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Unión nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva
Diseño de TapaRoberto Mikihiro
Crespo 2532Teléfono 591-2-2420512 / 2417218Fax: 591-2- [email protected]
Impreso en:Preview Gráfica
La Paz-BoliviaOctubre 2013
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Presentación
Los antecedentes del presente estudio se refieren al proceso global de movilización y participación de las
organizaciones de la sociedad civil en materia de efectividad del desarrollo y a los compromisos asumi-
dos por los gobiernos y donantes firmantes de la nueva Alianza Global para la Efectiva Cooperación al
Desarrollo (GPEDC).
Teniendo en cuenta la existencia de una arquitectura de la eficacia de la ayuda y del desarrollo en cons-
tante evolución, es necesario avanzar más profundamente hacia logros positivos respecto de las políticas
de la ayuda y de la reforma de la cooperación oficial, y del discurso de la eficacia del desarrollo. Es nece-
sario además, continuar reafirmando el rol que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) juegan en el
desarrollo y la necesidad de reconocerlas como actores del desarrollo por derecho propio. Para ello, las
OSC que integraban BetterAid y el Foro para la Eficacia del Desarrollo de las OSC se han re-organizado
en una nueva plataforma para así abordar de manera más eficaz este nuevo contexto político: la Alianza
de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Efectividad del Desarrollo (AOED) que promueve la
efectividad del desarrollo, en particular, en el contexto de la Alianza Global para la Efectiva Cooperación
al Desarrollo (GPEDC) que emergió en el Foro de Alto Nivel de Busan.
En ese marco, las organizaciones de la sociedad civil intentan realizar contribuciones concretas al desa-
rrollo global y promover un entorno propicio para desarrollar su acción en todas las áreas de trabajo, a
través de un compromiso activo con la Alianza oficial de Busán (GPEDC), que permita a las OSC ejercer
sus derechos, mejorar su propia efectividad, contar con políticas de cooperación al desarrollo con enfo-
que de derechos humanos e iniciativas multilaterales pertinentes en el ámbito político nacional, regional
y mundial.
Los gobiernos se comprometieron a cumplir plenamente sus respectivos compromisos para que las
organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer sus funciones como actores independientes en el
desarrollo, centrándose particularmente en crear un entorno favorable, consecuente con los
derechos internacionalmente acordados, que potencie al máximo su contribución al desarrollo.
En ese sentido, la Alianza Global (Global Partnership for Effective Development Cooperation - GPEDC)
ha creado un Marco de Monitoreo para evaluar el progreso de estos compromisos en dos dimensiones:
el “marco legal y regulatorio que rige para las operaciones de la sociedad civil” y “elementos priorizados
sobre la gobernanza y el entorno político que tienen una directa relevancia en la actividad de las OSC.”
A partir del Indice de Entorno Propicio de CIVICUS (Enabling Environment Index), el Grupo de Trabajo
sobre Entorno Propicio (WG-EE) de la Alianza de las OSC para la Efectividad del Desarrollo está desa-
rrollando estudios de caso para evaluar el progreso y las buenas prácticas en la promoción de un entorno
propicio para las OSC en diferentes países del mundo.
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La primera evaluación ha sido desarrollada por el WG-EE entre julio y septiembre de 2013 como una
contribución para el primer Informe de Monitoreo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), de cara a la reunión Ministerial del GPEDC en noviembre.
El marco para evaluar el progreso sobre el Entorno Propicio para las organizaciones de la sociedad civil
se centra en tres áreas principales y dentro de cada área se enfoca la atención en dimensiones esenciales
del entorno en el que las OSC desarrollan su acción, tales como derechos humanos y libertades univer-
salmente reconocidas, el entorno legal y regulatorio, espacios para el diálogo y la influencia política,
acceso a información, relación donantes – OSC.
La definición de aplicar el Marco para el Monitoreo del Entorno Propicio (CPDE EE Monitoring
Framework) en América Latina y el Caribe recayó en Bolivia y Honduras. La Alianza de la Sociedad Civil
para la Efectividad del Desarrollo designó a UNITAS y ASONOG como instancias a cargo del estudio
piloto en Bolivia y Honduras, respectivamente, con base en los antecedentes y acciones de seguimien-
to al proceso de definición de un nuevo marco regulatorio, participación en espacios de diálogo con el
gobierno para aportar con propuestas para la normativa y/o establecer ciertos niveles de incidencia en
sus decisiones sobre regulación, entre otras. Más allá de ello, existe en Bolivia una situación de incerti-
dumbre de las organizaciones de la sociedad civil respecto al alcance de normativa que puede afectar su
trabajo, su autonomía y libertad de asociación y acción.
Por ello, el estudio contribuye a la reflexión colectiva en un momento adecuado para monitorear y sacar
lecciones que nos ayuden a asegurar las libertades de asociación y expresión, y la participación en las
políticas de desarrollo, explorando oportunidades para apoyar el desarrollo de herramientas relevantes
y accesibles para mejorar el entorno de las OSC y establecer modalidades que alienten y profundicen su
sostenibilidad política, legal e institucional.
Esperamos que sea un material interesante y útil para aportar al pluralismo democrático.
Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva
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Índice
Presentación
I. Introducción
II. Contexto en el que se hace el estudio
III. Derechos humanos y libertades universalmente reconocidas
1. Reconocimiento de derechos y libertades de Organizaciones de la
Sociedad Civil
1.1. Análisis de la situación
2. Entorno legal y normativo
2.1. Formación y registro de organizaciones de la sociedad civil
A) Obtención de la Personalidad Jurídica
B) Registro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
2.2. Más allá del Registro de ONG
2.3. Las operaciones de las OSC: Libres de interferencia
A) El rol de las ONG en el proceso actual de desarrollo de Bolivia
B) ¿Qué está pasando con las instituciones cuyo rol para la
implementación y desarrollo del “proceso de cambio” fue
crucial y determinante?
2.4. Barreras legales o políticas que afectan la capacidad de las OSC
para expresarse o incidir en las políticas públicas
2.5. Acceso a Recursos
IV. Acceso a información
V. Procesos inclusivos para involucrar a las OSC en las estrategias de los Donantes
A) Consejo Consultivo de la Sociedad Civil-Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
B) Mesas Sectoriales de la Cooperación Española en Bolivia con
participación de la sociedad civil
C) Espacio de relación Grupo de Socios para el Desarrollo (GRUS) y
Sociedad civil boliviana
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I. Introducción
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, como actores en el desarrollo, han sido reconocidas como una
fuerza clave en la promoción de la participación ciudadana en la vida pública. Son diversas y críticas por
naturaleza, ampliamente vistas como expresiones del derecho a la reunión pacífica, a la libre asociación
y a la libre expresión, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas.
Las OSC se han considerado por mucho tiempo como sinónimo de organizaciones no gubernamentales
(ONG). Para fines de este documento, el término ONG será utilizado para referirse a aquellas organiza-
ciones que actúan en el ámbito público, legalmente constituidas, independientes y sin fines de lucro. Las
organizaciones no gubernamentales son entidades privadas de desarrollo que se distinguen normalmente de otros grupos por su grado de institucionalización y profesionalización.
Desde hace más de 40 años, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tienen presencia en
Bolivia y como organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, han jugado
un papel crucial en el proceso de desarrollo como agentes innovadores de cambio y de transforma-
ción social.
En sus inicios, varias organizaciones no gubernamentales fueron concebidas como instrumentos de lu-
cha por la democracia y por la libertad, e iniciaron su camino de la mano de distintas fuentes de finan-
ciamiento y ONG europeas comprometidas con causas socioeconómicas y políticas en Bolivia y otros
países de la región latinoamericana. En algunos casos, la relación de apoyo se estableció en países donde
habían conseguido asilo algunos políticos de la época; en otros, la cooperación se basó en el aporte soli-
dario de la población europea sensibilizada con los niveles de pobreza y las proyecciones de transforma-
ción sociopolítica en América Latina.
Una vez que las ONG de ese entonces consiguen sus objetivos políticos de defensa y conquista de la
democracia, su accionar apunta a nuevos retos. En un Estado que adolecía de muchas debilidades, es-
pecialmente porque no respondía a las demandas y necesidades de su población en un contexto de
pobreza, las ONG, principalmente en el área rural, comienzan a desplegar acciones que suplen el rol del
Estado a través de planes, programas, proyectos y servicios en diversas áreas.
Así, de la promoción de la conciencia social y el activismo político dirigido hacia la reivindicación de
los intereses campesinos, de sus comunidades, sus problemáticas y su producción, con el pasar de los
años, su trabajo se fue enfocando en la búsqueda de mejores condiciones de vida y el empoderamiento
de los sectores excluidos y menos favorecidos del país. Con una visión de apoyo al desarrollo social y
potencializando, al mismo tiempo, el desarrollo económico para mejorar la vida de las personas más
necesitadas, las ONG desarrollaron diversas experiencias y metodologías de intervención en materia
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educativa, de salud, producción agrícola, desa-
rrollo de tecnologías apropiadas, medioambien-
te, asistencia técnica, investigación, capacitación,
equipamiento e infraestructura, comunicación,
dotación de insumos, incidencia pública, fortaleci-
miento organizativo… constituyéndose en Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo, legal
y jurídicamente reconocidas como Asociaciones
civiles sin fines de lucro.
• 70s: Defensa de los derechos civiles y po-
líticos frente a los gobiernos autoritarios
y dictatoriales; apoyo a la recuperación
de la democracia.
• 80s: ante la debilidad del Estado, des-
empeñan tareas de desarrollo social e
iniciativas de generación de ingresos;
• 90s: promoción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales (DESC) y la
defensa del medio ambiente, buscando
paliar el impacto de las reformas econó-
micas;
• 2000: promoción de la inclusión social,
interculturalidad y participación de di-
versos sectores sociales, acompañamien-
to a organizaciones campesinas y pue-
blos indígenas, propuesta y difusión de
normas y reformas.
En ese marco, el estudio sobre entorno habilitante para las OSC en general, y las ONG en particular, se basa en los resultados del análisis y la reflexión entre distintos actores de la sociedad civil y busca fortalecer a las OSC como actores en el desarrollo, en un contexto en el que las organizaciones defen-soras de derechos humanos enfrentan cada vez más restricciones, sistemáticas descalificaciones y poca apertura para el pluralismo político.
El estudio responde, en diferente medida, a las
Áreas y dimensiones priorizadas en el “Marco de
monitoreo para evaluar el progreso sobre
entorno propicio para las OSC”, del Grupo
de Trabajo sobre Entorno Propicio de la Alianza
de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Efectividad del Desarrollo (CSO Partnership for
Development Effectiveness-CPDE):
Área 1: Derechos humanos y las libertades uni-
versalmente reconocidas que afectan a
las OSC
Dimensión uno: Reconocimiento de de-
rechos y libertades que afecta a las OSC.
Dimensión dos: El entorno legal y nor-
mativo, aplicación de los derechos y li-
bertades que afecta a las OSC.
Dimensión tres: Derechos de grupos
específicos
Área 2: Influencia en Políticas
Dimensión uno: Espacios para el diálogo
y la influencia política
Dimensión dos: acceso a la información
Área 3: Relación Donantes – OSC
El punto de partida fueron las preguntas formu-
ladas en cada dimensión y área, que permitieron
identificar factores que describen las condiciones
del entorno en el que las OSC desarrollan su acción
en Bolivia. La información fue generada en reu-
niones de redes nacionales y temáticas, en entre-
vistas a personas clave, y en análisis previos sobre
la normativa para las OSC. A su vez, el estudio
toma en cuenta también notas de prensa y docu-
mentos específicos como fuentes de información
que ayudan a contextualizar y describir el entorno
en el cual las organizaciones de la sociedad civil
trabajan actualmente.
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Ello visibiliza el estado de situación y las limitacio-nes y obstáculos para el ejercicio de derechos civi-les y políticos de las organizaciones defensoras de derechos (ONG y organizaciones sociales). El estu-dio también contempla la descripción de casos de organizaciones que están expuestas a situaciones de vulnerabilidad política e institucional, identifi-cando amenazas que atentan contra la democracia y situaciones de riesgo que enfrentan las OSC. Por ejemplo, restricciones a la libertad de asociación o falta de condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos, a través de mecanismos de re-gulación de las OSC, que tienen relación con la ten-dencia regional de perseguir, castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindica-ciones legítimas de quienes promueven y defienden derechos humanos, especialmente en el contexto de megaproyectos de inversión económica y explota-ción de recursos naturales que afectan derechos de pueblos y comunidades en América Latina.
Aprovechando los avances logrados a nivel nacio-
nal y global por el Foro Abierto sobre Efectividad
de las OSC, la sociedad civil boliviana ha tomado
conocimiento del Marco Internacional para la
Efectividad de las OSC y ha participado en espa-
cios de análisis, grupos de trabajo, mecanismos y
propuestas para generar información actualizada y
herramientas destinadas a fortalecer la capacidad
de las OSC, de ONG y de plataformas y redes te-
máticas de Bolivia, para incidir en la formulación
de políticas relativas a la sostenibilidad de las OSC,
acceso a financiamiento y los marcos jurídicos que
las rigen, así como en la estructuración de instan-
cias de diálogo con el gobierno y la cooperación in-
ternacional. En ese sentido, este estudio recoge in-
formación sustentada por evidencias respaldadas a
través de documentos, notas de prensa, informes,
memorias de eventos, y entrevistas personales.
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II. Contexto en el que se hace el estudio
El proceso impulsado por las organizaciones de la sociedad civil en espacios de consulta y debate nacio-
nal, regional y global (Open Forum y Better Aid) así como la participación oficial de las OSC en el Grupo
de Trabajo sobre Efectividad de la Ayuda, a cargo de la evaluación global de la implementación de la
Declaración de Paris y de la Agenda de Acción de Acrra1 han logrado el reconocimiento de los Principios
de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC en el Documento Oficial
del Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda al Desarrollo que tuvo lugar en Busan a fines de
2011. A su vez, en esta recientemente consensuada “Alianza de Busan para una Cooperación al Desarro-
llo Eficaz”, las organizaciones de la sociedad civil han participado por primera vez en las negociaciones
de alto nivel sobre la ayuda y el desarrollo y pueden atribuirse el mérito de haber reforzado la apropia-
ción democrática y los derechos humanos en el Documento Final de Busan (BOD) para que gobiernos
y donantes cooperen al desarrollo de forma consistente con los acuerdos, normas y estándares interna-
cionales de derechos humanos; “adopten enfoques basados en los derechos humanos; empoderen a las
personas pobres, los habitantes de zonas rurales, los pueblos indígenas, y a otros grupos marginados
para que reclamen todos sus derechos; promuevan una apropiación democrática, el trabajo decente, la
igualdad de género, los derechos de las mujeres y el empoderamiento; y garanticen resultados de desa-
rrollo sostenibles y equitativos2.
Las OSC no han logrado que sean más claros los compromisos de parte de los gobiernos y donantes para
proveer condiciones favorables para que las organizaciones puedan operar sin que sean amenazadas por
actos de violencia, limitaciones a su espacio legal y político. Sin embargo, los Principios y el Marco Inter-
nacional para un entorno habilitante para el trabajo de las OSC reconocido oficialmente, es el parámetro
a partir del cual se puede medir si los gobiernos y donantes están cumpliendo los acuerdos establecidos
en Accra y Busán:
«Compartir el interés por asegurar que las contribuciones de las OSC al desarrollo alcancen todo su
potencial» Programa de Acción de Accra y Párrafo 22 de la Alianza Global de Busan, que señala:
…nosotros a) cumpliremos plenamente nuestros respectivos compromisos para que las organiza-
ciones de la sociedad civil puedan ejercer sus funciones como actores independientes de desarrollo,
centrándonos particularmente en crear un entorno favorable, consecuente con los derechos
internacionalmente acordados, que potencie al máximo su contribución al desarrollo; b) alentamos a
las organizaciones de la sociedad civil a generar prácticas que fortalecen su responsabilidad y
1 Bolivia fue uno de los países evaluados por este Grupo: Fase I 2007 y Fase II 2010
2 El balance de las OSC sobre los resultados obtenidos en Busan, expresado en un Comunicado de Prensa fechado el 1 de diciembre de 2011, recoge también, en su primer párrafo, las palabras de Emele Duituturaga, Co_Chair del Open Forum for CSO Development Effectiveness: “Al participar de las negociaciones de alto nivel sobre la ayuda y el desarrollo, por primera vez, las organizaciones populares pueden atribuirse el mérito de reforzar la apropiación democrática y los derechos humanos en el Documento Resultante de Busan, pero se necesita realizar mayores trabajos para lograr avances en las condiciones favorables para la sociedad civil”. www.cso-effectiveness.org
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contribución a la efectividad del desarro-llo, orientadas por los Principios de Estambul y
por el Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC.
Por otra parte, Bolivia está en un proceso de trans-
formaciones a todo nivel. A partir de la nueva
Constitución Política del Estado aprobada el 2009,
el marco normativo está en proceso de revisión y
elaboración, así como la construcción de una nue-
va institucionalidad del Estado Plurinacional y la
reconfiguración de la relación entre Estado y so-
ciedad civil. Ello suscitó el interés de las OSC de
participar en distintos espacios para seguir deba-
tiendo sobre qué es y qué se entiende por desarro-
llo y para analizar el rol de los diferentes actores en
el desarrollo en el contexto actual.
En Bolivia existe una diversidad de organizaciones
de la sociedad civil y una tradición deliberativa que
marca la dinámica sociopolítica del país. En ese
marco, el concepto de sociedad civil no es unívoco.
Los intereses y posiciones son tan diversos como los
sectores que representan. Hablar de OSC necesaria-
mente obliga a diferenciar entre ONG y organiza-
ciones sociales con sus respectivas particularidades.
En ese espectro, diferentes factores condicionan el
grado de identificación como parte de la sociedad
civil, aspectos que determinan su eficacia, así como
la incorporación o no de prácticas de rendición de
cuentas y principios de transparencia.
El estudio se realiza en un momento en el que
públicamente se conoce la posición del gobier-
no frente a las ONG a raíz de sucesivos aconteci-
mientos propiciados por organizaciones sociales
demandando respuesta del gobierno y de acusa-
ciones vertidas por autoridades gubernamentales
en los medios de comunicación, señalando una
supuesta intromisión de ONG en las decisiones de
las organizaciones indígenas, o de las denuncias
de distintas autoridades de gobierno señalando
públicamente que algunas ONG reciben financia-
miento de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas
en inglés) con fines desestabilizadores del Go-
bierno del Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales3.
Cabe destacar la alta presencia de ONG y de coope-
ración internacional en Bolivia, sus experiencias,
su historia y su accionar cuyas características di-
fieren de las experiencias, historia y accionar de
las organizaciones sociales que hoy se reconocen
como actores protagonistas del proceso de cambio
que vive Bolivia, y ello pone en la mesa del debate
las formas en las que tradicionalmente se estable-
cieron las relaciones entre países donantes y re-
ceptores, ONG y “beneficiarios”, gobierno y orga-
nizaciones sociales, agencias de cooperación, ONG
y gobierno.
Los insumos que aporta este estudio en torno a
Entrono Habilitante para las OSC, serán la base
para continuar el análisis y el diálogo con el go-
bierno, con los donantes y con las propias OSC, a
fin de lograr una mayor participación de la socie-
dad civil en espacios de debate y un mejor reflejo
de sus posiciones en las estrategias que emerjan
de la evaluación de los compromisos asumidos por
el Estado Boliviano. Son, a su vez, elementos clave
para revertir tendencias o intenciones de restringir
las libertades y el pluralismo democrático e indi-
cios para ajustar la institucionalidad pública para
la vigencia y protección de los derechos humanos.
Los factores que caracterizan la acción de las OSC
en este último tiempo se sintetiza en:
a) cambios en los roles que asumen unos y otros
actores
3 La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el 28 de junio de 2010 publicó en medios de circulación nacional un pronunciamiento en el que manifiesta su apoyo al Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), una institución privada de desarrollo social asociada a UNITAS, por su probado compromiso y trabajo con poblaciones indígenas en el país, respaldada por más de 33 años de labor en el fortalecimiento y articulación de la sociedad civil en torno a la consecución de cambios estructurales que permitan la realización de los derechos humanos con énfasis en los derechos colectivos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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b) el cuestionamiento de las dirigencias de orga-nizaciones sociales al trabajo que realizan las ONG y su rol de intermediación en la gestión de recursos
c) el cuestionamiento del gobierno a las ONG argumentando intromisión en las organiza-ciones sociales
d) la disminución de fuentes de financiamiento que pone a las ONG en situación de emergencia financiera
e) el cambio generacional dentro de las ONG y de la cooperación al desarrollo que deja atrás la militancia y el carácter transformador de su
acción impulsando una relación cada vez más
despolitizada.
f) la posición calculadora de algunas ONG frente
al riesgo de que el gobierno actual las identifi-
que como traidoras o contrarias al proceso de
cambio, apaciguando su voz crítica.
g) el interés de las OSC de reflexionar sobre sí
mismas, sobre su acción y sus impactos
h) cambios en las políticas de cooperación inter-
nacional que opta por dar apoyo a corto plazo a
tiempo de exigir resultados medibles e impac-
tos sostenibles.
