fenomenologÍa del secuestro en colombia

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FENOMENOLOGÍA DEL SECUESTRO EN COLOMBIA

ESTADÍSTICAS Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS JURÍDICOS Y EMOCIONALES EN LAS VÍCTIMAS

LA EXPERIENCIA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

Bogotá, D.C., Colombia – Marzo de 2011

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FENOMENOLOGÍA DEL SECUESTRO EN COLOMBIA ESTADÍSTICAS Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS JURÍDICOS Y EMOCIONALES EN LAS VÍCTIMAS

LA EXPERIENCIA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

Directora Ejecutiva Fundación País Libre Olga Lucía Gómez Cardona Investigación, Atención y Autoría Claudia Llano Rodríguez, Área Preventiva Edgar Octavio Gómez Torres, Área Jurídica Gloria Marcela Chaparro Puentes, Área Psicológica Edición de Contenidos, Divulgación y Prensa Viviana Esguerra Villamizar Procesamiento de Estadísticas Rafael Armando Ibarra León Ilustración María Paula Moncada

FUNDACION PAIS LIBRE Calle 119 B No. 5-38 Tel. 57 1 4816353 Fax. 57 1 4816348 Bogotá - Colombia www.paislibre.org Bogotá, D.C., Colombia – Marzo de 2011

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Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN

1. CONTEXTO GENERAL DEL DELITO (2009 – 2010). 2. CIFRAS DEL SECUESTRO EN EL PERÍODO ENERO DE 2009 A DICIEMBRE DE 2010.

2.1. Análisis de la dinámica del delito del secuestro en el período Enero – Diciembre de 2009 Vs. Enero – Diciembre de 2010, en cifras oficiales.

2.1.1. Secuestro de extranjeros 2.1.2. Secuestro por gremios 2.1.3. Secuestro por situación geográfica

3. IMPACTOS DEL DELITO.

3.1. Desde el punto de vista Jurídico. Mucho por mejorar 3.1.1. Marco normativo vigente que consagra mecanismos de protección a favor de las víctimas de secuestro. 3.1.2. Problemáticas jurídicas que las víctimas de secuestro y sus familias deben enfrentar.

3.1.2.1. En relación a los procesos de investigación y juzgamiento llevados a cabo por parte de las autoridades judiciales. 3.1.2.2. Dificultades identificadas en el acceso a beneficios de orden Civil, como los contemplados en la Ley 986 de 2005 y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá.

3.1.3. Dificultades evidentes en el acceso a la reparación integral. 3.1.4. Las víctimas de secuestro frente a las instancias internacionales.

3.2. Desde el punto de vista Psicológico y Psicosocial. Heridas por cicatrizar

3.2.1. Del secuestro: Entre la incertidumbre, la espera, la ilusión y la desesperanza. 3.2.2. De los secuestrados en cautiverio y los que pasan a ser desaparecidos: Reorganización, Ajuste y Proyección. 3.2.3. De los secuestrados liberados: Reorganización, Ajuste y Proyección. 3.2.4. Atención Psicológica: Papel, los retos y las limitaciones.

4. CONCLUSIONES.

4.1. Desde el punto de vista de los impactos Jurídicos. 4.2. Desde el punto de vista del Impacto Psicológico y Psicosocial.

Referencias bibliográficas.

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INTRODUCCIÓN

1. CONTEXTO GENERAL DEL DELITO (2009 – 2010)

El secuestro en Colombia ha reducido su impacto en los últimos 10 años debido a la implementación de políticas claras y consistentes de seguridad y de enfoque militar, que han reducido notoriamente la capacidad ofensiva de algunos grupos armados organizados al margen de la Ley. De esta manera, Colombia que a principios de la década de 2000 tenía el vergonzoso titulo del país con más secuestros del mundo, ha visto una drástica disminución en el número de plagios reportados, lo que sin duda cambió la dinámica, la realidad y la percepción del delito en nuestro país. La modernización de las Fuerzas Armadas y el replanteamiento de la forma de combatir a la subversión tuvieron un inicio formal el 7 de diciembre de 1999, cuando se creó la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del Ejército Nacional. Ésta modernización junto con la capacidad de movilización de efectivos, tanto del Ejército como de la Policía, y la profesionalización de la fuerza, fueron factores decisivos en dicha disminución.1 De esta manera, en nuestro país se pasó de un promedio de ocho secuestros diarios durante los años 1999 y 2000, cuando se registró el pico más alto, a un promedio de un secuestro diario, e incluso menos, en los años 2009 y 210. Esto, sin duda, cambió la dinámica, la realidad y la percepción del delito como tal, tanto a nivel nacional como la manera de ser vistos a nivel internacional. No obstante la importante reducción del delito, el secuestro como violación de Derechos Humanos, continúa manteniendo un importante nivel de impacto entre la población civil y se mantiene como un instrumento de diferentes actores ilegales para lograr los más variados fines. Pese a que el secuestro ha disminuido, cada víctima es un drama que estremece a la sociedad. En cuanto a las víctimas del secuestro una de las grandes complejidades que ha perdurado es el tema de cuántos cautivos quedan en Colombia, bien sea en poder de grupos al margen de la ley o de grupos de delincuencia común. A lo largo de los años se había establecido una cifra de referencia la cual era de 2.800 cautivos en todo el país y cuyo secuestro se había perpetrado entre 1996 y 2007. Sin embargo, el gobierno nacional a través de Fondelibertad, lideró un ejercicio de depuración de este número de secuestrados, el cual concluyó que al 15 de abril de 2009, el número de personas que permanecían cautivas por secuestro en Colombia era de 125.

