HISTORIA INSTITUCIONAL ARGENTINA

Guía de lectura

cátedra de bolcatto

U nidad I

El periodo 1808 - 1810 se caracteriza por el deterioro y crisis del sistema institucional

colonial. Atendiendo a ello desarrolle:

Reformas borbónicas / impacto en las colonias.

Invasiones inglesas / militarización

Acontecimientos metropolitanos / crisis monárquica.

1) a. Las reformas borbónicas persiguieron el propósito de afirmar una única soberanía, la del

monarca apuntando a reestructurar los ámbitos militar (unificar el ejército dependiendo de España) y

administrativos de las posesiones ultramarinas y eliminando las prácticas soberanas de cada reino,

mejorando el control entre la metrópolis y las colonias. En las colonias estas reformas impactaron y se

reflejaron en la creación de la ordenanza de intendentes, la cual dividió al virreinato en diversas

unidades políticas sobre las que esperaba ejercer una mayor supervisión real gracias a funcionarios con

nuevos poderes definidos. Los intendentes se hicieron cargo de las 4 funciones (justicia,

administración general, hacienda y guerra) con subordinación del virrey y de la audiencia. Estas

reformas provocaron el descontento de los criollos que ejercían un poder en el virreinato.

1) b. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 constituyen un suceso que colaboro en el

desencadenamiento de la crisis política que desemboca en la revolución, ya que revelaron la fragilidad

del orden colonial debido a el comportamiento sumiso que tomó el cabildo y la audiencia, la

inexistencia de un ejército para la defensa, el retiro del virrey Sobremonte al interior conduciendo las

cajas reales, provocando la primera crisis de autoridad del virreinato. Ante esto los habitantes de la

ciudad de Buenos Aires y de otras regiones se organizaron por primera vez en cuerpos milicianos

voluntarios, ya que no estaban dispuestos a asumir una nueva dominación. Esto repercute en la

creación de un poder de fuego, con Saavedra a la cabeza, el cual lleva a la consecuencia de que es el,

el que preside la primera junta de 1810.

Como consecuencia de las invasiones inglesas la oficialidad criolla se convirtió en nuevo actor

político de cuyo apoyo ya no se pudo prescindir. De su apoyo depende la consolidación de un nuevo

poder revolucionario durante los sucesos de mayo de 1810.

1) c. Los sucesos políticos peninsulares ocurridos entre 1808 a 1810 son fundamentales ya que

muestran a la monarquía como lo que todavía era en esos años una unidad entre la península y los

territorios hispanoamericanos.

Las abdicaciones de bayona en finales de 1808; la corona de España paso de los borbones

españoles a José Bonaparte a partir de esta fecha partir que iban llegando las noticias al virreinato

comenzaron los levantamientos contra los franceses y la formación de juntar insurreccionales en

nombre de la fidelidad a Fernando VII.

Surgen 2 interrogantes: quien gobierna y en nombre de quien. Esto llevo al problema de la

legitimidad de los nuevos gobiernos provisionales y al de la representación política.

En España se forma la junta central para legitimar el poder en nombre del rey. La cual es

invadida por las tropas francesas y terminaron por transmitir sus prerrogativas a un consejo de

regencia en enero de 1810 que contaba con una débil legitimidad tanto en España como en américa.

En Buenos Aires en 1810 se creó una junta en nombre de Fernando VII, negó su

reconocimiento al consejo de regencia e inicio el gobierno propio.

En el marco de los debates planteados en la coyuntura revolucionaria de 1810, explique el

alcance de las siguientes doctrinas:

Pacto de sujeción

Soberanía popular

2) a. PACTO DE SUJECIÓN. Al disolverse la junta central el virrey en ejercicio, Cisneros, se

ve definitivamente privado de su fuente de legitimidad. De manera que el cabildo abierto del 22 de

mayo invoco el concepto de reasunción del poder por parte de los pueblos, concepto que remite a la

doctrina del pacto de sujeción de la tradición hispánica por el cual una vez caducada la autoridad del

monarca el poder retro vierte a sus depositarios originarios: los pueblos. Pero ¿Qué era el pueblo en

ese entonces? El pueblo lo constituye todas las personas que viven en la ciudad, los que podían entrar

al cabildo, los vecinos, ya que la zona rural no tenía una representación jurídica.

Las nuevas autoridades siguieron la doctrina del 22 de mayo, al invitar a los pueblos del interior

a participar de las primeras deliberaciones de Buenos Aires, en calidad de nuevos titulares legítimos

del poder.

2) b. parte de los líderes del nuevo gobierno, surgido el 25 de mayo prefiere, frente al pacto de

sujeción el concepto de soberanía popular difundido por las revoluciones norteamericanas y francesa y

por la versión rousseauniana del contrato, que concibe a este como un pacto de sociedad y rechaza al

de sujeción por considerar que el lazo colonial derivo de una conquista. Moreno esboza una teoría de

la soberanía para justificar el nuevo poder de los criollos: “un pueblo es un pueblo antes de darse a un

rey, aunque las relaciones sociales entre los pueblos y el rey quedasen disueltos, los vínculos que unen

a un hombre con otro en sociedad quedaron subsistentes, porque no dependen de los primeros y los

pueblos no debieron tratar de tomarse pueblos, pues ya lo eran, sino elegir una cabeza que los rigiese”.

El proceso revolucionario 1810 – 1820, constituye un bloque histórico, por lo que se solicita

que reconstruya este proceso a partir de los siguientes aspectos:

Problemas que enfrenta la revolución: guerra de independencia y construcción de las

bases sociales y políticas de la revolución.

Gobiernos provisorios.

La cuestión de la soberanía y las prácticas representativas.

3) El proceso revolucionario comprendió 2 periodos. El primero abarcó los años que van de

1810 a 1814 y está marcado por los intentos frustrados por parte de los morenistas de asociar la lucha

de la independencia con la construcción de un nuevo orden.

3) a. La Primera Junta buscó el acatamiento al nuevo régimen convocando para ello a los

cabildos de las ciudades interiores a enviar diputados a Buenos Aires. Esta iniciativa política se

acompañó de una militar, al anunciar que a la instalación de la junta le seguirían expedientes militares

al norte y al Paraguay.

La expedición al alto Perú se enfrentó en Córdoba con la primera resistencia al nuevo poder,

que termino con la ejecución de los jefes opositores en cabeza de tigre incluido Liniers.

La expedición al Paraguay de Manuel Belgrano tuvo menos éxito. La provincia proclamó su

autonomía de Buenos Aires

El litoral, ofreció un modelo rival al propuesto por Buenos Aires.

Más audaz fue la política seguida por Castelli al mando de la expedición libertadora en el

Alto Perú. Proclamó el fin de la servidumbre en Tiahuanaco. Los derechos recuperados por los indios

no solo eran sociales sino igualmente políticos, pues se le otorgaba el derecho de representación. Su

proclamación fue suficiente para alarmar a las clases altoperuanas que vivían del trabajo indígena.

3) b. Gobiernos provisorios: los gobiernos revolucionarios que se sucedieron en esos años

constituyen así en soluciones provisorias destinadas a durar hasta que se reuniera la asamblea

constituyente que definiría y organizaría el nuevo estado.

El segundo periodo de 1814 a 1820 se caracterizó por el conservadorismo político del gobierno

del directorio. Durante estas etapas se sucedieron seis gobiernos revolucionarios:

Primera Junta (mayo a diciembre de 1810): el coronel Cornelio Saavedra, jefe del primer

regimiento de Patricios y de gran ascendente sobre las milicias, se impuso como presidente de la Junta,

mientras que el doctor Mariano Moreno, se constituyó en su primer secretario. Las desavenencias

políticas y personales entre ellos no tardaron en aparecer para configurar 2 tendencias opuestas.

Junta provisional gubernativa o junta grande (enero a septiembre de 1811) integrada por los

diputados de cada provincia.

Ante la misteriosa muerte de moreno en alta mar, sus herederos crean el primer club político

“club morenista” luego fundaron la “sociedad patriótica” e integraron la “logia Lautaro”. El club hizo

una oposición sistemática a Saavedra, calificado de moderado, que terminó por desencadenar las

jornadas del 5 y 6 de abril, en la que son expulsados de la junta grande los morenistas que aún

permanecían en ella.

Junta conservadores (1811): integrada por los diputados de los pueblos que antes formaban

parte de la Junta Grande.

Primer triunvirato (1811/1812): la derrota sufrida por las tropas criollas en el Alto Perú

produjo un duro golpe al poder del gobierno: minado su prestigio, la partida de Saavedra, al norte para

auxiliar a las tropas constituyó la ocasión esperada por el cabildo para reemplazarlo por un

Triunvirato.

Segundo triunvirato (1812/1814): integrado por paso, Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez

peña, representaba los intereses de la logia Lautaro, organización secreta en la que militaban San

Martín y Alvear, que se proponía declarar formalmente la independencia.

Directorio (1814/1829):

La asamblea general constituyente de 1813 fue la iniciativa política más importante de este

periodo. La asamblea representa en parte el triunfo de la línea de Moreno, pues en la fórmula de su

juramento queda excluida la fidelidad a Fernando VII y declara la independencia de toda autoridad

eclesiástica existente fuera del territorio. Dispone también la libertad de vientre, la extinción del

tributo, la mita, el yanaconazgo, el servicio personal, la supresión de títulos y signos de nobleza y la

eliminación de los mayorazgos. Sin embargo no declara la independencia y ninguno de los proyectos

de constitución presentado por sus diputados fueron aproados.

En 1814 se produce la liberación de Fernando VII, y el temor del territorio que se produzca la

restauración de la monarquía y se vuelva a la dependencia de España, ya que España manda una

expedición para recuperar los territorios coloniales. Surgen aquí 2 personajes que van a proponer como

sostener el nuevo territorio: LA REVOLUCIÓN CONSERVADORA.

La expedición militar que se envió desde España consiguió derrotar todos los intentos

independentistas, salvo el del Rio de la Plata. Era imprescindible la formación de un ejército

profesional para responder a la nueva situación militar. José de San Martín comienza a desplegar en

Mendoza un proyecto militar muy ambicioso: sostenía que el mejor camino para llegar a lima (gran

foco realista) era cruzar la cordillera de los Andes hasta chile y subir hacia lima navegando por el

océano pacifico.

3) c. Las aspiraciones de los pueblos al ejercicio de su soberanía, se inició un proceso de

disgregación de las antiguas provincias del régimen de intendencias, basado en el principio de la

retroversión de la soberanía, que dará nacimiento a las nuevas provincias. Las prácticas representativas

inauguradas por el nuevo poder. De este modo por primera vez, los habitantes del rio de la plata

empiezan a ser periódicamente convocados para elegir juntas gubernativas, diputados constituyentes,

gobernadores y miembros del cabildo.

Durante la primera década revolucionaria todo el sistema de representación se encontraba así

regido por la ciudad y dentro de esta limitado a la porción de habitantes que eran considerados vecinos

según la tradición hispánica. La definición moderna de ciudadano como en cuestión central para la

decisión sobre la calidad de elector apareció recién en el estatuto de 1815 y se ajusta al principio de

soberanía popular y la igualdad ante la ley.

Analice el periodo 1820-1853 teniendo en cuenta los siguientes ítems.

a) Estados provinciales autónomos: en 1820 Buenos Aires intentó doblegar al litoral con

reiteradas invasiones a Santa Fe y la promoción de disidencias internas entre Corrientes y Entre Ríos,

que solo lograron consolidad a aquellos partidarios de Artigas, como Estanislao López en Santa Fe, y

francisco Ramírez en Entre Ríos. Con la caída del poder central como resultado de la Batalla en los

campos de Cepeda emergió una nueva realidad: el esfuerzo por afirmarse por parte de los Estados

autónomos provinciales. Los estados autónomos surgidos a partir de 1830 no fueron el producto de la

disgregación de una nación preexistente sino el punto de partida para una reorganización político-

estatal sobre la unidad socio-política existente en el periodo: la ciudad provincia. Por ejemplo la

provincia de Santa Fe se separó por voluntad propia de Buenos Aires en 1818.

b) Constituciones provinciales y pactos interprovinciales:

El pacto es una alianza que se concibe así misma como provisoria y que de manera imprecisa,

alude a la futura organización federal del país. En ella es expreso el reconocimiento de la libertad y de

la independencia de cada una de las provincias signatarias y en esta época de las historias los estados

autónomos se fueron relacionando a medida de este instrumento.

El tratado de pilar acuerdo de paz entre Buenos Aires y las provincias del litoral.

En 1819, 1824 Buenos Aires convocó a un congreso constituyente que no tuvo más éxito, por

su contenido unitario fue nuevamente rechazado por las provincias.

En 1831 se suscribió un acuerdo entre las provincias de Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos

y Santa Fe, al que posteriormente se incorporan las demás. En él se reservaban para sí prácticamente

todo el ejercicio de la soberanía con muy escasa delegación de funciones estatales, no se fijaba la

creación de un poder central por encima de los poderes de Estado.

Con el surgimiento de los estados autónomos aparecieron los textos constitucionales

provinciales (el primero el de Santa Fe en 1819). Estas constituciones y las leyes complementarias

rigieron el desenvolvimiento institucional provincial. Sus disposiciones habrían quedado en la mayoría

de las provincias regulando el sistema electoral, el régimen municipal y la organización judicial. En

general las constituciones rioplatenses siguieron los lineamientos del constitucionalismo republicano

al establecer un poder legislativo basado en la soberanía popular. Este nuevo poder fue con frecuencia

rudimentario, la organización judicial, por otra parte, no llegó a constituirse en un tercer poder.

c) Federación/Confederación.

Hasta el momento en que se proclamó la constitución de filadelfia de 1787, que funda el primer

estado federal en Norteamérica, los tratadistas políticos solo conocían una forma de federación: la

confederación como unión de estados independientes. Este nuevo estado federal norteamericano creó

una soberanía única, del conjunto de la nación, que se contrapuso con las soberanías de los estados

miembros. Parece más adecuado designar como tendencias federales a las que se manifestaron con

fuerza durante el proceso de creación del Estado Federal de 1853 y reservar la denominación de

tendencias confederales a las que predominaron durante la primera mitad del siglo XIX.

d) La confederación rosista: (1823-1835)

De 1820 a 1835 el incremento de las facultades extraordinarias del ejecutivo respondió a las

necesidades locales de cada provincia. Desde 1835 el aumento de atribuciones del ejecutivo

(conformando las facultades extraordinarias y las sumas del poder público) constituía un principio

orgánico usado para la conservación y el desarrollo del régimen político.

El ascenso de Rosas: a fines de 1827 Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires no

contaba con apoyos suficientes y muchos opositores. Con la firma de la paz con el Brasil acrecentó los

conflictos y la presión unitaria se hizo eco del descontento. Luego fue elegido Lavalle con el mismo

problema de no contar con apoyo en su poder. En 1829 se produjo un levantamiento rural muy

heterogéneo, que participaron grupos indígenas, campesinos y pequeños caudillos ligados al

hacendado Juan Manuel de Rosas sacudió la campaña. El 8 de diciembre de 1829, ya derrotada la

facción unitaria, Juan Manuel de Rosas fue elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

LA CONFEDERACIÓN ROSISTA: Se caracterizó por el terror en las prácticas políticas. La

militarización de la sociedad, herencia de las guerras de independencia y de los enfrentamientos entre

distintos intereses locales que condujeron a guerras civiles.

La ruralización del poder se reafirma como rasgo distintivo de la etapa. El principal distrito

ganadero era Buenos Aires, cuyo importante crecimiento le permitió además de concentrar los

intercambios comerciales con el exterior. El objetivo principal de Rosas era la construcción de un

orden social y político tras un extenso periodo posrevolucionario convulsionado por las guerras y

luchas civiles (orden y progreso)

Las crisis de la confederación

Entre 1838 y 1843, el rosismo debió hacer frente a una seria crisis, que incluyó desde rebeliones

en el interior hasta movimientos armados de carácter internacional. El impacto y trascendencia que

tuvo el bloqueo francés entre 1838 y 1840 sobre los futuros acontecimientos políticos que debió

atravesar el régimen, perjudicó a la economía porteña al privarla de los ingresos de la aduana y de la

circulación de bienes.

Se sucedieron indefinidas guerras y levantamientos contra el régimen, que fueron debilitando su

poder, como la guerra Peruano-Boliviana, la guerra con Corrientes, levantamientos de los miembros

de la asociación de mayo (Manuel Maza), de los hacendados, Tucumán y Salta, el levantamiento de

Lavalle con el apoyo francés, el segundo bloqueo al puerto por Gran Bretaña y Francia, etc.

La región del litoral fue el escenario donde se gestó la alianza que puso fin a la hegemonía de

Rosas. En ella, Entre Ríos ocupó una posición destacada gracias a la acción de su gobernador, el

general Justo José Urquiza, el cual decidió encarar un proyecto constitucional que sentará las bases

para la organización de la nación, y ante la oposición de rosas, buscó alianzas con el Brasil y Uruguay.

El 1° de mayo Urquiza acepta la renuncia anual de Rosas del manejo de las relaciones exteriores de la

Confederación, aunque a pesar de Corrientes, no cuenta con el apoyo de ninguna otra provincia.

El 3 de febrero de 1852 en la batalla librada en los campos de Caseros, las fuerzas de la

confederación fueron derrotadas por el general Urquiza.

Sin comprender demasiado las causas de su caída, el restaurador aceptó los hechos y emprendió

camino del exilio en Gran Bretaña.

La constitución nacional sancionada en 1853 proporcionaba un esquema institucional y

normativo para la organización del Estado Nacional. A partir de 1862, durante las residencias

de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, es cuando se acelera el proceso para la definitiva

consolidación de las estructuras estatales, que tendrá en 1880 una fecha clave.

a) Teniendo en cuenta el texto de Hilda Sábato analice los siguientes aspectos:

El proceso que llevó a Sarmiento a ocupar el cargo de presidente de la nación.

Los pilares fundamentales de la gestión de gobierno

Las principales problemáticas que, en función del proceso de consolidación del Estado,

se observan en el periodo.

5) a) I. La guerra contra el Paraguay tuvo repercusiones importantes en la política argentina,

cuyas principales fuerzas (federales y mitristas) se debilitaron durante el conflicto. El candidato

oficialista a la presidencia como el federal Urquiza fueron derrotados en las elecciones de 1868 por

Domingo F. Sarmiento.

Como no había un mecanismo institucional establecido para designar a los candidatos los

nombres posibles surgían de diferentes cenáculos políticos y se difundían públicamente, en la prensa.

En el caso de la elección presidencial, los ciudadanos votaban a los electores por provincia, y estos se

reunían en cada ciudad para emitir sus votos a presidente y vice. Finalmente cada provincia enviaba

los resultados al Congreso, que debía hacer el cómputo definitivo. Las elecciones para electores,

realizadas en abril en todas las provincias arrojaron un resultado incierto que dejaba en carrera a 3 de

los 4 candidatos principales. (Alsina, Urquiza, Elizalde y Sarmiento) el resultado final fue favorable

para Sarmiento y Alsina que fueron consagrados presidente y vice en el periodo 1868-1874.

5) a) II. Sarmiento, figura pública independiente y controvertida, imprimió a la gestión

presidencial un sello reformista y centralizador definitivo. Sus políticas se orientaron a consolidar el

poder y la soberanía estatales y a fortalecer los instrumentos destinados a modernizar la sociedad.

Voluntad centralizadora: las provincias bregaban por mantener las máximas dosis de

soberanía posible, mientras que las autoridades del gobierno central en cada momento trataban de

conseguir mayores cuotas de poder. Sarmiento introdujo una fuerte voluntad centralizadora. Está

convencido de las necesidades de fortalecer la autoridad y se dispuso a tomar las medidas necesarias

para lograrlo, tanto en el plano institucional como en el político. Hizo explicita su preocupación por

los aspectos simbólicos y rituales vinculados a la investidura presidencial. En los Estados Unidos

Sarmiento había visto con admiración que las novedades impulsadas por una educación que a la vez

generaba aspiraciones de bienestar y superación en la mayoría de la población eran el factor decisivo

para la integración de un mercado nacional, que ponía a ese país a la vanguardia del cambio social y el

progreso económico. Los campos de acción clave fueron tres: el militar, el de las comunicaciones y el

de la educación y la ciencia.

El control de la fuerza: en el terreno militar el poder central fortaleció su capacidad e

influencia. En la guerra exterior aumentó los efectivos, mejoró y modernizó los equipamientos, unificó

el comando nacional. El presidente estaba convencido de la necesidad de subordinar la guardia

nacional al ejército regular y por lo tanto, restarles autonomía en ese rubro a las provincias a favor del

Estado central.

Comunicaciones: acortar distancias, conectar ciudades, crear redes de comunicaciones que

atravesaran y a la vez articularan el país, vencer al desierto, era el impulso que llevó al gobierno a

avanzar en la construcción de ferrocarriles, tendido del telégrafo, y el fenómeno de la actividad postal.

Educación y ciencia: Sarmiento pensaba que la educación era el instrumento decisivo para

promover el cambio y la modelación de una nueva sociedad. “la educación debía ser común y publica,

igual para mujeres como para varones, no necesariamente gratuita para los alumnos pudientes, y debía

tener como objetivo la instrucción elemental, la formación cívica, la enseñanza práctica y el desarrollo

de la disciplina. Para fomentar la creación de escuelas, a partir de 1870, fijó una subvención especial y

un premio para las provincias que realizaran los mayores esfuerzos en el campo de la educación

primaria.

Inmigración y colonización: la incorporación de inmigrantes de Europa estaba entre los

objetivos de la dirigencia política nacional. Se creó la comisión central de inmigración, y se contrató

agentes en Europa para que promocionaran la migración y selección de candidatos. Repartir la tierra,

desarrollar la agricultura, fomentar el desarrollo de una sociedad de granjeros autónomos, organizados

en municipios autogobernados, eran los pilares de una Argentina futura. La distribución de la tierra era

un tema central para Sarmiento. Se crearon nuevas colonias agrícolas de inmigrantes.

b) Describa los acontecimientos que desembocaron en la resolución de la cuestión capital. ¿Qué

significado tuvo dicho acontecimiento en el proceso de consolidación del Estado Nacional?

La conciliación propulsada por Avellaneda no alcanzó los objetivos sino de manera parcial. La

rivalidad de las dos candidaturas principales desembocó en un enfrentamiento armado que se dirimió

la cuestión del poder del Estado en relación con las provincias.

Avellaneda llegó a la presidencia en 1878 con un gabinete “conciliado”, los dos principales

partidos unidos por un acuerdo pero a la vez afectados por fracturas internas, los dos partidos eran el

nacionalismo (Mitre) y el autonomista, que siguieron enfrentando sucesivamente con las candidaturas

de Roca y Tejedor.