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III. Derechos humanos y libertades universalmente reconocidas
1. Reconocimiento de derechos y libertades de Organizaciones de la Sociedad Civil
“El estado boliviano garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre
ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de
derechos humanos4. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y
las leyes no manden, ni privarse de lo que estas no prohíban.”
El derecho a la libre reunión y asociación está establecido en el artículo 21 (4) de la Constitución Po-
lítica del Estado que señala que “Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y
asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”
A su vez, la Constitución Política establece en ese mismo artículo que “Las bolivianas y bolivianos tie-
nen derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comu-
nicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva (inciso 5), a acceder a la información,
interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva (inciso 6) y a la
libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva,
tanto en público como en privado, con fines lícitos (inciso 3).
“El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y
de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier
medio de difusión, sin censura previa.” (Artículo 106)
Por otra parte, “Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la for-
mación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de
manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres. El derecho a la participación comprende la organización con fines de participa-
ción política, conforme a la Constitución y a la Ley. (Artículo 26)
Cabe recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia es signatario del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que establece la libertad de expresión (Artículo 19), el derecho de reunión pacífica
(Artículo 21) y el derecho a asociarse libremente (Artículo 22). Mediante Decreto Supremo 18950 Boli-
via se adhiere al protocolo Facultativo en año 1982. Asimismo, mediante Ley 1430, de febrero de 1993,
el Estado Boliviano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica que establece la Libertad de Pensamiento y Expresión (Artículo 13), el derecho de Reunión
4 Derechos Fundamentales y Garantías, Articulo 14, Parágrafo III Constitución Política del Estado
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(Artículo 15), la Libertad de Asociación con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, la-
borales, sociales, culturales, deportivos o de cual-
quier otra índole (Artículo 16).
1.1. Análisis de la situación
Un gobierno democrático necesita leyes, regulacio-
nes y prácticas que respeten los diversos principios
y normas fundamentales, como condición previa
para tener una sociedad civil eficaz y consolidada.
Sin embargo, las Organizaciones de la sociedad ci-
vil hoy en día son el blanco de ataques mediáticos
y descalificaciones sistemáticas por el rol de inter-
pelación, reflexivo y propositivo que históricamen-
te han jugado en el país, para aportar al proceso
de cambio estructural y en busca de la superación
del sistema democrático representativo hacia otro
más participativo e inclusivo. Ello demuestra que
en el país existe un déficit de pluralidad y entorno
poco propicio para la libertad de expresión.
Durante los 8 años del gobierno de Evo Morales, se
ha consolidado la hegemonía política del partido
gobernante, tanto en el sistema político como en
la ocupación de la estructura estatal en todos los
Órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Des-
de distintas perspectivas, se ha señalado al Movi-
miento al Socialismo (MAS) como la única fuerza
relevante en el sistema de partidos ya que define
el proceso decisorio sin necesidad de conciliar sus
propuestas con otras fuerzas políticas5. De esta
manera ha quedado en evidencia un déficit de plu-
ralidad en el sistema político boliviano, que se ha
extendido a la opinión pública y la sociedad civil.
El periodista y escritor Fernando Molina, en el ar-
tículo García Linera y el “centralismo demo-crático” publicado en el periódico Página 7 el 17
de enero de 2013, hace referencia a que “el vice-
presidente Álvaro García Linera desautorizó a los
5 Mayorga, Fernando “¿Hacia una nueva fase en el proceso político?” (Documento de discusión, versión preliminar). Cochabamba, diciembre de 2011. PNUD. Proyecto de Fortalecimiento Democrático. Fundación Boliviana para la Democracia Multipar-tidaria.
miembros del MAS que expresan críticas contra
la línea del partido, en particular a la presiden-
ta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delga-
do, con el siguiente argumento: Los masistas
–dijo– no son librepensadores, sino revolucio-
narios, y por tanto deben militar bajo las reglas
del “centralismo democrático”. Y si no les gusta,
marcharse (…)6
En una búsqueda de sostener su hegemonía y el
control del aparato estatal, el gobierno ha demos-
trado poca tolerancia con propuestas que proven-
gan también de la oposición política y de ONG y
organizaciones sociales críticas al gobierno; ello
ha generado un incremento de la conflictividad. Se
ha destacado durante este periodo la persecución
a líderes sociales y políticos de la oposición. Tam-
bién se evidencia la represión directa y la apertu-
ra de procesos judiciales a dirigentes indígenas y
sociales que han protagonizado movilizaciones
de reivindicación de sus derechos7. Cabe resaltar
las frecuentes agresiones físicas y verbales hacia
6 Continúa el artículo: “La dosificación de una “teoría revolucionaria” en la que en realidad no se cree, o que nunca se desarrolla consecuentemente, tiene una obvia justificación práctica: inhibe la crítica, que así queda “descolocada” y en inferioridad de condiciones discursivas. Y reviste a quien la practica, en este caso la cúpula del Gobierno, de un cierto prestigio académico y revolucionario, al complacer los gustos de nuestra clase intelectual, que, siendo perezosa al mismo tiempo que vanidosa, cuando no sabe nada (lo que ocurre muy a menudo) se resiste a admitirlo y tiende a tragarse lo que “parece ser”.
La sofística de García Linera es fácil de comprobar: para ello basta comparar sus dichos actuales con los textos que este prolífico escritor ha ido dejando atrás. Por ejemplo El manifiesto comunista y nuestro tiempo, publicado en 1999, en el que se postula que la organización revolucionaria actual tiene que saltarse las recetas leninistas, ir más atrás y encontrar su fundamentación en la mucho menos rigo-ristas y más democráticas concepciones de los propios creadores de la doctrina: Marx y Engels. En este texto, García Linera señala que “en Marx no hay receta organizativa; las estructuras fosilizadas son propiedad de las sectas”. Y reivindica al Marx que, después de disolver la Liga de los Comunistas, dijo: “No he pertenecido nunca, ni pertenezco, a ninguna asociación secreta o pública, ya que el partido, en este sentido totalmente efímero, ha dejado de existir para mí’”. Es decir, al Marx “librepensador”, que “hoy es preciso reivindicar ante la trágica experiencia del partido-Estado prevaleciente en las experiencias organizativas de gran parte de la izquierda mundial”.
Experiencia trágica que García Linera describe con unas palabras que hoy Delgado podría arrostrarle como respuesta: “El partido-Estado en todos los casos ha sido la réplica en miniatura del jerarquizado despotismo estatal que ha enajenado la voluntad del militante en los omnímodos poderes de los jefecillos y funcionarios partidarios; y no bien se dan las transformaciones sociales revolucionarias, estos aparatos tienen una extraordinaria facilidad para amalgamarse a las máquinas estatales para reconstruirlas en su exclusiva función expropiadora de la voluntad general’”.
A esto es justamente a lo que conduce el “centralismo democrático”. Lo sabía bien el Vicepresidente antes de llegar al poder, pero al parecer ahora lo ha olvidado.
No es la primera vez que Linera usa instrumentos marxistas, aprovechando el des-conocimiento sobre ellos, su historia y sus implicaciones.”
7 Se destacan la represión con muertes no esclarecidas de pobladores de Caranavi que se movilizaron para la instalación de una planta procesadora de alimentos el año 2010 y la violenta represión a indígenas en septiembre de 2011 de la VIII Mar-cha indígena que se oponía al a construcción de la segunda fase de la carretera que pretendía cruzar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
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periodistas y trabajadores de medios de comuni-
cación, respaldadas por declaraciones de autori-
dades gubernamentales como las del propio Presi-
dente del Estado, muy críticas a la labor de medios
de comunicación, que crean un entorno poco pro-
picio para el ejercicio de la libertad de expresión.
De acuerdo a la Asociación Nacional de la Prensa
(ANP), durante el 2011 se han producido un total
de 46 agresiones verbales y físicas a periodistas
y medios bolivianos, tres detenciones, un refugio
forzado y la destrucción de dos medios de comu-
nicación. Con relación al 2010, el número de casos
de agresiones físicas subió de 13 a 198.
Con relación a la gestión 2012, la Asociación Na-
cional de la Prensa (ANP), que agrupa a veinte pu-
blicaciones impresas de Bolivia, denunció 50 casos
de agresiones físicas y verbales contra periodistas
y medios independientes durante el 2012.
El informe de la ANP sobre el “Estado de la Liber-
tad de Expresión 2012” también advierte de una
“peligrosa transición de la palabra amenazante a
la agresión física” contra informadores y medios y
señala que en la gestión pasada se produjeron 33
agresiones físicas y atentados y 17 agresiones ver-
bales y amenazas9. Además de las agresiones, el in-
forme registra además una decena “de incidentes
de acoso judicial o administrativo”, en una lista de
otro tipo de atentados contra la libertad de expre-
sión en Bolivia.
Según la ANP, las diversas agresiones provinieron
del Gobierno de Evo Morales, del mismo manda-
tario y de su vicepresidente, Álvaro García Linera,
de grupos políticos y sociales afines, autoridades
regionales e indígenas, entre otros. El organismo
señala además que en 2012 se hizo “reiterados
reclamos” al Gobierno para “una convivencia de
paz, de democracia y de respeto a las libertades
8 http://anpbolivia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Ite-mid=1
9 BOLIVIA PRENSA, Diarios de Bolivia denuncian 50 agresiones a periodistas y medios en 2012. 08/03/2013Agencia EFE http://www.finanzas.com/noticias/bolivia/20130308/diarios-bolivia-denuncian-agresiones-1805660.html#VwZ-132B5okhMG3Wv
constitucionales”, pero “la respuesta llegó con un
lenguaje de hostilidad”.
Otro asunto relevante relacionado con la Libertad
de expresión es el proyecto de Ley de Acceso a la In-
formación, remitido recientemente a la Cámara de
Diputados para su aprobación, que está generan-
do reacciones de distintos sectores. Por ejemplo,
instituciones representativas de la prensa bolivia-
na denunciaron que 42 excepciones planteadas en
el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública terminan bloqueando el espí-
ritu de una norma que tenía por objeto facilitar y
reconocer los derechos ciudadanos para acceder a
la información pública y que el Gobierno pretende
hoy guardar bajo estricto celo.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Aso-
ciación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)
y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
hicieron conocer el 31 de julio de 2013 pasado su
desacuerdo con algunos puntos fundamentales
del proyecto de Ley impulsado por la comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados, cuyo pre-
sidente, el oficialista, Héctor Arce, se pronunció
por la aprobación de ese instrumento.
El contrasentido en que incurren los proyectis-
tas anula las categorías de información secreta,
reservada y confidencial consignadas en el De-
creto 28168 promulgado en mayo de 2005 por el
presidente Carlos Mesa, y borra el principio de
la “máxima divulgación y la presunción “ de que
“toda información es accesible, sujeto a un siste-
ma restringido de excepciones”, adoptado por el
gobierno de Evo Morales en el Decreto 0214 de
julio de 2009, y recomendado por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en septiembre
de 2006.
El retroceso provoca una sensación de que la nor-
ma considerada con inusual prisa es impulsada
para cerrar, bloquear e impedir el libre acceso a
la información en lugar de abrir los herméticos
18
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ción
mecanismos políticos que hasta ahora la protegen.
En estas circunstancias, una legislación con mu-
chas cerraduras no es deseable10.
Según la Ley Modelo a la Información Adminis-
trativa, divulgada por la Organización de Estados
Americanos (OEA), las restricciones deberían apli-
carse sólo “cuando pueda afectar la seguridad in-
terna del Estado o las relaciones internacionales;
cuando una publicación pueda generar desinfor-
mación o confusión en el público; cuando por la
naturaleza de la materia reglada en el acto de ca-
rácter general sea conveniente no publicar el tex-
to ya que podría provocar en la colectividad algún
efecto negativo nocivo al sentido normativo de la
regulación”.
De aprobarse esta Ley, las restricciones impedi-
rían hablar sobre los vulnerables recursos natu-
rales y su preservación, sobre la economía y los
recursos financieros estatales, y todo tema que
en opinión de los funcionarios jerárquicos pueda
incomodar a los gobernantes. Reiteramos que “el
acceso a la información en poder del Estado es un
derecho fundamental de los individuos”, conforme
establece la Declaración de Principios sobre Liber-
tad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos —OEA en su numeral 4.
Con preocupación observamos que el proyecto
no establece un régimen de sanciones al servi-
dor público que no entregue información que no
sea clasificada bajo excepciones y convocamos a
opositores y oficialistas de la Asamblea Legislati-
va a corregir el proyecto en base a observaciones
planteadas, manifestaron los periodistas11.
La Confederación Sindical de Trabajadores de la
Prensa de Bolivia (Cstpb), en ampliado nacional
de dirigentes, rechazó la propuesta gubernamental
referida a la “Ley de Transparencia y Acceso a la
10 Nota de Prensa “El Diario”, Ley de Transparencia bloquea acceso a la información pública, 01 de agosto de 2013
11 Ibid.
Información Pública” (…) Las representaciones
sindicales de las Federaciones de la Prensa a ni-
vel nacional, observaron la intención del Gobier-
no de pretender hegemonizar la información y
vulnerar la propia Constitución Política del Es-
tado (CPE) que, en el artículo 106, establece “que
el propio Estado debe garantizar el derecho a la
comunicación e información”.12
Se suma a ello el uso discrecional que hace el go-
bierno del canal de televisión estatal para difundir
propaganda gubernamental, por ejemplo sobre la
tardía e inconstitucional Consulta a pueblos indí-
genas en el TIPNIS, basada en la descalificación y
acusación de dirigentes de organizaciones indíge-
nas que se oponen a la construcción de la carretera
que atravesará el Territorio Indígena y Parque Na-
cional Isiboro Sécure-TIPNIS.
2. El entorno legal y normativo
2.1. Formación y registro de organizaciones de la sociedad civil
El marco Legal y normativo que rige para las OSC
ha sido un tema en cuestión para los distintos go-
biernos, principalmente durante las dos últimas
décadas y está en proceso de ajuste desde la apro-
bación de la nueva Constitución Política del Esta-
do Plurinacional el año 2009.
Las OSC basan su actividad en el ejercicio del de-
recho a la libre asociación establecido en los Tra-
tados y Pactos Internacionales de DDHH vigentes
en Bolivia y el artículo 21 (4) de la Constitución
Política del Estado, las normas sobre asociaciones
y fundaciones del Código Civil y reglamentaciones
administrativas. Los ciudadanos en general tienen
también el derecho al debido proceso (Art. 115).
12 Nota de prensa “El Diario”, Confederación de la Prensa rechaza Ley de Acceso a la Información, 7 de agosto de 2013
19
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ción
La anterior Constitución y el Código Civil recono-cían dos tipos de personas jurídicas: las asociacio-nes y las fundaciones. Con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se re-conocen cuatro categorías de organizaciones de la sociedad civil: a) Organizaciones Sociales, b) Or-ganizaciones No Gubernamentales, c) Fundacio-nes, y d) Entidades Civiles Sin Fines de Lucro.
Estas categorías serán recogidas también por el nuevo Código Civil que seguramente será modi-ficado. A través de la vía de la residualidad se ha identificado otra categoría que es la de Organiza-ciones Religiosas.
Para su legal funcionamiento, las OSC están suje-
tas a dos tipos de registro oficial:
o Obtención de la Personalidad Jurídica
o Inscripción en el Registro Único de ONG
A) Obtención de la Personalidad Jurídica
a) Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas No. 351 y Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas
La nueva Constitución Política del Estado, en el Artículo 298, incorpora el término “Organización No Gubernamental” sin una clara conceptualiza-ción del mismo. Ello ha generado imprecisiones jurídicas en la nueva normativa que ha sido re-cientemente aprobada: La Ley 351 de Otorgación de Personalidad Jurídica, aprobada mediante De-creto Supremo Nº 1597 de 5 de junio de 2013, no ha seguido la clara conceptualización que contie-ne el actual Código Civil al normar a las personas colectivas, pues no distingue entre el concepto de “ONG” (descripción de un fenómeno social) y las formas jurídicas que puede adoptar: asociaciones
o fundaciones13.
13 Fernando Aguirre, Estudio jurídico encargado por UNITAS al Bufete Aguirre y Aso-ciados
A su vez, la Constitución, de manera específica,
contiene las normas relativas a la otorgación de
personalidad jurídica de las “organizaciones socia-
les” y, de manera diferenciada, de las ONG, funda-
ciones y entidades civiles sin fines de lucro, siendo
competencia exclusiva del nivel central del Estado
dicho otorgamiento cuando tales entidades desa-
rrollen actividades en más de un departamento
(Art. 298 II Nos. 14 y 15) y de competencia exclusi-
va del nivel departamental cuando se establezcan
para un solo departamento (Art. 330 Nos. 12 y 13).
En concordancia con la Constitución Política del
Estado, la Ley 351 recoge la clasificación de orga-
nizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades
civiles sin fines de lucro, incurriendo en la misma
confusión de términos. En la Ley 351 las organiza-
ciones sociales son las llamadas a ejercer partici-
pación y control social, materia que se regula por
la Ley No. 341 de Participación y Control Social,
del 5 de febrero de 2013. El Artículo 7 establece
tres tipos de actores de la participación y control
social. Dichos actores (sindicatos, juntas vecinales,
naciones y pueblos indígenas originarios campesi-
nos, ocasionales) son, por lo tanto, diferentes a las
ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de
lucro que se organizan bajo el principio de libre
asociación con fines lícitos.
Definiciones de personas colectivas establecidas
por esta Ley:
“Organizaciones No Gubernamentales. Son
aquellas entidades de derecho privado, que poseen
una naturaleza de servicio social, de asistencia, bene-
ficencia, promoción y desarrollo económico y social,
conformadas por personas nacionales y/o extranje-
ras, que con el debido reconocimiento del Estado,
realizan actividades de desarrollo y/o asistenciales
sin fines de lucro y cuyas actividades sean no finan-
cieras, con fondos y/o financiamiento propio y/o de
cooperación externa en el territorio del Estado.”
20
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ción
“Fundaciones. Son aquellas entidades de dere-
cho privado que al constituirse afectan de modo
duradero su patrimonio de constitución a la rea-
lización de fines especiales de interés general sin
fines de lucro y cuyas actividades sean no financie-
ras y que para desarrollar sus actividades obtienen
el reconocimiento del Estado.”
“Entidades Civiles sin Fines de Lucro. Es
el conjunto de personas de derecho privado que
cuentan con el reconocimiento del Estado para
realizar actividades sin fines de lucro y no finan-
cieras que tiendan al bien común.”
“Organizaciones sociales. Es el conjunto de
personas que en atención al territorio que ocupan
y/o actividades comunes e intereses afines que de-
sarrollan, se organizan y/o impulsan iniciativas de
interés común para sus componentes y/o se orga-
nizan para el ejercicio del control social.”
Para cada una de estas cuatro categorías de organi-
zaciones reconocidas por la nueva Constitución Po-
lítica del Estado Plurinacional, la Ley 351 será com-
plementada por otras leyes como la Ley de ONG que
permitirá normar toda la vida institucional de estas
personas jurídicas. La ley 351 norma el nacimiento
y la extinción de la persona jurídica, mientras que la
ley de ONG regulará su vida institucional.
Según la Ley 351, el Ministerio de Autonomías es
la entidad competente para otorgar y revocar la
personalidad jurídica a las mencionadas personas
colectivas y el Ministerio de Relaciones Exteriores
es la instancia ante la cual las organizaciones reli-
giosas y espirituales deben tramitar la otorgación
de su personalidad jurídica para su reconocimien-
to formal por el Ministerio de la Presidencia, me-
diante Resolución Suprema. Las ONG Internacio-
nales tienen reconocidas sus personerías jurídicas
y sus estatutos en el país de origen y su actividad
en Bolivia está regida por el Convenio Marco que
tramitan en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Reglamento de la Ley 351 contempla la reser-
va y verificación del nombre de todas las personas
colectivas, las causales por las que se aplicaría la
revocatoria de personalidad jurídica y su procedi-
miento; también estipula el contenido de los esta-
tutos de las personas colectivas y las modificacio-
nes o adecuaciones que deben hacer las personas
colectivas preexistentes a esta Ley. El Ministerio
de Autonomías es el ente responsable de la crea-
ción del sistema de Registro de Personalidades Ju-
rídicas SIREPEJU y sus componentes. En un plazo
de 5 meses a partir de la aprobación del Reglamen-
to (junio 2013) las personas colectivas que obtu-
vieron su personalidad jurídica con anterioridad a
esta norma deberán adecuarse a lo dispuesto en la
normativa vigente.
