Enrique Campos Viejo Abogado ICAM

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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

AT. CIUDADANO

13-11-2017

En relación con las denuncias que de forma reiterativa llevo realizando ante esa Fiscalía

General del Estado durante los últimos ocho años, y en la que hasta la fecha lo único que

he conseguido tener que buscar asilo político en Suecia de momento, y ser perseguido

por el hecho de haber denunciado una actuación nula de pleno derecho del actual

Magistrado Fernando Caballero García, mediante la admisión de una demanda de

primera instancia en su juzgado como demanda mercantil, activando el protocolo de

incapacitación toda vez que al recurrirla quedaron en evidencia magistrados de la

Audiencia Provincial de Córdoba, (algunos hoy en la Sala Civil del Tribunal Supremo) a

la Sala Civil y Penal del TSJA en Granada, y la Sala Civil del Tribunal Supremo por un

recurso de casación, que permitía que esa demanda nula siguiera adelante.

Usar el protocolo de incapacitación nada más poner una denuncia, parece excesivo,

porque una simple demanda se puede controlar perfectamente en juzgado competente, si

necesidad de acudir a casos extremos. Pero había prisa, y claro esa prisa ha manchado a

todo el entramado judicial por donde ha ido pasando, incluyendo a la fiscalía, a la policía,

guardia civil, y resto de entramado del estado. Una Chapuza Nacional

En el tema de los jueces españoles, es para ir de tracas como en Valencia, algunos van

incendiando todo a su paso, como el Juez José Luis Rodríguez Lainz de Instrucción Nº 4

de Córdoba, el caso de la Jueza de Instrucción Nº 8 de Córdoba Ana María Saravia

González y el fiscal D. José Antonio Merlos Chicharro, la titular del Juzgado de

Instrucción Nº 7 de Córdoba María Dolores Rivas Navarro, como presunto juzgado para

blanqueo de droga proveniente del narcotráfico (Según algunos funcionarios de los

juzgados que se han ido de la lengua), además del resto de juzgados de instrucción de

Córdoba, juzgado de lo penal como el Nº 3, Nº 4, y Nº 5 de Córdoba, que se abonan a la

mentira organizada por el Ministerio Fiscal en Córdoba.

http://www.eldiario.es/sociedad/Estrasburgo-custodia-condena_Espana-infancia-

desahucio_0_705530382.html

Sobre el deber de recusación y abstención contra jueces, magistrados y fiscales está todo

dicho en sede judicial y ante esa Fiscalía General del Estado art. 238 de la LOPJ, así

como la nulidad de cualquier procedimiento penal y civil organizados en esos tribunales

contra esta parte, que no dejan de ser simulaciones procesales.

Desde hace 8 años se ha informado de la nulidad de la demanda 451/2009 del Juzgado

Mercantil del Juez Caballero, por admitirse en juzgado no competente. Señores Fiscales,

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llevamos informando de la nulidad como dicen algunos de libro, y usan procedimientos

penales inexistentes, para secuestrar a este letrado, que solo argumenta en base a las

disposiciones legales españolas, y como tales, se le exige a los tribunales que sean acatadas

ya que en ningún BOE aparece que los jueces puedan negar las evidencias legales.

Las injurias y calumnias que se produce contra funcionarios públicos sobre hechos (y no

a juicios de valor) concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de

faltas penales o de infracciones administrativas (art. 210 CP); En estos casos, el acusado

será absuelto si puede probar la veracidad de las imputaciones. Una denuncia o querella

criminal puesta ante la FGE, sede Judicial, Ministerio fiscal, ante el Ministerio de Justicia,

o ante Consejo General del Poder Judicial, por cierto no es delito de calumnia

evidentemente, en todo caso y hay que demostrarlo en sede judicial, sería un delito de

denuncia falsa.

NO CUELA, NO ES CREIBLE, pero siguen. El otro día cierto familiar que conoce al

fiscal Merlos Chicharro (Sigo sin comprender porque este fiscal decano consta como

empresario en el registro mercantil, cuando lo tiene prohibido por el estatuto orgánico de

la fiscalía), me cuenta el cuento de un gran expediente que lo tengo, lo he leído, y que dio

lugar a una denuncia contra la jueza Ana María Saravia, el fiscal Merlos, y otros ante el

TSJA (se adjunta) porque es un expediente de despropósitos, empezando por usar unas

Diligencias Previas, archivadas por inhibición desde el 23-10-2012, le solicitó que fuera a

los juzgados y me auto incapacitara en base al Expediente X. ¿De dónde sacan a estos

funcionarios? ¿Están en su sano juicio? ¿Se creen las mentiras que se cuentan?

