T E R C E R A S E M A N A D E D I C I E M B R E 2 0 1 2 $ 1 0 . 0 0 2 9 1

I N V E S T I G A C I Ó N Y A N Á L I S I S D E

OM DISEÑOFabiola Díaz

FotografíaLluvia Ácida

Selene Hernández LeónFundadora

Miguel Ángel Alvarado LópezDirector General

Direcciones electrónicasnuestro_ tiempo2003@ hotmail.comnologo_ news@hotmail.comventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.comwww.nuestrotiempotoluca.com.mx

Mercadotecnia y suscripcionesJuan Manuel Hernández León

Teléfonos: 1 97 74 23 2 17 75 43

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO, Año VIII, No. 291, Tercera semana de Noviembre del 2012, es una publicación semanal editada por Nologo Grupo, SA de CV.

Avenida Eulalia Peñaloza 132, Col. Federal, CP 50120, Toluca, Estado de México. Tel 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2011-092914385-400-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 24 de Diciembre del 2012 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Síguenos en @Nuestro_Tiempo

Una respetuosa caravanaLas mil caras de El Coqueto

Las promesas de Peña NietoLo que deja la batalla de San Lorenzo

De Chapingo a Santa MarthaEl dinero, los bancos, las drogas

35681011

Juan Manuel hernández /Mercadotecnia

* Escribió Negocios de Familia y Tierra Narca, dos libros que revelaron las componendas del poder en el Estado de México, el primero entre políticos que creen que los gobiernos se heredan y el segundo sobre los arreglos entre esa misma clase y el narcotráfico, brazo armado de quienes, dicen, nacieron para gobernar. Francisco Cruz, periodista de Metepec, en el Estado de México, documenta ahora al equipo que ayudó al priista Enrique Peña a obtener la presidencia del país. Su libro, Los Golden Boy’s, editado por Planeta, es imprescindible para entender cómo un personaje como el sobrino de Arturo Montiel gobierna a 115 millones de habitantes sin haber leído –dicen los malos oídos- un solo libro, entre otras cosas. Con permiso del autor, este espacio publicará semanalmente un extracto de aquella investigación.

El peregrinar de Peña por la po-lítica partidista tampoco es un secreto, siempre a la sombra y bajo la tutela única de Montiel. De la mano de éste obtuvo sus

primeros puestos partidistas y públicos: la coordinación del manejo de dinero para la campaña a la gubernatura mexiquense de Emilio Chuayffet Chemor, pasando por una subsecretaría de Estado que lo impulsó a una secretaría, de ahí a la candidatura por una diputación local y, posteriormente, a la presidencia de la legislatura ya en el sexe-nio montielista.

Todavía hoy, algunos recuerdan a Enrique cuando aparecía, casi tímido, al lado de Arturo Montiel en ceremonias oficiales, desfiles y fotos que el ex mandatario conce-día en entrevistas de banqueta en las calles de Toluca. Su sobrino, un joven impecable hasta en el trajeado, guardaba respetuosa distancia mientras esperaba su turno —aun-que no se le notaba interesado en ocupar la gubernatura—, siempre deferente con los que estaban arriba de él.

Por ese entonces, Enrique era el funcio-nario más asequible del montielismo o, al menos, así lo veían los reporteros locales que podían hasta bromear con el entonces secretario de Administración, a quien se le recuerda coqueto y amistoso. Luego los objetivos se fueron imponiendo y el joven político cambió su actitud.

Más ensayado, comenzó a imponer lejanías en los tratos, aunque siempre respondió a saludos y ademanes con una respetuosa caravana. Bien parecido, muy por encima de la media que distinguía la imagen de los políticos en el Estado de México, a Enrique no se le dificultó sacar partido de todo y, casi de inmediato, en 2005 se le mencionó como un presidenciable en potencia, desti-no que se fue moldeando con el tiempo.

A Peña se le puede criticar todo, menos que haya descuidado su proyecto personal, al cual se enfocó con ahínco. Ni gracias ni desgracias lo desviaron de su objetivo. Aho-ra se permite guiños, algunos innecesarios como el libro “México, la gran esperanza”, donde publica el “proyecto de nación” que ha venido repitiendo con santidad fervorosa desde hace seis años. Y aunque las lenguas, malas o buenas, aseguran que el escritor detrás de aquel legajo no es otro que el ex gobernador veracruzano Fidel Herrera, fer-viente partidario del peñismo, sólo quienes escucharon su declaración sobre el salario mínimo y el precio de la tortilla podrán dar una respuesta acertada, porque otros acha-can la autoría a Luis Videgaray Caso.

Su andar político se fue entretejiendo con la parte más privada de su vida y cuando supo que sería sucesor de Montiel, cambió su carácter. De la cordialidad pasó a ser un político irascible para con sus allegados, volviéndose enemigo de tomar decisiones a la ligera, menos aún cuando estaba en juego su imagen. Al mismo tiempo, se metió en los más inverosímiles problemas públicos e íntimos, circunstancias que posicionaron su foto y sus declaraciones en las revistas del corazón, de telenovelas y farándula, des-plazando el factor político-administrativo como eje central.

En las pláticas de sobremesa o en las char-las informales de café, algunos se dedica-ron a recoger las “propuestas” políticas, ideológicas e intelectuales más “serias” y “representativas” en la agenda electoral: “Enrique, amigo, mi vieja quiere contigo”, “Enrique, mangazo, contigo me embara-zo”, “Enrique, bombón, contigo hasta el colchón”, “Con Peña, aunque tenga due-ña”, “se lo firmo y se lo cumplo”.

Su distinción como el “más guapo” de to-dos los funcionarios mexicanos terminó

Francisco Cruz Jiménez

3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

291

por concretarse gracias a los esfuerzos de Mónica Pretelini Sáenz para que el país atestiguara el encumbramiento de su es-poso como el “Luis Miguel” de la política desde la gubernatura mexiquense, lo que se sumó a la guerra sucia que terminó con su rival panista Rubén Mendoza Ayala.

Los sucesos de 2005 —de la precampa-ña a la toma de posesión— fueron una tentación demasiado grande, una señal en firme de que Enrique era destinatario único de la profecía que, inesperadamen-te, a mediados de 1940, lanzó, con voz de arcano mayor, la vidente atlacomulquen-se Francisca Castro Montiel, familiar, por cierto, de Arturo Montiel Rojas: “seis gobernadores saldrán de este pueblo. Y de este grupo compacto uno llegará a la Presidencia de la República”.

Aquella humilde futuróloga —que acer-có el vértigo de los atlacomulquenses a un paso del precipicio— y su esposo, Febronio Barrios, tuvieron su recompen-sa: atestiguaron cómo los gobernadores protegieron a sus hijos Roberto y Froylán. A ambos los hicieron diputados locales y federales; al primero, profesor rural, le alcanzó el impulso para despachar como líder nacional campesino, fundar la Liga de Comunidades Agrarias y llegar por la vía plena del dedazo en 1958 a la Jefatura del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cargo entonces equivalente al de secretario de Estado.

Si la inclinación de la vieja clase domi-nante de Atlacomulco al espiritismo, las ciencias ocultas, la hechicería y las socie-dades secretas más radicales de la iglesia Católica se suele desdeñar, la profecía de 1940 empezó a materializarse en marzo de 1942, cuando desde Palacio Nacional —las huellas y las evidencias llevan a la oficina presidencial—salieron las directri-ces para acallar al gobernador mexiquen-se Alfredo Zárate Albarrán y, en su lugar, enviar a Isidro Fabela Alfaro.

Ex secretario de organización del Parti-do de la Revolución Mexicana (PRM), ex diputado y senador con licencia, de 42 años de edad, Zárate Albarrán murió el 8 de marzo de 1942, tres días después de un atentado con arma de fuego del que responsabilizaron —encontraron culpable y, en los hechos, exoneraron con un am-paro firmado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación— a Fernando Ortiz Rubio, presidente de la Legislatura local y jefe del Departamento de Tránsito.

Nadie se atrevió a recordar los enfrenta-mientos del gobernador mexiquense “re-belde” con el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y el ambicioso hermano

de éste, Maximino, secretario de Comu-nicaciones y Obras Públicas. El amparo para que Ortiz Rubio purgara su conde-na en libertad esgrimía todas las razones para callar.