La provincia de Buenos Aires no apoyaba a Roca, en la cual se produjo una revolución que

desenlazó la confrontación armada entre conciliados y roquistas.

A principios de 1880, ante el ingreso de armas cuya importación había sido prohibida, se desató

la última etapa de la crisis, Avellaneda decidió abandonar la ciudad hostil y se trasladó a Belgrano,

sonde instaló provisoriamente la sede del gobierno y aceleró los preparativos militares. Los días 20 y

21 de junio las fuerzas nacionales y las milicias de Buenos Aires se enfrentaron en los sangrientos

combates de Barracas, Puente Alsina y los Corrales, en los bordes mismos de la ciudad. El gobierno

nacional terminó imponiéndose a la revolucionaria Buenos Aires.

“La cuestión capital” la cuestión hacía tiempo que requería una solución: la definición de un

territorio que sirviera de sede al gobierno central. La argentina no tenía una capital y las autoridades

nacionales residían en Buenos Aires en calidad de huéspedes de la provincia.

Entre los vencedores las coincidencias centraban en la necesidad de fortalecer el poder estatal a

través del establecimiento de una Capital Federal que asegurara una jurisdicción territorial propia para

el gobierno central. Por ley del congreso y con el acuerdo de la nueva Legislatura (con mayoría

roquista) la ciudad de Buenos Aires se convirtió en territorio federal y capital de la república y la

provincia perdió para siempre su centro político y cultural.

c) Analice las políticas públicas implementadas a partir de 1880 y su impacto en el modelo

estatal.

Una consecuencia inmediata del ascenso de roca fue la federalización de Buenos Aires, logrando

subordinar a la última provincia con arrestos de autonomía.

El triunfo del ejército sobre la guardia nacional de Buenos Aires, seguido de la sanción de la ley

que prohibía a las provincias “la formación de cuerpos militares” confirmó el monopolio de la fuerza

por parte de la autoridad nacional.

El lema del gobierno era “paz y administración”

Economía en expansión: el capitalismo argentino seguía teniendo su núcleo productivo en el

agro. La producción pampeana avanzaba, el ferrocarril la afluencia de mano de obra inmigrante y el

avance de la frontera que amplió enormemente la oferta de tierras. La población crecía, sobre todo en

la zona más beneficiada por la economía de exportación.

Políticas de estado: en su propósito de fortalecer el poder estatal, el gobierno de Roca llevó

adelante políticas públicas con un alto componente centralizador.

Controlar el territorio: la principal acción militar del periodo fue la ocupación de la Patagonia

y el chaco, en campañas que terminaron de destruir las sociedades indígenas, allí radicadas y las

tramas articuladas previamente en las zonas de frontera. Esos espacios fueron puestos bajo la

jurisdicción federal en calidad de territorios nacionales y por lo tanto dependientes de la autoridad

central. El reparto se orientó a la colonización y privilegió la distribución, entre grandes propietarios.

El control territorial estaba asociado al desarrollo de las comunicaciones, de los ferrocarriles.

Educación laica: la ley 1420 llamada de “educación general de la republica” fue promulgada

en el año 1884, después de largos debates que abarcaron diversos puntos conflictivos, incluso el de la

laicidad. Su objetivo explícito era favorecer y dirigir el desarrollo moral, intelectual y físico de todo

niño de 6 a 14 años de edad y para ello establecía el carácter gratuito y obligatorio de la educación

pública. Fijaba el carácter laico de la enseñanza. En el mismo año se sancionó la ley de registro civil, y

unos años después se aprobó la obligatoriedad del matrimonio civil previo a cualquier celebración

religiosa.

Teniendo en cuenta el planteo de Oszlak, identifique los atributos que en este contexto, va

adquiriendo el Estado Nacional.

d) A partir de la lectura del texto de Sábato caracterice el periodo 1852-1890 teniendo en

cuentas los siguientes ejes: la construcción del estado, y las formas de acceso y legitimación del poder.

Entre 1852-1890 se produjo un cambio radical desde una comunidad política de soberanías

fragmentadas en la que no había una instancia de poder centralizada hasta una república unificada y un

estado federal que reunía cuotas crecientes de soberanía y lograba subordinar las provincias a su

actividad. Ese resultado se alcanzó por medio de la organización de un gobierno central y un aparato

burocrático administrativo creciente, el establecimiento de mecanismos de control militar y fiscal y la

extensión y afirmación del dominio territorial, si como la institución de una capital nacional y la

creación de un conjunto de símbolos y rituales asociados a la potestad estatal.

Con respecto a las formas de acceso y legitimación del poder se parte de 1852 un movimiento

activo en la vida política del país, en cada provincia, sobre la base de la constitución se establecieron

ciertos mecanismos que alimentaron una esfera política competitiva, de la que participaron no solo los

que querían llegar al poder sino sectores más amplios de la población, la política no lo era, territorio

exclusivo de los más ricos, requiriendo establecer lazos entre los sectores de la población, gozando un

grado de legitimidad, los dirigentes debían contar con bases partidarias y con apoyos en el ámbito de

la opinión pública. Hacia 1880 el orden se convirtió en un valor fundamental para la legitimidad del

nuevo régimen, cansado de los conflictos de distinta índoles. El progreso tan pregonado hacia 1890

sufría los efectos de una crisis económica inédita que amenazaba con desmontar, las bases del

crecimiento.

Carlos Pelegrino como presidente en medio de la crisis económica implementó acciones para

superarla. La recesión se superó no solo por las medidas destinadas a renegociar deudas, controlar el

gasto público y ordenar el frente financiero sino por la recuperación de la economía real.

Tomando como base el texto de Botana y Galerín Donghi desarrolle:

La –fórmula prescriptiva- alberdiana

La republica posible

Un régimen político puede ser entendido en una estructura institucional de las posiciones de

poder, dispuestas en un orden jerárquico, desde donde se formulan decisiones autoritarias que

comprometen a toda la población perteneciente a una unidad política. La constitución de esa unidad

política tenía como problema central, el hecho de subordinar diferentes sectores de poder a un ámbito

imperativo más amplio, el poder político, que por definición es supremo. De que se deriva la

organización y distribución de poder, y el modo de elección de los gobernantes y en los límites que se

trazan entre estos y los gobernados.

Se tratara entonces de consagrar una formula prescriptiva o principio de legitimidad que no solo

busca satisfacer ciertas ideas acerca del régimen mejor adaptado, sino que también pretende gratificar

intereses materiales reivindicados por grupos y clases sociales.

Alberdi propuso una formula prescriptiva o principio de legitimidad que no solo busca satisfacer

ciertas ideas acerca del régimen mejor adaptado, sino que también pretende gratificar intereses

materiales reivindicados por grupos y clases sociales.

Alberdi propuso una formula prescriptiva que tiene la particularidad de justificar un régimen

político en cuanto hace al origen del poder y a su programa futuro. Alberdi sostuvo que los argentinos

debían darse una constitución para realizar un determinado proyecto.

Los campos específicos sobre cuales se proyecta son: inmigración, ferrocarriles, colonización

de la tierra, industrias, etc., para alcanzar estos fines, pensó en un trasplante cultural, desde los países

europeos.

Organizar un poder central, para controlar los poderes locales, con la necesidad de encontrar

una fórmula concreta de reducción a la unidad.

El presidente materializa el poder central, pero no detenta todo el poder ni tampoco ejerce un

dominio irresponsable sobre la sociedad. Poniendo limites a su acción como no la reelección del

presidente y la distribución de la actividad legislativa y judicial en cámaras y tribunales, estas dos

limitaciones concuerdan con el argumento republicano.

Libertad política para pocos y libertad civil para todos: la posición democrática hace derivar

el título de legitimidad del gobernante de la elección realizada por el pueblo. La cuestión preocupaba a

Alberdi es como hacer de un pueblo (según él) sumergido en la miseria y en la ignorancia, una

colectividad federativa apta para el ejercicio del gobierno república. Por ende el pueblo sufragante solo

constaba de los capaces, es decir, de una minoría reducidísima en comparación del pueblo inactivo.

Algunos por consiguiente están habilitados para intervenir en el gobierno, el resto solo tiene derecho al

ejercicio de la libertad civil (casarse, trabajar, etc.)

Los ejes principales del contrapunto entre Sarmiento y Alberdi referidos a dos temas

dominantes de la época: la construcción de una nueva nación y la construcción de un Estado;

identificando los aspectos más relevantes del modelo de orden social y político propuesto por cada

uno.

ALBERDI: la creación de una sociedad más compleja deberá ser el punto de llegada del proceso

de la creación de una nueva economía, forjada bajo la férrea dirección de una elite política y

económica consolidada en su prosperidad, esa elite contara con la guía de una elite letrada, dispuesta a

aceptar lo nuevo. Ese proyecto de cambio económico a la vez acelerado y unilateral, requiere de un

contexto político preciso que Alberdi describe bajo el nombre de republica posible. Hispanoamérica

necesita por el momento monarquías que puedan pasar por republicas, destinada a disimular la

concentración del poder en el presidente, impidiendo que el régimen autoritario que Alberdi postula

sea también un régimen arbitrario.

El país necesita población, no es necesaria una instrucción formal muy completa para poder

participar como fuerza de trabajo en la nueva economía, la mejor instrucción la ofrece el empleo de

destreza y diligencia que aportaran los inmigrantes europeos.

SARMIENTO: elaboró una imagen del nuevo camino que la Argentina debía tomar, que rivaliza

en precisión y coherencia con la alberdiana a la que supera en riqueza, perspectiva y contenidos.

Progreso socio-cultural como requisito del progreso económico: sarmiento veía en la educación

popular un instrumento de conservación social, no porque ella pudiese disuadir al pobre de cualquier

ambición de mejorar su lote, sino porque debía por el contrario ser capaz de indicarlo los modos de

satisfacerlas en el marco social.

Unidad II

El Partido Autonomista Nacional es un referente ineludible del régimen político iniciado en

1880. A partir de la lectura de los textos de P. Alonso y L. A. Romero describa sus principales

características.

La década de 1880 se inició con la presidencia de Julio A. Roca líder del Partido Autonomista

Nacional (PAN) que presentaba las siguientes características:

Se trató de una suerte de coalición que logró cohesión bajo su administración y dominaría la

escena política del país hasta 1913. Consistió en un tejido de alianzas nacionales, del interior que

luego se consolidaría en la llamada liga de gobernadores.

o Las ramas provinciales de la coalición gozaron generalmente de un alto grado de autonomía:

gracias a que el sistema federal limitaba la injerencia directa del gobierno central en las provincias. El

gobernador gozaba de inigualables ventajas para determinar el resultado de la elección, y el sistema

electoral le otorgaba una poderosa herramienta de negociación a nivel nacional.

o La lealtad de sus miembros podía darse por descontada y la coalición sufrió de constantes

cismas internos.

o El grado de control de los dirigentes nacionales sobre el partido varió significativamente a lo

largo del periodo.

Centralización del poder.

o La distribución geográfica del ejército nacional y la distribución de armas, estaban

únicamente sujetas a la discrecionalidad del presidente.

o El gobierno federal también expandió su jurisdicción en el ámbito de la economía: estableció

una moneda para todo el país. Convirtió el sistema bancario en una poderosa arma política en manos

del presidente.

o Educación: en 1882 se estableció un programa nacional de educación primaria que implicaba

que de ahora en más, los programas quedaban definidos por el ministerio de educación. Se sancionó la

ley 1420 que estableció el control directo del Estado sobre la educación primaria en la Capital Federal

y territorios, desplazándola de la iglesia católica. Así también el registro civil de las personas.

La naturaleza del PAN y la dinámica política del periodo fueron cruciales para el nacimiento

del Partido Radical ya que las rivalidades dentro del Pan, la incertidumbre de las lealtades de sus

miembros y los diferentes estilos de su conductores posibilitaron entre otros factores, la rápida

emergencia de la unión cívica primero y de la UNR después.

“Paz y Administración” fue el lema que guio la política de orden y progreso económico de la

presidencia de Roca.

1) El régimen político vigente en Argentina entre 1880-1916 puso en marcha una serie de

controles por los cuales la elite gobernante se aseguró, a lo largo del periodo, su continuidad en el

poder. Siguiendo los textos de P. Alonso y de L. A. Romero mencione esos controles y explique cómo

operaban.

El régimen oligárquico de 1889 estableció un sistema político conocido como el de “gobiernos

electorales”, gobiernos que fabrican elecciones que garantizan la victoria de sus propios candidatos. Y

así se perpetúan en el poder por poco más de 36 años. Esto fue logrado mediante el uso de una serie de

dispositivos institucionales ejercidos en su propio beneficio.

EL FRAUDE ELECTORAL: hasta 1912 el voto no fue secreto ni obligatorio y el fraude fue

recurrente en los diferentes estadios del proceso electoral, desde la compilación de los padrones, el

nombramiento de los jueces, y el mismo proceso de votación, se falsificaban nombres y las urnas se

llenaban de boletas falsas. El congreso nacional tenía la última palabra sobre la elección, ya que en sus

cámaras se decidía la validez de los diplomas de los representantes electos. El sistema electoral de lista

completa, discriminaba a los partidos minoritarios, dificultando aún más el acceso de la oposición a los

cargos electivos. El uso de la intimidación y de la violencia con el paso de los años fue dando lugar a

prácticas más sutiles, como el mercado de votos y el uso extendido de asados, bailes y carreras de

caballos en campañas electorales. Con el tiempo la intimidación del votante dio paso a su seducción.

INTERVENCIÓN FEDERAL: fue otro instrumento importante con el cual el gobierno

nacional podía ejercer su influencia sobre los asuntos provinciales. El art. 6 de la Constitución

Nacional le confería al gobierno nacional el derecho de intervención en la provincias “para garantizar

la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de las autoridades

provinciales para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido dispuestas por la sedición o por invasión

de otra provincia. El presidente en verano cuando el ingreso no estaba en actividad, también podía

dictar mediante decreto presidencial la intervención a una provincia, de este modo arbitrariamente se

ha ido efectuando a lo largo de los años.

La intervención podía seguir 3 líneas:

Restaurar a las autoridades derrocadas por la sedición

Reconocer a las nuevas autoridades si la sedición había triunfado parcial o totalmente

Organizar nuevas elecciones

El artículo era bastante impreciso en sus términos y le otorgaba al gobierno nacional la

discrecionalidad para decidir sobre conflictos provinciales y para poder designar al interventor, que

responda a las decisiones del presidente.

EL PATRONAZGO ESTATAL: el gobierno nacional influía sobre las provincias, ya que este

tenía a su cargo la distribución del ingreso nacional, la venta de las tierras públicas y de control de

créditos mediante el Banco Nacional primero y el banco de la nación después. Los nombramientos en

las jurisdicciones, como el sistema judicial y la educación

1890, marca un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema político. Atendiendo a

ellos describa los procesos que se inician a partir de ese año siguiendo los argumentos expuestos

por L. A. Romero.

El desafío más notable que enfrentó el régimen oligárquico fue de naturaleza política y consiste

en un fuerte cuestionamiento de su legitimidad tan vigoroso que llevo a un grupo de sus dirigentes a

lanzar una audaz reforma, cuya culminación fue la ley Sáenz Peña.

La revolución de 1890 coincidió con una fuerte crisis económica, en medio de denuncias sobre

corrupción gubernamental, se organizó un movimiento de ciudadanos, la Unión Cívica, que exigió una

profunda reforma política. Consistía en hacer efectivo el espíritu de la constitución y crear las

condiciones para que el sufragio fuera transparente y eficaz.

La citación ciudadana se continuó con una revolución cívico-militar encabezada por Leandro

Alem que estalló en julio de 1890. En poco tiempo el movimiento fue sofocado, pero poco después

renunció el presidente Juárez Celman y lo reemplazó el vicepresidente Carlos Pellegrini. Allí se inició

un prolongado periodo de inestabilidad política que se prolongó hasta 1896.

Se fundó la UCR, encabezada por Leandro Alem y su consigna fue la “intransigencia” (no

aceptar ningún acuerdo si no se reformaba el sistema electoral para asegurar la transparencia del

comicios), la “atención electoral” y la “acción revolucionaria”. Junto con este partido se establecieron

varios más como el Partido Socialista encabezado por Agustín P. Justo, y la Liga del Sur constituida

por Lisandro de la Torre en el sur de Santa Fe.

De este modo a principios del siglo había 3 partidos organizados según los cánones “modernos”,

con afiliados, carta orgánica, programa, y dirigentes electos por el voto de los afiliados. Es necesario,

sin embargo, no exagerar su dimensión: eran todavía partidos pequeños, que se esforzaban por

concientizar y ciudadanizar a una masa relativamente indiferente respecto de la política.

2) Durante la vigencia del régimen oligárquico la participación política excedía lo

específicamente electoral. Señale cuales eran las otras formas de participación a través de las cuales la

población canalizaba su quehacer político. Para ellos, atienda al desarrollo planteado por L. A.

Romero.

Con el inicio del siglo comenzaron a emerger conflictos sociales. Pasada la etapa en que los

inmigrantes constituían una masa amorfa, la nueva sociedad se fue estructurando y los diferentes

grupos definieron su fisonomía entonces, los reclamos sectoriales cobraron forma y pudieron

expresarse. Quienes reclamaban, ya habían decidido quedarse en el país y luchar por su futuro en la

nueva patria.

PROTESTAS:

Rurales: en 1912 estalló una huelga, conocida como el Grito de Alcorta, nombre de la

localidad santafecina donde se organizaron por primera vez. Los chacareros se negaron a levantar la

cosecha a menos que los propietarios cumplieran ciertas condiciones: contratos más largos, rebajas en

los arriendos, derecho a contratar libremente la maquinaria para la cosecha o criar animales

domésticos.

Urbanas: los trabajadores urbanos optaron por organizarse para hacer frente a las duras

condiciones de vidas. La formación de sindicatos obreros arranca de la última década del siglo XIX

o Inicialmente los más exitosos fueron los anarquistas, quienes encontraron el lenguaje

adecuado para dirigirse a una masa trabajadora dispersa, extranjera y analfabeta. El camino de lucha

era la huelga general y el levantamiento espontaneo.

o Los socialistas se dirigían al sector más profesionalizados de los obreros, el más letrado,

incitaban a los extranjeros trabajadores a que se naturalizaran. La vía para cambiar la sociedad se

lograría por la acción de diputados y senadores elegidos por los trabajadores que lucharan por sus

derechos en el congreso.

o Los sindicatos: afirmaban que los reclamos fundamentales de los trabajadores podían ser

satisfechos a través de la organización gremial y la lucha sindical.

A partir de la lectura de los textos de A. Cattaruzza desarrolle el periodo de los gobiernos

radicales (1916-1930) teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El contexto político de las elecciones de 1916 y los desafíos del radicalismo como partido de

gobierno:

La sanción de las leyes electorales impulsadas por el presidente Sáenz Peña inició el proceso que

culminaría con el triunfo de la UCR en las elecciones de 1916. Se eligieron en esa oportunidad los

integrantes del colegio electoral que finalmente, harían presidente a Hipólito Yrigoyen.

Sin embargo, el mundo político argentino estaba fragmentado. El radicalismo se encontraba

dividido en las provincias, casi no hubo provincias en las que no se produjeran conflictos internos.

Los grupos conservadores habían fracasado, en la crecida de una fuerza unificada de escala

nacional que pudiera enfrentar a la UCR en 1916, y en los años siguientes esa unidad tampoco fue

alcanzado. El PDP era un partido cuya base electoral estaba bien localizada en el sur santafecino.

El partido socialista tenía arraigo en la capital federal, donde logró competir con el radicalismo

con cierto éxito. Con todo esto queremos dar cuenta de la falta de unidad y organización del resto de

los partidos políticos.

- Características de la primera presidencia de Yrigoyen y la presidencia de Alvear destacando

las similitudes y diferencias:

- El comienzo del primer gobierno de Yrigoyen fue complicado, dado que el congreso como

muchos de los gobiernos provinciales estaban en manos opositoras. Yrigoyen buscó desactivar estas

bases de oposición. En el caso de las provincias apeló a las unidades intervenciones que se sucedieron

a lo largo de su presidencia y en varias oportunidades se establecieron por decreto. En cuanto al

congreso, las sucesivas elecciones consolidaron a la bancada radical, aunque la cámara de senadores

continuó siendo un refugio opositor.

La primera Guerra Mundial influyó en la economía del país, aun por las presiones del exterior

para que Argentina tomara parte por el bloque norteamericano, el presidente se mantuvo neutral. Al

comienzo del conflicto, se produjo una baja general en el comercio internacional, y tanto las

exportaciones como las importaciones disminuyeron. La inflación afectó a los gobiernos radicales, en

cuanto a estos tuvieron que optar por medidas de protección para la población.

Yrigoyen comenzó su gestión intentando ubicar al gobierno como árbitro frente a los conflictos

obreros.

La candidatura de Marcelo T. de Alvear: hacia 1921 Yrigoyen definió a favor de Alvear, quien

fue convertido en candidato oficial en la convención nacional de la UCR.

En los nombres de los ministros designados por Alvear se leyó un primer gesto de autonomía

respecto a Yrigoyen, ya que solo 1 de ellos sostenía contactos estrechos con el expresidente. Los

conflictos entre ambos dirigentes fueron aumentando, hasta que en 1924 el radicalismo se dividió, por

un lado los disconformes organizaron un partido diferenciado, la Unión Cívica Radical

ANTIPERSONALISTA. Y por el otro los seguidos de Yrigoyen se denominaron UCR

PERSONALISTA.

El congreso fue uno de los lugares en que se libró este conflicto entre personalistas y

antipersonalistas. Gran parte de las bancas radicales de diputados estaban en manos de personalistas, y

la obstrucción, llevada adelante incluso a través de la ausencia, en el recinto, fue una práctica

corriente, de la que Alvear se quejó asistemáticamente en sus mensajes al cuerpo.

La conflictividad social tendió a descender en los años de Alvear. Ellos se evidencian en la

disminución del número de huelgas y huelguistas involucrados y en cierto estancamiento del

reclutamiento sindical. La recuperación de los salarios reales, la exportación agropecuaria volvió a

funcionar con cierta eficacia.

- La cuestión social: transformaciones en el movimiento obrero y su relación con los gobiernos

radicales; los conflictos sociales en el mundo agrario y urbano:

En los primeros años de este periodo se sucedieron varios conflictos sociales muy importantes:

la semana trafica de 1919, las huelgas y la represión den la forestal entre 1920 y 1921, y los conflictos

de la Patagonia, debido a que en el movimiento obrero se fortalecían las posiciones de los grupos

sindicalistas.

Los cambios en la sociedad:

La primera guerra mundial acarreó la interrupción temporaria de la llegada de inmigrantes, e

incluso por unos años se registraron saldos migratorios negativos, pero luego en los años veinte la

tendencia ascendente se recuperó.

