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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley para Prevenir y Sancionar las Prácticas de Corrupción en los Procedimientos de Contratación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios. Presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. Presentación de la iniciativa ante la Diputación Permanente el día 6 de Agosto de 2012.

Informe de correspondencia y turno a Comisión: 14 de Agosto de 2012. Turnada a las Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Lectura del Dictamen: Decreto No. Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY PARA PREVENIR Y

SANCIONAR LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS

MUNICIPIOS, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.

El suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio

de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 82 fracción I, de la

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 Apartado A fracción I,

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y

144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y

Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la consideración de este



Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley

para prevenir y sancionar las prácticas de corrupción en los procedimientos de

contratación pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios, al tenor de

la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Los gobiernos del mundo atraviesan por una grave crisis de legitimidad y credibilidad, y

México no es la excepción. La aguda violencia que se vive actualmente, la falta de

desempleo, el encarecimiento constante de los bienes y servicios básicos del hombre,

así como los altos niveles de corrupción han causado el degrade en la confianza del

ciudadano hacia el Estado y sus instituciones.

De acuerdo al Índice de Corrupción y Buen Gobierno,1 durante el año 2012 se

identificaron más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos

provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y

servicios administrados por particulares. Coahuila ocupa la posición número 18 en el

índice de corrupción de las entidades federativas.2 Asimismo, de acuerdo a información

proporcionada por el Barómetro Global de la Corrupción 2010,3 el 75% de los

mexicanos percibe que el nivel de corrupción en el país se incrementó en los últimos 3

años:

1 Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2010/1_InformeejecutivoINCBG2010%209mayo2011.pdf

2 Resultados por entidades federativas del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, en un índice ascendente de los niveles de corrupción en el país, http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2010/2_INCBG_2010_Ranking_por_Entidad_Federativa.pdf 3 Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción 2010, http://www.ddooss.org/informes/Corrupcion_2010.pdf



75%

18%7%

Más corrupción

Igual corrupción

Menos corrupción

No sólo eso. La imagen internacional que se tiene sobre la administración mexicana

empeora año con año. En el 2011, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) ubicó a

México en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala

donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor.4

Estos datos son preocupantes. Todo acto de corrupción e impunidad perturba a un nivel

profundo el sistema democrático del país y corroen el tejido social, sin importar el

ámbito en que se desarrollen. No obstante, como custodios y responsables del ejercicio

de los recursos públicos de todos, su ejecución al interior de las instancias

gubernamentales deviene en un fenómeno de consecuencias mayores que destruye la

confianza de la sociedad en sus instituciones, deslegitima al Poder Público y aniquila la

actividad económica del Estado.

Convencidos de que el combate contra la corrupción es no sólo una estrategia sino una

obligación del Estado para fortalece las instituciones democráticas y evitar el deterioro

de la moral social, uno de los principales compromisos que hicimos con el pueblo

desde el inicio de este gobierno, previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017,5

fue ubicar a Coahuila como una entidad líder en transparencia y rendición de cuentas.

4http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/IPC2011/01_IP_2011_Comunicado_de_prensa.pdf

5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 18 de mayo de 2012.



Una de las vertientes del quehacer público que se ve expuesta a malas prácticas

públicas es la relacionada con la inversión en infraestructura y obra pública, así como

en la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, procedimientos

que representan una alta erogación para el Estado y los municipios.

Las contrataciones públicas son un factor clave en la programación y ejecución del

gasto público. El Estado dispone anualmente de recursos multimillonarios que son

contemplados en el presupuesto público y cuya ejecución es confiada a los

responsables de las distintas instituciones que conforman el sector.

Por mandato constitucional, las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo

tipo de bienes, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la

contratación de obras que realice el estado, los municipios y sus respectivas entidades,

deben cumplir estrictos lineamientos que aseguren las mejores condiciones disponibles

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, equidad de trato y demás

circunstancias pertinentes.6

Para dar cabal cumplimiento a este mandato, el 06 de julio de 2012 se publicó en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado un conjunto de reformas a diversas

disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que presentamos a

fin de fomentar una mayor agilidad, eficiencia y transparencia en los procesos de

contratación realizados al amparo de estos ordenamiento.

6 Artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.



El ordenamiento jurídico estatal vigente prevé una serie de mecanismos de control y de

rendición de cuentas que dotan a los servidores públicos de herramientas suficientes

para ejecutar el gasto público con un buen nivel de transparencia. Sin embargo, para

erradicar este fenómeno no basta la existencia procedimientos en leyes. Es necesario

contemplar mecanismos que inhiban la reproducción de prácticas ilícitas y contrarias a

Derecho.