“La construcción del registro de organizaciones no
gubernamentales preexistentes en el Ministerio
de Autonomías, tiene como uno de sus propósitos
preservar la antigüedad de las organizaciones que
verifican su creación y reconocimiento de perso-
nería jurídica. El Ministerio de Autonomías debe
garantizar la antigüedad de la persona jurídica y
evitar que a las nuevas organizaciones que solici-
ten personería jurídica se les asigne un nombre ya
registrado en el sistema. Actualmente se está reci-
biendo toda la información de las gobernaciones
pero ésta es incompleta debido al extravío de in-
formación o por limitaciones en el registro”14.
Según el Director de la Unidad Jurídica del Minis-
terio de Autonomías, actualmente no se cuenta con
un registro centralizado de las personerías jurídi-
cas de organizaciones no gubernamentales, funda-
ciones, organizaciones sociales y entidades civiles
sin fines de lucro. Existen 26.636 organizaciones
no gubernamentales sin fines de lucro registradas
en el país que, según la norma, si no se reinscriben
hasta el 16 de noviembre, corren el riesgo de perder
su personería jurídica. “Luego del proceso de regis-
tro de todas las organizaciones, se tiene que hacer
14 Fernando Zeballos, Director de la Unidad Jurídica del Ministerio de Autonomías, Seminario Ley 351, PROCOSI, 05 de Julio 2013
21
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ción
como una especie de filtro para que aquellas ONG,
organizaciones sociales, fundaciones y entidades
civiles sin fines de lucro que desarrollen activida-
des en más de un departamento, sean organizadas
y clasificadas. Después vamos a pasar a la etapa de
modificación y adecuación, donde estas personas
colectivas van a tener que adecuarse a lo que dice
la ley, los requisitos y contenidos de la Ley 351”.15
Entes y Redes de coordinación, como las actuales
Redes de ONG, tendrán un reglamento específico
que va a determinar las características que tendrán
las mismas. Habrá una diferenciación entre Entes
de Coordinación y Redes de Coordinación. “Con se-
guridad todas las organizaciones nacionales que
forman PROCOSI deberán adecuar sus estatutos,
la Red PROCOSI deberá adecuarse cuando se ten-
ga la resolución que emita los criterios técnicos y
que tenga en cuenta las particularidades que ten-
dría la misma Red, pero hasta que salga esto pri-
mero es necesario garantizar su nombre”.16
Desde la aprobación del Decreto Supremo reglamen-
tario de la Ley el pasado 17 de junio, el Ministerio de
Autonomías recibió las solicitudes de más de cien
ONG, informó a la agencia ABI el funcionario de esa
cartera de Estado Fernando Zeballos. No obstante, se
estima que antes de la aprobación de la norma más
de 1.200 entidades de la sociedad civil presentaron
solicitudes para obtener personería jurídica.
Según un informe de la Cancillería, en todo el te-
rritorio nacional operarían al menos 2.175 ONG,
de las cuales 144 son extranjeras. Zeballos confir-
mó que todas ellas tienen plazo hasta octubre de
este año para presentar su solicitud, razón por la
cual recomendó a los interesados iniciar su trámite
cuanto antes.
Son requisitos imprescindibles para la obtención
de la personalidad jurídica la Escritura Pública
15 Entrevista a Fernando Zeballos, Director de la Unidad Jurídica del Ministerio de Autonomías, La Razón, 05 de agosto de 2013
16 PROCOSI, Documento Memoria Seminario Ley 351, 05 de Julio 2013
de Constitución de la institución, el Estatuto, el
Reglamento Interno, las Actas de Aprobación del
Estatuto y del Reglamento Interno, y un Poder No-
tariado del Representante Legal.
b) Vacíos e incongruencias de la Ley 351 de Otorgación de Personalidad Jurídica y del Decreto 1597 que atentan contra los derechos de las mencionadas personas colectivas:
1) Revocatoria de Personalidad Jurídica:
La Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidad Ju-
rídica, establece en su artículo 14 las causales de
revocatoria de personalidad jurídica:
a) Incumplimiento a lo dispuesto a la Ley y sus re-
glamentos
b) Realizar actividades distintas a las señaladas en
sus estatutos
El Reglamento 1597 de la Ley 351 establece que
será revocada la personalidad jurídica, por las si-
guientes causales:
a) Incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº
351 y sus reglamentos;
b) Por necesidad o interés público, declarado me-
diante Ley de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional;
c) Por realizar actividades distintas o dedicarse a
otro rubro que no sea el indicado en su estatuto
(objeto, fines y alcance);
d) Por transferencia o comercialización de la per-
sonalidad jurídica;
e) Por sentencia penal ejecutoriada, cuando se
compruebe por la instancia judicial competente,
22
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ción
que los miembros que ejercen representación
de la persona colectiva, realicen actividades que
atenten en contra la seguridad o el orden públi-
co o hayan cometido hechos ilícitos en el ejerci-
cio de sus funciones, valiéndose de la institución
de la que forman parte para cometerlos;
f) Por no desarrollar ninguna actividad en el mar-
co de su objeto y fines, en un periodo de cinco
(5) años;
g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas sec-
toriales, previo informe del Ministerio del área.
La Ley 351 rompe un criterio básico que estuvo
presente en la legislación boliviana y es el referido
a que el Órgano Ejecutivo reconoce la personali-
dad jurídica de las personas colectivas, y el Órgano
Judicial las puede extinguir o revocar, por aquellas
causales que no sean determinadas por sus pro-
pios miembros, en tanto constituyen personas de
derecho privado. En ese sentido, no corresponde
asignar al Ministerio de Autonomías la atribución
de revocar la resolución de otorgación de Perso-
nalidad Jurídica pues pone en duda la existencia
de un proceso justo e imparcial, que dejaría a las
organizaciones en un estado de “indefensión” al
ser el propio Órgano Ejecutivo el que tiene la legi-
timación activa para demandar y revocar por acto
administrativo la Personalidad Jurídica, sin pre-
ver vías de impugnación, apelación o reclamo para
la revisión de una decisión infundada.17
Identificar en términos tan genéricos causales de
revocatoria (con sus complejas implicaciones en
cuanto a disolución y liquidación) puede resultar
contrario al principio del debido proceso y a
principios generales del derecho administrativo
que establecen que toda sanción administrativa
debe guardar proporcionalidad con la grave-
dad del incumplimiento. Reconociendo ambos
17 Ramiro Orias Director F.Construir. Taller interno de UNITAS sobre Norma-tiva para ONG.
principios, la reglamentación debería ser muy
precisa en identificar claramente las causales ex-
traordinarias que justifique una sanción de revo-
catoria, medida drástica y extrema. Sin embargo,
el inciso b) del Artículo 19 del Decreto Supremo
Nº1597 dispone que se podrá revocar la persona-
lidad jurídica “por necesidad o interés público,
declarado mediante Ley de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional”. Ello vulnera el derecho de
libre asociación para fines lícitos reconocido en el
Artículo 21, numeral 4 de la CPE y no está con-
templado como causal de revocatoria en la Ley Nº
351 de Otorgación de Personalidad Jurídica. Las
personas jurídicas contempladas en el Art. 298
de la Constitución Política del Estado no van en
contra del interés público, salvo en caso de delitos
pronunciados por sentencia judicial ejecutoriada,
luego de un debido proceso legal.
Del mismo modo, el inciso g) que señala como
causal de revocatoria: “incumplimiento a las polí-
ticas y normas sectoriales, previo informe del Mi-
nisterio del área”, somete a las organizaciones de
la sociedad civil a una situación de incertidumbre,
afecta su carácter civil, de derecho privado y autó-
nomo con relación al Estado, y las enfrenta al ries-
go de una probable interpretación subjetiva de la
autoridad respecto al alcance del “incumplimiento
a las políticas públicas”18.
Ambos casos exceden las causales de revocatoria
de la Personalidad Jurídica establecida en la Ley
Nº 351 y colocan en una situación de indefensión a
las personas colectivas, al ser las mismas entidades
del Órgano Ejecutivo las que demandan y revocan
la Personalidad Jurídica. Este hecho claramente
vulnera el principio de legalidad y la norma consti-
tucional que define el objeto licito como límite de la
libertad de asociación, más aún, considerando que
no existen criterios claros respecto a cómo se debe
interpretar la “necesidad o interés público” para
que la Asamblea Legislativa declare la revocatoria
18 Carta Solicitud de Modificación DS Nº 1597 de las redes a la Ministra de Autono-mías, julio 2013
23
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de una personalidad jurídica o para que un Minis-
terio emita el informe respectivo.19
La norma debe asegurar un proceso justo e im-
parcial para cualquier organización de la sociedad
civil, que le permita ejercer su derecho al “debido
proceso”. Sin embargo, el reglamento de la Ley
351 establece que la solicitud de revocatoria pue-
de ser interpuesta por “cualquier entidad pública”.
Ello demuestra que el Órgano Ejecutivo cumple
una doble función: la de ser juez y parte a la vez
para demandar y revocar por acto administrativo
la personalidad jurídica de las personas colectivas.
Conforme al Código Civil vigente, la atribución le-
gal de revocar la resolución de otorgación de Per-
sonalidad Jurídica, es competencia del Órgano ju-
risdiccional. La amplitud y ambigüedad de dicho
Artículo da lugar a la interpretación subjetiva de
cualquier servidor/a público que considere, de
manera personal y arbitraria, el incumplimiento o
inadecuado trabajo de una determinada organiza-
ción. Asimismo, resulta inapropiado que la carga
de la prueba sea transferida a la organización y no
así a la entidad que interpone la solicitud de re-
vocatoria, instancia que debería basar su solicitud
en las pruebas correspondientes. Demás está decir
que el plazo de cinco (5) días que establece el Re-
glamento para la presentación de las pruebas de
descargo es insuficiente.
Los criterios para la revocatoria deberían estar
claramente definidos y dar la posibilidad de que
se subsanen los errores y aclaren las observacio-
nes en plazos razonables. De la misma manera,
considerando que la constitución impone como
único limite a las actividades de las personas co-
lectivas cumplir con un “objeto licito” y tomando
en cuenta el trabajo “integral” que desarrollan
las instituciones comprendidas en el alcance
de la norma, la causal de “realizar actividades
distintas a las señaladas en los estatutos” resulta
muy ambigua e imprecisa, lo que podría generar
19 Ibid.
interpretaciones que den margen a la discrecio-
nalidad administrativa.20
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, en el artículo 22 establece que el ejercicio a la
libre asociación, sólo podrá estar restringido por:
“restricciones previstas por la ley que sean necesa-
rias en una sociedad democrática, en interés legitimo
de la seguridad nacional, de la seguridad pública o
del orden público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Por lo tanto, las causales para la revocatoria deberían
ser más claras, explícitas y limitadas, estableciendo
plazos razonables para subsanar las infracciones a
las obligaciones de las organizaciones, definiendo
la posibilidad de apelación ante un órgano indepen-
diente y hacer mención expresa de las vías legales a
las que se debe recurrir ante las determinaciones no
favorables de la autoridad estatal.21
Las instituciones internacionales señalan como
requisitos de una democracia vibrante el que exis-
tan, entre otros, medios de comunicación indepen-
dientes, fuerzas políticas diversas y amplia presen-
cia de organizaciones no gubernamentales (ONG),
y el oficialismo acaba de aprobar una ley, sancio-
nada por la Asamblea Legislativa Plurinacional
para controlarlas. Su artículo 14 establece que el
Ejecutivo puede revocar la personería jurídica de
estas entidades por dos causas: cuando se incum-
pla lo dispuesto por la norma y su reglamento, y
cuando “realicen actividades distintas a las finali-
dades señaladas en sus estatutos”22.
O sea que uno de los espacios en los que el Gobier-
no no lograba tener control ahora será copado.
Es muy probable que esta norma sea un pretex-
to para arremeter contra las organizaciones que
trabajan en temas indígenas, de medio ambien-
te, de sector rural, etcétera. Lo curioso es que las
autoridades masistas, hoy en el poder, tuvieron
20 Ramiro Orias, Director Fundación Construir, Análisis Jurídico de la Ley 351.
21 Nota conjunta de las redes a la Ministra de Autonomías, Claudia Peña, Mayo 2013
22 Página Siete, Opinión, Orden a las ONG, 17 marzo 2013
24
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ción
amplio respaldo económico y apoyo técnico cuan-
do se dedicaban a actividades políticas y sindicales
de oposición. Pero lo que fue bueno para ellos no
tiene por qué serlo para los demás...23
El senador Adolfo Mendoza aseveró que este re-
gistro es una atribución constitucional del Estado,
debido a que este proceso se detuvo al aprobarse
la Carta Magna, por lo que existe hasta ahora más
de 1.200 solicitudes que no pudieron ser atendidas
por el vacío normativo. El legislador precisó que
las instancias que no recaben este registro estarán
operando ilegalmente en el país, situación que es
criticada por la oposición, como señaló la diputada
de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, quien
atribuyó esta acción a un fin político de intimida-
ción y presión de estos organismos.
Según el senador Mendoza “El gobierno recuerda
sus épocas cuando las ONG que trabajaban con
el MAS eran sus grandes articuladores políticos,
sus grandes financiadores y a nombre de acuer-
dos con las ONG hacían todo lo posible para hacer
presidente a Evo Morales, y ahora conocedor de
estos hechos, el Movimiento Al Socialismo está
tratando de tener el control de las ONG para se-
guir teniendo el poder desde las mismas, además
del financiamiento”.24
2. AdecuaciónomodificacióndeEstatutos
El Artículo 11 del Decreto Supremo Nº1597 de Re-
glamentación de la Ley Nº 351, establece el con-
tenido de los estatutos de la persona colectiva y
que las organizaciones no gubernamentales y las
fundaciones deben especificar adicionalmente en
el contenido de su estatuto:
a) El alcance de sus actividades orientadas a contribuir al desarrollo económico so-cial, tomando en cuenta los lineamientos
23 Ibid.
24 Periódico “Los Tiempos” Registro de ONGs es para supervisar financiamiento. Mar-tes, Julio 2, 2013
establecidos en la planificación nacio-nal, las políticas nacionales y las políti-cas sectoriales;
b) El detalle de la afectación de bienes, en el caso
de fundaciones, debe estar registrado en un do-
cumento público y en Notaría de Fe Pública.
Cuando se constituye una ONG o Fundación, in-
corporando genéricamente el objeto y fines en los
Estatutos, no se tienen definidas las activida-des concretas y particulares que, en función
de su objeto y fines, ha de realizar. Esto correspon-
de a una planificación o programación posterior.
Para poder mínimamente considerar y definir ac-
tividades especificas y su forma de financiamiento
(oficial o privada, por ejemplo) primero la entidad
debe gozar de personalidad jurídica que, precisa-
mente, le permita hacer las gestiones posteriores
con dicha finalidad. Es por lo tanto un requisito
imposible de cumplir y debería suprimirse. Cuan-
do para fines de reconocimiento se requiere un
perfil, prefactibilidad o proyección financiera para
ciertos años, este es un documento que se presenta
por separado y tiene un alcance más bien general.
Según como fuera a encarar su propia y posterior
planificación y programación, la entidad definirá
sus fuentes de financiamiento, lo cual a su
vez determinará el grado de cumplimiento que
pudiera llegar a tener en función del principio de
alineación al Plan Nacional de Desarrollo. Sólo en
estas circunstancias deberá considerar si debe o
no cumplir, o en qué grado, con dicho principio.
Podrían existir actividades o programas que, como
actividades licitas, no requieran de la alineación
con los “lineamientos establecidos en la planifica-
ción y políticas nacionales y sectoriales”.
En el marco del modelo plural de la economía (Ar-
ticulo 316 de la Constitución Política del Estado) el
Estado ejerce la función de planificación económi-
ca y social con participación y consulta ciudadana
(Ley de participación y control social). Para ello,
25
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ción
el Estado formula periódicamente el plan general
de desarrollo, obligatorio para todas las formas
de la economía (Articulo 316 No. 9). La Asamblea
Legislativa Plurinacional tiene la atribución de
aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social
a propuesta del Órgano Ejecutivo (Articulo 158).
Por lo tanto, el Plan requiere de sanción legislati-
va. Actualmente no se tiene un plan aprobado, lo
cual tiene relevancia a tiempo de considerar los re-
quisitos que deben contener los Estatutos de ONG
y Fundaciones, el cumplimiento del requisito de
certificación de la aceptación del Ministe-rio Cabeza del Sector y la cuestión de revoca-
toria de personalidades jurídicas. Definitivamente,
resulta restrictivo solicitar previamente, para em-
pezar el trámite de reconocimiento de la persona-
lidad jurídica, una “Certificación de la aceptación del Ministerio Cabeza de Sector en el cual desem-peñará sus actividades, en el que se verifique que la ONG o Fundación está enmarcada en la plani-ficación y políticas nacionales”25.
Es previsible, en todo caso, que un Plan (como el
que hubo en el periodo 2006-2010) sea amplio en
sus alcances, pero, por definición, no tiene por finalidad planificar toda actividad econó-mica y social, debiendo tomar en cuenta tam-
bién el modelo de economía plural del estado.
Habrá actividades que no estén alcanzadas por
el Plan. Además, las distintas actividades econó-
micas y sociales tienen un marco legal propio, es
decir leyes sectoriales (minería, hidrocarburos,
transporte, telecomunicaciones, recursos foresta-
les, agua, comercio, banca, servicios financieros,
seguros, educación, salud, etc. etc.). Desde la pers-
pectiva empresarial, por ejemplo, cuya participa-
ción es admitida en diversos sectores de la activi-
dad económica, rige constitucionalmente también
el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad
jurídica, como normativa de la economía plural
(Articulo 311 II No.5)26.
25 Informe Legal Ley 351 y su Reglamentación (Otorgación de Personalidad Jurídicas a entidades sin fines de lucro de nivel nacional), Bufete Aguirre y Asociados. UNITAS mayo 2013.
26 IBid.
Existen y pueden seguir existiendo asociaciones
privadas sin fines de lucro con fines lícitos que en
realidad no son propiamente de servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social. Tal el caso de
asociaciones deportivas, de estudios e investiga-
ciones, de servicios para sus asociados, de simples
vehículos de inversión legitima, folklóricas, etc.
Lo mismo sucede con fundaciones. No todas son
o podrían perseguir fines especiales de interés general. Pueden tener también un “interés parti-
cular” o un objeto muy especifico que no es de “in-
terés general”. En los casos descritos resalta con
mayor claridad la imposibilidad de cumplir con
requisitos estatutarios o de certificación como los
mencionados en el reglamento. Por lo tanto, puede
darse el caso de organizaciones que, en el marco
de su organización propia y legitima, decidan lle-
var adelante actividades no contempladas bajo
el marco del Plan de Desarrollo, como iniciativa
propia. En otros casos pudiera estarse siguiendo
un principio de subsidiariedad, es decir condu-
cir actividades cuando se identifica que no llega el
Estado a cubrirlas en ejercicio de su propia compe-
tencia o responsabilidad.27
En caso de que una organización que haya re-
gistrado su nombre, decida no adecuarse debido
a que considera que actualmente cumple con lo
establecido en la ley y la reglamentación, podría
incurrir en un hecho que pudiera conllevar la apli-
cación de la sanción de la revocatoria de la perso-
nería jurídica. Sin embargo, esta posición podría
cuestionarse por la posible inconstitucionalidad
de la norma, debido a que el Ministerio de Auto-
nomías no tendría la competencia para ejercer esta
potestad sancionatoria28.
Es probable que la mayoría de las organizacio-
nes opten por la adecuación a la norma, con el
cambio de nombre anteponiendo en el caso de
27 Ibid.
28 PROCOSI, Documento Memoria Seminario Ley 351, 05 de Julio 2013
26
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asociaciones el prefijo ONG y en el caso de funda-
ciones el prefijo de Fundación, según corresponda
y la modificación de sus estatutos, según establece
el reglamento. Este proceso de adecuación va a ser
largo, complicado, y costoso para muchas organi-
zaciones, y los estatutos deben ser bien elaborados
para evitar modificaciones posteriores en el Minis-
terio de Autonomías29.
B) Registro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
El segundo ámbito para regular, normar y coor-
dinar las actividades de las ONG es el referido al
Registro de ONG.