Fabela, en ese momento el diplomático mexicano más prestigioso por los ser-vicios que prestó al viejo Venustiano Carranza, luego por su trabajo en la De-legación Permanente de México ante la Sociedad de Naciones en Ginebra y, más tarde, en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en Holanda; llegó como nuevo gobernador interino-sustituto “constitu-cional”. Al margen de la violación a todas las leyes habidas y por haber, los políticos atlacomulquenses cerraron filas en torno a Fabela. En el Estado de México, las ge-neraciones siguientes se harían fabelistas.

Cansado, Isidro Fabela Alfaro murió el 12 de agosto de 1964, a los 82 años de edad, mientras dormía en su casa de Cuernava-ca. Aun muerto, un pago de viejos favores sirvió para que el presidente Gustavo Díaz Ordaz impusiera a Carlos Hank González como candidato único a la Gubernatura del Estado de México.

Cuando Peña Nieto terminó su periodo como gobernador, el 15 de septiembre de 2011, una misma familia de Atlacomulco había controlado por casi siete décadas la política y los recursos del Estado de México. Los apellidos Fabela, Del Mazo, Vélez, Sánchez, Colín, Montiel y Peña habían dado a la entidad seis goberna-dores; siete, si se toma en cuenta al hijo adoptivo, Hank González.

A partir del 14 de enero de 2005 sucedió lo que toca en estos casos: los priistas oficiosos le armaron a Peña una biogra-fía edulcorada de príncipe azul tomando como base el fabelismo. En los días y semanas posteriores, los electores mexi-quenses, susceptibles de convencimiento, controlados siempre por el PRI, acogieron con entusiasmo el ascenso del nuevo “me-sías” que los llevaría a la tierra prometida por Francisca Castro Montiel: la Presi-dencia de la República.

Para llegar al poder, Peña necesitó sólo un empujoncito, es decir, hacerse visible a través de un currículo. Así, en el sexenio de Montiel (1999-2005), escaló posiciones en forma vertiginosa. Desde los primeros años de la década de 1990, su tío lo llevó de la mano hasta la gubernatura, puesto elegido para Enrique desde antes de que iniciara su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y sus estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

A partir de entonces, la vida de Peña transcurrió sin mayores acontecimientos ni complicaciones, si bien su carrera bu-rocrática floreció en unos años: secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de 1993 a 1998—los primeros años con Montiel y, a la re-nuncia de éste, con Carlos Rello Lara—; subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de sep-tiembre de 1999 a marzo de 2000; inte-grante de los consejos de administración de diversos organismos públicos de mar-zo de 2000 a octubre de 2002; vicepresi-dente de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIF) de marzo de 2000 a octubre de 2002; presidente del Con-sejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) de marzo de 2000 a octubre de 2002; y titular de la Secretaría de Ad-ministración, de marzo de 2000 a octubre de 2002.

Al principio de la campaña se hizo públi-co que el joven Enrique alternó puestos burocráticos o de elección popular con otros partidistas para evitar todos los candados y otros obstáculos al llegar la hora de la sucesión, contando con el apo-yo absoluto de Arturo Montiel, quien en octubre de 1991 fue designado presidente estatal de los priistas.

Con una agenda cuidadosamente elaborada para aprovechar los adelantos tecnológicos; es decir, a través de millonarios presupues-tos destinados a los medios de comunicación, en particular Televisa y las revistas del cora-zón, Montiel heredó a su sobrino un imperio originalmente construido para él. La agenda montielista labró una imagen pública que convirtió a Peña en un showman, una ce-lebridad que hizo de los acontecimientos de su vida privada un asunto de tras-cendencia política, como ocurrió con la muerte de su esposa Mónica en circuns-tancias muy sospechosas.

Con Arturo como operador político, y mientras salinistas y delmacistas —por Carlos Salinas de Gortari y Alfredo del Mazo González, el otro tío cercanísimo de Atlacomulco— recibían la encomienda de preparar la agenda y reunir fondos para una campaña presidencial que inició de inmediato en 2005, Enrique fue impuesto como candidato del PRI a la gubernatura mexiquense. Así, en 2011 no tuvo pro-blemas para arrollar a su único rival en la lucha por la precandidatura presiden-cial priista: el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien, doblegado por una convocatoria amañada, se hizo a un lado “por voluntad propia”.

4

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 291

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

* El OCNF fue la primera organización civil en denunciar que en los primeros cinco años de la administración del entonces gobernador del

Estado de México y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, se cometieron 922 casos de feminicidio.

Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

Las familias de las seis mujeres violadas, asesinadas y cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía pública por César Armando Librado Legorreta, “El Coqueto”, por fin tienen un poco de tranquilidad tras la condena de 240 años de prisión dictada contra el

feminicida confeso.

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia –una joven de 17 años asesinada por Librado Legorreta– dijo que este caso despertó el interés de las mujeres del Estado de México por organizarse para denunciar las irregularidades del sistema de justicia.

Ayer el juez Juan Arturo Velázquez Méndez sentenció a 40 años de prisión a “El Coqueto” por violar y asesinar a cada una de sus víctimas: Cireni Dayana, Blanca Elia, Eva Cecilia, Fernanda, Patricia, y una mujer no identificada.

Dayana tenía 23 años y era madre de dos niños; Blanca Elia era una abogada de 28 años; Fernanda tenía 20, y Patricia era cocinera y madre de tres hijos.

Al conocer la resolución, Vargas aseguró que en comparación con las madres que llevan años buscando a sus hijas desaparecidas o exigiendo cárcel para los asesinos, ella está tranquila con este fallo.

Durante el receso del juicio oral que ayer se realizó, las familias de las víctimas se reunieron para expresar su pesar y recordar a sus hijas. En ese encuentro algunas de las madres coincidieron en la necesidad de seguir denunciando la mala impartición de justicia en la entidad.

La sentencia por feminicidio contra Librado Legorreta –delito tipificado en el Código Penal estatal desde marzo de 2011– no es un signo de justicia sino de la inacción de las autoridades, replicó la madre de Eva Cecilia.

Amparo criticó que “El Coqueto” haya tenido que matar a seis mujeres para que las autoridades mexiquenses hicieran algo, toda vez que cuando las madres denunciaron la desaparición de sus hijas los agentes del Ministerio Público las ignoraron.

Con coraje aseguró que las madres fueron quienes aportaron todas las pruebas para que se localizara y se detuviera al asesino porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “nunca se preocupó por hacer su trabajo”, acusó.

Pero lo que más indigna a las madres es que las autoridades las ignoraran y al asesino confeso le pagaran una operación por las lesiones que sufrió en la columna vertebral y en la

pierna derecha, luego de caer desde un tercer piso cuando intentó fugarse el pasado 27 de febrero.

Proceso tortuoso Sin dar nombres, la madre de Eva Cecilia narró el vía crucis que vivió para encontrar a su hija, una estudiante de 17 años que desapareció el 26 de noviembre de 2011.

El 27 de diciembre, después de un mes de salir todos los días a las calles a pegar volantes, preguntar en oficinas públicas e insistir en el Ministerio Público para que le informaran sobre la situación de su hija desaparecida, Amparo fue a la PGJEM y empezó a gritarles a los agentes que la atendían.

Ese día, en una oficina del Ministerio Público de Tlalnepantla, la mujer exigió hablar con alguien que sí pudiera investigar, se metió a la fuerza a la Unidad de Homicidios y habló con un licenciado, quien al ver su enojo la dejó revisar los expedientes de mujeres asesinadas.

Eran cinco expedientes –recordó Amparo–; el primero que revisó describía a una occisa de entre 18 y 20 años de edad que vestía sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas, la misma ropa con que su hija desapareció un mes antes.

El cuerpo de Eva Cecilia fue encontrado el 24 de diciembre, pero tres días después Vargas se enteró de que su hija estaba muerta. Como una broma macabra, todavía el 26 de ese mismo mes los servidores públicos le dijeron que “no había nada” sobre la adolescente.

Situaciones como ésta vivieron las otras cinco familias y de no ser por su determinación para encontrar al asesino, la sentencia de 240 años nunca se hubiera dado y Librado Legorreta seguiría matando mujeres con el permiso del Estado.

Caso emblemático María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacó que este caso es emblemático porque refleja que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se investiga.

El OCNF fue la primera organización civil en denunciar que

en los primeros cinco años de la administración del entonces gobernador del Estado de México y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, se cometieron 922 casos de feminicidio.