1 Brechas y propuestas de las Políticas Públicas contra el Secuestro, Fundación País Libre, enero de 2010.Pág. 24.

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Pero una de las grandes dificultades que deben enfrentar estas cifras oficiales a pesar de su depuración, es el número de personas de las cuales no se tiene noticia y que según la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal (antiguo Fondelibertad) es de 614. La Fundación País Libre continúa manteniendo la atención en ese número de 614 personas de las cuales el Estado dice no se tiene noticia, a pesar de aparecer como secuestradas en los registros; y ve con preocupación como Colombia esta pasando de ser un país con personas secuestradas a ser un país donde un número importante e indeterminado de personas ha desaparecido. El delito del secuestro pasó de ser en Colombia un delito de alto impacto a ser un delito que el gobierno percibe como controlado, y para los medios de comunicación la mirada queda puesta sólo sobre el grupo de secuestrados de la fuerza pública, conocidos como “canjeables”, de los cuales 16 permanecen aún en cautiverio. Poco se habla de los secuestros extorsivos y simples cometidos en diferentes zonas del país afectando a personas anónimas, que no generan más recordación que la de sus seres queridos; el panorama de invisibilidad que rodea este entorno de secuestros, contribuye a la creación de un imaginario equivocado respecto a la realidad y a las consecuencias de este delito en la sociedad colombiana. Según la información recogida por la Fundación País Libre, el secuestro y la extorsión continúan siendo practicados como estrategia de consecución de recursos, de financiación del conflicto y sigue siendo practicado por diferentes actores ilegales que van desde grupos armados al margen de la ley, ya sean guerrillas o bandas criminales (Bacrim), hasta delincuentes comunes. Geográficamente se visibiliza una clara concentración de los esfuerzos de los actores ilegales en secuestro en ciertas zonas del país como Arauca, Antioquia, Casanare, Putumayo y Norte de Santander. A diferencia del descenso del secuestro la extorsión se presenta como un delito en ascenso con un gran impacto y altos niveles de efectividad y en ello coinciden tanto las autoridades como la Fundación País Libre, que ha hecho pública su preocupación por la manera generalizada como se viene presentando y afectando diferentes sectores de población que van desde amas de casas y modestos tenderos hasta grandes empresas colombianas y extranjeras. La extorsión mantiene una complejidad ligada a los altos índices de No denuncia o de criminalidad oculta: de acuerdo con la última encuesta de victimización del DANE del año 2004, más del 60 % de las víctimas no denuncian. Según un análisis de la estadística oficial, realizado por la Fundación Seguridad y Democracia, se refleja un aumento de la extorsión en zonas urbanas del 24% entre 2008 y el 2009, al pasar de 473 casos denunciados a 588 casos denunciados, identificando las ciudades de Neiva, Popayán,

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Valledupar, Ibagué y Pereira con mayor afectación y de las ciudades capitales las que mostraron un mayor porcentaje de incremento fueron Medellín con 130%, Cali con 21% y Bogotá con un 3% con respecto en el mismo periodo de tiempo. Con base en información recogida por la Fundación País Libre, la extorsión se ha generalizado y se presenta desde la Guajira hasta Putumayo y desde Chocó hasta Arauca generando alto impacto local en muchas zonas del país y fuera de éste, como en las fronteras con Venezuela y Ecuador. En Colombia se están presentados dos grandes tipos de extorsión: *La extorsión No ligada al conflicto interno y cometida por delincuentes comunes, bandas delincuenciales y por delincuentes recluidos en la cárceles, se presenta operativamente como un delito de fácil práctica y entre otros, está afectando a sectores de población sin mayores recursos económicos que ante la amenaza y la intimidación ven en el pago la única alternativa de resolución. Esta modalidad de extorsión ha sido calificada por el actual Ministro de Defensa como micro-extorsión y este ha presentado una criticada propuesta que pretende también penalizar a estas víctimas como auxiliadores de grupos terroristas. *La extorsión ligada a la dinámica del conflicto interno armado y cometida por grupos armados al margen de la ley que la manejan como un tributo o impuesto de guerra y que afecta de manera principal el sector productivo, los comerciantes, las pequeñas, medianas y grandes empresas de diferentes sectores. Este tipo de extorsión ha generado un silencioso e indiscriminado crecimiento en zonas con clara influencia de estos grupos ilegales, como la zona del Catatumbo, Arauca y la frontera con Venezuela. Así mismo en Nariño y Putumayo y la frontera con Ecuador, Antioquia, Casanare, Huila y Tolima. Finalmente Cundinamarca y Bogotá. La realidad ligada a estos delitos es tan impactante y ha dejado tantas y tan diversas consecuencias en nuestra sociedad que un solo secuestro debería sensibilizar, conmover y generar un rechazo por parte de toda la sociedad, la cual debería condenar y exigir su proscripción a todos los actores ilegales que lo continúan usando como un arma de guerra. Por esta razón y ante la necesidad de hacer visibles los efectos nocivos de este delito, a continuación presentaremos un análisis del delito en su comportamiento durante el período comprendido entre el mes de enero del año 2009 y el mes de diciembre de 2010 (dos años en total), que incluye un estudio de los impactos del delito, desde el punto de vista jurídico, relacionado con los obstáculos que deben enfrentar las víctimas frente a los procedimientos jurídicos que deben realizar; y, un análisis psicológico, desde el punto de vista de sus efectos en la salud mental y en la vida emocional de las víctimas y sus familias.

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2. CIFRAS DEL SECUESTRO EN EL PERÍODO ENERO DE 2009 A DICIEMBRE DE 2010. 2.1. Análisis de la dinámica del delito del secuestro en el período Enero – Diciembre de

2009 Vs. Enero – Diciembre de 2010 en cifras oficiales.

Durante el 2010, según reportes de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, se denunciaron en el país 282 casos de secuestro, de los cuales 188 correspondieron a la modalidad de secuestro extorsivo y 94 a secuestro simple (Cuadro 1). Esto muestra un aumento en el delito de 81% en lo que se refiere a secuestro simple y un aumento de 17% en secuestro extorsivo, al comparar los secuestros denunciados en igual período de 2009, como se muestra a continuación:

Cuadro 1 Comportamiento secuestro

2009 vs 2010

Secuestro Extorsivo 161 188 27 17%

Secuestro simple 52 94 42 81%

Total 213 282 69 32%

Variación

Abosluta

Variación

PorcentualCasos 2009 Casos 2010Tipo

Comparativo secuestro 2009-2010

Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre.