A través del Decreto Supremo Nº 22409, del 11 de ene-
ro de 1990, durante la presidencia de Jaime Paz Za-
mora, se crea en el Ministerio de Planeamiento y Coor-
dinación el Registro Unico Nacional de ONG a
cargo de la Subsecretaria de Política Social para la ma-
triculación obligatoria de todas las ONG y la sistemati-
zación de la información relativa a las mismas.
Se entendía por organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), a los efectos de dicho Decreto, a las
instituciones privadas o personas jurídicas, sin fi-
nes de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter
religioso o laico, que realicen actividades de desa-
rrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o
de cooperación externa en el territorio nacional.
29 Ibid.
En aquellos años, ya se reconocía que “diversas
organizaciones no gubernamentales realizan ta-
reas de asistencia financiera y técnica en Bolivia,
principalmente en las áreas de salud, educación,
agropecuaria, vivienda, saneamiento básico y
medio ambiente y asistencia social; y que era ne-
cesario optimizar los resultados del trabajo que
realizan dichas instituciones a través de la pla-
nificación orientadora y la coordinación a esta-
blecerse entre las distintas instancias vinculadas
al sector social, en cumplimiento de las funciones
que corresponden al Estado conforme determina
el Decreto Nº 11848 del 3 de octubre 1974.”30
Mediante Decreto Supremo No. 26973 de fecha
27 de marzo de 2003, correspondiente al Regla-
mento a la Ley de Poder Ejecutivo, se encomendó
al Viceministerio de Inversión Pública y Financia-
miento Externo (VIPFE), dependiente del Minis-
terio de Hacienda, llevar el Registro Único Nacio-
nal de ONG. Posteriormente, el Decreto Supremo
No.29894, que reglamenta la Estructura Organi-
zativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacio-
nal, en su artículo 40 l) dispone que el VIPFE pasa
a depender del Ministerio de Planificación del De-
sarrollo, atribuyéndole la competencia de “llevar
el Registro Nacional de Organizaciones No Guber-
namentales, coordinar con los Ministerios com-
petentes la relación de estas instituciones con el
gobierno y desarrollar una normativa regulatoria.”
30 Gaceta Oficial. Decreto Supremo Nº 22409
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Requisitos para el Registro ONG
Nacional ONG
Extranjera
1Carta de Solicitud de Inscripción dirigida a la Ministra de Planificación del Desarrollo, Lic. Elba Viviana Caro Hinojosa
Sí Sí
2Fotocopia de la Resolución Suprema o Prefectural de reconocimiento de Personalidad Jurídica.
Sí No
3Fotocopia del Testimonio correspondiente al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y Aprobación del Estatuto Orgánico, otorgado por la Prefectura del Departamento.*
Sí No
4 Fotocopia del Acuerdo Marco de Cooperación Básica (AMCB) vigente. No Sí
5 Fotocopia del Poder Notariado del Representante Legal Sí Sí
6 Fotocopia del Acta de elección del último Directorio. Sí No
7 Fotocopias de las Actas de incorporación de nuevos asociados Sí No
8 Fotocopia del Certificado de Inscripción del Servicio de Impuestos Nacionales (N.I.T.) Sí Sí
9 Formularios: 01,02 y 03 del Sistema de Información de ONG (SIS-ONG). ** Sí Sí
10 Contrato o Convenio de Proyecto y/o Programa negociado Sí No
Perfil Institucional (impreso y en medio magnético en formato Word) que comprenda:
· Objetivos de la Organización , según Estatutos orgánicos o AMCB
· Diagnostico preliminar del área geográfica de acción de la ONG
· Diagnóstico preliminar del (los) sector(es) de trabajo de la ONG (Salud, agropecuario, Educación, etc.)
· Población meta
· Cobertura poblacional
· Metodología de trabajo
· Resultados esperados – Identificación de indicadores
· Sistemas de Evaluación a utilizarse
· Nómina Personal Profesional y Voluntario
· Proyecto desarrollado con presupuesto desglosado y matriz de marco Lógico
Sí Sí
* El Estatuto Orgánico de la Institución debe especificar: En relación a la naturaleza no lucrativa de la organización, los ingre-
sos o superávits que resulten del cumplimiento de sus actividades no son susceptibles de distribución entre sus socios y
quedan consolidados al patrimonio para el apoyo de sus objetivos. Con respecto a la liquidación y destino del patrimonio, en
caso de disolución de la organización, una vez cubiertas las obligaciones y cancelado todo el pasivo, el patrimonio restante
pasará en calidad de donación a una institución con fines similares a los de la organización, bajo ninguna circunstancia éste
podrá ser enajenado ni distribuido entre los socios.
** La información contenida en el Formulario del Sistema de Información SIS-ONG tiene calidad de declaración jurada (Art. 3
del D.S. N°22409). El Formulario puede ser obtenido de la página Web: www.vipfe.gob.bo
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Una vez comunicada las observaciones al trámite de inscripción, la ONG tendrá 30 días para presentar los descargos
respectivos.
El seguimiento y aclaración al trámite de inscripción, debe ser realizado por el Representante Legal o persona designada
mediante Poder Notariado.
Se establece los días martes y jueves a partir de las 14:30 a 18.00, para la atención a consultas de los interesados.
Las ONG inscritas en el registro deben presentar
la información solicitada por el VIPFE cada tres
años. Por otra parte, anualmente las ONG declara-
das exentas de impuestos presentan al Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) la Memoria anual de
actividades que contiene los estados financieros y
las notas a los estados financieros.
El Registro de ONG ha experimentado una evolu-
ción positiva en la solicitud y la calidad de la infor-
mación que recoge. Sin embargo esta información
no retorna a las ONG y no es suficientemente uti-
lizada. Es un costo cada vez mas elevado para las
ONG, debido a la exigencia del VIPFE de que sea el
Director de la ONG o algún apoderado el que reco-
ja el registro en La Paz. Un director de Sucre debe
tomar el tiempo y presupuestar su viaje y al menos
2 días de estadía para recoger este documento. El
Registro o la renovación demoran, en teoría, una
semana pero, en la práctica, demora mucho mas,
incluso en algunos casos dura varios meses y años
y no se comunica con claridad las causas del retra-
so. Es un proceso moroso que no diferencia la in-
formación constitutiva de la información operati-
va. La renovación debería ser simple y solo incluir
la información operativa que es la que cambia. En
el caso de la constitutiva, solamente debía presen-
tarse cuando han habido cambios estatutarios31.
El Registro de ONG está referido al registro cons-
titutivo de su institucionalidad para su funciona-
miento legal, por lo que debe evitarse toda infor-
mación de carácter estadístico o de valoración de
los resultados de sus servicios.32
31 Fidel Alvarez, Director Red TIC Bolivia
32 Juan Carlos Velásquez, Presidente Red Nacional PROCOSI (Programa de Coordina-ción en Salud Integral)
Los plazos son muy drásticos, la renovación de-
bería poderse preparar y entregar con anticipa-
ción a la fecha de cumplimiento, en muchos casos
queda un vacío, porque ahora se entrega la infor-
mación en la fecha de cumplimiento y quedamos
en un vacío hasta la aprobación (en muchos casos
interminable).33
Los trámites deberían ser más rápidos en tiempos
similares a los generados por otros Registros Na-
cionales como por ejemplo: FUNDAEMPRESA de-
pendiente también del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.34
Los y las representantes de las distintas redes na-
cionales coinciden en que desde el gobierno se
debe crear una institucionalidad que abarque de
forma integral a la Cooperación Internacional,
diferenciando las ONG nacionales e internaciona-
les, donde se desburocratice y se establezcan me-
canismos más expeditos para el registro de ONG.
“La verificación de que la ONG o fundación está
enmarcada en la planificación y políticas naciona-
les y que sus estatutos muestran la contribución al
desarrollo económico social, tomando en cuenta
los lineamientos establecidos en la planificación y
políticas sectoriales, deberían estar enmarcadas en
la coordinación y voluntad de las instituciones de
aportar al país y no en la obligatoriedad que aten-
ta contra el derecho de libre asociación y restringe
la libertad y autonomía de las organizaciones sin
fines de lucro”35.
33 Aquiles Dávalos, Director Red Nacional AIPE (Asociación de Instituciones de Promo-ción y Educación)
34 Néstor Castro, Asociación de Instituciones Financieras para el desarrollo Rural, FIN-RURAL
35 Documento Memoria reunión de Redes. 13 de mayo 2013
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No se puede decir desde el gobierno que no se
sabe qué hacen las ONG. La información que brin-
dan periódicamente al VIPFE describe toda la ac-
ción que desarrollan y esa información debía ser
pública, debía ser sistematizada y mejor utilizada
para mapear el trabajo que realizan las ONG a ni-
vel nacional.36
Existen diferentes relaciones y dimensiones en las
que las ONG de desarrollo utilizan distintos me-
canismos de transparencia y rendición de cuentas
que respaldan la pertinencia social de su acción:
o Entre las ONGDs y sus grupos constitu-tivos primarios o sus grupos meta pri-marios (las personas a las que sirven o representan)
o Entre y dentro de las ONGDs a nivel de país: Mecanismos de autorregulación. Códi-
gos de Ética, Sistemas de Información para la
Transparencia y la Rendición de Cuentas, In-
formes a niveles de gobierno (Asambleas, Di-
rectorio, Reglamentos Internos)…
o Entre las ONGDs del Norte y del Sur (agencias de cooperación solidaria): Los
Contratos o Convenios bilaterales firmados en-
tre agencias de Cooperación y ONGDs estable-
cen las condiciones, normativa y formatos para
la presentación de información periódica. In-
formes narrativos y financieros periódicos, au-
ditorías y evaluaciones externas independientes
o Entre las ONGDs y los gobiernos: Formu-
larios del Registro de ONG, Memoria Anual al
Servicio de Impuestos Nacionales, Declaracio-
nes mensuales de Impuestos, Pago de aportes a
la Caja Nacional de Salud y Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFPs), planillas de sala-
rios trimestrales. Las ONGDs que reciben y ad-
ministran fondos públicos para la ejecución de
36 Elba Crespo, Directora de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales en Salud-ASONGS
proyectos y programas, además de utilizar los
mecanismos mencionados, rinden cuentas en el
marco del control que establece la Ley SAFCO.
o Entre las ONGDs y el público en general: Información institucional difundida en la pági-
na web y en otros soportes (memoria institu-
cional, rendiciones de cuentas públicas) y otros
espacios.
La relación con donantes y Estado, ya está esta-
blecida con transparencia siendo innecesario crear
más mecanismos. Sin embargo, siempre es bueno
revisar la efectividad de los existentes para optimi-
zar su uso.
“Los mecanismos de transparencia están claros
para donantes y estado. Tenemos una idea de
como estamos las asociadas a UNITAS, y de los
mecanismos que usamos hacia los beneficiarios,
es decir en todo el ciclo del proyecto y en algunas
convocatorias incluso nos piden convenios. Debié-
ramos incidir en los impactos logrados y estamos
siendo cortos en la parte de identificar resultados
para poder decir cuál era la situación antes de la
intervención y aclarar que aporte estamos hacien-
do en términos de presupuestos y de inversión en
la población meta.”37
Específicamente en cuanto al proceso de renova-
ción del Registro de ONG, existen evidencias de
la obstaculización que enfrentan principalmente
ONG tildadas por el gobierno de “opositoras, ene-
migas del cambio”. Concretamente, habiendo cum-
plido con todos los requisitos técnicos al presentar
toda la documentación requerida por el VIPFE, al-
gunas ONG han pasado por el siguiente proceso:
- múltiples revisiones de los documentos presen-
tados al VIPFE
- solicitud de nueva presentación de los mismos
ante la pérdida de carpetas presentadas al VIPFE
37 Pamela Cartagena, Representante de CIPCA Nacional en el Directorio de UNITAS
30
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- dilación del trámite por cambio de personal en
el VIPFE
- Solicitud escrita del Ministerio de Planificación
del Desarrollo a todos los Ministerios con quie-
nes el trabajo de la ONG puede tener alguna
relación, para “dar curso o no a la solicitud de
renovación del Registro de ONG”38.
Este último punto resalta la arbitrariedad con la
que se ha manejado este trámite administrativo en
casos que coinciden con las “acusaciones públicas”
desde el gobierno actual contra ONG. Este proce-
dimiento no está establecido en ninguna norma y
puede dar lugar a una denuncia de las ONG afec-
tadas contra el Estado por incumplimiento admi-
nistrativo. Por ejemplo, se sabe que el trámite se
prolongó por dos años debido a que dicha solici-
tud fue enviada por el VIPFE a 8 Ministerios, en
un caso, y a 12 ministerios en otro. La misma en
algunos Ministerios fue archivada y no atendida.
A insistencia de la ONG que asume una tarea que
no le corresponde (hacer seguimiento a una nota
entre instancias públicas), el trámite volvió a ser
considerado por la repartición pública sin lograr
garantía alguna de una pronta respuesta oficial y
sin que se conozcan los criterios que cada minis-
terio usa para tomar la decisión de recomendar
o no la renovación del Registro de la ONG. Otros
Ministerios se abstuvieron de opinar por escrito,
por tanto no emitieron respuesta al VIPFE. Otros
Ministerios enviaron su respuesta por escrito. En
síntesis, no hay ninguna norma que prevea esta si-
tuación y que establezca este procedimiento al que
están sujetas las ONG. Que sucede si un Ministerio
se opone y cinco están a favor de que se renueve el
registro de una ONG?
A fin de mostrar las debilidades descritas, se hizo
un sondeo institucional para saber el estado del
trámite de renovación del Registro de ONG. El re-
sultado muestra que si se mantiene la tendencia
38 Nota oficial de la Ministra de Planificación dirigida a cada Ministerio cabeza de Sector.
de retardación del trámite por la razón que fuera,
el año 2015 una sola institución de 25 consultadas
tendría el Registro de ONG al día.
En septiembre de 2011 una comisión legislativa
integrada solo por parlamentarios del MAS39 co-
menzó a investigar a todas las ONG del país. Los
legisladores de la oposición se negaron a participar
en esta instancia creada expresamente para “per-
seguir” a todas las organizaciones opositoras40.
En el último año el régimen del MAS adoptó dife-
rentes medidas para mantener a raya a las ONG
“rebeldes”, como por ejemplo el congelamiento de
sus trámites de registro, y por ende el bloqueo de
sus fuentes de financiamiento41.
Según el Segundo Informe sobre la Situación de
las Defensoras y Defensores de Derechos Huma-
nos en las Américas de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), en varios países
de América se observa una creciente sofisticación
de los mecanismos destinados a impedir, obstacu-
lizar o desmotivar la labor de defensa y promoción
de los derechos humanos42. Cabe resaltar que la
CIDH se pronunció sobre la intervención policial a
la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio
Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIP-
NIS) el 25 de septiembre de 2011.
El informe de la CIDH también llama la atención
sobre nuevos mecanismos de control de organiza-
ciones defensoras de derechos humanos, como por
ejemplo la investigación de sus fuentes de finan-
ciamiento. Algunos Estados alegan que estas pes-
quisas buscan la “transparencia”. Para la CIDH,
39 Senadores oficialistas Eugenio Rojas Apaza, Rhina Aguirre Amézaga y Roxana Camargo Fernández y los diputados masistas Betty Tejada, Juan Carlos Cejas y Marcelo Elío
40 Bolpress “Más de 2 mil ONGs tienen plazo hasta octubre para tramitar su persone-ría jurídica” www.bolpress.com/art.php?Cod=2013072503 En caché25/07/2013
41 IBid.
42 www.cidh.org Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas /Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.66 El informe de la CIDH señala que muchos gobier-nos de la región desprestigian y estigmatizan a los activistas sociales, restringen sus fuentes de financiamiento e incluso los intimidan con acciones penales. Ade-más, continúan las agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos. Bolpress 25 julio 2013
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los recursos financieros que reciben las organiza-
ciones sociales no son, en principio, de carácter
público. En cualquier caso, recalca la Comisión,
los Estados pueden solicitar legítimamente infor-
mación a las organizaciones sobre sus relaciones
jurídicas privadas cuando realicen funciones de
investigación de algún delito, o bien, fiscalización
tributaria.
Por otro lado, la CIDH se enteró de que el gobier-
no boliviano estaría aplicando de manera discre-
cional la Ley N. 2493 de 4 de agosto de 2003, que
dispone la exención de impuestos para “asociacio-
nes civiles, fundaciones o instituciones no lucrati-
vas autorizadas legalmente que tengan convenios
suscritos, y que desarrollen actividades religiosas,
de caridad, beneficencia, asistencia social, educa-
tivas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas,
literarias, deportivas, políticas, profesionales, sin-
dicales o gremiales”.
El año 2012 organizaciones sociales bolivianas
denunciaron que la administración tributaria ha
rechazado muchas resoluciones administrativas
tramitadas por entes sin fines de lucro. Según los
denunciantes, las autoridades actúan de manera
discrecional a partir de una interpretación restric-
tiva de lo “no lucrativo”, excluyendo del beneficio a
organizaciones que pagan honorarios a sus direc-
tores o miembros de la asamblea de asociados, sin
diferenciar si dichos pagos constituyen una distri-
bución de excedentes o pagos por servicios perso-
nales que contribuyen al logro del fin social.
Con esos antecedentes, la CIDH recalcó que los
Estados deben promover el ejercicio de la liber-
tad de asociación y las actividades de promoción
y defensa de los derechos humanos de la manera
más amplia, y no deberían restringir de manera
discrecional los beneficios fiscales de manera que
se desincentive el libre ejercicio de este derecho.
El gobierno boliviano decidió reforzar los siste-
mas de control de las ONG que operan en el país
argumentando que algunas de ellas no cumplen
un rol “social” y se dedican a “conspirar” contra
el gobierno de Evo Morales, ya sea “financiando”
protestas antigubernamentales (como por ejemplo
las movilizaciones de los indígenas del Territorio
Indígena Parque Nacional Isibore Sécure TIPNIS)
o asumiendo posturas abiertamente “políticas”.
En marzo de 2012 el ministro de la Presidencia
Juan Ramón Quintana denunció que en la ama-
zonia boliviana rige una “política imperial am-
biental” implementada por ONG para beneficiar a
empresas transnacionales bajo un camelo de pro-
tección de reservas naturales en emplazamientos
como el TIPNIS.
“¿Quiénes realmente financian a las ONG? Les fi-
nancian los gobiernos europeos y USAID. Detrás
de cada oenegés medioambiental hay una gotita
de sangre y hay humo que sale de los cañones de
los fusiles que hoy están en Afganistán, Irak y en
Libia”, afirmó el ministro de la Presidencia y reve-
ló que oenegés medioambientalistas son financia-
das por la British Petroleum y American Energy,
ambas dedicadas a la exploración y producción de
petróleo y gas natural en el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, ubicado en el departamento de
Santa Cruz43.
2.2. Más allá del Registro de ONG
El gobierno debe poner en la mesa lo que espera de
las ONG y su rol, y debe discutirlo con ellas para con-
sensuar posibles acciones de trabajo conjunto o no44.
Desde la década de los 90, se han ido haciendo es-
fuerzos desde los gobiernos y desde las organiza-
ciones de la sociedad civil, para definir un marco
legal adecuado a las características de las activi-
dades que desempeñan las ONG, que ampare sus
43 Más de 2 mil ONGs tienen plazo hasta octubre para tramitar su personería jurídica, Jueves, 25 de Julio de 2013, Redacción Bolpress
44 Patricia Vaca. Secretaria Técnica. Secretariado Rural-Región Andina
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derechos y obligaciones. Así, por ejemplo, el año
1994 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
impulsó el Proyecto de Ley de Asociaciones y Fun-
daciones-ONG que fue considerada por la Comi-
sión de Política Internacional y Culto de la Cámara
de Diputados y discutida por representantes de
ONG sin lograr consenso y aprobación hasta el año
1999. A fin de establecer un sistema que norme el
funcionamiento de las ONG debidamente registra-
das dentro del territorio nacional y sistematice la
información referida a sus actividades de interés
público, el año 2000 el Viceministerio de Inver-
sión Pública y Financiamiento Externo aprueba
el Reglamento para el Registro Único y el Sistema
Nacional de Información de ONG. El año 2001, el
gobierno de Hugo Banzer Suarez, aprueba el De-
creto Supremo 26140 que reglamenta el funcio-
namiento de ONG que trabajan con campesinos,
pueblos indígenas y colonizadores. El mismo que
establece facultades para investigar, controlar y
sancionar a estas ONG, incluyendo la suspensión
o cancelación del Registro de las ONG, por la vía
administrativa, siendo que el Artículo 64 del Có-
digo Civil establece la decisión judicial, a demanda
del Ministerio Público, para la extinción cuando
desarrolla actividades contrarias al orden público.