Desde entonces la gestión peñista negó que hubiera una ola de asesinatos de mujeres, y rechazó que se decretara una Alerta de Violencia de Género para implementar medidas de protección urgentes para las mexiquenses.

Ante la presión social, Peña Nieto envió al Congreso local una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio, la cual fue aprobada en marzo de 2011 y desde entonces el artículo 242 bis del Código Penal estatal considera este crimen que ahora se castiga con penas de 40 a 70 años de prisión.

María de la Luz Estrada señaló que lo más preocupante en este caso es que se estuvieran asesinando mujeres con el mismo modus operandi, en una zona determinada y con una frecuencia inaudita, sin que las autoridades se dieran cuenta o hicieran algo.

Según los cruces de información de las familias, en sólo dos meses Librado Legorreta mató a cuatro mujeres sin mayor problema, y todavía se dio el lujo de arrojar sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros.

“¿Realmente se hizo justicia?”, se preguntó Estrada al apuntar que fue necesario que una mujer salvara la vida para que las autoridades pusieran atención sobre este fenómeno, es decir, esto es preocupante porque sólo así se logró la sentencia de feminicidio.

Incluso fue Amparo quien señaló que el captor de su hija podría estar en la Ruta 2 de microbuses que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, trayecto que la joven abordó la última vez que se le vio cuando se despidió de su novio para ir a casa después de ir a patinar.

Pero los agentes, a qu ienes Amparo tachó de irresponsables y corruptos, no tomaron con seriedad este indicio y lo consideraron hasta que la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida decidió denunciar y señalar a su agresor.

Amparo adelantó que algunas de las madres de las víctimas se organizan para conformar un grupo que promueva la prevención, y denuncie las desapariciones de otras mujeres a fin de que las familias no tengan que pasar por la misma situación.

Justicia

5

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

291

* Un verdadero cambio de paradigma requeriría dos

medidas que el gobierno de Peña Nieto ha dicho que no

tomará: la retirada de las fuerzas armadas de la lucha

contra el narcotráfico y la renegociación de la

cooperación en cuestiones de seguridad con el

gobierno estadounidense. Peña Nieto ha propuesto

la creación de una “gendarmería nacional”, que

es una policía militarizada, o un cuerpo de formación militar con competencias

policiales para tratar con la población civil.

Laura Carlsen

Sobre un fondo de violentos enfrentamientos en las calles que contrastaba fuertemente con la cuidada puesta en escena de los actos oficiales, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México el pasado 2 de

diciembre. Las líneas generales de su proyecto para los próximos seis años, a falta de los detalles, revelan que los cambios propuestos son, como el nuevo presidente, meramente cosméticos y afectan a aspectos superficiales.

Después de jurar su cargo en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro y tomar juramento a los miembros de su gabinete, el recién inaugurado presidente de México apareció ante los invitados en el Palacio Nacional, situado en la céntrica la Plaza de la Constitución, para ofrecer su primer discurso como titular del Ejecutivo.

Peña Nieto comenzó su intervención con un rápido repaso de la historia de México, mencionando las culturas prehispánicas y la española, las corrientes liberales y revolucionarias y el “pasado reciente”. Sin referirse al PRI, enfatizó el ordenado cambio de poder desde 1934 y el “rápido proceso de la democracia”, que, irónicamente, se remonta a 1968, el año en que su partido masacró a cientos de estudiantes en Tlatelolco.

El presidente concluyó con lo que sería la tónica de su discurso: que México está “listo para despegar” y que “todos coinciden en que tenemos una oportunidad histórica.” Su alocución se centró en el “momento mexicano”, la idea de un punto de inflexión a partir del cual México entraría finalmente en un periodo de paz, prosperidad y reconocimiento global.

Peña Nieto mencionó los desafíos que quedan por delante, afirmando que México es un país que “crece a dos velocidades: una de progreso y desarrollo y otra de atraso y pobreza” y aludiendo a la falta de empleo y oportunidades educativas. Su discurso incluyó un número de medidas específicas, aunque no detalladas, que proporciona algunas claves para el análisis.

Peña Nieto comenzó con los “cinco puntos estratégicos” de su nuevo gobierno:

1. México en paz: Peña Nieto ofreció “poner al ciudadano y a su familia en el centro de la política de seguridad.” Se refirió a esto como un “cambio de paradigma”, sin mencionar la guerra contra las drogas por su nombre ni a las 60 u 80 mil personas asesinadas bajo este modelo durante el mandato de Calderón. Prometió mayor coordinación entre las distintas agencias y un esfuerzo para combatir la impunidad, y concluyó: “No habrá seguridad mientras no haya justicia.”

2. Un México inclusivo: Peña Nieto promovió la construcción de un México “inclusivo” y terminar con la brecha de desigualdad para que todos, madres y padres, puedan mantener a sus familias. Dijo que México debería convertirse en una sociedad igualitaria de clase media.

3. Educación de calidad para todos: que forme

estudiantes responsables y comprometidos con sus comunidades.

4. Crecimiento económico: mediante una mayor competitividad, el aumento del crédito, una mayor inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interior y la expansión del mercado global, para que México pueda posicionarse como una de las economías emergentes.

5. México como un actor global responsable: participación mundial a través de la moderna diplomacia, de manera que México se convierta en un factor de estabilidad en el mundo y en una voz que defienda la libertad. Peña Nieto también utilizó este punto para agradecer a los representantes de otros países su presencia.

Detrás de las promesas Los cinco puntos están formulados en términos muy vagos, como suele ocurrir con las promesas presidenciales. Sin embargo, podemos aprovechar lo que se dijo para anticipar los desafíos y las posibles contradicciones que estos plantean, y evaluar la voluntad política para llevarlos a cabo en los próximos seis años.

Política de seguridad. Peña Nieto se refirió explícitamente a “un cambio de paradigma”. Esto no deja de llamar la atención, dado que es lo que el movimiento pacifista y los analistas críticos (el Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, entre otros) han estado reclamando durante años. Sin embargo, es muy poco lo que hay en la parte estratégica o en las “13 decisiones” enumeradas después para apoyar dicho cambio.

Un verdadero cambio de paradigma requeriría dos medidas que el gobierno de Peña Nieto ha dicho que no tomará: la retirada de las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico y la renegociación de la cooperación en cuestiones de seguridad con el gobierno estadounidense. Peña Nieto ha propuesto la creación de una “gendarmería nacional”, que es una policía militarizada, o un cuerpo de formación militar con competencias policiales para tratar con la población civil. Eso es lo que ya tiene México, puesto que ha sido precisamente la lucha contra las drogas la que ha desdibujado la línea que separa las fuerzas policiales y militares. Sin un plan para reducir la militarización, las promesas de “repensar” la guerra contra las drogas palidecen.

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Iniciativa de Mérida, ha promovido y apoyado activamente el modelo de guerra contra las drogas de aplicación de la ley e interdicción, y ha sido la punta de lanza de la creciente intervención de ese país en la lucha contra el narcotráfico en México. Aunque tanto el gobierno estadounidense como el mexicano han admitido en público y en privado (en los cables filtrados por Wikileaks) que la estrategia no ha funcionado (de ahí su insistencia en que es cuestión de tiempo), la

6

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 291

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

respuesta sigue siendo continuar sin realizar mayores ajustes ni evaluaciones en serio.

Las compañías estadounidenses de defensa, inteligencia y seguridad dependen de la guerra contra las drogas para obtener contratos multimillonarios con el gobierno. Como resultado de la Iniciativa de Mérida, el Pentágono y las agencias estadounidenses han logrado una libertad de acción sin precedentes incluso para dirigir operaciones en suelo mexicano. Los halcones del gobierno y la industria armamentística no renunciarán a ella fácilmente. Peña Nieto lo sabe, y también sabe que la economía de su país es fuertemente dependiente de su vecino del norte. Los políticos estadounidenses mostraron su preocupación en caso de que el gobierno mexicano tratara de negociar algún tipo de acuerdo con los cárteles de la droga, una opción que resulta prácticamente imposible en este momento por los cambios en las estructuras del crimen organizado. Peña Nieto ha asegurado a los Estados Unidos que durante su mandato se mantendrá la guerra contra el narcotráfico. Eso significa que continuarán las muertes, las desapariciones y la agitación social. Ni siquiera se menciona la posibilidad de redefinir la seguridad o la seguridad humana, aunque la idea de poner al ciudadano en el centro, más bien al estado, podría interpretarse como más cercana a ese concepto.