El cuadro 1 muestra el número de secuestros ocurridos en Colombia durante el2009 frente a los ocurridos en 2010. A partir de los datos consolidados en el cuadro se tiene que en 2010 se presentaron 69 casos de secuestro más que en 2009 lo que representa un aumento de la conducta de

un 32%. El aumento más significativo se presentó en el secuestro simple, el cual reportó 42casos

adicionales (81%), en tanto que el secuestro extorsivo tuvo un aumento más modesto pasando de 161 casos en 2009 a 188en 2010 (17%). Mientras que durante el 2009 se secuestraron un promedio de 18 personas mensualmente, en el año 2010 se secuestraron 23 personas cada mes.

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Gráfica 1 Tipo de Secuestro

2009 vs 2010

0

50

100

150

200

Casos 2009 Casos 2010

Comparativo secuestro por modalidad 2009 vs 2010

Secuestro Extorsivo Secuestro simple

Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre.

2. 1.1. SECUESTRO DE EXTRANJEROS

Durante el 2009 sólo dos extranjeros fueron secuestrados en territorio colombiano: un mexicano y un español en tanto que en el 2010se secuestraron tres: un norteamericano, un suizo y un japonés.

Cuadro 2

Secuestro por nacionalidad de la víctima 2009 vs. 2010

NACIONALIDAD 2009 2010

COLOMBIANO 211 279

NORTEAMERICANO 1

ESPAÑOL 1

MEXICANO 1

SUIZO 1

JAPONES 1

TOTAL 213 282 Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre.

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2. 1. 2. SECUESTRO POR GREMIOS De los 233 casos que registraron profesión, el sector económico más afectado por el secuestro fue el de comerciantes en contra de los cuales fueron perpetrados 52 casos en 2010 (22% del total de plagios) seguido por el ganadero quienes sufrieron 32 secuestros frente a 14 casos registrados en 2009 (aumento en el número de plagios en este sector económico del 129%). El sector económico de agricultores fue el tercero más afectado: 21 casos denunciados en el 2009 frente a 29 en el 2010, evidenciando un aumento del 38%.

Cuadro 3

Secuestro por Profesión de la Víctima Enero – diciembre de 2009 vs. Enero – diciembre de 2010

PROFESIÓN 2009 2010

COMERCIANTE 54 52

GANADERO 14 32

AGRICULTOR 21 29

ESTUDIANTE 17 14

INGENIERO 4 13

ACTIVIDADES VARIAS 2 11

CONDUCTOR 3 9

EMPLEADO 10 8

ABOGADO 4 7

AMA DE CASA 8 6

CONTRATISTA 0 6

TÉCNICO 6 6

EDUCADOR 2 4

OTRAS 43 36 Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre

2. 1. 3. SECUESTRO POR SITUACIÓN GEOGRÁFICA El comportamiento del secuestro por departamentos durante el 2010, mostró que el departamento más afectado fue Arauca, donde las denuncias frente al mismo período de 2009 aumentaron un 350%, pasando de 8 casos a 36 (tabla 4).

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Otras variaciones igualmente altas se registraron en los departamentos de Cauca y Antioquia los cuales tuvieron un incremento del 210% y del 140% respectivamente. Otros departamentos con aumentos importantes en el número de secuestrados fueron Magdalena con un incremento del 167%, Antioquia con un aumento del 133% (16 casos) y Valle del Cauca 120% (18casos).

Tabla 4 Secuestro por Departamento

2009 vs. 2010

2009 2010 Variación

ARAUCA 8 36 350%

VALLE 15 33 120%

ANTIOQUIA 12 28 133%

CAUCA 15 27 80%

NARIÑO 22 17 -23%

BOGOTA D.C. 18 13 -28%

CASANARE 9 12 33%

NORTE SANTANDER 10 12 20%

CESAR 7 10 43%

PUTUMAYO 11 10 -9%

SANTANDER 5 9 80%

CALDAS 4 8 100%

CAQUETA 8 8 0%

MAGDALENA 3 8 167%

CHOCO 7 7 0%

HUILA 7 7 0%

LA GUAJIRA 4 6 50%

TOLIMA 8 6 -25%

META 15 5 -67%

CUNDINAMARCA 5 4 -20%

RISARALDA 4 4 0%

BOYACA 4 3 -25%

CORDOBA 2 3 50%

GUAVIARE 2 2 0%

SUCRE 1 2 100%

ATLANTICO 5 1 -80%

BOLIVAR 0 1 100%

QUINDIO 1 0 -100%

VAUPES 1 0 -100%

Total general 213 282 32%

Dpto DelitoNunero de secuestros

Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre.

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En contraste Quindío y Vaupés evidenciaron reducciones totales entre el 2009 y el 2010 junto con los departamentos de Atlántico, Meta y Bogotá D.C. En el caso del departamento del Atlántico la reducción fue del 80% comparando los 5casos registrados en 2009 frente a 1 de 2010. En el caso de Meta durante 2010 se produjeron 10secuestros menos que en el 2009 (-67%) en tanto que en capital del país se redujo en 5 casos (-28%).

Gráfica 2 Secuestros en Colombia

Participación sobre el total por departamentos 2009 vs. 2010

0

2

4

6

8

10

12

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AR

AU

CA

VA

LL

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IND

IO

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UP

ES

2009

2010

Fuente: Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación País Libre.

Los departamentos con más secuestrados en el 2010 fueron: Arauca (13%), Valle del Cauca (12%), Antioquia y Cauca con el 10% en cada uno y Nariño con el 6%. En el caso de estos cinco departamentos todos, exceptuando Nariño, aumentaron su participación en comparación con lo ocurrido en igual período durante el 2009.

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3. IMPACTOS DEL DELITO Las víctimas de secuestro y sus familias se ven expuestas a fuertes impactos tanto de tipo jurídico como del orden psicológico. 3.1. Desde el punto de vista Jurídico. Mucho por hacer

Previo a la identificación de las consecuencias del delito en este escenario, a continuación se expone brevemente el marco normativo vigente a través del cual las víctimas de secuestro pueden encontrar respuesta a algunas de sus necesidades más apremiantes. 3.1.1. Marco normativo vigente que consagra mecanismos de protección a favor de las víctimas de secuestro.