Las ONG que tenemos fines de desarrollo y tra-
bajamos con las organizaciones sociales conside-
ramos que es necesario contar con un marco nor-
mativo claro. Nunca nos opusimos a la posibilidad
de que exista una Ley de ONG, por el contrario,
hemos contribuido con propuestas en el pasado45.
A partir de los resultados de la segunda fase de la
Evaluación de la Declaración de Paris en Bolivia46,
así como la 3ra. Encuesta de Seguimiento a la De-
claración de París en Bolivia, el Gobierno del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio
de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de
45 Gumercindo Benavidez, Presidente Directorio UNITAS
46 UNITAS fue parte del Grupo de Referencia de la evaluación de los compromisos de la Declaración de Paris (Fase I y Fase II) en representación de la sociedad civil, por delegación de las redes de ONGs de desarrollo.
Inversión Pública y Financiamiento Externo, ha
elaborado en octubre de 2011, el “Plan de Acción
para mejorar la Eficacia de la Cooperación al De-
sarrollo”47. El Plan de Acción se constituye en una
ruta crítica de trabajo que tiene el objetivo de me-
jorar la gestión y resultados de la cooperación in-
ternacional al desarrollo en Bolivia, el cual se basa
en tres ejes fundamentales:
· Eficacia de la Ayuda, Gestión y Resultados
· Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica
· Marco Normativo
Este último eje “Marco Normativo” plantea tres
componentes:
a) Propuesta de un marco normativo para la ac-
tuación de la sociedad civil organizada conside-
rando su rol de actores en el proceso de desa-
rrollo de Bolivia.
b) Propuesta de un marco normativo relativo a
i) financiamiento externo no reembolsable y
acceso a la cooperación internacional en un
entorno de autonomías subnacionales, ii) re-
gistro de información y procedimientos de ges-
tión relativos a financiamiento externo.
c) Propuesta de Código de conducta a ser suscrito
entre el Ministerio de Planificación del desarro-
llo y las Agencias y organismos de cooperación
internacional en Bolivia, considerando el mar-
co legal aplicable y los compromisos de la agen-
da de la eficacia de la cooperación al desarrollo
(Paris, Accra, Busán), así como otros aspectos
de mutuo acuerdo
d) Propuesta de un marco conceptual, normati-
vo y operativo para la implementación de ac-
tividades reasistencia técnica y desarrollo de
47 Plan de Acción para Mejorar la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. Ministerio de Planificación del desarrollo. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Octubre 2011La Paz-Bolivia
33
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capacidades de acuerdo a los compromisos in-
ternacionales de la agenda de la eficacia.
En función a ello, el Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo –VIPFE- asu-
mió la responsabilidad de construir el “marco
normativo para la actuación de la sociedad civil
organizada, considerando su rol como actores en
el desarrollo de Bolivia” tomando en cuenta la opi-
nión de distintos actores: Cooperación internacio-
nal, ONG, organizaciones sociales y, gobernacio-
nes y municipios.
Realizada la consulta al Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento Externo, Harley Rodrí-
guez,48 sobre las características de su elaboración,
participantes y plazos… informó que “se está revi-
sando el marco normativo, leyes de otros países y
antecedentes de propuestas de ley en Bolivia para
luego definir una metodología participativa que in-
volucre a más actores (no solo ONG) diferenciando
también entre ONG nacionales e internacionales.”
En julio de 2012, el VIPFE convocó49 formalmente
a 14 redes nacionales y temáticas de ONG a un diá-
logo sobre 5 aspectos:
Rol de las ONG en el proceso actual de desa-
rrollo (incluyendo algunos antecedentes del rol
que jugaron en el pasado)
Mecanismos de adecuación al Plan de desa-
rrollo que tienen las ONG y qué otros deberían
implementarse
Análisis del registro de ONG (ámbito técnico, ad-
ministrativo, y legal) y cómo debería mejorarse
Análisis sobre los mecanismos de transparen-
48 Consulta abierta realizada por Susana Eróstegui, Directora de UNITAS en el Taller convocado por el VIPFE para presentar el Plan de Acción para Mejorar la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. La Paz, Octubre de 2011.
49 Nota de Ministra Viviana Caro, MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-001822/2012/005765 del 27 de junio de 2012. Ministerio de Planificación del Desarrollo “Convocatoria Mesa de Diálogo ONG Nacionales, Diagnóstico y perspectivas de su Rol en el Proceso de Desarrollo en Bolivia”
cia y rendición de cuentas con relación a los do-
nantes, beneficiarios y estado
Análisis actual sobre la normativa vigente y con qué
elementos debería contar una nueva legislación
Considerando que era de interés general avanzar
de manera conjunta en este proceso de análisis y
propuesta desde el sector no gubernamental, se
encaminó el trabajo articulado para elaborar una
sola presentación colectiva que recoja los aportes
de todas las redes en los temas propuestos y ha-
cer énfasis en los principios y aspectos básicos que
garanticen la legitimidad y legalidad del trabajo
de las ONG en Bolivia. Ello supuso también esta-
blecer niveles de coordinación con plataformas de
ONG internacionales (principalmente las Platafor-
mas Belga, Italiana, Española y Alemana) y con la
Coordinadora de ONG Internacionales –CONGI.50
En ese marco, se retomó el trabajo previo de las
ONG a nivel nacional y global plasmado en el
Marco Internacional para la Eficacia de las OSC
y propuestas de Ley de ONG trabajadas en el pa-
sado para ser considerados no solo por las ONG
Bolivianas sino por el propio gobierno. Se tomó en
cuenta la convocatoria que hizo el gobierno para
tratar el tema de las ONG nacionales e internacio-
nales, posible regulación y funcionamiento. Todas
reconocieron que ese aspecto las movilizo para ya
empezar a trabajar en plataformas, tanto naciona-
les como internacionales, para hacer conocer sus
propuestas y diseñar posibles estrategias de inter-
vención en este espacio.
La mayoría coincidió en que debe existir un marco
regulatorio del accionar de las ONG que este enmar-
cado en el respeto a los derechos y la actual CPE y
que es mejor tener una propuesta que pueda ser con-
sensuada y presentada en diversos espacios incluso
si fuere necesario en la Asamblea Plurinacional.
50 Reuniones de coordinación de ONG nacionales e internacionales convocadas por UNITAS durante la gestión 2011, 2012 y 2013
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Paralelamente, la sociedad civil boliviana invo-
lucrada en los procesos globales y nacionales de
reflexión y propuesta sobre Efectividad de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, logró in-
troducir en el discurso oficial la referencia a los
Principios de Estambul y el Marco Internacional
para la Efectividad de las OSC51, y que sean con-
siderados como insumo para el proceso de ela-
boración de la normativa para ONG, al contener
criterios mínimos que se exigen a los gobiernos
y donantes para que exista un entorno propicio
para que las organizaciones de la sociedad civil
desarrollen su trabajo52.
De allí la propuesta del VIPFE para elaborar un
““marco normativo para la actuación de la socie-
dad civil organizada, considerando su rol como
actores en el desarrollo de Bolivia”. Esta denomi-
nación planteaba la duda respecto al alcance de
la norma en términos de regular a todas las OSC
o solo a las ONG. De todas maneras, quedaba
claro que la reglamentación sería la que especifi-
que mejor el contenido referido a Asociaciones y
Fundaciones sin fines de lucro.
Los aportes presentados al VIPFE en julio de
2012, de manera conjunta por 9 redes naciona-
les y temáticas de ONG, giraron en torno a la re-
flexión de temas referidos al rol de las ONG, la
alineación al Plan Nacional de Desarrollo y par-
ticipación social, niveles de coordinación y coo-
peración entre Estado y Sociedad civil, control
fiscal, autorregulación, financiamiento público,
51 Harley Rodríguez, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, men-cionó los Principios de Estambul y el Marco Internacional como base para la nor-mativa de ONGs, en la Consulta Nacional “Cambios en las Políticas de Cooperación y Desarrollo en Bolivia” el 15 y 16 de junio de 2011 organizada por UNITAS en La Paz-Bolivia.
52 UNITAS impulsó el proceso de reflexión y elaboración de propuestas para el marco normativo de ONGs, aglutinando a un número representativo de redes de OSC/ONGs de desarrollo que trabajan en Bolivia. A su vez, UNITAS realizó acciones de incidencia pública para que el gobierno nacional conozca y tome en cuenta el Marco Internacional para la Efectividad de las OSC y los Principios de Estambul en la definición de la normativa. El documento fue enviado a todas las instancias públicas, apelando a que el gobierno boliviano tome en cuenta su contenido en la definición del marco normativo, en función a los compromisos asumidos de proveer condiciones favorables para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar sin que sean amenazadas por actos de violencia, limitaciones a su espacio legal y político, es decir, asegurar un entorno habilitante para el trabajo de las OSC tomando en cuenta estos elementos que forman parte de la alianza acordada por gobiernos y donantes en el IV sobre Efectividad del Desarrollo (Busán).
así como otros aspectos que podrían afectar la in-
dependencia de las ONG53.
Considerando que se comparten las mismas pre-
ocupaciones e intereses, se acordó no dicotomizar
posiciones de las ONG nacionales e internacionales
y mantener espacios de reflexión conjunta de cara
al proceso así como definir acciones de incidencia.
El escenario nos obliga a definir un ámbito par-
ticular de ONG. Más allá de que nos definamos
como actores de la Sociedad civil, es central definir
la particularidad de nuestro origen y defender el
derecho a la libre asociación. El segundo elemen-
to tiene que ver con que somos entidades privadas
que nos regimos por estatutos propios y estamos
regidos por el código civil vigente que establece
la existencia de fundaciones y asociaciones sin
fines de lucro. Sin embargo, lo que determinadas
organizaciones sociales quieren, es demandar los
recursos que manejan las ONG. En el campo de or-
ganizaciones defensoras de los derechos humanos
tenemos que discutir que entendemos por “plu-
ralidad democrática” ya que estamos corriendo el
riesgo de ser entidades pluriestatales.54
“Necesitamos una norma regulatoria que tenga el
status de Ley, porque nos daría certidumbre o se-
guridad jurídica. Nuestra idea el 2011 era no pro-
poner una norma, sino contenidos claros de lo que
es posible aceptar y lo que no es posible aceptar,
trabajar los niveles de coordinación entre Estado
y ONG, fortalecer esta dimensión de sana coope-
ración manteniendo el principio de autonomía.
También debiéramos trabajar sobre los aportes
visualizados de las ONG, diseñar estrategias de
aproximación y dialogo colaborativo con el Esta-
do, visibilizar los convenios. Buscábamos que nos
tomen en cuenta, empezar a abrir espacios, de tal
53 Documento conjunto presentado al VIPFE por 9 redes nacionales: Asociación de ONGs de Salud, ASONGS, Asociación de Instituciones de Promoción y Educación AIPE, Bolivia Transparente, Coordinadora de la Mujer, Capítulo Boliviano de DD.HH., Democracia y Desarrollo, CBDHDD, FE Y ALEGRIA, Liga de Defensa del Medio Am-biente, LIDEMA, Red TIC, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS
54 Javier Gómez, Director Ejecutivo, CEDLA
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manera de ser reconocidos como interlocutores
validos55.
Las distintas funciones de las ONGDs a la hora
de defender los bienes comunes, los derechos hu-
manos, proporcionar servicios complementarios,
facilitar la organización social y catalizar la parti-
cipación en todos los ámbitos del proceso de desa-
rrollo deben ser reforzadas y no restringidas56.
Analizando la realidad del contexto de las pobla-
ciones a quienes apoyamos, somos consientes que
aún queda mucho por hacer para cerrar las brechas
de las inequidades económicas, sociales, cultura-
les, tecnológicas, legales que aún son muy gran-
des. Sin embargo estamos trabajando por lograr
que las poblaciones pobres y excluidas, tengan la
posibilidad de generar su propia voz y sean capa-
ces de organizarse y desarrollarse como poblacio-
nes autónomas y no dependientes, de manera que
teniendo una formación, pueda lograr superar sus
condiciones de pobreza y puedan acceder a una
mejor calidad de vida o al nuevo planteamiento de
la constitución política del Estado, del vivir bien57.
Por ello “es importante diferenciarse de las ONG
“de bolsillo” que distorsionan nuestra labor al no
cumplir con la legalidad y legitimidad necesarias y
generar una imagen equivocada de quienes reali-
zamos aportes a la construcción de este país58.
Consideramos relevante hacer referencia al rol
histórico que han jugado las ONG, no es suficiente
hablar solo de lo actual, puesto que, lo que hace-
mos hoy es también el resultado de los procesos
vividos de esa construcción histórica59.
55 Juan Carlos Velásquez, PROCOSI – CARITAS BOLIVIANA
56 Documento conjunto redes MESA DE DIÁLOGO “ Organizaciones no gubernamen-tales nacionales: Diagnóstico y perspectiva de su rol en el proceso de Desarrollo en Bolivia” julio 2012
57 Cinthya Loza, Fe y Alegría.
58 Faride Tirado, Red de Participación y Justicia
59 Mery Zárate, Coordinadora General Secretaría Técnica. Red de Participación Ciuda-dana y Control Social-PCCS
La apertura demostrada por los representantes del
gobierno para escuchar las propuestas presenta-
das por las redes de ONG, remarcaba el inicio de
un proceso de diálogo que se esperaba sea efectivo
en el marco de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado Boliviano, como la Alianza
de Busan, el Plan de Acción de Accra y otros ins-
trumentos internacionales de Derechos Humanos.
Luego de realizadas las cuatro Mesas de Diálogo
con los mencionados actores, en reiteradas opor-
tunidades, Juan José Jiménez, responsable de la
Unidad de Registro de ONG del VIPFE60, informó
que no hay nada oficial en relación a la definición
de una Ley de ONG, una Resolución o un Decre-
to Supremo pero que el 2013 se contaría con una
nueva normativa.
El colectivo de redes nacionales puso a considera-
ción de la Ministra de Planificación del Desarrollo,
Viviana Caro, la posibilidad de ampliar el número
de espacios previstos para el análisis e intercambio
de ideas sobre la normativa futura para ONG, a fin
de conocer, por ejemplo, los resultados de las cua-
tro Mesas de Diálogo y otros estudios o propues-
tas, y seguir aportando en la construcción de esta
normativa antes de que sea enviada a la Asamblea
Legislativa Plurinacional. Dichas redes manifesta-
ron su interés en participar activamente en todo
el proceso de definición de una propuesta de nor-
mativa consensuada, y la total disponibilidad de
aportar con insumos para la misma y de coordinar
acciones en este marco.61
Lamentablemente el intercambio de ideas en tor-
no a los temas abordados en la Mesa de Diálogo
no se concretó en compromisos que respalden el
acompañamiento de las redes de ONG a la elabo-
ración de la futura norma que podría estar sujeta a
criterios políticos que busquen restringir las liber-
tades y no garanticen un entorno favorable para
60 Reunión sostenida con UNITAS en oficinas del VIPFE.26 de Junio 2013
61 Nota conjunta de redes D.E.096/12 dirigida a Viviana Caro, Ministra de Planifica-ción del Desarrollo, julio 2013
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que las ONG sigan desempañando su papel como
actores en el desarrollo.
Extraoficialmente se pudo acceder a la propuesta
de Ley de ONG que fue trabajada por consultores
del VIPFE y se desconoce el contenido de la versión
que será puesta a consideración de la Asamblea
Plurinacional. El objeto de la Ley parece limitado a
normar a las Organizaciones No Gubernamentales
en cuanto a actividades, operaciones y registro. Su
Artículo 1 habla de ONG que ejecutan programas,
etc. de “asistencia social”. Pueden existir otras que
por su objeto no sean de “asistencia social” o de
desarrollo, materias que en el ya antiguo proyecto
de Ley de Asociaciones y Fundaciones y ONG que
llegó al Congreso hace años, sin proseguir su trata-
miento, intento precisar.
Un tema importante es el relativo a la “alineación”
con las prioridades del país que merece una cui-
dadosa evaluación al igual que el principio de res-
ponsabilidad por resultados que puede dar lugar
a interpretaciones subjetivas. Por la redacción en
general del Proyecto de Ley, se daría a entender
que las ONG funcionan con financiamiento del ex-
terior, lo cual no es cierto en todos los casos; exis-
ten muchas Fundaciones y Asociaciones que son
financiadas por entidades o proyectos o contribu-
ciones o fondos locales. En relación al carácter no
lucrativo, el Proyecto de Ley confunde términos ta-
les como beneficios y ganancias, debiendo ser con-
cordante con las disposiciones en materia tribu-
taria que son aplicables. Lo que generan las ONG
son excedentes en sus estados financieros. Exigir
en todos los casos que los “resultados financieros”
estén auditados podría ser una carga complicada
para pequeñas operaciones. No quedan claros los
alcances y efectos del Registro (RUN-ONG), tan-
to en relación a los alcances declarativos o cons-
titutivos de la personalidad jurídica de las ONG
(reconocimiento que es competencia de las Gober-
naciones y Ministerio de Autonomías), así como
respecto del registro y fiscalización de los progra-
mas, proyectos y acciones de las ONG.
En cuanto a la conformación hay que tener en
cuenta que existen ONG mixtas, con participación
estatal y privados. Es ilegal – por ser contrario al
derecho de libre asociación – que una persona na-
tural que conforma una ONG, por ejemplo como
asociado, no pueda tener relación con partidos o
agrupaciones políticas. El Proyecto no detalla los
requisitos para obtener y renovar el certificado de
operaciones, que seguramente estará sujeto a re-
glamentación. Sin embargo, el Reglamento Espe-
cifico que elaboraría el Ministerio de Planificación
del Desarrollo difícilmente podría cubrir los vacíos
de la ley si ésta no es amplia, precisa y completa.
Lo que sí se puede afirmar es que “la ausencia de
normativa nos está haciendo vulnerables. Recono-
cemos que estamos atomizadas, cada una traba-
jando su propia agenda y no hay una voz homogé-
nea. Es momento de organizarnos con voz propia
que representa a un gran porcentaje de la pobla-
ción y que aporta al Estado boliviano con recursos,
con empleo y estrategias innovadoras.”62
Las Organizaciones Sociales reconocen el trabajo
que hacemos y no son enemigas potenciales sino
aliadas para tener una voz común en este proceso.
Aún así, quienes van a reivindicar el aporte de las
ONG seremos nosotras mismas.63
2.3. Las operaciones de las OSC: Libres de interferencia
Por las características históricas de pobreza y ex-
clusión que ha vivido la mayoría de la población
boliviana, es notable la riqueza de la lucha por sus
reivindicaciones y el desarrollo de capacidades de
análisis y propuesta sobre desarrollo que tienen
las organizaciones indígenas, originario campe-
sinas y urbano populares y también las ONG en
temas de participación social, tierra y territorio,
62 Elba Crespo, Directora Ejecutiva, ASONGs
63 Susana Eróstegui, Directora Ejecutiva, UNITAS
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recursos naturales, derechos de las mujeres, mo-
delo económico, políticas sociales, redistribución
de la riqueza, derechos de pueblos indígenas, em-
pleo y derechos laborales, identidad cultural, se-
guridad alimentaria, conflictos socioambientales,
entre otros.
Aún así, la autonomía e independencia de la socie-
dad civil en torno a lograr cambios estructurales
que permitan la realización de los derechos huma-
nos, con énfasis en los derechos colectivos de los
sectores más vulnerables de la sociedad, actual-
mente parece ser el mayor desafío para construir
una cultura basada en el pluralismo y la democra-
cia participativa, en la distribución y reconfigura-
ción de los poderes en el Estado Plurinacional y en
los cambios institucionales que los movimientos
sociales han generado en Bolivia.
Por ello la importancia de debatir entre todos los
sectores y actores los nuevos roles que asumen
las organizaciones sociales, las ONG, el gobierno
y la cooperación internacional en el contexto ac-
tual y el sentido de su aporte y contribución como
actores del desarrollo. Y también la necesidad de
generar y garantizar las condiciones apropiadas
para que las OSC desarrollen su acción sin inter-
ferencias injustificadas ni restricciones de ninguna
naturaleza, más aún en un país donde las ONG han
jugado un importante papel para que se generen
cambios que históricamente han sido demandados
por la población boliviana.
A) El rol de las ONG en el proceso actual de desarrollo de Bolivia
Según la opinión de representantes de redes nacio-
nales y temáticas, las ONG en Bolivia desempeñan
un rol muy importante en el desarrollo nacional,
tanto en el desarrollo democrático (DDHH), como
en el desarrollo socio-económico y cultural64; son facilitadores/posibilitadores del desarrollo de
capacidades humanas y de procesos educativo—
64 Sergio Ardaya, Coordinador Red Bolivia Transparente
formativos; organizativos y económico-producti-
vos sostenibles, que promueven la operativización
y aplicación práctica de normas y leyes; con ello
contribuyen a que la población campesina y urba-
na efectivice a mediano y largo plazo el paradigma
del Vivir bien. Además de contribuir en la cons-
trucción participativa y colectiva de nuevas pro-
puestas de normativas que consoliden el proceso
de cambio que vive el país.
