________________

Intervención Comunitaria como campo problemático_______________

20

27

Capítulo II. ¿Lo comunitario en los CDR, la integralidad focalizada o la

focalización de la integralidad?________________________________

33

Trabajadores Sociales e intervención profesional en los CDR_________ 33

Intervención Comunitaria en el CDR Sur_________________________ 35

Lo comunitario en el CDR Oeste _______________________________ 46

Consideraciones Finales_____________________________________ 53

Bibliografía________________________________________________ 57

Anexos___________________________________________________ 65


3

Centros de Referencia:

La intervención comunitaria como campo problemático

en el Territorio de la Política Social

PRESENTACIÓN

La elaboración del Trabajo Final de Grado requerido para culminar la carrera

de Trabajo Social, dictada en la Universidad Nacional de Lanús, puede

instituirse en un espacio para la producción de conocimientos a partir del

diálogo entre las prácticas pre-profesionales y las diversas materias teórico-

metodológicas —además de otras fuentes extra-curriculares— con que nos

vamos formando desde los primeros años de cursada. Lo que en su

momento puede resultar insignificante, con el pasar del tiempo y a la luz de

la teoría puede ir adquiriendo significancia no sólo para la comprensión

individual sino para el colectivo profesional en general.

En este sentido, el presente trabajo rescata una experiencia de las

prácticas e intenta ser una síntesis de lo aprehendido en este constante

camino de formación profesional, constante porque la formación no acaba

con la titulación sino que continúa con el ejercicio cotidiano, siempre inmerso

en las dimensiones que caracterizan al Trabajo Social. Lo contrario, podría

resultar reduccionista y funcional a intereses que deslegitiman nuestra

carrera.

En términos generales y para facilitar la lectura, este trabajo se

estructura en una serie de capítulos que parten de consideraciones de índole


4

teórica y general sobre el contexto socio-histórico dentro del cual se enmarca

la Política Social contemporánea en territorio, incursionando en los

antecedentes académicos sobre el tópico en estudio, para luego abordar el

surgimiento de los CDR y el rol de los trabajadores sociales. Posteriormente

se invita al lector a recorrer los espacios de actuación profesional y

comunitaria, observados en las prácticas pre-profesionales, a la luz de los

antecedentes y el marco conceptual propuesto para ir visualizando cómo se

construye el campo de la intervención comunitaria como un campo

problemático. Por último, se arrojarán algunas consideraciones finales que

nos permitan seguir reflexionando sobre la “cosa pública” en aras de aportar

conocimientos teórico-prácticos que contribuyan a su mejoramiento y

comprensión.


5

INTRODUCCIÓN

Con motivos de cumplimento curricular por las materias anuales de la

Carrera de Trabajo Social, dictada en la Universidad Nacional de Lanús,

hacia el año 2010 inicié las prácticas pre profesionales en un Centro de

Referencia (CDR de ahora en adelante), ubicado en el Conurbano Sur,

continuando en el 2011 en la misma institución, la cual depende del

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS).

Durante el primer año se elaboró un diagnóstico1 sobre un

asentamiento de reciente conformación, mientras que en el segundo la

exigencia fue la ejecución de una intervención2 en aras de transformar la

situación problemática, planteada, en ese entonces, en torno a las

dificultades de funcionamiento que presentaba un proyecto de cooperativas

implementado a nivel nacional y denominado “Desarrollo Comunitario

Sustentable y Sostenible”. En ambos años, se estableció una asistencia de

una vez por semana durante 7 meses aproximadamente por cada año,

elaborando para cada ocasión de práctica semanal un informe. Por otro lado

1 El diagnóstico es un documento escrito que sale del análisis de situación, proceso donde

se apela al conocimiento tanto explicativo (por qué/red causal) como descriptivo (cómo/línea

de base) para efectuar una acción transformadora sobre la problemática definida (objeto) en

relación a los actores sociales intervinientes (sujetos). De dicho momento, se obtiene un

producto denominado Diagnóstico, donde deben figurar la situación problemática, los

diversos contextos (macro, micro), el análisis de actores sociales, las alternativas de acción

que pudieran dar solución al problema.

2 En este punto lo que se pretendía era, post realización del diagnóstico sobre alguna

situación problemática delimitada, diseñar e implementar un proyecto de intervención a nivel micro, teniendo en cuenta las condiciones de factibilidad y viabilidad, es decir, las posibilidades de realización técnica y política respectivamente.


6

y además de dicho corpus de material, se realizaron visitas a un CDR situado

en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires (asistiendo a una Jornada Solidaria,

Taller para Emprendedores y Mesa de Red de cooperativas a nivel local) y a

la Sede del Ministerio de Desarrollo Social sito en la calle Moreno de la

CABA.

Con el transcurso de los años de prácticas de formación profesional y

realización de diversas entrevistas, las palabras “territorio”, tanto como

“relevar” y “bajada”, aparecían naturalizadas en los discursos del MDS, de los

profesionales y de los múltiples actores intervinientes en los espacios

transitados por el colectivo de trabajadores sociales empleados en los

diferentes CDR visitados. Desde entonces, dicho tópico comenzó a ser

materia de interés, comenzándose a problematizar la Política Social en

territorio desde —y dentro de— los espacios institucionales del Estado y la

instrumentalización de planes y programas sociales como dispositivos de

poder/saber. En los primeros tiempos, se cuestionaron los supuestos sobre la

soberanía territorial subyacentes en la formulación y ejecución de los

programas sociales contemporáneos a partir de un análisis centrado en la

interpelación de los propios discursos del MDS que pueden leerse en sus

sitios de internet.

“Territorio” y la bajada a él, entonces, resultó ser una palabra

producida y reproducida en diversos espacios institucionales —tan virtuales

como territoriales— que van delimitando, de acuerdo al posicionamiento que

se tenga dentro del campo de intervención profesional en curso, su sentido

práctico/semántico que se vislumbra en las formas de hacer y pensar de los

diversos actores sociales (Bourdieu y Wacquant, 1999). Consecuentemente

en el presente trabajo final de grado se propone, en términos generales,

describir y analizar, la construcción del campo problemático de intervención


7

comunitaria en el territorio de la política social contemporánea.

Específicamente, se busca describir la delimitación de los territorios

comunitarios —dentro del espacio pre/o/visto por las políticas sociales y

descentralizadas desde instituciones estatales— a partir del análisis de dos

procesos de intervención efectuados por los Equipos Técnicos

correspondientes a dos CDR del Conurbano Bonaerense. Por otro lado, se

intentará reconstruir la relación entre los diversos actores que interactúan en

la configuración de la intervención comunitaria en el territorio de la política

social. Finalmente, se tratará de Identificar facilitadores y obstaculizadores en

la realización del Trabajo Social dentro de los marcos pre/o/vistos por los

Centros de Referencia.

En este sentido y desde lo metodológico, la presente investigación se

enmarca desde lo hermenéutico/dialéctico, en tanto se pretende incursionar

en los sentidos, en el entramado de significados del pensar/hacer de los

diversos actores sociales partícipes en la realidad delimitada a tal efecto,

realidad, por su parte, concebida como una construcción histórica atravesada

por múltiples dimensiones (económica, política, cultural, ideológica, social).

El diseño de investigación (Sabino, 1996) resultó no experimental,

dado que, por el tipo de investigación misma, no se apeló a la

implementación de mecanismos de control y manipulación de situaciones,

grupos sociales, así como tampoco se buscó la medición de variables. De

este modo y siguiendo a De Souza Minayo (2004), se instituye una

investigación de tipo cualitativa, orientada a la comprensión de “los

significados de las acciones y relaciones humanas, un lado no perceptible y

no captable en ecuaciones, medias y estadísticas” (De Souza Minayo, 2004:

18). A su vez y dado que los CDR son instituciones de reciente inserción en


8

los diversos territorios, la investigación se inscribe en lo descriptivo-

exploratorio (Sabino, 1996) en cuanto se pretende realizar una aproximación

sobre las cuestiones teórico-metodológicas del “hacer” del Trabajo Social en

dichos espacios. Vinculadas al diseño de investigación propuesto de tipo

descriptivo y exploratorio con basamento en el estudio de los casos

seleccionados a tal fin, las técnicas a utilizar están dadas por el análisis

bibliográfico —sobre el arte del tema— y documental en relación al análisis

de registros e informes —construidos durante las prácticas a partir de las

técnicas de entrevistas y observaciones participantes/no participantes—.

El proyecto selecciona en tanto muestra, fundamentalmente y dentro

del universo que constituyen los CDR distribuidos en el Conurbano

Bonaerense y las provincias del interior, dos casos de estudio sobre

procesos de reciente realización (ambos realizados en el año 2010). Por su

parte, las unidades de análisis se centraron espacialmente hablando, en un

CDR de Zona Sur y otro del Oeste donde los respectivos Equipos Técnicos

llevaron a cabo esas dos intervenciones de índole comunitaria. La unidad de

observación, por su parte, se circunscribió a la caracterización de las

intervenciones comunitarias realizadas colectivamente entre los diversos

actores sociales partícipes en los CDR.

Una última acotación nos remite a que las dimensiones presentes en

la intervención profesional abordada por varios autores (Barroco, 2003;

Guerra, 2005), también deben ser tenidas en cuenta a la hora de encarar los

proyectos de investigación. Lo teórico-metodológico del planteamiento debe

estar acorde al despliegue de lo operativo-instrumental durante el desarrollo

del trabajo de campo y el análisis de la información recopilada, sin dejar de

considerar, fundamentar, el posicionamiento político-ideológico que se

asume frente a esa realidad construida/recortada para estudiar.


9

CAPÍTULO I

Historizando a la Política Social en Territorio

En el presente capítulo se pretende incursionar en la Política Social

contemporánea, describiendo el contexto socio-histórico circundante, las

orientaciones fundamentales de la misma y los antecedentes en materia de

producción teórica, lo cual nos dará sustento para comprender, en capítulos

posteriores, el campo problemático de la intervención comunitaria

implementada desde los CDR.

Antesala de la Política Social contemporánea: el neoliberalismo

Al compás de la aplicación del neoliberalismo en la Argentina se producen

una serie de transformaciones en las políticas sociales, transformaciones que

comienzan a manifestar sus consecuencias sociales ya desde los tiempos en

que el poder de los gobiernos militares irrumpe coercitivamente en nuestra

democracia, para continuar con la hiperinflación de Alfonsín, hasta

recrudecerse con la asunción de Carlos Menem en 1989 para finalmente

estallar con la crisis económica, política y social del año 2001. Dicha crisis,

dejó al descubierto una serie de efectos enraizados en las desigualdades


10

surgentes con la implementación del modelo neoliberal en nuestro país y sus

políticas sociales “bomberiles” orientadas a “apagar incendios” al decir de

Vilas (1997), sumando a eso la ausencia de un Estado que diera solución a

los conflictos sociales.