Entre 1914 y 1930 continuó el fenómeno de concentración urbana.

En lo referido a la economía, en las presidencias radicales, la exportación de productos

agropecuarios continuó siendo el sector más dinámico. La industria hacia fines de 1920 se convirtió en

un sector más importante y activo.

Problemas de los trabajadores rurales: los salarios reales de los trabajadores rurales, tal como

ocurrió en las ciudades, cayeron con fuerza. Aumentó la desocupación que devino en peores

condiciones de trabajo y en la extensión de la jornada laboral. Por efecto de la guerra mundial

arribaron inmigrantes, y se aumentó la oferta de manos de obra, fueron factores que dificultaron la

posibilidad de conseguir trabajo, y se produjo un desplazamiento de población hacia las ciudades y

hacia regiones extrapampeanas.

Conflictos relevantes: la foresta y la Patagonia:

Este movimiento de conflicto social en el mundo agrario tuvo 2 episodios muy importantes. La

compañía forestal, parte de los cuyos capitales eran ingleses, que actuaba en el norte de Santa Fe y

Chaco. El trabajo en el monte resultaba duro para el trabajador, el despido no significaba la pérdida del

trabajo, sino también de todo lo demás: vivienda, redes sociales, amistades. El poder de la empresa era

tal que ejercía funciones policiales y judiciales, apañadas por comisarios y jueces de paz corruptos. A

causa de todas las condiciones desfavorables, se formaron sindicatos socialistas, se produjeron

marchas y contramarchas, huelgas, en las cuales el uso de la violencia fue muy frecuente.

En la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, la actividad económica central era la cría de

ovejas para la exportación de lanas y carnes; la propiedad estaba radicalmente concentrada y la

producción ganadera era extensiva. Se inició así un conflicto que en sus primeras acciones incluyó el

hostigamiento patronal a cargo de la liga patriótica y por parte del ejército.

En la ciudad: semana trágica de 1919: las ciudades fueron sitios significativos para la vida social

en la Argentina de la época. No solo se reunía allí un porcentaje importante de la población, también

se desarrollaba en ellas una gran actividad productiva del transporte y comercial. Buenos Aires y

Rosario fueron el ámbito donde desde fines del siglo XIX los conflictos propios de esa etapa del

capitalismo, con actores que eran trabajadores asalariados, patrones, empresarios. Los talleres

metalúrgicos Vasena (Bs. As) se encontraba en huelga desde diciembre de 1918. Los reclamos era

habituales: reducción de la jornada laboral, aumento de salarios, y reincorporación de compañeros

despedidos. En enero de 1919 se produjo un choque entre huelguistas y quienes continuaban

trabajando que dejó muertos y heridos. Así la FORA (federación obrera regional argentina) organizó

una huelga general donde la policía se enfrentó con grupos de trabajadores que balearon el cortejo

fúnebre de las víctimas de la represión del 7. El número de muertos y heridos esta vez fue aún más

alto.

Analice el texto de A. Persello teniendo en cuenta los siguientes ejes temáticos: – Rol de los

partidos políticos. – Diferencias entre Alem e Irigoyen sobre la forma de organización del

partido. –Debates parlamentarios sobre ley electoral. –Relación Ejecutivo – Legislativo. -

Relación Nación - Provincias. - Administración pública.

Unidad III : Orígenes y consolidación de la Argentina Estadocéntrica (1930 – 1955)

Partidos, coaliciones y sistema de poder (Macor)

El campo de competencia política en la década de 1930 se estructuró en torno al eje oficialismo-

oposición a través de coaliciones. Las fuerzas oficialistas, que controlaban los recursos del Estado

nacional, concurrían agrupadas en la Concordancia, mientras que la oposición (en la que coexistieron

partidos con identidades diferenciadas) elaboraron diferentes alternativas con la aspiración de alcanzar

el poder nacional (coalición de socialistas y demoprogresistas en la Alianza Civil; abstencionismo

electoral de la UCR; participación de todos por separado; intentos de construir un Frente popular

común).

Las mutaciones de las diferentes organizaciones partidarias estuvieron signadas por los cambios

dentro de la coalición gubernamental y las fuerzas opositoras. En este sentido, se distinguen tres

etapas:

- Durante la presidencia de Uriburu (el perfil del oficialismo y de la oposición parlamentaria

(PDP y PS, que concurrieron a las elecciones de 1931 coaligados en la Alianza Civil) y la oposición

externa (radicalismo en abstención).

- Consolidación de la coalición oficialista desde el poder y con el liderazgo de Justo

(reorientación del Estado) y retorno electoral de la UCR, modificando el frente opositor, sincerando la

sobrerrepresentación del PDP y el PS, y poniendo a la Concordancia en una situación de conflicto con

respecto a la reproducción en el poder y la producción de legitimidad.

- Descomposición del sistema de Justo, donde se evidenció el fraude electoral a gran escala y la

crisis de legitimidad resultante de tal manipulación. Las alternativas de solución fracturaron al

gobierno durante los últimos años de la presidencia de Justo y el gobierno de Ortiz-Castillo (el

primero, apostando por la transición a la transparencia del régimen y el segundo, retomando el sendero

del fraude).

Golpe de 1930 y reformulación del sistema político

El 6 de septiembre de 1930, un grupo de fuerzas militares constituido por jóvenes cadetes del

Colegio Militar, definió sin resistencias la crisis política que había paralizado al gobierno radical, en

torno al rechazo generalizado de su gestión. Las dificultades posteriores para traducir aquella

coincidencia en un proyecto político minarían el poder del gobierno provisional (heterogeneidad).

El uriburismo (derecha nacionalista y sectores tradicionales del conservadurismo) pretendía

encabezar una revolución política a través de la revisión de las disposiciones institucionales con

respecto al régimen electoral con sus mecanismos de representación y la Constitución Nacional (visión

corporativista), que no se logró gracias a las contradicciones y desacuerdos de los actores convocados

(intento de acercamiento a Lisandro de la Torre, que en la visión de Uriburu podía encabezar la

reconstrucción de una democracia de elite a partir de la modificación de la Ley Sáenz Peña, pero, a

pesar de coincidir con el diagnóstico del gobierno depuesto, consideraba que la legitimidad de un

gobierno solo podía ganarse en terreno democrático – función pedagógica del gobierno radical –

madurez del electorado).

Los sectores nacionalistas querían modificar el sistema de representación a través del

individualismo y los partidos políticos, para dar lugar a organizaciones corporativas en las que la

sociedad pudiera reconocerse como comunidad. Este modelo corporativo se apoyaría en el Ejército (no

el movilizacionismo de masas – “fascismo criollo”), última fuente de orden jerárquico en la

democracia liberal. Su condición de desarrollo estaba sobredeterminada por la capacidad de

convocatoria del Ejército, que estaba lejos de ser controlado por el uriburismo. La reestructuración

burocrática de dicha institución posibilitó la construcción del liderazgo “profesionalista” de Justo.

A comienzos de 1931, la morosidad del gobierno de convocar a elecciones provocó la exigencia

inmediata de, a través de un “planteo militar”, retorno a la normalidad institucional. Levantamientos

justistas (Corrientes). Es por ello que Uriburu debió sacrificar sus proyectos de ingeniería institucional

y convocó a elecciones presidenciales. La presión ejercida para sostener la tradición institucional

liberal terminó de aislar al gobierno y consolidó la posición de Justo.

El bloque oficial

En los comienzos del régimen de Uriburu, los sectores conservadores, el radicalismo

antipersonalista y el socialismo independiente conformaron la Federación Nacional Democrática,

coalición que no exigía de sus miembros el abandono de la identidad partidaria.

Para el socialismo independiente, esta podía ofrecer una plataforma para desarrollo político más

allá de la ciudad de Buenos Aires. Para el conservadurismo, esta coalición significaba conceder a los

otros miembros un poder nacional que no guardaba proporción con sus fuerzas electorales. Para el

antipersonalismo, su desarrollo político estaba más ligado al rumbo del partido derrocado.

La presión simultánea de los partidos federados, el Ejército y la prensa llevó al gobierno a

ensayar una SALIDA ELECTORAL a través de la cual Sánchez Sorondo (Randazzo) pretendía

plebiscitar la gestión de Uriburu (elecciones escalonadas de autoridades provinciales). Los sectores del

conservadurismo bonaerense cercanos a Sánchez Sorondo lograron el apoyo a las elecciones

escalonadas, donde confiaban que el descrédito radical les asegurara el triunfo, causando la ruptura de

la Federación Nacional Democrática con el objetivo de ubicarse en una posición de preponderancia.

El triunfo electoral del radicalismo en abril de 1931 decidió la suerte del uriburismo y

desarticuló la estrategia del gobierno, suspendiéndose el cronograma electoral y anulando las

elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esto tuvo importantes consecuencias en la definición de la

organización de las derechas: puso un límite a las aspiraciones hegemónicas del conservadurismo,

resaltó la importancia de la acción electoral común y consolidó a Justo como el único candidato que

podía reunir detrás de sí a conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes. De esta

manera, el justismo pasó a controlar prácticamente el gobierno, que terminó por convocar a elecciones

de autoridades nacionales para noviembre de 1931.

Los conservadores se unificaron en una organización nacional, el Partido Demócrata Nacional,

que constituyó en sí mismo una coalición dada la heterogeneidad de sus sectores (los cordobeses eran

la expresión más nítida del reformismo conservador, los bonaerenses una maquinaria para la

manipulación de votos -conservadurismo populista- y los de las provincias más pequeñas utilizaron los

recursos del Estado para reproducirse en el poder –tradicionalismo patrimonialista y clientelista-). A

pesar de que controlaban la mayoría de las situaciones políticas provinciales, sumado a una importante

representación parlamentaria, debieron resignar la Presidencia ante el antipersonalismo en 1931 y

1937.

De esta manera, se reunieron en la Concordancia, una alianza laxa de conservadores,

antipersonalistas y socialistas independientes, que constituyó un mero acuerdo electoral de los bloques

partidarios (mantenían su propio perfil, especialmente en elecciones legislativas, adoptando un

candidato común para las ejecutivas). Esto estaba facilitado por el carácter no competitivo del poder

territorial de cada fuerza, posibilitando el encolumnamiento detrás del más fuerte en cada lugar.

La importancia del antipersonalismo dentro de la coalición residía en el rol que desempeñaba y

en relación con el liderazgo de Justo, que era antipersonalista (peso en el Litoral, matizar la impronta

conservadora y competencia con el radicalismo por la tradición partidaria). Sin embargo, la dirección

del partido por parte de Alvear redujo el poder del antipersonalismo, puesto que su perfil político no

posibilitaba acusaciones de personalismo ni la captura de sectores antiyrigoyenistas.

Los socialistas independientes también lograron una sobrerrepresentación (fortaleza: peso

electoral en Capital) y estimaban la negociación política privilegiando el saber técnico como fuente de

legitimidad y de su pertenencia a la elite dirigente estatal (cualidades intelectuales de su dirigencia,

capacitada para responder a los problemas del Estado y la economía). Se constituyeron como actores

principales del proceso de reformulación del Estado (Pinedo Ministro de Economía de Justo).

El liderazgo de Justo jugó un papel fundamental en la coalición, dado que la completaba

perfeccionando el equilibrio inestable de sus componentes e impidiendo la activación de sus

tendencias centrífugas. Su orientación bifronte (frente militar y civil) fue fundamental, puesto que

ejercía el liderazgo de las FFAA y alcanzó una proyección en la sociedad política. Gracias al rol

tutelar del Ejército, la ascendencia en el campo castrense se trasformaba en un valor agregado para la

construcción de un liderazgo civil (y esto le permitió controlar la Concordancia).

A su vez, la desigualdad de fuerzas implicaba un riesgo permanente (que el PDN sobrepasara al

resto), que fue acotada por el doble liderazgo de Justo, autonomizado de las fuerzas políticas (su poder

no residía solo allí). De esta manera, pudo liderar la coalición presentándose como el portador de la

tradición radical antiyrigoyenista y promovió, desde la jefatura nacional, la sobreparticipación del PSI

y el AP.

RESUMEN: el equilibrio dinámico se sostuvo por: a) el PDN, aportante de recursos electorales

y líder de situaciones provinciales y parlamento; b) antipersonalismo y socialismo independiente,

sobrerrepresentados gracias al apoyo de Justo; c) liderazgo de doble rostro, que permitió autonomía

política de Justo.

El dilema que acompañó a la coalición fue el problema de reproducción en el poder y

producción de legitimidad, que se acentuó con el regreso electoral del radicalismo en 1935, ya que

amenazaban el control oficial de la sucesión presidencial. Esto llevaría la manipulación electoral a su

máxima expresión en las elecciones presidenciales de 1937 (antes no habían sido fuertes porque la

Alianza Civil no tenía peso), poniendo en evidencia la ilegitimidad del oficialismo.

La política de ORTIZ fue el saneamiento del sistema electoral (conservadores en contra). Hacia

1938, el equilibrio de la coalición había entrado en crisis: Ortiz no tenía tanta relación con las FFAA,

lo que alteró el factor doble liderazgo y los obligó a prestar atención a los movimientos militares. Esto

fue manejable hasta que se produjo el recambio presidencial por CASTILLO, lo que amenazó el

equilibrio de la coalición por las tendencias hegemónicas del conservadurismo.

La oposición

Luego del intento de elecciones escalonadas del 31’, el campo opositor se ordenó en la Alianza

Civil (institucional) y el radicalismo (abstencionista y extrainstitucional) hasta 1935. Cuando vuelven

a la acción electoral, el PDP y el PS pierden la sobrerrepresentación. Intentos de reunirse (Frente

Popular y Unión Democrática) con la influencia de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra

Mundial.

ALIANZA CIVIL: Socialistas y demoprogresistas habían coincidido en una estrategia de

diferenciación del radicalismo y en 1930 se mantendrían al margen de la coalición de fuerzas políticas

y sociales promotoras de la intervención militar (interpretan positivamente las capacidades correctivas

de la democracia electoral en las elecciones legislativas de 1930). Sin embargo, más allá del común

antiyrigoyenismo y el rechazo al quiebre institucional, se diferenciaron con respecto a la posición

frente a Uriburu. El Partido Socialista, con una rígida estructura de cuadros y un perfil ideológico

definido, podía sostener una postura orgánica de rechazo al gobierno militar. Además, el apoyo

golpista reunía a la derecha tradicional y el socialismo independiente (principal rival), y tenían un

espacio de sociabilidad autosuficiente que evitaba la “contaminación”.

Por su parte, el PDP carecía de una oferta ideológica integral y la identidad partidaria no

requería de dispositivos de sociabilidad alternativos, ya que participaban de los espacios de

“sociabilidad patricia” (en la que coincidían con la derecha). Es por ello que la coyuntura política del

30’ significó un alejamiento de la intervención militar y, además, del mundo de relaciones sociales de

su dirigencia.

Mientras los socialistas mantuvieron una postura opositora clara, el PDP presentó una posición

ambigua, que recién se definió después del triunfo radical en la provincia de Buenos Aires en el 31.

Además, durante el lapso uriburista, figuras del PDP probaron suerte con el gobierno militar, haciendo

más equívoca la posición partidaria (junto con coqueteos políticos de De la Torre con Uriburu).

La Alianza Civil insistió en destacar las fronteras que la separaban de la experiencia

yrigoyenista. Sin embargo, el socialismo interpretó de manera muy negativa el golpe militar, la

dictadura y la tradición conservadora, mientras que para el PDP la revolución setembrina tenía un

contenido redentor (movimiento de la civilidad en contra del flagelo yrigoyenista para recuperar el

horizonte de la Ley Sáenz Peña). Dicha coalición se constituyó como un acuerdo electoral que no

afectaba la individualidad de las organizaciones partidarias, reconociendo las fuerzas electorales en

cada distrito. Gracias a la abstención radical, alcanzaron una importante representación parlamentaria

y su estructura básica estaba en Capital y Santa Fe, donde se encontraba su núcleo opositor, sumado al

Congreso Nacional (representación).

La ausencia de la UCR y la debilidad de la Alianza Civil favorecían en control monopólico de la

Concordancia, lo que volvía menos necesaria la manipulación electoral para que esta última se

garantizase el triunfo. Los dispositivos del fraude se perfeccionaron de cara a la competencia interna

del bloque oficial hasta 1935, cuando el radicalismo volvió a la arena electoral (lista completa y

fraude).

Es por ello que se produjo un desplazamiento de la oposición: el conservadurismo reformista

cordobés permite el triunfo del sabattinismo, por lo que se interviene Santa Fe, lo que deja a De la

Torre sin poder territorial; el desplazamiento Santa Fe – Córdoba produce el fortalecimiento del AP en

detrimento del PDN; Enzo Bordabehere es asesinado en el Senado; agonía del PDP – suicidio de De la

Torre en 1939; tensión partidaria en el socialismo por la aparición de grupos de izquierda, que influyó

en el arco ideológico y en la relación conflictiva con el movimiento obrero (socialistas promovían

participación de los sindicatos en la lucha política a través de un Frente Popular -también impulsado

por el PC- con los partidos de oposición). Esta relación conflictiva volvió más vulnerable al PS ante la

competencia comunista, más corrosiva ante el contexto internacional. A su vez, el comunismo

interpelaba al socialismo en su identidad ideológica atizando la conflictividad interna en torno a la

cuestión nacional y la revolucionaria.

En las presidenciales del 31’, la fórmula De la Torre – Repetto se vio beneficiada por el

electorado radical (que quería evitar que ganaran antipersonalistas y conservadores). Además, Justo

aparecía como responsable de la proscripción de Alvear. Este porcentaje permitió crear una ficción de

competencia con la Concordancia, amortizando su ilegitimidad resultante de la proscripción radical.

Sin embargo, no captaron al “radicalismo duro”, que optó por la abstención.

Las limitaciones de la Alianza Civil fueron su carácter de mero acuerdo electoral (en Santa Fe el

gobierno estaba exclusivamente identificado con el PDP y en el Congreso estaban separados – la

Concordancia sí era un bloque legislativo) y la fortaleza renovada del radicalismo liderado por Alvear,

que logró la unidad partidaria suficiente como para mantener la imagen de partido mayoritario a pesar

de la abstención.

Radicalismo

En la década del 30’, se conformó una configuración del antipersonalismo (fuera del

radicalismo), el yrigoyenismo y el alvearismo (dentro del partido y en competencia por la

conducción). El enfrentamiento interno entre los dos últimos se tradujo en las dicotomías abstención –

participación e intransigencia – colaboración.

Luego del golpe de 1930, se produjo un desprestigio generalizado hacia Yrigoyen. Las

declaraciones acusatorias de Alvear reactivaron la desconfianza entre yrigoyenistas y antipersonalistas,

y motivaron al oficialismo a intentar negociar con él una profundización del aislamiento de Yrigoyen.

El principal límite de esta expectativa residía precisamente en la voluntad política de Alvear, puesto

que se propuso liderar un radicalismo unido. Su candidatura a las elecciones presidenciales de 1931

representaría la unidad que podía funcionar como dique de contención para la fuga de sectores

permeables a la convocatoria del antipersonalismo.

Por otro lado, el gobierno pensó que la crisis del radicalismo afectaría su caudal de votos, lo cual

se vio desmentido en las elecciones bonaerenses de abril de 1931. Esto definió la actitud oficialista

frente a la UCR: acoso a la dirigencia partidaria y proscripción a la candidatura de Alvear. A su vez, la

organización y el universo simbólico del partido serían interpelados por la opinión pública desde una

imagen demoníaca impuesta por los golpistas.

Durante esta época, el enfrentamiento interno se concentró en torno a la actitud para enfrentar al

gobierno. Mientras la intransigencia yrigoyenista insistía por la vía revolucionaria, el alvearismo

bregaba por la reorganización partidaria. Por su parte, la proscripción de la candidatura presidencial de

Alvear había llevado a la abstención, que resultaba un elemento de cohesión al recrear la mística

partidaria, pero creaba problemas: A) dificultad para contener sectores más reacios al yrigoyenismo;

B) yrigoyenismo cuestionaba la abstención si no era acompañada por la revolución; C) limitación a la

vía revolucionaria por escaso impacto en filas militares y distancia de la dirigencia partidaria.

En 1935, la UCR vuelve a la arena electoral por las dificultades para mantener la cohesión

interna frente a la fuga de cuadros hacia el antipersonalismo y la presión de los medios de prensa que

negaban justificativo a la política abstencionista. Esto produjo el retorno de sectores emigrados al

antipersonalismo, lo que causó la desconfianza de los intransigentes (forman la FORJA, que terminó

como una organización extrapartidaria y no logró afectar al partido). La unidad partidaria fue

mantenida y se vio reflejada en el éxito en elecciones legislativas/provinciales de 1936, pero demostró

debilidades ante la derrota presidencial en 1937 (FRAUDE). Por ello es que se acentuaron las

oposiciones internas, a pesar de ser controladas, que argumentaban en contra de una “mimetización”

con el gobierno por la actitud conciliadora frente a políticas estatales e involucramiento en escándalos

de corrupción. Otro dilema que debieron enfrentar fue hasta dónde acompañar las alianzas de los

sectores de oposición (intento de Frente Popular en 1936 y ensayos de Unión Democrática en 1937).

Según los yrigoyenistas, no se debía transigir con el gobierno ni con los partidos opositores

(intransigentes), mientras que los alvearistas optaban por una actitud conciliadora (unionistas).

Entre golpes y fraude, 1930 – 1946 (Luis Alberto Romero)

Estos gobiernos impulsaron cambios en la economía y en la sociedad, que dieron un nuevo

impulso a las tendencias de movilidad, integración y democratización de las relaciones. Por ello es que

la confianza de la sociedad en los mecanismos democráticos se manifestó en el freno puesto en 1931 al

proyecto de reforma de las instituciones en un sentido corporativista y en la “Unión Democrática” de

1936, adversaria de las fórmulas totalitarias.

Por un lado, los nacionalistas constituían uno de los actores principales y eran partidarios de una

profunda revisión de las instituciones y la Constitución, que abriera el camino a formas de

representación no democráticas (corporativistas), asignando un papel importante a la autoridad,

jerarquía y religión, y condenando el comunismo y el liberalismo. Luego de las elecciones fallidas de

abril de 1931, abandonaron la competencia por la opinión pública y concentraron sus esfuerzos en el

Ejército (difusión de ideas antiliberales).

A pesar de las dificultades presentadas por la heterogeneidad de los sectores conservadores, la

debilidad del antipersonalismo frente al radicalismo liderado por Alvear y el escaso peso electoral del

Partido Socialista Independiente, Justo logró reunir apoyos fundamentales como el Ejército y la

Iglesia, sumado a la abstención radical.