Pese a los esfuerzos por fortalecer los procesos de contratación pública, las prácticas

de corrupción continúan, ya sean cometidas por servidores públicos o incluso por

particulares. De acuerdo a un estudio de la organización Transparencia Internacional,

los países de todo el mundo gastan en promedio hasta un 70% de su presupuesto en

contratos públicos, con una pérdida por corrupción de entre el 10 y el 25% de este

monto, llegando en algunos casos hasta el 40%.7

Ante esos índices, el 11 de junio de presente año se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ordenamiento

que contempla un esquema de sanciones administrativas a particulares que incurran en

actos de corrupción en el desahogo de procedimientos de contratación pública de

carácter federal. Esta legislación representa un adelanto a nivel nacional con el

propósito de consolidar a México como un país confiable y transparente, al homologar

nuestra legislación a lo que marcan las convenciones legales anticorrupción.

La presente iniciativa se suma a los esfuerzos realizados en el orden federal, a fin de

transparentar la asignación de contratos en materia de licitaciones, adquisiciones y

obras públicas financiadas con recursos estatales o municipales, reconociendo la

corresponsabilidad entre el sector público y privado en todo acto de corrupción que se

presenta en los procedimientos de contrataciones públicas.

7 , “Contrataciones públicas en América Latina: nueve informes de país que miden riesgo de corrupción”.



Los ordenamientos legales vigentes en el Estado en materia de contrataciones públicas

se orientan hacia la corrección de conductas indebidas cometidas por servidores

públicos. Tal es así, que el Código Penal para el Estado de Coahuila prevé un capítulo

destinado a los delitos cometidos por servidores públicos contra la economía de la

Administración Pública,8 en donde se tipifica el peculado, el enriquecimiento ilícito, la

negociación ilícita, el tráfico y uso de influencias, así como el otorgamiento indebido de

empleo, cargo, comisión, contratos o licencias, entre otros delitos, y cuyas sanciones

oscilan entre prisión de seis meses a ocho años, multa y destitución de empleo o cargo,

e inhabilitación para desempeñar otro.

En el caso de los particulares, las sanciones previstas están dirigidas principalmente a

sancionar los incumplimientos contractuales con el Estado, situación que no inhibe la

práctica de conductas para obtener una ventaja o beneficio indebido en los actos o

procedimientos relacionados con las contrataciones públicas.

La corrupción es un problema cuya prevención y combate corresponde a todos los

ciudadanos. No se trata de un asunto inherente a la clase política o burocrática. Se

requiere de herramientas jurídicas para desalentar y sancionar a quienes participan en

estas prácticas, sean servidores públicos o particulares y sin perjuicio de las sanciones

previstas en otros ordenamientos.

Como sociedad, no podemos permitirnos ser observadores ni tolerantes ante estos

actos de corrupción. Estamos convencidos de que esta iniciativa fortalecerá la

8 Artículos 195 a 205, Capítulo segundo “Delitos de servidores públicos contra la economía de la administración pública, Título segundo, “Delitos de servidores públicos o contra la función pública, del Apartado primero “Delitos contra el Estado”, Libro segundo, “Parte especial”, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.



participación de la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción y contribuirá a

generar conciencia sobre la existencia y gravedad de este problema.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar el manejo adecuado y

transparente de los recursos públicos y salvaguardar el patrimonio del Estado y sus

municipios, mediante acciones de prevención, detección y, en su caso, sanción de

prácticas de corrupción realizadas por los servidores públicos o personas que manejen

o apliquen recursos económicos del Estado y los municipios, así como por personas

físicas y morales que participen en los procedimientos de contrataciones públicas.

Prevención.

Esta iniciativa establece los principios que deben privar en la presupuestación, custodia,

administración, fiscalización, inversión y gasto de los bienes y recursos públicos, tales

como honestidad, probidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad,

rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad. Al mismo tiempo,

contempla como un deber el administrar y aplicar los bienes y recursos públicos con

criterios de austeridad, racionalidad, disciplina y eficiencia, procurando la disminución

del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines

públicos.

Asimismo, prevé el deber del Estado y los municipios de formular, implementar y

evaluar políticas públicas educativas, económicas, jurídicas, políticas, ambientales u

otras que considere conveniente, con el propósito de prevenir y combatir hechos o

actos de corrupción, al tiempo que fortalece el derecho de todo ciudadano a la

información sobre la utilización de los bienes y del gasto e inversión de los recursos.

