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INDICE

IV NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD ___________________________________ IV-3

IV.1 INVENTARIO DE ESPECIES Y HÁBITAT, BIODIVERSIDAD _____________________ IV-3 IV.1.1 INVENTARIO DE LAS ESPECIES ____________________________________ IV-4 IV.1.2 INVENTARIOS DE ESPECIES AMENAZADAS____________________________ IV-5 IV.1.3 INVENTARIOS DE ESPECIES CON MANEJO SUSTENTABLE _________________ IV-5 IV.1.4 INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD __________________________________ IV-6 IV.1.5 INVENTARIO DE HÁBITAT ________________________________________ IV-6 IV.2 AREAS PROTEGIDAS, RESERVAS DE LA BIOSFERA, BOSQUES NATURALES ______ IV-8 IV.2.1 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE AMBIENTES TERRESTRES ____________ IV-8 IV.2.1.1 Representatividad del SNASPE respecto a la biodiversidad_________ IV-9 IV.2.1.2 Estrategia de biodiversidad _________________________________ IV-12 IV.2.1.3 Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada _______________ IV-12 IV.2.2 UNIDADES COSTERO-MARINAS PROTEGIDAS_________________________ IV-13 IV.2.3 RESERVAS DE BIOSFERA. ______________________________________ IV-14 IV.2.4 BOSQUES NATURALES _________________________________________ IV-15 IV.3 PRESIONES EN ESPECIES Y ECOSISTEMAS Y SUS TENDENCIAS (ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL) __________________________________________________________ IV-17 IV.3.1 ACTIVIDAD AGRÍCOLA _________________________________________ IV-17 IV.3.2 ACTIVIDAD FORESTAL _________________________________________ IV-20 IV.4 LEGISLACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA _______________ IV-20 IV.4.1 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS___________________________________ IV-21 IV.4.2 RECURSO FORESTAL __________________________________________ IV-21 IV.4.3 LEY DE CAZA ________________________________________________ IV-22 IV.4.4 LEY 19.300 DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE________________________ IV-23 IV.4.5 CONVENIOS INTERNACIONALES __________________________________ IV-24 IV.5 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y GASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA ____________________________________________________________ IV-25 IV.6 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, HÁBITAT Y PAISAJES ________ IV-28 IV.7 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL _____ IV-30 IV.8 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FUERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS (ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL) ________________________________________________ IV-33 IV.8.1 SECTOR AGRÍCOLA ___________________________________________ IV-34 IV.8.2 SECTOR FORESTAL ___________________________________________ IV-35 IV.8.3 SECTOR PESQUERO __________________________________________ IV-35 IV.9 CONVENCIONES INTERNACIONALES. _________________________________ IV-37 IV.10 BIBLIOGRAFÍA_________________________________________________ IV-38

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IV NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD

IV.1 Inventario de especies y hábitat, biodiversidad El territorio continental de Chile se extiende en forma longitudinal entre el paralelo 17º, al norte del trópico de Capricornio, y el paralelo 56º donde el Cabo de Hornos se hunde en las aguas periantárticas. A lo largo de los 4200 kilómetros de esta angosta faja de tierra que bordea las altas cumbres de la Cordillera de los Andes en su caída al Océano Pacifico, se van sucediendo una amplia variedad de paisajes. Entre el desierto más árido del mundo con condiciones hostiles al desarrollo de la vida, hasta los desolados ambientes patagónicos y subantárticos de la zona austral, se encuentran paisajes de carácter semidesérticos y mediterráneos, bosques templados, lluviosos y subpolares, turberas, estepas, que dan cuenta de la lucha de la biota por adaptarse a los distintos climas y condiciones orográficas. Estas peculiares condiciones del territorio determinaron el desarrollo de una biota que si bien no es extremadamente diversa, es rica en endemismos, especies relictas y taxa monotípicos. El 55% de las 4.414 de las especies vegetales dicotiledóneas que se encuentran en este territorio, el 45% de las 3.730 especies de insectos coleópteros y el 78% de las 46 especies de anfibios1, por mencionar grupos puntuales, no extienden su distribución natural mas allá de este territorio, adquiriendo sus formas específicas en las condiciones de aislamiento que impusieron a su desarrollo evolutivo las grandes barreras naturales que lo delimitan. Esta condición particular de la naturaleza chilena, su riqueza en endemismos, se refleja en la elevada prioridad que le asignan las diversas agencias internacionales de conservación. Así por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) considera la Ecorregión de los Bosques Templados Valdivianos que comparten Chile y Argentina, como una de las ecorregiones de mayor prioridad mundial para la conservación. Mientras que Conservation International (CI) considera la Ecorregión Terrestre Prioritaria de Chile Central, que abarca casi el 40% de la superficie del territorio de Chile continental, como una de las 25 ecorregiones terrestres prioritarias a nivel mundial 2.

1 Ver SIMONETTI (1995) y para una versión resumida de esos resultados ver SIMONETTI J, (2002) Capítulo Estado de la Diversidad Biológica, en Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos (2002), “Informe País; Estado del Medio Ambiente en Chile 2002”. 2 ver http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/chile/

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IV.1.1 Inventario de las especies En 1992, animado por el espíritu que se propaga con la realización de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el Estado de Chile realizó a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), un Taller Nacional de Diversidad Biológica, para obtener un diagnóstico general del estado del conocimiento respecto a la biodiversidad chilena3. Tras solicitar a diferentes expertos que analizaran la información disponible sobre los taxa de su competencia, se obtuvo un panorama que reunía a 29 mil especies de organismos vivos. Se resumían así los resultados de la nutrida obra descriptiva que iniciaran los naturalistas del siglo XIX y que continuaron durante el siglo XX taxónomos y sistemáticos vinculados a centros académicos chilenos y extranjeros. Si bien numerosos taxa de invertebrados no pudieron ser tratados en esa oportunidad por falta de especialistas, y el grado de conocimiento sobre alguno de los grupos estudiados es aún insuficiente para dar cuenta del total de especies existente en el territorio, este esfuerzo es representativo y permitió visualizar los alcances y requerimientos de información de una nueva etapa, en la que la preocupación por la biodiversidad comienza a constituirse, crecientemente, en un ámbito de la gestión pública. En efecto, en el curso de la década de los años noventa, se empieza a consolidar una preocupación más amplia por el conocimiento, conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Preocupación que rebasa los ámbitos académicos o de los círculos más conservacionistas, para incorporarse al ámbito de acción del Estado. Se va superando así un enfoque, que limitaba la gestión estatal en aspectos relativos a la biodiversidad, sea al desarrollo y administración de áreas silvestres protegidas, cuestión que como veremos en el punto 3.1 tiene un largo recorrido en nuestro país e importantes desafíos también, sea al fomento del uso y aprovechamiento económico de algunos recursos biológicos nativos que el Estado buscó incentivar en un marco de políticas sectoriales desarrollistas. En el marco transectorial para la gestión ambiental que plantea la Ley de Bases del Medio Ambiente se esbozan las bases de este nuevo enfoque, y se plantea la necesidad de cuantificar e inventariar la biodiversidad, cuando entre otros aspectos se establece en el artículo 37, la necesidad de reglamentar un procedimiento único que clasifique las especies silvestres en categorías de conservación sobre la base de antecedentes científico-técnicos. Durante el año 2003, los organismos sectoriales competentes, coordinados a través de CONAMA, elaboraron un procedimiento para la clasificación de especies en categorías de conservación, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA y esta en proceso de formalización4. Este procedimiento, que en términos generales, sigue los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establece la necesidad de cuantificar las distintas poblaciones existentes de las especies a clasificar, sus niveles poblacionales y áreas de distribución en el territorio. Además, en su artículo 38, la Ley de Bases establece que los organismos del estado competentes en lo relativo a administrar la legislación sobre flora y fauna, confeccionarán

3 Ver SIMONETTI et al (1995), Diversidad Biológica de Chile, edición CONICYT. 4 Ver Acuerdo Nº 241/2003 del Consejo Directivo de CONAMA reunido en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2003., actualmente en tramite de control de legalidadpor parte de la Contraloría General de la República.

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y mantendrán actualizados inventarios de flora y fauna privilegiando las especies en categorías de conservación. IV.1.2 Inventarios de especies amenazadas Aunque los servicios competentes no han establecido inventarios sistemáticos de flora y fauna, se realizan actividades en este ámbito. Un primer grupo de actividades corresponde a los censos e inventarios de poblaciones de especies amenazadas, realizados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco de las actividades de administración del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)5. Destacan en este grupo los censos de poblaciones de las tres especies de flamencos (Phoenicopterus chilensis y Phoenicoparrus andinus y jamesi.) que habitan los humedales altoandinos, realizados desde 1986, con el apoyo de la Wildlife Conservation Society y en un marco de cooperación internacional con especialistas y organismos estatales de Argentina, Bolivia y Perú. Esfuerzos a los que se han incorporados también en esta última década empresas vinculadas a la gran minería. IV.1.3 Inventarios de especies con manejo sustentable Un segundo grupo de actividades de censo e inventarios de flora y fauna silvestres se enmarca en proyectos de manejo sustentable de especies nativas. Es el caso de inventarios realizados en el marco de proyectos generados por organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en relación al manejo de poblaciones de camélidos silvestres. Destacan los inventarios de la especie vicuña (Vicugna vicugna) que inició la Corporación Nacional Forestal en la década de los años setenta, en el marco de un exitoso programa de recuperación de la especie, en el Parque Nacional Lauca, y los de la especie guanaco (Lama guanicoe)6, particularmente los que a instancias del Gobierno Regional de la Duodécima Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se realizan desde 1996, en Tierra del Fuego. En el ámbito de la flora nativa, el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos que lleva el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, realiza inventarios de la diversidad intraespecífica, en particular, de aquellas especies nativas cuyas variedades se cultivan7. Finalmente, se cuenta con los inventarios de especies hidrobiológicas que realiza la Subsecretaría de Pesca en el marco de sus funciones de regulación de las actividades pesqueras extractivas y de acuicultura. Los principales grupos taxonómicos registrados son peces, moluscos, crustáceos, algas, equinodermos y tunicados, los cuales se encuentran con distintos niveles de explotación. El tratamiento más sistemático de la información en el ámbito hidrobiológico tiene que ver con el hecho de que este sostiene un sector de la actividad económica que basa parte importante de su producción en la cosecha desde el medio natural, y no de un cultivo, aún cuando la acuicultura, en particular la del salmón, tiene creciente importancia como base

5 CONAF (1999) Programa para la Conservación de la Flora y la fauna Silvestre Amenazada de Chile, Gerencia de Operaciones, Unidad de Gestión del Patrimonio Silvestre, Enero. 6 Ver TORRES H (1998) La conservación de la vicuña en el Parque Nacional Lauca: Una visión retrospectiva de 1975 a 1985, en GONZALEZ et Al (Edits) Manejo Sustentable de la Vicuña y el Guanaco; Actas del Seminario Internacional realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile,. 7 Agenda Ambiental MINAGRI 1998-1999

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de la producción primaria. A ese respecto la importancia de la flora y fauna silvestre terrestre como fuente de recursos para la producción económica primaria es bastante menor, incluso para el sector forestal, cuyos inventarios abordaremos en el punto IV.2.4 que trata sobre los bosques naturales. IV.1.4 Inventarios de biodiversidad Se registran también iniciativas en las que el Estado, sea a través de organismos sectoriales, centros académicos o financiamiento ha incentivado inventarios de biodiversidad con un enfoque más comprensivo. Como ejemplos de este tipo de actividades en la última década se puede mencionar el programa sectorial Biomas del Norte de Chile financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica que catastró la biodiversidad de la Segunda Región de Antofagasta y, el “Proyecto Biodiversidad de Aysén, Manejo Sustentable de Áreas Silvestres Protegidas” proyecto de colaboración chileno-británico financiado por la Comisión Europea y desarrollado para apoyar el manejo de los Parques Nacionales en esa región de la Patagonia occidental. Otro ejemplo es el del Catastro de la Flora Terrestre de la Cuarta Región de Coquimbo, iniciativa conjunta de la Corporación Nacional Forestal y la Universidad de la Serena que estableció, que entre otros aspectos, el 47% de las 3.429 especies de plantas inventariadas son endémicas de esa región8. Se ha buscado también incorporar el estudio de la biodiversidad en los nuevos programas de investigación que se impulsan desde el Estado. El Programa Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP), financia un Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad dependiente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica, que busca desarrollar programas de investigación en las temáticas de funcionamiento, conservación, manejo y disrupción de la biodiversidad. IV.1.5 Inventario de hábitat En Chile se han propuesto muchas clasificaciones de los paisajes, por lo general, desde el punto de vista fisionómico y frecuentemente basadas en la vegetación. Un recuento reciente estableció 55 clasificaciones distintas de la biota chilena entre 1900 y 1994 9. La más utilizada para efectos de la gestión pública es un sistema de clasificación jerárquico de la vegetación nativa que la Corporación Nacional Forestal solicitó a la Universidad de Chile10, sistema que establece 8 regiones vegetacionales, 20 subregiones vegetacionales, 83 formaciones y 229 comunidades vegetales (ver Cuadro IV.1). Una segunda línea en relación al inventario de hábitats ha sido establecer un inventario de sitios que por su biodiversidad in-situ son relevantes para la conservación. La Corporación Nacional Forestal desarrolló una iniciativa en tal sentido en 1993, a través del simposio “Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile”. En

8 Ver SQUEO F. et al (2001), Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. 9 Ver FUENTES E. et al, “Ecosistemas y paisajes de Chile: una invitación a elaborar un sistema de clasificación jerárquico basado en factores limitantes” en MUÑOZ et al. (Edits), 1996, Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile, CONAF. 10 GAJARDO R. (1994) La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Editorial Universitaria.