Durante la presidencia de Justo (1931 – 1937), se fundó el Estado Intervencionista y se

consolidó la presencia del Ejército y de la Iglesia en la política.

Estado y Economía

La caída de Wall Street en 1929 produjo en Argentina una caída en las exportaciones y la

interrupción de inversiones de capital. Durante el gobierno de Yrigoyen, se adoptaron políticas como

la inconvertibilidad monetaria y Justo les agregó más medidas ortodoxas (aranceles a importaciones,

impuesto a los réditos, etc.). Sin embargo, el rumbo económico sufrió modificaciones sugeridas por

Pinedo (Ministro de Hacienda en 1933) y Prebisch (presidente del BCRA).

De esta manera, se marcaron dos tendencias definidas: la creciente intervención del Estado y el

cierre progresivo de la economía, sumado al reforzamiento de las relaciones con Gran Bretaña.

-Divisas provenientes de exportaciones se canalizaron hacia un mercado oficial, se estableció

prioridad para su uso por parte del Poder Ejecutivo (servicio de la deuda externa, atender las

importaciones esenciales y remesas de empresas de servicios públicos) y se creó otro mercado libre

(permitió más poder para el Estado, ya que decidía a qué mercado iban las divisas). Margen entre el

precio de compra y venta de moneda extranjera (saldo a favor del gobierno) que permitió sostener

Juntas Reguladoras;

-BCRA en 1935 (emitía moneda y regulaba bancos privados);

Tratado Roca – Runciman (1933):

En el marco de la crisis de 1930, Gran Bretaña optó por reconcentrarse en su imperio, fortalecer

sus vínculos con las colonias y acotar en ellos la presencia estadounidense. De esta manera, se propuso

defender sus antiguos mercados y concedió preferencia en las importaciones a los miembros de

Commonwealth, reduciendo en un tercio las compras de carne argentina (presiones de sectores

dependientes sobre el Estado). A su vez, la política arancelaria y el control de cambios en Argentina le

permitían discriminar importaciones y regular el uso de divisas. Por ello es que el pacto estableció las

condiciones para el mantenimiento de la cuota argentina de carne (asegurar la credibilidad del

gobierno), tratamiento arancelario preferencial y benévolo a empresas británicas (ferrocarriles y

transporte urbano – competencia con automotor estadounidense). Conflicto con De la Torre (discurso

antimperialista).

-Industrialización por sustitución de importaciones (aumento de mano de obra ocupada y

urbanización), gracias al cierre creciente de la economía, los aranceles y la escasez de divisas. La

combinación de un mercado cerrado y algunas pocas grandes empresas por cada actividad tornó poco

relevante la presión por mayor eficiencia o menor precio. Lo eran las reglas de juego que imponía el

Estado, abriendo un campo de negociación con los sectores propietarios.

-Protección del mercado interno.

Iglesia y Ejército

Justo pudo respaldar su gobierno en estos dos sólidos pilares, que fueron avanzando hacia el

centro del escenario político. En 1930, Justo afirmó su liderazgo sobre el Ejército en competencia con

Uriburu, cuyo proyecto reformista había sido descartado gracias a la preponderancia de los principios

liberales y constitucionales en la institución. El líder sostuvo un estricto profesionalismo, por el cual el

Ejército apoyaba al estado independientemente de las disputas políticas, profundizando una

identificación de la patria con el Ejército y trabajando por el desarrollo de la institución. También

existieron algunos desafíos nacionalistas a la autoridad, que cuestionaban la orientación liberal de

Justo, pero fueron superados gracias a la incidencia de la Iglesia, que respaldó el régimen justista y

dotó a las FFAA de una nueva electricidad ideológica.

En la década de 1930, la Iglesia sufrió un proceso de reorganización y expansión institucional,

por el cual una rígida disciplina convirtió a los eclesiásticos en un cuerpo orgánico y se afirmó a la

Argentina como una nación católica. Además, se desarrolló el catolicismo integrista, que condenaba el

individualismo, liberalismo y comunismo. Se incorporó la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo ideal era

una organización social del tipo corporativo y logró integrar la derecha radical y el nacionalismo.

En 1934 se desarrolló el Congreso Eucarístico Internacional que evidenció su fuerte capacidad

de convocatoria. Sin embargo, un factor fundamental fue la “conquista del Ejército”, a través de la

cual establecieron la misión de defensa de la fe de la Nación católica, donde la espada y la cruz son las

bases de la identidad nacional.

Esta Iglesia respaldó al Estado, que contribuyó a su crecimiento institucional, pero no se

conformaron con una versión remendada del Estado liberal y reclamaron cambios más profundos. De

allí el efecto que tuvo la Iglesia bajo el régimen justista: apoyo y presión.

El Frente Popular: Democracia vs. Fascismo

El Partido Comunista, en 1936, propiciaba la creación de frentes populares para combatir el

fascismo gracias a la notable influencia del contexto internacional (Guerra Civil Española; ascenso al

poder de Hitler en 1933, consolidando la identidad de regímenes de derecha, conservadores y

autoritarios; etc.). Dicha propuesta sirvió para aglutinar distintos grupos identificados con las ideas de

libertad, progreso y democracia, en enfrentamiento con el fascismo. En la Argentina, este movimiento

se alimentó del imaginario democrático que arraigó firmemente en la sociedad y que tuvo diversos

componentes:

-Intelectuales: propuesta de educar al pueblo difundiendo la cultura, combinando ideas

provenientes del liberalismo radical, el socialismo, comunismo y antimperialismo, que encontraban

una causa común.

-Trabajadores: la reactivación económica y el desarrollo industrial permitieron que las

organizaciones gremiales comiencen a hacerse presentes en la escena política, reduciendo la

desocupación y devolviéndoles la capacidad negociadora. Sin embargo, había poca sindicalización

gracias a su escaso reconocimiento, por el que los sindicalistas comunistas bregaron (federaciones

estructuradas por rama de industria). Por su parte, los empresarios contaron con el apoyo del Estado en

la represión, que veía el avance del sindicalismo como una amenaza al orden público (exclusión de

beneficios a los trabajadores). A pesar de las rivalidades, socialistas y comunistas creían que los

sindicatos debían vincularse estrechamente con los partidos políticos, con el objetivo de defender la

democracia y enfrentar el fascismo. En torno al clima de entusiasmo por el Frente Popular, los

sindicalistas actuaron de manera activa y procuraron estrechar contactos con el PDP, el PS y la UCR.

En 1937, el Partido Comunista apoyó la candidatura presidencial de Alvear, pero no los socialistas

(fórmula propia). La situación electoral mostró hasta qué punto el régimen estaba dispuesto a hacer lo

necesario para bloquear el regreso del radicalismo al poder: el fraude fue amplio.

El presidente Ortiz, que provenía del antipersonalismo y había sido ministro de Alvear, optó por

bregar por la transparencia electoral y la recuperación del legado de la Ley Sáenz Peña. Es por ello que

se alejó del conservadurismo, recibiendo apoyo de la UCR y una fracción minoritaria del Ejército. Se

trataba de la reedición de un proyecto de “Unión Democrática” que fracasó a causa de la vacancia de

liderazgo político (mueren Alvear, Ortiz y Justo) y de la debilidad política de la coalición (se apoyaba

en partidos divididos, que debían enfrentarse a fuerzas muy consistentes como la Iglesia y el Ejército +

nadie hacía de malo).

Frente Nacional:

Al hacerse público el proyecto de Frente Popular, Pinedo lanzó la propuesta de un Frente

Nacional que uniera las fuerzas políticas e intelectuales adversarias al mismo. Por su parte, los grupos

conservadores no eran insensibles al contexto internacional, donde los regímenes autoritarios y

fascistas se encontraban en pleno auge. De todos ellos se recogía la enseñanza de la crítica radical a la

democracia liberal, el sistema de partidos políticos, la ciudadanía y el constitucionalismo. Así, en los

discursos el entusiasmo por mantener las formas liberales fue decayendo, aunque esto no alcanzaba en

la práctica para mantener un frente político y llegar a un acuerdo entre fuerzas. Además, el estallido de

la Segunda Guerra Mundial dividió a los grupos de gobierno, puesto que algunos optaron por el

neutralismo (UK) y otros la alineación con Estados Unidos.

Iglesia:

Luego del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, los católicos se acostumbraron a salir a

la calle, transmitiendo las consignas del catolicismo integralista, dispuesto a la batalla. Este mensaje se

combinó con otros, relativos a la integridad de la nación y al papel que de las FFAA para defender sus

valores auténticos (amenazados por el socialismo y el liberalismo). La institución llevó a cabo una

suerte de asalto al Estado, puesto que su primer objetivo era establecer la enseñanza religiosa

obligatoria en escuelas fiscales. A su vez, asumió la causa de los nacionalistas españoles y condenó a

la República por comunista y atea.

De esta manera, logró dar unidad y coherencia a los distintos grupos nacionalistas, que

reconocieron el catolicismo integral en su matriz.

Ejército, guerra y neutralismo:

Las corrientes nacionalistas tenían amplia repercusión en el Ejército. La prédica de la Iglesia

había sido exitosa, por lo que estaban convencidos de su papel tutelar sobre la nación y de la

instauración de un orden cristiano y militar.

Por otra parte, los criterios de eficacia llevaban a los oficiales a admirar los gobiernos totalitarios

europeos, que habían acabado con los conflictos propios de los regímenes parlamentarios, lo que los

hacía simpatizar con el Eje.

Con respecto a la guerra, la Argentina se encontraba en una situación sumamente vulnerable,

pues una gran cantidad de insumos de defensa provenían de naciones en guerra que difícilmente

podían seguir cumpliendo esa función, cobrando intensidad las ideas de autoabastecimiento y

autarquía. Por entonces, Castillo buscaba apoyo en las FFAA y se inclinó por una política nacionalista

e industrialista.

El triunfo del Frente Nacional

La legitimidad de Castillo se había erosionado a causa de la acumulación de prácticas

fraudulentas y acción de deterioro de las instituciones constitucionales. Además, al recostarse cada vez

más en las FFAA, las instaló en el centro de las decisiones políticas. Sin embargo, el detonante final

fue la cuestión de la posición de Argentina en la 2GM, ya que la alianza con el Ejército se rompió

cuando Castillo eligió como candidato oficial a un conservador proaliado (Patrón Costas).

El 4 de junio de 1943 se produce el golpe de Estado que se definió por los dirigentes católicos y

nacionalistas, haciendo lugar a los reclamos de la Iglesia militante (enseñanza religiosa, militantes

católicos interventores de universidades).

Organizaciones gremiales.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se dedicó a establecer relaciones con los

dirigentes sindicales, ofreciendo la acción mediadora del estado y estimulando la sindicalización. Por

entonces, la industria argentina crecía alimentada por la expansión del mercado interno, lo que produjo

una demanda creciente de mano de obra, migraciones internas y urbanización.

Al mismo tiempo, se dirigió a los empresarios, señalándoles los peligros de la posguerra y el

riesgo del crecimiento del comunismo para convocar a una acción preventiva consistente en reformas

laborales y redistribución de ingresos. Se trataba de legalizar, legitimar y ordenar la actividad sindical

para, al mismo tiempo, dotar de legitimidad al Estado. Perón estimulaba ese clima de movilización con

el que amenazaba a los empresarios.

Gracias a ello se produjo una división en el gremialismo, entre quienes veían la acción sindical

como un complemento de las orientaciones de los partidos políticos de izquierda, y quienes preferían

mantenerse abiertos a la negociación con el Estado. Desde esta perspectiva, los dirigentes sindicales

ingresaron directamente a la arena política, alentados por el discurso de justicia social llevado a cabo

por Perón.

El orden peronista: los orígenes del peronismo – la construcción de un nuevo bloque de

poder

El 4 de junio de 1943 el gobierno de Ramón Castillo fue desplazado sin ofrecer resistencia.

Comenzó, entonces, un nuevo ciclo político destinado a producir transformaciones de amplio y

duradero impacto en los equilibrios políticos y sociales del país. Sin embargo, la dirección de los

cambios futuros fue difícil de discernir luego del golpe militar, y un ejemplo de ello fue la renuncia

antes de asumir de quien lo encabezara inicialmente, el general Arturo Rawson, y su reemplazo por el

general Ramírez.

La Revolución de Junio fue obra de unas Fuerzas Armadas atravesadas por los principales

contrastes que dividían la política nacional:

Actitud frente a los bandos en pugna en la Segunda Guerra Mundial: Castillo había optado

por la política de neutralidad y persistió en ella aun cuando Estados Unidos la había abandonado en

1941. Esto se interpretaba como resistencia a incorporarse a la cruzada mundial de las democracias

contra el fascismo, por lo que desembocó en presiones por parte de la opinión pública (dentro de la

cual radicales y socialistas reclamaban el alineamiento con los aliados) y Estados Unidos (suspendió la

venta de armamentos). La controversia se trasladó al Ejército, donde los altos mandos se manifestaban

a favor de la ruptura con el eje, mientras que los cuadros intermedios preferían la neutralidad.

Funcionamiento de las instituciones políticas: durante la presidencia de Ortiz, había

comenzado un proceso de depuración de prácticas políticas de la restauración conservadora y buscó un

acercamiento con el radicalismo. Sin embargo, al delegar el poder a Castillo en 1940, se volvió a

recurrir al fraude para asegurar victorias electorales y se replegó sobre el respaldo de las FFAA (donde

también existían opiniones mezcladas entre partidarios radicales inquietos en torno a prácticas

fraudulentas, y los que manifestaban su rechazo a las instituciones de la democracia liberal).

Sin embargo, la decisión que definió en panorama político fue la designación como candidato a

la sucesión presidencial, por parte de Castillo, del conservador Patrón Costas. Este resumía los rasgos

más irritativos de la restauración conservadora y la simpatía hacia la causa aliada y la posición de

Estados Unidos, produciendo un rechazo unánime de las Fuerzas Armadas (lo que, en su visión,

justificaba un nuevo golpe de Estado).

Las distintas facciones militares heterogéneas se sumaron a la Revolución con una notoria

diversidad de objetivos. A medida que avanzó la dirección militar, fueron evidentes la limitación a la

actividad política (frustrando esperanzas radicales de vuelta a comicios libres) y la no-ruptura de

relaciones con el Eje. Por ello fue que en octubre de 1943, el poder pasó a manos del Grupo de

Oficiales Unidos, partidarios de una neutralidad intransigente y del “imperio de la cruz y la espada”.

Algunas de las medidas tomadas fueron la represión contra grupos de izquierda y sindicatos,

declaración de los partidos políticos como ilegales, intervención de universidades y obligatoriedad de

enseñanza religiosa en las escuelas públicas, todas ellas apoyadas por católicos integralistas y

nacionalistas.

En 1944, el presidente Ramírez decidió la ruptura de relaciones con el Eje, por lo que fue

desplazado y reemplazado por el general Farrell. Además, comenzó una puja entre los miembros del

GOU y de la que emergería Perón, con una generación de cuadros más nacionalista.

Una influencia decisiva fue ejercida por la Iglesia, líder de una vigorosa ofensiva contra la

tradición liberal, con el fin de dilatar su presencia pública y recuperar al Estado para la fe católica.

Para ello, llevó a cabo una “Conquista del Ejército”, que se llevó a cabo a través de un trabajo capilar

y silencioso en los cuarteles por una red de capellanes castrenses e intelectuales católicos. La misión

del Ejército dejó de estar asociada a la defensa del territorio y la legalidad constitucional para ser

concebida en términos de defensa de la nacionalidad, de una identidad argentina radicada en la

tradición y los valores cristianos.

Cuando hacia mediados de 1944 estalló el conflicto dentro del GOU, Perón logró inclinar la

disputa a su favor (ofreciendo un programa social y económico, y apertura hacia grupos estratégicos) y

acumular los cargos de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo,

convirtiéndose en el jefe virtual de la revolución. Algunas de sus propuestas fueron la creación del

Consejo Nacional de Posguerra (1944), el Departamento Nacional de Trabajo (1943), aplicando una

política de concesiones a los trabajadores y de acercamiento con los dirigentes sindicales (a excepción

de los comunistas).

De esta manera, los poderes públicos irrumpieron en la vida de las empresas, imponiendo la

negociación colectiva y estimulando la afiliación sindical. También convocó a los sectores

empresarios invitándolos a colaborar, argumentando que si el Estado no intervenía, el malestar de las

masas podía tornarse explosivo. Cabe resaltar la alineación de la acción de la Secretaría de Trabajo

con la doctrina social de la Iglesia.

En 1945, luego de la ruptura con el Eje, los partidos políticos volvieron a la legalidad y se

convocó a elecciones presidenciales para 1946. Perón inició contactos con políticos radicales y

conservadores para poner a su servicio maquinarias políticas efectivas. Con ese aporte, el de los

dirigentes sindicales, la colaboración de las clases patronales, del Ejército y la Iglesia, se proponía

presidir la Argentina de la posguerra. Sin embargo, no obtuvo apoyo suficiente de los sectores

empresarios y partidos políticos, lo que desembocó en una ofensiva opositora significativa en 1945,

decidida a imponer la rendición incondicional de Perón. Esto obligó a los sindicatos a tomar partido y

organizar una movilización en defensa de las reformas laborales.

A su vez, la oposición llevó a cabo una demostración con la consigna de entrega del poder a la

Corte Suprema, lo que produjo el restablecimiento del estado de sitio y ocupación de centros más

activos de la resistencia por parte del gobierno nacional.

El 9 de octubre de 1945 se le impone a Perón, por parte del Ejército, la renuncia a todos sus

cargos y el apresamiento en Martín García. Sin embargo, esto tuvo poca duración gracias a 3 factores:

Error táctico de la oposición democrática (insistencia en el retiro de los militares a los

cuarteles y en la transferencia del poder a la Corte Suprema);

Movilización de trabajadores en favor de Perón el 17 de octubre;

Permanencia y no represión de la movilización anteriormente mencionada por parte del

Ejército de Campo de Mayo.

Primera presidencia

Perón resurge como candidato del oficialismo y de la Iglesia en 1946. Por su parte, la oposición

no ocultó su intención de poner fin a la orientación clerical del régimen militar, agitando la bandera de

la enseñanza laica. Por lo tanto, se presentaron el Partido Laborista (en alianza con la UCR- Junta

Renovadora, una escisión del radicalismo promovida por Perón para limitar el sesgo obrerista de su

candidatura) y la Unión Democrática (UCR, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista y

Partido Comunista). Ambos se dirigían a un país en el que la industrialización era un proceso ya

irreversible y respondían al clima ideológico de la posguerra, con su énfasis en la intervención del

Estado en la economía y distribución igualitaria de la riqueza. Incluso en lo concerniente a la política

laboral, la Unión Democrática abogó por un perfeccionamiento de lo que se había hecho.

Sin embargo, manifestó que el momento de decidir el futuro social y económico del país llegaría

una vez superados los peligros que se cernían sobre las libertades públicas y levantó la consigna “Por

la libertad contra el nazifascismo”. Ganó Perón y obtuvo mayoría en Cámara de Diputados y

Senadores.

Divisiones en la oposición surgieron cuando se sugirió la incorporación de los conservadores a la

Unión Democrática, a lo que el radicalismo se opuso fervientemente. De un lado estuvieron los

dirigentes que de todos modos apoyaron la coalición opositora, mientras que otros decidieron sumarse

a los partidarios de Perón.

Dos incidentes marcaron la batalla electoral: A) decreto del presidente Farrell, invocando

instrucciones dejadas por Perón, que establecían un aumento general de salarios, extensión de

vacaciones pagas, aumento de indemnizaciones por despido y el aguinaldo. Esto produjo

enfrentamientos entre sectores patronales y trabajadores, además de críticas de la oposición por un

“golpe electoralista” (redefinición conflicto político – justicia social vs. Injusticia social); B)

Intervención de Braden, que dio a conocer un informe donde denunciaba conexiones de los círculos

militares con el régimen nazi. Perón lo caracterizó como el creador de la Unión Democrática y acentuó

el sesgo nacionalista de su campaña – Braden o Perón.

La coalición oficialista estuvo al borde de la desintegración por la heterogeneidad de las fuerzas

que la integraban y la incertidumbre de su participación institucional. En el centro del conflicto

estaban los dirigentes sindicales del Partido Laborista y los políticos agrupados en la UCR-Junta

Renovadora, por lo que Perón ordenó la disolución de los partidos de la alianza electoral y llamó a la

creación de un nuevo partido (Partido Peronista) invocando la necesidad de cohesión. Las elecciones

internas de 1947 estuvieron marcadas por fuertes enfrentamientos entre los sectores de origen laborista

y político, con fraude y rebelión ante los resultados. Sin embargo, gracias a la división en ramas

(masculina, femenina y sindical) en 1949, disminuyó la tensión.

A su vez, la CGT se transformó en un agente de directivas oficiales del gobierno, que constituyó

un pilar fundamental del mismo, junto con las Fuerzas Armadas (gracias a la satisfacción de sus

demandas profesionales). Además, estas se identificaban con los principios generales del gobierno de

Perón: nacionalismo, industrialización y anticomunismo. La Iglesia también contribuyó al

afianzamiento del nuevo régimen, gracias a la ley de instauración de enseñanza religiosa en las

escuelas (1947), aporte de fondos para contribución de actividades de culto, participación oficial en

ceremonias religiosas y la invocación a la Doctrina Social de la Iglesia.

Con el respaldo de las FFAA y la Iglesia, y la adhesión de una masa popular progresivamente

encuadrada bajo una dirección centralizada, el nuevo orden tenía un futuro relativamente seguro. No

obstante, Perón reforzó el régimen a través de mecanismos de control burocráticos y represivos (juicio

político a los miembros de la Corte Suprema en 1946, eliminación de opositores de agrupaciones

estudiantiles y universidades, clausura de periódicos no afines al régimen, etc.).

Gracias a ello, la oposición política quedó limitada a las tribunas parlamentarias, donde existía

una abrumadora mayoría gubernamental y donde se mantuvo, dentro de la oposición, una división

constante frente a un gobierno que ratificaba sus peores temores acerca de la salud de las libertades

públicas. Para algunos esto significó juicio por desacato, pérdida de los fueros, prisión o,

mínimamente, silenciamiento bajo el peso de mayorías oficialistas.

Tercera Posición:

Respeto por la autodeterminación de los Estados nacionales y la aspiración a un orden

económico mundial más equitativo. Estos matices no correspondían con las simplificaciones propias

de la Guerra Fría y fueron una fuente permanente de tensiones en sus relaciones con Estados Unidos.