Según el Código Penal colombiano, existen dos modalidades de secuestro: simple y extorsivo. Estas formas de secuestro están definidas en los artículos 168 y 169 así: Secuestro simple: consiste en el arrebatamiento, sustracción, retención u ocultamiento de una persona por cuenta de otra u otras, que se caracteriza porque el secuestrador busca conseguir un beneficio directo de la persona privada de su libertad y su liberación se producirá sólo cuando el secuestrador haya logrado su objetivo, el cual puede ir desde obligar a la persona a realizar un trabajo determinado, hasta obtener información que sin la presión del cautiverio no obtendría, pasando por exigirle actos de tipo sexual, entre otros. El secuestrador en esta modalidad será condenado a una pena de prisión de dieciséis (16) años a cuarenta (40) años y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos mensuales vigentes.

Secuestro extorsivo: consiste en el arrebatamiento, sustracción, retención y ocultamiento de una persona pero, a diferencia del secuestro simple, en este caso, el secuestrador exige al secuestrado y a su familia un pago o provecho, a cambio de dejar en libertad a la persona cautiva. Según el Código Penal (artículo 169) en el secuestro extorsivo dentro de los fines perseguidos por los captores, se tienen, el obtener un provecho o cualquier utilidad (que generalmente es económica), que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. De otro lado se resaltan como mecanismos de protección, la Ley 986 de 2005 y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá, cuyos beneficios en relación con esta última norma, sólo se aplican para la ciudad de Bogotá. La Ley 986 de 2005, consagró beneficios tales como, i) la suspensión de obligaciones o deudas de cualquier tipo a nombre de la persona cautiva (excepto las deudas derivadas de la prestación de servicios públicos, como agua, energía, teléfono o gas), ii) el no cobro de intereses de mora sobre cualquier tipo de deuda, iii) la suspensión de los términos procesales de cualquier clase de proceso en

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donde la víctima – ausente, esté demandada, lo que significa que la persona cautiva, por ejemplo, no puede ser embargada o rematada en sus bienes o condenada en cualquier clase de proceso mientras se encuentre cautiva, iv) la continuidad en el pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier clase de obligación que tenga el patrono o empleador de la víctima, los cuales deben ser pagados a un miembro de la familia de la víctima que previamente haya sido reconocido por un juez de familia como curador del ausente, y v) el acceso al sistema de salud subsidiado y educación pública primaria o secundaria para lo hijos o hijas del cautivo. Y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá, reglamenta el acceso a beneficios a favor de las víctimas de secuestro y desaparición forzada, tales como, i) la suspensión del cobro del impuesto predial, valorización, avisos y tableros y rodamiento, siempre y cuando los inmuebles y vehículos se encuentren registrados en Bogotá y su propietario sea la víctima, alguno de sus padres o su cónyuge o compañero o compañera permanente, ii) el acceso al sistema de protección en materia de salud subsidiado y iii) el acceso a educación pública en los centros de educación secundaria adscritos al Distrito Capital de Bogotá, para los hijos o hijas de la víctima. 3.1.2. Problemáticas jurídicas que las víctimas de secuestro y sus familias enfrentan A continuación, las principales dificultades que encuentran una víctima y su familia en un caso de secuestro:

3.1.2.1 En relación a los procesos de investigación y juzgamiento llevados a cabo por parte de las autoridades judiciales para dar con el paradero de la víctima, condenar y llevar a prisión a los secuestradores y obtener reparación a favor de esta.

Entre junio de 2009 y junio de 2010, País Libre lideró una investigación a través de la cual, se logró identificar, en el marco del proceso del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), cuál es el estado de garantía y reconocimiento de los derechos de las víctimas en este sistema procesal, y se evidenció lo siguiente:

Las víctimas de secuestro, no tienen una participación activa en el marco del proceso penal, a pesar de que la Ley 906 de 2004 en su artículo 137 (intervención de las víctimas en la actuación penal), le otorga garantías para hacerlo: en beneficio de estas y su dignificación en el marco del proceso penal, debe observarse que las autoridades judiciales están en posibilidad, en el marco de las audiencias celebradas para el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de conceder mayor participación a las víctimas de secuestro. Sin ello, se les niega la posibilidad de que puedan gozar de un

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reconocimiento efectivo de sus derechos, ya que deben ser protagonistas en la solución del conflicto generado por el delito [1], proceso en donde un Juez tendrá la última palabra.

No se valora la participación de las víctimas en el proceso, al no concedérseles el uso de la palabra: se observó que las víctimas no están facultadas ni tienen el conocimiento y la información necesaria para participar adecuadamente en el proceso penal; no reciben capacitación ni información suficiente sobre sus derechos lo que les permitiría participar de manera activa en el proceso. Por otra parte en delitos como el secuestro, las víctimas y sus familias sufren de una gran afectación psicológica, por lo que es necesario que los funcionarios judiciales cuenten con herramientas que les permita comprender el impacto que tiene el delito en las emociones de las víctimas, lo que facilitaría a éstas su participación en el proceso penal.

Los procedimientos jurídicos, tal como están consagrados a favor de las víctimas, no siempre se llevan a cabo de la manera como están establecidos: una evidencia tiene que ver con el hecho que, en muchas ocasiones a las víctimas no se les permite participar de viva voz o de manera directa en el proceso penal, a pesar de que la ley señala que pueden hacerlo sin necesidad de contar con un profesional del derecho que las represente, hasta la audiencia preparatoria ya que de aquí en adelante sí deben contar con uno. Se observó que excepcionalmente intervienen en el desarrollo de las audiencias y sólo si el juez de manera discrecional estima conveniente darles la palabra.

Uno de los objetivos del sistema penal acusatorio, como ya se señaló, es el de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En relación con este último derecho, el cual se concreta en una etapa del proceso penal demonizada incidente de reparación integral, se constató que la mayoría de las víctimas desconocen, en qué consiste esta etapa, la existencia de un término o un periodo de tiempo que de cumplirse deja a las víctimas sin opción alguna de solicitar su reparación y que deben contar con los servicios de un abogado para tal fin.

Adicional a los anteriores problemas, se observaron las siguientes dificultades:

Falta de claridad e información insuficiente en las víctimas sobre los roles, la misión y funciones de las diferentes instituciones gubernamentales como no gubernamentales, a efectos de clarificar qué tipo de apoyo pueden recibir y de quién.