Hacer referencia a la necesidad de justicia y de acabar con la impunidad es un paso políticamente correcto pero que carece de un verdadero contenido. La impunidad subyace en las instituciones gubernamentales y la corrupción del sistema judicial ha sido, históricamente, una construcción del PRI. La impunidad tiene que ser atacada desde arriba, ya que ha sido consentida e incluso promovida desde arriba durante demasiado tiempo. A este respecto resultan ilustrativos los ejemplos de lo sucedido a anteriores gobernadores del PRI acusados de graves delitos contra la población, como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla, e incluso al propio Peña Nieto por su papel en los asesinatos y violaciones que tuvieron lugar en la comunidad de Atenco. No les ha pasado nada en absoluto. La cubierta de teflón que protege a los políticos del PRI ha sido cuidadosamente preservada, con un puñado de excepciones notables como la de los ex-gobernadores Tomás Yarington (imputado y prófugo) y Mario Villanueva (extraditado a los Estados Unidos), quienes han sido procesado por delitos vinculados a la guerra contra las drogas a instancias de las autoridades estadounidenses.

Política económica: hacer que México sea verdaderamente “inclusivo” requeriría algunos cambios estructurales en la política económica que no es probable que ocurran durante el gobierno de Peña Nieto. El objetivo de esta estrategia se contradice bastante con la fórmula para el crecimiento económico señalada en el cuarto punto y en otras afirmaciones del nuevo presidente.

Se ha comprometido a profundizar más que a revisar el NAFTA, lo que significa que el campo continuará siendo diezmado a causa de la competencia desleal por parte de los de productos agrícolas subvencionados provenientes de Estados Unidos, y que al estado no le estará permitido

adoptar medidas elementales, como favorecer a las industrias nacionales cuando se realicen compras o nuevos contratos, o proteger a los sectores vulnerables. Fortalecer el mercado interno al tiempo que se expande el mercado global suena estupendo, muy equilibrado, pero lo cierto es que lo primero y lo segundo necesitan políticas distintas y, a menudo, contradictorias.

Por ejemplo, construir un mercado interior fuerte requiere que se apoye la producción nacional, que es lo lógico y necesario pero que está prohibido bajo las normas del comercio neoliberal, y México es un líder mundial firmando acuerdos draconianos de libre comercio. Requiere, además, tener una población con poder de compra, mientras que para priorizar la inversión extranjera y ser competitivo en un mercado global amañado contra los trabajadores lo que se precisa es reducir los salarios, algo que los gobiernos mexicanos han estado haciendo durante las últimas tres décadas con el PRI y el PAN en el poder.

El loable objetivo de invertir en infraestructura hace que nos preguntemos “¿inversión para quién?”, y deja abierta la pregunta de cómo abordará la administración los controvertidos proyectos de infraestructura que violan los derechos indígenas y humanos. Más crédito sería una buena idea, pero hasta ahora el poco que ha estado disponible ha ido a parar de manera abrumadora a las manos de los grandes productores, empeorando aún más la distribución de los ingresos.

Una mejor educación: Esto conlleva dos medidas fundamentales, dedicar más recursos públicos a la educación y enfrentarse a la vieja dirigencia del corrupto sindicato de maestros. Varios analistas han afirmado que la designación de Emilio Chauyfett como secretario de Educación ha sido un golpe para Elba Esther Gordillo, con una larga trayectoria como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Yo no estoy tan segura.

Gordillo es un personaje político que escaló a lo más alto ejerciendo el poder de una gigantesca máquina para fabricar votos y clientela política. Esta máquina fue creada y sostenida por el PRI. Su capacidad para intercambiar favores permite a Gordillo ser quien manda en el sistema nacional de educación. Cambiar eso requeriría democratizar el sindicato. Las fuerzas para democratizar tienen que y deben provenir de las bases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizada para romper la influencia y la corrupción del sindicato, es en gran medida anti-PRI y está en contra de Peña Nieto. No es probable que su gobierno haga algo para fortalecer la democracia sindical de base (su partido bloqueó la transparencia en asuntos sindicales como parte de la reforma laboral) ni para apartar definitivamente a la dirigencia del SNTE.

Relaciones globales: lo que se dijo sobre ello fue tan poco sustancioso que resulta difícil saber lo que va a cambiar el gobierno de Peña Nieto. Las versiones escritas hablan de recuperar el lugar que le corresponde a México

en el concierto de naciones como un “país solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad”. Cualquiera puede suponer lo que eso significa. Peña Nieto le contestó a Wolf Blitzer de CNN, quien le había preguntado deliberadamente cómo sería la relación con Castro y con Hugo Chávez, que tenía la intención de ampliar relaciones con los países del norte y del sur. Reconociendo así que los gobiernos del PAN enseguida se orientaron exclusivamente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y fueron hostiles hacia los gobiernos de centro-izquierda del Sur.

México ha actuado a veces como un representante de los Estados Unidos en la región, haciendo que otros países lo miraran con cierto recelo. El gobierno estadounidense ha utilizado activamente al mexicano en este sentido. Mientras la administración Obama siga generando divisiones en la región con el programa de Caminos hacia la Prosperidad, que solo incluye a los países que aceptaron firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos y mayor presencia militar de países aliados bajo la estrategia de la guerra contra las drogas, no le resultará fácil a Peña Nieto diseñar una política exterior neutral o equilibrada dentro del hemisferio, si ese es realmente el objetivo.

Las organizaciones de la oposición han prometido cambiar la orientación de sus esfuerzos y pasar de cuestionar las elecciones a cuestionar las políticas que consideran perjudiciales para el país. El líder de centro-izquierda y anterior candidato Andrés Manuel López Obrador se ha negado a reconocer al nuevo presidente y está construyendo un nuevo partido. En estos momentos, el movimiento #YoSoy132 está sorprendido e indignado por la respuesta violenta de la policía, al tiempo que hace un llamamiento a sus seguidores para que rechacen la confrontación violenta.

La frase que más se ha escuchado entre los analistas que siguieron el discurso inaugural de Peña Nieto es “el diablo está en los detalles”. Aunque Peña Nieto se ciñó a esos cinco puntos estratégicos con 13 decisiones que incluían acciones más específicas, todavía dejó espacio para la especulación.

Las promesas políticas son a menudo, si no habitualmente, dejadas de lado cuando comienza la verdadera tarea de gobernar y uno se pregunta si fueron sinceras y no prácticas, o diseñadas para construir una imagen, no un gobierno. El PRI tiene práctica en el arte de la simulación, de elaborar un discurso público y una práctica privada.

En cualquier caso, el país y el resto del mundo tienen ahora más pistas de lo que la vuelta del PRI significará para México, para los Estados Unidos y para la región.

* (Traducción: Sara Plaza Moreno)

- Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional en la Ciudad de México, www.cipamericas.org/es. Fuente: Americas Program.

http://alainet.org/active/60141

7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

291

Tal vez una nueva fase en la lucha política de izquierda haya comenzado luego de los acontecimientos del pasado 1 de diciembre de 2012. Las cosas se salieron de control en muchos sentidos y poco a poco, una vez

pasados los primeros días de resaca, las valoraciones comienzan a mostrarse, a difundirse. El hecho concreto que desata la inconformidad de la población –si no de toda, sí de muchos sectores- es la inminente toma de protesta de un presidente ilegítimo e ilegal: Enrique Peña Nieto no sólo roba descaradamente las elecciones sino que además muestra el temor que lo rodea al desplegar un operativo inmenso que impida contratiempo alguno en su acto de inicio de gobierno.

La víspera de aquel sábado la desazón era respirable en las calles, un silencio de resignación volvía a corroer los rostros de las personas, sobre todo porque no se creía posible evitar algo que resultaba inminente. Días antes el operativo de protección a los recintos que pisaría quien dice ser presidente de México, era, por decir lo menos, monstruoso. Varios kilómetros de vallas metálicas cruzaban tajantemente avenidas y calles, cerraban el paso. Molestaban a la gente que tenía que identificarse todo el tiempo ante sujetos del Estado Mayor Presidencial. El ejército en las calles.