Economía

El programa implementado en 1946 consistió en la expansión del gasto público, otorgando al

Estado un papel central en la producción y servicios públicos a través de una política de

nacionalizaciones; redistribución equitativa del ingreso y régimen de incentivos que premió al

mercado interno en detrimento de los mercados internacionales, combinando intervencionismo estatal,

justicia social y sustitución de importaciones. Todo ello fue posible gracias a la ausencia de deuda

externa, reservas de divisas, demanda y altos precios de exportaciones (sobre todo agrícolas, que

facilitaron el financiamiento en divisas. Creación del IAPI -Instituto Argentino para la Promoción del

Intercambio-, que compraba a productores locales a un precio fijado por las autoridades y vendía en

los mercados internacionales a un precio más alto), industrialización creciente y acrecidos ingresos

fiscales.

Sin embargo, la economía peronista no fue el resultado de una estrategia exclusivamente

económica, sino que los apoyos sociales condicionaron las opciones en esta materia.

A causa de la intervención del Estado Benefactor (congelamiento de alquileres, salarios

mínimos, precios máximos, créditos y planes de vivienda, salud pública, turismo social, escuelas) en la

economía, se implementó el Primer Plan Quinquenal (1947), basado en el poder de compra del Estado

y en los salarios altos y que, por estar orientado hacia el mercado interno, pudo desentenderse de sus

inevitables costos en términos de eficiencia y competitividad.

Esto produjo el fuerte crecimiento de los asalariados impulsado por la expansión de la

administración pública y las burocracias de las empresas privadas y, también, de las clases medias

(gracias a la alta movilidad social). Con el apoyo oficial, los sindicatos continuaron reclutando nuevos

afiliados y se extendió la cobertura de negociaciones colectivas sobre el mercado de trabajo.

Legislación laboral (aguinaldo, vacaciones, jubilación, indemnización por despido y accidentes). Voto

femenino (1947).

De esta manera, la justicia social condujo a una mayor integración sociopolítica de los

trabajadores: las masas que habían entrado a la política como los descamisados, pasaron a identificarse

con los trabajadores, subrayando el reconocimiento alcanzado en una sociedad más igualitaria.

La prosperidad económica, el apoyo popular y el autoritarismo contribuyeron a la consolidación

del régimen, lo que posibilitó la reforma constitucional de 1949, cuya cláusula más significativa fue la

supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial, lo que permitió a Perón ser reelecto en

1952 (además de la modificación de la ley electoral, que aprobó las circunscripciones uninominales).

El sistemático atrofiamiento del pluralismo político y de las libertades públicas reveló las

aspiraciones de Perón a anular toda disidencia, reduciendo al mínimo la presencia opositora en el

único ámbito en el que podía expresarse: el Parlamento. Los partidos opositores se encontraron

despojados de los recursos elementales para disputar las preferencias políticas del electorado, y las

mayorías electorales capturadas por el peronismo no fueron más que el fruto de la manipulación de las

reglas de la competencia política.

Segunda presidencia

Durante dicho período, se comenzó con una peronización de las instituciones: la doctrina

peronista fue declarada doctrina nacional, lo que constituyó su consagración como único movimiento

nacional, eliminando todo vestigio de pluralismo en la vida política; la afiliación al partido oficial pasó

a ser requisito para el desempeño de cargos administrativos.

La preocupación por la paz social presidió la reorganización de las relaciones entre el Estado y

los intereses sociales, con el objetivo de crear un orden capaz de armonizar las exigencias legítimas de

los sectores sociales y de neutralizar los efectos desestabilizadores de las luchas de clases. El

instrumento para ello era la “Comunidad Organizada”, en la cual diversos grupos de interés pudiesen

dirimir sus diferencias con la supervisión del Estado (CGT, CGE, CGP, CGU, UES), lo que le

devolvería su papel de árbitro.

Relación con las FFAA

Fueron más abiertas las tentativas de reemplazar la subordinación constitucional de las mismas

al jefe de Estado por la lealtad al liderazgo de Perón, ya que la doctrina justicialista fue incorporada a

los programas de las escuelas militares y las promociones dentro de la corporación premiaron más la

fidelidad individual que la competencia profesional. La cúpula militar cedió ante tales exigencias, pero

el malestar cundió en los cuerpos intermedios, generando un terreno fértil para actividades

conspirativas. Por otro lado, resultó evidente el rechazo por parte de dicha institución hacia la

abrumadora presencia de las masas obreras en la vida pública, al forzado conformismo impuesto por la

propaganda oficial y al culto de la personalidad de Perón.

Relación con la oposición

- Socialistas: desprovistos de sus apoyos obreros, mantuvieron su condena al fenómeno político

peronista, identificándolo como la reencarnación de la hostilidad de la política criolla hacia los ideales

de la razón y la libertad. Por ello es que no se mostraron dispuestos a escuchar fracciones internas que

reclamaban una postura más comprensiva. Lo mismo con el Partido Comunista y conservadores.

- Radicalismo: la corriente intransigente criticó a sus autoridades por haber privilegiado en

exceso las consignas antifascistas, entregando el monopolio de las banderas reformistas a Perón.

Desde la conducción de la UCR se pronunciaron a favor de la lucha a través de las instituciones, no

obstante las restricciones puestas por el régimen, en el intento por conformar una oposición que no se

confundiera con los reflejos socialmente conservadores del antiperonismo. Por otro lado, los

unionistas optaron por la política de ruptura mediante el aliento a la resistencia clandestina y al golpe

militar. El radicalismo quedó sumergido en un enfrentamiento faccioso.

Luego del escándalo de corrupción en el que Juan Duarte se vio involucrado en 1953 y su

posterior muerte, la CGT convocó una concentración popular para solidarizarse con Perón, donde

estallaron dos bombas. Esto causó la detención de dirigentes y personalidades opositoras. Esa noche,

grupos de manifestantes incendiaron las sedes del Jockey Club, Partido Socialista, Partido Demócrata

y UCR.

Relación con la Iglesia

Luego del éxito electoral de 1954, sumado al mejoramiento de la imagen gubernamental frente a

los medios empresarios y la normalización de las relaciones con Estados Unidos, los sectores

opositores confirmaron que la única forma de acceder al poder era que estallara el conflicto dentro del

propio régimen. Esto fue lo que ocurrió cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, ya que dividió sus

apoyos en las Fuerzas Armadas y puso en marcha la conspiración militar.

El ejercicio absolutista del poder fue afectando las relaciones con la Iglesia y se hizo visible su

desplazamiento progresivo de los ámbitos tradicionales de su acción pastoral. La afrenta mayor fue el

intento de convertir el justicialismo ya no solo en la doctrina oficial del Estado, sino en la expresión

del verdadero cristianismo. A su vez, los cultos no católicos disfrutaron de una sospechosa tolerancia,

existió devoción popular hacia la figura de Evita. A causa de ello, las asociaciones de laicos

devinieron en refugios de una militante resistencia, canalizando las disidencias que los partidos

mostraban no ser capaces de articular.

Luego de la intervención de Perón en 1954, cuando acusó a “ciertos sacerdotes” de actividades

antiperonistas, una sucesión de medidas suprimió los derechos y privilegios otorgados a la Iglesia

(eliminación de enseñanza religiosa en escuelas fiscales y subsidios a la enseñanza privada,

aprobación de una ley de divorcio, reapertura de prostíbulos, prohibición de procesiones religiosas,

anuncio en 1955 de reforma constitucional que estableciera separación entre Iglesia y Estado).

Esto causó diversos conflictos, como una procesión de Corpus Christi, un atentado contra la vida

de Perón, incendios de iglesias en Buenos Aires, entre otros. Aunque Perón adoptó posteriormente una

política de conciliación, por la cual cesaron los ataques a la Iglesia, se produjo un rotundo fracaso de la

tregua. GOLPE Y ASUME LONARDI.

Economía: crisis 1949 – 1951 y Segundo Plan Quinquenal (1952) + impacto en relación con

trabajadores

A partir de 1949 inició el fin de la bonanza de comercio exterior que había acompañado a Perón

al instalarse en el poder. Para sobrellevar la desfavorable coyuntura, el gobierno especuló con el

estallido de una Tercera Guerra Mundial que mantuviera en alza la demanda de productos del campo

argentino y participó del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa de 1947, pero el gobierno

norteamericano le adjudicó una cuota mínima en el abastecimiento de alimentos.

En este marco estalló la crisis del sector externo, que se trasladó a la actividad industrial

nacional, por la dificultad de importar maquinarias y equipos, e impulsó un crecimiento de la

inflación. Para una política de desarrollo basada en el liderazgo del sector público y el crédito barato

para financiar la expansión del mercado interno, la alternativa de un plan de ajusto implicaba costos en

términos laborales. Es por ello que se llevó a cabo un recorte de importaciones, racionando el crédito y

reduciendo los compromisos fiscales.

Una de las consecuencias fue la sucesión de conflictos entre 1949 y 1951 en las actividades más

afectadas por la disminución de subsidios, que no contaron con la benevolencia del gobierno y

terminaron en la detención de sus promotores y la intervención de sindicatos involucrados.

La nueva estrategia económica consistió en privilegiar la estabilidad por sobre la expansión, la

agricultura por sobre la industria, y la iniciativa privada y el capital extranjero por sobre el crecimiento

del sector público. Además, se instaba a la población a disminuir el consumo y promovió una tregua

entre empresarios y sindicatos para neutralizar la puja distributiva (congelamiento de salarios y

suspensión de negociaciones colectivas), con el objetivo de aquietar las presiones inflacionarias.

Segundo Plan Quinquenal: redefinición de políticas de subsidios y precios, devolviendo al sector

rural parte de la rentabilidad perdida (reorientación del IAPI en favor del campo); corrección de

excesiva dependencia de la industria de los insumos importados; nueva fase de sustitución de

importaciones por medio de la producción de maquinarias e insumos industriales, a través de la

apertura hacia el capital extranjero. Esto produjo simpatías en el mundo empresarial, pero también

generó un clima de inquietud en su coalición de apoyo:

- Negociación con Standard Oil de California para explotar yacimientos petrolíferos

nacionales, por la incapacidad de YPF para afrontar las inversiones necesarias. La oposición radical

impugnó el contrato con un discurso antimperialista, mientras que el bloque oficialista hizo lo propio

invocando la traición al principio justicialista de independencia económica.

- Congreso Nacional de Productividad (1954): ejercicio de concertación social entre la CGT y

la CGE en la que la delegación sindical rechazó todas las concesiones en materia de flexibilidad

laboral que reclamaban los empresarios.

Reforma Constitucional de 1949

La creación de una nueva constitución y el diseño de una democracia plebiscitaria son parte de

un proyecto de renovación política que promete el populismo ante el fracaso de un régimen

representativo, proponiendo devolver el poder al pueblo y restaurar la legitimidad democrática del

sistema político. Esa nueva constitución será la expresión de la mayoría, y no de una negociación entre

partidos. A su vez, para superar las deficiencias del régimen representativo – liberal, se propone una

visión anti-individualista de los derechos, un sistema electoral mayoritario y una distribución de poder

que fortalece al Poder Ejecutivo y el gobierno central en desmedro del resto de las instituciones.

Las democracias existentes se fundan en un equilibrio inestable entre el principio democrático

según el cual todo poder legítimo emana del pueblo y responde ante él, y el principio liberal

constitucional que postula que el poder es ejercido por un cuerpo de representantes sujeto a los límites

de un orden constitucional cuyo fin último es la limitación del poder y la protección de las minorías.

Sin embargo, siempre existe el populismo como amenaza latente ante el funcionamiento

deficiente de un régimen representativo. Los líderes y movimientos populistas surgen tanto del fracaso

del anteriormente mencionado sistema representativo como de la declinación de los partidos políticos

tradicionales (vistos como organizaciones oligárquicas que distorsionan la voluntad real del

ciudadano). Consistente con la idea de regenerar la política y superar las deficiencias del régimen

representativo, el populismo busca plasmar su proyecto en un nuevo orden constitucional que sea

expresión directa de la soberanía popular. Desde esta perspectiva, apela al poder constituyente

originario y revolucionario del pueblo, que solo puede expresarse por medio de una constitución

creada por una convención especialmente elegida para esa tarea. De esta manera, se contrapone la

legitimidad liberal encarnada en el Congreso y los partidos, a la democrática que emana de la

intervención directa del pueblo (democracia plebiscitaria y antiparlamentaria).

Contexto en marzo de 1948, con ocasión de elecciones legislativas, el gobierno anunció la

intención de reformar la Constitución con el fin de medir el apoyo probable. Dichas elecciones

otorgaron al Partido Peronista una nueva victoria en la cual la imposición unilateral de un partido sería

presentada como una decisión del poder constituyente del pueblo. De esta manera, Perón promovió la

idea de que la Constitución precisaba ser actualizada e integrada, ya que la de 1853 reflejaba una

ideología individualista que impedía la protección de los derechos laborales y la regulación de la

economía con propósitos sociales. Aquí no estaba el desacuerdo con el radicalismo.

Mientras el peronismo buscaba una transformación que fuera fruto de la expresión directa de la

voluntad popular y no estuviera sujeta a ningún límite impuesto por los poderes, la oposición liberal

proponía que el Congreso, a través del procedimiento de enmienda, estableciera qué se iba a reformar.

Además, el principio de mayoría era otra cuestión: el gobierno quería ser el auténtico intérprete de la

voluntad popular, mientras que la oposición reclamaba pluralismo político y deliberativo.

El procedimiento de enmienda establecía que debía haber acuerdo de dos tercios de ambas

Cámaras (que decidirían específicamente qué se reformaría) y luego la aprobación de la Asamblea

Constituyente. Sin embargo, el proyecto de reforma no enumeró los asuntos específicos (sino en

términos generales e ideológicos) y fue aprobada con dos tercios de los presentes (a propósito para

oponer la voluntad popular a la legalidad constitucional). La oposición rechazó la reforma por la

ausencia de condiciones políticas adecuadas y las irregularidades del proceso. Sus argumentos fueron

rechazados por la mayoría y en agosto de 1948 se aprobó un proyecto de reforma total. Las elecciones

constituyentes le otorgaron al peronismo una autoridad plebiscitaria y un voto a favor de Perón.

Aunque Perón no manifestó la intención de levantar la prohibición de reelección, la oposición

alegó que este era su principal objetivo.

Al aprobarse la nueva Constitución, los delegados radicales criticaron el fortalecimiento de los

poderes del presidente, el debilitamiento de los controles del Congreso y el incremento del sistema

político.

Modificaciones En primer lugar, la Constitución Nacional de 1949 reemplazaba la visión

individualista de los derechos por una de tipo comunitario, donde los individuos eran primariamente

reconocidos no como entidades independientes y aisladas, sino como parte del conjunto social

(rechazando la visión liberal de la democracia, que se funda en un gobierno limitado por los derechos

y garantías de los individuos y la división de poderes, buscando unificar la representación a través de

la figura presidencial como agente principal del poder popular). En ese sentido, esta enumeraba una

extensa lista de derechos sociales, no solo de los trabajadores (menos la huelga, que significaba la

ruptura con un orden que tenía la pretensión de ser justo), sino también de la familia, la ancianidad, la

educación y la cultura. Si bien reconocía los de carácter individual, se subordinaba dicho

reconocimiento al cumplimiento de ciertos fines comunitarios. Un ejemplo de ello es fue la limitación

del derecho de propiedad con propósitos sociales. A su vez, declaraba que el abuso de derechos que

perjudique a la comunidad constituiría un delito castigado por las leyes, permitiendo una intervención

arbitraria del Estado en la reglamentación de libertades individuales.

De la misma manera en la que el proyecto establecía el derecho del Estado a interferir en la

esfera de individualidad con propósitos sociales, se transformó también la relación entre Estado y

economía (implícita en la Constitución anterior). El proyecto introdujo el derecho general del Estado

para intervenir en cuestiones económicas y garantizar la justicia social. Los servicios públicos fueron

declarados actividad estatal y los recursos naturales, propiedad del gobierno nacional.

En adición, se produjo una profundización del carácter mayoritario del sistema electoral en su

conjunto, puesto que estableció la elección presidencial directa por mayoría relativa de votos y la

posibilidad de reelección indefinida del presidente por períodos consecutivos. Con respecto a la

elección de senadores, sería una directa por mayoría relativa, y se cambiarían los términos de mandato

de los legisladores para que la renovación legislativa fuera concurrente con la presidencial. Se

unificaron todos los mandatos en seis años. Principalmente, el objetivo de dichas reformas consistía en

intentar reducir las probabilidades de que las elecciones legislativas, siendo no concurrentes con la

presidencial, pudieran privar al primer mandatario de apoyo legislativo en caso de un cambio temporal

en las preferencias de los votantes.

En lo que respecta a la figura presidencial, se optó por un fortalecimiento de la misma y del

centralismo estatal. En materia de poderes de gobierno, se eliminó una de las pocas instituciones que

permitía una forma de control del Congreso sobre el gobierno, como era la capacidad de la legislatura

de llamar a los ministros del gabinete para que explicaran políticas desarrolladas bajo su jurisdicción.

Cualquier petición, según la Constitución de 1949, debía dirigirse al presidente, quien era libre de

decidir la forma de respuesta. También se suprimió la obligación de que los ministros proporcionaran

informes anuales al Congreso.

Otra reforma de importancia fue el fortalecimiento de los poderes de emergencia del presidente,

puesto que se dispuso un “estado de prevención y alarma” que se aplicaría en caso de alteración del

orden público, produciendo la limitación temporaria de garantías. Sin embargo, el no-establecimiento

de plazos y su vaguedad podían dar lugar a limitaciones arbitrarias a derechos civiles básicos. El factor

fundamental de dicha modificación era que este estado podía ser declarado por el presidente sin

autorización previa del Congreso. También ratificaba las cláusulas del Código Criminal Militar

vigente (tribunales militares con jurisdicción civil), expandiendo la autoridad del presidente para

declarar la ley marcial en tiempos de emergencia.

Además de los cambios mencionados anteriormente, podemos identificar:

• Fortalecimiento de poderes de veto del presidente, quien obtuvo el derecho de rechazar partes

de una ley, y promulgar el resto

• Extensión del período para ejercer los poderes de veto (de 10 a 20 días)

• Incorporación del derecho del presidente a introducir legislación en ciertas áreas, como

presupuesto, o establecimiento del número y funciones de los ministros (aprobación del presupuesto

por períodos de tres años).

• “Cooperación requerida por el gobierno federal para hacer cumplir la constitución y las leyes

nacionales”, como forma de justificación de nuevas formas de intervención hacia las provincias.

• La explotación de los recursos ahora solo podía obtenerse por medio de acuerdos con el

gobierno nacional (antes las provincias tenían poder original sobre los recursos naturales)

• Requisito de que todos los jueces federales deberían tener aprobación del Congreso de sus

nombramientos anteriores.

Unidad IV: Estadocentrismo y poder militar (1955 – 1983)

Autoritarismo y democracia – Cavarozzi

La superficie de la política argentina, al reiterarse los ciclos de ascenso, crisis y desintegración

de gobiernos constitucionales y militares, ha ido adquiriendo una textura de uniformidad que se

distinguió por la intensidad y violencia de las turbulencias políticas. Es por ello que se ha

caracterizado a la sociedad como una situación de equilibrio entre fuerzas sociales de peso

relativamente parejo, capaces de bloquear los proyectos políticos de sus antagonistas e incapaces de

imponer los suyos propios (EMPATE HEGEMÓNICO).

Por ello es que la sociedad argentina, luego de 1955, fue una situación de equilibrio dinámico en

la que deben distinguirse dos etapas:

- De 1955 a 1966: FÓRMULA POLÍTICA DUAL

(Por un lado, los partidos no peronistas y el Parlamento; por el otro, un sistema de

negociaciones/presiones extraparlamentarias y extrapartidarias - chantaje) en la que cada gobierno se

caracterizó por que su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración,

siendo condicionado por presiones externas y limitado por su heterogeneidad interna. Predominan los

GOBIERNOS DÉBILES, tanto civiles como militares, que intentaron formar un régimen

SEMIDEMOCRÁTICO (por la proscripción del peronismo, contradicción generada por el mismo

sistema político), lo que causó que los distintos actores sociales perfeccionaran su capacidad para

hacer naufragar las irrupciones desde arriba.

Tanto en 1955 – 1958 (derrocamiento de Perón) como en 1962 – 1963 (derrocamiento de

Frondizi) el autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de

mecanismos proscriptivos del peronismo, ya que era percibido como un fenómeno adverso a las

instituciones y valores democráticos. Desde 1955, se configuraron nuevos modos de hacer política que

implicaron una redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones

socioeconómicas, a través de desfasajes entre los intereses socioeconómicos y los bloques políticos,

la formación de un nuevo movimiento sindical peronista y el ingreso de los militares en la arena

política en un rol tutelar (expandido luego para acabar con las instituciones democráticas y

parlamentarias).

El derrocamiento de Perón en 1955 fue promovido por los partidos no peronistas, los

representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las

FFAA y la Iglesia. Sin embargo, el peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en

el eje de un vigoroso movimiento opositor.

En primer lugar, la proscripción del peronismo introdujo una disyunción (limitada

correspondencia entre los conflictos y alineamientos sociales y las modalidades institucionales de

hacer política) entre la sociedad y el funcionamiento de la política, que resultó en la formación de un

sistema político dual. Una consecuencia de esto fue que el sector popular (privado de toda

representación) y el frente antiperonista rara vez negociaron. Las presiones ejercidas por los primeros

fueron de carácter extrainstitucional y el sindicalismo peronista fue su expresión más fuerte, que tuvo

la capacidad de desestabilizar a todos los gobiernos. También se produjo una “disyunción dentro de

la disyunción” en el antiperonismo, ya que los partidos no peronistas y los militares comenzaron a

expresar contenidos disímiles, gracias al “deslizamiento autoritario” de los militares y el espacio de

controversias constituido dentro de los partidos no peronistas.

La primera de estas controversias fue el rol del gobierno con respecto a la erradicación del

peronismo, donde podíamos encontrar posiciones integracionistas (gradual reabsorción del

peronismo a la vida política, luego de limpiarlo) y gorilistas (extirpar el cáncer peronista).

La segunda estuvo vinculada al modelo socioeconómico, distinguiendo:

Populismo reformista:

Que no cuestionó las medidas básicas del peronismo y alentó la promoción de intereses de

la clase obrera y burguesía urbana, limitación del capital extranjero en determinados sectores y

producción de bienes de capital. Sin embargo, sí criticó el desaliento de políticas peronistas al

agro, el aumento del gasto público y la el fracaso en la promoción de industria pesada Impulsada

por la UCR del Pueblo (posición más proscriptiva) luego de la división en 1956, ya que Frondizi

(UCR Intransigente – posición de gradual legalización), al asumir la presidencia en 1958, adoptó

la desarrollista.

Desarrollismo:

Que sostuvo que el estancamiento económico se debía a un retardo en el crecimiento de

industrias de base. La solución sería un proceso de profundización, que abarcara la expansión de

sectores productores de bienes de capital y de la infraestructura económica a través del capital

extranjero. Propugnó ajustes al modelo de conciliación de clases.