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ese encuentro se identificó aquellos sitios de mayor relevancia para la conservación de la biodiversidad terrestre, se priorizó la urgencia de protección de los sitios identificados, entregando una herramienta para el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Se definieron 21 sitios de prioridad urgente, 30 sitios como de prioridad importante, 31 sitios “de interés” y 19 sitios “de interés específico”11.

Cuadro IV.1. Regiones y Subregiones vegetacionales de Chile. Regiones Superficie

país (%) Subregiones Nª

Formaciones Vegetales

Desierto 22 Desierto Absoluto 6 Desierto Andino 6 Desierto Costero 3 Desierto Florido 2 Estepa Alto-andina 17 Altiplano y Puna 7 Andes Mediterráneos 5 Matorral y Bosque Esclerófilo 10 Matorral Estepario 4 Matorral y Bosque Espinoso 5 Bosque Esclerófilo 5 Bosque Caducifolio 8 Bosque Caducifolio Montano 4 Bosque Caducifolio del Llano 4 Bosque Caducifolio Andino 2 Bosque Laurifolio 3 Bosque Laurifolio de Valdivia 4 B.Laurifolio de Juan Fernández 2 Bosque Andino-Patagónico 7 Cordilleras de la Araucanía 5 Cordilleras Patagónicas 5 B. Siempreverde y Turberas 18 B. Siempreverde con Coníferas 5 Bosque Siempreverde Micrófilo 4 Turberas, Matorral y Estepa

Pantanosa 5

Estepa Patagónica 4 Matorral y Estepa Patagónica de Aysén

1

Estepa Patagónica de Magallanes

1

Fuente: Gajardo, (1994) Finalmente en esta misma línea, desde el año 2002, en el marco del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se estableció un listado de sitios prioritarios en cada región administrativa del país, y se priorizó 68 de estos sitios a nivel de todo el país, para establecer medidas de protección oficial antes del año 2006.

11 Muñoz et al. (Edits), 1996, Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile, Corporación Nacional Forestal.

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IV.2 Areas protegidas, reservas de la biosfera, bosques naturales IV.2.1 Áreas silvestres protegidas de ambientes terrestres Chile es pionero a nivel del hemisferio sur en la creación de áreas protegidas, el primer parque nacional, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en la Décima Región de Los Lagos, se establece en 1926, y ya desde 1907 se había establecido la primera reserva nacional, la Reserva Nacional de Malleco en la Novena Región de la Araucanía. Sucesivos gobiernos fueron incorporando nuevas áreas protegidas para la administración estatal, tratando de armonizar los objetivos conservacionistas y recreacionales. La creación de estas áreas se ajustó históricamente a la lógica del proceso de desarrollo económico, implementando una política proteccionista en los espacios que dejaban las actividades dominantes, utilizando terrenos que no tenían gran valor agrícola y que no estaban comprometidos para la radicación de colonos. La conveniencia de fomentar el turismo, y las ventajas económicas que de ello provenía al preservar bellezas escénicas, estuvo en el origen de la declaración de muchas unidades. Sin embargo los objetivos de conservación se van precisando, hasta que en la década de los ochenta se establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) cuya ley, la Nº 18.362 de 1984, pone en el primer lugar de sus objetivos, el mantener áreas como muestras de diversos ecosistemas. Aunque la vigencia de esta ley esta supeditada a la disolución de la actual Corporación Nacional Forestal, entidad privada de derecho público, y su reemplazo por una entidad de carácter público, cuestión que no ha ocurrido, el SNASPE es hoy la figura administrativa bajo la cual la Corporación Nacional Forestal administra las 94 áreas silvestres protegidas colocadas bajo su tuición: 31 parques nacionales, 48 reservas nacionales y 15 monumentos naturales, las que en su totalidad cubren 14.125.271,3 ha, más del 19% del territorio nacional. Existe además un segundo sistema de áreas protegidas por el Estado establecidos en el marco de la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales, que permite al Ministerio de Educación declarar Santuarios de la Naturaleza. Estos son supervisados por el Consejo de Monumentos Nacionales dependiente del Ministerio de Educación y tienen como objetivo la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos y, en la medida de que sea compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación. Si bien estas áreas pueden ser importantes para la protección de componentes de la biodiversidad, corresponden por lo general a áreas más reducidas, caracterizadas por la presencia puntual de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico. Desde 1990 a la fecha se han creado 12 los que se detallan en el Cuadro IV.2.

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Cuadro IV.2. Santuarios de la Naturaleza establecidos entre 1990 y 2003

Nombre Ubicación Fecha Alto Huemul Sierras de Bellavista, San Fernando en la VII

Región 09-10-1996

Campo dunar de la Punta de Concón

Concón en la V Región 05-08-1993

Capilla de Mármol Lago General Carrera en la XI Región 22-06-1994 Estero de Quitralco Aisén en la XI Región 07-11-1996 Islote y Lobería Iglesia de Piedra

Cobquecura en la VIII Región 01-09-1992

Laguna Conchalí Borde costero del sector denominado “punta Chungungo”, Los Vilos en la IV Región

27-01-2000

Bosque Las Petras Quintero en la V Región 07-06-1993 Palmar El Salto Viña del Mar en la V Región 04-08-1998 Cascada de las Ánimas San José de Maipo en la Región Metropolitana 16-08-1995 Los Huemules del Niblinto Coihueco en la VIII Región 26-10-1998 Roca Oceánica Viña del Mar en la V Región 27-03-1990 Cerro El Roble Til Til en la Región Metropolitana 27-06-2000 IV.2.1.1 Representatividad del SNASPE respecto a la

biodiversidad Los aspectos ya mencionados respecto a la lógica histórica en que se conformó el SNASPE, han dejado su marca en el plano de la representatividad de la biodiversidad protegida a través de estas áreas. Basándose en los tipos vegetacionales de la clasificación de Gajardo se advierte, desde su primer nivel jerárquico, el referido a la región vegetacional, que la importancia relativa de cada tipo vegetacional en la superficie total del SNASPE no es equilibrada: Alrededor del 57 % de la superficie del SNASPE se concentra en la Región del Bosque Siempreverde y las Turberas, seguida por la Región del Bosque Andino Patagónico (8%) y la Región de la Estepa Alto Andina (4,5%)12. Si a ello le sumamos las altas cumbres o campos de hielo sin vegetación que representan otro 23%, se deduce que las 5 regiones vegetacionales se reparten el 5% de la superficie restante. La intensidad de protección, es decir la relación entre la superficie protegida en el SNASPE respecto a la superficie natural potencial de los diferentes tipos vegetacionales, es inferior al 5% para cuatro de las ocho regiones; la Región del Desierto, la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la Región del Bosque Caducifolio y la Región del Matorral y de la estepa Patagónica. A nivel de subregión, la superficie protegida en el SNASPE es inferior al 5% para 13 de las 20 subregiones, y una de ellas, la Subregión del Desierto Florido, no está representada. A nivel de formación aún quedan 17 de las 83 formaciones vegetacionales sin representación en el sistema. Desde 1994 a la fecha, se han creado catorce áreas protegidas para el SNASPE con una extensión de 419.559 hectáreas las que han incorporado nueve formaciones vegetales que no estaban representadas (ver Cuadro IV.3), y se contempla continuar con la 12 Ver LUEBERT F y BECERRA P. (1998) Representatividad Vegetacional del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe) en Chile, Ambiente y Desarrollo, Vol XIV – Nº2, pp62-69, Junio 1998.

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creación de nuevas unidades tendientes a completar la cobertura ecológica del Sistema, en especial aquellos ambientes de la zona norte y central.

Cuadro IV.3. Áreas incorporadas al SNASPE 1994-2000

Nombre Reg D.S. Nº Fecha Superf. Formaciones incorporadas P.N.Llanos del Challe

III 946 29.07.94 45.708 Desierto Costero del Huasco

P.N. Nevado de Tres Cruces

III 947 29.07.94 59.082 Estepa Desértica de los Salares Andinos

R.N. Mocho Choshuenco

X 55 02.03.94 7.537

P.N. Llullaillaco II 856 03.08.95 268.670 Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko, Estepa Desertica de los Salares Andinos

R.N.Los Queules VII 12 14.03.95 147 R.N. Los Bellotos del Melado

VII 18 20.01.95 417 Estepa Altoandina del Maule; Bosque Caducifolio de la Precordillera

R.N. El Yali V 41 23.05.96 520 Humedales costeros R.N. Roblería del Cobre de Loncha

RM 62 25.07.96 5.870

R.N. Radal Siete Tazas

VII 89 20.03.96 5.148 Estepa Altoandina del Maule; Bosque Caducifolio de Montaña; Bosque Esclerófilo Montano

R.N. Alto de Lircay

VII 59 11.06.96 12.1635 Estepa Altoandina del Maule; Bosque Caducifolio de Montaña

R.N.Futalelfu X 602 08.09.98 12.065 Bosque Patagónico con Coniferas R.N. los Huemules de Niblinto

VIII 32 23.02.99 2.022 Bosque Caducifolio de la Frontera

M.N. Islotes de Puñihuil

X 130 28.09.99 8 Pingüineras

M.N. Lahuen Ñadi X 14 10.01.00 200 Zona de alerce relictual Total 419.559 A continuación se resume para cada Región Vegetacional la situación de protección que tienen las categorías inferiores, subregiones vegetacionales y formaciones, para visualizar mejor la amplitud del desafío que implican estos objetivos y el tipo de ecosistema involucrados. En la Región del Desierto, en la zona costera y del valle central del norte del país la superficie protegida en el SNASPE es inferior al 5% para las cuatro subregiones; la subregión del Desierto Absoluto, la subregión del Desierto Andino; la Subregión del Desierto Costero y la ya mencionada Subregión del Desierto Florido que no está representada. En esa región, a nivel de formaciones, la creación del Parque Nacional Llullaillaco de 268 mil hectáreas en 1995 y del Parque Nacional Llanos del Challe de 45.708 hectáreas en 1994, permitió incorporar al SNASPE a dos de las diecisiete formaciones vegetacionales de esta región, la del Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko y la del Desierto Costero de Huasco, pero aún quedan siete formaciones sin ningún nivel de protección. En la Región de la Estepa Altoandina, que representa ecosistemas de la zona cordillerana del norte y del centro del país, una de las dos subregiones que la integran, la Subregión