Caos ante todo en este país que vuelve al dominio del Partido de la Revolución Institucional (PRI), caos porque nadie está de acuerdo y porque tampoco se sabe qué hacer a ciencia cierta, porque el gabinete que comienza es amenazador y porque también hay que subsistir día a día y pensar en qué vendrá en este fin de año, aumentos en los impuestos, leyes que no benefician a nadie y el gran caparazón que oculta lo nefasto de este viejo régimen. Caos es lo que hay en este país. Rabia y coraje guardados en lo más profundo, tanto que cuando se expresan lo hacen con tal intensidad que una protesta se puede convertir en una batalla, un frente de guerra.

Eso pasó en la batalla de San Lázaro, justo a las afueras del Congreso de la Unión.

Más allá del recuento puntual de los hechos, lo que sigue es una interpretación de los acontecimientos tomando en cuenta el recorrido que comienza a las tres de la mañana en la Acampada Revolución (campamento que surge con el movimiento #YoSoy132 pero que con el paso de los meses se aleja en concepción política y en estrategia para consolidar una perspectiva propia), que continúa en una marcha por las calles de Tepito hasta llegar al

barrio de San Lázaro en donde las fuerzas se desatan y se multiplican a lo largo de más de siete horas de combate urbano en distintos puntos de la zona centro de la capital.

¿Quién empezó la pelea? Enrique Peña Nieto lo hizo al robarse las elecciones, lo hizo al comprar votos a través de tarjetas de supermercado, lo hizo al reciclar lo más obtuso de las fuerzas políticas del PRI, él comenzó con la violencia el 3 y 4 de mayo de 2006 con el operativo en San Salvador Atenco, la violencia no sólo la desató, también la ocultó para mantenerla, ¿o es acaso una mentira que durante su gobierno en el Estado de México el feminicidio creció descomunalmente? Si de encontrar responsables se trata, podemos comenzar por este personaje.

Pero también es responsable de la violencia Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, un político formado en las escuelas del priísmo, específicamente bajo la tutela de Manuel Camacho Solís y de Carlos Salinas de Gortari; es él quien ha mantenido la política de tolerancia cero en las calles de esta ciudad, quien ha expropiado la casa a familias enteras acusándolas de ser narcomenudistas, él es quien se jacta de tener una ciudad de vanguardia cuando los transportes públicos los construye imponiendo primero la fuerza pública y luego las migajas, Marcelo Ebrard es también violento cuando empodera a más empresarios de los que uno puede imaginarse, la violencia la trajo él al hacerle el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto en la refriega del cambio de gobierno.

Sí hubo una respuesta contundente de parte de los muchachos que atacaron el cerco que rodeaba al Congreso de la Unión. Parecía necesario pasar de una lucha de resistencia a una lucha ofensiva que catalizara el enojo y el descontento de décadas sumadas de agravios. Aunque no se trata de hacer la apología de la violencia por la violencia misma, tampoco se puede condenar sin miramientos lo que sucedió aquel sábado por la mañana. Quienes estuvimos ahí documentando pudimos observar con toda claridad que la distancia existente entre la Policía Federal y el grupo de jóvenes que combatían estaba centrada sobre todo en la capacidad de combate y en la posesión de armas; mientras la policía contaba con cascos, escudos, lanzagranadas de gas lacrimógeno, armas que disparaban balas de goma (o proyectiles diversos de los cuales mostramos una amplia gama más abajo) y las propias vallas de acero, los chicos tenían piedras y palos, bombas caseras y lo que encontraban a su paso. Pero los heridos graves los pusieron los civiles,

personas que no estaban peleando, para ello se tienen los videos. ¿En quién debe caber la cordura sino en las fuerzas del orden? ¿Por qué disparaban directamente a la gente? ¿Por qué no dispersar solamente al contingente si esa era su tarea? ¿Por qué disparar y disparar sin control? Porque la de ellos es una vocación represora, tal y como Lorenzo Meyer afirma en entrevista con Jesusa Cervantes, reportera del semanario Proceso: como primeras acciones de gobierno, usar el cerco tan descomunal y la inclusión de Miguel Ángel Osorio Chong, representante de lo más represivo del PRI, demuestran el espíritu del nuevo régimen.

También hubo momentos de euforia y de franco apoyo a los manifestantes, por ejemplo, la entrada triunfal de un camión de volteo que dio un respiro luego de varias horas de combate. Todos los que estaban en aquel lugar se sumaron con gusto a esta acción, y eso, más allá de condenarla o no, deja ver la gran expectativa de las personas sobre un hecho deseado: el derrocamiento de Enrique Peña Nieto. Luego de mucho tiempo respirando gas lacrimógeno y gas pimienta, de esquivar balas de goma y otros proyectiles celebramos con gusto la aparición de esta imagen que recuerda a la entrada triunfal de la guerrilla en la Managua de 1979; una épica en el movimiento social se reforzó con este hecho, una narrativa comienza en este punto, aquella que muestra la pérdida del miedo y de las cabezas agachadas, por fin es posible pensar en otros escenarios: el camión de volteo se convirtió en nuestro Caballo de Troya capitalino.

Palacio de Bellas Artes: el exceso como signo

Con la incertidumbre en la mente y las calles del centro histórico capitalino llenándose de policía continuó la jornada. La gente no se había recuperado aún de la batalla afuera del Congreso y ya había algunos contingentes dirigiéndose hacia las calles cercanas al Zócalo; pocas personas había en la calle salvo manifestantes y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, entre agentes del grupo especial de operaciones y los antimotines de siempre. Más tarde llegarían vestidos de civil agentes de la extinta Policía Judicial, hoy Policía de Investigación y elementos de la Policía Bancaria, serán ellos quienes completen el panorama de detenciones arbitrarias.

Heriberto Paredes Coronel/ Agencia Subversiones/ Rebelión

Tal vez la feroz batalla que se libró a lo largo de Avenida Juárez y que tuvo su punto clave en la explanada de Bellas Artes, pudo evitarse, tal vez no, pero lo que sí resulta incomprensible es el despliegue inmoderado de elementos policiacos, su actitud prepotente y violatoria de los derechos humanos, de inmediato comenzaron a detener a personas que caminaban sin estar relacionadas con los acontecimientos. Lo demuestra el video que registramos en la esquina de 5 de Mayo y Filomeno Mata y los otros videos que se han recuperado en donde se muestra con claridad que quienes están detenidos no están involucrados en los hechos.

Uno de los contingentes que hacía el recorrido desde San Lázaro hasta el Centro Histórico se convirtió en una nube de furia que arrasó con todo lo que a su paso se cruzara, y fue este contingente el que protagonizó los primeros enfrentamientos afuera del Palacio de Bellas Artes. Luego se sumaría mucha más gente que comenzó a salir de los edificios en los que se escondía, transeúntes que indignados al ver la actitud de los policías comenzaron a frenarlos, apoyaban a los periodistas agredidos, impedían que se llevaran detenidas a muchas personas, fortalecían la resistencia en las propias barricadas que improvisadamente se colocaron para contrarrestar el avance de los antimotines. Entre los abusos documentados ampliamente en video, fotografías y testimonios directos de afectados podemos mencionar: detenciones arbitrarias a personas ajenas al conflicto, violencia excesiva para contener a los manifestantes, el excesivo uso sin control de armas de fuego y de gas lacrimógeno, ataques a la población que no estaba relacionada con los hechos, disparar con balas de goma directamente a los manifestantes y personas en general, impedir el paso de ambulancias para atender a heridos, entre otros.