Liberalismo

Que criticó el modelo de conciliación de clases (deterioro de la disciplina) y cuestionó el

desarrollo industrial como núcleo dinámico de una economía cerrada. El mercado era la pieza

fundamental, a través de la apertura de la economía y la reintegración al mercado internacional

(reducción de intervención estatal).

Las divisiones mencionadas produjeron un entramado permanente de alianzas y separaciones en

torno al modelo socioeconómico y las alusiones de cada sector hacia la cuestión del peronismo. Tales

alusiones hacían referencia a las principales manifestaciones político – institucionales de la identidad

peronista de los sectores populares, que eran la su exclusión política y su renovada adhesión al

movimiento sindical. A esto se sumaron las oscilaciones permanentes de los liberales entre la UCR

Del Pueblo y la Intransigente, según priorizaran el modelo económico (1959 – 1961) o la cuestión del

peronismo. Por ello fue que los resultados electorales siempre se definían por estas oscilaciones, hasta

que adquirieron consciencia de la inutilidad de las mismas y optaron por una estrategia abiertamente

antidemocrática (mediados de los 60’).

Sindicalismo

El régimen militar de 1955 - 1958 fracasó rotundamente en sus intentos de erradicar al

peronismo de la clase trabajadora, ni logró imponer un sistema de afiliación y representación sindical

múltiple. Sin embargo, estos intentos produjeron cambios importantes en el interior del movimiento

obrero. El estilo de control político de la clase obrera a través del tutelaje benévolo por parte del

Estado fue modificado, y los líderes sindicales peronistas fueron desplazados. De esta manera, se

crearon las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista que ganó cierta

independencia frente a Perón.

La naturaleza del vínculo con Perón cambió (no podía satisfacer sus demandas), su figura

emergió como un símbolo de retorno a un pasado mejor y, por último, perdió la capacidad de controlar

a los líderes peronistas. Junto con los desafíos a su autoridad, la ambigua ideología peronista empezó a

reflejar más la correlación de fuerzas internas del movimiento, transformándose en un peronismo

crecientemente proletario. Además, cada vez que se levantó la proscripción, la acción de los líderes

sindicales se vio expandida por la posibilidad de incidir en la lucha política, donde el voto de los

trabajadores se transformó en instrumento de negociación y presión.

Los líderes sindicales peronistas desarrollaron la aptitud, antes impensada, de negociar con

actores políticos no peronistas (partidos, asociaciones empresariales y los militares). De esta manera,

su poder se amplió gracias a las presiones, negociaciones y la adopción de un discurso de restauración

del modelo previo a 1955. En fin, sus prácticas políticas combinaron dos elementos: esporádicas

penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria, gracias a la influencia en la

conducta electoral de los trabajadores, y una acción de desgaste contra regímenes políticos que

excluyeron al peronismo.

El movimiento sindical peronista se tornó en una fuerza subversiva y reflejó que recurrieron al

quebrantamiento de las reglas formales del sistema como efecto desestabilizador, induciendo a los

gobiernos de turno a abandonar el poder o alentando su deposición. El logro de sus objetivos a través

de intermediarios dio lugar a que los objetivos de estos interfirieran los propios del movimiento

sindical. Además, que el poder del sindicalismo se manifestara a través de bloqueos a proyectos ajenos

ocultó su incapacidad de proponer iniciativas. Esta capacidad defensiva les permitió obstaculizar las

reformas económicas que no los favorecieran.

Militares

El éxito de la insurrección militar de 1955 inauguró un nuevo patrón de intervención militar, ya

que entre 1930 y 1955 las FFAA se habían constituido en guardianes de los gobiernos constitucionales

y, a excepción del período 1943-1945 se abstuvieron de a participar directamente en la conducción del

Estado. A partir de 1955, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en:

Exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas.

Ejercicio de presiones y poder de veto sobre iniciativas del gobierno constitucional de 1958

(Frondizi).

Es decir, denegaron el derecho a elegir candidatos de su preferencia a una porción significativa

de la ciudadanía y recurrieron reiteradamente a la amenaza de deponer las autoridades constitucionales

si no satisfacían sus demandas. En consecuencia, las acciones emprendidas contra peronistas,

comunistas y políticos que los apoyaran eran para “proteger a la democracia de sus enemigos”.

En la década del 60, los militares se dieron cuenta de que la intervención tutelar causaba una

visión negativa de la sociedad y contribuía a generar una profunda fragmentación interna dentro de la

institución. Dicha fragmentación alcanzó su punto crítico entre 1959 y 1963, año en que los “azules”

se imponen y emerge Onganía como líder del Ejército. Por ello fue que a partir de 1963, con el

gobierno de Illia, suspendieron en buena medida su intromisión en los asuntos de gobierno.

Sin embargo, la tendencia profesionalista de 1963 – 1966 y la reunificación de las FFAA

alrededor de Onganía permitieron la articulación definitiva de la Doctrina de la Seguridad Nacional

(FFAA debían asumir responsabilidad única en los asuntos públicos, exclusión de los partidos

políticos y abolición de comicios y mecanismos parlamentarios; Ejército defiende fronteras

ideológicas). Por otro lado, la fragmentación militar y la proliferación irrestricta de conflictos sociales

proveían terreno fértil para la subversión, lo que justificaba la terminación del experimento

semidemocrático iniciado en 1955. Esto tuvo apoyo entre los grupos liberales y el sindicalismo

peronista (vandorismo), reflejando la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía en materia

económica y el atractivo autoritario hacia el vandorismo (descubrieron ingredientes consonantes con la

ideología peronista).

-De 1966 en adelante:

Sucesivos intentos de unificar el campo de la política. El fracaso de dichos intentos generó un

equilibrio catastrófico, ya que el empate se produjo a raíz de los sucesivos intentos para desempatar. El

despliegue y bloque de iniciativas tuvieron como consecuencia un desgarramiento del tejido social.

Predominan los GOBIERNOS FUERTES, o al menos gobiernos que se autodefinieron como tales,

que se propusieron transformaciones radicales de la política y de la sociedad. Estos se basaron en

consensos de terminación, pero terminaron catastróficamente gracias a la capacidad de la sociedad

para bloquear proyectos autoritarios y represivos. Sin embargo, los “éxitos” en impedir la

consolidación de estos proyectos tuvieron costos más serios, puesto que los “revolucionarios”

posteriores a 1966 fueron más radicales y se trataba de “sanear una sociedad enferma” (enfoques

quirúrgicos/ tratamiento shock), técnica motivada por una sociedad que se concibió incapaz de generar

soluciones consensuales (despliegue de voluntad política de actores providenciales). A su vez, las

fórmulas políticas se propusieron superar la dualidad pretendiendo fusionar la escena política y

canalizar hacia el interior del marco institucional los procesos de negociación y conflicto (se cierran

los espacios políticos). El Estatuto de la Revolución Argentina no tenía plazos: la tarea culminaría una

vez atravesados los tiempos económico y social.

Cada uno de los gobiernos autoritarios que se sucedieron (1966 – 1973; 1976 – 1983) marcaron

un cambio en las modalidades previas de hacer política, introduciendo novedades significativas.

Ejemplos de ello fueron las movilizaciones sociales de 1969 – 1973, la militarización de la política y

la represión ilegal estatal inaugurada en 1974 y acentuada en 1976, y la crisis económica a partir de

1981.

Golpe de 1966: suplantación de política por administración durante el gobierno de Illia,

inaugurado en 1963, se acentuó la inclinación de la burguesía y los sectores liberales hacia los

regímenes no-democráticos, la escasa predisposición de los sindicalistas peronistas a legitimar

gobiernos semidemocráticos que los proscribían y el “deslizamiento” autoritario de las FFAA.

Los objetivos de la REVOLUCIÓN ARGENTINA fueron suspender las actividades de los

partidos políticos y de las instituciones parlamentarias y la desvinculación de las FFAA con el

gobierno, lo que implementó los corolarios del consenso que rodearon el golpe. La idea era, producida

la unidad (militar y social) y superado el conflicto, la política dejaría lugar a la administración con el

predominio de técnicos situados por encima de intereses sectoriales para implementar soluciones

(BUROCRACIA DE TECNÓCRATAS). De esta manera, el problema era fundamentalmente político

y se solucionaría con la proscripción de la política.

Los partidos cayeron en un pozo de irrelevancia e inactividad, los sindicatos fueron forzados a

aceptar sucesivamente la abolición del derecho a huelga y Perón se convirtió en un muerto político. A

su vez, los protagonistas principales eran los grandes empresarios y los encargados de dirigir la

política económica desarrollista del gobierno.

Cambios

Mayor perfilamiento de corrientes internas en las FFAA, que perdieron legitimidad (estaba

presuntamente excluida la gimnasia conspirativa, su participación directa en tareas gubernativas estaba

vedada, la personalidad de Onganía no daba lugar a presiones);

Entre 1955 y 1966 las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, empresarios)

desbordaron los canales institucionales gubernamentales, pero a partir de 1966 se tomaron medidas

antisindicales que los forzaron a aceptar dócilmente las políticas gubernamentales. Desde 1968 se

evidenció un proceso de fragmentación de un sindicalismo con eje en Vandor, que anteriormente había

logrado subordinar los sectores a una lógica común (gracias a la ruptura del gobierno del diálogo con

los vandoristas – blandos- , que los privó de la negociación con el Estado). Esto causó que se

designara a un opositor como secretario general de la CGT, que generó una división: la CGT de los

Argentinos (dirigida por Ongaro, contenidos anticapitalistas).

Insurrecciones populares (Cordobazo de 1969) fusionaron a obreros, empleados, estudiantes y

pobres urbanos, disparando las tensiones que había generado el gobierno autoritario. La imagen de un

Estado aislado y sin apoyos socavó la legitimidad del gobierno de Onganía. De esta manera, a partir de

1969 se superpusieron dos crisis: la del régimen militar autoritario (acorralado por conflictos

internos y oposición convergente en Perón) y la crisis de dominación social.

Una consecuencia directa del Cordobazo y del asesinato de Aramburu (1970) fue la renuncia de

Onganía y su reemplazo por LEVINGSTON, que intentó profundizar la Revolución Argentina

dándole un carácter más nacionalista y movilizacional, lo que acentuó la crisis social. De esta forma,

se alinearon tres tipos de cuestionamientos:

Los que reclamaban la reivindicación de los sectores más postergados a partir de las políticas

económicas liberales;

Los que reclamaban la liberalización política para la plena democratización (elecciones sin

proscripciones);

Los que proponían la insurrección popular armada para instaurar un orden “socialista

nacional”.

Sin embargo, la obstinación del gobierno de entrar en el “tiempo social” y crear un “movimiento

nacional” que siguiera postergando los partidos y se basara en un reacercamiento con los sindicatos,

produjo el agudizamiento de la crisis social con la difusión de consignas más radicales (Viborazo –

1971).

La estrategia de LANUSSE fue desplazar el eje de la política del plano de la crisis social hacia

el de la dilucidación de las características del régimen que reemplazaría la dictadura militar (Gran

Acuerdo Nacional). Este proceso tuvo como principal virtud la de rearticular la crisis social a las pujas

en torno a la cuestión del régimen político. El gobierno recuperó parcialmente la capacidad de fijar los

parámetros de la acción política a costa de presidir la liquidación del régimen militar y, a partir de

1971, las oposiciones capturaron la iniciativa política.

A su vez, la oposición (Perón, los partidos no peronistas, dirigentes sindicales y empresariales, y

la juventud radicalizada percibían la crisis social como un canal para alcanzar los objetivos propios.

Así fue como Perón la utilizó en función de su aspiración de convertirse en el eje de cualquier

definición política que resultara, lo que permitió una reabsorción de la crisis social para conquistar el

poder político.

De esta forma, la derrota total de los militares determinó su repliegue hostil durante el gobierno

peronista y las propuestas prefiguraron salvajes enfrentamientos dentro del frente triunfante en 1973

cuando desapareció el sustrato unificador de desplazamiento del gobierno militar.

Retorno de Perón

En 1973, la situación política era diferente a la de 1966, puesto que la apertura democrática del

período lanussista había atenuado los riesgos de la crisis social. Por su parte, Perón se propuso

encauzar la política institucionalmente (con apoyo de sectores minoritarios del peronismo político y

sindical, el FREJULI y la UCR) a través de:

Pacto social: aumento de salarios, congelamiento y suspensión de negociaciones colectivas.

Intento de reedición de los acuerdos entre la CGT y la CGE. Existía respaldo en el empresariado, pero

la conducción vandorista de la CGT había perdido terreno ante el peronismo combativo y posiciones

marxistas revolucionarias. La elección de la fórmula CÁMPORA – LIMA reafirmó la declinación de

los sindicalistas y el auge de la izquierda peronista (Montoneros había anunciado la exterminación

física de los dirigentes sindicales).

La Hora del Pueblo: convertir el Parlamento en un ámbito de negociación entre partidos.

Reconciliación con Balbín en 1972. Oposición dentro del movimiento.

Redefinición del rol de las FFAA: quebrar el estilo de acción que las había llevado a

intervenir recurrentemente en la política y preservar una esfera de autonomía corporativa,

subordinándolas a las autoridades constitucionales.

Sin embargo, esto no tuvo éxito y se produjeron sucesivos enfrentamientos entro los sectores

contendientes internos del peronismo. Así, frente a la intensificación del terrorismo guerrillero y

paraestatal, se fueron proyectando episodios que minaron la credibilidad del gobierno y del régimen

democrático: limpieza de sectores de izquierda (Triple A), defenestración de López Rega, renuncia de

Cafiero por presión sindical, etc.

Hacia mediados de 1975, ya había sido pulverizada políticamente la izquierda peronista, por lo

que López Rega apuntó a la oposición sindical a través de medidas salariales. Se produjo un

acercamiento a las FFAA con la pretensión de que fueran el sostén de un régimen que tendiera a la

liquidación de las instituciones parlamentarias y las libertades públicas. Sin embargo, la operación

política en torno al Rodrigazo produjo la defenestración de López Rega y la renuncia al Ministerio de

Economía de Celestino Rodrigo. También existió un irreparable deterioro de la figura de Isabel Perón,

momento en el que las FFAA recuperaron la iniciativa política.

De todas maneras, la imagen de caos social y económico y desgobierno no fueron simplemente

el resultado de la ineficacia del gobierno, sino que también existieron críticas demoledoras por parte

de las FFAA y sectores empresariales.

Golpe de 1976

Mientras en 1955 y 1962 los militares se limitaron a impedir la continuación de regímenes

políticos a los cuales se oponían, en 1966 propugnan la instalación de un régimen no democrático

sostenido y en 1976 establecen un gobierno de las FFAA y no meramente apoyado por ellas,

agregando la visión fundacional de producir un cambio profundo en la sociedad.

La guerrilla y la crisis social fueron interpretadas como la manifestación de una sociedad

enferma y el desarrollismo como el correlato del populismo (por pacto con sindicalismo peronista). La

condena simultánea dejó el campo abierto a los postulados liberales, ya que pudieron aducir su

inocencia con respecto a las políticas adoptadas desde 1943 y la concordancia de los militares con la

reivindicación del mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recurso y rechazo a

industrias “artificiales”.

De esta manera, los liberales articularon un discurso compuesto por la erradicación de la

subversión (cualquier forma de activación popular), la sociedad política populista y el Estado

tutelar, y la dinámica del sector industrial (clase obrera indisciplinada y empresariado ineficiente).

Martínez de Hoz ministro de Economía.

Las FFAA fueron presentadas como responsables principales y últimas del destino nacional,

negando el Estado de derecho, suplantando los poderes constitucionales de gobierno por las tres

armas, y el ejercicio del poder supremo del Estado por la Junta de Comandantes en Jefe.

El objetivo, un tanto bloqueado por las mismas FFAA (autarquía y autoabastecimiento,

preocupación por riesgo de desocupación), fue el achicamiento del Estado. Martínez de Hoz tuvo éxito

en difundir la consigna de la conveniencia del disciplinamiento de los actores de la sociedad urbana

(destrucción de mecanismos mediadores, disolución de centrales empresariales y de trabajadores,

intervención de gremios, etc.). Según el ministro de Economía, la tradicional puja entre intereses

corporativos, acostumbrados a negociar con el Estado, había desbordado la capacidad de control del

mismo (por lo que había que achicar el Estado y su posibilidad de intervención). Los años de

VIDELA marcaron el período más extenso de inactividad sindical. Sin embargo, el fin último era

modificar todo el sistema de relaciones sociales a través de un sistema económico de libre mercado

(apertura económica, eliminación de mecanismos estatales que obstaculizaran el libre mercado,

eliminación de aranceles y subsidios, flujo de capitales, apertura financiera – eliminación de controles

– que motivó la economía imaginaria o financiera, favoreciendo a los empresarios).

El hito crucial fue la política de tipo de cambio pautada en 1978, que sumió a la Argentina en la

crisis económica.

A su vez, los conflictos internos del Ejército llevaron a los militares a quebrantar la misma

legislación de excepción que se habían pautado y reflejaron su incapacidad para redefinir el curso de

políticas económicas. En 1981, asume VIOLA y es barrido a causa del descalabro del proyecto

económico por GALTIERI, que impulsa la guerra de Malvinas y profundiza la crisis. Esto lo fuerza a

convocar a los partidos políticos para convenir la entrega del gobierno, no renunciando al objetivo del

mantenimiento de la autoamnistía dispuesta por BIGNONE.

Estado legal y clandestino

Durante las presidencias peronistas, la acción de los grupos guerrilleros fue enfrentada por la

Triple A, organizada desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega. El Ejército

Revolucionario del Pueblo había sido liquidado por el Ejército en Tucumán y Montoneros había

pasado a la clandestinidad. Por otra parte, la Triple A había sido desmontada por las FFAA.

Una vez en el poder, combinaron la represión clandestina con la participación de grupos

parapoliciales y policiales que antes habían operado en la Triple A. No hubo ningún caso en el que el

gobierno hiciera uso de un recurso legal que se hubiera atribuido, sino que se trataba de un Estado, en

su burocracia, realizando una operación de exterminio masivo.

Los blancos de dicha represión fueron las organizaciones armadas, organizaciones de superficie

y movimientos de tipo gremial, religioso, estudiantil, político, humanitario. En resumen, cualquier

grupo contestatario, fuera o no partidario de la acción armada. También cayó mucha gente por

sospechas, hasta que se transformó en acallar e inmovilizar a los vivos, evitar cualquier forma de

protesta, impedir cualquier tipo de organización. Por esta vía se logró la autocensura de sindicatos,

partidos, prensa independiente, organizaciones civiles, etc. Combinación de violencia y política.

Se desarrolló un discurso justificativo de lo que estaba ocurriendo y de exclusión del enemigo

del campo legítimo de la sociedad y la nación, ya que se los llamaba la “subversión apátrida”.

Funcionaba simultáneamente un Estado que buscaba ajustarse a una cierta legalidad, eludiendo

la figura del dictador y dándose ciertas normas de división de poder y controles recíprocos. Había una

cierta intención republicana que en la práctica se desnaturalizó permanentemente. La práctica

represiva del Estado nocturno se infiltraba en la del diurno (desaparecidos, reparto de los hijos). Sin

embargo, este último elemento era imposible de compatibilizar con cualquier retórica justificadora. A

su vez, los segmentos de poder comenzaron a competir entre sí, creando un incremento en la lista de

desaparecidos surgido de esa competencia y, por ejemplo, la renuncia forzada de Viola en 1981.

El fin del silencio no hubo apoyo activo. Entre los empresarios, el Proceso cosechó un apoyo

distanciado y ambiguo, en las corporaciones quejas por la política económica, la Iglesia se identificó

con un gobierno nacionalista católico. Desde fines de 1980, las reticencias se transformaron en

protestas: en 1980 se reconstituyó la CGT, que organizó en el 82 la duramente reprimida huelga “Paz,

pan y trabajo”; organizaciones de DDHH como Madres de Plaza de Mayo; la Iglesia, que reclamaba el

restablecimiento institucional; reaparición de los partidos políticos en 1981 y constitución de la

Multipartidaria.

La crisis financiera, intensa lucha entre facciones militares y la guerra de Malvinas activaron la

movilización social. Este último factor constituyó, en un principio, un diagnóstico de los humores

políticos de la sociedad que inicialmente funcionó, pero cayó con la derrota.

Simultáneamente, salieron a la luz testimonios del terrorismo de Estado.

Golpes, proscripciones y partidos políticos – Tcach

El derrocamiento de Perón dio inicio a la llamada REVOLUCIÓN LIBERTADORA,

SEMIDEMOCRÁTICA (proscripción del peronismo), PARLAMENTARISMO NEGRO (ejercicio

de la política fuera de los canales institucionales), EMPATE HEGEMÓNICO (cada uno de los

actores podía bloquear proyectos ajenos, pero incapaz de realizar los suyos).

La revolución de septiembre de 1955, liderada por LONARDI, contó con el apoyo del conjunto

del arco político partidario. La cuestión peronista se convirtió eventualmente en el hilo conductor de

los enfrentamientos políticos entre Lonardi y sus adversarios (el vicepresidente Rojas, por ejemplo),

gracias a su retórica de “ni vencedores ni vencidos” y el intento de legitimación ante los ojos de los

trabajadores.

Por ello fue que Rojas impulsó la formación de una Junta Consultiva Nacional de partidos

políticos, que significó un reencuentro entre estos y las FFAA. Además, las tensiones también tuvieron

como centro el Ministerio de Trabajo y Previsión, cuyo líder se negaba a intervenir la CGT. Sumado a

esto, la influencia que ejercía Villada Achával y su intento de separar el Ministerio del Interior y

Justicia (cediendo el del Interior a un nacionalista). Todos estos factores definieron la renuncia del

Lonardi.

Por ello es que asume ARAMBURU, con el objetivo de reeducar a las masas peronistas,

requiriendo de la disolución de su identidad política y su reabsorción gradual por otras fuerzas

democráticas. Con ello vinieron medidas como la intervención de la CGT, disolución del Partido

Peronista, inhabilitación de sus integrantes para trabajar en la administración pública y proscripción de

la representación gremial de dirigentes gremiales que habían sido líderes a partir del 52’. “Operación

masacre” (Valle).

Influencia en la UCR:

Tensiones internas. Desde 1951, sabattinistas y unionistas habían bregado por la abstención

revolucionaria contra Perón. Por otro lado, intransigentes proponían la práctica institucional.

En 1954, las fracciones revolucionarias cuestionaron la elección de Frondizi como presidente del

Comité Nacional. Tras la caída de Perón, una de las grandes críticas hacia Frondizi fue su tibieza en la

lucha antiperonista.

