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INGRESO MÍNIMO VITALEl PSOE, de nuevo impulsor de derechos, para garantizar que nadie se quede atrás

El Ingreso Mínimo Vital ya es una realidad. Se crea este nuevo derecho para la ciudadanía, para luchar contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil, con el objetivo de que nadie se quede atrás. El Congreso ha respaldado el RDL que implanta esta prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.

Acelerada su implantación para hacer frente cuanto antes a las dificultades que están pasando muchas personas, con su situación agravada por la crisis derivada de la pandemia del covid-19, el Ingreso Mínimo Vital es una medida recogida en el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas que componen el Ejecutivo y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno.

Serán 850.000 hogares beneficiarios, 2,3 millones de personas, con un gasto público estimado en torno a 3000 millones. Como recoge este RDL, “esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica”. Además, “el ingreso mínimo vital no es una política dirigida a grupos o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto”.

Prestación no contributiva para garantizar ingresos mínimos

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.

Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.

Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.

El Ingreso Mínimo Vital supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros, que se sitúa en la media europea de prestaciones similares.

Beneficiará a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas, de las que un millón está ahora en pobreza extrema (con ingresos de menos de 3.000 euros al año) y 550.000 en pobreza muy alta (con ingresos entre 3.000 y 4.300 euros anuales).

“El Ingreso mínimo vital es una medida de justicia social”

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El Congreso ha respaldado el Ingreso Mínimo Vital, medida impulsada por el Gobierno para dar respuesta a una emergencia, agravada por la pandemia del covid-19, creando una nueva red de protección social para situaciones de necesidad, y que llegará a 850.000 hogares. La Exministra de Sanidad y diputada por Asturias, Luisa Carcedo, defendió la medida en el pleno.

¿Es necesario el Ingreso Mínimo Vital?

Necesario y urgente, se trata de un derecho de ciudadanía y en consonancia con el mandato constitucional de un sistema de protección para las situaciones de necesidad. Es una medida de justicia social, una medida de respeto a los derechos y la dignidad humana.

Tras el incremento sostenido de la desigualdad a costa de la caída de las rentas bajas, las transferencias económicas a los hogares o personas de menos renta hace necesaria la implementación de un nuevo sistema que sea capaz de colocar transferencias económicas en estos hogares. Se combate así la desigualdad, y la pobreza, singularmente la infantil.

¿A qué realidad responde?

Con esta medida se atenderá una realidad que demanda una solución. En los hogares de menos renta sus escasos ingresos provienen de diverso origen y viven una realidad difícil. Por un lado, si tienen rentas del trabajo, suelen ser de empleos precarios, muy afectados por la llamada pobreza laboral. No tienen la oportunidad de acceder a los beneficios y bonificaciones fiscales, ya que no tienen ingresos para liquidar el IRPF y menos el IS, especialmente evidente en el caso de deducciones por hijo o de gastos deducibles por descendiente menor, situación que explica, en parte, la pobreza infantil. Y acceden a escasas cuantías de prestaciones sociales no contributivas destinadas a personas y hogares en situación de necesidad. Tres razones que justifican la escasa capacidad de reducción de la pobreza tras transferencias sociales, muy por debajo de la eficacia en otros países de la UE.

Con el IMV España sigue avanzando como garante de derechos

Como siempre que hay avances sociales, y garantía de derechos, el PSOE está ahí, impulsándolos. España es un país comprometido con los Derechos Humanos, derechos sociales, económicos y culturales. Nuestro país ha ratificado la Convención de Derechos del Niño y también la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, colectivo con 6 puntos más de riesgo de pobreza. Y nuestra Constitución mandata a los poderes públicos a establecer un sistema de asistencia y prestaciones de seguridad social para situaciones de necesidad.

¿El IMV refuerza el Estado del Bienestar?

Sí. A lo largo de la reciente historia democrática hemos ido construyendo un Estado de Bienestar que combina la red de servicios públicos de calidad como la sanidad, la educación y los servicios sociales, con la dependencia incluida y un sistema público de pensiones, incluidas las no contributivas, que aseguran que toda persona mayor de 65 años tiene asegurada una pensión, haya o no cotizado a la Seguridad Social. Estos cuatro pilares del Estado del Bienestar son en su función un mecanismo de redistribución. Es además un mecanismo de cohesión social y contribuye a recuperar el ascensor social, junto con otras medidas educativas y sociales.