Falta de atención y/o respuestas claras, por parte de las instituciones gubernamentales, tanto Fiscalía General de la Nación, como de la Defensoría del Pueblo y Acción Social, dependiendo del tipo de beneficio al que pretenden acceder.

[1]

Cfr. Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Manual General para Operadores

Jurídicos. Segunda Edición. Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). Bogotá,

Marzo de 2009. Pág. 62.

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Necesidad de tener un mayor conocimiento de los mecanismos que pueden activar, para poder recibir de las instituciones públicas, información acertada sobre sus casos y sus necesidades, como derechos de petición o acciones de tutela.

Insuficiencia en la información suministrada a las víctimas, por parte de los funcionarios competentes, respecto de cada una de las etapas del proceso judicial y desconocimiento sobre qué se resuelve en cada una de éstas.

La práctica jurídica de atención y representación de víctimas ha permitido identificar que para que en este escenario se puedan tener resultados favorables a las víctimas, es necesario el acompañamiento psicológico a éstas, pues al no dotarlas de herramientas para participar en estos escenarios, cuando asisten a las diligencias propias de un proceso penal, pueden llegar a ser re-victimizadas si no tienen la preparación para afrontar la situación. De no ser posible este tipo de acompañamiento, se deberá contar como mínimo con funcionarios que tengan capacitación en atención a víctimas y sepan cómo tratarlas y estén concientes que para que estas puedan colaborar en su propio proceso necesitan un trato especial en consideración a tal afectación psicológica.

3.1.2.2. Dificultades identificadas en el acceso a beneficios de orden Civil, como los

contemplados en la Ley 986 de 2005 y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá.

3.1.2.2.1. Sobre la Ley 986 de 2005.

Dificultades para la suspensión de obligaciones: La Ley 986 de 2005 determina que se suspenderán las obligaciones del deudor cautivo, por el tiempo que dure su cautiverio, más un período de tiempo adicional que no debe superar el doble del tiempo que dure el plagio, siempre y cuando no supere un año. Lo anterior significa que las obligaciones contraídas por otros miembros de la familia del ausente (cónyuge o compañero o compañera permanente, hijos, padres, hermanos o personas que dependan económicamente de esta) no pueden ser objeto de este beneficio, lo que impide la protección de sus bienes frente a embargos, enajenaciones por deudas o remates de los mismos. La experiencia en atención jurídica a víctimas en la Fundación País Libre ha mostrado que los cautivos muchas veces, al regresar, responden por deudas u obligaciones que no están a nombre suyo sino de algún miembro de su grupo familiar pues éstos terminan siendo despojados de sus bienes cuando no pueden cancelar obligaciones que antes cancelaba la persona que se encontraba en cautiverio. Lo ideal sería que esta Ley cobijara no sólo a la víctima directa sino también a su familia, siempre y cuando se demuestre que determinado miembro se endeudó a causa de la ausencia del plagiado.

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Desprotección del sistema de seguridad social integral de la familia del cautivo en contratos de prestación de servicios.

Según la ley 986 de 2005, la familia del trabajador secuestrado tiene derecho a continuar recibiendo los salarios que éste gozaba antes de ser plagiado, siempre y cuando el familiar acredite su calidad como curador (administrador) del ausente a través de un juez de familia. Así mismo, el empleador tiene el deber de continuar haciendo los aportes al fondo de pensiones y al sistema de seguridad social en materia de salud, por el término del contrato, que en los contratos a término indefinido, deberán realizarse hasta que la víctima recobre su libertad o se compruebe su muerte real o presunta. En los contratos de prestación de servicios, este beneficio sólo opera por el tiempo que dure el contrato respectivo. En relación a los contratos de prestación de servicios, los familiares de la víctima del delito sufren una grave violación a sus derechos fundamentales, pues si el contrato se vence y la persona continúa en cautiverio, su familia queda desprotegida ya que el empleador no está obligado a continuar haciendo los aportes respectivos. De este modo, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios, la forma como está consagrado el beneficio en la ley 986 de 2005 no permite un acceso real a todos los familiares de las personas víctimas de atentados contra la libertad personal, por lo cual se debe estipular en dicha norma que el empleador debe continuar haciendo los aportes mencionados, sin distinguir del tipo de vínculo laboral que tenga la víctima.

Respecto a las dificultades para las víctimas en el proceso de demanda de declaración de ausencia.

El familiar del cautivo que pretenda continuar recibiendo el pago de salarios por parte del empleador, debe acreditar su condición de curador a través de un proceso que se denomina demanda de declaración de ausencia. Es de resaltar la dificultad que tienen las víctimas para iniciar esta demanda, requisito indispensable para obtener el pago de salarios y que, aunque no requiere de abogado para su ejercicio - ya que este proceso puede ser ejecutado directamente por el afectado ante el respectivo juez de familia - en la práctica, se ha observado que en la mayoría de casos, las demandas son rechazadas porque el juez, en un claro desconocimiento de la norma, exige a la víctima que actúe a través de un apoderado o profesional del derecho. Otra dificultad de las víctimas en relación con el proceso de esta demanda tiene que ver con el hecho que, en muchos casos, los jueces optan por nombrar como curador, no a la víctima que hace la demanda, sino a un profesional del derecho, escogido de un listado de profesionales con el que

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cuentan todos los despachos judiciales, lo que implica unos costos adicionales –honorarios- que el juez obliga a la víctima cubrir.

Desconocimiento de las autoridades de los mecanismos de protección. La falta de conocimiento en los mecanismos de protección a víctimas, dispuestos en las normas vigentes, por parte de los funcionarios públicos en general, hace evidente la urgencia de capacitar a estos funcionarios sobre las normas vigentes y sus procedimientos, ya que su desconocimiento somete a las víctimas a nuevas re-victimizaciones y en consecuencia a un ahondamiento de la crisis y del dolor infringidos por el mismo delito.

Respecto a los beneficios en materia de salud y educación. Ni un solo caso reconocido por la Fundación País Libre ha recibido este tipo de atención por parte de las entidades públicas, por lo que alertamos sobre la urgencia de definir en esta materia, competencias y responsabilidades de los entes competentes, a través de la promulgación de un decreto reglamentario, que permita el acceso de las víctimas a estos beneficios, imprimiéndole eficacia a estas garantías previstas en la Ley 986 de 2005.