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de los Andes Mediterráneos en la zona central del país, tiene un grado de protección inferior al 1%. La creación en 1995 y 1996 de las Reservas Nacionales, Bellotos del Melado de 417 hectáreas, Altos de Lircay de 5.870 hectáreas y Radal Siete Tazas de 5.148 hectáreas permitieron incorporar al SNASPE una de las formaciones de esa región que no estaba representada, la de la Estepa Altoandina de Maule, quedando aún tres formaciones de las doce que integran esta región, sin ningún grado de protección. A nivel de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la zona central del país, las tres subregiones que la integran cuentan con menos del 1% de su superficie protegida. La creación de la ya mencionada Reserva Nacional Radal Siete Tazas permitió incorporar al SNASPE el Bosque Esclerófilo Montano una de las formaciones de esa región que no estaba representada. Permanecen sin representación, siete de sus catorce formaciones. A nivel de la Región del Bosque Caducifolio, en la zona centro sur del país, las tres subregiones vegetacionales que la integran cuentan con menos del 5% de su superficie protegida, y en dos casos esa condición no alcanza el 1%. La creación de las ya mencionadas Reservas Nacionales Radal Siete Tazas y Altos de Lircay, y de la Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto de 2.023 hectáreas en 1999, permitieron incorporar tres formaciones al SNASPE, de las nueve que componen esta formación, permaneciendo aún una, el Bosque Caducifolio Interior, sin ningún grado de protección. A nivel de la Región del Bosque Laurifolio, en la zona sur del país, sólo cuenta con una subregión integrada a su vez por cuatro formaciones de las que sólo una, la del Bosque Laurifolio de Valdivia, en la zona costera, tiene menos del 5% de su superficie protegida. En contraste otra de sus formaciones, el Laurifolio Andino tiene alrededor del 65% de su superficie protegida. Esta situación es representativa de la mejor condición de protección con que, en general, cuentan los ecosistemas andinos en relación a los ecosistemas costeros. Para las dos subregiones que integran la Región Andino Patagónica; la de las Cordilleras de la Araucanía de la zona sur del país y la de las Cordilleras Patagónicas de la zona sur austral, cuentan con mas de un 10% de protección. Además, la creación en 1998, de la Reserva Nacional Futaleufú de 12 mil hectáreas, permitió incorporar al SNASPE el Bosque Patagónico de Coníferas, la única formación de las diez que integran esa región vegetacional, que no estaba representada. La situación es similar para la región del Bosque Siempreverde y las Turberas, de la zona sur y sur-austral del país, cuyas tres subregiones cuentan con más de un 10% de su superficie protegida. Sólo dos de las catorce formaciones vegetacionales que componen esta región, la del Bosque Siempreverde de la Cordillera Pelada y la del Bosque Siempreverde con Turberas de Chiloé, cuentan con menos del 5% de su superficie potencial protegida. Ambas formaciones se ubican en la Cordillera de la Costa de la zona sur del país. Finalmente para la Región del Matorral y de la Estepa Patagónicas, las dos subregiones que la integran, cada una con una formación, cuentan con menos de un 5% de su superficie potencial protegida. En resumen, la cobertura del sistema es aún insuficiente desde el punto de vista de la biodiversidad, requiriéndose de mayores niveles de protección para las zonas del valle central y de la costa del norte, centro y en cierta medida sur del país. En estas zonas donde la tierra es mayoritariamente de propiedad privada, y se concentra también el

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grueso de las presiones derivadas de la actividad económica, se cuenta con poca tierra fiscal para su incorporación al SNASPE. IV.2.1.2 Estrategia de biodiversidad A través de la Estrategia de Biodiversidad, aprobada en diciembre de 2003 por el Consejo Directivo de la CONAMA13, el gobierno se ha propuesto asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas de manera de reducir de forma importante la pérdida de biodiversidad antes del 2010. En esa perspectiva la agenda ambiental del gobierno se ha fijado dar protección oficial al 10% de la superficie de los ecosistemas más relevantes del país. En una primera etapa se han seleccionado sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad a nivel de cada una de las 13 regiones administrativas del país, los que están siendo incorporado en los instrumentos de planificación territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como áreas donde se debe restringir la urbanización y los asentamientos humanos. En una segunda fase se contempla dotarlos de una figura de protección oficial, para lo que se contempla incluso la creación de nuevos instrumentos de conservación. Así por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales esta desarrollando una modalidad de concesiones de propiedad fiscal a terceros para su uso en actividades compatibles con la conservación. Otro elemento importante de la estrategia es el incentivo al establecimiento de Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada. IV.2.1.3 Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada La Ley de Bases del Medio Ambiente establece que el Estado fomentará e incentivará la creación de Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, las que estarán reguladas por un reglamento14, y cuya supervisión dependerá del órgano, encargado de administrar el SNASPE. Una propuesta de reglamento elaborada por los servicios competentes bajo la coordinación de CONAMA fue aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA y se encuentra actualmente en proceso de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República y, a la espera de la aprobación de la Ley de Bosque Nativo que debiera viabilizar un esquema de incentivos para estas áreas. En el intertanto, los organismos competentes se encuentran desarrollando las pautas técnicas y procedimientos relativos a la afectación y manejo de estas áreas. Este proceso se ha nutrido de la experiencia recogida en un proyecto realizado por el Centro Académico Independiente CIPMA en la Décima Región, para incentivar la cooperación público-privada, el cual contó con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. No obstante la inexistencia de normativa e incentivos por parte del Estado, el interés de los agentes privados en la conservación se inicia en Chile en forma sostenida a comienzos de la década de 1990. Desde las organizaciones no gubernamentales se han establecido diferentes redes para organizar y agrupar a propietarios interesados en la conservación privada15.

13 Ver Acuerdo Nº 242/2003 del Consejo directivo de CONAMA reunido en sesión ordinaria del 11 de Diciembre de 2003. 14 Ver art. 35 de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente http://www.conama.cl/portal 15 Web de la RAPP y de Parques para Chile

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Además de particulares, diversas empresas privadas locales han comenzado a desarrollar estrategias corporativas a ese respecto. Ese fenómeno es particularmente notorio en el caso de empresas forestales como Forestal Valdivia (Parque Oncol), Forestal CELCO (Parque Coyanmahuida), Forestal Bosques de Chile (Parque Reloca, Los Ruiles de Empedrado, Los Hualos de Loanco, Las Vertientes de Huerta de Maule), pero también lo han desarrollado sociedades inmobiliarias y las empresas mineras han comenzado a demostrar interés. Se ha registrado asimismo montos relevantes de inversión extranjera para esos fines por parte de empresas privadas (Goldman Sachs), particulares (Douglas Tompkins), y ONGs (TNC, WWF). Sólo las áreas privadas mayores a 30 mil hectáreas suman alrededor de 700 mil hectáreas. En este rango de tamaño se encuentran, por ejemplo, el Parque Pumalín en Palena (300 mil Ha), la Reserva Ecológica Huilo-Huilo en Panguipulli (60 mil Ha), la Reserva Alto Huemul en la Cordillera de los Andes de Chile central (20 mil Ha), dos reservas de Fundación Yendegaia en la XII Región de Magallanes, que bordean las 30 mil hectáreas cada una (la primera, al sur de Tierra del Fuego, y la segunda, en la Isla Riesco, al noroeste de Punta Arenas), el predio Chaihuín-Venecia (60 mil Ha en Valdivia), y, recientemente, la propiedad que la sociedad de inversiones Goldman Sachs ha declarado querer destinar a un parque en Tierra del Fuego (180 mil Ha). Una muestra de la relevancia que empieza a adquirir el tema en Chile, fue la reciente realización del VI Congreso Interamericano de Conservación de Tierras Privadas, realizado en Valle Nevado, Santiago, en abril recién pasado. IV.2.2 Unidades costero-marinas protegidas La Ley de Bases del Medio Ambiente estableció que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas incluirá a los parques y reservas marinas. Es aún incipiente el establecimiento de áreas protegidas como parte de una estrategia propia para la conservación de los ambiente marinos y su biodiversidad que no correspondan necesaria y únicamente a una extensión de los ecosistemas terrestres. A comienzos de los noventa la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones16 incluye la declaración de tres tipos de áreas geográficas delimitadas que si bien tienen el carácter de áreas protegidas, constituyen medidas o prohibiciones de administración de recursos hidrobiológicos (Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, Reservas Marinas, Parques Marinos). En base a esta ley la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía establece en 1997, en una extensión de 338 hectáreas, la primera Reserva Marina en La Rinconada (II Región de Antofagasta) destinada a restaurar y conservar los principales stocks silvestres del Ostión del Norte (Argopecten purpuratus) 17. Esta área viene a sumarse a dos reservas genéticas establecidas con anterioridad a la actual ley de pesca, la Reserva Genética de Pullinque declarada mediante DS 184 del 24.06.82 para conservar el recurso ostra chilena Ostrea chilensis y la Reserva Genética de Putemún declarada mediante el DS 248 del 30.0681 para conservar el recurso choro zapato Choromytilus chorus, cuya administración también depende del Servicio Nacional de Pesca.

16 Ley 18.892 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está en el Decreto Supremo Nº 430 de 1991 de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 17 Decreto Supremo Nº 522, de 1997

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Por otra parte, la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional en el marco de las atribuciones que le da la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República18, estableció en 1999 tres áreas costero-marina protegidas para conservar biodiversidad en Isla de Pascua, los denominados parques submarinos Coral Nui Nui, Motu Tautara y Hanga Oteo19. Actualmente el gobierno impulsa a través de las funciones coordinadoras de CONAMA, la concentración de la facultad de resolver sobre la designación y creación de áreas protegidas en el ámbito costero-marino, estableciendo para ello un procedimiento jurídico-administrativo en el que, en un solo acto jurídico, concurren los distintos organismos competentes para declarar un Area Costero Marino Protegida20. El procedimiento se inauguró en agosto de 2003, con el decreto21 que declara el Área Marina y Costera Protegida “Francisco Coloane” en un sector de 67.000 hectáreas del Estrecho de Magallanes y fiordos adyacentes a la Isla Carlos III y crea en su zona núcleo un Parque Marino de 1.500 hectáreas que entre otros aspectos, representa uno de los sitios más importantes del hemisferio sur para la alimentación de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Se establece además que el Consejo Directivo de la CONAMA coordine a los distintos órganos competentes para la elaboración de un plan de administración del área. Francisco Coloane es la primera de una serie de tres áreas22 que se busca crear e implementar, contando para ello con el apoyo financiero del Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), buscando establecer modelos replicables para la conformación de una futura red de Áreas Marinas Costeras Protegidas. IV.2.3 Reservas de biosfera. Chile cuenta con siete reservas de la biosfera adheridas al Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO durante la década de los años ochenta, y están asociadas a unidades del SNASPE (ver Cuadro IV.4). Actualmente la Corporación Nacional Forestal trabaja en el establecimiento de una política institucional y en el levantamiento de una línea base de las áreas de influencia y los problemas asociados al uso de los recursos naturales. Asimismo, se está preparando la solicitud ante la UNESCO para una nueva Reserva de la Biosfera en el área de Cabo de Hornos, en la Región Austral del país.

18 Sancionada por Decreto Supremo Nº 475 de 1975. 19 Ver Decreto Supremo Nº 574 de 1999 publicado en Diario Oficial del 5 de Abril de 2000. 20 Participan de este grupo, además de CONAMA, la Subsecretaría de Marina, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el Ministerio de Bienes Nacionales. 21 Decreto Supremo Nº 276 del 5 de Agosto de 2003 de la Subsecretaría de Marina. 22 Un area costero marina en la costa de Bahia Mansa en la X Región y otra en Bahia Cisnes en la costa de la Tercera Región.

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Cuadro IV.4. Reservas de Biosfera

Reserva de la Biosfera Región Unidades del SNASPE adscritas Lauca I de Tarapacá Parque Nacional Lauca, Reserva

Nacional Las Vicuñas, Monumento Natural Salar de Surire

Juan Fernandez V de Valparaíso Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández.

La Campana V de Valparaíso Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Araucarias IX de la Araucanía Parque Nacional Conguillio y la Reserva Nacional Alto Bío Bío.

Laguna San Rafael XI de Aysén Parque Nacional laguna San Rafael. Torres del Paine XII de Magallanes Parque Nacional Torres del Paine. IV.2.4 Bosques naturales Con la incorporación definitiva de la zona centro sur (sur del río Bío-Bío) al territorio nacional, tras el proceso conocido como de Pacificación de la Araucanía que termina a comienzos de la década de 1880, la frontera agrícola y el proceso de colonización se expanden rápidamente eliminando el bosque natural de todo el valle central, y quedando este relegado a sectores de la cordillera de la costa y de la precordillera de los Andes. Desde esa década y la primera mitad del siglo XX este recurso fue explotado como un complemento de la agricultura y destinado a suplir las necesidades de infraestructura rurales y de material de construcción en las ciudades. Sin embargo desde mediados de la década de los años sesenta la expansión de las plantaciones de pino insigne va disminuyendo su importancia como fuente de materia prima para la industria. En 1980, después de un período en que primó la explotación del recurso sin mayores consideraciones técnicas, se busca normar su explotación y corta estableciendo para ello 12 tipos forestales (Decreto Nº 259 de 1980). Cuatro de ellos se caracterizan por la presencia de especies coníferas longevas colonizadoras de suelos pobres. En el caso de los dos primeros, el Tipo Forestal Alerce, caracterizado por la presencia de la especie alerce Fitzroya cupressoides, y el Tipo Forestal Araucaria, caracterizado por la presencia de la especie araucaria, Araucaria araucana, basta la presencia de un ejemplar por hectárea de cualquiera de estas especies para clasificar un bosque en sus respectivos tipos. Otras dos coniferas cupresáceas, el ciprés de Cordillera Austrocedrus chilensis y el Ciprés de las Guaitecas Pilgerodendrum uvifera, en forma pura o asociada a otras especies, pero contando con al menos 40 y 10 ejemplares por hectárea respectivamente, caracterizan esos bosques con sus tipos homónimos. Otros cinco tipos se caracterizan por la dominancia, en la medida que constituyen mas del 50% de los arboles por hectárea, de individuos de diferentes especies fagáceas del género Nothofagus. Son los Tipos Forestales Lenga (Nothofagus pumilio), Coigue de Magallanes (Nothofagus betuloides), Roble-Hualo (Nothofagus obliqua y glauca), Roble-Rauli-Coihue (Nothofagus obliqua, N. alpina y N. dombeyi), Coihue-Rauli-Tepa (Nothofagus dombeyi, N. alpina y la especie tolerante Laurelia philipiana).