Pero ¿a qué nos referimos con el neoliberalismo? Sintéticamente

hablando, las medidas económicas del neoliberalismo se caracterizaron por

dar vigencia a sistemáticas reformas de matiz estructural, concretadas

principalmente durante el gobierno menemista a través de la implementación

de los programas de Estabilidad Monetaria (Plan de Convertibilidad 1991-

2001, el “uno a uno”); la desregulación de la economía y los mercados; la

apertura externa para promover el ingreso de capitales extranjeros, tanto

como servicios y mercancías; las transformaciones en el mundo del trabajo

(flexibilización laboral, inestabilidad en el puesto de trabajo, contratos a corto

plazo, quiebres de empresas, reducción de los derechos del trabajador —

quita de indemnizaciones por despidos, retiros voluntarios etc.—);

reprogramación de la deuda externa. Siguiendo a Rozas Pagaza (2003),

podríamos decir entonces, que el recetario de las medidas económicas

implementadas por recomendación del Consenso de Washington se

orientaron al disciplinamiento fiscal, la apertura comercial y financiera sin

restricciones, las reformas fiscales, el achicamiento del gasto público, la

inversión extranjera directa y el derecho de propiedad, la abolición de los

subsidios. Siendo de este modo, no es llamativo el creciente endeudamiento

externo no sólo en Argentina sino en América Latina (Trotta, 2003).

En cuanto a las políticas sociales, interesa ante todo hacer una

distinción que nos permitirá visualizar el trasfondo político e ideológico que

fundamentan a las mismas en cualquier tiempo histórico abordado.

Compartiendo la idea de Grassi (2003), en el presente trabajo se entenderá

por “política social” el posicionamiento político respecto a la forma de definir y


11

resolver la cuestión social en determinado momento, aspecto a tener en

cuenta para diferenciarlo de los planes y programas sociales en particular.

Ahora bien, de manera genérica podríamos referir por el término “Cuestión

Social” —abordado por Castel (1997) y retomado por diversos autores como

Parra (2002), Iamamoto (1999)— a las desigualdades estructurales que

acarrea el sistema capitalista y la pluralidad de situaciones problemáticas

cotidianas en las que se manifiesta —como ser el desempleo, la pobreza— a

raíz de las contradicciones internas e inherentes a la relación entre capital y

trabajo.

Desde la dimensión política/pública que implica la política social en

relación a la cuestión social y su ingreso a la agenda pública, debe ser

comprendida a partir de los intereses de los gobiernos de turno por

delimitarla a través de un lenguaje conceptual que se acciona mediante

diversas “políticas sociales” puestas en funcionamiento a partir del diseño y

ejecución de los planes, programas y proyectos sociales, donde no sólo se

define el objeto de la cuestión social sino también los sujetos involucrados.

Es decir, es importante prestar atención a los criterios de asignación de

responsabilidades en su producción y resolución, así como a quienes

padecen las consecuencias de la misma. De este modo, la observancia de

los problemas y actores que entran a la agenda pública, los marcos

interpretativos que se determinan y la planificación e implementación de las

políticas sociales nos permite comprender la Política Social como un marco

que da sustento a la intervención estatal tanto como el posicionamiento que

éste asume frente a la cuestión social. Como nos lo sugiere Grassi “las

políticas sociales son un espacio crítico: como políticas de Estado condensan

la hegemonía y tienen capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el

Estado se constituye en un actor (y en un ámbito) en la producción de los

problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la


12

definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las

condiciones para dicho merecimiento. Son, en fin, la manera en que la

cuestión social es constituida en cuestión de un Estado y, en consecuencia,

el resultado de la politización del ámbito de la reproducción (…) En sentido

estricto, corresponde referirse a la política social (en singular) como la forma

política de la cuestión social, que se expresa y materializa en las políticas

sectoriales” (Grassi, 2003: 25-26).

A modo de ejemplo, en la Política Social del neoliberalismo,

condicionada y financiada en gran parte por los organismos internacionales

(Pantaleón 2005), el Estado sumió el rol de no intervenir, avalando el “efecto

de derrame” y focalizando sus acciones en los individuos pobres/indigentes y

sus familias, fragmentando de este modo a la realidad y al individuo mismo.

Es decir, se “biologizó” (Álvarez Leguizamón, 2005; Grassi, 2003) de manera

individual la necesidad y el Estado —asentado en ese postulado de no

intervenir porque el mercado se encargaría de distribuir, derramar sus

recursos— asumió el rol de proveer mínimos niveles de satisfactores a través

de fragmentarios programas sociales sin tener en cuenta las circunstancias,

los escenarios y relaciones en que esos individuos y familias desenvuelven

su existencia cotidiana, para lo cual apeló a la descentralización y la

privatización de los servicios sociales (salud, educación, asistencia,

seguridad social, entre otros), dando origen, por otro lado, a la disputa por los

recursos entre diversos actores, principalmente entre las ONGs, gobiernos

provinciales y municipales.

Fernández Soto y Tripiana (2009), hacen una acotación interesante al

analizar las políticas sociales durante el neoliberalismo, las cuales apuntaron

hacia la fragmentación y biologización de las necesidades de los individuos,

necesidades definidas a partir de las carencias. Es decir, durante el


13

neoliberalismo, “la atención a la cuestión social se reduce a los pobres, se

construye un modelo de “protección social para pobres… De modo que… la

intervención social del Estado se realiza bajo un fuerte proceso de

parcialización, residualización y fragmentación de la cuestión social que se

traduce en múltiples programas específicos” (Fernández Soto y Tripiana,

2009: 125-127).

En sintonía con Vilas (1997) y Rozas Pagaza (2003), podríamos decir

que las políticas sociales en el modelo neoliberal se caracterizaron por

centrarse en tres ejes fundamentales: la privatización de empresas y

servicios públicos en cuanto corolario de la no intervención del Estado en el

mercado; la focalización, orientada a que los recursos deben llegar a quienes

efectivamente están dirigidos, es decir, a solucionar biológicamente

situaciones de pobreza extrema; y, por último, la descentralización, en tanto

que las agencias gubernamentales de diversos niveles —provincias,

municipios—, así como las organizaciones sociales y/o no gubernamentales,

asumieron la responsabilidad de tomar decisiones referentes a la cuestión

social de entonces.

En resumidas cuentas y según lo expresa Hintze (2006), los cambios

en las políticas sociales se debieron “a las transformaciones en sus formas

de financiamiento, funcionamiento y administración, en el régimen de acceso

y el tipo de beneficios con la finalidad de reducir el gasto público y abrir al

sector privado nuevos campos de actividad (educación, salud, obras

sociales, jubilaciones y pensiones, riesgos del trabajo entre los principales)”

(Hintze, 2006: 26).

En este punto importa resaltar un aspecto interesante que comienza a

emerger más allá de la desafiliación social/colectiva que busca propiciar las


14

medidas y políticas sociales neoliberales (Grassi, 2003). Desde la biopolítica

de Foucault (1978), donde los mecanismos de saber/poder producen control

y disciplinamiento de los sujetos, podemos observar cómo los discursos

neoliberales y medidas sociales, económicas, políticas, pretenden instituirse

como instrumentos destinados a gobernar los cuerpos políticos desde la

individuación de la existencia en un creciente mundo que enarbola el

consumo y la mercantilización de la vida. Ahora bien, lejos de aislar entre sí

esos cuerpos políticamente “biologizados”, los sujetos comienzan a

organizarse y movilizarse colectivamente desde el anclaje territorial, aspecto

notoriamente visible con la crisis del 2001 y la emergencia de asambleas,

empresas recuperadas, movimiento de desocupados, entre otros. Como lo

explica Aguilera Portales (2010) para el caso de América Latina, creemos

que “los movimientos sociales se están convirtiendo en nuevos sujetos

sociales que inyectan un nuevo impulso político a la sociedad civil

(movimientos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones

comunitarias, sociales, vecinales). Estos movimientos políticos-culturales

tratan de alzar una voz crítica y alternativa a la desacreditada esfera pública”

(Aguilera Portales, 2010: 28).

Dislocadas las formas de integración social construidas

tradicionalmente alrededor del trabajo a fuerza de la individuación de la vida,

los reclamos de los sujetos por los derechos ciudadanos —políticos, sociales,

civiles—, sea en materia de reconocimiento —de actores sociales

desprotegidos— y/o redistribución —de los recursos y capitales para

satisfacer necesidades básicas—, comienzan a organizarse desde los

márgenes sociales, políticos y económicos que han sido privados de la

presencia/asistencia del Estado y librados a la acción de un mercado

altamente desregulado. En este sentido, como sostiene Denis Merklen

(2005), la inscripción territorial y acción colectiva se vieron así combinadas,


15

haciendo del barrio un bastión de resistencia para aquellos que

progresivamente dejaban de estar cubiertos por las tradicionales formas de

inscripción colectiva, tanto estatales como sindicales (Merklen, 2005).

Consecuentemente, la voluntad de integración o de resistencia a la

desafiliación implica la necesidad de hacer frente a las urgencias de lo

cotidiano para dar lugar al establecimiento de lazos de solidaridad local, a la

formulación de demandas y de negociaciones y a la construcción de una

conciencia contestataria orientada al reconocimiento (Ídem.).

De la biologización de la existencia a la existencia de sujetos de

derecho

En el apartado anterior se describió cómo en la concepción política

ideológica neoliberal se accionaron mecanismos compensatorios para

“atacar la pobreza… por medio de la provisión de mínimos biológicos para

satisfacer necesidades básicas3” (Álvarez Leguizamón, 2005: 241). Ahora

bien, la política social actual que viene desarrollándose desde el 2003

aproximadamente y a diferencia del neoliberalismo, se presenta en términos

de integralidad, aspecto abordado por diversos autores como Hinzte (2006),

Vilas (2007), Avalle (2011), Lerullo (2011), entre otros.

3 Al respecto y para quienes estén interesados en profundizar sobre esta concepción

“biologizada”, se recomienda la lectura de “Los discursos minimistas sobre las necesidades

básicas y los umbrales de la ciudadanía como productores de la pobreza”, escrito por Sonia

Álvarez Leguizamón (2005). En el artículo, la autora describe detalladamente la focopolítica,

un modo de gobernar en la era neoliberal que analiza a partir de la revisión del uso de las

categorías para nominar y construir a los sujetos de los programas sociales como sujetos

“inferiores” en lo cultural, social y biológico.


16

A modo introductorio, en la coyuntura contemporánea, pueden

diferenciarse tres lineamientos de intervención que se llevan a cabo desde el

MDS —para enfrentar la cuestión social legada del pasado neoliberal— a

partir de la implementación de los siguientes planes4: Plan de Desarrollo

Local y Economía Social “Manos a la Obra”, Plan de Seguridad Alimentaria

“El hambre más urgente”, Plan Familias por la Inclusión Social (Hintze, 2006).

Por otro lado, conviene destacar una salvedad importante de la política social

actual, remitente a que el diseño, la planificación y ejecución de los

programas no estará como antaño en los particularismos en pugna constante

—ONGs, por ejemplo— para canalizar de esta forma los recursos

asistenciales en aras de administrar la biologizada pobreza, sino que será el

propio Estado, quien recobrará su participación e intervención en la cuestión

social a través del MDS fundamentalmente, cuyas políticas serán financiadas

ya no exclusivamente por los organismos internacionales sino por fuentes

propias provenientes, como por ejemplo, de la ANSES y de las empresas

estatizadas.

En la actualidad y en contraste con el neoliberalismo, la preocupación

por la desigualdad y la precariedad social es el punto de partida desde donde

se posiciona la Política Social centrándose en la integralidad. La pobreza, en

4 De acuerdo al sitio oficial del MDS, el Plan Nacional Familias busca la protección y

promoción de las capacidades y derechos de las familias en situación de vulnerabilidad

social; entre sus programas se encuentra el Programa Familias por la inclusión Social. El

Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra” tiene como objetivo lograr un

desarrollo social económicamente sustentable que permita generar empleo genuino y

calidad de vida en las familias. Está destinado prioritariamente a personas, familias y grupos

en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social. Finalmente, el Plan

Nacional de Seguridad Alimentaria está dirigido a familias que viven en situaciones

socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Los objetivos son brindar

asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y costumbres de cada

región del país, facilitando la autoproducción de alimentos a las familias y redes

prestacionales.