3.1.2.2.2. Sobre el Acuerdo 124 de 2004 de Bogotá. El Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá, establece exenciones en materia tributaria sobre el inmueble, vehículo o establecimiento de comercio a nombre de la persona cautiva, su cónyuge o compañero/a permanente o sus padres, exclusivamente. En esta materia, son de resaltar los esfuerzos realizados por la Secretaría de Hacienda de Bogotá en la definición de rutas claras para el acceso a los beneficios de exenciones en materia tributaria, pero en la práctica ha faltado un proceso de sensibilización más claro con los funcionarios de la administración distrital, encargados de materializarlos, pues se observa que pese al beneficio concedido las víctimas son requeridas por cobros exacerbados o sencillamente no son admitidas sus solicitudes de exenciones, porque el funcionario que las recibe desconoce el trámite administrativo que debe seguirse, sobre todo en lo que respecta a atención psicológica y psiquiátrica, delimitada por este Acuerdo para las víctimas que viven en la ciudad de Bogotá D.C. 3.1.3. Dificultades evidentes en el acceso a la reparación integral. En lo que atañe a las víctimas de secuestro, preocupa la ausencia de instrumentos legales en el marco normativo colombiano vigente que les garanticen una reparación integral efectiva. A la fecha se identifican sólo tres escenarios en el ámbito normativo, a través de los cuales las víctimas podrían buscar el reconocimiento de su derecho a la reparación:

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1. A través de su participación en un proceso judicial de carácter penal (ley 599 de 2000 o ley 906 de 2004), por medio del cual inquieren al victimario, en el escenario de una etapa del proceso denominada incidente de reparación integral, donde, luego de demostrar el daño causado, exigen a este la o las reparaciones necesarias, lo que implica para la víctima que se den varias condiciones: que exista un o unos capturados (privados de sus libertad), que los mismos sean responsables por el daño causado (lo cual sólo se sabrá después de, en promedio, dos años cuando el juez declare la responsabilidad de él o los acusados), que la víctima cuente con un apoderado o abogado que busque la garantía de sus derechos en el marco del proceso penal y que el acusado o condenado cuente con los medios suficientes para hacer efectiva dicha reparación.

2. Por medio de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, contra el Estado, cuyo requisito fundamental para la víctima es que, se pueda inferir que el daño causado tuvo origen en una acción u omisión de agentes estatales o servidores públicos, proceso que demanda entre 10 y 15 años para resolverse.

3. A través del procedimiento estipulado en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, cuyos avances a la fecha no desconocemos pero cuyo futuro aún es incierto, ya que no hay claridad ni control efectivo sobre los bienes entregados por parte de los desmovilizados, a través de los cuales se debe reparar a estas víctimas.

4. Por medio de la Acción de Tutela. Se concluye que los escenarios actuales desde el punto de vista normativo que pretendan garantizar a una víctima su reparación, no le permiten a ésta la restitución de sus derechos de manera rápida, efectiva y segura. País Libre enfatiza que si bien es vital que a las víctimas del conflicto armado interno les sea reconocido el pago de indemnizaciones, esto no debe constituir el centro de la intervención del Estado a su favor. La Indemnización, como la Restitución, la Rehabilitación y la Satisfacción, son otras formas a través de las cuales se busca reparar a las víctimas del daño y los perjuicios sufridos a partir de la violación, pero la Indemnización considerada aisladamente, no implica su recuperación, ni por sí misma abre la posibilidad de que las víctimas construyan o reconstruyan su proyecto de vida truncado. 3.1.4. Las víctimas de secuestro frente a las instancias internacionales. La ausencia de instrumentos internacionales que condenen de manera eficiente y contundente el delito de secuestro, es una necesidad latente. Importantes esfuerzos se han realizado desde la Fundación País Libre para visibilizar este delito como un crimen de lesa humanidad y consecuentemente, para que sea condenado por la comunidad internacional en general.

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En este escenario, La Fundación País Libre radicó en el año 2004 un denuncio ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional presentando 40 casos que representaban el universo de más de 26.000 casos de secuestro en un período de 16 años (1988-2004), 5.200 de estos cometidos en vigencia del Estatuto de Roma[3] imputables a las FARC, ELN y AUC. El denuncio en esa ocasión pretendía probar que, por las características específicas que ha tenido el secuestro en Colombia, este es un crimen de lesa humanidad que debe ser examinado por la Corte Penal Internacional. En efecto, para alegar que aún cuando el secuestro no se encontrara incluido expresamente dentro del listado que hace de los crímenes de lesa humanidad el Art. 7 del Estatuto de Roma, la Fundación País Libre presentó pruebas para caracterizarlo como tal en el marco del conflicto interno colombiano; así, siguiendo los términos del Estatuto de Roma, art. 7.1, la Fundación probó que la práctica del secuestro en Colombia era: (i) “un ataque generalizado o sistemático” (ii) “en contra de la población civil” y que (iii) sus perpetradores tenían “conocimiento de dicho ataque”. Así pues, al ser el secuestro un acto inhumano que causa intencionalmente grandes sufrimientos y atenta gravemente contra la integridad física o la salud mental de las víctimas, el caso colombiano confirma las características que contiene el Estatuto de Roma para los crímenes de lesa humanidad, por lo cual se solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) tratarlo jurídicamente como tal. En este sentido y a pesar de que instancias internacionales como la CPI por diversas circunstancias sólo puede intervenir excepcionalmente en la jurisdicción de una nación para juzgar a los perpetradores de ciertos delitos, es necesario que se formulen en el ámbito general del derecho internacional, herramientas contundentes orientadas a la condena del delito de secuestro como un crimen de lesa humanidad, de manera expresa. Pese a lo realizado en pro de que se reconozca el delito como crimen de lesa humanidad, aún hoy este reconocimiento está pendiente de varias circunstancias y ninguna de ellas depende de lo que se haga en el ámbito del derecho colombiano. 3.2. Desde el punto de vista Psicológico y Psicosocial. Heridas por cicatrizar

En el año 2010 la publicidad mediática en torno a las liberaciones de los miembros de la Fuerza Pública retenidos por las FARC fue notable. No obstante no hay que olvidar que hoy por hoy muchas familias, anónimas para la opinión pública, siguen sufriendo las consecuencias de tener un familiar aún en cautiverio o, lo que es peor, desaparecido. A pesar de que las cifras señalen que el secuestro ha disminuido en frecuencia, los efectos psicológicos de este delito no son despreciables, ya que la presencia de indicadores clínicos y

[3]

Colombia ratificó el Estatuto de Roma el 5 de Agosto de 2002 y entró en vigor para el Estado el 1 de

Noviembre de 2002.