A su vez, Frondizi propuso en 1956 que la fórmula presidencial surgiera de una encuesta entre

las figuras del Movimiento de Intransigencia y Renovación, mientras que los opositores proponían una

reforma de la carta orgánica para instaurar el voto directo de los afiliados. La aprobación del método

de encuesta provocó la renuncia de Balbín a la Junta Nacional del MIR y su alianza con el

sabattinismo, sentando las bases de la ruptura de la unidad orgánica del partido. Finalmente, en 1957

se dividen en la UCR del Pueblo (Balbín) y la Intransigente (Frondizi).

Frondizi optó por captar el voto peronista y se pronunció en contra de la Convención

Constituyente de 1957, articulando la contraposición pueblo – oligarquía. En 1958, Perón anunció su

respaldo a la candidatura presidencial de Frondizi, que se comprometía a reconocer legalmente al

justicialismo y eliminar las trabas a la CGT. A pesar de no confiar en el cumplimiento del

levantamiento de la proscripción, Perón quería relegitimarse como actor político y reafirmar su

posición dentro del justicialismo (amenazado por el neoperonismo). Esto le permitió a Frondizi un

triunfo arrasador.

Presidencia de Frondizi (1958 – 1962)

Frondizi adoptó una política económica desarrollista, consistente en políticas de expansión

industrial a través de capital extranjero con la necesidad de una sociedad integrada en la que

trabajadores y sindicatos pudieran actuar libremente.

Ley de amnistía y derogación de inhabilitaciones gremiales

Anulación decreto prohibitorio de símbolos peronistas

Aumento salarial

Ley de asociaciones profesionales (poderío de la CGT y predominio peronista en los

sindicatos, estipulando negociación laboral por industria y ausencia de minorías en la representación)

Proyecto para reglamentar universidades privadas (oposición estudiantil y cultural)

“Batalla del petróleo” (capital extranjero para explotación – consideradas excesivamente

favorables para inversores)

Para la UCRP, la derecha liberal antiperonista y las FFAA, Frondizi había roto el hilo conductor

de la Revolución Libertadora. También había traicionado, según la oposición, el espíritu de la Reforma

Universitaria y la soberanía nacional.

Cambio de rumbo:

En 1959 se implementa un plan de estabilización económica y austeridad, que fue seguido de las

renuncias de figuras que representaban al peronismo y al movimiento obrero. En consecuencia, se

comenzó a exhibir una dureza en las relaciones con el peronismo y Perón denunció ese año que

Frondizi había traicionado el pacto preelectoral.

Exclusión en elecciones legislativas provinciales

Allanamiento de la sede del Consejo Coordinador partidario

Reducción del gasto público, liberación de precios, limitación en aumentos salariales

(protesta sindical y represión de FFAA; huelgas ilegales y proscripción del Partido Comunista)

Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) permitió encarcelar a personas acusadas de

izquierdistas o de pertenecer a la resistencia peronista

Una visión bélica de la política alimentó la fórmula reiterativa y sistemática de intervención

militar que era el planteo, limitando la autonomía de Frondizi. A su vez, el precio de la politización

militar fue su propio fraccionamiento en legalistas (presiones militares debían tener un límite) e

antintegracionistas (socavar la estabilidad del gobierno y furioso antiperonismo).

En 1961, la aparente consolidación del legalismo militar y el buen desempeño electoral de la

UCRI hizo que Frondizi exhibiera gestos de independencia, lo que le costó la presidencia:

Entrevista con el Che y abstención en reunión de la OEA para excluir a Cuba del organismo.

La reacción de la derecha militar y civil causó que se viera obligado a romper relaciones con Cuba.

Elecciones de gobernadores y legislativas en 1962, en las que el peronismo es autorizado a

participar e impone su predominio en gran parte del país. Presionado por los militares, dispuso las

intervenciones federales.

Presidencia de Guido, presidente del Senado (1962 – 1963)

Gracias a la presión militar, careció de autonomía y debió acoplarse a la renovada influencia de

la Argentina tradicional, con nombramientos de la derecha católica, familias tradicionales y

ultraderechistas. Algunas medidas fueron:

Declaración de partidos políticos en estado de asamblea y prohibición de cualquier alusión a

la lucha de clases;

Prohibición de propaganda peronista y represión;

Decreto del Ministerio de Trabajo: CGT carente de existencia legal;

Impunidad ante atentados contra la comunidad judía, perpetrados por grupos de extrema

derecha.

A su vez, Onganía exigió la destitución de militares antintegracionistas, con la intención de

“evitar una dictadura militar y comprometerse con la realización de elecciones democráticas”. Los

rebeldes se identificaban como “azules” (legalistas) y los que priorizaban la lucha antiperonista al

mantenimiento de la legalidad constitucional como “rojos”. A partir de la imposición de los azules,

Guido autorizó el nombramiento de Onganía como comandante en jefe del Ejército.

El fracaso de los militares más virulentamente antiperonistas dio lugar a la aplicación de un

“esquema de integración subordinada del peronismo”, que reconocería al peronismo como parte de la

realidad política nacional y ofrecería garantías de que este no tendría el poder. Sin embargo, existieron

conspiraciones golpistas de “rojos” que pudieron ser sofocadas por el triunfo de sus rivales, que

controlaban prácticamente el gobierno (contradiciendo sus dichos en defensa a la legalidad

democrática).

Ampliación de la proscripción (1963) extendiéndola a quienes lo elogiasen o se entrevistaran

con Perón.

Exclusión de Unión Popular del acceso a cargos ejecutivos.

Presidencia de Illia (1963 – 1966)

Como primeras medidas, Illia anuló por decreto los contratos petroleros firmados por Frondizi

con empresas extranjeras por motivos ideológicos (defensa de la soberanía nacional), partidarios

(cumplir lo prometido) y pragmáticos (viabilidad de relanzamiento de YPF). Al desagrado de los

inversionistas extranjeros, se sumó el de los empresarios nucleados en la UIA, quienes criticaron el

intervencionismo estatal, empeñado en poner límites al aumento del precio de los productos de la

canasta familiar.

La política económica combinaba intervencionismo estatal, inserción en la nueva división

internacional de trabajo y los postulados reformistas, centrados en la distribución y el mercado interno.

Mantenimiento de Onganía como comandante en jefe del Ejército;

No intervención en la Corte Suprema ni acciones contra la Iglesia;

Integrantes del Ejército Guerrillero del Pueblo fueron reprimidos sin apelar al Ejército y

juzgados de acuerdo al Código Penal (1964)

Aprobación de ley de salario mínimo, vital y móvil;

Ley de Abastecimiento;

Intención de modificar la Ley de Asociaciones Profesionales, que produjo descontento y

manifestaciones en el ámbito sindical. La lentitud gubernamental y la renuencia a declarar el estado de

sitio causaron más críticas.

En 1965, la UCRP perdió su mayoría en la Cámara de Diputados y la composición de los electos

reflejaba el peso del sindicalismo vandorista, que tenía esperanzas de formar un movimiento

autonomizado de Perón. Este último intentó diluir el poder de Vandor a través de diversas iniciativas,

hasta que el liderazgo sindical rompe con Vandor y crea las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón.

De esta manera y a través de la derrota electoral del candidato a gobernador de Mendoza de Vandor, se

reafirmó la autoridad de Perón.

Una tendencia marcada es la insinuación cada vez más vigorosa de que los partidos políticos

eran estructuras ineficientes y de que la modernización exigía superar el Parlamento, empantanado por

la retórica antigua y el populismo. Ya no se trataba de reemplazar el peronismo por un sistema de

partidos trunco como en 1955, sino de sustituir la política por la administración. El triunfo peronista en

las elecciones de marzo de 1966 y la renuencia de Illia a enviar tropas a República Dominicana

aceleraron el golpismo de Onganía, culminando con el derrocamiento del presidente ese mismo año.

Revolución Argentina: dictadura de Onganía (1966 – 1973)

Los comandantes en jefe de las FFAA destituyeron al presidente, al Parlamento, a la Corte

Suprema y disolvieron todos los partidos políticos, reemplazando la Constitución por un estatuto

elaborado por los golpistas según los “fines revolucionarios” (consolidar los valores espirituales y

morales de la civilización occidental y cristiana).

El nuevo gobierno tenía el apoyo de las organizaciones burguesas, la prensa y el sindicalismo.

Sin embargo, el movimiento militar que condujo a Onganía al poder no era homogéneo, ya que el

presidente ponía de manifiesto una visión paternalista y corporativista de la política y otros tenían una

postura liberal, pero carente de fe en las instituciones republicanas y las libertades individuales. De

todas maneras, lo que los unía era una fascinación por la técnica y la eficacia, donde los “técnicos”

fueron percibidos como la encarnación de la racionalidad económica. A su vez, Onganía dividió la

revolución en un tiempo económico, un tiempo social y otro político.

Reducción del personal de la administración pública y empresas estatales, aportando un

sostenimiento selectivo de la empresa privada;

Enfoque quirúrgico en el plano cultural y educativo: intervención de universidades nacionales

(focos de infiltración marxista), represión estudiantil, “noche de los bastones largos”, fuga de cerebros,

pelo largo;

Pérdida de personería jurídica de determinados sindicatos;

Krieger Vasena: congelar salarios y suspender negociaciones colectivas, capital extranjero

como préstamos a corto plazo, obras de infraestructura.

En 1968, con la creación de la CGT de los Argentinos, opositora a Vandor (que estaba con el

gobierno) y liderada por el combativo (Vandor era “blando”) Ongaro, evidenció la predisposición de

un sector importante del sindicalismo para enfrentar la dictadura. Al mismo tiempo, los sectores

juveniles se izquierdizaban y se prenunciaba un ciclo de protestas radicalizado.

En 1969, una movilización de trabajadores industriales acompañados por estudiantes y amplios

sectores medios ocupó Córdoba y forzaron la intervención del Ejército. La consigna era oponerse a la

violencia de los explotadores y de la dictadura a través de la violencia revolucionaria. El Cordobazo

fue un punto de inflexión en las luchas sociales y, sumado al asesinato de Aramburu en 1970, causaron

el derrocamiento de Onganía.

Gobierno de Levingston (1970 – 1971)

Su acción operó en dos planos: en lo económico social, promovió medidas de sesgo nacionalista

como disposiciones proteccionistas y el “compre argentino” (obligaba a organismos estatales a

comprar productos del país) para tutelar al empresariado nacional y apoyarse en él; en lo político, la

descalificación hacia los partidos políticos tradicionales lo privó de apoyos.

En 1970, radicales y peronistas constituyeron el frente antidictatorial La Hora del Pueblo, como

dique de contención al ensayo que proponía superar los partidos tradicionales. A su vez, suponía dejar

de lado la escisión entre peronistas y antiperonistas, abandonando prácticas de exclusión recíproca.

En 1971 se produce un nuevo levantamiento obrero y popular en Córdoba, el Viborazo,

consecuencia de las “Bases para el Plan Político” de Levingston, echó por tierra con el segundo

gobierno de la Revolución Argentina. A su vez, se le sumaban las contradicciones internas en las

FFAA.

Gobierno de Lanusse (1971 – 1973)

Carente de ideas nacionalistas, se propuso avanzar hacia una transición política que tuviese

como sustento un acuerdo previo entre las FFAA y las fuerzas políticas sociales, conocido como el

Gran Acuerdo Nacional:

Repudio a la subversión, legitimando la Doctrina de la Seguridad Nacional en virtud del

reconocimiento del “enemigo interno”;

Reconocimiento de la inserción de las FFAA en el futuro esquema institucional

Acuerdo en torno a la candidatura presidencial, ya que Lanusse quería postularse. Sin

embargo, Perón no estaba de acuerdo y desarrolló una táctica pendular, alentando a las organizaciones

armadas peronistas y creando con agrupaciones políticas moderadas el FRECILINA (Frente Cívico de

Liberación Nacional), antecedente del FREJULI (adhesión solo de neoperonistas).

Favorecido por las luchas populares y el accionar de las organizaciones armadas contra el

gobierno militar, Perón fue renuente a establecer compromisos y eligió a Cámpora como candidato,

que tenía apoyo de los sectores juveniles (Cámpora al gobierno, Perón al poder – Con los votos al

gobierno, con las armas al poder)

Unidad V: La agonía de la Argentina Estadocéntrica (1983 - …)

El derrumbe del régimen militar comenzó con el agravamiento de los conflictos internos de la

dictadura en 1981, se intensificó con la invasión a las Malvinas y el posterior desastre bélico y

culminó a fines de 1983. Sin embargo, el traspaso del poder al frente civil se postergó con el único

propósito de imponer algún condicionamiento al futuro gobierno en materia de castigo de las

violaciones a los DDHH. Además de fracasar en este objetivo, fueron artífices de la crisis económica

en materia inflacionaria, de desempleo y default de la deuda externa.

Los cambios fundamentales que experimentó el país desde 1982 se vinculan a la destrucción del

Estado y el armado de un sistema político. La crisis del Estado había comenzado poco antes del

golpe militar de 1976, pero las políticas adoptadas por la dictadura produjeron una aceleración

considerable del fenómeno. Como consecuencia de la desarticulación del pacto fiscal vigente hasta

1975 y del fracaso de las políticas de Martínez de Hoz para reformularlo, el sector público había

quedado atrapado entre el agotamiento de la matriz Estado-céntrica y las fallas en su reforma. Uno de

los aspectos más importantes de la destrucción del Estado fue la pérdida de confianza de los actores

sociales centrales en su capacidad para controlar la inflación.

A su vez, esta destrucción fue impulsada por la estrategia de las Fuerzas Armadas de llevar

adelante acciones públicas en un marco de ilegalidad, vulnerando abiertamente disposiciones

constitucionales y normas legales del Estado de derecho y transgrediendo la misma legislación de

excepción que había dictado (desaparición de personas, secuestros y adopción clandestina, terrorismo

de Estado).

El fracaso de las reformas económicas, el caótico manejo de las finanzas públicas durante 1982 y

1983, la privatización y el ejercicio ilegal de la violencia, se constituyeron en un lastre gravísimo para

los gobiernos democráticos, que encontraron dificultades en revertir la destrucción de las capacidades

estatales y acabaron profundizando la crisis. Dicho proceso de destrucción se incrementó a partir de la

transición de 1983, ya que nadie se percató de su magnitud ni de las transformaciones que se estaban

operando en el capitalismo mundial (aumento de poder del capital financiero, impulso del

neoliberalismo con Thatcher y Reagan y la revolución informática).

Habiéndose tornado evidente el fracaso del Plan Austral, el ajuste caótico de 1987-1989 y la

hiperinflación llevaron la crisis al límite. En la brecha abierta por un Estado carente de moneda y que

prestaba los servicios básicos de manera deficiente, se instaló el gobierno de Menem. Su concepción

del achicamiento del Estado se presentó como un medio de salida de la crisis, donde las

privatizaciones y medidas de desregulación aparecieron como el desenlace lógico y democrático de la

respuesta gubernamental al clamor ciudadano.

A su vez, Menem produjo acciones decisivas en los frentes que habían evidenciado el colapso

estatal: la indisciplina militar y la cuasidesaparición de la moneda. La represión efectiva del

levantamiento militar comandado por Seineldín y la adopción de la política monetaria basada en la

convertibilidad peso dólar que puso fin a la inflación contribuyeron a la recuperación de la autoridad

pública.

Sin embargo, la implementación del sistema neoliberal, combinando elementos heterodoxos de

carácter discrecional y otros afines a una heterodoxia corrupta, minó la pretensión del “Estado de

todos”. Al avanzar en los procesos de privatización, apertura comercial y desregulación, se alimentó la

desigualdad económica y social. La experiencia menemista constituyó una suerte de neopopulismo

para ricos financiado por los fondos generados por un envión de endeudamiento externo. Por ende, se

podría decir que se obturaron los principales carriles a través de los cuales se había producido la

expansión de derechos civiles, políticos y sociales.

Entonces, se podría decir que se llevó a cabo una política de “despojar hacia abajo”. El primer

elemento de este despojo fue la apertura económica, que desarticuló el rol del Estado en la

construcción de una sociedad de pleno empleo a través de medidas de bienestar social (desocupación

por abaratamiento de capital y encarecimiento de mano de obra); degradación de la escuela pública,

tanto física (infraestructura) como cualitativamente (caída de sueldos y destrucción de arraigar

sentimientos de pertenencia y esperanzas de ascenso social). Después con la Alianza empeora.

El armado de un sistema político a partir de 1983 constituyó la consolidación de hábitos y

sobrentendidos del quehacer político, conformado por tres dimensiones clave:

-Formación de un sistema de partidos políticos, con un ciclo ascendente extendido desde 1970 a

1987, y otro (de rasgos ambivalentes) desde este último año hasta la actualidad. Quizás el principal

legado de ello es la centralidad que readquirió el peronismo como “eje de gobierno”, revirtiéndose el

desplazamiento que se había producido desde el derrocamiento de Perón en 1955. Sin embargo, el hito

que marcó este ciclo ascendente fue la firma de La Hora del Pueblo (1970), acuerdo que impidió

conspiraciones contra los gobiernos adversarios de turno y el respeto al sistema institucional.

Con el triunfo de Alfonsín en 1983, se consolidó un sistema bipartidario basado en la lealtad

compartida a las reglas del juego y la democratización interna de los dos grandes partidos populares: el

radicalismo y el peronismo. Sin embargo, terminó fracasando por la progresiva declinación de la UCR

y permitiendo el surgimiento de un síndrome de partido predominante (consecuencia de la

fragmentación e incapacidad de la oposición para construir agrupamientos nacionales con aspiraciones

reales de triunfo). A su vez, el peronismo había sufrido, a partir de la muerte de su líder en 1954, un

vacío de poder, puesto que extinguió la “regla de gobierno” por la cual todo estaba sujeto a la última

palabra de Perón. Luego de la debacle de Isabel, solo quedaron dos sectores de peso en el peronismo:

la dirigencia sindical y los caudillos provinciales y locales, por lo que los primeros asumieron el

liderazgo.

Sin embargo, el fracaso electoral bonaerense en 1983 les quitó toda autoridad y se puso en

evidencia su mera función de “golpear y negociar”. En ese contexto, la aparición y el predominio de la

“Renovación”, por la cual el liderazgo de los partidos correspondería a los políticos. Otro

comportamiento transgresor de las normas democráticas por parte de este movimiento fueron las

modificaciones ad hoc de las reglas del juego político – institucional.

-Reprovincialización de la política, dentro de la cual se pueden identificar los procesos de

regionalización (localización de la protesta social y política) y el incremento de la autonomía de los

elencos políticos de provincia frente al Ejecutivo nacional. La primera oleada de protesta social y

política del Interior tuvo su coronación en el Cordobazo (1969) y Viborazo (1971). A su vez, esta

protesta fue reabsorbida por los fenómenos del período 1972 – 1978 (reinstitucionalización impulsada

por Lanusse y los aluviones de violencia revolucionaria y de terrorismo de Estado), que fueron

manifestaciones de activismo y descontento en el contexto de una sociedad integrada y con

expectativas de ascenso social. Esta etapa se diferencia tajantemente con la oleada más reciente, que es

llevada a cabo por una sociedad en crisis y sumida en la pobreza, sobre todo en el Interior

(empobrecimiento, privatizaciones y desempleo, sueldos atrasados, “piqueteros”). Entonces, la

reprovincialización de la política no es el resultado de una devolución de atribuciones de la Nación a

sus provincias o de una asunción autónoma de las mismas, sino de un abandono del Estado nacional

(Salud, Educación, etc.).

- Profesionalización de la política, con una cara positiva en la democratización del acceso y

permanencia en la política, dejando de lado la política de notables. Sin embargo, existe el riesgo de

que esto debilite su carácter vocacional, siendo percibida por la ciudadanía como una actividad con

fines mezquinos. A partir del comienzo de la crisis económica, se llevó a cabo un proceso de

achicamiento del Estado, pero continuaban los nombramientos con fines meramente políticos, lo cual

constituyó una contradicción fundamental que desencadenó protestas. También se produjo una

excepcional articulación de redes y vínculos políticos, cuyos principales actores eran los “operadores”.

La transición democrática: el gobierno de Alfonsín

En 1983, la UCR pasó a disputar al peronismo el campo de los sectores populares, puesto que las

consignas de Alfonsín, su democratismo y apelación a construir un orden institucional previsible

tuvieron una enorme resonancia. El éxito de esto residió en el convencimiento de que el gobierno de

Isabel había posibilitado el derrumbe de 1976 y en los conflictos internos que se habían desatado

dentro del justicialismo. A su vez, la denuncia del Pacto Militar – Sindical simbolizó de manera

convincente la connivencia de los peronistas con el poder autoritario.

Con respecto al ámbito económico, resultaba imperioso enfrentar la crisis económica que había

surgido gracias al agotamiento de la matriz Estado – céntrica. Sin embargo, en 1983 nadie fue

consciente de que las políticas intervencionistas ya no podían adaptarse al nuevo contexto del mercado

internacional. En un principio, el objetivo del equipo económico de Alfonsín (Grinspun) fue hacer

crecer la economía, redistribución del ingreso y evitar la inflación, simultáneamente. Esto produjo una

aceleración en la pérdida de la valor de la moneda y la duplicación de la inflación.

En 1985, se reemplaza a Grinspun por Sourrouille y se encara el Plan Austral (congelamiento

de precios y salarios; reducción del déficit fiscal, financiado por créditos externos y no emisión;

revaluación diaria del Austral), que tuvo el aval del FMI y de EEUU, que le tendió una mano a

Argentina a través del apoyo a la refinanciación de la deuda externa, con la condición de una reforma

estructural que redujera el papel del Estado en la economía a través de medidas desregulatorias,

privatizaciones y apertura comercial. Las medidas de estabilización tuvieron cierto éxito inicial y el

radicalismo alcanzó una espectacular victoria en las elecciones legislativas de 1985. Sin embargo, la

UCR se enfrentó con dificultades económicas heredadas y otras generadas por los grandes empresarios

y sindicatos peronistas. En 1989, EEUU retiró su apoyo dado el fracaso en implementar dichas

medidas.

En 1986, Alfonsín lanzó su propuesto de “convergencia democrática”, poniendo en el centro las

imágenes de consenso y diálogo para concluir que resultaba necesario un Pacto Democrático que

profundice las coincidencias con algunos sectores (dirigentes sindicales agrupados en “los 15” -

trabajadores mecánicos, Luz y Fuerza, Sanidad, UPCN-). Por ello fue que nombró a Carlos Alderete

ministro de Trabajo en 1987, materializando un “Pacto Sindical – Radical” con el objetivo de

neutralizar la oposición de la CGT (Ubaldini, que terminó apoyando a Cafiero, del peronismo

renovador, para las elecciones legislativas de 1987) y consolidar la UCR como eje de política en un

“Tercer Movimiento Histórico”. Sin embargo, esto fracasó por la reaparición de los militares en el

primer plano de la escena política (levantamiento de Semana Santa en 1987) y la aparición del Pacto

como una iniciativa incoherente, tanto en relación con el principio de intransigencia, como con la

contradicción por la denuncia del Pacto Militar – Sindical. Una consecuencia fundamental de esto fue

la derrota electoral en las elecciones legislativas de 1987 ante el peronismo “renovador”; otra fue la

aceleración de la inflación y el ingreso en el ajuste caótico.