Detección.



La iniciativa dispone de dos catálogos de infracciones en materia de contrataciones

públicas: el primero dirigido a los servidores públicos que participan directa o

indirectamente en estos procesos y que abarca acciones como requerir o aceptar

dinero o cualquier otro beneficio a cambio de la realización u omisión de cualquier acto

en el ejercicio de sus funciones públicas; el segundo, orientado a tipificar las prácticas

de corrupción y opacidad realizadas por particulares en los procesos de contratación,

tales como la promesa u ofrecimiento de beneficios o dinero con el propósito, o bien

promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios, sobre

cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio

o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos

o del resultado obtenido, entre otros.

De igual forma, promueve la cultura de la denuncia de cualquier acto de corrupción,

tanto por ciudadanos como por los mismos servidores públicos, otorgando garantías de

protección a favor del denunciante o testigo y generando un procedimiento

administrativo de investigación ágil y confiable, equiparable al esquema federal.

Sanción.

Contempla sanciones administrativas a las personas físicas y morales que incurran en

las infracciones previstas en esta Ley, equivalentes a multa de mil a cincuenta mil veces

el salario mínimo diario general vigente en el Estado, tratándose de personas físicas y

de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo vigente en el Estado

tratándose de personas morales. Asimismo, prevé la suspensión, cancelación o

inhabilitación del registro de proveedores o contratistas por un periodo no menor a 3

meses ni mayor a 8 y 10 años, respectivamente.

Por lo que hace a las infracciones cometidas por servidores públicos, se remite al

procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos



Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza para su correspondiente

sanción.

A fin de fomentar y promover la honestidad entre los participantes, la iniciativa

contempla la reducción de sanciones de entre el cincuenta y el setenta por ciento del

monto de las sanciones que se impongan, a la persona que haya realizado alguna de

las infracciones previstas en esta Ley, cuando confiesen su responsabilidad en los

actos.

Por lo anterior, decididos a conjugar y efectuar todos los esfuerzos para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas,

ponemos a consideración de este H. Congreso para su revisión, análisis y en su caso

aprobación, la siguiente iniciativa de:

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS MUNICIPIOS

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto

garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos y salvaguardar el patrimonio del Estado y sus municipios, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas de corrupción de los servidores públicos o personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado y los municipios, así como de las personas físicas y morales que participen en los procedimientos de contrataciones públicas. Artículo 2. Para fines de la presente ley, se entiende por corrupción el uso indebido del

poder público, de la función pública o de la información privilegiada que esta le permita conocer para obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole, para sí o para otros dentro de un procedimiento de contratación pública.



Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables en los procedimientos

de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que se realicen en la administración pública estatal o municipal; al Poder Legislativo y al Poder Judicial; los organismos o empresas de cualquiera de los Poderes del Estado, o del municipio, sean desconcentrados o descentralizados; los organismos o empresas de participación estatal o municipal; las organizaciones y sociedades asimiladas a aquellos; los que manejen bienes o recursos económicos públicos estatales o municipales mediante fideicomisos u otras formas jurídicas; los organismos a los que la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga autonomía y en general todo organismo en que el Estado tenga participación cualquiera fuese su naturaleza jurídica, las instituciones privadas que prestan servicios públicos, así como las conductas de personas privadas cuando éstas se relacionen con actos de la administración. Artículo 4. Las acciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra

pública y servicios relacionados con la misma, que realicen el Estado, los Municipios, las entidades paraestatales y paramunicipales, y demás entidades públicas aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila respectivamente, en lo que no se contrapongan a lo previsto en la presente Ley. Para todo lo no previsto en esta Ley se observarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 5. Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley: I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que

participen en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila y demás disposiciones aplicables;

II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que en

su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés de las personas a que se refiere la fracción anterior;



III. Los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las

contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, quienes estarán sujetos a responsabilidad en términos del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Autoridades competentes: La Secretaría, los titulares de los Órganos Internos de

Control y los titulares de sus respectivas áreas de quejas y de responsabilidades, así como los órganos que al efecto determinen el H. Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus tribunales especializados, el Consejo de la Judicatura del Estado, la Auditoría Superior del Estado, los organismos públicos autónomos en el Estado y demás órganos públicos, en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 de la presente Ley;

II. CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental a que se

refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III. Contrataciones públicas de carácter estatal o municipal: Los procedimientos de

contratación, sus actos previos, y aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que lleven a cabo las instituciones públicas contratantes a que se refiere la fracción VII de este artículo, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas en el Estado y con independencia del régimen especial de contratación o del esquema que se utilice para su realización. Se considerarán incluidos los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter estatal o municipal, y su prórroga, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con las contrataciones públicas;

