Gobierno y movimiento indígena: Obstáculos para un acuerdoEn los momentos por los que atraviesa la Patria, la necesidad de un acuerdo nacional entre distintas fuerzas políticas está fuera de discusión. Un Presidente de innegable liderazgo como Rafael Correa, sería el llamado a convocar a diversos sectores nacionales con el objetivo de construir un conjunto de consensos que garanticen gobernabilidad. Las bases han sido ya senta-das en la Constitución que nos rige y que fue aprobada ampliamente en referéndum.

Un acuerdo de tal naturaleza no puede excluir a nadie, mucho menos al movimiento indígena, actor protagónico de la política desde la década de los noventa y permanente impulsor del cambio social.

Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo, en la coyuntura aparecen remotas.

En el presente trabajo reflexionamos respecto a obstáculos conceptuales que podrían estar impidiendo o dificultando la construcción de consensos entre Go- bierno y Movimiento Indígena.

2. La construcción del disensoEl inicio del primer gobierno de Rafael Correa estuvo marcado por un ritual indígena.1

Algunas palabras dichas en Kichwa, bordados andinos en la camisa, aparecían como síntomas de cierta afinidad o simpatía del mandatario hacia los pueblos ancestrales.

Un gobierno de retórica izquierdista debiera haber visto en el movimiento indígena un aliado natural, más aún cuando apostó todo por una alternativa política que la CONIAE venía esgrimiendo como bandera de lucha desde hacía una década: la asamblea constituyente. Sin embargo, desde un principio las relaciones entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, fueron, por decir lo menos, tibias.

Ya en el curso de la Constituyente, las posiciones de la mayoría oficialista generalmente fueron apoyadas por el pequeño bloque de Pachacutik. Hubieron concor-dancias de fondo entre las propuestas constitucionales levantadas desde el oficialismo y las aspiraciones indígenas: la invocación a la Pachamama en el preám-bulo constitucional como símbolo de respeto a la diversi-dad, la orien- tación general de los procesos de desarrollo hacia el “buen vivir” o Sumak Kawsay y en general, la concepción de una constitución fundamentalmente garantista de derechos.

Cuando el proceso constitucional fue arribando a momentos definitorios y el debate se centraba en los temas clave, las diferencias se fueron evidenciando. El punto de quiebre se produjo respecto al consentimiento libre, previo e informado que la CONAIE reivindicaba como un derecho colectivo internacionalmente recono-cido a favor de las comunidades afectadas por proyectos extractivos de recursos naturales en su territorio y que el Presidente de la República no estuvo dispuesto a aceptar que este sea incorporado en la nueva Constitución.

El discurso del gobierno del Socialismo del Siglo XXI topó techo cuando se trató un derecho cuyo recono-cimiento afectaba directamente los intereses transnacio-

nales beneficiarios de las industrias mineras y petroleras en cuya ampliación cifra el Gobierno las esperanzas de financiamiento para su proyecto político de largo plazo. Entonces, la retórica presidencial cambió. Se volvió dura, áspera, descalificadora hacia los indígenas. A veces incluso sarcástica y degradante como cuando el Presidente cantó en cadena nacional “que se vaya, que se vaya…” Pachacutik de la mayoría oficialista.

Luego del exabrupto presidencial, la CONAIE no tuvo más alternativa que declararse opositora y los asam-bleístas de su brazo político Pachacutik, asumieron una independencia crítica que se tradujo en votar con la mayoría solamente cuando la decisión votada benefi-ciaba la agenda social respaldada por la CONAIE.

Sin derecho a discrepar, quien no asumía obediente la consigna dictada a viva voz por el mandatario convertido en mandante de los asambleístas, era tachado de oposi-tor, denigrado (ecologista infantil, cuatro gatos que cuando en las elecciones no sacan ni el 2%...) y excluido.

Con todo y eso, al final la Plurinacionalidad fue inclu-ida en la nueva Constitución, los derechos colectivos indígenas fueron mantenidos, incluso con algunos avances y se consiguió dar pasos adelante de especial trascendencia como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, no como fruto de una voluntad política de concertar y construir un acuerdo nacional, al menos con los sectores progresistas, sino gracias a la capacidad de incidencia que sobre la Asamblea ejercieron los sectores interesados.

3. El Periodo de TransiciónMal que bien, más allá de cualquier duda, el pueblo aprobó masivamente en referéndum la Constitución de Montecristi y se dio paso a un nuevo capítulo, el periodo de transición, en el que el ejercicio del poder guberna-mental se expresa a través de la elaboración de un marco legal secundario para la nueva institucionalidad y para la agenda de prioridades del Presidente.