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Otros dos tipos agrupan las formaciones diversas no dominadas por el genero Nothofagus. Es el caso del tipo siempreverde que agrupa bosques templado lluviosos de la zona sur cuyo estrato superior e intermedio es diverso, y cuenta con especies de los géneros Nothofagus, Eucryphia, Weimania, Laurelia, Aextoxicon, Drymis, Podocarpus, Saxegothaea, Amomyrtus y Mirceugenia y que, con más de 4,1 millones de hectáreas, representa el tipo forestal mas extendido (ver Cuadro IV.5). Por su parte, el Tipo Forestal Esclerófilo, que representa bosques mediterráneos de la zona central esta conformado por especies de los géneros Quillaja, Lithraea, Cryptocaria, Acacia, Maytenus, Prosopis, Beilshmiedia, Peumus, Kageneckia, y Schinus. Finalmente el Tipo Palma Chilena se caracteriza por la presencia de al menos un individuo por hectárea de la especie Jubaea australis, la palma mas austral del mundo. Para dimensionar el estado y la extensión del bosque nativo, y poner fin a las numerosas controversias que respecto al tema se daban hasta mediados de la década de los años noventa, el Estado, con el apoyo financiero del Banco Mundial, realiza un Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Este permitió conocer la extensión y el estado de los diferentes tipos forestales que en su conjunto ocupan mas de 13, 4 millones de hectáreas, así como la superficies incluida en el SNASPE e incluso los volúmenes asociados obtenidos en base a un inventario extensivo23. El proyecto ejecutado por un consorcio formado por CONAMA-CONAF-y la Universidad Austral y estableció una línea base con base en un sistema de información geográfica, el que se monitorea a razón del 20% de la superficie cada año, y que permite establecer con precisión los cambios en el uso del suelo.

Cuadro IV.5. Catastro Forestal; Superficie total y en SNASPE según tipo forestal

TIPO FORESTAL Sup. en SNASPE (has)

Sup total (has) % SNASPE

Alerce 46.238 263.191 17,6 Ciprés de las Guaitecas 678.379 970.326 69,9 Araucaria 122.708 261.073 47,0 Ciprés de Cordillera 2.866 44.996 6,4 Lenga 561.091 3.391.551 16,5 Coihue de Magallanes 906.051 1.793.097 50,5 Roble-Hualo 886 188.322 0,5 Roble-Rauli-Coihue 40.796 1.460.531 2,8 Coihue-Rauli-Tepa 95.052 563.519 16,9 Esclerófilo 6.835 345.324 2,0 Siempreverde 1.424.975 4.148.669 34,3 Total 3.885.881 13.430.602 100,0 Se han registrado también durante esta década avances en la generación de instrumentos para el manejo sustentable de los bosques naturales. Chile participa junto a 12 países no europeos en el grupo de trabajo que impulsa el Proceso de Montreal, trabajando en criterios e indicadores para la Conservación y el Manejo Sustentable de Bosques Templados y Boreales. Durante 1995, se acordaron, a través de la Declaración de Santiago, un conjunto de 7 criterios y 67 indicadores diseñados para describir, estimar y evaluar el progreso en el manejo sustentable del bosque a nivel nacional. CONAF ha 23 Para una visión general de los resultados ver CONAMA-CONAF (1999) Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, Informes Nacionales y Regionales con Variable Ambiental.

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desarrollado una metodología para adaptar estos criterios e indicadores a la realidad local, y esta se esta aplicando actualmente en el diseño de los programas de seguimiento y monitoreo de proyectos forestales piloto en el manejo del bosque natural24. Entre estos proyectos cabe citar el de Conservación del Bosque Nativo en la Reserva Forestal Malleco, resultado del convenio entre CONAF y la Oficina Nacional de Bosques de Francia, el Plan de Ordenación de la Reserva Nacional de Valdivia que depende del proyecto Manejo Sustentable de Bosque Nativo establecido por convenio entre la CONAF y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), el proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (convenio CONAF / DED-GTZ-KfW) y el Proyecto Bosque Modelo de Chiloé que cuenta con Cooperación Canadiense. Se ha avanzado también en proveer bases científico-técnicas que permitan una valoración de los servicios ambientales de los bosques, siendo relevante a ese respecto la formación del núcleo científico FORECOS de la Universidad Austral de Chile con financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio de MIDEPLAN25. Estos avances han dado bases para consensuar los contenidos de una ley para la conservación y manejo del bosque nativo entre los diferentes sectores involucrados, consenso que se reflejó en un protocolo de acuerdo durante el año 2002, en el que el conjunto de actores involucrados en el sector se pronunció por la creación de incentivos estatales para el manejo y la recuperación de bosques naturales.

IV.3 Presiones en especies y ecosistemas y sus tendencias (actividad agrícola y forestal) IV.3.1 Actividad agrícola Hacia fines de la década de los años setenta, los cultivos agrícolas se habían extendido hacia suelos frágiles para el cultivo de cereales y leguminosas, motivado en las políticas de autoabastecimiento alimentario que forzaron el uso agrícola de zonas frágiles y provocaron un importante pasivo ambiental de suelos erosionados. Un estudio, realizado en la década de los años setenta, por el Centro de Información de Recursos Naturales, dependiente de la Corporación de Fomento IREN-CORFO estableció que para un universo de 35,5 millones de hectáreas, un 33,5 % presentaba niveles de erosión grave o muy grave, cifra que incluye no sólo los suelos afectados por la agricultura, sino praderas degradadas, y zonas afectadas por incendios y vientos excesivos sobre una cubierta vegetal pobre. La política de apertura económica seguida por el país cambió el eje de la agricultura como productor de alimentos para el mercado interno. La baja unilateral de aranceles, y los acuerdos de comercio suscritos, derivaron en un aumento de la importación de alimentos y en la reconversión de suelos hacia la ganadería. Esta política, en conjunto con el incentivo establecido para esos efectos en las zonas más erosionadas, también permitió la reconversión hacia plantaciones forestales, lo que ha llevado a la salida de la

24 Para una visión general de ese proceso ver MEZA A. Y NAVARRO R. (1999) El Proceso de Montreal en Chile, Docto Técnico, Chile Forestal (agosto). 25 Ver por ejemplo FORECOS (2003) Componentes Científicos Clave para una Política nacional sobre Usos, Servicios y Conservación de los Bosques Nativos Chilenos, Valdivia.

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agricultura de los suelos más frágiles. Esto se evidencia en la baja de superficie de cultivos como las leguminosas de secano (la superficie cultivada de lenteja, garbanzo y arvejas pasa de 29 mil hectáreas en la temporada 1989-1990 a 6 mil en la temporada 2002-2003) y, fundamentalmente, en la focalización del cultivo de trigo en las zonas en que resulta ser más competitivo: suelos fértiles, planos o de lomajes suaves del valle central y precordillera, bajando la superficie cultivada de 583 mil hectáreas en la temporada 1989-1990, a 415 mil hectáreas en la temporada 2002-2003. A su vez, en los suelos irrigados de la zona central se produjo un importante avance de los rubros más dinámicos de exportación: frutales y viñas, cuyas superficies totales, en conjunto ascendieron de 171 mil hectáreas en 1990 a 214 mil hectáreas en el año 2002. Estos cambios en la estructura productiva han respondido, como se mencionó, fundamentalmente a una focalización del capital sobre rubros de mayor rentabilidad, y a un abandono del cultivo en suelos frágiles que no constituyen recursos que permitan competir en buena forma con la importación de commodities agrícolas desde el exterior26. La excepción en cuanto a avance de la agricultura sobre zonas que no eran cultivables durante los últimos años se ha presentado en la zona norte y centro del país. En las Regiones III y IV, desde la década de los ochenta, y gracias al desarrollo de sistemas de riego de alta tecnología, el cultivo de parronales productores de uva de mesa se incrementó en forma importante en laderas del norte del país, que por ser zonas de muy baja pluviometría y que en su estado natural actual poseen vegetación de baja cobertura, no representan en la práctica un aumento en su vulnerabilidad. En la V Región, zona central del país, durante la última década se ha desarrollado una importante superficie de huertos productores de paltas (aguacates) que pasan de 8 mil hectáreas plantadas en 1990, a 23 mil hectáreas en la actualidad. Estas plantaciones cuentan con riego tecnificado, y se desarrollan sustituyendo matorrales de ladera presentes en el área de baja pluviometría de la V Región. Los rubros agrícolas más competitivos en el marco de apertura han desarrollado un proceso de intensificación que ha implicado un aumento en el uso de plaguicidas, cuya importación al país aumentó desde 7.805,3 toneladas en 1990 a 21.195,5 toneladas en 200327. Para mitigar su impacto se ha avanzando en el desarrollo de normas, regulaciones y programas para un uso y manejo racional. Desde 1990, se ha prohibido o restringido, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 9 sustancias que resultan nocivas para la salud de las personas y el medio ambiente. Se ha prohibido la importación, fabricación, venta, distribución y uso de los siguientes plaguicidas agrícolas: Sales orgánicas o inorgánicas de mercurio (1993); Mevinfos (1994); 2,4,5 -T, Clodimeform, Toxafeno o Canfeclor (1998); Lindano (1998); Paratión Etilo y Metilo (1999); Hexaclorobenceno (2002); Mirex (2002); Pentaclorofenol y sus sales (2004). En el año 2001, se restringe el uso y manejo de todas las formulaciones de plaguicidas agrícolas que contengan Paraquat como ingrediente activo. En el año 2002, el SAG 26 En materia de uso sustentable de suelos para la agricultura, aún cuando no guarda relación directa con efectos sobre la biodiversidad, es importante mencionar la creación del Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, que tiene el objetivo de incentivar el uso conservacionista del recurso en las explotaciones agrícolas (Ley N°19.064 y DFL N°235 del año 1999). Este instrumento es de aplicación nacional y tiene como objetivo detener o revertir los procesos de degradación de los suelos como la sostenida pérdida de fósforo disponible, la acidificación progresiva y la erosión. Opera con distintos subprogramas que se hacen cargo de los temas prioritarios en las distintas regiones del país: fertilización fosfatada, enmiendas calcáreas, praderas (como cobertura contra la erosión), prácticas de conservación de suelos y rehabilitación de suelos. 27 Si bien incluye los plaguicidas de uso domiciliario e industria, en gran medida se vincula directamente al sector de producción agrícola primaria.

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ejecutó un inventario nacional de existencias para identificar la localización y las condiciones de almacenamiento de las existencias de plaguicidas basados en compuestos orgánicos persistentes (COPs) a nivel nacional. Además el SAG, ha dictado diversas resoluciones sobre plaguicidas de uso agrícola (ver Cuadro IV.6).