IV. Dependencias: Las Secretarías de Estado, la Procuraduría General de Justicia del

Estado, sus órganos desconcentrados, las unidades administrativas adscritas a las mismas, y aquellas encargadas del trámite de los asuntos que correspondan directamente al Gobernador del Estado; así como las áreas, órganos o unidades de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos o de las entidades paraestatales o paramunicipales;

V. Entidad Pública: La administración pública estatal o municipal; al poder legislativo

y al poder judicial; los organismos o empresas de cualquiera de los poderes del



estado, o del municipio, sean desconcentrados o descentralizados; los organismos o empresas de participación mayoritaria o minoritaria estatal o municipal; las organizaciones y sociedades asimiladas a aquellos; los que manejen bienes o recursos económicos públicos estatales o municipales mediante fideicomisos u otras formas jurídicas; así como a los organismos a los que la Constitución Política del Estado otorga autonomía;

VI. Entidades: Las entidades paraestatales previstas en el artículo 39 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como aquéllas que tengan el carácter de entidad paramunicipal a que se refieren los capítulos III y IV del Título Tercero del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

VII. Instituciones públicas contratantes: la dependencia o entidad de la Administración

Pública Estatal o municipal responsable que realice contrataciones públicas con cargo total o parcial a fondos del Estado o de los municipios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como las áreas u órganos competentes de las autoridades que refieren las fracciones II a IX del artículo 7 de esta Ley, encargadas de las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal;

VIII. Intermediario: Las personas a que se refiere la fracción II del artículo 5 de esta

Ley; IX. Mandatos y contratos análogos: Los mandatos y contratos análogos celebrados

por las dependencias, entidades y, en su caso, los organismos públicos autónomos, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y que involucren recursos públicos del Estado o de los municipios;

X. Ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas: Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila y demás ordenamientos jurídicos que establezcan un régimen, esquema o mecanismo especial de contratación pública;

XI. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control en las dependencias

y entidades, así como de los organismos públicos autónomos; XII. Procuraduría: La Procuraduría General de de Justicia del Estado;

XIII. Secretaría: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;



XIV. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de

cualquier naturaleza en una entidad pública.

Artículo 7. En el ámbito de sus competencias, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en relación con las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal que realicen:

I. La Secretaría, en el ámbito de la Administración Pública Estatal, así como de los

municipios que lleven a cabo contrataciones públicas con recursos de carácter estatal, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El H. Congreso del Estado; III. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, sus tribunales especializados y el

Consejo de la Judicatura del Estado; IV. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia cuando lleven a cabo

contrataciones públicas con recursos de carácter municipal; V. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de

Zaragoza; VI. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de

Zaragoza; VII. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; VIII. La Auditoría Superior del Estado, y IX. Los demás órganos públicos autónomos que determinen las leyes. Las autoridades referidas en las fracciones II a IX de este artículo, de conformidad con las disposiciones que les resulten aplicables, determinarán las áreas u órganos encargados de investigar la posible comisión de las infracciones a que se refiere esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de las mismas y aplicar las sanciones correspondientes. Las contrataciones públicas que se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.



Artículo 8. La Secretaría, así como los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades de dichos Órganos, serán autoridades competentes para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recurso establecidos en esta Ley. Artículo 9. Las responsabilidades y sanciones a que se refiere esta Ley se

determinarán y aplicarán con independencia de las demás responsabilidades y sanciones previstas en los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PREVENCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN Y LA

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

Artículo 10. En la presupuestación, custodia, administración, fiscalización, inversión y

gasto de los bienes y recursos públicos, los servidores públicos se regirán por los principios de honestidad, probidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad, de forma que la utilización de los bienes y el gasto e inversión de los recursos públicos se efectúe conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado y demás ordenamientos aplicables. Artículo 11. El Estado y los municipios deberán formular, implementar y evaluar

políticas públicas educativas, económicas, jurídicas, políticas, ambientales u otras que consideren conveniente, con el propósito de prevenir y combatir hechos o actos de corrupción en sus ámbitos de competencia. Artículo 12. La Secretaría y demás autoridades competentes previstas en el artículo 7 de esta Ley, podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes.



