Instituciones en ruinas

El alud de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente especulativo, copó la capacidad del Instituto de Geología y Minería (Ingeominas), pues aunque por casi cien años había sido un prestigioso centro de investigación del subsuelo colombiano, le arrojaron improvisadamente la tarea de administrar el sector. 

Según denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos Rodado, ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan Manuel

Santos, desde que se aprobó el Código de Minas en 2001, “hubo superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos, juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras indígenas y afro descendientes y acaparamiento de títulos”. 

Un solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos. 

En 2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local que habían devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que entre las áreas que seguían solicitando -y las que ya estaban tituladas a su nombre- apenas sumaban 166 mil hectáreas. Sin embargo, y aún cuando la información del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada, la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011, figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios colombianos, de un extremo al otro del país, los que suman más de 700 mil hectáreas.

¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años para conseguir los suyos? 

Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el ahora ex director Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy para la AGA, según denunció Lasillavacía.com.

Con el sucesor de Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de Uribe, según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad para

que pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez, quien después, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro, dijo que pagó 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos para conseguir el título.