17

tanto cuestión social internalizada en las políticas sociales y desde la

perspectiva del actual gobierno, pasa a concebirse “como el efecto de

procesos de empobrecimiento alimentados por dinámicas estructurales y

acciones institucionales, de ahí que la integralidad implica el reconocimiento

de la multidimensionalidad del fenómeno de la pobreza. Un enfrentamiento

efectivo a la pobreza y a la vulnerabilidad con un sentido de integración

social requiere encarar desde múltiples ángulos institucionales ese conjunto

de factores y relaciones. El nuevo paradigma no implica dejar de lado las

políticas asistenciales, pero les quita el papel protagónico que desempeñaron

en el paradigma neoliberal. En lugar de la focalización individualista del

asistencialismo (…), el nuevo paradigma pone el acento en los escenarios

estructurales e institucionales y en las relaciones sociales y políticas” (Vilas,

2007: 41). En esta direccionalidad, aunque con marcadas diferencias entre sí

que no vienen al caso, serán planteados el programa Argentina Trabaja, la

Asignación Universal por Hijo, donde la implicancia de múltiples sectores —

Ministerios Nacionales, Municipios, Sociedad Civil, Entes privados/públicos—

en el diseño y ejecución será enarbolada bajo la insignia de la integralidad

referida tanto a la intersectorialidad de las políticas sociales como a la

integralidad del antes fragmentado y biologizado sujeto “beneficiario”, ahora

ciudadano/sujeto de derechos, a la salud, a la educación, al trabajo (Avalle,

2010; Hintze, 2009), aspectos que se condensan en dichos planes, por

ejemplo. Como lo explica Trotta, “trabajar intersectorialmente significa no

tratar los problemas en forma aislada sino en su complejidad, trabajando

para el colectivo social con derechos, no para individuos portadores de

carencia” (Trotta, 2003: 99).


18

En términos generales, un programa5 se orienta entonces hacia la

atención simultánea de diversos factores que hacen a la condición de

ciudadano no por ser un trabajador asalariado sino más bien un sujeto con

derechos, derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social. En este

sentido, cabe mencionar la intervención activa que asume el Estado respecto

a lo económico, social y político, protagonismo que se puede observar a

través de diversos instrumentos puestos en marcha como ser: la re-

estatización de algunas empresas de servicios públicos (Aerolíneas

Argentinas, el caso del 51% de YPF), la eliminación del sistema privado de

jubilaciones y pensiones (estatización de la administración de los fondos

ahora a cargo de la ANSES), la regulación de los mercados agropecuarios,

los acuerdos de precios con agentes de las cadenas productivas y

comerciales remitentes al congelamiento de los alimentos y otros productos

de consumo masivo, la apelación a la distribución secundaria a través de la

entrega de subsidios destinados a empresas energéticas y de transporte

público.

En resumidas cuentas y como bien lo expresa Hintze (2006), con la

reprogramación de la participación del Estado como agente de intervención,

se delinean los siguientes objetivos en la política social: “A) Promover el

desarrollo humano enmarcado en un ideario social asociado a la equidad y

los derechos. B) Instalar capacidades y herramientas para superar las

carencias, no sólo materiales sino también de oportunidades. C) Ejercitar la

ética del compromiso desde un Estado que acompaña y articula la

consolidación de la política con fuerte inversión social. D) Favorecer una

gestión asociada entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado”

5 A modo de ejemplo podemos citar brevemente a la Asignación Universal por Hijo (AUH),

donde puede observarse cómo articulan diversos ministerios (salud, educación, desarrollo

social, trabajo) para abordar una problemática de forma integral.


19

(Hintze, 2006: 82). Pese al énfasis de la integralidad y como se verá más

adelante, la focalización sigue su curso si se tiene en cuenta, como bien lo

expresa Hintze, la acentuación en “las carencias materiales y de

oportunidades” en determinados espacios transitados por determinados

grupos sociales.

En cierto sentido, el sujeto de derecho al que apunta el Estado por

medio de los planes y programas, sigue siendo un sujeto carente y ubicable

geográficamente —a partir de los censos— en un espacio delimitado y

ocupado por esa/s carencia/s. Si uno lee los decretos y objetivos de los

planes y programas sociales se puede observar que la designación de los

territorios a intervenir se establece en función de los bolsones de pobreza

más crudos existentes en Argentina, delimitados geográficamente a partir del

CENSO nacional y de la Encuesta Permanente de Hogares6. Con otras

palabras, se trata de seguir focalizando no sólo a partir de las zonas

geográficas detectadas sino también desde el paradigma de la “carencia”,

donde “la falta de” sigue siendo el punto de partida para designar a los

territorios de los sujetos destinatarios de las políticas sociales. El CDR no

estará exento de la convivencia de paradigmas focalizados e integrales y

será, por lo tanto, parte de los discursos que producen, contornean

biopolíticamente7 a los sujetos de derecho.

6 Sobre este tópico Álvarez Leguizamón (2005) realiza un análisis interesante sobre las

implicancias del “enfoque de las necesidades básicas”, donde la construcción de sus

indicadores sirve “para realizar un mapeo de la población pobre y aplicar a ella los

programas focalizados” (Álvarez Leguizamón, 2005: 255)

7 La biopolítica es un neologismo trabajado por Foucault para analizar el gobierno sobre los

cuerpos desde los discursos políticos, aspecto que se retoma para explicarlo más adelante

en el trabajo. De forma breve, se trata de cómo el poder soberano es ejercido sobre los

cuerpos.


20

A modo de ilustración de lo antedicho y como antecedente al

funcionamiento actual de los CDR, se puede traer a colación el “Plan ahí”

descentralizado desde los CDRs, entre otros entes, cuyo objetivo se orientó

a profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando

la presencia del Estado en el territorio, creando accesos y rescatando las

redes e identidades locales8. Más allá de la preponderancia de focalizar en

“los núcleos duro de la pobreza”, cabe rescatar que, discursivamente

hablando, el territorio predilecto de intervención del Estado es un proyecto de

construir espacios para configurar una red social integrada, proyecto para el

cual se proponen como herramientas de gestión a los CDR, los Centros

Integradores Comunitarios y los Promotores Territoriales.

La Política Social Integral se territorializa: MDS, CDR y Trabajadores

Sociales

La idea central en la nueva modalidad de abordaje territorial propuesta desde

el momento en que la Ministra Alicia Kirchner y su equipo asumen la gestión

del MDS durante el mandato de Néstor Kirchner, radica según puede leerse

en los diversos artículos oficiales publicados9, en la realización de acciones

coordinadas y la articulación conjunta —en aras de conformar una red social

que promueva el ejercicio de la ciudadanía y la participación de los actores

en la resolución de problemáticas sociales— entre el Estado, las

organizaciones/instituciones y comunidad, respetando las particularidades

locales de cada municipio, provincia.

8 www.desarrollosocial.gob.ar

9 Políticas Sociales del Bicentenario TOMO I y II del MDS, en: www.desarrollosocial.gob.ar

http://www.desarrollosocial.gob.ar/


21

Uno de los postulados de la nueva política social radica en salir del

escritorio para ir al territorio. Perelmiter (2012a, 2012b), por su parte, es una

socióloga que desarrolla un análisis interesante sobre el proceso que fue

configurando la territorialización de las políticas sociales, donde vislumbra

cómo el Estado, a través del MDS, comienza a incursionar asistencialmente

en los territorios, con la intención de ganar visibilidad en esos espacios

ocupados por las clases populares desafiliadas. Como bien lo expresa

Perelmiter, “en el marco de la territorialización de las clases populares

(Svampa, 2005; Merklen, 2005) y de la pérdida de visibilidad del Estado

nacional en la escena local de la asistencia, ganar proximidad territorial fue

un vector de reconfiguración política del lugar del Estado nacional en la vida

de las clases populares más desafiliadas. En ese sentido, fue un imperativo

político-organizacional de la burocracia asistencial” (Perelmiter; 2012a:1).

Ahora bien, es en ese espacio heterogéneo, relacional y multiactoral,

inscripto en el territorio local/barrial del que hablaran diversos autores como

Svampa (2005) y Merklen (2005), donde el CDR se insertará desde el año

2006 aproximadamente a partir de la necesidad del Estado por hacerse

presente y visible en “los territorios” sociales/populares a lo largo y ancho del

país. Así, puede leerse en la Web Oficial del MDS que “el proyecto nacional

asumido por el Gobierno a partir de 2003, emprendió el camino de la

recuperación política, social y económica del país de la mano de un Estado

activo, presente y promotor del desarrollo con equidad social, a través de la

política como principal herramienta para la transformación de la sociedad. En

este marco, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa políticas sociales

inclusivas para el desarrollo integral de las personas, su familia y su entorno,

fomentando la organización y la participación popular. Dos ejes centrales


22

guían la implementación de estas políticas en todo el territorio argentino: la

familia y el trabajo”.

Un primer acercamiento al territorio lo podemos realizar a través del

Organigrama del MDS, el cual nos coloca, al situar el espacio ocupado por

los CDRs10, en la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional, de la cual

depende la Subsecretaría de Abordaje Territorial, área a la cual se

encuentran supeditados los CDRs.

Históricamente hablando y como parte de la política social

kirchnerista, hacia el año 2004/2005 (Bazzalo, 2011) se aprobó la creación

de los CDRs desde donde se descentralizarían, además de otras

instituciones como los Municipios, los planes y programas sociales de

alcance nacional. Según el MDS, los CDRs funcionan como delegaciones

locales del nivel central, cuya forma de trabajo es articular políticas con los

gobiernos provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y

movimientos sociales en lo que se denomina Red Federal de Políticas

Sociales. Puesto que ningún actor puede trabajar solo, se necesitan construir

estrategias que recuperen los saberes y experiencias de todos y todas11.

Una aproximación a la constitución de los CDRs nos remite entonces,

como sostiene Bazzalo (2011), a los años 2004/2005 cuando el MDS

propone llevar a cabo cambios en lo ateniente a las políticas sociales,

orientándolas de ahora en más no hacia la fragmentación/focalización como

si hiciera en los años previos sino hacia la integralidad y lo territorial con la

consecuente presencia del Estado en todo el país a través de dichas

10

Ver Anexo Ubicación del CDR en el Organigrama del MDS. 11

En www.desarrollosocial.gob.ar/cdr/106

http://www.desarrollosocial.gob.ar/cdr/106


23

dependencias. Como sostiene la autora, “el objetivo del proceso es la

definición y construcción de este modelo integral de políticas sociales en el

territorio. Del análisis de situación de la gestión institucional-administrativa

del MDS y de la gestión de las políticas sociales surge la necesidad de una

definición política del territorio que brinde un encuadre estratégico de gestión;

coordinación a nivel nacional de las políticas sociales, y de los planes y

programas específicos, mayor articulación de técnicos, recursos, actores;

institucionalizar espacios de diálogo, reflexión y discusión (Bazzalo, 2011:

103).