Artículo 13. Toda la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la

custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto del patrimonio público que corresponda a las personas sujetas a esta Ley, tendrá carácter público, salvo las excepciones que por razones de reserva o confidencialidad señale la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 14. Las entidades públicas están obligadas a informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y del gasto e inversión de los recursos cuya administración les corresponda, en términos de lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. Artículo 15. Los particulares tienen el derecho de solicitar a las entidades públicas, información sobre la utilización de los bienes y recursos públicos a su cargo, salvo las excepciones que expresamente establezca la ley de la materia. Artículo 16. Los servidores públicos están al servicio del Estado, por lo que tienen prohibido destinar o usar los bienes o recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos, proyectos políticos, intereses económicos o particulares. Artículo 17. Los servidores públicos deberán administrar y aplicar los bienes y recursos públicos con criterios de austeridad, racionalidad, disciplina y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos. Asimismo, deberán utilizar los recursos públicos solo para los fines previstos en el presupuesto correspondiente, y no podrán dar uso o destino a los bienes públicos distinto a la función para la cual fueron asignados. Artículo 18. Las instituciones públicas contratantes instruirán los procedimientos y

demás trámites administrativos de contratación pública procurando su simplificación y respetando los principios de economía, celeridad, eficiencia, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 19. Los servidores públicos están obligados a rendir cuentas de los bienes y recursos públicos que administren, en los mismos términos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.



Artículo 20. Las instituciones públicas promoverán mecanismos y acciones destinadas

a garantizar la transparencia en la gestión pública, proporcionando para ello toda la información relevante y necesaria a quienes lo soliciten y requieran de manera escrita.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 21. Los servidores públicos son responsables administrativa, civil, penal y

políticamente por la administración y custodia de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado y demás disposiciones aplicables. Artículo 22. Los servidores públicos que tengan la responsabilidad de contratar con personas naturales o jurídicas, deberán verificar que la información legal, técnica y financiera del participante sea fidedigna, de conformidad con los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 23. Sin perjuicio de lo dispuesto en los ordenamientos legales en materia de

contrataciones públicas y en el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal incurrirán en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes: I. Requiera o acepte, directa o indirectamente, dinero o cualquier objeto de valor

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

II. Realice cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de

obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

III. Aproveche doloso u oculte los bienes provenientes de cualesquiera de los actos a

los que se refiere este artículo;

IV. Entregue, suscriba o destruya un documento o algún bien, con el fin de obtener

para sí o un tercero una ventaja o beneficio;

V. Continúe con los actos y procedimientos de contratación pública, una vez que se

detecta el incumplimiento de requisitos o su simulación;



VI. Simule o evada el cumplimiento o desahogo de los actos o requisitos establecidos

en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal;

VII. Cualquier otra que altere el principio de equidad en los procesos de

contrataciones públicas previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 5 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:

I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u

otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas a un servidor público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido.

Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier dádiva se haga a un tercero, que de cualquier forma intervenga en el diseño o elaboración de la convocatoria de licitación pública o de cualquier otro acto relacionado con el procedimiento de contratación pública de carácter estatal o municipal;

II. Ejecute con uno o más sujetos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal;

III. Realice por sí o por interpósita persona o actuando como intermediaria, cualquier acto u omisión procure la adopción, por parte de un servidor público de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado;

IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, no obstante que por disposición de ley o resolución administrativa se encuentre impedido para ello;



V. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o

reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, o simule el cumplimiento de éstos;

VI. Intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se

encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación;

VII. Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio;

VIII. Promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido, o

IX. Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que la persona física o moral a que se refiere la fracción I del artículo 5 de esta Ley obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados previo procedimiento administrativo sancionador que se sustancie en términos de esta Ley.

CAPÍTULO CUARTO DE LA DENUNCIA E INVESTIGACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

Artículo 25. Toda persona que tuviese conocimiento de un acto de corrupción de conformidad con lo previsto en esta Ley, tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo. Los servidores públicos tienen la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser



sancionadas en términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 26. Las autoridades competentes podrán tomar conocimiento de las presuntas

infracciones que cometan las personas sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios: I. CompraNet, por medio del apartado de denuncias establecido en dicho sistema;

II. Denuncia formulada por las instituciones públicas contratantes o cualquier otra

autoridad, las cuales, deberán remitirla a la Secretaría o, cuando corresponda, a las autoridades a que se refieren las fracciones II a la IX del artículo 7 de esta Ley, acompañada de la documentación o información en que aquélla se sustente y demás elementos probatorios con los que, en su caso, se cuente;

III. Denuncia de particulares en la que señalen, bajo protesta de decir verdad, las

presuntas infracciones. La manifestación hecha con falsedad será sancionada en términos de la legislación penal aplicable;