¿Por qué la policía que se encontraba en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes se concentra en atacar a los manifestantes y luego, al ver que no puede tomar el control de la situación, comienza una ola de detenciones contra la población que no estaba participando en la batalla? ¿Acaso la policía se dio cuenta de que había sido superada por los manifestantes y decidió cumplir su cuota de detenidos con los despistados o los que pasaban por el lugar sin estar involucrados? ¿La policía tuvo que cumplir con una cuota de detenciones debido a lo complejo de la jornada? ¿A qué tipo de justicia se puede aspirar si la policía detiene gente bajo la consigna del cumplimiento de cuotas por cada persona que sea puesta a disposición del Ministerio Público o consignada en algún reclusorio? ¿Qué clase de justicia es esta que detiene a personas inocentes y las presenta como vándalos? Tanto los videos como los testimonios de los detenidos confirman lo que no se dice abiertamente: el gobierno del Distrito Federal y su titular hasta hoy, Marcelo Ebrard, necesitaban tener un número de consignados coherente para la magnitud de los acontecimientos, es decir, se trataba de cumplir una consigna para no evidenciar que la policía capitalina no está los suficientemente capacitada y fue superada porque los manifestantes les impidieron continuar con su tarea de disolver la manifestación. Jesús Robles Maloof, en un extraordinario y preciso análisis de las detenciones hechas el 1 de diciembre, expone tan sólo algunas de las incongruencias que sustentan lo parece ser verdad y se le cuestiona directamente al jefe de gobierno: “Marcelo Ebrard: No entiendo qué estás haciendo con tu futuro político en tus desastrosos últimos días de gestión, pero entiendo con claridad que el futuro de 69 familias o más está siendo destrozado por el vandalismo institucional de la SSP y la PGJDF. Una cifra alta en conferencia de prensa no vale el calvario a que sometes a estas personas”. El gobierno capitalino miente y lo hace con toda la premeditación resguardado en una política como la de tolerancia cero.

Hasta este momento los grandes consorcios de comunicación como Televisa y TV Azteca han condenado injustificadamente los actos de “vandalismo” y aseguran que se trata de “grupos anarquistas” quienes los cometieron; de igual manera procedió el gobierno capitalino, sin embargo, y con el objetivo de clarificar la situación, varios grupos que cuentan con la identidad anarquista, como Cruz Negra Anarquista y Alianza Anarquista Revolucionaria han dado a conocer un comunicado en donde explican sus propias actividades y también plantean un análisis de la actuación del GDF, además de apoyar la lucha por la liberación de los presos políticos que hasta este momento suman 69, 57 hombres en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y 12 mujeres el Reclusorio Preventivo Femenino de Santa Marta Acatitla. Por su parte, la Acampada Revolución da a conocer su postura y afirma que “la jornada de lucha del día 1 no fue espontánea, tuvo claros objetivos políticos: manifestarnos contra la imposición y las reformas estructurales, y en defensa de nuestros derechos más elementales, y fue trabajada durante meses por el 132, asambleas populares, organizaciones, colectivos, sindicatos, frentes y población en general, que decidimos movilizarnos unitariamente, de manera masiva y organizada”. Todo apunta por lo menos dos conclusiones:

Existe un descontento generalizado entre la población mexicana hacia la presidencia de Enrique Peña Nieto y al regreso al poder del PRI, lo cual, ha desatado una nueva fase en la lucha social que comenzó con los acontecimientos del 1 de diciembre pasado. Poco a poco la ciudadanía, organizada o no, va perdiendo el miedo a manifestarse y a detener los actos represivos por parte de las corporaciones policiacas, tanto locales como federales. Es perceptible que el descontento comienza a multiplicarse en otros estados del país y en este sentido el reto es la conformación de un gran movimiento social que permita el tránsito hacia una estrategia de ofensiva, mientras que se construyen simultáneamente alternativas de vida en distintas zonas.

La vocación represora del Estado en todos sus niveles de gobierno se volvió evidente con lo sucedido y permite ver el signo de lo que vendrá en términos de política interior. En este sentido el gobierno de Enrique Peña Nieto representa mucho de esta vocación pero el resto de gobiernos estatales y municipales también han cerrado filas hacia este tipo de políticas impositivas.

Para el movimiento social se perfilan una serie de retos a partir de este corte de caja que significa la batalla de San Lázaro: ¿cuál es el siguiente paso en el camino de descontento y rabia que recorre la sociedad mexicana? ¿De qué maneras es posible actuar sin que cada acto signifique la prisión para decenas de personas? ¿Cómo multiplicar fuerzas desde la vinculación de la izquierda no partidista para conseguir la liberación de las personas recluidas y al mismo tiempo para escalar esta estrategia de ofensiva que avance en la lucha contra la imposición de un gobierno? Aún se dejan ver los “análisis” que condenan lo que sucedió y colocan a quienes combatieron como vándalos sin consideración alguna o como tontos que fueron infiltrados y manipulados. Simultáneamente es posible identificar la herencia de las batallas en Oaxaca, donde los aprendizajes fueron muchos y el potencial de lucha quedó congelado al ver que los objetivos de aquel entonces no se cumplían. ¿Acaso no es posible que se haya pensado en modificar cualitativamente las formas de lucha y de protesta y que se haya transitado hacia otra etapa en la lucha social? Lo que destapan los acontecimientos del 1 de diciembre es que no es una locura pensar que la rabia, el descontento, la incertidumbre, la desazón y el memorial de agravios pueden convertirse en una fuerza decisiva que poco a poco logre cambiar la balanza y permita un quiebre, ahora sí definitivo, en el régimen priista que nuevamente amenaza con borrar cualquier disidencia del país.

* Los sucesos del 1 de diciembre en ciudad de México merecen ser analizados. Algo ha cambiado

y Heriberto Paredes, de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, que estuvo ese

día en la calle y tiene una amplia experiencia en la cobertura de los movimientos sociales, se hace

algunas preguntas y tiene varias respuestas.

9

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

291

A pesar de ser una alumna estudiosa en la carrera de Agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo y defender ideales democráticos, Jessica Viviana Reyna Camargo, de 22 años,

está encarcelada en Santa Martha Acatitla.

Amigos de la joven relatan a Cimacnoticias quién es ella y cómo terminó detenida de forma arbitraria y acusada de disturbios a la paz pública, luego de participar en las protestas del pasado 1 de diciembre en avenida Juárez, en esta capital, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

La mañana de ese sábado Jessica se encontró con compañeros de la UNAM con quienes estuvo durante la movilización en rechazo al retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos.

Desde antes de asistir a las protestas contra la candidatura de Peña Nieto, la joven ya participaba en actividades políticas. Como estudiante se integró al Consejo General de Representantes de su universidad.

Jessica ingresó a Chapingo en 2007, pero por razones personales en 2010 tomó un receso en sus estudios. No obstante, mantuvo presencia en actividades escolares y políticas, tales como la defensa del presupuesto para las universidades.

Además en su momento participó en las brigadas de servicios comunitarios organizadas por la comunidad estudiantil de Chapingo, a fin de conformar un grupo de estudiantes para ir a comunidades rurales o indígenas a impartir cursos en diversas áreas.

Jessica fue promotora de los cursos que se impartían en comunidades marginadas y donde se enseñaban temas ambientales, manejo del ganado o matemáticas; además fue de las estudiantes que repartía información a estudiantes de secundaria sobre el ingreso a la universidad.

Víctor, Osiel y Laura, amigos de Jessica, narran lo sucedido el día que la joven perdió su libertad. Aquel sábado ella estuvo en la protesta como parte de un trabajo de documentación para la revista Molino de Letras, que edita su universidad.

Jessica tomaba notas y fotografías y no midió los eventuales riesgos por estar en medio de las y los manifestantes, sostienen sus amigos.

Víctor y Osiel la vieron en avenida Juárez. Intercambiaron unas palabras y todos decidieron irse porque las agresiones estaban subiendo de tono, el panorama se puso feo y

optaron por alejarse del lugar donde ya imperaba el caos.Jessica estaba con su amiga Laura y ambas vieron cómo algunas personas, que no identificaron, hacían pintas en las paredes, irrumpían en centros comerciales y destruían el inmobiliario público.

Ambas jóvenes caminaron buscando alejarse del cerco de granaderos y llegaron a la calle de Bucareli, sin embargo una vez en ese punto se dieron cuenta que no estaban a salvo porque los cuerpos de seguridad estaban saliendo de las calles aledañas.

Mientras pensaban hacia donde podían correr vieron que había barricadas de jóvenes que pretendían impedir el paso de la policía para no ser golpeados. Comenzaron a escuchar las voces de alerta: “Ahí está el Estado Mayor (Presidencial)”. Ante el peligro inminente corrieron.

Ya estaban en Paseo de la Reforma pero siguieron corriendo. Jessica no pudo ir más rápido y fue detenida por policías. Tras varios gritos Laura distinguió la voz de su amiga, volteó y vio a dos hombres uniformados que replegaron a Jessica contra la pared.

Un tercer policía gritó y señaló con la mano hacia Laura: “Allá hay otra”. Ella sólo pensó: “Lo peor que puedes hacer en este momento es una idiotez”. Siguió corriendo hasta llegar con otro amigo a quien le dijo que habían detenido a Jessica.