Pero nuestro sistema de protección social es poco eficaz en la reducción de la pobreza tras las transferencias económicas. Esta nueva prestación se focaliza en las rentas bajas y con ello se incrementa mucho la eficacia. Constituye una nueva dimensión del Estado de Bienestar y de desarrollo del Estado Social y un reparto más justo de la renta.

LUISA CARCEDO, EXMINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR

SOCIAL Y DIPUTADA POR ASTURIAS

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Impuesto sobre transacciones financieras

El impuesto sobre transacciones financieras sigue su tramitación tras ser rechazadas por el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios Vox, Ciudadanos y Popular en el Congreso al Proyecto de Ley que implanta este Impuesto sobre Transacciones Financieras. Antonio Hurtado fue el encargado de defender en nombre del Grupo Socialista uno de los impuestos enmarcado en la fiscalidad justa que defiende el Gobierno, y que reforzará el Estado de Bienestar. “El nuevo impuesto cumple las tres condiciones de equidad, capacidad recaudatoria y eficiencia” y “lo pagaran los bancos y no la clase media de este país”, defendió.

Este impuesto grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que estas sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Se prevé recaudar 850 millones de euros anuales.

PNL para retirar condecoraciones a torturadores franquistas

El Congreso ha respaldado la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista junto al Grupo de Unidas Podemos, sobre la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos. Con esta iniciativa se quieren reparar situaciones como el caso del torturador franquista “Billy el niño”, porque se solicita la retirada de sus condecoraciones incluso a título póstumo. “Seguramente sea una cuestión difícil la de retirar las condecoraciones, pero más difícil era sacar a Franco del Valle de los Caídos, y lo hicimos”, recordó el portavoz adjunto Felipe Sicilia.

“Hay que avanzar en una nueva ley de Memoria Democrática que permita exhumar a las víctimas que hoy sigan enterradas en las fosas, y hacerlo con el apoyo de lo público, con la financiación y el apoyo del Estado”, defendió Sicilia. “En breve habrá un nuevo derecho, el que nuestra democracia se merece, el de la dignidad y el derecho a la justicia y reparación de las víctimas del franquismo”.

RDL con medidas complementarias

Además de convalidar el real decreto-ley que establece el Ingreso Mínimo Vital, el pleno convalidó el real decreto-ley de medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, que extiende algunas de las medidas ya decretadas previamente y añade nuevas para hacer frente al impacto de la crisis y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis. Intervino en su defensa el portavoz socialista de Agricultura, Manuel González Ramos, que subrayó que desde el Gobierno y el Grupo Socialista “pondremos todo el esfuerzo para ir juntos en la reconstrucción social y económica que necesita nuestro país”, razón por la que instó a todos los grupos, a buscar “un Pacto por la Reconstrucción social y económica en el que seamos ejemplares”.

PLENO: AVANZANDO EN DERECHOS Y PROTECCIÓN

La Comisión para la Reconstrucción social y económica sigue funcionando a pleno rendimiento. Continúan las comparecencias en la propia Comisión, o en sus grupos de trabajo sobre sanidad o salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistema de cuidados y UE.

Ya han comparecido para compartir su experiencia, analizar la situación y aportar propuestas miembros del Gobierno como la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y la vicepresidenta de transición ecológica Teresa Ribera, y representantes sanitarios, empresariales del sector rural y del transporte.

GARANTÍA DE LAS CAPACIDADES DE LA SALUD PÚBLICA, Comparecencias como la de la Presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), evidenció algo en lo que cree firmemente el PSOE, en palabras de la portavoz de Sanidad: “debemos reforzar y cambiar el sistema de salud pública, dotarlo de más recursos y crear un Centro Nacional de Salud Pública”.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS. En materia educativa, a raíz de comparecencias como la del Presidente del Consejo Escolar del Estado y del Presidente de la Crue, Luz Martínez Seijo trasladó la preocupación de los socialistas porque “esta crisis social producida por la pandemia haya incrementado la falta de igualdad de oportunidades”, apostando por un potente sistema de becas para contrarrestar los efectos. También tuvo comparecientes el colectivo gitano, históricamente excluido, y Pau Mari Klosé planteó al respecto la relevancia del reto de “no dejar nadie atrás”.