Ese famoso expediente X, procesal no lo es, ha supuesto la orden de mi detención

(Secuestro) por parte de la policía nacional de Córdoba, que conoce que todos estos

hechos son simulaciones, secuestros y tortura hasta en 3 ocasiones, y siguen con la misma

tontería y mentira a la fecha de hoy, poniendo a personajes diversos que son tipos

similares a los personajes de Torrente (se supone pagados por Cajasur y narcotraficantes),

que llaman a la Policía Local (El jefe lo tengo denunciado a la UCO) o a la policía

nacional, en donde los de extranjería (drogas) son usados para mis secuestros junto a los

patrulleros que conocen la película, y participan en el teatro (tortura).

Nuevamente se puede a informar: NO CUELA, NO ES CREIBLE. ¿Tienen que pasar

cientos de años para que se den cuenta que no es creíble?

Está claro que los guionistas viven en Matrix, nadie se lo creo, y menos las víctimas, a las

que se tortura (Delito de Tortura y Terrorismo de Estado).

En mi caso, no creo en Dios, no creo en los fakes de los atentados del 11-M, 11-S, y

demás realizados en Europa todos estos últimos años. No creo en los políticos, no creo

en nadie, y como la mayoría no creo en la justicia, como tampoco creen en la justicia

muchos jueces y fiscales. Y como en mi caso, millones de personas, y es que la

credibilidad del sistema está bajo mínimos.

En el caso de la provincia de Córdoba, ya hace muchos años, sabemos que vive de la

agricultura, joyería hasta antes de la crisis, y del narcotráfico, y también de la trata de

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blancas, sin olvidar los millonarios que existen gracias al tráfico de tabaco y de oro (No

digo nombres porque es voz populi)

Ejemplo: El poderoso y temido José Manuel Villarejo Pérez, un ciudadano nacido en El

Carpio, Córdoba, en 1951. Si de Córdoba.

http://www.elmundo.es/cronica/2017/11/12/5a060701468aeb666e8b462b.html

El caso es que recogí el guante cuando mi amigo comandante me soltó un sermón sobre

el bien y el mal, y de cómo a los corruptos había que meterlos en la cárcel» dice hoy el

gallego, David R. Vidal.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/11/actualidad/1510423180_056582.html

El libro que Mabel Lozano ha escrito basándose en decenas de entrevistas con El Músico

explica la realidad del mundo de luces de neón y clubes repartidos por todos los pueblos,

ciudades y carreteras de España. "Llegamos a ser los propietarios de algunos de los

mejores burdeles de España: El Leidys, en Denia; El Glamour, en Córdoba; El Privé, en

Tarragona….

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/12/actualidad/1510497199_316581.html

Oriol dice: Los catalanes hemos sufrido también espionaje electrónico y físico, censura,

irregularidades judiciales, arrestos, intentos de extradición, prisión, exilio, bloqueo

financiero, noticias falsas, contra propaganda.

Yo no soy catalán, no soy político, pero me han hecho lo mismo que denuncia este

ideólogo de la independencia catalana el tal Oriol, pero en mi caso por denunciar

corrupción judicial.

Y es que he tenido que denunciar al régimen español como una dictadura, porque

existen unas leyes que conceden unos derechos a los ciudadanos españoles que no se

respetan por parte del estado español ni el Ministerio Fiscal.

http://latribunadecartagena.com/not/2847/soraya-saenz-de-santamaria-conocio-el-posible-

asesinato-de-botin-y-pudo-haber-paralizado-la-investigacion/

Ya según ciertas informaciones aparecidas en el País sobre documentos de la transición

española, el ex primer ministro del Reino Unido James Harold Wilson en los años 70,

propuso hacer un tribunal internacional contra los crímenes de franquismo. A final se

tendrá que hacer un tribunal internacional aunque sea 50 años después y como a la

dictadura de Portugal les dieron a los franquistas una oportunidad para mejorar su

imagen. Seguimos en España igual o peor.

Después de solicitar Asilo Político en Suecia, y de denunciar al estado español

internacionalmente, parece ser que Cajasur, los jueces y magistrados de Córdoba, y los

fiscales de Córdoba, más otros, no quieren admitir lo que ha quedado claro:

1.- Las mentiras preparadas hace ocho años o más, quedaron descubiertas a la primera.

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2.- Que los secuestros sobre mi persona, han incriminado todavía más estas acciones de

presunto terrorismo de estado, cuando ha quedado demostrado que no voy a firmar

nada, aunque me tenga que morir de hambre, enfermedad u homicidio, y más después

de la última querella criminal puesta en la que ha quedado clara que las pretensiones de

esta organización criminal no es creíble: La frase, usted no es abogado en base a una

sanción del Colegio de Abogados de Córdoba, cuando pertenezco al ICAM Madrid, y

varios certificados entregados, demuestra que el que ordena estas acciones no está muy

bien de la cabeza, o los que ejecutan ese plan, tampoco están muy bien de la cabeza. En

el último secuestro un familiar escuchó a uno que se reía y que iba con la jueza titular de

instrucción Nº 8 de Córdoba, después de pasar este abogado por ese juzgado, y

comentaba a la jueza Saravia González, que había intentado colarme de que no era

abogado, y se reía, mi familiar pensó que este individuo estaba mal de la cabeza, y no es

para menos, una vez fuera de la función teatral.