La Ley de Minería, una de las primeras leyes aproba-das en esta nueva etapa, permitió ver lo que iba a hacer el poder con los avances constitucionales de 2008: nada. El Sumak Kawsay pasó de largo; los derechos de la naturaleza ignorados; el derecho al agua desvirtuado; la plurinacionalidad un membrete y los derechos colectivos indígenas un obstáculo. El Estado quiere un país para la minería transnacional a cielo abierto y a gran escala y la razón de Estado prima, una vez más, como antes, como siempre, sobre la letra y el espíritu de la Constitución.2

Nuevamente, la CONAIE fue el actor socia encabezó la resistencia. Una movilización nacional en febrero sin

mucho eco; una demanda de inconstitucionalidad como para testar al nuevo órgano tutelar de los derechos, la Corte Constitucional. En seguida la respuesta furibunda desde Carondelet: los dirigentes del paro indígena, descalificados y denigrados en cadena nacio-nal mientras que en el juicio de inconstitucionalidad el abogado de la Presidencia hace su defensa afirmando que pretender que haya un proceso de consulta especial para las nacionalidades indígenas (aunque así lo diga la Constitución) es discriminatorio.3

Sin embargo, el 12 de mayo de 2009, Rafael Correa, en el sepelio de la emblemática dirigente indígena Tránsito Amaguaña se comprometió públicamente a “radicalizar la lucha del gobierno para acabar con el estado de injusticia, desigualdad e inequidad de los pueblos indígenas”.4 Solo cuatro días antes, el 08 de mayo5, su Ministro de Minas y Petróleo había autor-izado inconsultamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar viene oponiéndose desde finales de los noventa y respecto a los cuales hay decisiones de organismos internaciona-les de derechos humanos que amparan a los indígenas.6

Cuánta contradicción en un gobernante que siendo usuario de la ritualidad, la estética y la lengua indígena no es capaz de interlocutar con las naciona-lidades y pueblos ancestrales sobre la base de los derechos que ya les han sido reconocidos, para consultarles, en un proceso formal, de buena fe y en especial a través de sus instituciones representativas, tal como dispone el Convenio 169 de la OIT, respecto a los temas que les afectan.

4. ¿Cómo ve el Gobierno a losindígenas?Parecería haber una suerte de obstáculo conceptual que impide al gobernante ver en los indígenas un sujeto, pensante y actuante, capaz de ejercer derechos y contraer compromisos. Ese obstáculo, que anula la posibilidad de acuerdos políticos, queda evidenciado en una decisión presidencial que se ha levantado como un muro entre gobierno e indígenas.

El 12 de junio de 2009, el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo No. 1780 que autoriza la suscripción de un contrato entre el Estado y las misio-nes religiosas católicas por el cual éstas se comprom-eten “A trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incor-poración a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”.

Evidentemente varias de las misiones a las que se va a contratar vienen trabajando por décadas o centurias con indígenas, eso no es novedad. Lo que sí llama la atención por anacrónico es que haya jurisdicciones territoriales encomendadas a su cuidado dentro de las cuales haya grupos humanos a los que deban, por contrato, evangelizar e incorporar a la vida socio-económica del país. ¿Cómo conjuga eso el Gobierno nacional con la Plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminación que garantiza la Constitución?

Mario Melo

Un gobierno de retórica izquierdista debiera haber

visto en el movimiento indígena un aliado natural

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1. Un acuerdo nacional necesario

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Parecería haber una suerte de obstáculo conceptual que impide al gobernante ver en los indígenas un sujeto, pensante y actuante,

capaz de ejercer derechos y contraer compromisos

En algún momento todos somos oferta y todos somos demanda. Entonces solo era cuestión de tiempo: o los empresarios se volvían más positivos, o los consumidores se volvían más negativos…

Peligroso juego: economía y diálogo de sordos

Peor aún, de acuerdo al referido decreto, las misiones serán contratadas para sostener y organizar con el apoyo de las entidades del Estado “comunas y cooperativas con los diferentes núcleos humanos de su influencia, asegurándoles zonas de asentamiento comunitario, muy especialmente en las proximidades fronterizas de las provincias Amazónicas y Esmeraldas, apoyando y fomentando la apertura de caminos de penetración a esas zonas”. Cuán pobre será la visión que tienen los gobernantes respecto de los procesos político- organiza-tivos de los indígenas y campesinos como para que se sientan en la necesidad de contratar a la misiones para que les organicen y asignen territorios.

Más perversa aún aparece la idea de que las misiones jueguen el rol de fomentar caminos de penetración a las zonas de frontera. No olvidemos que en la frontera está, por ejemplo, la Cordillera del Cóndor donde se libra un conflicto entre los Shuar, propietarios ances-trales de los territorios y las empresas mineras que quieren penetrar en ellos, para lo cual necesitan cami-nos. Precisamente allí, misioneros salesianos han venido promoviendo la defensa de los derechos territo-riales de los indígenas frente a la minería transnacio-nal. ¿Por qué deberían cambiar su rol al de fomentado-res de caminos de penetración?

En el fondo, lo que expresa el Decreto 1780 es que, respecto de los indígenas y campesinos pobres, la posición del gobierno del Socialismo del Siglo XXI se parece atávicamente a la del Conservadorismo del Siglo XIX. Los mira como víctimas de alguna clase de minus-valía que los vuelve seres necesitados de amparo y tutelaje. Esto choca y repugna a una ética contem-poránea fundada en los derechos humanos y que hoy en nuestro país se expresa, gracias a la permanente lucha y movilización de la CONAIE y de otros movimientos sociales a lo largo de décadas, en una Constitución que proclama al Ecuador como un Estado Constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico.