Pero siguiendo a Perelmiter (2012a; 2012b) y si se tiene en cuenta

que el MDS históricamente no contaba con infraestructura propia

desperdigada en los espacios locales, puede observarse cómo esa

institucionalización de la asistencia en diversas delegaciones estuvo

destinada a propiciar la visibilización del Estado en el territorio nacional y en

la vida diaria de las personas, de ahí que en primera instancia se hiciera

hincapié en recepcionar, leer y diagramar las visitas domiciliarias para dar

respuesta a las famosas “cartas”. Asimismo y como parte de ese procesos

de visibilización territorial localizada, se institucionalizó mediante la sanción

de decretos, la creación de los CDR junto a los Centros Integradores

Comunitarios (CICs) y el Programa de Promotores Territoriales para el

Cambio Social (PTCS).

Esta propagación territorial de los CDR, similar al diseño radial de las

vías ferroviarias según puede observarse en la web oficial, ponderará como

zona principal del despliegue del Estado a la provincia de Buenos Aires, en

especial el cinturón del Conurbano Bonaerense. Mientras en el interior de la

Argentina hay un CDR por y en cada provincia, con excepción de Santa Fe

donde se encuentran dos, en el Conurbano Bonaerense —no así en la


24

CABA— proliferan en la mayoría de los distritos (como Avellaneda,

Presidente Perón, Tres de Febrero, Almirante Brown, Lomas de Zamora,

entre otros) conformando un colectivo profesional de aproximadamente 120

trabajadores sociales en territorio, según lo explicó uno de ellos. Asimismo lo

explica Perelmiter al sostener que “el Ministerio profesionalizó a su

funcionariado. Entre 2003 y 2007, la cartera triplicó su plantel de trabajadores

sociales.

La decisión de construir una burocracia enraizada al territorio, en

condiciones de disputar cercanía y afectividad en el vínculo asistencial,

estuvo en la base del proceso de valorización -simbólica y salarial- del

trabajo social en la práctica ministerial” (Perelmiter, 2012b: 317).

A esta altura muchos se preguntarán cuál es el territorio al que alude

la política social. Sólo se hará referencia brevemente a algunas cuestiones

interesantes. A modo introductorio y teniendo en cuenta el marco teórico que

se viene desplegando, podría decirse que la focalización en los territorios de

las clases sociales populares se fundamenta en la idea de un Estado Nación

moderno, donde la soberanía territorial se instituye —históricamente y desde

los tiempos de conformación de nuestro Estado—, en un principio político de

actuación tendiente a la homogeneización de lo diverso/insurgente dado que

pone en jaque el control y dominio del Estado dentro de sus propias

fronteras, de ahí que la soberanía sin territorialidad de la que hablara

Appadurai (1999) resulte inaceptable para la gobernabilidad. En este sentido,

cómo la biopolítica, el control político sobre los cuerpos, está presente de

manera subyacente en la formulación y ejecución de las políticas sociales en

cuanto buscan producir sujetos de derecho o derecho a ser sujetos —a partir

de aprehensiones estadísticas, aspecto fundamental en los Estados

modernos—. Es decir, se trata de políticas tendientes a diseñar formas

discursivas de poder y control sobre los focos territoriales de los sujetos

colectivos detectados en cuanto formas alternativas de organización,


25

representación y movilización surgentes en la década de los noventa y

principios del nuevo milenio. Políticamente el territorio podrá implicar

determinada concepción física/geográfica, soberana/focalizada, del mismo y

de lo que hay dentro de él.

Existen numerosos autores que analizan la implementación de

políticas sociales en espacios localizados, donde la condición para la

participación ciudadana en determinado programa —en cuanto beneficiario—

se reduce a límites territoriales visibles en lo geográfico, como ser de un

barrio o cuadra por ejemplo. Ejemplo de lo anterior está dado por Boccara

(2004), quien analiza el diseño e implementación de un proyecto de salud

complementaria construido desde el territorio Mapuche, entre el Servicio

Público de Salud Araucanía Sur y la Asociación Mapuche Newen Pu

Lafkenche de Carahue, Chile. Así también lo describen, Kowerwein y

Doudtchitzky (2007), al desarrollar el caso de la entrega de microcréditos a

partir de un análisis comparativo de la implementación de una política social

a nivel local, conocida comúnmente con el Banco Popular de la Buena Fe.

En este caso, dichos autores se detienen en la relación que se establece

entre quienes otorgan el crédito y quiénes lo reciben, siendo que estos

últimos deben estar dentro de los límites territoriales/barriales definidos y

aceptados para ser beneficiarios de la política social en cuestión.

Pese a lo anterior y el debate del cual puede ser objeto, debemos

tener en cuenta la presencia de múltiples territorios donde interviene el

Estado —a través de los CDR— tanto como los múltiples actores que

transitan esos lugares. En este sentido, se propone comprender al territorio

de la intervención comunitaria como campo problemático, cuestión que

retomaremos al final del trabajo, tal como lo entiende Ortiz (1996) en cuanto

“conjunto de planos atravesados por procesos sociales diferenciados” (Ortiz,


26

1996: 60), distanciándonos de la concepción geofísica del espacio y, también

podría agregarse, del territorio en términos de “gueto” al decir de Bauman

(2003), es decir, en tanto espacios de confinamiento espacial y social, o

barrial para ser más gráficos. Por lo tanto, se destaca no el aspecto

cartográfico del espacio sino las fuerzas sociales que circulan por él y el

entramado de diversas espacialidades y relaciones de poder entre esas

fuerzas sociales posicionadas en disputa por capitales económicos, políticos,

simbólicos (Bourdieu y Wacquant, 1995). En resumidas cuentas, “el lugar

sería entonces el entrecruzamiento de diferentes líneas de fuerza en el

contexto de una situación determinada” (Ortiz, 1996: 64).

En relación a lo antedicho, es conveniente comprender al poder en

términos relacionales e históricos, en la forma planteada por Foucault (1978;

1991). También se comparte la idea de Ferullo de Parajón, para quien la

participación se torna en un ejercicio de poder. Consecuentemente, pensar

en términos relacionales es analizar las relaciones desiguales en la

participación (Poggiese, 1993) a la hora de definir y proponer acciones para

las problemáticas vividas por parte de los diversos actores, potenciando la

cualidad de agencia y empoderamiento de los mismos, promocionando la

capacidad de ejercer el poder de manera democrática, es decir participando

activamente, facilitando la circulación del poder por todo el entramado social

y deconstruyendo la idea de que sólo unos pocos pueden tener acceso al

poder.

Como sostiene Tomassini (1995), si el poder no está al servicio de una

realidad o idea, no crea nada, de modo que el poder se ejerce participando

en los diversos espacios comunitarios en torno a un proyecto colectivo

orientado a transformar las situaciones vividas. El poder atraviesa todas las

relaciones humanas (Montero, 2004), de ahí la necesidad de fortalecerlas y


27

potenciarlas de manera participativa y democrática en los espacios de

intervención, donde cada uno de los actores partícipes puedan desarrollar

conjuntamente sus capacidades y recursos, para lograr la transformación de

su realidad, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. Es meritorio

aclarar que más allá de comprender que el poder circula, no hay que dejar de

lado las concepciones nativas de algunos actores con los que se interactúa y

que tienen otros supuestos subyacentes en la producción de poder —como

atributo, como una cosa que se posee y se ramifica desde un centro

intencionalmente a partir de determinados anclajes en ciertos espacios y

campos sociales ofuscando la participación democrática—.

Intervención Comunitaria como campo problemático

En este punto se preguntarán en qué consistirá el campo problemático de la

intervención comunitaria. Al respecto, repasemos lo visto hasta ahora.

Comenzamos nuestro recorrido presentando los postulados generales y la

historicidad de la política social. A continuación se le dio paso a la política

social —en cuanto marco político ideológico que da respuesta a la cuestión

social del momento histórico que se trate—, la cual fue tomando cuerpo con

la delineación de las orientaciones actuales, que serán retomadas en el

capítulo siguiente para describir y analizar dos situaciones de campo, cada

una con sus particularidades, pero ambas insertas en el territorio de la

política social contemporánea. Luego veremos cómo cada territorio de

intervención profesional desde los CDR presenta cualidades que lo

distinguen de otros y cómo en cierto sentido, se trata de una construcción

colectiva de espacios sociales. Por otro lado, en lo que resta del presente

capítulo se propone reflexionar críticamente sobre la intervención profesional

comunitaria —siempre teniendo en cuenta el territorio de la política social—,


28

como campo problemático que se inserta en dichos espacios de disputa y

tensión entre diversos actores, el Estado y la comunidad principalmente.

Así, podremos observar como la intervención profesional comunitaria,

orientada a la promoción de la ciudadanía y a la autonomía en la toma de

decisiones para la transformación, adquiere matices propios según las

características del territorio donde se desarrolle, sin dejar por eso, de

fundamentarse —teórica y prácticamente— cada una de las acciones

emprendidas para modificar cierta realidad, cualidad del Trabajo Social.

Como lo expresa Rozas Pagaza, toda intervención se fundamenta en un

conjunto de conceptos que guían el accionar del profesional” (Rozas Pagaza,

2005: 61). A su vez, la necesidad de la mediación se redescubre en cada

espacio social transitado, sea desde la intervención como desde la

investigación. Las realidades que enfrentamos no son llanas ni simples, por

el contrario, presentan un nivel de complejidad que requieren de

herramientas complejas para su aprehensión mediatizada, es decir, que nos

permitan dar cuenta de las múltiples relaciones entre lo singular, particular y

universal. El Trabajo Social, de acuerdo a diversos autores (Rozas Pagaza,

2005; Mendoza Rangel, 1986; Iamamoto, 1999), se encuentra en ese

espacio relacional y complejo, intersectado por tensiones que provienen

desde diversos campos públicos/privados, políticos, económicos, sociales,

culturales, ideológicos.

Para Mendoza Rangel (1986) el posicionamiento del profesional en la

intervención se encuentra en la interacción que acontece entre las

necesidades del sujeto, las disciplinas que dan respuestas, el Estado y las

políticas que el mismo despliega, y las instituciones que brindan servicios.

Como lo explica la autora, “el trabajo social ha definido que su acción

profesional está ubicada en el ámbito de la política social y que una de las


29

tareas fundamentales que el Estado ha definido para nosotros, es la de

conocer las necesidades de la población, para opinar, definir o analizar el

otorgamiento de los servicios” (Mendoza Rangel, 1986: 70). Ahora bien, este

posicionamiento en el espacio colectivo desigual, en el meollo mismo de la

cuestión social, debe ser un medio desde el cual promover acciones

fundamentadas tendientes al respeto y ejercicio de los derechos humanos.

El CDR, en este sentido y como cualquier otra institución pública/privada,

puede contribuir con tal ideario que, más que ideario, resulta una necesidad

indispensable del hacer/pensar el Trabajo Social en todas sus dimensiones

—teórico/práctica, operativo/instrumental, ético/política—. Los trabajadores

sociales que realizan su quehacer cotidiano en dicho espacio, cuentan con

un espacio de libertad para promover acciones de índole comunitaria, aun a

cuentas de enfrentarse a intereses monopólicos políticos y económicos.