3.- Que con la carta enviada por esa FGE a esta parte en la que se certifica que al 18 de

Abril del 2016, no consta acciones penales en la base de datos del Ministerio Fiscal, que

es uno y para toda España.

4.- Cuando se realizan fakes o simulaciones de actos terroristas en Europa (la mayoría

hecha con actores, y muchas de ellas increíbles peor que una película B) es evidente que

se usan medios y personajes para simular, hacer creer a la gente, y producir miedo.

Cuando actúan estos personajes en los juzgados y tribunales de Córdoba, que no son

actores, queda en evidencia no solo los malos actores, sino el sistema judicial español, y

no digamos la fiscalía.

5.- Bajo la mentira este está loco, demuestra que la inteligencia y los conocimientos de los

actuantes no llega a la media. Estas mentiras ya se usaban en tiempos de los romanos,

para estigmatizar a una persona (el daño que han hecho a mi persona no tiene nombre,

pero además en nombre del estado). Hay que distinguir entre locos y tontos. Y se

demuestra por el acompañante de la jueza Saravia, al que podríamos llamar tonto de

remate. Un psicópata como los que he denunciado en sede judicial no son tontos, son

inteligentes, pero con un alto grado de falta de empatía hacia el resto de los humanos. Ya

envíe a esa FGE un estudio del grado de psicopatía que existía en la sociedad española,

en la que las estadísticas rozaban los cuatro millones de personas.

6.- Que por motivos obvios y una vez que el momento político catalán sigue desgastando

al gobierno (un gobierno que dio el visto bueno a estas actuaciones como se ha

denunciado en sede judicial) tiene dos opciones, una seguir como estaban y tener que

pasar el bochorno a nivel internacional por usar la tortura para ayudar a producir una

presunta estafa en sede judicial para un banco amigo. O actuar con pragmatismo, y usar la

posibilidad de indemnizar a esta parte, que retiraría las querellas y denuncias, a cambio

de que se olviden de auto incapacitaciones, limpien expedientes, y como se ha

comentado, se indemnice a esta parte, que saldría del país, cambiaría el nombre, y

buscaría otra nacionalidad.

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La ley de Murphy se ha cumplido (Si algo puede salir mal, entonces saldrá mal), La Ley

de Peter también (En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de

incompetencia: la nata sube hasta cortarse) José Ortega y Gasset (Todos los empleados

públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos

hasta volverse incompetentes.)

Podemos considerar los hechos acaecidos como Falacias, una falacia (del latín: fallacia,

‘engaño’) es un argumento que parece válido, pero no lo es. (Demanda admitida en

juzgado no competente) (Denuncia de calumnia por interponer querella al presunto

calumniado, cuando no está contemplado en el Código Penal) (Usted no es abogado,

cuando los certificados hacen constar lo contario) (O aducir una enfermedad mental,

cuando no existe ningún certificado médico de garantía que lo hay certificado desde hace

ocho años, cuando se inició el acoso) (Si los jueces y fiscales afirman enfermedad mental

de la víctima, huelga actuar penalmente contra la misma, porque no puede ser imputada

penalmente) (La incapacitación se realiza por mediación de Juez de Primera Instancia no

de Instrucción) (Los Juzgados de Primera Instancia de Córdoba, quedaron junto a la

fiscalía inhabilitados para ejercer la acción de incapacitación una vez que todos ellos

fueron denunciados por organización criminal, empezando por los jueces decanos). Por

tanto, si los procedimientos penales son inexistentes, y las violaciones procesales en las

acciones civiles carecen de validez por ser nulas de pleno derecho, seguir torturando a

una persona, no deja de ser un presunto delito de lesa humanidad, por parte de

funcionarios sin escrúpulos que no piensan que en el día puede cambiar la tortilla, y que

les pidan responsabilidades en el futuro.

Tienen todos los argumentos para hacer parar estas actuaciones inapropiadas en un

estado de derecho real. Los fiscales o los jueces no están en nuestro país para hacer de

presuntos sicarios de un banco o de terceros con intereses espurios.

El Ministerio Fiscal en Madrid, tiene la capacidad para ordenar estas actuaciones, ya que

como se ha visto en la fiscalía en Murcia con el fiscal jefe, el Ministerio Fiscal es uno, y el

FGE tiene poder para ordenar parar el teatro de Córdoba.

De acuerdo con la ley orgánica del derecho de petición solicito respuesta a esta carta.

14 de Noviembre del 2017.