AGENDA VERDE, PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS y RETO DEMOGRÁFICO. El Grupo Socialista reivindica la “agenda verde”, el papel de los ayuntamientos y el reto demográfico como piezas clave para la reconstrucción económica y social de España tras el Covid-19. Así lo manifestaron el portavoz de Economía del GPS, Pedro Casares, y el secretario general del Grupo, Rafael Simancas, tanto en las comparecencias de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y del presidente de la FEMP, Abel Caballero, como en las de expertos en análisis de la brecha campo-ciudad. “Nuestro presente y nuestro futuro” será “verde y sostenible, o no será”, afirma Casares. También en las comparecencias de analistas, economistas y ecologistas, Omar Anguita reafirmó el compromiso socialista con el Medio Ambiente y la lucha frente al cambio climático.

PAPEL CENTRAL DE LA UE. En el Grupo de Trabajo de la UE, entre otros expertos en política europea, compareció Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea y ex ministro. El portavoz de AAEE, Héctor Gómez, que puso en valor el liderazgo del Gobierno español en el impulso del Plan de Recuperación Europeo, destacó entre los puntos expuestos por Joaquín Almunia, dentro de las recomendaciones de la UE dirigidas a financiar inversiones en los países miembros, el apoyo a las empresas con una política industrial de protección y modernización del sistema productivo, así como sobre los planes específicos que se pondrán en marcha sobre la salud.

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

ÚLTIMO DÍA DE LUTO OFICIAL

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CON LAS VÍCTIMAS. Minuto de silencio en el Congreso de los Diputados el pasado viernes al mediodía en memoria de las víctimas del COVID-19. El día 5 fue el último de los días de luto nacional. Desde el 27 de mayo, durante diez días las banderas han ondeado a media asta en homenaje a las personas fallecidas por el coronavirus.

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En redes:

COMPARECENCIA DE MINISTROS Y MINISTRAS

MÁS ACTIVIDADPARLAMENTARIA

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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

GRUPOS DE TRABAJOPolíticas Sociales y cuidados

Reactivación económica

Unión Europea

Sanidad

Impuesto de transacciones financieras, un nuevo impuesto para la consolidación fiscal y la equidad tributaria

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El impuesto de transmisiones financieras, antigua tasa Tobin, lo pagarán principalmente las entidades bancarias que actúen de intermediarios en la compra en el mercado secundario de acciones de grandes empresas españolas que cotizan en bolsa.

Este nuevo impuesto podría ser un impuesto armonizado en la UE y desde el 2013 España participa en el procedimiento de cooperación reforzada. El tiempo pasa y los avances son escasos, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsarlo en España, al igual que hicieron otros países de nuestro entorno como Francia e Italia.

Este impuesto se implantará por justicia social y tributaria. Lo pagarán las grandes corporaciones financieras, aporta equidad a nuestro sistema fiscal al implicar a contribuyentes con capacidad tributaria y por su contribución al sostenimiento de las cuentas públicas.

La recaudación prevista es de unos 850 millones de euros, importe similar al presupuesto de la totalidad de Confederaciones Hidrográficas, de la Agencia Estatal de Investigación, de la Jefatura de Tráfico y algo menos de lo que cuesta la AEAT.

Se han presentado tres enmiendas a la totalidad de las tres derechas, pero son enmiendas con argumentos bien distintos. La enmienda del PP es incoherente, puesto que este impuesto, que no apoyan ahora, quería implantarlo Montoro y lo incluyó en el programa de estabilidad 2014-2015 que remitió a Bruselas. La enmienda de Ciudadanos no responde a la realidad, puesto que supone que el gravamen se trasladará de los bancos a los inversores, algo muy poco probable. Ciudadanos argumenta que ocurrirá algo similar a los supuestos efectos del cambio normativo del impuesto de los actos jurídicos para que lo pagasen los bancos en lugar de los clientes con hipotecas sobre viviendas, cuando en realidad lo que ha ocurrido es justo lo contrario, puesto que el coste financiero de las hipotecas ha bajado desde finales del 2018 a la actualidad. La enmienda de Vox es apocalíptica y este impuesto supuestamente creará graves problemas a nuestra economía. La ultraderecha pretende adelgazar el Estado del Bienestar y para ello opta por rebajar los ingresos públicos, no aceptando el aumento de la presión fiscal. Los patriotas de Vox quieren una España a la altura de Rumanía, Bulgaria, Malta o Estonia, en lugar de una España a la altura social, económica y fiscal de Francia, Alemania o Dinamarca.

Las clases medias y las pymes no cargarán a sus espaldas con un aumento de la presión fiscal -de hasta 7 puntos por debajo de la media de la UE-. Ahora les toca a otros contribuir más, para cumplir con los principios constitucionales de progresividad, equidad y suficiencia financiera de nuestro sistema fiscal.

Antonio Hurtado Diputado por Córdoba

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