Artículo 27. Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones previstas en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan acogerse al beneficio establecido en el artículo 32 de la misma. De todas las denuncias, independientemente del medio de su presentación, se dejará constancia escrita, para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante, no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad en cualquier diligencia posterior tanto en sede administrativa y/o judicial. Asimismo, deberá mantenerse un registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran tomado conocimiento del expediente de denuncia quedando impedidas de dar a conocer esa información de un modo que revele su identidad o la de cualquier persona vinculada con él. El incumplimiento de esta disposición acarrea las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar de conformidad con los ordenamientos aplicables. Artículo 28. El escrito de denuncia deberá contener lo siguiente: I. Los hechos y cualquier otra información que permitan advertir la comisión de

presuntas infracciones;



II. Los datos de identificación del presunto infractor, y

III. El señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las presuntas

infracciones. En el caso de las denuncias a que se refieren la fracción II del artículo 26 de esta Ley, las instituciones denunciantes deberán acompañar los elementos probatorios correspondientes.

Artículo 29. Recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible existencia de infracciones, iniciarán la etapa de investigación a que hace referencia esta Ley. Artículo 30. Las solicitudes de información se sujetarán a las reglas siguientes: I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de

investigación por presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos en esta Ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Para los efectos de tales requerimientos la autoridad competente fijará un plazo para la atención del requerimiento respectivo que no será inferior a cinco días hábiles ni mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del requerimiento respectivo, sin perjuicio de poder ampliarlo hasta diez días hábiles más cuando, por causas justificadas, así lo soliciten los interesados. En caso de no atender los requerimientos sin causa justificada, la autoridad competente podrá imponerles una multa en términos del artículo 41 de esta Ley.

II. Las instituciones públicas contratantes a las que se les formulen requerimientos de

información, tendrán la obligación de proporcionarla dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados, las instituciones públicas contratantes requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar prórroga por escrito ante la autoridad competente, debidamente justificada. La ampliación del término que en su caso se otorgue será improrrogable y no podrá exceder de veinte días hábiles. Cuando los servidores públicos no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, se les impondrá una multa en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de esta Ley, salvo que exista mandato legal o judicial o causa justificada a



juicio de la autoridad competente que se los impida y con independencia de que se inicien las acciones para fincar a los servidores públicos la responsabilidad administrativa a que haya lugar.

III. La autoridad competente tendrá acceso, en términos de las leyes en la materia, a

la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión la determinación de las sanciones correspondientes.

La información obtenida en los términos de este artículo tendrá valor probatorio en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Para los efectos de las fracciones I y II del presente artículo, la reincidencia en el incumplimiento de requerimientos se sancionará con multa de hasta el doble de aquélla que se hubiera impuesto en términos de esas fracciones, sin perjuicio de que subsista la obligación de dar cumplimiento al requerimiento respectivo.

Artículo 31. Durante la etapa de investigación, las autoridades competentes podrán,

además de requerir información en términos del artículo anterior, llevar a cabo las demás diligencias que para mejor proveer se estimen necesarias, incluyendo la solicitud de documentación e información a cualquiera otra persona física o moral, tendiente a comprobar las presuntas infracciones. Artículo 32. Los servidores públicos de las autoridades competentes que con motivo de

las investigaciones que lleven a cabo, tengan acceso a información clasificada como reservada o confidencial, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla indebidamente bajo cualquier medio; en caso contrario, serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables. Artículo 33. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades competentes procederán al análisis de la información recabada, a efecto de determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del infractor, se emitirá acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios y no hubieren prescrito las facultades para sancionar.



CAPÍTULO QUINTO

DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO USUARIO SIMULADO Artículo 34. La Secretaría podrá instaurar procedimientos de investigación para detectar prácticas de corrupción y servidores públicos proclives a las mismas. La Secretaría deberá implementar las acciones y procedimientos necesarios para la operación eficaz del usuario simulado. Artículo 35. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría habilitará a los servidores públicos como usuarios simulados. Artículo 36. De esta habilitación la Secretaría dará aviso a las autoridades

competentes de seguridad pública y procuración de justicia a efecto de proteger la integridad personal y la actuación del usuario simulado. Artículo 37. Para la ejecución del procedimiento de investigación de actos de

corrupción de servidores públicos, el usuario simulado, las deberá llevar a cabo con la colaboración de las autoridades competentes en la investigación de delitos. Artículo 38. El servidor público que actúe como usuario simulado tendrá las siguientes

facultades: I. Intervenir en la investigación de actos de corrupción de servidores públicos

estatales en los términos que establezca la Secretaría;