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repercusiones en la vida familiar y social no se acaban con la liberación. Tampoco se pueden ignorar los casos que no aparecen en las estadísticas que involucran a las familias que comenzaron sufriendo el secuestro y que ahora se ven obligadas a aceptar que su familiar está desaparecido, pues no volvieron a tener noticias de él. Así, el olvido de los civiles secuestrados y desaparecidos es una constante en medio del despliegue militar y de medios. Situación que invita a la reflexión sobre el papel que juega cada uno de los profesionales de las ciencias sociales y de la salud en el trabajo con una población inmersa en este tipo de problemáticas. Así pues este documento pretende ilustrar, desde el ejercicio continuo de la evaluación de sintomatología a través del SCL-902 (Derogatis, 2002) y de la atención psicológica a esta población, los efectos psicológicos del secuestro y el papel que como profesionales se tiene en este ejercicio. Para esto, el documento desarrolla en primera instancia los efectos psicológicos que tanto familias como secuestrados evidencian, haciendo una discriminación importante de acuerdo a la realidad del delito y su evolución, para lo cual se retoma el tema desde los secuestrados que han sido liberados, los secuestrados que continúan en cautiverio y los secuestrados que pasaron a ser desaparecidos, para desde allí, en un segundo momento, abrir un espacio de reflexión sobre el papel, los retos y las limitaciones que hacen parte del quehacer clínico y su intervención. 3.2.1. Del secuestro: entre la incertidumbre, la espera, la ilusión y la desesperanza. Para retomar este primer aparte es necesario mencionar la reorganización, el ajuste y la proyección como los procesos que han sido tenidos en cuenta para el desarrollo de este ejercicio, pues desde la experiencia cobran importancia convirtiéndose en procesos orientadores de las diferentes intervenciones que se realizan dentro de la atención encaminada a brindar y fortalecer herramientas para el manejo y afrontamiento de la situación. Sin embargo no se puede dejar de lado uno de los aspectos más importantes en el fortalecimiento de estos procesos, como es la “emoción” entendida como el conjunto de sentimientos que hacen parte del ser humano y se activan o son percibidos en un momento especifico, pues en la experiencia de la atención los procesos mencionados se ven afectados de manera directa por los sentimientos de tristeza, miedo, temor, confusión, culpa, incertidumbre, ilusión, desesperanza, rabia, entre otros, los cuales hacen parte del ser humano pero que en esta situación son vivenciados con mayor intensidad y cronicidad Por ello la importancia de un acompañamiento centrado en brindar herramientas encaminadas al manejo, elaboración y expresión de estos sentimientos como un factor protector esencial en la reorganización, ajuste y proyección de sus vidas en la realidad actual.

2 El SCL-90 R es un instrumento ampliamente utilizado a nivel mundial que mide nueve dimensiones sintomáticas de

psicopatología (Somatización, Obsesión-compulsión, Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación paranoide y Psicoticismo) y tres índices globales de malestar subjetivo percibido por parte de las personas y ha sido utilizado como herramienta clave para la evaluación de las víctimas en la Fundación País Libre.

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3.2.2. De los secuestrados en Cautiverio y los que pasan a ser Desaparecidos: Reorganización, Ajuste y Proyección.

"Dígame el nombre de alguno de los policías y militares que siguen secuestrados. El país no los tiene

en la mente como tenía a los demás". Salud Hernández- Columnista El Tiempo

Después de cada liberación parece que se reduce el espacio de las demás familias que esperan a sus seres queridos secuestrados y de los que nadie habla, pues a partir de las últimas liberaciones las familias piensan que con cada liberación se reduce el espacio de interlocución con el Gobierno nacional y con los mismos medios de comunicación.

Y es que los casos de 'abandono de los secuestrados' abundan, y las implicaciones a nivel psicológico que esta situación tiene para las familias y los secuestrados es cada día más compleja, ya que existe una tendencia de las familias a percibirse como observadores pasivos frente al secuestro, debido a la falta de control sobre el delito y la falta de garantías. Sólo algunos plantean que se debe asumir una responsabilidad en la búsqueda de soluciones al problema.

Igualmente, el secuestro tiene una presencia constante en la sociedad, pues hay una exposición continua a través de los medios de comunicación y la posibilidad siempre presente de que vuelva a ocurrir. Esto implica la dificultad para superar la experiencia y la posibilidad de ganar de nuevo una sensación de control. Por ello las familias sufren por la estigmatización y la indiferencia de la sociedad frente a los hechos pues la percepción de vulnerabilidad en la gente del común no existe. De hecho, en muchas ocasiones no existía en las familias antes del secuestro. Sumado a esto, las familias reportan actitudes de aislamiento y marginación pues si bien pueden entablar relaciones de confianza, son muy selectivas, restringiendo su interacción con los más allegados y del círculo social cercano.

En el análisis del SCL-90 R, se encontró que aquellas familias que han esperado a su familiar durante un año o durante 4 a 6 años manifiestan el sostenimiento del malestar en cuanto a la ansiedad fóbica, es decir al temor frente a lugares y actividades; la obsesión-compulsión, que se refiere a los pensamientos repetitivos sobre la suerte de su familiar que generan alto grado de angustia y la depresión con falta de energía, tristeza, culpa y soledad; además del alto reporte general de síntomas.