Como bien es sabido, el ejercicio profesional y por ende, la condición del

trabajador social en cuanto asalariado, no es ajeno al desarrollo capitalista,

como sostiene Iamamoto “as condiciones e relacoes de trabalho do

assistente social sofrem impactos diretos do conjunto das transformacoes

operadas nas esferas privada e estatal, que alteram as relacoes entre o

estado e a sociedade… os assistentes funcionários públicos vem sofrendo os

efeitos deletério da reforma do estado na órbita do emprego e da

precarizacao das relacoes de trabalho” (Iamamoto, 1999: 119). Sin embargo,

esa cualidad del Trabajo Social lejos de instituirse en una limitación a la

acción transformadora, se instituye en una potencialidad para impulsar

estrategias de cambio socio-comunitario. Nos debe permitir mediar entre los

diversos actores, beneficiando a los sectores más desprotegidos y

vulnerados, brindándoles para ello herramientas que viabilicen el ejercicio de

los derechos.


30

Por su parte, la intervención comunitaria como campo problemático

propone pensar el rol del Trabajo Social desde la mediación e inserto dentro

del entramado de la realidad social, compleja y multicausal, realidad que nos

interpela constantemente en el ejercicio profesional. No hay recetarios

metódicos que nos indiquen cómo posicionarnos y actuar en cada espacio.

Cada intervención debe procurar construir formas de aprehensión y

resolución de conflictos acordes a la complejidad de las situaciones que se

presentan. En este sentido, el Trabajo Social debe permitirnos dar cuenta de

la polifónica realidad en la que se interviene, no de forma apriorística, sino

reflexiva y crítica, de ahí la necesidad de “construir nuevas categorías que

permitan mostrar una realidad persistente y múltiple”, sin olvidar que “la

función de mediación no es hablar de otros sino mostrar las contradicciones

de los discursos” (Matus Sepúlveda, 1999: 19/67).

Emulando a Cavalieri (2008) cuando discute el término de problemas

sociales y propone el de situaciones problemáticas, la intervención

comunitaria debe ser comprendida desde los CDR como un espacio que se

instituye en una realidad dialéctica donde se presentan las manifestaciones

de la cuestión social, inmersa en territorios atravesados por múltiples

intereses —del Estado, de los actores sociales como vecinos, organizaciones

no gubernamentales, partidos políticos— y dimensiones encumbradas

históricamente—económicas, políticas, sociales, culturales—, que adquieren

determinadas particularidades, de ahí la necesidad de aprehenderlas desde

la mediación, desde esa interacción que se da entre lo singular y universal,

tanto como entre la teoría y empiria. Es así que, siguiendo a Aquín (2004), “la

esfera comunitaria de nuestra intervención aborda específicamente los

obstáculos que ciertos sectores presentan para reproducir su existencia,

particularmente en la dimensión pública de la reproducción cotidiana. La

imposibilidad de resolución individual de ciertas necesidades, determina la


31

creación de un espacio social donde las dimensiones de lo público, lo privado

y lo estatal se entrecruzan de distintos modos y con distintos grados de

formalización, al interior del espacio público societal” (Aquín, 2004: 119).

Partiendo de las necesidades colectivas que se encuentran en los múltiples y

complejos territorios de intervención y que en la problemática bajo análisis

algunos de ellos coinciden con el territorio de la política social —donde el

Estado se hace presente a través de los CDR—, urge transformar esas

necesidades en medios para la organización y movilización so pretexto de

promover el ejercicio de la ciudadanía. Al respecto, se comparte con Aquín

(2004), las cualidades que debe tener el Trabajo Social comunitario. Por un

lado, debe estar orientado a la acción instituyente de ciudadanía en los

espacios de intervención insertos en los intersticios de la interacción entre

estatal y societal, sin dejar de lado la necesidad de articular con otros

espacios que trasciendan las limitaciones, segregaciones y asilamientos que

implican los localismos —guetos para Bauman (2003), barrios para Merklen

(2005)— en aras de fortalecer la acción de las comunidades con las cuales

se trabaja. A su vez, la intervención debe contribuir a sostener procesos que

sustenten —en el tiempo y en el espacio territorial— la igualdad de

oportunidades, la justicia y la libertad en el ejercicio de todos los derechos de

los sujetos. Finalmente, lo anterior debe estar inscripto en el paradigma de la

participación democrática, aspecto abordado en el apartado anterior. En

resumidas cuentas y en sintonía con Barbero y Cortés (2005) se trata de

construir “sujetos sociales, nuevos agentes colectivos y/o nuevas estructuras

de relaciones entre ellos que permitan encarar la transformación de

situaciones colectivas” (Barbero y Cortés, 2005: 18), transformación

asentada en la autonomía a la hora de tomar decisiones y emprender

acciones, siendo que el rol de los trabajadores sociales es promover y

acompañar esos procesos colectivos.


32


33

CAPÍTULO II

¿Lo comunitario en los CDR, la integralidad focalizada o la

focalización de la integralidad?

El capítulo anterior pretendió contextualizar la política social en territorio

desde algunos conceptos teóricos e históricos fundamentales que le dan

sustento para comprender, en lo que resta del trabajo, los escenarios de

actuación profesional. En el capítulo presente se intentará dar cuenta de la

construcción del campo de intervención comunitaria —como campo

problemático— en los espacios creados por el MDS, los CDR, a partir de dos

casos concretos, donde se realizaron entrevistas, observaciones

participantes y no participantes. Antes, se detallan algunas consideraciones

acerca de las modalidades de intervención profesional en los CDR.

Trabajadores Sociales e intervención profesional en los CDR

Como se anticipara anteriormente en la nueva política social territorializada

se le dio un lugar preponderante al colectivo de trabajadores sociales dentro

del MDS en general y de los CDR en particular, locus donde nos

detendremos en los párrafos siguientes.

Los CDR observados, están ubicados en el Conurbano Bonaerense,

situados uno en Zona Sur y el otro en Zona Oeste. Por cuestiones de respeto


34

a la identidad de quienes prestaron su tiempo y abrieron sus puertas para

conocer la “cocina” de las intervenciones profesionales, no se darán datos

personales ni direcciones para no comprometer ni juzgar sus trabajos,

apelando en su lugar al establecimiento de nombres ficticios en caso de ser

necesario.

Recapitulando la historicidad de los CDR y a partir de lo recabado en

el campo, podría decirse que los mismos son delegaciones creadas por el

MDS con la finalidad de descentralizar los programas sociales12 en territorios

delimitados específicamente para eso.

Por su parte, los Equipos Técnicos de los CDR, están constituidos por

trabajadores sociales, quienes articulan con vecinos y demás instituciones

presentes en los territorios de actuación. Si bien cuentan con una oficina

donde organizan cronológicamente las actividades a desarrollar y algunas

reuniones con referentes, la mayor parte del tiempo transcurre en “territorio”,

barrios e instituciones, según pudo observarse y de acuerdo a lo comentado

por una trabajadora social durante una entrevista. Como lo expresara otra de

ellas, los lineamientos de intervención pueden ser de índole asistencial —

relevar para entregar un recurso— o comunitaria —organización de algún

proyecto comunitario para solucionar determinada necesidad colectiva—,

aspecto este último surgido, en los dos CDR visitados, por el interés del

colectivo de trabajadores sociales y no por disposición del MDS, según

explicaron.

Una de las cuestiones sobresalientes del CDR Sur —y que en el

Oeste no manifestaron estar sujetos— recaló en estar subordinados a dos

12

Ver Anexo de Planes y programas Sociales del MDS descentralizados desde el CDR.


35

tipos de coordinación: una política y otra técnica. Para comprender la lógica

de funcionamiento se invita a pasar revista a uno de los casos para ir

visualizando, entretanto, la construcción del espacio de intervención y los

conflictos emergentes.

Intervención Comunitaria en el CDR Sur

En los inicios del año 2010, cuando comenzaron las prácticas relativas al

cumplimiento curricular facultativo, la referente13 de una Organización

(“ORG”) —partícipe en la toma y organización de un asentamiento de

reciente conformación—, junto con la coordinación política del CDR Sur,

determinan dos líneas de acción que el Equipo Técnico debería efectivizar

sobre la población residente: por un lado, relevamientos familiares y, por el

otro, organización comunitaria (Informe de Actuación Profesional, 2010). Por

su parte, el término “referente” merece ser explicado para comprender el

sentido al que se remitirá el presente trabajo.

El concepto de referente hay que entenderlo en términos de

“mediador” al decir de Trotta (2003), quien analiza las transformaciones del

clientelismo político. En su libro, dicho autor refiere por mediador a aquellas

personas que estando en los barrios se encuentran en una posición bisagra

13

En el desarrollo del trabajo la “referente” de la ORG será nominada en esos términos, tal como lo hacía el Equipo Técnico de Trabajadores Sociales, dado que era un actor con injerencia en el asentamiento. Fue ella quien presentó al Equipo ante los residentes del barrio. Además, en una oportunidad, pudo observarse cómo dicha referente resolvió un problema de nación contactándose con funcionarios del nivel municipal para que atendieran en el hospital a una mujer de urgencia y que no pudo ser tratada en el tráiler de salud de nación porque el mismo nunca asistió al barrio programado. Con esto quiere resaltarse el vínculo que tenía el Equipo con la referente, a quien conocían de antemano y qué posicionamiento tenía la referente en el territorio.


36

entre los funcionarios políticos de mayor nivel —en nuestro caso,

representantes de los niveles municipales y nacionales— y la población,

asentándose el vínculo con la población en una relación asimétrica de dones

y contra-dones, es decir, recursos materiales a cambio de lealtades políticas.

A modo de ejemplo, en dos oportunidades, las reuniones de encuentro con

los residentes del asentamiento se vieron suspendidas una vez que llegamos

al campo mismo porque la mayor parte de los participantes, seguidores de la

“referente” de la ORG, tuvieron que acompañar a la misma a un acto público

en la ciudad de La Plata, según manifestaron unos vecinos. Trotta menciona

que “quien se erige en referente o mediador en el ámbito barrial es uno de

los vecinos cooptados por el funcionario político inserto en la burocracia

estatal; esto garantiza que quien oficia de terminal en el lazo clientelar de

parte del patrón sea visto como uno más y no como alguien del afuera del

entorno barrial” (Trotta, 2003: 128). En nuestro caso cabe aclarar que la

referente barrial y coordinadora de la ORG no vivía en el barrio, pero, según

pudo constatarse de acuerdo al relato de varios vecinos, a ella recurrían

cuando se presentaban inconvenientes en el barrio o se necesitaban

recursos del Estado, quien, por su parte, no podía intervenir directamente por

la “ocupación ilegal” de las tierras, según lo expresó una de las trabajadoras

sociales. Por demás, cuando en el presente trabajo se aluda a la “referente

de la ORG”, se lo hará bajo la concepción precedente, donde el entramado

relacional coloca al mediador en una posición que le permite administrar

territorios y lealtades a partir de la distribución de recursos a corto (chapas,

frazadas) y largo plazo (promesa de títulos de propiedad, por ejemplo).

Con relevar, en el CDR se hacía mención a la entrevista sita en el

domicilio de quienes figuraban en un listado entregado por la ORG —

entiéndase la “referente”— para participar de los Programas de Ayudas


37

Urgentes y Emprendimientos Familiares, programas14 que se entregan por

única vez.

Los relevamientos familiares se realizarían a partir de un listado

cedido por la referente de la ORG que antes se mencionara. Asimismo, el

Equipo Técnico del CDR había definido criterios profesionales de selección

para la entrega de los recursos en el asentamiento, como ser problemas de

salud, habitacionales, residir permanentemente en el lugar, aspecto, este

último, que ocasionó algunas tensiones dado que en el listado proporcionado

figuraban familias que ya habían sido relevadas en otros barrios años

previos, razón por la cual se solicitó una nueva lista. Este dato no es menor,

porque el territorio de intervención bajo modalidad asistencial estuvo definido

simultáneamente por lo geográfico y político, ya que, técnicamente, sólo

serían relevadas las familias que vivían permanentemente dentro del

asentamiento y de buenas a primeras, fue designado como territorio a

intervenir por la Coordinación Política en conjunto con la referente de la

ORG.