Pacto de Olivos (13/11/93)

En 1993, el Pacto de Olivos convierte a Alfonsín nuevamente en uno de los protagonistas

centrales de la política argentina, que también significaría un factor decisivo en el derrumbe del

radicalismo. Por su parte, Menem revelaba sus ambiciones hegemónicas. Ante un Congreso

condicionado por las urgencias del gobierno, el presidente definió entre sus objetivos la Corte

Suprema (proyecto para ampliar de 5 a 9 los miembros) y la Constitución Nacional.

El Pacto de Olivos fue el acuerdo político entre las dos fuerzas mayoritarias de la Argentina para

reformar la Constitución, estableciendo los términos de la misma en otro acuerdo previo (reducción

del mandato presidencial a 4 años e inclusión de cláusula de reelección por un solo período,

eliminación del Colegio Electoral con doble vuelta simultánea, jefe de Gabinete, levantamiento de

convocatoria a un plebiscito, Consejo de la Magistratura, presentación de proyecto de reforma común,

renuncia de al menos 3 miembros de la Corte Suprema, tercer senador, referéndum). De esta manera,

firmaron el Acuerdo para la Reforma de la Constitución Nacional, que estableció un Núcleo de

Coincidencias Básicas que debía ser votado sin revisión y de una sola vez por la Asamblea

Constituyente.

Dicho acuerdo fue fundado en las ambiciones de reelección de Menem, en las necesidades

políticas de Alfonsín y en las debilidades políticas del radicalismo para vetar las iniciativas reformistas

del gobierno nacional. El discurso de Alfonsín se basaba en la intención de reubicar y fortalecer el

proceso democrático en la esfera institucional, identificándolo como un pacto de garantías que evitaría

las hegemonías y la perpetuación.

Presidencias menemistas (1989 – 1999)

Durante la campaña electoral, enarboló banderas de corte populista que, una vez en el gobierno,

dejo a un lado completamente para aplicar un programa opuesto, conforme al proceso de

globalización. El establishment argentino encontró en esto una opción pragmática frente a la crisis. En

tres horizontes se proyectaron los objetivos del programa neoliberal: liberalización de la economía

mediante la apertura comercial y la libre circulación de capital, reforma del Estado a través de la

privatización, y la desregulación de los mercados, sin intervención económica del Estado. De esta

manera, construyó un consenso social en torno a las reformas estructurales y a la salida de la crisis.

Sus apoyos eran los grandes empresarios, economistas liberales, conservadores, sector

mayoritario del sindicalismo, la Iglesia y los medios de comunicación más importantes. Antes que en

la sociedad, el desconcierto y el fastidio estuvo dentro del mismo justicialismo.

Culminación de la transición política: ruptura con la cultura política pretoriana y

estabilización económica

Las tareas inconclusas fueron encaradas por Menem en la segunda fase del proceso de

transición. La cuestión de la subordinación del poder militar al civil (dos focos de conflicto: juicios por

violaciones de DDHH y sublevaciones carapintadas entre 1987 y 1988), recurso ineludible para

completar la transición política, fue resuelta a través de un doble juego de indultos. En primer lugar,

los que beneficiaron a militares comprometidos en violaciones de DDHH, en las rebeliones durante el

gobierno radical, en la guerra de Malvinas y a guerrilleros (1989) y, en segundo lugar, los que

liberaron a los comandantes y otros militares (1990). En la frustrada rebelión del 3 de diciembre de

1990, el Ejército no vaciló en reprimir drásticamente, con la garantía de los Indultos. De esta manera,

se cerró el ciclo de sublevaciones militares y se clausuró la posibilidad de seguir con los juicios o

mantener las sentencias.

Con respecto a la cuestión económica, esta demandó un proceso de ajuste estructural y

reestructuración del Estado. En el momento de su asunción, existía un fastidio generalizado por la

inflación, el descontrol monetario, colapso fiscal y estallidos sociales. En este contexto, resultaba

fundamental resolver la debilidad de la autoridad política y la pérdida de legitimidad de la moneda. La

respuesta del presidente fue la exigencia de poderes excepcionales y la sanción de la Ley de

Convertibilidad.

Las reformas estructurales llevadas adelante se efectuaron bajo el signo de la emergencia y

ofrecieron una salida a la crisis a través de la estabilización de la economía, cambiando de una dirigida

a otra de mercado. Es por ello que el Congreso sancionó las leyes de Emergencia Económica y

Social (1989) y de Reforma del Estado (1990), transfiriendo atribuciones y competencias al Poder

Ejecutivo para encarar las innovaciones en la economía y la reforma del Estado.

La crisis de confianza en la moneda había generado pánico financiero y corridas bancarias, por

lo que el gran objetivo de Menem fue restaurar esa confianza sobre la base de la paridad peso – dólar.

En ese sentido, se sancionó, bajo la gestión económica de Cavallo, la Ley de Convertibilidad (1991),

que estableció la paridad anteriormente mencionada y prohibió la emisión de moneda sin respaldo en

divisas. De esta manera, se logró reducir la inflación y restaurar la estabilidad macroeconómica.

Aunque se logró la estabilidad monetaria (nuevo valor por defender y medio para contener la

violencia/descomposición social), surgieron otros conflictos derivados de la política neoliberal

(pérdida de competitividad comercial, déficit fiscal, desempleo – límites de la convertibilidad) y de un

estilo político poco respetuoso de la división de poderes y de la ética pública.

Reforma del Estado

Se pueden identificar dos etapas: entre 1989 y 1996 (orientación hacia el equilibrio de variables

macroeconómicas, poner fin al proteccionismo, desregulación y achicamiento del Estado) y entre 1996

y 1999 (completar la primera concluyendo con privatizaciones periféricas, desregulación laboral y del

sistema de salud).

En definitiva, las privatizaciones fueron el eje de la política neoliberal argentina y la reforma del

Estado tuvo un claro sentido fiscal. Esta reforma del Estado se apoyó en cuatro pilares:

privatizaciones, desregulaciones, reforma administrativa y descentralización de servicios. O sea,

se redujo a la desestatización, a terminar con la propiedad directa del Estado y a delegar

responsabilidades públicas en empresas privadas. A su vez, estas privatizaciones fueron

indiscriminadas.

La opinión pública giró en torno a la dicotomía privatización – estatización, y los gremios

estatales lideraron la resistencia. La CGT se dividió durante la primera etapa, pero posteriormente se

unificó ante las reformas de la segunda, que produjo un quiebre en la histórica relación entre las

estructuras gremiales y el Partido Justicialista al apuntar al corazón mismo del poder sindical

(desocupación, recesión, injusta distribución del ingreso, desigualdades sociales, etc.).

“Decisionismo político” La dependencia política de la Corte Suprema, el debilitamiento de los

órganos de control del Estado, el menosprecio parlamentario, la corrupción, el uso de medidas de

emergencia para llevar a cabo reformas estructurales (imponiendo el gobierno del Ejecutivo), el

cuestionamiento de la relación entre democracia y estado de Derecho (principio de la mayoría vs.

Imperio de la ley), ambiciones hegemónicas.

La personalización del poder fue un rasgo central. A su vez, el renacimiento del debate en torno

al decisionismo político se explica por las transformaciones estructurales de la sociedad y la economía,

la crisis de la política y la reducción del poder del Parlamento. Consecuentemente, el Ejecutivo se

transforma en el poder decisivo y preponderante, apoyado en la tendencia a fuertes sistemas

presidencialistas y generación de líderes populistas.

Torsión neoliberal del peronismo

Dentro de las mismas filas de la Renovación, surgió el artífice de su ocaso: Menem. Al darse

cuenta de que Cafiero lo derrotaría en las internas presidenciales, formó una nueva facción con el

apoyo de Lorenzo Miguel (62 Organizaciones) y Duhalde, figuras marginadas por Cafiero en su

ascenso a la gobernación de Buenos Aires. Su éxito también residió en la autonomización de los

votantes con respecto a los dirigentes y la ineficacia de los métodos para dilucidar las internas, sumado

a la atracción que ejercía Menem sobre el típico votante peronista.

La progresiva caída económica había producido un desprestigio de la política en la opinión

pública, y Menem se dio cuenta de que le convenía ubicarse como el candidato que se oponía a la

misma, siendo una alternativa a la política. Además, tomó distancia de la postura antimilitarista del

gobierno y rescató elementos de la tradicional retórica peronista (políticas redistributivas,

desconfianza hacia la política partidaria, etc.).

Sin embargo, al asumir y frente al agravamiento de la situación económica en 1989, Menem

evaluó que la única manera de lograr la estabilización de los indicadores macroeconómicos era tomar

un curso totalmente opuesto al que había anunciado en su campaña y optar por una orientación

económica neoliberal.

El Congreso sancionó las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia económica, que

otorgaban facultades para intervenir, modificar y privatizar empresas públicas, por un lado, y por el

otro, poder discrecional para implementar las reformas económicas necesarias.

En 1991, Cavallo es nombrado Ministro de Economía e implementa el Plan de Convertibilidad,

que logró la estabilización de los indicadores macroeconómicos y permitió eliminar la inflación al

aislarla del juego político. Es decir, les hizo creer que era posible resolver la cuestión inflacionaria De

esta manera, se produjo una devolución del poder regulatorio a los intereses privados con el

consiguiente debilitamiento de las capacidades de negociación de los asalariados.

¿A qué se redujo la política argentina? Implementación de intentos de reingeniería político –

electoral que lanzó Menem con el objetivo de perpetuarse constitucionalmente en el poder (fue

reelecto en 1995 gracias a la reforma constitucional del 94, y en 1999 se esforzó para que se aceptara

una nueva postulación) y a la “política fáctica” (arreglos institucionales e irregularidades en procesos

de privatización, concesiones de obras y servicios públicos y expansión de tráfico ilegal de armas,

drogas y personas), lo que desencadenó protestas sociales basadas en el concepto de “política de la

calle”.

Progresiva caída de Menem

A fines de la década del 90, la estabilidad monetaria ya no satisfacía las necesidades mínimas de

seguridad de la población, puesto que conllevaba la disminución de los puestos de trabajo,

degradación en educación y salud pública, corrupción, etc. A su vez, los actos de terrorismo y

operaciones parapoliciales se ampararon en un estado impotente y cómplice (AMIA y Embajada de

Israel) y los arreglos que habían cimentado la estabilidad y la gobernabilidad en un principio dejaron

de ser efectivos (reingeniería electoral, poderes extraordinarios del presidente y transgresiones a toda

normativa).

A su vez, la corrupción, el clientelismo, desprestigio de los partidos políticos, la política de

poder, reducción de la competitividad, el déficit fiscal, la fragilidad financiera, alto endeudamiento

externo, crecimiento de la pobreza estructural y la baja rentabilidad de importantes sectores fueron de

una influencia fundamental.

Gobierno de la Alianza

De la Rúa defendió a rajatabla el mantenimiento de la convertibilidad menemista. La victoria de

la Alianza se basó en que esta combinó la renovación de la imagen de la UCR como un partido

territorialmente extendido pero que carecía de un mensaje convincente y que todavía sufría los efectos

de la caída de Alfonsín y del Pacto de Olivos, junto con el Frepaso (carecía de estructura organizativa

y dirigentes de peso, pero tenía una imagen verosímil ante la ciudadanía). Era necesario superar la

activación permanente de la lógica decisionista del Poder Ejecutivo y resolver las cuestiones de

equidad social, seguridad, corrupción y calidad de las instituciones públicas. Además, las principales

provincias tenían gobiernos peronistas, el Senado estaba controlado por la misma agrupación y tenían

“mayoría automática” en la Corte Suprema.

Sin embargo, de la Rúa nunca gobernó y se mantuvo sin laudar a favor de ninguno de los grupos

que se disputaba el poder, lo que desembocó en un traslado de las internas partidarias al sector público.

Dos hechos principales marcaron la crisis de la coalición gobernante: la renuncia del vicepresidente

Álvarez (2000), al no convencer a de la Rúa de remover a funcionarios acusados de corrupción,

marcando el fin de la Alianza; y la incorporación al gabinete de Cavallo en 2001 como ministro de

Economía, cuyas medidas no tuvieron ningún impacto positivo.

Finalmente, el gobierno aliancista se derrumbó: la corrida bancaria y del dólar alimentó las

protestas sociales (cacerolazos, saqueos, destrucción de sucursales bancarias en repudio al

congelamiento de fondos de ahorristas, caída del salario real, aumento de la pobreza y exclusión

social), viéndose forzado a renunciar el 21 de diciembre de 2001.

Luego de una breve gestión presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, la Asamblea Legislativa

eligió a Duhalde, producto de un acuerdo entre gobernadores peronistas en el Congreso con el aval del

sector alfonsinista de la UCR. El nuevo presidente convocó a todos los sectores a un diálogo social,

tras una propuesta denominada Diálogo Argentino. Su ministro de Economía, Lavagna, consiguió

generar los incentivos para que se desencadenara un proceso de sustitución de importaciones y se

concentró en el manejo día a día de la situación económica. La conflictividad social comenzó a

reducirse y empezaron las negociaciones de salida del default con los acreedores y el FMI. De esta

manera, se llegó a una relativa bonanza fiscal y se produjo una progresiva expansión de planes sociales

para desocupados, distribuidos por jefes políticos territoriales e implementando extensas redes de

corrupción. A esto se sumó la negociación con el gobierno de organizaciones “piqueteras” a cambio

del cese de las protestas o apoyo político.

La reconstrucción de la democracia argentina – Quiroga

Los cambios políticos iniciados con la transición tuvieron como actores principales al

radicalismo y al peronismo (bipartidismo).

A partir del retorno a la democracia con la elección de Alfonsín, toda la sociedad se incorporaba

al régimen democrático mediante el sistema de representación política.

Los temas de discusión pública y lugares de comunicación en la naciente democracia fueron la

amenaza del persistente pasado autoritario y las demandas de participación política. Una sucesión de

acontecimientos y decisiones gubernamentales sacudieron las fibras de la participación social y las

demandas de consolidación de la democracia:

-Juicio a las juntas militares: constituyó una transparente afirmación del sistema democrático.

A fin de no inculpan a toda la institución militar por la represión antisubversiva, se reformó el Código

de Justicia Militar (1984) estableciendo diferentes niveles de responsabilidad. En este contexto, el

hecho más remarcable fue el clima golpista que rodeó la iniciación del juicio en 1985. A partir de este,

se abrió una tensa relación entre las FFAA y el gobierno, que estalló con el alzamiento de Semana

Santa en 1987, a pesar de la sanción de la Ley de Punto Final. También se aprobó la ley de Obediencia

Debida (presunción de impunibilidad de determinados rangos en virtud de haber obrado obedeciendo

órdenes). No obstante, las rebeliones continuaron en Monte Caseros (1988), Villa Martelli (1988) y en

1990, durante la gestión Menem. Los rebeldes reclamaban quedar impunes y no pudieron ser

reprimidos hasta la última de las nombradas (por indultos);

-Labor de la CONADEP: elaboración del informe “Nunca Más”;

-Tratado de paz con Chile sustentado en un plebiscito;

-Implementación del Plan Austral;

-Congreso Pedagógico Nacional: propuestas para una nueva ley nacional de educación y la

constitución de un sistema educativo y cultural que modelaría a las generaciones futuras. Esto abrió la

participación social y movilizó a los sectores católicos en defensa de sus intereses con respecto a la

enseñanza privada y religiosa;

-Programa Alimentario Nacional (aparte);

-Intento de democratización sindical (aparte): se apuntaba a la libertad gremial y la inclusión de

las minorías en los órganos de conducción, control de las elecciones por el Estado y limitación en la

reelección de sus dirigentes. Sin embargo, esto desencadenó cerradas resistencias (13 paros generales)

y se terminó sancionando la Ley de Reordenamiento Sindical, que impedía el control gubernamental

de las elecciones y la representación de las minorías en los órganos de conducción.

-Acuerdos con partidos políticos y sectores económicos y sindicales: se firmó el Acta de

Coincidencias Políticas con los principales sectores de la oposición en 1984, con el objetivo de

fortalecer el sistema político – institucional para crear mejores condiciones en la reconstrucción

económica (fracasó por los conflictos internos del PJ y la presión del sector gremial, que no estaba

dispuesto a acuerdos); “Concertación” con sectores empresariales y sindicales (1984), que fracasa

por las discrepancias de la CGT con el gobierno, al mismo tiempo que profundiza sus alianzas con la

Iglesia y sectores empresariales.

Sin embargo, la democracia participativa comenzó a declinar a partir de la derrota oficialista en

las elecciones legislativas de 1987. A su vez, la gravedad de la crisis, el poder de los centros

financieros internacionales y el peso de una sociedad corporativa doblegaron la voluntad política del

gobierno. Dentro de este marco se ubican las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas

por la presión de rebeldes militares, y la oposición política, sindical, militar y de la Iglesia a las

reformas.

En relación con la transición política, el gobierno de Alfonsín no pudo subordinar

completamente las FFAA a la democracia, gracias a la resistencia del sector “carapintada”. Esta

incertidumbre militar dificultó la transición económica (fracaso del Plan Austral e imposible

reestructuración económica).

1985 - 1987 es el momento de inflexión de la política radical, marcado por tres hechos

principales: el Plan Austral, el Consejo para la Consolidación de la Democracia (elaborar un proyecto

transformador fundado en la ética de la solidaridad y en la democracia participativa) y el discurso de

Parque Norte de 1985, en el que desarrolló las ideas concluidas en el Consejo para la Consolidación de

la Democracia.

En 1988, Alfonsín pone en marcha el Plan Primavera, que pretendía impulsar las todavía

pendientes reformas estructurales a través de medidas de ajuste, control fiscal, promoción de las

inversiones extranjeras, definición de un perfil productivo sobre las bases de la especialización y la

búsqueda de integración regional.

En 1989, el país se vio sacudido por la acción terrorista del grupo “Movimiento todos por la

patria”, que atacó un cuartel militar en La Tablada, y el fin del Plan Primavera y de la política

moderada de privatizaciones, derivando en la crisis final del gobierno de Alfonsín. A causa del colapso

hiperinflacionario consecuente, se produjeron especulación financiera, corridas bancarias y estallidos

sociales. El presidente renunció a su cargo el 8 de julio de ese año, dejando como legado el respeto a la

ley y las instituciones, y el histórico juicio a las juntas militares. Sin embargo, dejó sin resolver dos

problemas centrales para la estabilidad de la democracia: las reformas estructurales de la economía y

la subordinación total de las FFAA al poder civil.

Reforma Constitucional de 1994 – Quiroga

Contexto en una situación de debilidad política, el radicalismo liderado por Alfonsín aceptó

discutir la necesidad de una reforma constitucional. Luego de una reunión con Menem, se

establecieron las bases de la reforma: reducción del mandato presidencial a 4 años, inclusión de

reelección por un solo período, Jefe de Gabinete, levantamiento del plebiscito propuesto por el

gobierno, tercer senador, Consejo de la Magistratura, y presentación de un proyecto de reforma

común. Este “acuerdo de a dos” dio lugar al Pacto de Olivos (pacto de garantías que evitaría la

hegemonía y perpetuación) del 13 de noviembre de 1993, y estipuló el compromiso de impulsar dicha

reforma para consolidar el sistema democrático y perfeccionar el equilibrio de poderes, a través de la

atenuación del sistema presidencialista con la incorporación del jefe de Gabinete.

Se suspendió el plebiscito y los radicales amenazaron con romper el acuerdo si no renunciaban

al menos 3 miembros de la Corte Suprema, ya que Alfonsín necesitaba ese gesto como garantía de

acuerdo en la Convención Nacional. De esta forma, Menem y Alfonsín firmaron el “Acuerdo para la

Reforma de la Constitución Nacional” que estableció un Núcleo de Coincidencias Básicas que debía

ser votado sin revisión y de una sola vez por la Asamblea Constituyente.

Este acuerdo estuvo fundado en las necesidades políticas de Alfonsín y la debilidad del partido

radical para vetar las iniciativas reformistas del gobierno, y ante la amenaza del plebiscito terminaron

negociando. Sin embargo, también abrió una crisis profunda en el radicalismo, ya que se intervinieron

distritos rebeldes que no aceptaban el pacto y tuvo consecuencias negativas a nivel electoral: la

asociación con el oficialismo diluyó su rol opositor, acentuó su debilidad política y motivó a los

sectores progresistas a pensar en una coalición antimenemista. Además, su carácter inicialmente

secreto mostró los límites de la democracia representativa y la forma en la que la decisión política es

tramada sin necesidad de deliberación pública.

Modificaciones

Jefe de Gabinete: más allá de la autonomía que tienen los Ministros en el manejo de sus

carteras, su designación y remoción son competencia exclusiva del Presidente, que delega algunas

funciones al Jefe de Gabinete, pero se reserva la titularidad de la jefatura de administración. La

reforma no modificó la estructura de autoridad unipersonal del régimen presidencialista porque el Jefe

de Gabinete se halla en una relación de completa subordinación al Presidente. Este nuevo funcionario

es responsable político ante el Congreso: debe concurrir al menos una vez por mes, le pueden solicitar

informes e interpelarlo. Instancia de mediación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Elección presidencial y de Senadores directa (presidencial con doble vuelta simultánea).

Reducción del período presidencial a 4 años y reelección por un solo período

consecutivo.

3 senadores por provincia (2 a la mayoría y uno a la minoría) y reducción de sus

mandatos a 6 años (renovación bienal).

Ampliación de derechos constitucionales: pleno ejercicio de derechos políticos a los

ciudadanos, con arreglo del principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en

consecuencia (art. 37); consagración constitucional a los partidos políticos como “instancias

fundamentales del sistema democrático” (art. 38);“sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”;

mecanismos de democracia semidirecta, como la iniciativa popular (art. 39) y la consulta popular

(art. 40); derechos de tercera generación, como los derechos de los consumidores y del medio

ambiente; jerarquía constitucional a tratados y convenios internacionales de carácter humanitario que

protejan la vida e integridad de las personas, regulan derechos económicos, sociales, civiles, políticos,

etc. y rango constitucional al amparo, habeas corpus + incorporación de habeas data (art. 43)

Ejercicio en forma directa de funciones legislativas en situaciones de emergencia a través

del veto parcial, la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia.

DEMOCRACIA VS. ESTADO DE DERECHO.