Podemos considerarnos como agente dinami-zador/desafiador del nuevo paradigma de vida
basado en la reciprocidad y complementariedad
de campesinos y vecinos, que coadyuve la presen-
cia y atención del Estado plurinacional en todo el
territorio. Ya hemos contribuido efectivamente al
empoderamiento de las organizaciones de base
(parte de la estructura del estado) y a los cambios
en la legislación y las políticas públicas (NCPEP).
Somos capaces y en algunos casos imprescindibles
para el desarrollo práctico y efectivo de iniciativas
de la sociedad civil, de la aplicación y validación
de la factibilidad de políticas públicas (porque el
estado sigue en crisis política y es un aparato muy
pesado de mover).65
Partimos desde su vida, sus valores y experiencias,
sus expresiones culturales y sus luchas, asumiendo
su propia historia y su propia organización, para
que alcancen su realización como personas y como
comunidades. Desde allí, desarrollan sus capaci-
dades de ser dueños de esa historia para modificar
el curso de los acontecimientos hacia su libertad y
para lograr el equilibrio entre las posibles ayudas
externas y su propia participación, evitando caer
en el paternalismo.66
La Red se define como facilitadora de procesos
políticos y como actor político, tanto a nivel local,
regional y nacional; en este marco, nuestro rol en
el proceso de desarrollo de Bolivia toma como base
fundamental la Constitución Política del Estado
65 Aquiles Dávalos, Director Ejecutivo Red AIPE
66 Cynthia Loza, Red Fe y Alegría
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que señala la orientación de desarrollo centrado
en el ser humano, en condiciones de igualdad para
el efectivo ejercicio de sus derechos ciudadanos, la
interculturalidad basada en la descolonización, la
participación como la democratización del poder y
el Control social como acción legítima en la gestión
pública.67
Las redes asumieron como propia la caracteriza-
ción de las OSC contenidas en el Marco Internacio-
nal para la Efectividad del Desarrollo de las OSC
en el diálogo con el VIPFE sobre marco normativo.
“Las ONG son voluntarias, diversas, no partidis-
tas, autónomas, no-violentas, sin fines de lucro,
independientes de la función pública, orientadas
a la prestación de servicios o a la incidencia pú-
blica, que comparten una identidad común: la so-
lidaridad social con las personas en la sociedad a
quienes representan o sirven; proporcionan bienes
públicos y cumplen muchas funciones en el desa-
rrollo: movilización de comunidades de base, de
personas pobres y excluidas de los beneficios del
desarrollo para reclamar por sus derechos; mo-
nitoreo de las prácticas gubernamentales y de las
prácticas de los donantes; promoción de la ren-
dición de cuentas, generación de conocimiento,
investigación, cabildeo y propuesta de políticas
alternativas; provisión de servicios y programas
innovadores de desarrollo. Desde una perspectiva
de derechos humanos, las ONG argumentan que la
eficacia del desarrollo se relaciona con el impacto
y acciones de los actores del desarrollo, incluyendo
donantes y gobiernos, en la mejora de la vida de
las personas pobres y grupos en situación de vul-
nerabilidad. Ello promueve un cambio sostenible
que aborda, en un marco democrático, las causas
estructurales así como los síntomas de la pobreza,
y la desigualdad”.68
En ese marco, es relevante hacer referencia al
rol histórico que han jugado las ONG en Bolivia,
67 Mery Zarate, Directora Ejecutiva red de Participación Ciudadana y Control So-cial-PCCS
68 Documento presentado al VIPFE por 9 redes nacionales. Julio 2012
puesto que lo que hacen hoy es también el resulta-
do de su acción como “coadyuvantes del desarro-
llo en respuesta a necesidades y demandas, en el
marco de planes de desarrollo o políticas públicas
sectoriales, y de su contribución a los principios
constitucionales del nuevo Estado Plurinacional
de Bolivia”69.
Según describe un estudio sobre partidos políticos
y Think Tanks en Bolivia70, en el periodo dicta-torial 1971-1978 aparecen muchas ONG que se
convierten en núcleos de pensamiento o Think
Tanks71 de los actores sociales, en especial de los
enfrentados a la dictadura: obreros, mineros y
campesinos.
El período 1982-2000 corresponde a la organi-
zación de la sociedad civil, de sus actores sociales,
especialmente las ONG, con gran soporte de la
cooperación internacional, para la incorporación
en la agenda de temas de inclusión social, cuestio-
nes étnicas, tierra y territorio, manejo de los recur-
sos naturales, participación, entre otros. En mu-
chos casos llegaron a posicionar el enfrentamiento
contra el neoliberalismo y el sistema político y de
partidos, apuntando a una mayor participación de
la sociedad en la definición de las políticas públicas
y el impulso de democracias directas y de base.72
En los objetivos y misiones de muchas ONG, o
redes de estas, dice Toranzo, es notoria la pre-
sencia de los temas señalados, siempre orienta-
dos a la movilización de los actores sociales. Así
sucede con UNITAS, CEJIS, CEDLA, Fundación
Solón, Programa Nina, para citar algunos casos.
Por ejemplo, el CEJIS expresamente habla de su
69 Ignacio Carreño. Director Ejecutivo, red PROCOSI
70 Thinking Politics: Think Tanks and Political Parties in Latin America, Carlos Toranzo. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009
71 Los llamados “think tanks” – también conocidos en la región como centros de investigación aplicada o institutos de investigación de políticas públicas – son orga-nizaciones que buscan influir en los procesos políticos, en particular en las políticas públicas, a través de la producción de distintos tipos de conocimiento científico. Estos nuevos actores encarnan un mayor acercamiento de las ciencias sociales a la política y a la sociedad, asegura la argentina Mercedes Botto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
72 Partidos políticos y think tanks en Bolivia, Carlos Toranzo Roca. Extracted from Thinking Politics: Think Tanks and Political Parties in Latin America (Spanish) © International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.
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“Trabajo de formación política y jurídica en las or-
ganizaciones indígenas del oriente”. O el caso del
CEDLA que propone como misión: “A través del
conocimiento, contribuir a fortalecer la acción po-
lítica de los trabajadores, campesinos e indígenas,
para la superación de las relaciones laborales de
subordinación y dominación”.73
De la lectura de los objetivos, misiones y visiones
de decenas de ONG se colige que no solo realizan
labores de desarrollo: son centros de procesamien-
to de ideas, de generación de agenda; instituciones
de soporte programático —formal o informal— de
las organizaciones y movimientos sociales74.
“En los objetivos, visiones y misiones de las ONG,
se aprecia que estas tienen que ver con la movili-
zación social, la capacitación política de los movi-
mientos populares, la creación de otro paradigma
político, el trabajo de formación política de los sec-
tores populares, el fortalecimiento de la acción po-
lítica de trabajadores, campesinos e indígenas, la
recuperación de las voces de los oprimidos y la me-
jora de la participación política de los campesinos
y los originarios. La generación de ideas, de agen-
da y propuestas en esa dirección han convertido a
las ONG en Think Tanks colectivos de los movi-
mientos sociales. En unos casos con más o menos
compromiso y relación directa con las organizacio-
nes sociales y políticas de esos actores, pero es muy
alta la correlación entre los objetivos y líneas de
trabajo jerárquicas de varias ONG y la oferta elec-
toral del MAS. Y si esa agenda de cambio impul-
sada por las ONG ha cristalizado políticamente en
el MAS en los años 2000 a 2005, queda claro que
directa o indirectamente las ONG han sido Think
Tanks conscientes de las propuestas del MAS.
73 Ibid.
74 Al respecto, la red de ONG Unitas se propone como objetivo “promover la par-ticipación de organizaciones populares en el análisis y elaboración de políticas públicas que permitan diseñar nuevos paradigmas de desarrollo”. La ONG Cejis plantea realizar un “trabajo de formación política en las organizaciones indígenas del oriente”. Por su parte, Cedla expresa que es un “centro de investigación que genera conocimiento y reflexión crítica sobre el capitalismo desde la centralidad del trabajo”. La Fundación Solón declara que su misión es “recuperar las voces de los sectores oprimidos y los discriminados: trabajadores, pueblos indígenas”, mientras el Programa Nina declara que su objetivo es el “fortalecimiento del movimiento campesino indígena originario y su participación en la vida política boliviana”.
En el periodo 2000-2008 cambia la política bo-
liviana con grandes rebeliones sociales. La Guerra
del Agua marca el desgaste de la democracia pac-
tada, del sistema político, de los partidos políticos
y de las instituciones democráticas, en especial del
Parlamento. Ello produjo un vacío que fue llenado
por los movimientos sociales que ese año iniciaron
un fuerte proceso de radicalización política.75
Llama la atención, luego de la instalación del go-
bierno del presidente Morales, la fuerte migración
de miembros de ONG a cargos de dirección del
nuevo gobierno. Las ONG o redes de ONG como
CEJIS, CEDLA, UNITAS, Asamblea de Derechos
Humanos, Defensor del Pueblo, Fundación So-
lón, Alas, CENDA, Observatorio de Democracia
y Seguridad, CEBIAE y AIPE, entre otras, tienen
a varios de sus miembros como ministros, emba-
jadores, viceministros o funcionarios y asesores
de alto rango del gobierno del MAS. En los casos
de las ONG CEJIS y CENDA, todos sus directivos
son ahora funcionarios de alto nivel del nuevo ré-
gimen. Muchas ONG dicen poseer independencia
institucional del gobierno, pero aunque no sean
parte de la estructura del gobierno o de la orga-
nización política del MAS, siguen operando como
Think Tanks de políticas públicas del gobierno y
como generadoras de análisis y opinión sobre esas
políticas. Tal es el signo más saliente de esta últi-
ma época.”76
B) ¿Qué está pasando con las instituciones cuyo rol para la implementación y desarrollo del “proceso de cambio” fue crucial y determinante?
Las ONG coinciden en que el Estado tiene toda la
legitimidad de establecer normas que regulen a
este sector, pero desconfían de que esta facultad se
ejerza con ecuanimidad.
75 Partidos políticos y think tanks en Bolivia, Carlos Toranzo Roca. Extracted from Thinking Politics: Think Tanks and Political Parties in Latin America (Spanish) © International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.
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“En realidad el gobierno quiere hacer más rígida la regulación sobre las ONG porque hay algunas que siguen trabajando en el fortalecimiento de la sociedad civil y no se han adscrito acríticamente a la política oficialista”77
Lo curioso de todo esto, es que gran parte del mo-vimiento social que llevó a la presidencia a Evo Morales “fue fortalecido con gente que trabajó en las ONG durante muchísimo tiempo”78. Y así es. UNITAS79, CEJIS, CIPCA, el Programa NINA en-tre otras ONG, han aportado al proceso actual en al menos tres ejes: respaldo institucional, forma-ción de cuadros técnicos y políticos y dotación de ejes programáticos.
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoce el aporte de estas instituciones y sostiene que en términos generales “merecen una consideración positiva”. Pero identifica “dos debilidades” que, al parecer, prevalecieron a la hora de ejercer presión mediante una ley: “que a veces corporativizan po-sicionamientos de algunas organizaciones, y que en otros casos han suplanto a las estructuras na-turales de los movimientos sociales y han asumido como voceras”. “Las ONG no deben asumir como parte de su tarea una acción confrontacionista con el Estado, y éste no debe menoscabar su aporte”, sostiene. En ese marco, la autoridad explica que es-
tas entidades no han tenido muchos mecanismos
de control, lo que va en contrasentido de lo que es
un Estado moderno, que se basa “en el registro y
77 Javier Gómez, Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
78 Roberto Laserna, Director de CERES. Historia de una relación en crisis. Las “ONG” en el proceso de cambio, un antes y un después. Domingo, 24 de marzo de 2013- PAGINA SIETE
79 UNITAS agrupa a la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Comunicación y Desarro-llo Andino (CENDA), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Promoción Minera (CEPROMIN), Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET), Centro de Servicios Agropecuarios (CESA), Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Bolivia), Fundación Social Uramanta, Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA), Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP), Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), Investi-gación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP), Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino KURMI, Mujeres en Acción, Oficina de Asistencia Social de la Iglesia (OASI), Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR), Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), Taller de Educación Alternativa y Producción (TEAPRO), Centro de Promoción y Coopera-ción YUNTA y Programa NINA.
control de todas las actividades inherentes a su
vida económica y social” por lo que afirma que “la
regulación es legítima”.80
Para evitar susceptibilidades, aclara que la regula-
ción no implica “una restricción al derecho cons-
titucional de libre asociación, ni que se van a am-
putar las iniciativas y proyecciones de las ONG, el
acceso a la transparentación de los recursos econó-
micos y de las fuentes de financiación”.
Hay ONG que cumplen más trabajos técnicos:
apoyan procesos productivos, prestan servicios
sociales. Hay otras que en algún momento, a títu-
lo de fortalecimiento organizativo, puede ser que
traspasen las fronteras o los espacios naturales de
una organización, y ahí yo reafirmo la crítica de la
suplantación del rol dirigencial.
Pero las ONG en sí mismas no están prohibidas
de hacer política…política en el sentido amplio del
término, en el sentido de aportar políticas públi-
cas. Ahora que haya ONG que tengan vinculacio-
nes partidarias, es otra cosa81.
Las ONG se metieron en la política boliviana por-
que su rol es fundamentalmente político, y como
parte de la sociedad civil tenemos todo el derecho
de hacerlo. El apoyo a Evo durante varios años
por parte de UNITAS y otras ONG ha sido obvia-
mente un apoyo político y no hablo en términos
partidarios, sino en términos de apostar por una
propuesta de transformación en el país. Al tener
un contacto estrecho con las organizaciones socia-
les y al conocer sus necesidades, surgieron varios
planteamientos como la propia idea del Estado
Plurinacional. A eso le siguieron, entre otras, las
propuestas respecto a la nacionalización de hidro-
carburos”.82 Un informe internacional sobre los
80 Historia de una relación en crisis. Las “ONG” en el proceso de cambio, un antes y un después. Domingo, 24 de marzo de 2013- PAGINA SIETE
81 Ministro Carlos Romero, Historia de una relación en crisis. Las “ONG” en el proceso de cambio, un antes y un después. Domingo, 24 de marzo de 2013- PAGINA SIETE
82 Carlos Revilla, Coordinador del Programa Urbano de UNITAS. www.redunitas.org/boletin/20131/index.php
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centros de investigación aplicada más influyentes
de América Latina destacan la importancia y apor-
tes en Bolivia del CEDLA (Centro de Estudios para
el Desarrollo Laboral y Agrario) y del CEJIS (Cen-
tro de Estudios Legales e Investigación Social). El
estudio “Vínculos entre conocimiento y política. El
rol de la investigación en el debate público en Amé-
rica Latina”, que reúne investigaciones de varios
especialistas de las más importantes universida-
des de la región, establece que la participación del
CEDLA ha sido fundamental en la nacionalización
de los hidrocarburos y del CEJIS en el avance del
“nacionalismo indigenista”.83 El estudio señala la
intervención del CEDLA como una incidencia exi-
tosa en el tema de la nacionalización de los hidro-
carburos, promoviendo el tema de la nacionaliza-
ción, proporcionando datos económicos y sociales
que justifican la nacionalización y que se cristaliza-
ron en el decreto de la nacionalización, en el marco
de la asunción a la presidencia del líder indígena
Evo Morales. Mientras que el “CEJIS es en realidad
un Think tank de advocacy (de representación y de-
fensa de demandas sociales) que provee entrena-
miento a los indígenas de las tierras bajas referido
a derechos civiles y humanos desde 1978, cuando el
ambiente étnico inició su desarrollo”.84
Pamela Cartagena, de CIPCA, explica que esta
ONG aportó con al menos cuatro ejes programáti-
cos al proceso: tierra y territorio; participación po-
lítica campesina indígena a través de la formación
de líderes para que sean gestores de su desarrollo
a nivel local; el control social, en sentido de que
la gente de base, campesina indígena pueda par-
ticipar en la planificación de políticas públicas; y
autonomías como una forma de autogobierno de
los pueblos originarios. De igual manera, Leonar-
do Tamburini, ex director de CEJIS, considera que
ésta entidad aportó al proceso de cambio en al me-
nos tres ejes: “modelo de Estado”, a través de un
83 Plataformaenergetica.org La Paz, 05/12/11
84 CORREA, Norma y Enrique MENDIZABAL. VÍNCULOS ENTRE CONOCIMIENTO Y PO-LÍTICA: El rol de la investigación en el debate público en América Latina. Lima: CIES, ODI, UP, EBPDN 2011. 369 p. Think tanks: los medios de poder en la Bolivia de Evo Morales, Universidad Mayor de San Andrés y Universidad Católica San Pablo, Bolivia
Estado social de derecho a un Estado plurinacional comunitario; autonomía, para que haya autono-mía indígena; que es “el rasgo de la plurinacionali-dad más evidente en el país”; y el nuevo modelo de gestión de recursos naturales a partir de la recupe-ración del rol del Estado en la economía. Para Wal-ter Limache, Coordinador Nacional del Programa NINA, el aporte más significativo al proceso de cambio fue generar el empoderamiento de líderes sociales de capas campesinas e indígenas, y pro-mover que éstos puedan asumir cargos públicos y solucionar los problemas que les aquejan. “Hay cientos de compañeros que han sido formados por el programa NINA y que han llegado al espacio de gestión pública desde esa mirada”, afirma.
Para el Ministro Romero, “las ONG han sido una escuela muy importante para los actuales gestores del aparato de Estado. Pero no sólo en este tiem-po, también en otros momentos históricos. En ese sentido, hay que reconocer el aporte de las ONG como escuela de formación de cuadros técnicos. La relación ONG- Gobierno entra en tensión cuando estás suplantan su rol como organización, cuando las ONG subordinan la visión de conjunto de la realidad social y corporativizan su tema de trabajo. Antes, generalmente las ONG eran por-tadoras de ejes temáticos que se posicionaban en la agenda pública, a partir de la influencia de or-ganismos externos. Ahora Bolivia atraviesa otras condiciones. Tiene estabilidad económica, tiene crecimiento sostenido, tiene un Estado fuerte; tiene un sistema político que se ha cohesionado y estabilizado, tiene políticas de Estado muy cla-ramente definidas. Entonces, hay una agenda. El desafío es que las ONG también respondan a esa agenda de Estado para que puedan contribuir de la mejor manera posible a la profundización de las políticas públicas”.85
Desde la mirada de las ONG “lo que no tiene que haber
son medidas coercitivas del Estado. Se está elaboran-
do una Ley de Organizaciones No Gubernamentales,
85 Historia de una relación en crisis. Las “ONG” en el proceso de cambio, un antes y un después. Domingo, 24 de marzo de 2013- PAGINA SIETE
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lo sabemos. Se está procurando desde el Estado
que participen las ONG a través de sus redes. Esto
nos parece óptimo. Pero es necesario que se respe-
te todo lo que salga en esos encuentros entre Go-
bierno y ONG, en términos de que cada uno tiene
su propio rol para aportar al desarrollo. Quieren
un alineamiento hacia el plan nacional de desarro-
llo? Perfecto. Hay que alinearse pero en términos
temáticos, no en términos políticos. 86
En octubre de 2012, en el programa “El Pueblo es
Noticia” que se difunde por los medios estatales, el
Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana,
aseguró que en Bolivia operan varias Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) “visibles e invisi-
bles” alentadas por la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID) que,
a su juico, es la “cabecera de playa” del programa
conspirativo estadounidense contra el proceso de
cambio en Bolivia.