Como puede observarse, bajo la línea de intervención asistencial

enmarcada dentro del espacio del CDR y de tinte asistencial por centrarse en

la “carencia de”, subyace la continuidad de la focalización en cuanto política

social que sigue vigente dentro de un modelo que se presenta como integral

e inclusivo en el territorio. Pero además, resulta focalizada porque está

dirigido a las clases populares que han quedado desafiliadas, pululando de

un Plan a otro hasta ser integradas a uno de ellos. En la situación bajo

análisis la continuidad de la focalización se vislumbra en el relevamiento

familiar dentro del asentamiento y la entrega —bajo el programa por única

14



38

vez de “Ayudas Urgentes”15 — de chapas, colchones y frazadas a

determinadas personas, en su mayoría partidarios de la referente de la ORG.

Por otro lado, como puede premonitoriamente verse en el territorio

bajo análisis, lo técnico —equipo profesional— y político —referente de la

ORG— configuran un entramado institucional/territorial interesante que ya de

entrada muestran tensiones entre sí en el campo de intervención estatal,

dadas por los conflictos entre las formas de selección/asignación de recursos

—intervención profesional vs clientelismo político— y las formas de

participación —democrática vs autoritaria—.

Es en el territorio mismo donde puede visualizarse la tensión entre lo

técnico/político tanto como la pugna por delimitar los espacios por parte de

los diversos actores presentes en el escenario, de ahí de la necesidad de

considerar que, más allá de los discursos político ideológicos oficiales que

fluyen en torno a las políticas sociales en territorio —singularidad tendiente a

negar la pluralidad—, no existe un territorio sino múltiples formas de

transitarlo, lo cual nos lleva a pensar que resulta más apropiado hablar de los

territorios como espacios atravesados por fuerzas sociales.

Podría entonces argumentarse que ese territorio designado

verticalmente para la actuación horizontal del equipo profesional deja al

descubierto cómo el territorio mismo se instituye en un campo problemático a

intervenir, ya que esa indefinición provista por la singularidad en su

definición, es el locus que permite la delimitación del territorio de acuerdo al

posicionamiento ocupado frente a él y a la intencionalidad de las acciones

15



39

emprendidas sobre él. En ese sentido, es dable entender por qué las

tendencias políticas y técnicas entran en conflicto.

Volviendo al relato, si bien el nuevo listado nunca llegó, el equipo

asistió al barrio para realizar el relevamiento, el cual se vio truncado por la

interrupción de la referente de la ORG, quien acompañaba al equipo a la

hora de relevar. Cabe remarcar que al tiempo que se proponían los

relevamientos familiares, la Coordinación Política gestionó e hizo entrega a la

organización de diversos recursos como chapas, frazadas y colchones, los

cuales fueron repartidos entre los miembros pertenecientes a la ORG. El

territorio delimitado consistió en un indudable clientelismo político, propiciado

desde el interior del mismo MDS por medio de la Coordinación Política,

obviando a la Coordinación Técnica. Así, la articulación horizontal propuesta

por el MDS entre los múltiples actores se vio ofuscada por la apropiación

vertical del territorio ya que las chapas, frazadas y colchones “bajaron” por un

acuerdo político donde el Equipo Técnico y demás

organizaciones/instituciones presentes en el barrio no participaron.

La construcción del territorio a intervenir, al estar compuesto por

múltiples fuerzas que lo van configurando, es objeto de definiciones no sólo

conceptuales sino también de actuación, apropiación, según los supuestos

acerca del poder que maneje cada actor interviniente. Sintéticamente

hablando, tanto políticos como profesionales definen con sus prácticas el

territorio a intervenir, relevar, imponiendo diversos juegos de poder (Matus,

2007). Así, por ejemplo, la referente de la ORG busca monopolizar el control

sobre los individuos mediante el ejercicio de un poder políticamente

autoritario y vertical. A diferencia de esto, el equipo técnico con su saber

fundamentado científicamente y a partir del poder comprendido en términos

relacionales, pretende construir comunidad, participación democrática,


40

promocionando la ciudadanía como derecho del sujeto por el simple hecho

de ser sujeto y no un partidario, seguidor de alguna tendencia/referente de la

ORG.

Esta “bajada” del Estado a través de dos lineamientos, uno fundado en

el consenso (participación democrática desde la promoción comunitaria del

CDR) y otro en la coerción (desde el posicionamiento y accionar de la

referente de la ORG), nos hace pensar en su institución como hegemonía

(Portantiero, 1981) que se revela en la vida cotidiana mediante diversos

mecanismos, discursos contradictorios, en este caso, a través de las políticas

sociales en territorio, circunscriptas a determinado colectivo social, los

residentes del asentamiento. El poder político entonces confronta con el

poder fundamentado técnicamente, aspecto anticipado por Weber (1967),

quien reserva el término político para referir al Estado como esa “comunidad

humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el

monopolio de la violencia física legítima” (Weber, 1967: 83), utilizando para

tal dominación la obediencia de la población hacia quienes creen portar el

poder legítimo y el poder de disposición de los funcionarios administrativos y

de los recursos materiales. Es decir que, “para el mantenimiento de toda

dominación por la fuerza se requieren ciertos bienes materiales” (Ídem.: 88)

Los criterios establecidos profesionalmente compiten y caducan ante

los criterios políticos de selección, aspecto abordado por Pantaleón (2005),

cuando describe cómo la dicotomía de lo técnico y político presente para el

caso de la Secretaría de Desarrollo Social en Salta se intensifica, justamente,

en uno de los momentos claves del quehacer cotidiano del programa:

Registrar la demanda bajo el carácter “urgente y sugerir la entrega de los

materiales pedidos. Para los profesionales no militantes, si no se cumple con

los criterios que consideran como los legítimos para declarar la carencia y la


41

necesidad (criterios aprendidos en la formación profesional), el registro se

transforma en una acción política, y por tanto, inválida. Por su parte, en la

perspectiva de los políticos y técnicos militantes, la política es positiva, ya

que intervienen los criterios de pertenencia al grupo partidario y un proyecto

común a realizar. Y el “realizar” habla de los tiempos políticos que tienen más

premura que los tiempos técnicos” (Pantaleón, 2005: 48).

La vertical y conflictiva “bajada” de los recursos, a través de la gestión

y administración de los programas de índole asistencial descentralizados en

los territorios con la mediación de la referente de la ORG, en una

simultaneidad contradictoria visibilizada en la horizontalidad

participativa/colectiva propiciada por el equipo técnico del CDR, deja entrever

los conflictos emergentes que configuran el campo problemático de la

intervención comunitaria en el territorio de la política social, ese intersticio

entre el Estado y la sociedad.

En cuanto a la organización comunitaria —realizada en forma paralela

a los relevamientos familiares—, la misma comenzó su proceso en el espacio

físico de funcionamiento de la ORG, quien se había ocupado de la entrega

de chapas, frazadas y colchones. Cabe aclarar que siguiendo a Barbero y

Cortés (2005) y en el sentido compartido por el Equipo Técnico según lo

expresaran en entrevistas y en los espacios de los CDR, la intervención

comunitaria es una forma de abordaje mediante la cual se busca modificar

colectivamente determinada situación problemática común al colectivo por

medio de tres procesos: la concienciación (identidad), organización y

movilización, siempre y cuando se promocionen el ejercicio de la ciudadanía

y la autonomía de los actores para la toma de decisiones y acciones respecto

a los problemas visualizados y viables de solucionar, aspectos tenidos en

cuenta en este segundo lineamiento —organización comunitaria—.


42

Cada quince días el Equipo Técnico asistía al territorio designado,

convocando a todas las instituciones/organizaciones/vecinos presentes en el

barrio con la intención de ampliar la participación y hacer un diagnóstico

situacional de las problemáticas en aras de construir futuras líneas de acción

que propiciaran la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía, según lo

expresaron las trabajadoras sociales en las entrevistas realizadas.

En ese espacio colectivo, comienza entonces a definirse el territorio de

intervención en forma conjunta, tal como lo sostiene la nueva Política Social.

Pero ese territorio comunitario en construcción estaba gestionándose dentro

del territorio singular, geográfico y político de la referente de la ORG, quien,

además de “prestar” su territorio —el terreno y tinglado de la ORG— imponía

sus propias reglas para participar y designar las voces que podían hablar.

Por ejemplo, se ocupaba de “fortalecer” a los vecinos que veía como

potenciales referentes, incentivándolos a asistir a diversas reuniones

barriales. Obviamente, esa tensión en la delimitación territorial y confluencia

de diversas fuerzas en el territorio, donde se entrecruzaban dos lógicas de

intervención paralelas, socavaría el proceso de organización comunitaria,

algo que el MDS avaló porque nunca tomó medidas al respecto a sabiendas

de lo que sucedía según puede constatarse en el Informe de Actuación

Profesional (2010), donde quedaron registrados los conflictos que culminaron

con el proceso de organización por pedido de la referente y la Coordinación

Política.

Por otro lado, es justamente en este momento donde nos insertamos

como estudiantes de Trabajo Social por un convenio entre la Universidad de

Lanús y la Coordinación Técnica del CDR. Desde la llegada al campo se

participó del proceso de organización, asistiendo a la asamblea barrial, un


43

espacio donde los vecinos e instituciones/organizaciones podían expresar

sus inquietudes, debatir los problemas y las formas de resolverlos sin estar

sujetos al control unidireccional de la referente de la ORG. En relación a esto

último y siguiendo a Menéndez (2006), la participación más que un fin en sí

misma debe ser un medio relacional que conlleve la organización,

movilización, democratización de la comunidad, generando un campo de

autonomía tanto a nivel sujeto como grupal. Como sostiene dicho autor,

debemos pensar la Participación Social como un mecanismo para

construir/reconstruir la identidad, como un ejercicio donde los sujetos pueden

experimentar su propio poder y sus posibilidades de acción (Ídem.: 61),

proyectando la sociedad que desean alcanzar. Ahora bien, mediante esas

reuniones quincenales que luego se volvieron semanales, comienza a

construirse un escenario participativo donde el Equipo Técnico es un actor

más que interactúa con vecinos y organizaciones en aras de realizar una

acción conjunta en torno a un objetivo común a todos. Así, la feria

comunitaria, inmersa en la Gestión Asociada —aspecto a tratar en el próximo

apartado— es propuesta bajo los objetivos de: generar un ingreso económico

a las familias participantes, facilitar el intercambio de productos-servicios

dentro del barrio y fortalecer la participación y organización barrial (Acta

Acuerdo de la Feria).

En cuanto a la modalidad de la asamblea barrial merece destacar que

la misma buscaba propiciar la participación de todos los actores presentes en

el barrio, apartándose de la adhesión partidiaria que podían presentar otras

organizaciones como la ORG, por ejemplo. En este sentido, las

convocatorias se realizaban con anticipación y mediante la “pegatina” de

folletos con el día, hora y lugar de encuentro, así como también con llamados

telefónicos que se realizaban desde la oficina del CDR a todas las personas

que habían estado en la última reunión. Una vez en la asamblea, se procedía


44

a armar un círculo con los presentes, pidiéndose que se presentaran en cada

encuentro los nuevos participantes. Asimismo, cuando alguno de los actores

cooptaba la palabra, alguna de las trabajadoras sociales intervenía para

moderar y darle lugar a otras personas.