Sabían que no podían hacer nada por ella así que buscaron resguardarse y llegaron a un hotel donde se refugiaron. Algunos policías entraron al hotel que ya había cerrado sus puertas y sacaron a unos jóvenes de forma arbitraria.

Según la versión oficial, las personas que cometieron actos vandálicos fueron detenidas en avenida Juárez, pero los amigos de Jessica aseguran que ella fue aprehendida muy cerca de Paseo de la Reforma y otros tantos dentro del hotel donde se refugiaban.

Los amigos de la joven no supieron de ella por horas hasta que a uno de ellos le pudo enviar un mensaje vía celular de un número desconocido: “Jessica, Agencia 50” fue lo único que alcanzó a decir para informar que estaba en el Ministerio Público.

A ella la detuvieron, cuentan sus amigos, porque aparece corriendo en unos videos de seguridad. “Sí estábamos ahí, sí corrimos pero no hicimos nada”, aclaran y advierten que esta detención como muchas otras son un “asunto político”.

En tanto, Jessica permanece encarcelada en San Martha Acatitla acusada de disturbios a la paz pública, pese a que sus amigos afirman que ella no hizo nada y no hay más pruebas en su contra que un video donde aparece su imagen, como la de muchos otros jóvenes.

* La mañana de ese sábado Jessica se encontró con compañeros de la UNAM con quienes estuvo durante la movilización en rechazo al retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos. Desde antes de asistir a las protestas contra la candidatura de Peña Nieto, la joven ya participaba en actividades políticas. Como estudiante se integró al Consejo General de Representantes de su universidad.

Anayeli García Martínez / Cimac

10

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 291

Terc

era

Sem

ana

de D

icie

mbr

e

201

2 n

uest

rotie

mpo

tolu

ca.w

ordp

ress

.com

Citigroup, JP Morgan Chase & Co., Wachovia (adquirido por Wells Fargo en 2009), HSBC Holdings, ING Bank,

Standard Chartered, American Express Bank International, y muchos otros, tienen un vínculo común además de estar en el ranking entre los bancos más grandes del mundo.

En los últimos cinco años (y varios este año), todos han sido acusados de no cumplir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero -por tanto permitiendo en conjunto que cientos de miles de millones de dólares obtenidos en transacciones sospechosas circulen a través del sistema bancario con la ausencia de un adecuado seguimiento o supervisión.

Sin embargo, ninguno de estos bancos, ni ninguno de sus principales ejecutivos, ha sido castigado con sanciones penales.

Todos, con la excepción del británico HSBC (que sigue estando bajo investigación), han acordado pagar multas por sus supuestas transgresiones después de haber recibido órdenes de suspensión o que han negociado pactos de procesos diferidos -en virtud del cual un prestamista se compromete a pagar una multa y cumplir la ley a cambio de retirar todos los cargos al final del período de supervisión gubernamental específico.

Pero repito, ningún banco ha sido procesado por un delito, ni a ninguno de sus ejecutivos le han puesto las esposas delante de los medios de comunicación.

Imagínese si usted o yo fuéramos detenidos por la policía mientras lleváramos 10 mil dólares en la cajuela que estuvieran relacionadas con personas involucradas en actividades ilegales, como el narcotráfico. ¿Cuáles son las probabilidades de que nos dejaran ir con solo una multa de tráfico?

Eso es básicamente lo que sucede en estos casos que involucran a los grandes bancos, quienes están alquilando sus sistemas de transportación de dinero a los criminales, mientras los directivos banqueros aducen ignorancia: “Yo no sabía que el dinero estaba en la cajuela. Voy a tener que verlo”.

Ahora, si tomamos esos mismos 10 mil dólares, o incluso millones de dólares, y lo metemos dentro de un auto blindado contratado por el banco, repentinamente el dinero sucio se convierten en parte del comercio legítimo, y probablemente lleven escolta policial, en lugar de ser sometidos a una inspección policial.

“Todo delito financiero tiene un componente de lavado de dinero”, dice Charles A. Intriago, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami. “... Si eres un individuo, y te atrapan, estás perdido.

“Pero si eres un banco grande, y te atrapan moviendo el dinero de un terrorista o narcotraficante, no te preocupes. Solamente desembolsarás una sanción monetaria, y luego subirás tus tarifas para recuperarla.

“Hasta que no veamos a los banqueros caminando con esposas en las manos para enfrentar los cargos, nada va a cambiar”, añade Intriago. “Estas multas son sólo un costo de hacer negocios con ellos, como pagar por un nuevo avión corporativo.”

El sistema rotoEl sistema financiero global es increíblemente complejo y capaz de mover miles de millones de dólares en muchas direcciones, a través de múltiples fronteras, con el sólo hecho de apretar

un botón en esta era digital, dificultando que los bancos realmente conozcan a sus clientes en todos los casos.

Sin embargo, la ley demanda que lo hagan, y que tengan los sistemas adecuados para impedir el lavado de dinero.

Desde la perspectiva regulatoria, sospechar que una transacción es sucia no es lo mismo que probarlo.

Los crímenes financieros, por su composición, son difíciles de rastrear e involucran una considerable suma de recursos policiales para investigarlos y procesarlos.

Bryan Hubbard, vocero de la la Oficina de la Contraloría Financiera (OCC, por sus siglas en inglés), la cual regula a los bancos nacionales, al ser entrevistado por Narco News, insistió que su oficina está a cargo de supervisar un amplio margen de asuntos legales y regulatorias, y tiene un número de acciones de supervisión y control considerable en la actualidad, pero que no pone una “atención especial” en el lavado de dinero -sin embargo, agrega, la OCC está comprometida en aplicar las leyes contra el lavado de dinero.

Dadas las condiciones de los escasos recursos, las leyes contra el lavado de dinero dependen en gran medida en hacer que los bancos sean sus propios policías -al asegurar que los informes por actividades sospechosas sean presentados con regulaciones cuando las transacciones excedan ciertos umbrales o que los departamentos de cumplimiento tengan al personal y al sistema adecuado.

Sin embargo, el problema es que hay muchos hoyos en el sistema, en gran medida debido a la poca estricta supervisión de reguladores sobrecargados de trabajo o incluso incompetentes -con el problema adicional que muchos de esos reguladores ven a los prestamistas que regulan como futuros empleadores.

Por ejemplo, está el caso de HSBC (que actualmente es sujeto a una investigación en el Senado estadounidense sobre supuestas actividades de lavado de dinero).

Uno de los antiguos altos funcionarios de la oficina de cumplimiento del subsidiario del prestamista estadounidense (llamado HBUS) previamente trabajó como investigador de OCC, según los registros del Senado de los EU.

Además, dos de los ex directores Anti Lavado de Dinero de HBUS habían trabajado anteriormente para el gobierno de los EU -uno como procurador federal y el otro como funcionario del Tesoro de los Estados Unidos.

Y, de igual forma, existen problemas similares en las relaciones de poder dentro de los departamentos de cumplimiento de los bancos, cuyos empleados pueden poner en riesgo millones de dólares de los ingresos si prestan mucha atención a las sospechas de lavado de dinero, con el inconveniente de que si las sospechas son equivocadas, pueden correr el riesgo de enojar a los poderosos clientes del banco así como a sus jefes.

Es ese ciclo de desincentivos lo que le facilita a los pillos irse con la suya, ya que, el riesgo de que un banco sea atrapado violando leyes contra el lavado de dinero simplemente no es superior a los beneficios de mirar para otro lado.

En agosto pasado, Standard Chatered aceptó pagar una multa de 340 millones dólares para quitarse de encima a un regulador de bancos de Nueva York luego de que el prestamista británico

fuera acusado de ocultar miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con intereses iraníes, en violación a leyes estadounidenses.

“Esa multa de 340 millones de dólares representó sólo el 4.5 por ciento de las ganancias de Standard Chartered en 2011,” señala Intriago. “Ese dinero no es nada para el banco.”

Repitiendo la historia

Sin embargo, Standard Chartered no es el único acusado por utilizar el sistema bancario estadounidense para mover dinero de personajes oscuros. En los años 90, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas, utilizó al banco estadounidense Citibank para ayudarle a sacar de México más de 100 millones de dólares hacia distintas cuentas suizas. A pesar que autoridades de los EU investigaron los sospechosos movimientos de dinero, no se presentaron cargos contra Raúl Salinas o Citibank, subsidiario de Citigroup Inc.