El Ministro de la Presidencia precisó que el Ins-
tituto Republicano Internacional financia al gru-
po del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasusyu (Conamaq), que cuestiona al Gobier-
no y alienta la “desestabilización” estatal. “Acá
(en Bolivia) operan Organizaciones No Guber-
namentales de los Estados Unidos sin autori-
zación del Gobierno Nacional, ahora le vamos a
poner el cascabel al gato, son dos: la Fundación
Nacional para la Democracia, que es una ONG
financiada por el Congreso de los Estados Uni-
dos pero que opera como ONG independiente y
el Instituto Republicano Internacional”.87
“Tenemos los datos y por eso les convocaremos
a estos señores y también la Fundación Nacional
para la Democracia, que entre otras cosas de de-
mocracia no tiene ni comino porque en realidad
es una ONG de fachada que utiliza los recursos
del Gobierno de Estados Unidos para financiar a
86 Historia de una relación en crisis. Las “ONG” en el proceso de cambio, un antes y un después. Domingo, 24 de marzo de 2013- PAGINA SIETE
87 Quintana: dos ONG son fachada para alentar conflictos en Bolivia. http://comuni-cacion.presidencia.gob.bo/noticias/noticias.php?id=260. 14/10/2012
ONG que se oponen y que alientan el conflicto en
Bolivia”. Apuntó que tanto el Instituto Republica-
no Internacional y la Fundación Nacional para la
Democracia financian actualmente a organizacio-
nes que trabajan contra el Gobierno, tales como:
la Asociación Juventud para el Desarrollo; la Aso-
ciación Nacional de la Prensa; Capacitación de De-
rechos Humanos; el Instituto de Desarrollo y Go-
bernabilidad; el Instituto Socioambiental y Sayari,
entre otros. Asimismo, denunció que Usaid instaló
en Bolivia laboratorios de análisis de la conflictivi-
dad operados por “importantes intelectuales” que
direccionan la opinión pública en contra de la ges-
tión gubernamental.
“Por lo menos los últimos 25 años del neoliberalis-
mo, el mayor éxito que ha tenido Estados Unidos
en Bolivia ha sido la formación de una élite intelec-
tual orgánica que sirve a los intereses de los Esta-
dos Unidos en Bolivia”, dijo.88
Al menos 2.175 Organizaciones no Gubernamen-
tales (ONG) operan en Bolivia, de las cuales al-
rededor de 144 son extranjeras89, informaron el
Vicecanciller Juan Carlos Alurralde y la Ministra
de Planificación Viviana Caro a una Comisión Es-
pecial del Legislativo que investiga a esas agen-
cias de cooperación, algunas de ellas acusadas de
“conspiración”90.
88 Quintana: dos ONG son fachada para alentar conflictos en Bolivia. http://comunica-cion.presidencia.gob.bo/noticias/noticias.php?id=260. 14/10/2012
89 Las instituciones afiliadas a la Coordinadora de ONGs Internacionales (CONGI) son la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, Asociación Ale-mana de Educación de Adultos, Aldeas Infantiles SOS Bolivia, Ayuda Obrera Suiza, Canadian Feed The Children, CARE Internacional Bolivia, Catholic Relief Services, Centro de Estudios y Cooperación Internacional, Child Fund Bolivia, Comité Central Menonita, Diakonia - Acción Ecuménica Sueca, Conservación Internacional Bolivia, Educación sin Fronteras, Face the Challenge, Fundación Ayuda en Acción, Funda-ción contra el Hambre Bolivia, Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, HelpAge International, Ibis Dinamarca, Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, Louvain Développement, Medicus Mundi Delegación Bolivia, Oxfam, Plan Internacional Inc. Bolivia, Project Concern Inter-national, Samaritan‘s Purse, Save the Children, Servicio Danés Internacional de Asentamientos Humanos (DIB), Solidaridad Internacional - Fundación Española para la Cooperación, Solidaridad Suecia - América Latina, Terre des Hommes Holanda, Veterinarios sin Fronteras (VETERMON), Visión Mundial Bolivia y Water for People. En la lista de Agencias de Cooperación figuran la Agencia Española de Coopera-ción Internacional para el Desarrollo (AECID, ACDI/VOCA), Agencia de Cooperación Sueca, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la alemana GTZ y Swiss Contact, entre otras.
90 “El Congreso y la ASFI investigan sus cuentas bancarias; mejor pregunten al mi-nistro Romero y al vicecanciller Alurralde, sugieren los investigados. 2.175 ONGs operan en Bolivia. www.bolpress.com/art.php?Cod=2011112501
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Desde septiembre de 2011, una comisión legisla-
tiva integrada solo por parlamentarios del MAS
investiga a todas las ONG que operan en Bolivia,
luego de que el Presidente Evo Morales denunció
que algunas “conspiran” contra su gobierno.
La comisión investiga a las ONG que supuesta-
mente incitaron y financiaron la VIII Marcha In-
dígena en defensa del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que “saboteó”
la construcción del segundo tramo de la carretera
Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo persiguen so-
bre todo al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (FOBOMADE), al Centro de Estudios
Jurídicos (CEJIS) y a la Agencia de Cooperación
de Estados Unidos (USAID). El Vicepresidente Ál-
varo García llegó a decir que estas ONG tendrían la
intención de formar un partido político con líderes
indígenas.
Según el diputado masista Marcelo Elio, “las ONG
invierten recursos en el país, pero el Estado no
conoce en qué y de dónde reciben el dinero; por
eso es importante que vayamos conociendo este
misterio”. Elio pidió información a la Autoridad de
Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) encar-
gada de regular el funcionamiento de las entidades
de intermediación financiera.
En el FOBOMADE “todo está bajo control, todo ma-
nejo financiero está contabilizado y no hay nada que
ocultar”, aseveró el presidente de la organización no
gubernamental Ramiro Otero. Respecto a su pre-
sunta “actividad política irregular” en el caso del
TIPNIS, Otero afirmó: “hemos apoyado a la marcha
de los originarios abierta y francamente, con la mis-
ma voluntad con la que exigimos la inclusión de los
derechos de los pueblos originarios y la defensa del
medioambiente en la nueva Constitución”.
Se supone que el resultado de la investigación le-
gislativa servirá para elaborar una nueva norma
que regule la actividad de las ONG en el país. En el
futuro, para regularizar sus operaciones, las ONG
deberán presentar una propuesta de trabajo en-
marcada en el Plan de Desarrollo Nacional, regio-
nal y departamental.
Las ONG que no cumplan los requisitos perderán
su licencia de operación y las que obtengan el re-
gistro tendrán la “obligación” de remitir un infor-
me anual de sus actividades a los Ministerios de
Transparencia y Planificación.91
La “Declaración de París” reconoce la necesidad
de incrementar significativamente la eficacia de
la Ayuda al Desarrollo para reducir la pobreza y la
desigualdad y se enmarca en cinco (5) principios:
Apropiación democrática, Alineamiento, Armoni-
zación, Gestión por Resultados, Responsabilidad
mutua.92
El Principio de Alineación como tal no está
tratado en la Constitución y es importante tener-
lo en cuenta ya que las relaciones internacionales
y la negociación, suscripción y ratificación de los
tratados internacionales responden a los fines del
Estado en función de la soberanía y de los intere-
ses del pueblo (Articulo 255 I. de la Constitución).
Conforme al Principio de Alineación, la Coopera-
ción Internacional debe alinearse con las políticas
estatales. Actualmente, la política sobre el particu-
lar determina que la cooperación internacional se
canalice o controle por el Estado o por vía estatal.
Sin embargo, es importante aclarar que se trata de
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) establecida o
91 25/11/2011 Nota “El Congreso y la ASFI investigan sus cuentas bancarias; mejor pregunten al ministro Romero y al vicecanciller Alurralde, sugieren los investigados. 2.175 ONGs operan en Bolivia. www.bolpress.com/art.php?Cod=2011112501
92 •Apropiacióndelospaísesreceptoresdeayudadesuspropiosplanesyestrate-giasdedesarrollo.•Alineamientodelosdonantesatravésdelautilizacióndepro-cedimientos y sistemas nacionales en apoyo a los planes de los países receptores deayuda.•Armonizacióndelasaccionesdelosdonantesparaminimizarlacargaadministrativa y los costos de transacción sobre los países receptores de ayuda, de manera que sus acciones sean más armónicas, transparentes y colectivamente efectivas;•GestiónporResultadosporpartedelospaísesreceptoresdeayudaydonantes, centrándose en resultados y utilizando información orientada a resulta-dosparamejorarelprocesodetomadedecisiones.•ResponsabilidadMutua,demanera que donantes y países en desarrollo se comprometen a rendir cuentas mutuas y obtener resultados de desarrollo.
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acordada en virtud a acuerdos internacionales bi-laterales o multilaterales. No es lo mismo con la cooperación privada que pudiera canalizarse por medio de instituciones privadas para las cuales rige el principio de libre asociación con fines líci-tos. Naturalmente que estas instituciones deberán cumplir con la normativa que es propia del sector en el cual operan93.
La apertura, la confianza, el respeto y el aprendiza-je mutuo son la esencia de las alianzas eficaces en apoyo a los objetivos de desarrollo, reconociendo la diversidad y complementariedad de las funcio-nes de todos los actores.
En ese sentido, sería pertinente contar con marco normativo que asegure que los principios de la De-claración de París, incluyendo los de apropiación y alineación, no se interpreten o pongan en práctica de forma que limiten el entorno propicio para el trabajo de las ONG.
2.4. Barreras legales o políticas que afectan la capacidad de las OSC para expresarse o incidir en las políticas públicas
Para las organizaciones sociales94, fueron las ONG
quienes comenzaron a hablar sobre los derechos
políticos y económicos y paralelamente hubo una
concientización de la sociedad para involucrarse
en los debates y no delegar atribuciones solo a los
poderes del Estado. En ese sentido, las ONG han
formado parte del proceso de cambio contribu-
yendo a través de la discusión sobre los derechos,
desarrollo económico y políticas sociales desde la
visión de las áreas rurales y/o indígena originarias
del país.
93 Informe Legal Ley 351 y su Reglamentación (Otorgación de Personalidad Jurídicas a entidades sin fines de lucro de nivel nacional), Bufete Aguirre y Asociados. UNITAS mayo 2013.
94 Informe del estudio realizado por la Empresa Consultora Real Data SRL para UNI-TAS, marzo 2011
En general, las ONG como actores del desarrollo en Bolivia, se ven profundamente afectadas por el contexto en el que trabajan. Las ONG esperan que las políticas y prácticas del gobierno no afecten e influyan más sobre su capacidad para participar en los procesos de desarrollo ya que de distintas ma-neras se quiere minimizar el trabajo que realizan en defensa de los derechos individuales y colecti-vos, o neutralizar su capacidad crítica y analítica coartando su libertad de expresión.
A continuación se describen dos casos concretos que reflejan cómo, paradójicamente, al igual que en otros gobiernos, en el gobierno del Presidente Evo Morales, las ONG están siendo estigmatizadas como “opositoras” del proceso de cambio y varias instituciones han sido aludidas por autoridades gubernamentales como enemigas del proceso, a pesar de haber impulsado procesos de transforma-ción social que han derivado en los cambios que hoy vive Bolivia.
Caso TIPNIS: derechos de pueblos indíge-nas, protección de la madre tierra y políti-cas públicas
El Gobierno del presidente Evo Morales ha soste-nido una tensa relación con organizaciones indí-genas y con organizaciones no gubernamentales producto del conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)95.
Indígenas y originarios acusaron al gobierno de buscar el poder y el control del Territorio Indí-gena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), dividiendo a las comunidades y fragmentado a las organizaciones de esa Tierra Comunitaria de Origen (TCO), con el fin de lograr respaldo para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la zona
ecológica.96
95 Nota de prensa, Ley de personerías pone en la mira actividades de las ONG en Bolivia, 18 de marzo de 2013
96 ERBOL “Gobierno busca poder y control de la TCO TIPNIS”, 25 de junio de 2013
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A su vez, representantes legítimos del TIPNIS, del
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasu-
yu (CONAMAQ), de la Confederación de los Pue-
blos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Asam-
blea del Pueblo Guaraní (APG) manifestaron de
diversas maneras su rechazo a la imposición de un
proyecto de ley de Consulta elaborado sin la par-
ticipación de las organizaciones de los pueblos y
naciones indígenas, que son titulares del derecho
a la Consulta y denunciaron públicamente que
“El proceso de elaboración del anteproyecto en
cuestión está viciado por la mala fe del Gobierno
central, ya que no ha considerado las propuestas
presentadas oportunamente por nuestras organi-
zaciones CIDOB, CONAMAQ y APG; ha generado
división al interior de las organizaciones indígenas
y no ha respetado nuestras estructuras orgánicas
(…) La propuesta de ley de Consulta del Gobier-
no encarna una intención clara de mantener una
política extractivista y de entrega a las transnacio-
nales, facilitando que las empresas privadas sigan
ampliando e intensificando sus proyectos, espe-
cialmente sobre territorios indígenas, con los con-
siguientes impactos negativos sociales, culturales
y medioambientales”97.
El CONAMAQ, la CIDOB orgánica y la APG de-
nunciaron que el proceso de elaboración de la pro-
puesta de anteproyecto de “ley marco de Consulta”
preparada por el Ministerio de Gobierno, vulnera
los derechos de los pueblos y naciones indígena
originarios reconocidos en la Constitución Política
del Estado, así como el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas –ambos con rango de ley
de Bolivia.
Algunas ONG vinculadas a los temas de tierra y me-
dio ambiente que apoyaron las VIII y IX marchas
indígenas contra la construcción de una carrete-
ra por el medio del parque Isiboro Sécure fueron
97 Comunicado de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB, 25 de marzo de 2013
acusadas por el Gobierno de actuar políticamente
con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos,
aunque no presentó pruebas. Instituciones como
el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones
Sociales (CEJIS), el Foro Boliviano sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y la Liga
de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) fueron
acusadas de pretender desestabilizar al Ejecutivo,
pero esas sindicaciones fueron rechazadas.
Por ese antecedente, las organizaciones no guber-
namentales temen que se proceda a la revocatoria
de sus personalidades jurídicas de forma “suma-
ria” y sin un proceso en el que las entidades asu-
man defensa.
La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional el 5 de febrero de 2013, establece en su
artículo 14 la revocatoria de personalidad jurídica
sin proceso previo cuando se incumpla lo dispues-
to por esta norma y su reglamento, y cuando “rea-
licen actividades distintas a las finalidades señala-
das en sus estatutos”.
Más allá del conflicto del TIPNIS, existe en el go-
bierno una mirada poco precisa de la labor que
realizan las ONG motivo por el que frecuentemen-
te las descalifica públicamente. Por ejemplo, el 23
de agosto de 2013, el presidente de Bolivia, Evo
Morales, criticó a las Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) y a las Fundaciones que con el
pretexto de defender al medio ambiente, perjudi-
can proyectos de beneficio para el país98.
Durante un acto de recepción de proyectos para
el programa “Mi Agua III”, en Santa Cruz dijo “no
faltan algunas instituciones tan fundamentalistas
con el tema del medio ambiente que hacen lío. En
el fondo perjudican a la población”, además citó
ejemplos de cómo estas posiciones fundamenta-
listas afectan el avance de proyectos de impacto
social.
98 Presidente boliviano critica a ONGs que perjudican proyectos, 23 de agosto de 2013 http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/8375488.html
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Recordó que a poco tiempo de haber iniciado su
gestión, durante un debate sobre cómo garantizar
energía para Bolivia, algunos representantes de fun-
daciones y Organizaciones No Gubernamentales se
opusieron a la construcción de hidroeléctricas.
Morales ratificó la obligación del Estado de garanti-
zar la dotación de energía a toda la población, y dijo
que eso se hará necesariamente con la construcción
de nuevas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.
Caso ONG IPTK: intervención estatal injus-tificada e impunidad
El atropello sufrido por Instituto Politécnico To-
más Katari, IPTK, el mes de marzo de 2013, sienta
un precedente respecto a la vulnerabilidad de las
ONG en el contexto actual.
La noticia de que el gobierno habría tomado el
control del instituto educativo del IPTK99 demues-
tra la arbitrariedad con la que actúan, a título per-
sonal, autoridades como la Diputada Emiliana
Aiza en nuestro país y la falta de garantías para que
instituciones como el IPTK, desarrollen su trabajo
sin intervenciones injustificadas que no hacen otra
cosa que debilitar el Estado de Derecho y la demo-
cracia en Bolivia.
Luego de una reunión sostenida el 11 de marzo
entre autoridades nacionales, departamentales,
municipales y organizaciones sociales, decidieron
pasar el Centro de Profesionalización Rural ubi-
cado en el municipio de Ocurí del departamento
de Potosí, a manos de la Gobernación para que se
haga cargo de la infraestructura y de cuatro carre-
ras: Agropecuaria, construcción civil, auxiliar de
enfermería y administración pública.
El Viceministro de Educación, Demecio Quispe, y el
Gobernador de Potosí, Félix Gonzales, garantizaron
el funcionamiento del Centro de Profesionalización
99 Radio ACLO difundió la noticia que fue luego difundida por la red ERBOL a nivel nacional el 13 de marzo de 2013
Rural y se comprometieron a ejecutar la cons-
trucción de la infraestructura y el equipamiento
completo, indicando que en esta oportunidad sal-
drán técnicos superiores y que a futuro se abrirá
la universidad indígena Tomas Katari.100
En lugar de avanzar hacia una sociedad donde las
presiones, las amenazas, las agresiones, la violencia
y la persecución sean expresiones de las dictaduras
sufridas en el pasado, la población boliviana es tes-
tigo de cómo la distorsión de la información sobre el
rol que cumplen las ONG en el desarrollo del país, así
como la intencionalidad política de usurpar y apro-
vechar iniciativas legalmente establecidas, generan
atropellos irracionales e intervenciones ilegales en
función de intereses mezquinos y particulares101.
Según declaraciones de la diputada por el Movi-miento Al Socialismo (MAS), Emiliana Aiza, luego de la intervención, los proyectos productivos y la radio emisora del IPTK seguirán en manos de la ONG, mientras todavía no se tiene definida una decisión sobre el futuro de sus otras oficinas y proyectos que tiene en Pocoata, Colquechaca y Ra-velo. Asimismo, la Diputada aseguró que el IPTK está en crisis económica, por lo que sus propios ejecutivos habrían pedido la intervención del Go-bierno.102 Dicha versión, fue desmentida por Franz Barrios, fundador del IPTK, quien aclaró que los recursos para el funcionamiento de la ONG están asegurados y denunció públicamente que la inter-vención a la sede del IPTK en Ocurí, (provincia Chayanta, del departamento de Potosí) fue ilegal y arbitraria. Los interventores lograron su objeti-vo bajo presión y el domingo pasado el Secretario General Eduardo Barrios y miembros del equipo fueron capturados como rehenes103. La toma del IPTK ha generado, además, el enfrentamiento y la división entre comunarios. Dos de los cuatro can-tones del municipio de Ocurí reconocen el trabajo que IPTK realiza desde hace 36 años y rechazan
100 Fundación ACLO Miércoles 13 de Marzo de 2013 12:19
101 Pronunciamiento Público Red UNITAS marzo 2013
102 (Marzo 14, 2013 www.elsol.com.bo).
103 (Marzo 14, 2013 Radio noticias)
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las intenciones del gobierno de tomar control del Instituto; uno emplaza al gobierno a construir otra institución educativa “desde el cimiento (y no aprovechar lo existente)” y otro cantón respalda el
criterio de que el instituto debe pasar a manos del
gobierno104.
Según el Gobernador de Potosí, Félix González,
quien se constituyó en la ciudad de Sucre para re-
unirse con los ejecutivos del IPTK “el Gobierno no
está en una cacería de ONG. Esto no es un mo-
vimiento político, ni del Gobierno Nacional ni del
Gobierno Departamental. Son las organizaciones
sociales quienes han tenido sus motivos de fondo
para esto”.105
No se puede deslindar responsabilidades atribu-
yéndoles a las organizaciones de base la tarea de
juzgar y definir el destino de ésta o cualquier otra
institución que desarrolla su trabajo en el marco
de la Ley. No se puede permitir que el sentido de
autoridad de quienes han sido elegidos por la ciu-
dadanía se diluya bajo el pretexto de que son las
organizaciones las que tienen sus razones y mucho
menos creer que quienes han asumido la represen-
tación de la sociedad en la Asamblea Plurinacional
abusen del poder para cometer este tipo de arbi-
trariedades. Con que valor moral se puede decir
que la intervención al IPTK fue “un acuerdo entre
partes” cuando de por medio estuvieron presentes
las amenazas, restricciones a las libertades indivi-
duales, extorsión y manipulación de organizacio-
nes campesinas para lograr la firma de un acuerdo.
¿A qué estamos llegando como Estado y sociedad
si no nos guían básicas nociones del bien público y
la complementariedad de la que tanto se habla?106
El trabajo del IPTK beneficia a la población a tra-
vés de Programas referidos al Desarrollo del cono-
cimiento; Fortalecimiento de la Economía comu-
nitaria y Desarrollo Servicios sociales en Salud.