II. Verificar que las personas que se investigan sean servidores públicos;

III. Implementar las estrategias para verificar las denuncia de actos de corrupción.

IV. Coordinarse con las autoridades competentes para propiciar la flagrancia y lograr

la detención de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción;

V. Recabar y conservar las pruebas que se recaben en la investigación de actos de

corrupción y ponerlas a disposición de las autoridades competentes;

VI. Levantar las actas administrativas necesarias relacionadas con su actuación como

usuario simulado;



VII. Interponer las denuncias por actos de corrupción, cuando sea procedente, ante las

autoridades competentes; y

VIII. Las demás que le otorgue la Secretaría y otras disposiciones legales.

Artículo 39. El usuario simulado solamente podrá intervenir en la investigación de actos

de corrupción cuando exista denuncia o, sin ella, cuando la Secretaría cuente con elementos suficientes que hagan presumir actos de corrupción cometidos por un servidor público. Artículo 40. El servidor público que actúe como usuario simulado en una investigación de actos de corrupción, podrá recabar todo tipo de pruebas siempre que no sean contrarias a la ley.

CAPÍTULO SEXTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 41. Si de la investigación realizada se advirtieren elementos suficientes que hagan presumir la existencia de las infracciones previstas en la presente Ley, la autoridad competente dictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual deberá ser notificado en términos del artículo 35 de esta Ley. El acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, por lo menos: I. Nombre del presunto infractor o infractores;

II. Datos de identificación del expediente que se integre con motivo del inicio del

procedimiento y lugar en donde podrá consultarse; III. Señalamiento claro, objetivo y preciso de las infracciones que se le imputan y, en

su caso, de quien haya actuado como intermediario; IV. Las disposiciones de esta Ley en que se funde el procedimiento, señalando

aquéllas que se estimen transgredidas; V. El señalamiento de los beneficios establecidos en esta Ley para las personas que

confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les formule, y VI. Nombre y firma de la autoridad competente, así como fecha y lugar de su emisión.



Artículo 42. Las notificaciones se harán: I. En forma personal, cuando se realicen a los sujetos a que se refiere el artículo 5

de esta Ley, y II. Por oficio, cuando se realicen a las autoridades.

Para la práctica de notificaciones personales fuera del lugar de residencia de la autoridad competente, ésta podrá auxiliarse de cualquier autoridad estatal o municipal, conforme a los convenios o instrumentos de colaboración que se establezcan para tal efecto, quien la llevará a cabo de acuerdo a la normativa aplicable y tendrá la obligación de remitirle las constancias respectivas, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se practicó la misma. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente a aquél en que se haya realizado. Artículo 43. Dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor podrá manifestar lo que a su derecho convenga, por escrito firmado bajo protesta de decir verdad o mediante comparecencia ante la autoridad competente, dando respuesta a todos y cada uno de los actos que se le imputan, ofreciendo y presentando las pruebas que estime pertinentes y, en su caso, reconociendo su responsabilidad en relación con la infracción de que se trate en los términos y para los efectos previstos en la presente Ley. Si el presunto infractor confesara su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar resolución, salvo que las autoridades competentes dispongan la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez de la confesión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 50 de la presente Ley. Si el presunto infractor no manifestare por escrito lo que a su derecho convenga o no compareciere dentro del plazo establecido en el párrafo primero de este artículo o dejare de responder alguna de las conductas o hechos que se le imputan, éstos se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Artículo 44. Transcurrido el plazo para que el presunto infractor manifieste lo que a su

derecho convenga, la autoridad competente deberá proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por éste, observando para tal efecto las reglas previstas en el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.



Las autoridades competentes podrán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 45. Desahogadas las pruebas, se concederá al presunto infractor un plazo de

cinco días hábiles para formular alegatos. Transcurrido dicho plazo, se cerrará la instrucción y se dictará la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de cuarenta días hábiles. Artículo 46. La resolución que se dicte decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre la imposición de las sanciones, debiendo notificarse al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles. Artículo 47. Los sujetos sancionados en términos de esta Ley, podrán interponer el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 48. Dentro de la etapa de investigación o dentro del procedimiento administrativo sancionador, las autoridades competentes podrán imponer medidas de apremio, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones. Las medidas de apremio, serán las siguientes: I. Apercibimiento, y II. Multa, de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado.