En una de esas reuniones quincenales, la referente de la ORG

comenta una experiencia de trabajo comunitario, donde los vecinos de otro

barrio organizaron una feria, cuestión que fue apropiada con entusiasmo en

el asentamiento. De ahí en más las reuniones, ya sin la presencia de la

referente de la ORG, girarían en torno a la definición de los objetivos de la

feria, requisitos para poner un puesto, participantes, rubros.

Como puede observarse, esta modalidad de intervención horizontal se

inscribía dentro de los parámetros de la Política Social actual, aunque el

escenario construido por el Equipo Técnico se contraponía, al propiciado

focal y verticalmente por el MDS a través de la referente de la ORG. De ahí

la importancia de hablar de territorios y no de territorio. El territorio de

intervención técnico-profesional fue construido colectivamente mediante

asambleas comunitarias, pero sin embargo la designación del territorio/barrio

—donde “las chicas de Nación” iniciaron el proceso de organización

comunitaria— había sido establecida verticalmente a través de la

Coordinación Política y la referente de la ORG, quien tenía contactos con

referentes del MDS y el Municipio. En este caso, los referentes eran

personas con cierto poder decisorio en las instancias estatales con las cuales

se vinculaba la referente de la ORG para obtener recursos y coartar la acción

colectiva. Al parecer, a la hora de implementar las políticas sociales en el

territorio nacional, persiste la estructura neoliberal de clientelismo y reducción

de “los pobres” a sus cotos de existencia cotidiana (Cardarelli y Rosenfeld,

1998), el barrio o los guetos reales al decir de Bauman (2003). Todavía


45

subsisten vestigios del modo en que se implementaron las políticas sociales

durante el neoliberalismo en su máxima expresión.

Hasta este momento el proceso de organización comunitaria fue

desarrollándose “normalmente”. Sin embargo, una semana antes de la

inauguración de la feria terminó por estallar el conflicto latente en una

reunión dentro de la oficina del CDR. De esta manera, las tensiones

provocadas por la simultaneidad de intereses en el territorio acabarían

desterritorializando al Equipo Técnico del asentamiento.

Según contó una de las trabajadoras sociales, el clima de esa reunión

fue violento, llegándose a los gritos. Es así que la referente de la ORG

decidió, con el consentimiento de la Coordinadora Política presente en la

reunión, que el Equipo Técnico se retirara del asentamiento, que se “corriera”

de la actividad (Informe de Actuación Profesional, 2010), teniendo que

entregar todo lo trabajado hasta el momento (acta acuerdo, credenciales

identificatorias para los puesteros, listado de rubros y responsables de los

puestos). De este modo, la referente de la ORG pasa a hacerse cargo de la

feria en “su” territorio, en el territorio de la Política Social. Como lo explicó

una de las trabajadoras sociales, la construcción de un territorio/escenario

participativo en el asentamiento —entre el Equipo Técnico, vecinos,

instituciones, organizaciones—, dijo la referente de la ORG en esa reunión,

no sólo no “fortaleció” a la ORG sino que la “debilitó”16.

16

En el Informe de Actuación Profesional (2010) puede apreciarse lo siguiente: “durante dicho encuentro la Sra. Referente, manifiesta su disconformidad con el trabajo técnico profesional realizado en el Barrio, aludiendo que se generó un “conflicto político” a raíz de la actuación profesional. Se explicita también (entre otras cosas) que las profesionales no sólo no fortalecieron a la ORG sino que además la “debilitaron”. Este análisis compartido entre la coordinación política y la referente (propuesta por la Sra. Referente y avalada por la Coordinación Política), conduce a la decisión irrevocable de impedir la participación del equipo en la actividad… La coordinación sostiene su decisión y define que el equipo “se


46

Por otro lado, en otra reunión con la Coordinadora Técnica y el Equipo

del CDR, se dejó en claro que las estudiantes podríamos ir a la feria porque

la referente de la ORG así lo avaló. Sin embargo, decidimos no acudir el día

de la inauguración para no aumentar el conflicto, dado que inevitablemente

nos asociarían a “las chicas de nación”, como llamaban los vecinos a las

trabajadoras sociales del MDS.

El sábado siguiente a la inauguración asistimos con una compañera a

la feria por única y última vez porque no fuimos bienvenidas, a pesar de que

teníamos el “permiso” de la referente de la ORG. Recordemos que se había

acordado que nosotras no éramos parte del conflicto y que podríamos ir al

asentamiento cuando quisiéramos.

Una vez en la plaza donde estaba levantada la feria, hicimos un

saludo en general y recorrimos algunos de los puestos buscando a un vecino

para entrevistar. Claramente eso no gustó y fuimos identificadas con “las

chicas de Nación”. Permanecimos unos minutos más y nos retiramos para

nunca volver por sugerencia de la cátedra y la Coordinación Técnica del

CDR. Con el tiempo nos enteramos que la feria no prosperó y se disolvió.

Como puede extraerse del relato anterior, el territorio, en cuanto

espacio de fuerzas que lo atraviesan y configuran, es también, por tanto, un

locus17 de confrontación y disputa de poder que busca limitar o expandir la

participación de los múltiples actores sociales en tanto ciudadanos

portadores de derechos o individuos carentes en todo sentido.

corra” y entregue todo lo trabajado hasta el momento a la referente de la ORG quien se responsabiliza de la ejecución de la tarea”. 17

La palabra “locus” proviene del latín y significa lugar, en ese sentido es utilizado en el siguiente trabajo.


47

Constantemente hay conflictos que despierta la intervención.

Constantemente intervienen conflictos que interrumpen la intervención. Hay

entonces: territorios de sujetos objetos de las políticas sociales que siendo

“integrales” y con aspiraciones “universalistas” terminan focalizándose en los

bolsones de pobreza en cuanto potencial beneficiario de un subsidio y sujeto

pasivo; hay territorios de sujetos políticos que tienen sus propias reglas de

juego; hay territorialidades; hay territorios de intervención o de no

intervención; hay territorialización de planes y programas que “bajan” a los

barrios; hay objetos que bajan para los sujetos. Pero también hay territorios

dispuestos a constituirse en espacios colectivos re-orientando lo focal hacia

lo integral.

Lo comunitario en el CDR Oeste

En el presente apartado, se pretende dar cuenta del segundo caso

seleccionado, una experiencia de conformación de una mesa de red entre

cooperativas en el CDR Oeste, donde se asistió a sus primeras reuniones en

la oficina del mismo, además de participar en encuentros con instituciones,

un taller de emprendedores y en entrevistas con cooperativistas en la sede

de sus respectivos trabajos.

Una de las diferencias sobresalientes respecto al CDR Sur recayó en

que la distinción entre Coordinación Política y Técnica en este territorio no

tenía vigencia según comentó una trabajadora social. Pero en sintonía con el

CDR Sur, también expresaron que la experiencia comunitaria surgió por

interés del equipo técnico y no por sugerencia del MDS. Por otro lado, el

trabajo en la oficina a puertas abiertas o cerradas resultó distinto y,

consecuentemente, tal postura adquiere resultados disímiles. Así, mientras


48

en el CDR Sur las puertas permanecían cerradas para los actores en

general, en el Oeste, las puertas estaban abiertas y variadas reuniones de

tipo asamblearia e individual se realizaban en su interior. Sobre este punto se

trabajará en los siguientes párrafos para comprender cómo los territorios de

actuación, el territorio de la política social, se instituyen como espacios

diversos y a construir constantemente.

En relación a lo anterior, una cuestión de interés a tener en cuenta de

buenas a primeras, es que la intervención profesional18 desde y en los

espacios pre/o/vistos por una infraestructura inmobiliaria —oficina— puede

adquirir distintas dimensiones sociales en la práctica cotidiana. Es decir,

también el territorio del CDR —como espacio físico institucional asentado

ediliciamente y además de los barrios, instituciones donde interviene—,

adquiere fronteras disímiles según se lo utilice de uno u otro modo (a puertas

abiertas o cerradas).

La direccionalidad de la intervención desde una oficina es parte de ese

locus de libertad que tiene el colectivo profesional actuante sobre ese

intersticio que se da entre el Estado y la Sociedad Civil dentro del marco

propuesto por las políticas sociales en territorio. Es también desde la oficina

del CDR y desde el escritorio que se puede reproducir, producir o recrear la

política social provista por el MDS —y, por extensión, del Estado en cuanto

aparato ideológico hegemónico—, entendida desde una mirada inclusiva e

integral y orientada hacia un ciudadano sujeto de derechos o, por el

contrario, como sujeto beneficiario de un plan, sujeto del asistencialismo y de

una marcada focalización.

18

Con intervención profesional se pretende hacer referencia al campo específico del Trabajo Social, a la acción fundamentada que se emprende con el proceso de intervención (inserción, análisis de situación, formulación y diseño de intervención, implementación y gestión, evaluación y sistematización).


49

A modo introductorio, a principios del año 2010 los trabajadores

sociales del CDR comienzan a interesarse por el tema de las cooperativas

desde un abordaje “integral”—sin adherirse a algún proyecto vigente en

especial pero articulando diversos ministerios y organismos sociales para

socializar recursos—, aclarando que prefieren designar a las mismas como

“grupos de trabajo”, dado que hay una pluralidad de modalidades de

organización interna como ser cooperativas formales y no formales (sin

papeles), miembros del Argentina Trabaja. Un aspecto interesante radicó en

cómo podían hacer uso del Programa Ayudas Urgentes mediante

experiencias grupales antes que individuales. Lejos de relevar para asignar

recursos, prefirieron implementar acciones de índole comunitaria “en función

de lo que hay, desde un proceso productivo y asociativo” (Entrevista con un

trabajador social del CDR Oeste, Agosto de 2011).

Al momento de participar en la mesa de red, el equipo técnico

trabajaba con 12 cooperativas aproximadamente de variados rubros

(reciclado de residuos, textil, por ejemplo). Algunas de ellas ya tenían el

Monotributo Social, el logo y comercializaban exitosamente en La Salada,

por ejemplo. Otras, en cambio, eran incipientes proyectos que estaban

siendo orientados por el equipo, aclarándose de entradas que su función, era

“el seguimiento, acompañamiento en la organización, gestión, capacitación”

(Entrevista con el Equipo Técnico del CDR Oeste, Septiembre de 2011).

La mesa de red, por su parte, consistía en una reunión bajo modalidad

de gestión asociada que se realizaba dentro de la oficina una vez por mes,

entre cooperativistas conformados y en proceso de organización, actores de

instituciones (sociedad de fomento, médico comunitario) y los trabajadores

sociales, quienes moderaban las participaciones y facilitaban los

intercambios de recursos.


50

En sintonía con Poggiese (1993), conviene acotar en este punto que la

Gestión Asociada es una forma de cogestión entre Estado y Sociedad, que

viabiliza la construcción de un espacio participativo para abordar el desarrollo

integral. En este sentido, la mesa de red de cooperativas se inscribiría en

este escenario y dentro de los postulados de la política social actual según

vimos al comienzo. De este modo, el Estado es representado por los

trabajadores sociales del MDS y la Sociedad por los cooperativistas, vecinos

y demás actores sociales presentes en ese espacio. Un requisito de la

Gestión Asociada es asentar las acciones en actas, registros de las

actividades, decisiones tomadas, como sucediera con la mesa de red, donde

existía un temario y se dejaba asentado las cuestiones asumidas para ser

efectivizadas o seguir trabajando en el siguiente encuentro.