5. El acuerdo nacional como un retoEl Gobierno del Presidente Correa está llamado a revisar permanentemente su lectura del país. La coyuntura de inicio de un nuevo período presidencial puede ser propi-cia para grandes cambios de timón.

La construcción de un acuerdo nacional no excluyente con diversos sectores es un imperativo para la profun-dización de la democracia. Pero ese acuerdo es impo-sible mientras no haya un reconocimiento desde el poder, de la capacidad de interlocución de los otros sujetos políticos y sociales, no como meros lzados en la Asamblea, sino como titulares de derechos.

El autoritarismo no requiere acuerdos programáticos, se conforma con mayorías negociadas por cargos o preben-das. Un gobierno genuinamente democrático y progre-sista, requiere de grandes acuerdos nacionales sobre un programa mínimo que ya fue definido en Montecristi y elevado a la categoría de texto constitucional.

No se requiere de mucho. Solo de aceptar con humildad los errores, olvidar la prepotencia, descender de la nube y asumir que en un país plural, todos tienen una palabra para decir y el derecho a ser escuchados con respeto.

Julio José Prado

Desde hace casi 6 años, el Dpto. de investigación del IDE en base a encuestas de Informe Confidencial (800 encuestas en Quito y Guayaquil en forma aleatoria), viene calculando el Índice de Expectativas de Consumo, que mide las percepciones de los consumi-dores frente a la economía. En términos sencillos y muy resumidos, cuando el IEC supera los 100 puntos hay mayores expectativas positivas, y vicerversa (cuando cae bajo 100).

Con el nuevo Gobierno, vinieron nuevas esperanzas y nuevos ofrecimientos, todo esto de la mano de una excelente campaña de propaganda de las nuevas autori-dades, contribuyeron al crecimiento de las expectativas de los consumidores. Desde finales de 2006 hasta los primeros meses de 2007, sucedió algo que rompió cualquier proyección. Por primera vez (desde que comenzamos a calcularlo), el IEC superó la barrera de los 100 puntos; los consumidores nos estaban diciendo que sus expectativas económicas eran mayoritariamente positivas. Si se hacía un corte de la serie, por ejemplo, en abril del año 2007 cuando el IEC alcanzó los 112 puntos, y viendo la fuerza con la que las expectativas de los consumidores venían creciendo, se podía esperar que la economía creciera también en forma vigorosa, pero lastimosamente los actores económicos parecían listos a unirse a la fiesta. Algunos grupos empresariales habían

mostrado cierto escepticismo frente al discurso Oficial. Para tratar de medir las percepciones de los empresarios, el Dpto. de Investigación del IDE, llevó a cabo una serie de encuestas online entre diferentes grupos de empresa-rios. Claro está que estos resultados reflejan solo la percepción de un grupo de empresarios de Quito y Guayaquil, y no se pueden generalizar, pero creemos que es una buena aproximación para saber lo que opinan personas vinculadas a grandes y medianas empresas (más de 300 empresarios respondieron).

Al ver estos números, que reflejan visiones tan distintas, quedó claro que estábamos ante dos países, y teníamos un gran problema, porque tal como lo comentamos en nuestros análisis de aquella época, esa división tan profunda entre consumidores y empresarios no se puede mantener durante mucho tiempo, porque todos somos parte de la misma economía. En algún momento todos somos oferta y todos somos demanda.

Entonces solo era cuestión de tiempo: o los empresarios se volvían más positivos, o los consumidores se volvían más negativos… lógicamente cruzamos los dedos para que fuera la primera, pero eso no fue suficiente.

Avivando el fuego…Cruzar los dedos para que los empresarios se vuelvan más positivos, no fue suficiente, porque los señales de la economía fueron confusas (o demasiado claras,

según se quiera ver). Inflación creciente, bajo creci-miento económico, no negociación de tratados comer-ciales con EEUU, Asamblea Constituyente, política comercial restrictiva, declaraciones agresivas para la Inversión nacional y extranjera, entre varios otros temas crearon temores entre los inversionistas priva-dos del Ecuador.

Tabla 1. Abril/Mayo 2007: ¿Cómo cree que estará la economía del país el próximo año?

MEJOR PEOR

EMPRESARIOS 8% 62%CONSUMIDORES 60% 7%

Fuente: IDE

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Referencias 1 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/zumbahua-espera-a-correa-para-posesion-256033-256033.html

2 Ver al respecto Acosta, Alberto ¿Hace agua la Constitución de Montecristi?. Julio 2009. http://www.llacta.org/notic/2009/not0001.html

3 Ver Escrito de Contestación a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera, presentado por Alexis Mera Giler, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República ante la Segunda sala de la Corte Constitucional en el caso No. 0008-09-IN (fojas 163 y siguientes)

4 http://kintto.obolog.com/ecuador-transito-amaguana-rafael-correa-movimiento-indigena-253372

5 Oficio No. 0147 DPG-DM/179-SJ-ALE-2009

6 Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio de 2004, en el caso del Bloque 23. Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). Resolución del Consejo de Administración de la OIT. 2002 (Bloque 24).

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