Cuadro IV.6. Resoluciones del SAG sobre plaguicidas

Nº norma Año Contenido 2.419 1997 Obliga a declarar ventas de plaguicidas de uso agrícola 1.899 1999 Obliga a declarar la existencia de plaguicidas caducados 3.670 1999 Normas para evaluación y autorización de plaguicidas 2.195 2000 Requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de

plaguicidas de uso agrícola 2.198 2000 Protocolos para ensayos con plaguicidas 2.196 2000 Clasificación toxicológica de los plaguicidas agrícolas 2.197 2000 Denominación y códigos de formulaciones de plaguicidas de uso

agrícola 92 2002 Normas para el ingreso de muestras de plaguicidas para

experimentación 1.038 2003 Autorización de internación de plaguicidas de uso agrícola y de

distribución y comercialización de las formulaciones nacionales 1.404 2003 Normas para el ingreso de patrones analíticos de plaguicidas cuya

regulación competa al SAG En cuanto a la aplicación de plaguicidas, mediante la Resolución N°2147 de julio de 2002, el SAG establece el Reconocimiento de Aplicadores de Plaguicidas para las personas que aprueben cursos de capacitación en el buen uso y aplicación de plaguicidas, tema para el que se contó con la asesoría del gobierno canadiense. En materia de posible erosión genética, de las especies cultivadas en Chile, y por tanto de las que se ha liberado material genético al medio ambiente, ya sea por desarrollo en el país o importación, diez están presentes naturalmente en Chile. De esas, sólo la papa presenta superficies importantes de cultivo, y por ser su reproducción de tipo vegetativa, es bajo el efecto de erosión que técnicamente podría presentarse en los cultivares nativos. Para atenuar lo anterior, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) dependiente del Ministerio de Agricultura mantiene un banco fitogenético y actúa como curador de esos recursos. En cuanto a liberación de organismos transgénicos, se cuenta con la Resolución SAG N°1523 del 2001, que establece normas para la internación e introducción al medio ambiente de Organismos Vivos Modificados (OVM). Es así como en Chile, sólo se permite el cultivo de semillas transgénicas para la exportación, previo análisis de riesgo y exigencia de medidas de bioseguridad. En la actualidad se trabaja bajo la conducción de la Subsecretaría de Economía en la formulación de un proyecto de Ley Marco sobre Seguridad en la Biotecnología que aborde el tema en toda su dimensión, e integre los temas de salud, liberación para el sector industrial y acuícola.

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IV.3.2 Actividad forestal En cuanto al bosque natural este ha registrado históricamente importantes presiones. Tradicionalmente desplazado por la expansión de la frontera agrícola, explotado para la producción de leña, desde la segunda mitad de la década de los años setenta y hasta mediados de los noventa enfrenta una fuerte presión por sustitución ante la rápida expansión de las plantaciones forestales. Durante la década de los años ochenta, se reactivo su explotación para la producción de materia prima pulpable, que bajo la forma de astillas se exportaba para abastecer la industria papelera japonesa. Desde entonces cambios de precios en los mercados mundiales de material pulpable de fibra corta, ante la rápida expansión del cultivo de eucalipto, y cambios en los mercados internos de tierras, han disminuido la importancia de los procesos de explotación y sustitución de bosque nativo, que estuvo fuertemente presente en el debate nacional durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Esta tendencia a disminuir la presión sobre el bosque nativo se ha visto reforzada también por fenómenos nuevos como el cambio del patrón energético nacional, que desvió el consumo industrial de leña hacia otros combustibles como el gas natural. Por otra parte, a nivel del consumo de los hogares del sur de Chile, además del gas ha incrementado su participación la leña proveniente de plantaciones de eucalipto. Finalmente, otro elemento preponderante ha sido la exigencia de certificación que enfrenta en los mercados externos la producción de la industria forestal local, dado que los programas de certificación privada impiden la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales.

IV.4 Legislación para la conservación de la naturaleza Podríamos distinguir cuatro tipos de cuerpos legales cuyo contenido favorece directamente la conservación de la naturaleza, no existiendo ninguno que, orientado a ese fin, aborde el tema en forma relativamente comprehensiva y amplia. En primer lugar están los cuerpos legales sectoriales, es decir que emanan de las regulaciones que afectan actividades sectoriales y que en ese marco contemplan aspectos para la conservación de la naturaleza. El modelo más representativo de este grupo es la Ley de Pesca, pero también es el caso de los cuerpos legales que regulan la actividad forestal, incluyendo el Proyecto de Ley para la Conservación del Bosque Nativo. En el caso del sector agrícola se cuenta más bien con una serie de decretos y normativa para abordar cuestiones específicas y que se fiscalizan en el marco de la actividad reguladora. Un segundo tipo estaría dado por leyes orientadas específicamente a algún aspecto más amplio relacionado con la conservación de la naturaleza, y que aunque administradas por organismos sectoriales, lo abordan en forma relativamente comprehensiva, se incluye aquí la Ley de Caza. Un tercer tipo está representado por la Ley de Bases del Medio Ambiente que incorpora un enfoque transectorial en la gestión ambiental y que para el ámbito especifico de la

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conservación de la naturaleza establece importantes instrumentos. Finalmente un cuarto grupo estaría conformado por los convenios internacionales suscritos en la materia. IV.4.1 Recursos hidrobiológicos La Ley General de Pesca y Acuicultura establece en su artículo primero que la preservación de los recursos hidrobiológicos se encuentra sometida a sus disposiciones, al igual que toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y deportiva. Esta ley otorga una serie de atribuciones e instrumentos a la Autoridad Pesquera para asegurar dicha conservación, entendiendo por Autoridad Pesquera al Ministerio de Economía incluyendo a la autoridad normativa, representada por la Subsecretaría de Pesca y la autoridad fiscalizadora, representada por el Servicio Nacional de Pesca. Por último, y en ejercicio de las atribuciones que la Ley General de Pesca y Acuicultura otorga a la Autoridad Pesquera, se dictan permanentemente normativas específicas referidas a determinados recursos hidrobiológicos: vedas, cuotas de captura, regulación de artes y aparejos de pesca, talla mínima, etc. Además, existen facultades referidas a la protección de determinados espacios como los parques y reservas marinas siempre fundados en la protección de ciertas especies. IV.4.2 Recurso forestal Contrariamente al sector pesca, el sector forestal es un sector en el que la actividad productiva se basa mayoritariamente en cultivos. La antigua Ley de Bosques de la década de los años 30 se orientaba básicamente a proteger la vegetación natural en torno a los cursos de agua, en los espacios que se despejaban con el avance de la frontera agrícola. Esta Ley fue perdiendo vigencia hasta la dictación del DL 701 de 1974, cuerpo legal orientado al incentivo de plantaciones y a la recuperación de suelos, cuyo reglamento, establecido a través del DL Nº 259 de 1989, establece una tipología del bosque nativo para efectos de determinar el método de corta o explotación aplicable. Asimismo diversos decretos han establecido medidas de protección para especies arbóreas. El Ministerio de Agricultura invocando la definición de la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, o Convención de Washington, ha declarado Monumentos Naturales las especies alerce Fitzroya cupressoides (D.S. Nº 490 de 1976), la araucaria Araucaria araucana (D.S. Nº 43 de 1990) y y cinco especies arbóreas con problemas de conservación de las zonas centro y centrosur: elelloto del norte Beilschmiedia miersii, el belloto del sur Beilschmiedia berteroana, el pitao Pitavia punctata, el queule Gomortega keule y el ruil Nothofagus alessandri(D.S. Nº 13 de 1995). Estas especies se suman a la condición de protección que contaban, desde la década de los años cuarenta, cinco especies amenazadas del norte del país, protegidas por el antiguo Ministerio de Tierras y Colonización, a saber la yareta Azorella compacta (D.S. Nº1.528 de 1940), el tamarugo Prosopis chilensis (D.S. Nº 366 de 1944), la palma chilena Jubaea australis (D.S. Nº 908 de 1941), el Guayacan Porlieria chilensis y el carbonillo Cordia decandra (ambas protegidas por el D.S. Nº 366 de 1944 modificado por el D.S Nº 251 de 1955 y el D.S. 2.250 de 1955). Un análisis especial requieren dos situaciones relativas a las especies arriba mencionadas. La primera es el caso del alerce, por cuanto el DS Nº 490 que prohibe la

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corta o destrucción de ejemplares vivos, permite la utilización de maderas muertas como resultado de grandes incendios producidos con anterioridad al decreto. Se estima en alrededor de 30 mil hectáreas la superficie de alerces quemadas por grandes incendios entre las décadas de los años 30 y 50, las que, por las particulares características y condición de durabilidad de la madera de esta especie, representan volúmenes de alto valor comercial. Para proceder a su aprovechamiento, se debe estar amparado en el Plan de Trabajo Especial para la Extracción de Maderas Muertas de Alerce establecido por ese decreto, y su comercialización debe estar amparada por guías de libre tránsito otorgados por la Corporación Nacional Forestal a solicitud de los propietarios con planes de extracción autorizados y vigentes. La aplicación y fiscalización de estas medidas en algunas zonas, como la provincia de Llanquihue en la Décima Región, se dificulta por diversos factores, entre los que figura la situación irregular de tenencia de la tierra, y la corta y robo furtivo de madera desde grandes predios de difícil acceso. Una segunda situación está dada por la readecuación que hiciera el Ministerio de Agricultura a los decretos referidos, a través del D.S. Nº 525 del 2003. Éste incorpora las posibilidades que otorgan, tanto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como el avance en técnicas de reproducción y manejo de especies forestales nativas, y permite que, cuando no se trate de especies clasificadas como en peligro de extinción, raras o insuficiente conocidas, y tratandose de proyectos de interés nacional o regional , se pueda autorizar la corta o eliminación de las especies declaradas monumento natural si esta actividad se da en el contexto de un proyecto sometido al SEIA. Desde comienzos de los años 90, se viene tramitando una ley orientada específicamente a la conservación y al manejo del bosque nativo. Esta ley incorpora tanto conceptos e instrumentos de la Ley de Bases del Medio Ambiente, como un subsidio al manejo y conservación del bosque. Esta Ley ha buscado generar un marco coherente para la conservación del bosque nativo. Sin embargo, la complejidad del tema y la diversidad de actores involucrados ha retrasado su aprobación en el Parlamento. La disminución objetiva de la sustitución del bosque nativo por plantaciones, fenómeno que incluso antecede el establecimiento de los procesos de certificación a gran escala, son el reflejo de un ambiente que facilita la instalación en el año 2001, de la Mesa Forestal, instancia en la que participan el Ministerio de Agricultura, organizaciones no gubernamentales y representantes de la industria, y donde se afina una última versión del proyecto de ley. Esta versión fue aprobada en términos generales por el Senado, y desde mayo se discuten las últimas indicaciones, por lo que se espera obtener este año su promulgación. Se contaría así con un instrumento que incentiva la conservación y manejo sustentable de los bosques nativos, sea en el contexto de Planes de Manejo Forestal o Planes de Conservación establecidos en el marco del Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Ley de bases, bajo la supervisión y fiscalización de la Corporación Nacional Forestal. IV.4.3 Ley de caza En Marzo de 1993, se promulgó un nuevo Reglamento de la Ley de Caza N° 4.601, el cual moderniza toda la legislación vigente en la materia. Podemos mencionar que de 52 especies de aves con veda indefinida se aumenta la protección a 317 especies, se norma la captura y caza de reptiles y anfibios, decretandose la prohibición de captura, comercialización y exportación de todas las especies chilenas. Se restringe la autorización de caza a 19 especies de aves, 2 especies de ciervos introducidos y paralelamente 17 otras especies introducidas, declaradas como especies dañinas se

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pueden cazar o capturar en cualquier época del año, sin limitación de número de piezas ni de método. En Septiembre de 1996, fue publicado en el Diario Oficial un nuevo texto de la Ley de Caza N° 4.601 (ley N° 19.473), dictada en el contexto de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Este nuevo texto de la Ley de Caza aumenta, de modo sustancial, las multas a las infracciones de caza, incluyendo penas de carácter delictivo para infractores reincidentes o personas que comercien con especies amenazadas. Se incorporan todas las especies incluidas en los convenios CITES y de Especies Migratorias. Se aborda el desarrollo, por parte de particulares, de Centros de Reproducción de especies nativas amenazadas y la utilización sustentable de especies nativas. Finalmente, en 1998, se oficializa un nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.473 (D.S: Nº 5 de Agricultura), en donde se establecen una serie de regulaciones explícitas a la normativa vigente. Se define el estado de conservación de las especies de vida silvestre de Chile y se establecen los requisitos técnicos necesarios para solicitar la captura o caza de especies de fauna silvestre, o para la instalación de criaderos, centros de reproducción, exhibición y rehabilitación. Asimismo, se detallan las especie con veda indefinida, con veda temporal y las que se consideran como perjudiciales o dañinas, y pueden ser cazadas o capturadas en cualquier época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación de número de piezas. IV.4.4 Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente La Ley de Bases del Medio Ambiente definió en su artículo 2 conceptos relacionados con el Medio Ambiente, muchos de los cuales se empleaban en forma diferente en diversos cuerpos legales, lo que permitió introducir en el conjunto del ordenamiento legal una visión más sistémica e integrada para abordar conceptos tan amplios y complejos como Biodiversidad, conservación del patrimonio ambiental, daño ambiental, evaluación de impacto ambiental, desarrollo sustentable, línea de base, medio ambiente, norma secundaria de calidad ambiental, preservación de la naturaleza, entre otros. El establecer lo que se entenderá por estos conceptos “Para todos los efectos legales”, como reza el encabezado de artículo, tiene un claro efecto ordenador para el conjunto de la normativa ambiental. Esta ley cuenta también con instrumentos como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que permiten abordar la gestión en conservación de la naturaleza desde una perspectiva transversal e integrada. Aunque no se ha evaluado de manera detallada, el efecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre el conocimiento y la conservación de la biodiversidad de Chile ha sido importante. Por una parte, las líneas de base obligatorias que se requieren para proyectos que deben realizar los Estudios de Impacto Ambiental en zonas remotas de Chile han permitido conocer hábitat alejados de los circuitos habituales de investigación de las universidades, por otra parte, la obligación que impone la ley de mitigar, compensar o restaurar los impactos ambientales ha permitido la conservación o recuperación de extensas áreas que son afectadas por los proyectos. Como ya se mencionó, la ley establece en su artículo 37 que un reglamento fijará el procedimiento para clasificar las especies de flora y fauna silvestres, sobre la base de antecedentes científicos, y según su estado de conservación, en las categorías de extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas y