En enero de 2010, Citigroup apareció una vez más en los radares de los reguladores bancarios, esta vez en México cuando un juez acusó a una decena de casas de cambio de lavar dinero del narcotráfico a través de distintos bancos, incluyendo el subsidiario mexicano de Citigroup. En ese caso, Citigroup tampoco fue acusado de violar alguna ley.

Sin embargo, en abril de este año, un regulador bancario de EU, la OCC, emitió una orden de suspensión contra Citigroup debido a las “debilidades en el control interno, incluyendo la incompleta identificación de clientes de alto riesgo en múltiples áreas del banco.”

Y de nueva cuenta, Citigroup no fue acusado de ninguna violación penal y tampoco admitió o negó las acusaciones, pero se comprometió a instituir reformas.

Narco News es muy consciente de la historia bancaria de Citigroup, particularmente en México.

En el año 2000, dl director general de Narco News, Al Giordano, y el periodista mexicano Mario Menéndez, director del diario mexicano Por Esto!, fueron demandados por el poderoso prestamista Banco Nacional de México (Banamex). En ese momento, Banamex estaba controlado por el banquero Roberto Hernández Ramírez.

Durante el litigio, presentado en la corte estatal de Nueva York el 5 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Nueva York desestimó el caso contra Giordano y Menéndez en una gran victoria para las publicaciones en internet, a las cuales se les otorgaba los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de los EU:

“El demandante [Banamex] alega que los acusados [Giordano y Menéndez] hicieron acusaciones sobre que el Sr. Hernández Ramírez está implicado en el tráfico de drogas criminal, específicamente con el narcotráfico colombiano”.

Mientras estaba en curso el litigio contra Giordano y Menéndez, Citigroup llegó a un acuerdo, anunciado en mayo de 2001, para adquirir Banamex, el entonces segundo banco más grande de México, por unos $12.5 mil millones de dólares en efectivo y acciones.

Primera plana

En los últimos meses, el lavado de dinero en el sistema bancario ha regresado a las primeras

páginas de los diarios debido al caso de HSBC, el cual apareció en un informe de investigación del Senado de los EU emitido en julio pasado.

El prestamista británico fue investigado a raíz de la orden de suspensión de OCC emitida en octubre de 2010, la cual decía que el prestamista tenía “serias deficiencias” en su “programa de cumplimiento” contra el lavado de dinero. Posteriormente, el banco fue objeto de una investigación del Departamento de Justicia de los EU y ha destinado más de 1.5 mil millones de dólares en pagar multas y costos relacionados con el caso, el cual, probablemente, resulte en un acuerdo de proceso diferido -a menos que el consejo de Intrigao de asesoramiento sea atendido y las sanciones criminales lleguen a justo fin.

Tenga en cuenta que a pesar de que $1.5 mil millones pueden parecer mucho dinero para la gente común, los activos de HSBC exceden los $2.5 billones de dólares y en 2011 registró ganancias de casi $22 mil millones.

El registro, de HSBC, según lo expuesto hasta ahora en el caso, no es muy presentable.

Del informe del Senado de EU, preparado por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y emitido el 17 de julio:

Los problemas identificados [en HSBC] incluyen una masiva acumulación de 17 mil alertas identificando posibles actividades sospechosas que debían revisarse; métodos ineficientes para identificar actividad sospechosa; el incumplimiento de presentar los Informes de Actividad Sospechosa ante agencias estadounidenses; el incumplimiento de realizar las debidas diligencias para evaluar los riesgos de los afiliados de HSBC antes de la apertura de sus correspondientes cuentas; el incumplimiento por tres años de HBU [la filial del banco en EU] entre mediados de 2006 a mediados de 2009 de realizar monitores contra el lavado de dinero de 15 mil millones de dólares en transacciones en efectivo con asociados de HSBC; procedimientos deficientes al asignar los registros de riesgo país y de riesgo de clientes; incumplimiento de supervisar actividades de transferencia anual por 60 billones de dólares en clientes domiciliados en países evaluados por HBUS como de bajo riesgo; personal inadecuado y no calificado contra el lavado de dinero; recursos inadecuados contra el lavado de dinero; y problemas con el liderazgo contra el lavado de dinero.

Debido a que muchas de estas críticas en cuanto al control del lavado de dinero son serias, amplias y generalizadas, también plantean preguntas sobre cómo se permite que los problemas se acumulen y porque OCC no obligó a una acción correctiva antes [de octubre de 2010].

Y las subsidiarias mexicana y estadounidense de HSBC, HBMX y HBUS, respectivamente, ocupan un lugar destacado en la carnicería financiera.

Más del reporte del Senado:

HBMX utilizaría sus billetes en cuenta principalmente para vender dólares estadounidenses recibidos de sus clientes [en México] a HBUS, que HBMX normalmente transporta a HBUS a través de un auto blindado o por avión. En un período de tres meses entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, HBMX envió cerca de $742 millones de dólares HBUS; en su apogeo, HBMX exportó 4 mil millones de dólares en envíos en efectivo a granel a HBUS en el transcurso de un año, 2008.

Bill Conroy/ The Narco News Bulletin/ Primera de dos partes

* El sistema financiero global es increíblemente complejo y capaz de mover miles de millones de dólares en muchas direcciones, a través de múltiples fronteras, con el sólo hecho de apretar un botón en esta era digital, dificultando que los bancos realmente conozcan a sus clientes en todos los casos. Sin embargo, la ley demanda que lo hagan, y que tengan los sistemas adecuados para impedir el lavado de dinero.

Toluca. Durante la Administración 2009-2013 de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada por el rector Eduardo Gasca Pliego, 959 estudiantes de nivel medio y superior han realizado estancias académicas en otras instituciones de educación nacionales y extranjeras, lo que les permitió elevar su perfil profesional, conocer otras culturas e incluso, apropiarse de una segunda lengua.

Así lo aseguró el director de Control Escolar de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Hugo Eduardo García García, al inaugurar el 2º Foro Anual de Movilidad Estudian-til, espacio en el que alumnos universitarios que tuvieron la oportunidad de realizar estancias académicas de seis meses en 12 instituciones de educación superior nacionales y 80 internacionales, compartieron sus experiencias.

En el auditorio del Edificio Administrativo de la institución, el servidor universitario destacó que este ejercicio promueve el diálogo, incentiva la investigación y busca, mediante el análisis del Programa de Movilidad Estudiantil, mejorar las estrategias para que cada vez más jóvenes puedan experimentar el profesionalizarse en diferentes contextos sociales y culturales.

La directora de Cooperación Académica Nacional e Internacional, Rosalía Contreras Bulnes, explicó que los principales asistentes a dicho Foro fueron los estudiantes que culminaron sus trámites para emprender la experiencia de continuar sus estudios en otras instituciones del país y el extranjero.

La dinámica, comentó Contreras Bulnes, se desarrolló en seis mesas de trabajo, una de carácter nacional y cinco internacional, donde participaron más de 21 ponentes.

Las mesas internacionales, abundó, se dividieron en zonas: Región Centro y Sudamérica; Región Norteamérica, Estados Unidos-Canadá; Europa, Alemania, Francia, República Checa; España A y España B, espacios donde los alumnos intercambiaron opiniones afines a las zonas geográfica, tanto los que llegaron recientemente, como aquellos que partirán a inicios de 2013.

Por otra parte, la servidora universitaria resaltó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense recibió desde 2009, a 403 jóvenes de otras instituciones de educación superior, quienes cursaron diferente programas educativos en los distintos organismos académicos.

Los avances en esta materia son notables, señaló Contreras Bulnes, ya que durante 2009, 182 alumnos de la UAEM realizaron estudios por un periodo en otra casa de es-tudio y 58 hicieron lo propio en el Estado de México; en tanto, durante 2012, 309 mexiquenses viajaron a otras instituciones de educación superior de México y el extranjero, mientras que 128 realizaron estancias en la Autónoma mexiquense.

* La institución llevó a cabo el 2º Foro Anual de Movilidad Estudiantil, espacio en el que

compartieron sus experien-cias alumnos que tuvieron la

oportunidad de realizar estancias académicas en instituciones de

educación superior nacionales e internacionales.

Realizaron estancias académicas en instituciones del país y el extranjero 959 estudiantes de la UAEM