104 (Red ACLO http://com-periodismo.blogspot.com)
105 (http://digitalkyrios.com)
106 Pronunciamiento Público Red UNITAS marzo 2013
Por ejemplo, en la gestión 2012, ha permitido que
111 jóvenes campesinos/as se gradúen en las 4 ca-
rreras técnicas del CEPRUR (Aux. de enfermería,
Agropecuaria, Construcción Civil y Administra-
ción Pública Municipal) ó que 1300 familias re-
duzcan las enfermedades infecciosas con prácti-
cas de higiene en sus hogares, que 2800 familias
de Ocurí, Ravelo, Pocoata y Colquechaca mejoren
la productividad de sus cultivos, diversificando
su producción a través de una producción agro-
ecológica sostenible, para garantizar su seguridad
alimentaria…
No se puede entonces pensar que la labor del IPTK
no tiene utilidad social, tampoco se puede suponer
que no exista transparencia en su accionar, que la
infraestructura de los proyectos no está en activo
funcionamiento o que la propia población desco-
noce los resultados logrados. Por ello cabe pregun-
tarse ¿cuáles son los criterios por los que antojadi-
zamente una autoridad puede impulsar la toma de
instalaciones y proyectos que han probado su efec-
tividad y su carácter de servicio a la comunidad?
Sin mecanismos apropiados y criterios de evalua-
ción claros no se puede proceder de esta manera
que, a futuro, puede establecer burdas formas de
ejercer el “des-control social”. Lógicamente no
podemos hablar del “debido proceso” porque ni
siquiera existe una denuncia formal en contra del
IPTK. Aparentemente no hay mayor argumento
para esta intervención que el de la “oportunidad de
apropiarse” del centro educativo. ¿Será que ya tie-
nen previsto y asegurado cómo dar continuidad y
seguimiento a la labor educativa que éste cumple?
La cuestión de fondo es saber para qué se procede
de esta manera, menos cuando no están dadas las
condiciones para garantizar que siga brindando
los mismos o mejores servicios. Aparentemente,
apropiarse es sinónimo de ganar poder sin impor-
tar el daño que se pueda hacer a la comunidad. Ga-
nar poder es decidir unilateralmente lo que puede
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o no ser mejor para el colectivo. Lo importante es
mostrar el poder!
La labor de todas las instancias públicas y pri-
vadas es respetar y hacer cumplir la Constitu-
ción Política del Estado y la normativa vigente.
Más allá de ello, se hace cada vez más necesario
promover una cultura del diálogo sin imposicio-
nes ni triquiñuelas que siembran el autoritaris-
mo en quienes cumplen una función pública y
la innecesaria incertidumbre sobre el destino que
puedan tener instituciones que buscan la transfor-
mación social y que han construido, relaciones so-
lidarias, claras y horizontales con organizaciones
sociales en todo el país.
En ese marco, varias instituciones apelaron pú-
blicamente a las autoridades para que rectifiquen
este hecho dejando sin efecto el acuerdo suscrito
por el IPTK bajo presión, pero también para que
revisen junto con las organizaciones sociales y los
y las representantes del MAS en la Asamblea Pluri-
nacional, los principios que fundamentan su papel
y su accionar como servidores públicos que velan
por el bien común.
2.5. Acceso a Recursos
Mientras la normativa es aprobada, sigue sin exis-
tir claridad en los procesos de renovación, tanto
de personerías jurídicas como de Acuerdos Marco.
Existe voluntad por parte de las organizaciones
de rendir cuentas, pero siempre que existan unos
procedimientos claros y una agilización de los
mismos, ya que la retardación está perjudicando
seriamente a las organizaciones a la hora de reca-
bar fondos (por ejemplo, las convocatorias de la
Unión Europea).107
Uno de los casos más ilustrativos de los obstá-culos que puede enfrentar una ONG para acce-der a recursos es el referido a una ONG nacional que enfrentó una serie de barreras para obtener la renovación de su Registro de ONG. Durante ese periodo, tuvo la oportunidad de presentar un proyecto a la Convocatoria de la Unión Europea y obtuvo una alta calificación por la calidad técnica de la propuesta. Uno de los requisitos de la Unión Europea en Bolivia para acceder a subvenciones es contar con el Registro Unico Nacional de ONG actualizado. La mencionada institución informó a la hora de presentar el proyecto que dicho trámite estaba en curso. La respuesta que obtuvo fue que debía presentar una constancia de dicho trámite. Realizadas las gestiones ante el Ministerio de Pla-nificación del Desarrollo, la ONG obtuvo una car-ta oficial de la Ministra Caro indicando que efec-tivamente la renovación de su registro estaba en trámite pero que ello no garantizaba que la ONG obtenga dicha renovación. Ante esta situación, la Unión Europea revirtió la decisión de asignar más de un millón de dólares a la ONG en cuestión.
Preocupa que la “fiscalización técnica” albergue fi-nes políticos. Se han tenido ya casos en los que las renovaciones han sido “condicionadas” a dejar de trabajar con ciertas organizaciones sociales.108
La Unión Europea reconoce que el tema del regis-tro está generando dificultades para dar las sub-venciones previstas para Bolivia.
107 Acta Reunión GRUS - SOCIEDAD CIVIL –ONGDI, La Paz, 23 de abril de 2013
108 Representantes Cooperación internacional, Reunión GRUS - SOCIEDAD CIVIL –ONGDI, La Paz, 23 de abril de 2013
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IV. Acceso a información
En los últimos años, el Estado boliviano ha aprobado normas y reglamentos que están dirigidos a velar
por el derecho ciudadano de acceso a información de la gestión pública. No obstante, aún existen difi-
cultades para acceder a determinada información –incluida la que presentan las ONGDs al Estado - y
los esfuerzos de información pública dirigidos a la población, principalmente rural, aun son reducidos.
Si bien el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) tiene la política de
poner a disposición de la ciudadanía toda la información, en la práctica, ello parece efectivizarse en la
medida en que la población demande información y no tanto por iniciativa institucional ya que, por
ejemplo, no utiliza eficientemente su sitio web para difundir información (http://www.vipfe.gob.bo/
dgfe/index.html). Ello tiene relación con la escasa difusión de la información pública que presentan las
ONGDs al VIPFE y que evidencia la necesidad de ampliar los niveles de difusión de información sobre
el trabajo que realizan las ONGDs y la Cooperación internacional como actores en el desarrollo que, a su
vez, ayudaría a amplificar el debate sobre el desarrollo y los resultados que se van alcanzando109.
En ese sentido, se percibe la falta de mecanismos desarrollados por el Estado que permitan un mayor
acceso del público a la información y a los procesos relacionados con la efectividad del Desarrollo, así
como espacios en los que la sociedad civil sea informada sobre las estrategias de desarrollo, el presu-
puesto nacional, sectorial y subnacional, el destino de la ayuda oficial al desarrollo y otros temas para
potenciar la transparencia de la Cooperación Internacional en Bolivia y del Poder Ejecutivo, y ampliar
sus niveles de información sobre procedimientos y prácticas, asignación de recursos, asistencia técnica,
datos estadísticos, acuerdos, documentos relacionados a los créditos que proporciona al Estado, Coope-
ración centralizada/ descentralizada… y otros aspectos. Asimismo, ello permitiría que la sociedad tenga
más elementos de análisis para emitir criterios respecto a la labor de la Cooperación, del Estado y de
las ONG. Para ello es también necesario ejercitar la mutua rendición de cuentas, basadas en el diálogo.
Según el Informe Nacional de Evaluación de la Declaración de Paris (Fase II) la amplia variedad de leyes
y normas relativas a la transparencia, los mecanismos anticorrupción y la rendición de cuentas no es
condición suficiente para lograr la efectividad en este objetivo. La apropiación y la puesta en práctica de
estos conceptos por diferentes actores, no depende solamente de un marco legal profuso sino que re-
quiere también de acciones efectivas y voluntad política para conformar un sistema integrado eficiente.
Actualmente no existe en Bolivia un sistema formal y/o integrado de responsabilidad gubernamental
hacia la ciudadanía. Existen más bien una serie de esfuerzos dispersos de parte de diferentes actores e
instituciones que podrían constituir un sistema estructurado y eficaz con el tiempo.110 A su vez, el infor-
me remarca que el enfoque de las políticas contra la corrupción es la sanción a los hechos de corrupción,
109 Informe de la Realidad de la Ayuda: “Efectividad del Desarrollo en Bolivia: un proceso en gestación”; Apropiación Democrática y Efectividad del Desarrollo: Perspectivas de la sociedad civil sobre el avance desde París. La Paz, 2011.
110 Informe de Evaluación Nacional DP Fase II, página 64
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antes que el desarrollo de mecanismos e instru-
mentos que limiten sustancialmente la posibilidad
de corrupción en la gestión pública111.
El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) plan-
teaba la presencia, participación y corresponsabili-
dad de los distintos sectores en el control del Estado
y la institucionalización de las políticas públicas.
Esta construcción de mecanismos de gestión de
la demanda social y la profundización de la de-
mocracia, planteaba también algunas estrategias
como la generación de mecanismos de apoyo para
profundizar la democracia y la construcción del
poder social, con la presencia efectiva y legítima
de distintos actores en las instancias de decisión
política. Sin embargo hace falta concretar la par-
ticipación de las OSC en la formulación del PND y
de las políticas públicas sectoriales, mediante pro-
cedimientos institucionalizados y permanentes de
consulta y coordinación dado que su accionar está
enmarcado en la normativa vigente (Constitu-
ción y tratados internacionales que forman parte
111 Informe de Evaluación Nacional DP Fase II, página 75
del bloque de constitucionalidad), que presen-
tan valores y principios que guían la ejecución
de acciones de las organizaciones de la sociedad
civil y que la Declaración de París, el Plan de Accra
y la Declaración de Busan, establecen que es deber
del Estado garantizar la participación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, también será de utilidad un ma-
peo preciso sobre las ONG, sus campos de acción,
proyectos específicos en campo, etc. para estable-
cer cuales serían los mecanismos idóneos para
interactuar con el sector gubernamental, ya sea a
través de convenios específicos entre ONG y el go-
bierno central, departamental y/o municipal.
A su vez, debería considerarse que la información
de la Cooperación Internacional se conozca no
sólo a nivel del Ministerio de Planificación del De-
sarrollo, sino a través de canales y mecanismos de
las distintas instancias públicas y de espacios de
coordinación entre instancias gubernamentales,
ONG y OSC en general112.
112 Documento conjunto redes nacionales presentado a la “Mesa de Diálogo ONG-Es-tado, Julio 2012
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V. Procesos inclusivos para involucrar a las OSC en las estrategias de los Donantes
La importante contribución de la sociedad civil a las iniciativas de desarrollo y su participación en la
arquitectura de la ayuda internacional permite pensar que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
merecen tener una voz en las deliberaciones sobre la eficacia de la ayuda; en ese sentido, uno de los
papeles del Grupo Asesor sobre Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda113 fue presentar recomendaciones
al Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda (GT-EA) y al Comité de Dirección del Tercer Foro de
Alto Nivel de Accra sobre las mejores vías para facilitar la participación de la sociedad civil en el diálogo
sobre la eficacia de la ayuda. Sin embargo, el Grupo Asesor constató que la Declaración de País fue con-
cebida para guiar a los donantes públicos y gobiernos aliados en sus iniciativas, poniendo el énfasis en
las necesidades de los países con bajos ingresos y relativamente dependientes de la ayuda internacional,
y que aunque varias OSC estuvieron presentes en el Foro de Alto Nivel celebrado en París en marzo de
2005, no formaron parte integral del proceso; de hecho, el papel de la sociedad civil como componente
de la arquitectura de la ayuda internacional apenas si es mencionado en la Declaración de París.
Por tanto, además de promover que se otorgue un papel más importante a las OSC en los debates sobre
la eficacia de la ayuda, el GA buscó también profundizar la comprensión de las cuestiones de eficacia
de la ayuda relacionadas con los papeles de la sociedad civil en el desarrollo, al igual que aclarar en qué
consisten las mejores prácticas para las OSC, los donantes y los gobiernos de los países beneficiarios.
En ese marco, a continuación se hace referencia a tres experiencias positivas de reconocimiento e in-
volucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en espacios de relacionamiento donantes—so-
ciedad civil en Bolivia que responden al proceso global de revisión de roles de los actores del desarrollo
desde la Declaración de París hasta la Alianza de Busan.
A) Consejo Consultivo de la Sociedad Civil-Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Consoc, es un espacio de encuentro y fortalecimiento de
relaciones voluntarias, cooperación, intercambio de información, fortalecimiento del diálogo, consulta
recurrente y oportuna entre el BID y aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas con sus
áreas de trabajo actuales o futuras en Bolivia.
Los ConSoc se caracterizan por ofrecer un nuevo enfoque y estar orientados a escuchar la voz de la so-
ciedad civil de forma más regular.
113 El Grupo Asesor es un grupo multilateral integrado por 12 miembros, a saber: tres representantes de gobiernos de países en desarrollo socios, de donantes, de OSC de países desarrollados y de OSC de países en desarrollo. Fue establecido por el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda hasta el Tercer Foro de Alto Nivel en Accra.
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Los ConSoc no tienen personería jurídica ni deben
ser considerados como un mecanismo sustituto de
aquellos con los que ya cuenta el BID, ni tampoco
deben ser vistos como un órgano dependiente del
Banco.
El Banco tiene una definición amplia e inclusiva
respecto a las organizaciones de la sociedad civil.
Las OSC son aquellas que representan los intere-
ses de diversos grupos involucrados directa o in-
directamente en las operaciones del BID tanto a
nivel de país, regional e internacional.
El ConSoc se crea para identificar espacios de mu-
tua colaboración; incrementar en cantidad y cali-
dad la interacción del BID con las Organizaciones
de la Sociedad Civil, OSC, de Bolivia; mejorar el
mutuo entendimiento de las funciones, limitacio-
nes y retos de ambos actores; fortalecer el diálogo
informado, crítico y constructivo de las OSC.
La Representación del BID en Bolivia impulsó la
conformación del ConSoc en Bolivia el año 2010
con la participación de alrededor de 35 represen-
tantes de grupos o comunidades directamente re-
lacionadas con proyectos o sectores de trabajo del
BID en el país: organizaciones no gubernamenta-
les, organizaciones comunales y de comunidades
(grupos indígenas y afrodescendientes), sindica-
tos, instituciones sin fines de lucro, redes de orga-
nizaciones, organizaciones con intereses temáticos
y/o sectoriales que desarrollan trabajos de inves-
tigación que influencian el debate nacional en di-
cho tema o sector de relevancia para el BID como
asociaciones profesionales, universidades, centros
de investigación y fundaciones, a fin de que la Es-
trategia País tenga un nivel de consulta con la so-
ciedad civil
B) Mesas Sectoriales de la Cooperación Española en Bolivia con participación de la sociedad civil
El Marco de Asociación País entre España y Bolivia (MAP 2011-2015) sienta las bases de la estrategia de la Cooperación Española y realza el papel de la sociedad civil como reconocidos y cruciales acto-res de cooperación, en los procesos de desarrollo. En este marco, el MAP incorpora la presencia de sociedad civil, tanto boliviana como españo-la, en la estrategia de actuación de los sectores prioritarios: Educación, Gobernabilidad, Agua y Saneamiento, Soberanía Alimentaria, Salud y sus transversales Género y Derechos de los Pueblos Indígenas.
La experiencia de la Cooperación Española en Bolivia demuestra que es posible transitar en el camino del reconocimiento de la voz y actoría de las organizaciones de la sociedad civil, superando las limitaciones que plantean los principios de la Declaración de París y abriendo posibilidades para profundizar los avances que plantea la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Busan.
A diferencia del pasado cuando la relación con sociedad civil era muy esporádica, el actual Mar-co de Asociación País es producto de un ejercicio participativo con el que cambia el enfoque de la Cooperación Española, al marcar las prioridades con el sector publico boliviano, con los actores de la cooperación española (principalmente ONGD) y con organizaciones de la sociedad civil boliviana.
Uno de los mayores aciertos en torno a las Mesas Sectoriales se refiere a los avances en materia de apropiación democrática, dada la posibilidad que abrieron para que distintos actores interactúen, debatan, analicen y propongan ajustes a diferentes políticas públicas en el contexto social, económico, político y cultural.
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La existencia de este mecanismo (Mesas Sectoria-
les) es por sí misma un logro en términos de trans-
parencia y rendición de cuentas al haber generado
las condiciones propicias para el acceso y difusión
de información relativa a la política y estrategia de
cooperación española en Bolivia.
De manera indirecta, las Mesas Sectoriales han
contribuido a los procesos de Alineamiento y
Armonización en los que la Cooperación españo-
la está embarcada, ya que son un nexo entre la
Cooperación y el Gobierno a partir de los cuales
AECID puede rescatar información y opiniones
diversas de la sociedad civil para alimentar sus
propias negociaciones con el Estado Boliviano.
El mecanismo de las Mesas Sectoriales puede ser
considerado como una “buena práctica” suscepti-
ble de ser replicada por otros actores de la Coope-
ración en Bolivia y otros países, en la medida en
que incorpora a la sociedad civil como actor en el
desarrollo para contribuir a través de la selección
estratégica de sectores, la adaptación de las inter-
venciones de la Cooperación Española a la situa-
ción y condiciones locales, el aprendizaje compar-
tido, el ajuste de las estrategias de cooperación en
función de las lecciones extraídas de la práctica y a
la atención prestada a aspectos transversales, para
producir resultados de desarrollo.
Los actores de la sociedad civil tienen una valora-
ción positiva de la posibilidad que ofrecen las Me-
sas para debatir temas conflictivos y de la atención
prestada a las cuestiones políticas, especialmente
los derechos humanos, que en algunos casos (Au-
tonomías Indígenas) contaron con la participación
de representantes del sector público.114
114 Documento Sistematización y Evaluación del Funcionamiento de las Mesas Secto-riales de la Cooperación Española en Bolivia, Mayo de 2013.
C) Espacio de relación Grupo de Socios para el Desarrollo (GRUS) y Sociedad civil boliviana115
En 2011 eL Grupo de Socios para el Desarrollo de
Bolivia (GRUS), acordó incorporar en su ámbito
de trabajo de los siguientes años un acercamien-
to a la sociedad civil organizada en línea con los
últimos acuerdos de Accra y Busan. En noviembre
2012 se realizó un primer encuentro de represen-
tantes116 de la Cooperación bilateral y multilateral
y de organizaciones de la sociedad civil para facili-
tar el acercamiento entre sociedad civil y el GRUS,
iniciar un intercambio de opiniones y experiencias
con el compromiso de una continuidad durante los
siguientes años, identificar intereses comunes en-
tre GRUS y Sociedad civil.
A raíz de este primer taller, se constituyó una co-
misión de trabajo compuesta por Agencias del
GRUS (AECID, BID, Suiza (Troica), Canadá, Ita-
lia y la UE) y Organizaciones de la Sociedad Civil
(UNITAS, UNIR, CIDEM, Cámara de Empresa-
rios, Fundación Jubileo, Fundación Construir).
Dicha comisión aprobó la propuesta de plan de
trabajo 2013 que está en proceso de ejecución.
Los objetivos de estos encuentros son: Crear un
entorno favorable y Establecer una plataforma de
un diálogo continuo para “Conocernos mejor entre
GruS y OSC/ Intercambiar información y buenas
prácticas / Realizar y mejorar el seguimiento del
cumplimiento de los acuerdos internacionales /
Tener una visión más pluralista de los desafíos y
prioridades de Bolivia”117.
115 En diciembre de 2006 se creó el denominado Grupo de Socios para el Desarrollo en Bolivia (GruS) autodefinido como “un espacio de coordinación conformado por organismos bilaterales, intergubernamentales y multilaterales con presencia en Bo-livia” (www.grus.org) con el propósito de apoyar la implementación de los acuerdos de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra.
116 45 personas, 19 representantes de OSC (2 de ellas representantes de las platafor-mas de ONG internacionales) y 23 Agencias del Grus
117 Documento Memoria Primer Encuentro Grus - Organizaciones de la Sociedad Civil Boliviana, La Paz, 29 de noviembre 2012
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En este marco se definió dar continuidad al diálo-go GRUS – OSC con un análisis conjunto de lo que ha sido la contribución de la cooperación interna-cional y de la sociedad civil al cumplimiento de los objetivos del milenio en Bolivia, para más adelante centrarse en las perspectivas y el horizonte de la agenda del bicentenario y de la Agenda Post 2015.
La voluntad política demostrada por el GRUS y su directiva conformada por la Troika: BID,
AECID y Suiza para crear este espacio fue aplau-
dida y pone en práctica uno de los aspectos que
la sociedad civil boliviana viene impulsando en
el Grupo de Referencia para la Evaluación de la
Declaración de Paris (fase I y II 2007 y 2010) y en
el proceso global, regional y nacional que buscaba
la integración de las OSC en espacios de diálogo y
negociación con otros actores del desarrollo (go-
biernos y donantes).