Lo que se busca con la Gestión Asociada es la construcción y

apropiación de escenarios participativos, es decir, espacios de articulación

formalizados como procesos decisorios con reglas definidas que se erigen

por acuerdos comunes y consensuados mediante el compromiso entre los

múltiples actores, la construcción colectiva de conocimientos. Obviamente en

este punto de construcción/reconstrucción de las tramas y escenarios, es

clave la participación democrática de todos los miembros para que de este

modo, las acciones emprendidas introduzcan cambios en relación a los

problemas presentados.

De este modo, los intercambios dentro del espacio de la mesa

resultaban un tanto ecléctico en la reunión para quien recién se incorporara

en ella. Para ilustrar lo antedicho, en una de esas reuniones en la oficina los

temas abordados en un tiempo aproximado de dos horas fueron: la viabilidad

de formar una federación de alcance nacional, organizar la feria de


51

emprendedores en la plaza del barrio, la compra colectiva de carne, el

armado de una mutual para instalar una farmacia popular, el circuito

interurbano e interdistrital de recolección de residuos a manos de

cooperativistas ya insertos en el reciclado, situación de familia sin

documentos. Más allá de lo ecléctico y voracidad de los intercambios, en ese

encuentro se tomó nota de lo sucedido y se le dio intervención inmediata al

problema de los documentos de identidad, se organizaron las actividades de

la feria, entre otros asuntos.

Ejemplo sobre estos aspectos resulta esclarecedor el circuito de los

intercambios entre los actores partícipes en la mesa de red, quienes se

distribuían:

Recursos materiales: traspaso de retazos de telas de las

cooperativas insertas en la comercialización hacia las de

reciente formación y con escasez de materias primas. Préstamo

de maquinarias de: corte y confección de indumentaria,

reciclado.

Recursos inmateriales/ simbólicos: cursos gratuitos de

capacitación de acuerdo al rubro disponibles en el MDS,

Universidades Públicas, instituciones. Conocimientos

específicos sobre algún área, el reciclado. Experiencias

personales en la organización del grupo de trabajo con

modalidad asociativa, pros y contras del trabajo cotidiano.

Al margen de los múltiples tópicos que se abordaran en cada reunión,

sobre el final de los encuentros se asumían responsabilidades, como ser,


52

que uno de los partícipes asumiera el compromiso de armar el listado de

quienes estaban interesados en la compra colectiva de carne; otro, listar a

los cooperativistas no formales dispuestos a asistir a una charla por el

Monotributo Social, entre otras cuestiones, además de intercambiar números

telefónico para programar encuentros de intercambio de experiencia,

materiales de producción.

Esta divergencia de temas abordados en la mesa de red —salud,

identidad, trabajo, educación, entre otros— que venimos visualizando, nos

deja entrever cómo se territorializa la integralidad e inclusión en un espacio

social concreto y cómo los recursos que “bajan” focalizadamente, pueden ser

(re)orientados hacia fines colectivos y afines a las necesidades de una

comunidad determinada.

La pluralidad de actores, recursos, intereses en juego presentes en la

mesa, tanto como la circulación de poder en forma democrática, se

transforman entonces, a diferencia de lo que emergiera en el CDR Sur, en

aspectos instituyentes de procesos de intervención comunitaria que

conducen a la emancipación y no a la dependencia, al ejercicio de la

ciudadanía y no a la opresión de los derechos. Esto demuestra, a su vez,

que los territorios de actuación profesional y de inserción de los equipos

técnicos de los CDR, no están instituidos de antemano. Por el contrario, se

trata de una construcción social con basamento relacional que excede los

límites propiamente cartográficos, aun cuando las fuerzas sociales que

circulan por él, transitan constantemente las líneas de tensión y se disputan

el poder en todos los campos posibles.


53

CONSIDERACIONES FINALES

Como pudo observarse en el desarrollo del trabajo, el territorio de

intervención de la política social bajo el impulso de la promoción comunitaria,

lejos de estar instituido sobre la homogeneidad, se instituye en cada proceso

de intervención, de acuerdo a las fuerzas sociales presentes en él y a las

luchas de poder existentes entre esas fuerzas, actores sociales. En el

trasfondo discursivo de la política social en territorio, aparecen múltiples y

particulares territorios donde la cuestión social se manifiesta y afronta de

diversos modos aun contando con los mismos instrumentos (programas

sociales). De este modo, “la cuestión social no se presenta como tal, sino

que, en cada época, se particulariza en problemas sociales que son, a la vez,

la expresión hegemónica del modo como se interroga, interpreta, resuelve,

ordena y canaliza la misma. El problema es, así, dependiente de su

definición como tal en los procesos de hegemonización, donde se imponen

los términos con que se lo nomina, describe y se especifica el contexto de

referencia (económico, cultural, etc.) al cual es remitido” (Grassi, 2003: 22).

El Estado, como poder hegemónico que se constituye a través del

consenso y la coerción, concentra y deja entrever a través de las políticas

sociales las luchas que se dan en torno a las posibles lecturas y soluciones

sobre la cuestión social, priorizando y oficializando aquella que responde a

sus intereses en cada momento histórico. Si en los años del neoliberalismo

se propiciara una política social compensatoria tendiente a fragmentar la

sociedad mediante la acentuación de lo individual y lo biologicista, en la

actualidad apunta a la integralidad con sustento en las condiciones


54

estructurales que hacen al sujeto de derechos. Sin embargo, algunas

experiencias permiten visualizar cómo las luchas por imponer ciertos

parámetros hegemónicos de actuación siguen vigentes. Así, por ejemplo, el

espacio de participación de las personas en el territorio construido en el

asentamiento a través de la organización de una feria comunitaria, se

encontraba tensionado, atravesado por la conflictiva convivencia entre la

implementación de las políticas sociales de corte neoliberal —

focal/localista/coercitiva, descentralizada— y la actual Política Social

Integral—inclusiva/territorial/profesional—, representados en la referente de

la ORG y en el equipo técnico respectivamente.

Por otro lado, esa simultaneidad de poner en marcha las líneas de

intervención remitentes a los relevamientos familiares y a la organización

comunitaria, demuestran cómo la participación de la década de los ´90 sigue

estando presente en los territorios de intervención estatal. Como bien lo

explican Cardarelli y Rosenfeld (1998) para esos años, la participación de los

pobres se limita a permanecer puertas adentro de sus comunidades,

estableciendo dependencia respecto a un Estado, que, en la actualidad, se

instituye tan presente/promotor de la integralidad como asistencial y

coercitivo, como un estado hegemónico. Entonces puede bajar al territorio a

través de un Equipo Técnico o de los líderes locales, punteros, re-

fragmentando de este modo, a la pobreza en múltiples y minimalistas

“carencias de” —chapas, colchones y frazadas—, desarticulando los

procesos colectivos, individualizando la acción como forma de control sobre

los cuerpos individuales relevados en un territorio aprehensible, delimitada y

cuantitativamente.


55

En resumidas cuentas, en la actualidad puede apreciarse lo que

dichas autoras analizan para la última década del siglo pasado en uno de los

territorios de actuación profesional, el CDR Sur. Hay una participación

localista donde “lejos de propiciar espacios para la participación ciudadana lo

que se observa es la reducción de los pobres a sus propios barrios (…) El

sujeto de la focalización es percibido desde su posición de grupo carente de

servicios, más que desde posición en las relaciones económicas y políticas”

(Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 80/84), presentándose la intervención

comunitaria territorial en términos de clientelismo, regulación y control de

cuerpos políticos “carentes” de bienes materiales. Nuevamente esto nos

interpela a pensar el territorio en plural y no en singular, considerando el

contexto donde se inscribe cada intervención comunitaria dentro de los

espacios pre/provistos por el Estado. Esto nos remite entonces, a recordar

que no hay métodos formulados apriorísticamente y encarnados en recetas

de actuación porque la realidad es compleja y cambiante y porque las

manifestaciones de la cuestión social adquieren matices particulares en cada

situación, de ahí la necesidad de recurrir a la mediación y a marcos teóricos

que nos permitan comprender esas manifestaciones multicausales.

Sobre este aspecto ya nos había alertado Merklen (2005) cuando

aducía que la inscripción territorial por sí misma era una limitación dado lo

endémico y restrictivo que representa por sí sola. Como bien lo explica, “la

inscripción territorial no puede bastar, sola, para organizar un medio de

participación plena en la sociedad (…) Los habitantes de los barrios

populares “emplazados a domicilio” desarrollan una sociabilidad

prácticamente reducida a los límites de lo local (…) Como habitantes del

barrio, los “ciudadanos” pueden intentar movilizar el derecho a su favor

/”tenemos derecho a una vivienda”), pero difícilmente estarán en condiciones


56

de modificar la ley o tener influencia sobre el orden institucional” (Merklen,

2005: 169).

Pese a los conflictos en territorio que pueden limitar la acción

profesional, el Trabajo Social dentro de los espacios públicos como los CDR,

tiene potenciales herramientas fundamentadas para promover ciudadanía y

proyectos autónomos. Así, pudimos ver cómo en base a recursos que “bajan”

de manera focalizada, se pueden construir experiencias colectivas como la

asociación para el trabajo ejemplificada en el CDR Oeste.

Todos en el fondo aspiramos a una comunidad ideal, sólo que, como

la misma palabra lo dice y Bauman (2003) lo explicara, la misma no existe,

hay que construirla diariamente. Por lo tanto y como bien lo explica el autor,

“si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo puede ser (y

tiene que ser) una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado

mutuo; una comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del

derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese

derecho” (Bauman: 2003: 175).


57

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Internet

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http://www.desarrollosocial.gob.ar/


65

ANEXOS

Anexo I. Organigrama del CDR


66

Anexo II. Planes y Programas Sociales descentralizados desde el CDR

Programa de Ayudas Urgentes. Otorga mobiliario para la vivienda

como así también algunos materiales (chapas, tirantes, colchones,

puertas). Si bien es una ayuda urgente su tramitación y concreción

demora cerca de un año.

Proyectos de Emprendimientos o Talleres Familiares. Está destinado a

fortalecer los oficios. Su objetivo es proveer a las familias de las

herramientas necesarias para que puedan desempeñar un

determinado oficio. A través de este proyecto se les dan estas familias

una posibilidad de trabajo. Este programa tarda aproximadamente un

año y medio en hacerse efectivo.

Módulo de Emergencias. Se utilizan en situaciones de urgencia como

los casos de incendios, inundaciones. Las entregas son inmediatas,

se efectúan en una semana aproximadamente.

Subsidios Personales. Se entregan por única vez y se otorgan hasta

$1500. Está orientado a personas que no tienen cobertura médica.

Requiere una rigurosa documentación a presentar.

Solicitud de Elementos de Tecnología Biomédica. Provee elementos

como lentes, plantillas, prótesis, audífonos, etc. Está dirigido a

personas que no cuentan con cobertura médica.

Solicitud de Medicamentos. Se entregan medicamentos oncológicos,

para diabetes y problemas de tiroides, por ejemplo.

Jornada Solidaria. Está dirigido principalmente a la realización de

actividades comunitarias en los barrios, como ser la refacción de una

plaza, construcción de veredas.

la intervención comunitaria como campo problemático · describir y analizar, la construcción del...

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