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fuera de peligro.. (Artículo 38). El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental considera asimismo que la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en categorías de conservación como causal para la presentación de estudios de impacto ambiental (Artículo 11 y su reglamento). El artículo 41 establece que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y diversidad biológica asociada a ellos, en especial para aquellas especies en categorías de conservación. También señala que el organismo encargado por la ley de regular el aprovechamiento de los recursos naturales en un área, con el fin de asegurar su conservación, exigirá la presentación y cumplimiento de planes de manejo, y que estos incluirán entre otras consideraciones ambientales la protección de especies en categorías de conservación (Artículo 42). IV.4.5 Convenios internacionales Chile ha ratificado tempranamente los principales instrumentos legales internacionales para la conservación y uso sustentable de la vida silvestre, como la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, suscrita en Washington en 1940, ratificada por el Senado y ordenada cumplir como Ley de la República por Decreto Supremo Nº 531, de 1967, del ministerio de Relaciones exteriores, y en base a la cual se definen las categorías de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Asimismo el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue suscrita por Chile en 1974, siendo el noveno país en hacerlo, y convertido en Ley de la República mediante el Decreto Ley Nº 873 (Diario Oficial del 28/01/75) y el Decreto Supremo Nº 141 del Ministerio de Relaciones Exteriores (Diario Oficial del 25/03/75). La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas fue ratificado a través del D.L. Nº 489, del 21 de setiembre de 1979. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue ratificado a través del D.L. Nº 259 del 27 de Marzo de 1980. La Convención para la Conservación de Focas Antárticas fue ratificado por el D.S. Nº 191 de 1980. La Convención de Ramsar relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves acuáticas fue ratificado por el D.L. Nº 3485 del 27 de septiembre de 1980. El Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña fue ratificado por el D.S. Nº 3530 del 16 de diciembre de 1981. Finalmente, el Convenio de Diversidad Biológica fue ratificado por el D.S. Nº 1.963 del 6 de Mayo de 1995. Su Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología firmado en el 2002, durante la Conferencia de las Partes de Nairobi, aún no ha sido ratificado.

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IV.5 Administración, gestión y gasto para la conservación de la naturaleza En el ámbito de la administración, la acción del Estado para la conservación de la naturaleza discurre por los mismos organismos que regulan las actividades económicas sectoriales en el ámbito de los recursos naturales renovables. Como lo muestra la figura, la estructura básica para establecer políticas y normativas y para administrarlas en el ámbito terrestre depende básicamente del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y en el ámbito de las especies hidrobiológicas depende del Ministerio de Economía (MINECON). El Servicio Agrícola y Ganadero es el encargado de velar por la fauna terrestre, lo que incluye a las aves (a excepción de los pingüinos) y la flora no forestal. La Corporación Nacional Forestal administra la flora forestal, ambos servicios dependientes del Ministerio de Agricultura. El Servicio Nacional de Pesca administra las especies hidrobiológicas, tanto continentales como marinas (incluyendo a los pingüinos) y es dependiente del Ministerio de Economía. Le corresponde al Ministerio Secretaría General de la Presidencia un rol coordinador a través de CONAMA.. En el ámbito de las áreas protegidas la única estructura administrativa que actualmente opera es la del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, administrada por la Corporación Nacional Forestal a través del programa de Patrimonio Silvestre que depende de la Gerencia de Operaciones. El programa emplea en total, tanto en las oficinas regionales como en las unidades, a 538 personas de las que un 11% corresponde a personal técnico, un 72% a guardaparques, 11 % a obreros y 6% a personal administrativo. El financiamiento del programa proviene principalmente de fondos fiscales, y asciende a un monto de 4,9 millones de dólares para el año 2000 –era de 2,5 millones de dólares para el año 199428 -, destinándose alrededor del 70 % a personal29. El otro programa orientado con cierta especificidad a la conservación de la naturaleza son las actividades realizadas por Subdepartamento de Vida Silvestre30 del Departamento de Protección de los Recursos Naturales (DEPROREN) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Con un presupuesto de 359 millones de pesos (aproximadamente 520 mil dólares) para el año 2003,31 este Subdepartamento administra la Ley de Caza, la aplicación del Convenio CITES en lo referente a fauna terrestre y flora no forestal y en términos mas generales fiscaliza el cumplimiento de las normas jurídicas y reglamentos relativos a la conservación y utilización sustentable de las especies de vida silvestre. Otras actividades de CONAF y SERNAPESCA se enmarcan en las funciones de regulación y fomento que derivan de la administración de las leyes y políticas sectoriales y desde esa perspectiva pueden considerarse más relacionadas con la regulación de las actividades económicas sectoriales en una lógica de manejo sustentable de los recursos naturales que específicamente orientados a la conservación de la naturaleza.

28 ARAYA P. (1994) Características esenciales del Sistema Nacional de Areas Silvestres protegidas del Estado y su rol en relación a la política ambiental nacional, en FAO/CEGADES Memorias del taller Modelos de Gestión Integral del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas de Chile. 29 CONAF (2001), Gerencia de Operaciones, Plan de Acción Programa Patrimonio Silvestre 2001-2005. 30 Creado por Resolución SAG Nº 97 del 13 de enero de 1997 y actualizada por Resolución SAG Nº 1949 del 9 de Julio del 2002. 31 FOCUS (2002) Presupuesto Nacional Ambiental 2002-2003, Consultoría para CONAMA.

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En el caso de la Corporación Nacional Forestal cabe mencionar las funciones que dependen de la Gerencia de Normativas y de Fiscalización, cuyo presupuesto anual fue de 3 millones dólares para el año 2003, y que inciden en la conservación, al incrementar los niveles de cumplimiento de la legislación forestal y ambiental por parte de los propietarios de bosques, especialmente en bosque nativo. También es el caso de algunas actividades que dependen de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, cuyo presupuesto anual para el 2003 fue de 6,4 millones de dólares. Entre estas actividades figura el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo establecido en 1997, con el apoyo de la Cooperación Alemana (KfW, GTZ y DED), orientado a apoyar a los pequeños propietarios forestales en el manejo de sus bosques nativos bajo el concepto de ordenación forestal.

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Cuadro IV.7. Competencia de los diferentes órganos del Estado en la administración para la conservación de la naturaleza.

AMBITO TERRESTRE AMBITO COSTERO MARINO

Ministerio EDUCACION AGRICULTURA SECRETARIA

GENERA L DE LA PRESIDENCIA

ECONOMÍA DEFENSA

Consejo de Monumentos Nacionales

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

Comisión Nacional del Medio Ambiente

Subsecretaría de Pesca

Oficina de Borde Costero Instancia de

Políticas y Normativas

Instancia de Administración

Servicio Agrícola y Ganadero

Corporación Nacional Forestal Servicio Nacional de

Pesca

Ámbito de Acción Santuarios de la naturaleza

Flora no forestal, Fauna

Forestal, SNASPE

Recursos hidrobiológicos, aguas

marinas protegidas (Ley de Pesca)

Áreas costeras marinas protegidas

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IV.6 Protección y gestión de la vida silvestre, hábitat y paisajes Un primer ámbito de gestión de vida silvestre se da en el marco de la administración del SNASPE. Un total de 51 unidades cuenta con un plan de manejo para orientar su gestión. Asimismo en el año 2002, en el marco de un lineamiento de la Agenda Estratégica Ministerial que señala que el “desarrollo de acciones de colaboración e impacto del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado con su entorno social y ambiental” 32, se aprobó un Marco de Acción para la Participación de la Comunidad en la Gestión del SNASPE y se constituyeron 21 Consejos Consultivos en los años 2002 y 2003, destinados a recabar opiniones para fortalecer la gestión del SNASPE, de los que 7 son de carácter regional y 14 de carácter local. Se desarrolla también una gestión relevante en educación ambiental orientada a los visitantes, que desde hace cuatro años superan el millón de visitantes anuales en 64 de las 94 unidades que conforman el SNASPE. Se ha establecido para ello una política institucional y se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, específicamente con los programas Educación al Aire Libre y de Certificación de Escuelas. Se cuenta con 30 centros de educación y en la mayoría de las áreas hay senderos de interpretación ambiental. Por otra parte, se han realizado entre 1990 a 1996, 201 trabajos de investigación científica en áreas del SNASPE. Durante la década de los noventa, se impulsó una política de incorporación de privados en la ejecución de actividades dentro de los parques, en el marco de la política “Parques Nacionales para el Ecoturismo” que buscaba entregar a privados, a través de licitaciones, los servicios recreativos y turísticos de parques nacionales para uso en ecoturismo. Actualmente, CONAF se relaciona con terceros a través de 62 convenios para el desarrollo de la recreación y turismo, incluidas concesiones por uso recreativo y alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Esta política sin embargo, ha ido cambiando de énfasis, privilegiando el fomento al desarrollo de una industria turística en las localidades adyacentes a las unidades con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo. Asimismo CONAF en el marco de la administración del SNASPE, obtuvo fondos nacionales e internacionales y realizó proyectos para la conservación de fauna amenazada, en particular para las especies huemul del sur, flamencos, cisne de cuello negro y lobo fino de Juan Fernández. También se realizan estudios en cactáceas columnares y catastro de flora medicinal herbácea/arbustiva. Destaca a este respecto el proyecto para la “Conservación, restauración y desarrollo del Archipiélago de Juan Fernández”, con un aporte del gobierno de los Países Bajos para un período de 6 años (1998-2003). Un segundo ámbito de gestión se relaciona a proyectos de manejo sustentable de especies nativas, como el proyecto de "Manejo Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades Indígenas Aymarás de la Región de Tarapacá" iniciado el año 1999 y finalizado el 2002, al que le siguió otro proyecto de "Producción y Comercialización de 32 CONAF (2001), Gerencia de Operaciones, Plan de Acción Programa Patrimonio Silvestre 2001-2005

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Fibra de Vicuña bajo Manejo Sustentable con Comunidades Aymarás del Altiplano de la Región de Tarapacá" hoy en ejecución y con fecha de término el año 2006. Ambos proyectos son financiados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y aportes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), CONAF, ODEPA, SAG, y el Servicio País. Existe además el proyecto “Aplicación manejo en cautiverio en la vicuña en la Provincia de Parinacota” que es financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y los Servicios dependientes del mismo ministerio. Un tercer ámbito importante se enmarca en la operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El 86% de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados, han considerado en sus planes de manejo medidas que tienen algún tipo de efecto sobre la fauna. Un 72% de estos estudios incorporan medidas de manejo de la vegetación. El tipo de medidas aplicadas son: Medidas de Manejo generales (60%), tales como limitar faenas, prohibir acceso, prohibir caza, etc.; Establecimiento de áreas de protección (31%), Monitoreo (55%) y Medidas de mitigación específicas (54,9%), como: planes de manejo para fauna con problemas de conservación, planes de contingencia para individuos accidentados, rescate de fauna, atraviesos carreteros, enriquecimiento de hábitat e implementación de centros de rescate y rehabilitación, entre otros33. Un cuarto ámbito se relaciona con la gestión de instrumentos relativos a la ley de caza. En el año 2001 se contaba con 13 Áreas Prohibidas de Caza cuya superficie total alcanzaba las 1.116.023 hectáreas, era de 31.610 hectáreas en el año 1992. En el año 2000 se habían entregado mas de 26 mil licencias de caza, las que son bianuales y existen unos 200 inspectores ad-honorem de fauna silvestre nombrados por el Servicio Agrícola y Ganadero. En conjunto con organismos no gubernamentales, universidades y privados se han creado 14 centros de rehabilitación para recibir especímenes decomisados. Finalmente, un quinto ámbito de gestión está constituído por el Sendero de Chile. Esta es una iniciativa presidencial bicentenario, coordinada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que busca contribuir a la protección de los recursos naturales, implementando una red conectada de senderos, que atraviese la diversidad de la naturaleza del país y que permita a la ciudadanía reconocerla e identificarse con ella. El Sendero de Chile se constituirá en una red nacional conectada de tramos y circuitos, que “vertebrará” una oferta de recreación, turismo sustentable y educación para el conocimiento, valoración y protección de la naturaleza. En sus diversos tramos y circuitos, tendrá el carácter público y considera la flexibilidad necesaria para sostener la inclusión de tramos en: terrenos fiscales, SNASPE, otras destinaciones de terrenos fiscales, bienes nacionales de uso público, predios particulares, patrimonio de empresas y terrenos comunitarios agrícolas e indígenas. Su particularidad será “su capacidad” de mostrar una interesante gradiente ecosistémica y cultural.