Toda medida de apremio deberá estar debidamente fundada y motivada. Artículo 49. En todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo sancionador no previstas en esta Ley, se observarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en los ordenamientos legales en materia de

contrataciones públicas, las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refiere la presente Ley, consistirán en: I. Tratándose de personas físicas:



a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo

diario general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta en tres veces la multa a que se refiere este artículo.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas estatales o municipales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas estatales o municipales realizadas en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Suspensión, cancelación o la inhabilitación del registro de proveedores o

contratistas correspondiente, para participar en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas.

II. Cuando se trate de personas morales:

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el

salario mínimo diario general vigente en el Estado.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas estatales o municipales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas estatales o municipales realizadas en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y



b) Suspensión, cancelación o la inhabilitación del registro de proveedores o

contratistas correspondiente para participar en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas.

III. Cuando se trate de servidores públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 24 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables. El plazo de la sanción de suspensión, cancelación o inhabilitación comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la autoridad competente la haga del conocimiento de entidades públicas mediante la publicación en el medio electrónico previamente determinado, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter estatal o municipal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema. Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda y así sucesivamente. En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute. Artículo 51. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán en cuenta los elementos que a continuación se señalan: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;



II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;

III. La gravedad de la infracción, y

IV. Las condiciones del infractor.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los contratos que el infractor tenga celebrados y estén registrados en CompraNet, o bien, si no se contara con esa información, se podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dé origen al procedimiento administrativo sancionador de que se trate;

V. Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones

públicas de carácter estatal o municipales previas; VI. El grado de participación del infractor; VII. Los medios de ejecución; VIII. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, y IX. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción,

cuando éstos se hubieren causado. Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente en una o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir de que surta efectos la notificación de la primera sanción. Artículo 52. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones

administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de diez años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador o con la impugnación de la resolución respectiva por el infractor. Artículo 53. Las dependencias y entidades, no podrán otorgar a las personas que hubieren sido sancionadas en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables,



durante el plazo en que éstas se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en los demás ordenamientos aplicables. Artículo 54. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o patrimonial que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. Artículo 55. Los actos, convenios, contratos y negocios jurídicos que las entidades públicas realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA REDUCCIÓN DE SANCIONES

Artículo 56. La persona que haya realizado alguna de las infracciones previstas en esta Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo. La aplicación del beneficio a que hace referencia el párrafo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, independientemente de las de orden civil, penal o patrimonial que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del

procedimiento administrativo sancionador; II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos

involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción;

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y

continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el procedimiento administrativo sancionador conducente, y



IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la

infracción. Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio. Artículo 57. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se

refiere esta Ley, si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplicará una reducción del cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro del plazo a que se refiere el artículo 36 de esta Ley.

CAPÍTULO NOVENO DE LA PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES DE LAS PRÁCTICAS DE

CORRUPCIÓN

Artículo 58. Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de servidores públicos o particulares denuncien actos de corrupción, así como de los testigos de los mismos y, en caso que se requiera, conceder las medidas de protección adicionales señaladas en esta Ley. Esta protección no condiciona la posible participación de los denunciantes durante el proceso de investigación del acto de corrupción en calidad de testigo. Artículo 59. Todos los denunciantes de actos de corrupción, por el mismo hecho de serlo, contarán con las siguientes medidas básicas de protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la autoridad competente: I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia. II. Asistencia legal para su participación en el proceso penal o administrativo. III. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. De ser el caso que el denunciante o testigo sea un servidor público se protegerán sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia. Esta protección será permanente y podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción a que hubiese lugar.



En ningún caso, esta protección exime al servidor público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia. De ser el caso que el denunciante o testigo sea un ciudadano que no ejerce función pública, y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo, recibirá asistencia legal a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado.

Artículo 60. El incumplimiento o inobservancia de los deberes relacionados con el otorgamiento de medidas de protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción genera, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, responsabilidad civil correspondiente a una indemnización de daños y perjuicios que será determinada por la autoridad judicial competente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno Estado de Coahuila de Zaragoza. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. TERCERO. La implementación de esta Ley deberá realizarse con los recursos

humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipales, así como a las demás autoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, por lo que no implicará erogaciones adicionales. CUARTO. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas deberá emitir los

lineamientos, reglas y manuales de operación a que debe sujetar su actuación el usuario simulado. Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta consideración.

Saltillo, Coahuila, a 06 de agosto de 2012.



ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

iniciativa con proyecto de decreto de la ley para … · ciudadano hacia el estado y sus...

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