33 CEDREM (2003), Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales en fauna Silvestre, estudio encargado por el Servicio Agrícola y Ganadero

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IV.7 Planificación territorial, infraestructura y desarrollo rural El modelo territorial existente en la actualidad, es el resultado de la gestión de numerosos actores institucionales públicos y privados, que se encuentran operando bajo respaldo jurídico de muy distinta naturaleza. De este modo, se puede aseverar que la planificación territorial, desde la perspectiva del Estado, se encuentra regulada por una serie de cuerpos legales específicos y parciales, de distintas áreas del Estado como Transporte, Vivienda, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Publicas etc. Este carácter de la regulación por parte del Estado, así como el accionar del mercado como asignador de recursos territoriales, ha ocasionado que ciertos territorios del país enfrenten fuertes presiones ambientales por su ocupación. Situaciones como el cambio de uso del suelo, los predios rústicos, la ocupación no planificada de las periferias urbanas, la localización de macro infraestructura sanitaria tales como rellenos sanitarios, la ocupación de áreas de riesgo natural y antrópico, la localización de actividades productivas primarias en zonas de alta fragilidad ambiental, dan cuenta de esta situación. Al respecto, la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable34 plantea que es necesario ir más allá de la regulación del uso del territorio expresado en los planes reguladores e incentivos a la desconcentración territorial para fijar una política coordinada y eficaz de ordenamiento territorial (OT). Actualmente, el ordenamiento territorial y en particular la planificación territorial en el Estado se desarrolla a partir de lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En estas normas, el ordenamiento territorial se encuentra mas bien orientado a las áreas urbanas que al resto del territorio. Otra forma incipiente de planificación territorial lo constituye la Política Nacional de Uso del Borde Costero35. En este caso la regulación de este espacio comprende tanto a áreas urbanas como rurales y obviamente a zonas marinas como zonas terrestres, ya que es facultad privativa de la Subsecretaría de Marina conceder el uso particular en cualquier forma, sobre los territorios de playa y terrenos de playas fiscales, la concesión de rocas, fondo de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías, dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral, y también las concesiones en ríos o lagos navegables y no navegables, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensión en que estén afectados por las mareas, etc. (D.F.L 340 de 1960). En el proceso de planificación territorial del ámbito terrestre, ese rol central lo cumple el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) quién tiene responsabilidad central en dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos, construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificación urbana. Así también, debe supervigilar todo lo relacionado con la planificación urbana, planeamiento comunal e intercomunal y sus respectivos planes reguladores. Su División de Desarrollo Urbano debe cautelar entre otros aspectos la generación de nuevas áreas urbanas en sectores rurales, interviniendo en Subdivisiones rurales con

34 CONAMA: Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, 1999. 35 Decreto Supremo Nº 475, Ministerio de Defensa Nacional

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fines ajenos a la agricultura; Subdivisiones rurales de terrenos fiscales con fines ajenos a la agricultura; Construcción en áreas rurales de nuevas poblaciones, industrias, o equipamiento. Uno de los principales instrumentos de planificación territorial del MINVU son los Planes Regionales de Desarrollo Urbano, para lo que este ministerio esta desarrollando un programa de formulación y actualización de estudios conducentes a elaborar los 13 Planes Regionales de Desarrollo Urbano durante este año. El plan considera las áreas donde se debe restringir la urbanización y los asentamientos humanos porque son parques nacionales, reservas forestales, santuarios de la naturaleza, sitios priorizados para conservación en el marco de los procesos regionales de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y cualquier otra área de preservación ecológica y protección del medio ambiente que estén definidos por algún servicio competente. Cabe señalar a ese respecto que en marco de un trabajo CONAMA-MINVU se ha incorporado este concepto. Otro instrumento es el Plan Regulador Intercomunal que tiene por finalidad regular el desarrollo físico de los territorios de diversas comunas y acoge las medidas dispuestas por la planificación de nivel superior regional y nacional, y en concordancia con ellas desarrollar las materias propias. Entre las cuales se incorpora los terrenos que constituyen el patrimonio ecológico, de preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. En el mes de Mayo del 2002, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribieron un convenio de cooperación técnica tendiente a fortalecer la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación territorial en las diferentes etapas de su desarrollo, gestión e implementación. Esto, con la intención de desarrollar nuevas metodologías e indicadores de planificación territorial. De este modo, CONAMA, cuyo rol es coordinador para el sistema de evaluación ambiental orienta a los órganos competentes de la administración en el artículo N°3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300, relacionado con el paso de los Instrumentos de Planificación Territorial por dicho sistema, plantea que la incorporación de la variable ambiental en el diseño de políticas públicas, planes y programas, y en particular en los IPT, permitirá, entre otras, propiciar un uso sustentable del territorio. Esta nueva metodología, permite incorporar en forma temprana y en cada una de las etapas de los IPT, la dimensión ambiental, propiciando a su vez la participación de una cantidad importante de servicios públicos con atribuciones en el tema ambiental territorial, en cada una de las etapas de la elaboración de los estudios. Así mismo, se propiciará la planificación participativa, como insumo de la Evaluación Ambiental Estratégica. Esta experiencia tiene su antecedente en el proyecto “Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable para la Región Metropolitana” (Proyecto OTAS) el cual tuvo como objetivo dotar al Gobierno Regional de diversos indicadores y contó con el apoyo técnico de la cooperación alemana. El proyecto que se inicia con un estudio físico–ambiental de la Región Metropolitana, genera como principal instrumento de ordenamiento territorial el “Marco Orientador de Consenso para el Ordenamiento Territorial” el cual representa un sistema de información para la toma de decisiones sobre el sistema de asentamientos humanos, el sistema vial y de ejes de desarrollo, el sistema socio productivo y el sistema fisico-ambiental.

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Diversos servicios tienen además atribuciones específicas relacionadas con la planificación territorial, entre estos se encuentra el Servicio Nacional de Turismo, en su rol de mejorar y mantener las potencialidades de la actividad turística en el territorio nacional, posee una serie de atribuciones específicas sobre la regulación del uso turístico del territorio. Es por ejemplo atribución específica del Servicio el declarar zonas y centros de interés turístico nacional conforme al artículo 11 del D.L. 1224 de 1975, coordinando con los organismos y servicios públicos competentes, el plan de ordenamiento para dichas áreas. El Ministerio de Obras Públicas se relaciona directamente con el OT, al tener dentro de sus funciones el desarrollo y planificación de las principales obras de infraestructura del país, las que poseen evidentemente una influencia gravitante dentro del territorio. Una de sus divisiones, la Dirección General de Aguas se relaciona con el Ordenamiento Territorial a partir de la Política Nacional de Agua (1999), que plantea, entre otros aspectos, los Planes Directores para Cuencas Hidrográficas, instrumento de planificación indicativa que oriente las decisiones en el ámbito público y privado para maximizar la función social, ambiental y económica del recurso hídrico. Al Ministerio de Agricultura y sus organismos dependientes le corresponde el desarrollo de una parte importante del territorio del país “el espacio rural”. En este ámbito esta institución posee ciertas atribuciones de carácter territorial y ambiental, las que en la práctica no tienen el peso y el impacto necesario para convertir a este Ministerio en un promotor importante del OT. Entre algunas de las atribuciones, se pueden mencionar el crear en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión "distritos de conservación de suelos, bosques y agua", (Ley 18.378 de 1984) y aplicar el Decreto Ley 3516 de subdivisión de Predios Rústicos, que permite la subdivisión del espacio rural hasta media hectárea, permitiéndose la construcción de hasta dos viviendas por predio. Al Servicio Agrícola y Ganadero, le corresponderá informar (según la Ley 18.755) para autorizar un cambio de uso de suelos en el sector rural (D.S. 458, de 1976). Asimismo, para enfrentar la intersectorialidad del tema territorial, el Estado chileno ha creado diversas instancias de carácter interministerial, siendo la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, la Comisión Mixta de Agricultura y Urbanismo y la iniciativa Pro Rural, las mas relacionadas con la temática que nos ocupa. La Comisión nacional de Uso del Borde Costero encuentra sus principios rectores en la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, (Decreto Supremo N°475 del 14 de Diciembre de 1994) que da origen a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC). Entre los objetivos principales de esta comisión esta el proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República y formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades encargadas de estudiar y aprobar los diversos Planes Comunales e Intercomunales, a fin que exista coherencia en el uso del borde costero del litoral. La Comisión se encuentra integrada por: el Ministro de Defensa, quien la preside, un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, un representante de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, un representante del Ministerio de Planificación y Cooperación, un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un representante del Ministerio de Transportes y

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Telecomunicaciones, un representante del Ministerio de Bienes Nacionales, un representante de la Armada de Chile, un representante del Servicio Nacional de Turismo y, un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La Comisión Mixta de Agricultura, Urbanismo, Turismo, y Bienes Nacionales se creo mediante Decreto Supremo Nº 718 de 1977 y entre sus funciones figura conocer e informar técnicamente los asuntos relativos a modificaciones de límites urbanos y cambio de uso de suelo agrícola, conciliando los puntos de vista de los Ministerios de Agricultura y Vivienda y Urbanismo, del Servicio Nacional de Turismo y del Ministerio de Bienes Nacionales. Finalmente la Red Pro Rural es una red de Cooperación Institucional para Zonas de Pobreza Rural, con el propósito de impulsar programas de desarrollo, así como formular propuestas que permitan avanzar hacia una "política de desarrollo territorial que incorporare debidamente la problemática del espacio rural y de su población". A partir de dicho mandato, a fines de 1998, se inicia la puesta en marcha de la Red PRORURAL, orientada al establecimiento de Planes Zonales de Desarrollo en 5 zonas distribuidas entre las regiones VI y X, y a la generación participativa de propuestas de políticas e instrumentos de desarrollo rural. El objetivo de la iniciativa consiste en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales pobres, dinamizando las economías locales, con una visión territorial, multisectorial y participativa. Por lo tanto, considera el desarrollo económico local en el medio rural no sólo desde el punto de vista sectorial agropecuario, como ha sido tradicional, sino que incorpora todo el potencial de la actividad extra-agrícola aprovechando los diversos recursos y oportunidades existentes en los territorios. Su operación se lleva a cabo a través de dos grandes ámbitos de acción: El primero es una estrategia integrada de intervención territorial tendiente a contribuir de manera eficiente y eficaz al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural empobrecida, vinculada a la actividad y al mundo rural. Esta estrategia se operacionaliza en cada zona en que la Red PRORURAL interviene, a través de Planes de Desarrollo territorial, los que constituyen el conjunto integrado de acuerdos de mediano plazo asumidos por parte de la institucionalidad. El segundo es la elaboración participativa e implementación de propuestas e iniciativas tendientes a la adecuación de los instrumentos y políticas públicas relativas al medio rural.

IV.8 Conservación de la naturaleza fuera de las áreas protegidas (actividad agrícola y forestal) Recogiendo las recomendaciones de la Agenda 21, en 1997, el Gobierno decidió impulsar la Política de Fomento a la Producción Limpia, como componente básico de la política de desarrollo productivo siendo su objetivo general “generar y consolidar una masa crítica de actores públicos y privados que produzcan en forma limpia y promuevan el uso de esta estrategia, con el fin de minimizar la contaminación y aumentar la competitividad de las empresas". Uno de sus objetivos específicos es impulsar la Cooperación Público-Privada, para desarrollar y fortalecer las "iniciativas voluntarias" en producción limpia, como son los Acuerdos de Producción Limpia (APL), instrumento de gestión que permite mejorar las condiciones productivas, ambientales, de higiene y seguridad laboral, de un sector empresarial y de las empresas que lo suscriben, buscando generar sinergia y economías

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de escala en el logro de los objetivos acordados con la autoridad competente en las materias del convenio. A enero de 2003, han sido suscritos APL con la Industria Vitivinícola (2003) que agrupa un total de 518 empresas con 802 centros productivos distintos, correspondientes a 187 bodegas y 615 viñedos, con la industria de Productores de Cerdo (1999) que reúne a 38 empresas del rubro, con la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta); con la Asociación de Exportadores (ASOEX); y empresas del sector y con el Sector Celulosa (1999), que fue suscrito por la totalidad de las empresas. IV.8.1 Sector agrícola En el año 2001, se constituye la Comisión Nacional de Buenas Practicas Agrícolas (BPA), entidad público-privada que asesora al MINAGRI, formada por las representaciones gremiales del sector privado y por representantes del sector público del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud e instituciones de fomento, CORFO y ProChile. A través de esta Comisión se han desarrollado especificaciones técnicas de BPA. Por su parte, la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) y la Federación de Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA), en conjunto con las autoridades del MINAGRI, Ministerio de Economía, CORFO y Pro Chile iniciaron la puesta en marcha del Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, destinado a la industria hortofrutícola de exportación. El Ministerio de Agricultura de Chile, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), preparó el anteproyecto de “Ley para la Agricultura Orgánica”, que cuando se apruebe dará sustento legal a este tipo de producción. En este proyecto, junto con establecer una definición clara de los productos orgánicos, creará entre otras cosas, un sistema nacional de certificación de productos orgánicos agrícolas y un sistema de acreditación gubernamental de empresas certificadoras. Entre otras actividades realizadas por el MINAGRI, se incluyen el desarrollo y actualización de normas chilenas para la producción orgánica y la presentación de nuestro país a la lista de terceros países de la UE. En la actualidad existen en Chile un total de 687.144 ha certificadas como orgánicas, de las cuáles 661.798 ha corresponden a praderas naturales. La superficie destinada a la producción de cultivos, donde se incluyen los frutales y los cultivos anuales, alcanza las 5.806 ha. Cabe destacar que existe además una importante superficie certificada para la recolección silvestre que alcanza las 17.968 ha. y alrededor de 2.000 ha de praderas artificiales orgánicas. En lo referente a la producción apícola, existen 18.844 núcleos apícolas orgánicos certificados para exportación. Las exportaciones de los últimos años han alcanzando cifras del orden de las 2.000 toneladas, por un valor de US$ 5 millones, monto que se ha cuadruplicado en un período de 6 años.

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IV.8.2 Sector forestal Chile desarrolló un estándar de certificación nacional, CERTFOR-Chile, que permite certificar el origen de productos maderables extraídos de bosques manejados sustentablemente. Comenzó a operar a mediados del año 2003, involucrando a 4 empresas y totalizando 900 mil hectáreas certificadas. Considerando las iniciativas en curso, se estima que para fines del año 2004, habrá cerca de 1 millón de hectáreas certificadas con este estándar. A fines de 1998, se puso en marcha la iniciativa nacional del FSC (Forest Stewardship Council), cuyo objetivo principal era generar los estándares de certificación en el marco de sus principios y criterios. Actualmente, esta Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente (ICEFI) ha certificado alrededor de 376.364 ha. Esta agrupación está constituida por 72 organizaciones que incluyen, empresas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, consultores e investigadores. Para el caso de las empresas forestales que han adoptado los Sistemas de Gestión Ambiental, la superficie certificada con la norma ISO 14.001 a junio de 2003, es de aproximadamente 1.677.983 ha. Se han logrado asimismo importantes acuerdos, como el suscrito por Forestal Mininco y Forestal Arauco (que en conjunto suman mas de un millón de hectáreas de tierra y plantaciones forestales) con ONG chilenas y estadounidenses, en el cual las empresas forestales se comprometen a proteger una superficie de 350.000 hectáreas de Bosque Nativo de su propiedad y a no sustituir bosque nativo por especies exóticas. Este acuerdo, marca sin duda una nueva relación de las empresas frente a la conservación de la biodiversidad y constituye una importante señal de concertación de esfuerzos privados para la conservación sin la participación del Estado. Otro acuerdo importante es el Convenio para la Protección de la Biodiversidad en la Región del Bío-Bío, firmado entre CONAMA Región del Bío Bío y catorce empresas forestales asociadas a la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), el que compromete a las empresas forestales a asumir responsabilidades y obligaciones respecto de la preservación y conservación de la biodiversidad en los terrenos de su propiedad. Esto, a través de acciones como la implementación de corredores biológicos de protección, la protección del patrimonio genético, la investigación, educación ambiental y la colaboración con universidades. IV.8.3 Sector pesquero La Ley General de Pesca y Acuicultura permite establecer en la franja costera de 5 millas marinas reservadas a la pesca artesanal y en las aguas terrestres e interiores, un régimen de administración denominado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), al que podrán optar las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas. Las AMERB son zonas geográficas delimitadas, asignadas y entregadas a los pescadores artesanales, donde pueden ejecutarse acciones que favorezcan la recuperación y/o mantención de las poblaciones de recursos bentónicos, de manera programada en el tiempo y con criterios multiespecíficos en el marco del desarrollo de una actividad pesquera extractiva sustentable.

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Los objetivos generales de las AMERB son la conservación de los recursos bentónicos y, la regulación (ordenamiento) de las pesquerías artesanales basadas en estos recursos. En la práctica, las AMERB se traducen en unidades de manejo y explotación de los recursos bentónicos bajo una visión ecosistémica, esto es aprovechar la producción natural de las poblaciones (especies principales), considerando que estas especies mantienen relaciones de dependencia con el resto(especies secundarias). El tipo e intensidad de estas relaciones se fundamenta en la teoría ecológica de poblaciones. El concepto es que a través de la consideración y el conocimiento acabado de estas interdependencias se puede mejorar el uso racional y sustentable de los recursos, lo que en el mediano plazo tendría consecuencias positivas en la conservación de ellos. La explotación de los recursos a través del sistema de las AMERB se realiza mediante la presentación, de parte de las organizaciones de pescadores, de un Plan de Manejo que considera criterios de sustentabilidad y el respeto de las normas de conservación establecidas en los diferentes cuerpos legales que regulan la actividad pesquera artesanal nacional. Algunos resultados de la implementación de las áreas de manejo se indican en el Cuadro IV. 8.

Cuadro IV. 8. Número de áreas con proyectos de manejo por región (a marzo de 2004)

Región Areas de manejo Nº de socios Superficie (ha)

I 10 470 3.592 II 9 255 893 III 30 642 2.241 IV 59 3.789 13.660 V 31 1.600 3.594 VI 14 420 657 VII 9 299 1.166 VIII 61 2.592 22.779 X 96 3.200 11.613 XI 30 1.032 6.867 XII 4 100 736

Total 353 14.399 67.799 Asimismo para avanzar en materias de asignación de cuotas colectivas o individuales para el sector artesanal, la Ley Nº 19.849, implementó el denominado Régimen Artesanal de Extracción (RAE) para aquellas pesquerías que tengan el acceso suspendido, régimen que durante el primer semestre del año 2003, fue aplicado a la pesquería de la merluza común. Esta medida permite distribuir la cuota global de captura que le corresponde al sector artesanal en una determinada región, ya sea por áreas, tamaño de las embarcaciones, caletas pesqueras, organizaciones artesanales o individualmente.

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En el caso de la pesca industrial, esta se administra mediante cuotas globales anuales de captura, cuyo objetivo primordial es regular la mortalidad por pesca a que están sometidos los diferentes stocks.

IV.9 Convenciones internacionales. En el marco de los compromisos adquiridos por Chile al ratificar el Convenio para la Diversidad Biológica en 1994, respecto de la preservación, conservación, restauración y el desarrollo sustentable a partir de nuestra diversidad biológica, se elaboró la Estrategia Nacional de Biodiversidad la cual fue aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA. En dicho documento se establece un marco para la gestión y protección de ecosistemas, especies y recursos genéticos en nuestro país. De acuerdo a iniciativas de esta misma convención, durante el año 2002, se elaboraron las estrategias regionales que permitieron la identificación de sitios prioritarios para la conservación a lo largo del país. Asimismo, se elaboró el Primer Informe Nacional a la CBD cuyo objetivo fue mostrar una síntesis de las actuales actividades en marcha sobre la protección de la biodiversidad en el país, identificando a las instituciones y actores sociales que participan en los proyectos. Durante el pasado mes de febrero se llevó a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, la VII Conferencia de la Partes (COP-7) de la CBD, ocasión en la cual Chile presentó el avance respecto de la estrategia antes mencionada. Actualmente, está en formación un Comité Operativo que desarrollará el plan de acción de dicha estrategia, estimándose que a diciembre de 2004, se tendrá un borrador consensuado del plan de acción de conservación de la biodiversidad al año 2010. Como parte del tercer objetivo de la CBD, aunque más directamente relacionado con el Protocolo de Bioseguridad se está elaborando un proyecto de Ley Marco de la Biotecnología. Chile suscribió a CITES en 1974, siendo el noveno país en hacerlo, y se aprobó como ley de la República en 1975. Los organismos vinculados a su aplicación en Chile, en función de sus distintas atribuciones, son el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como autoridad administrativa en el ámbito de la flora no forestal y fauna terrestres, en el que son autoridades científicas el Museo Nacional de Historia Natural y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT). Para la flora forestal se ha designado como Autoridad Administrativa a la CONAF y al Instituto Forestal como Autoridad Científica. Para la fauna y flora hidrobiológica la Autoridad Administrativa y científica coinciden en el Servicio Nacional de Pesca SERNAPESCA. Siendo la Dirección de Medio Ambiente (DIMA) del Ministerio de Relaciones Exteriores la Autoridad Administrativa de tipo coordinadora para este convenio en Chile. Para el cumplimiento de las disposiciones de este convenio se cuenta en el país con el fuerte dispositivo de control fitosanitario y aduanero que se ejerce para el conjunto de la frontera. Todos los pasos fronterizos terrestres, aeropuertos y puertos, cuentan, además de personal de la fuerza policial, con profesionales de los órganos de la administración del Estado que, según la Ley de Destinación Aduanera, se requiere para la internación de las diferentes tipos de mercancía, que son los mismos que representan las autoridades administrativas del CITES. La importancia de Chile en la implementación internacional de

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este convenio, se ve refleja en el hecho de que, la ultima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 12), se realizó en Santiago en Noviembre del 2002, con delegaciones de 160 países. En el caso de la Convención sobre zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), este fue ratificado por Chile en noviembre de 1981, y a la fecha existen 8 humedales calificados dentro de la convención (ver Cuadro IV.9). Se espera validar una Estrategia Nacional para la conservación de humedales dentro del año en curso.

Cuadro IV. 9. Sitios RAMSAR en Chile NOMBRE REGION SUPERFICIE

(ha) Fecha

Salar de Surire I de Tarapacá 15.858 1996 Salar de Huasco II de Antofagasta 6.000 1996 Salar de Tara II de Antofagasta 5.443 1996 Sistema Hidrológico de Soncor II de Antofagasta 5.016 1996 Lagunas Negro Francisco y Santa Rosa

III de Atacama 62.460 1996

Humedal El Yali

V de Valparaíso, Santo Domingo

520 1996

Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter

X de los Lagos, Valdivia

4.877 1985

Laguna Conchalí IV de Coquimbo, los Vilos

85 2003

IV.10 Bibliografía ARAYA, P. 1994. Características esenciales del Sistema Nacional de Areas Silvestres protegidas del Estado y su rol en relación a la política ambiental nacional, en FAO/CEGADES Memorias del taller Modelos de Gestión Integral del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas de Chile. CEDREM. 2003. Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales en fauna Silvestre, estudio encargado por el Servicio Agrícola y Ganadero. CONAF. 2001. Gerencia de Operaciones, Plan de Acción Programa Patrimonio Silvestre 2001-2005. CONAF. 1999. Programa para la Conservación de la Flora y la fauna Silvestre Amenazada de Chile, Gerencia de Operaciones, Unidad de Gestión del Patrimonio Silvestre, Enero. CONAMA. 1998. Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. FOCUS. 2002. Presupuesto Nacional Ambiental 2002-2003, Consultoría para CONAMA.

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