Todas las personas víctimas directas e indirectas del secuestro pueden experimentar los efectos que se acaban de mencionar. Sin embargo, quienes permanecen en cautiverio y tienen acceso a los medios de comunicación, viven enfrentándose a los sentimientos encontrados que generan las liberaciones masivas de otros secuestrados y el despliegue de información sobre estos hechos. Estos sentimientos incluyen la incertidumbre y expectativa por no saber cuál será su suerte, si van a ser los

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próximos en ser liberados o en ser trasladados a otros lugares para evitar su rescate por parte de la Fuerza Pública, o, si serán asesinados.

En la persona cautiva la impotencia por no poder estar con sus familias, la culpa de sentir que sus familiares siguen esperando por ellos y la desesperanza de retomar su vida como la dejaron, son pensamientos y sentimientos que hacen parte de su vivencia generando una nueva percepción de la vida y de la muerte, pues se afianzan costumbres específicas en el lugar donde se encuentra, y las relaciones afectivas comienzan a estrecharse con aquellos que comparten su espacio y su situación.

De otro lado, las familias se ven enfrentadas a una montaña rusa de emociones cuando se genera la expectativa de que su familiar será liberado y las autoridades anuncian las liberaciones de secuestrados pero, cuando pasa el tiempo luego de las liberaciones, y no se sabe de acciones concretas de las autoridades ni se logra tener información del paradero de sus seres queridos, la rabia, la desconfianza y la desesperanza son una constante en su vida. El aspecto más claro es tal vez la total desconfianza en las autoridades y en las instituciones y se producen sentimientos de frustración e impotencia frente al futuro. Esta parálisis en lo instrumental trae consigo una parálisis emocional que afecta las esferas personal, laboral y social de las familias. En consecuencia, la sensación de descontrol es intensa en las familias durante el cautiverio pues se acompaña de la sensación de estar en un lugar amenazante y riesgoso, donde no se respetan los mínimos éticos. Las familias sufren un profundo irrespeto a sus derechos fundamentales y constantemente recuerdan esta experiencia al escuchar o ver las noticias, lo cual alimenta la sensación de desconcierto frente al país. Hay una percepción de ineficacia e ineficiencia del aparato judicial. Por lo tanto, hay una escasa colaboración y un bajo índice de denuncia. De hecho, a la Fundación las personas llegan, casi siempre, sin denunciar hechos que sucedieron hace meses. Otro aspecto que persigue a las familias es el miedo a las amenazas y represalias de las personas que cometieron el delito, de ahí que la búsqueda de seguridad y al mismo tiempo saber que no se puede garantizar la misma, frustra al grupo familiar. El miedo mencionado se expresa en alteraciones somáticas, en el estado de ánimo y en las disfunciones relacionales. Así por ejemplo en la revisión de los casos del primer semestre de 2010 que solicitaron la asesoría psicológica de la Fundación País libre, se encontró la presencia en todos los casos de síntomas corporales acentuados, tales como dolores musculares y hormigueo, problemas gastrointestinales e insomnio, este último producido por la preocupación persistente sobre las condiciones de vida de su ser querido en cautiverio. Igualmente aparecen la desesperanza y las dificultades para entablar nuevas relaciones sociales. De otro lado, el temor a la muerte del ser querido y a la imposibilidad de encontrar sus restos, son temores constantes que a su vez generan una intensa culpa por el solo hecho de ser pensados (Agudelo, 2003). Así las quejas de las familias, referentes a la pérdida de la tranquilidad y de la privacidad, la culpa y la espera, concuerdan con la afirmación que señala que el secuestro es una

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muerte suspendida, pues las víctimas directas e indirectas pueden perder el sentido de su vida ya que la impotencia no deja lugar a la proyección hacia el futuro. Mientras algunas familias pueden “seguir con sus vidas” en términos de seguir con su proyecto de vida a nivel económico y laboral a pesar de su dolor constante, otras familias presentan en algunos de sus miembros el desánimo, la falta de metas y el apego a la esperanza de que su ser querido regresará en cualquier momento. Además, la búsqueda de ayuda se produce luego de meses o incluso años de la desaparición o el secuestro de su familiar cuando el impacto psicológico ha comenzado a generar otras dificultades, particularmente la depresión (Agudelo, 2003). Simultáneamente, los familiares de los cautivos, se ven enfrentados a conflictos familiares constantes que surgen por el desplazamiento de los sentimientos de rabia que genera el secuestro o la desaparición porque se culpan mutuamente o al Estado por lo que se debería estar haciendo en su caso. Quedan atrapados en la situación traumática sin poder elaborarla y superarla. Al mismo tiempo, se reactivan conflictos anteriores que no han sido asumidos por la familia y surgen sentimientos de culpa, impotencia y desesperanza. Por tanto, las víctimas de desaparición tal como lo muestra el análisis del SCL-90 R, presentan altos niveles de ansiedad representada en temor y tensión constante, acompañados de pensamientos que generan miedo como las ideas a veces encontradas, sobre la suerte de su familiar. Igualmente es característica, de las familias víctimas de desaparición, la hostilidad representada en la irritabilidad y agresividad en sus relaciones sociales y familiares que genera discusiones frecuentes. Además aquellas familias que no han sabido nada de su ser querido en un año o luego de pasados 4 años mantienen altos niveles de síntomas de ansiedad fóbica, representados en miedo persistente y evitación de las actividades que provocan miedo; obsesión-compulsión, que se refiere a los pensamientos recurrentes que son indeseados generalmente relacionados con la suerte de su familiar y depresión, relacionada con el desánimo, la desesperanza, la impotencia y la falta de energía. Es entonces donde el proceso de identificación y adquisición de recursos para satisfacer las demandas se convierte en uno de los aspectos críticos de los procesos de ajuste y adaptación pues algunos se obtienen como resultado de estos procesos, de modo que el adecuado manejo de situaciones estresantes es a su vez una ocasión para incrementar las habilidades y recursos de la familia. Otro aspecto importante es el enfrentamiento a los procesos de re - victimización pues cuando la familia es informada acerca de los procedimientos legales encaminados a la realización de una investigación ó acceder a los beneficios como víctimas, se encuentran con la demora en los procesos y el estancamiento de los mismos. Este fenómeno, genera una percepción de ineficacia de las instituciones y sensación de ser subvalorados y tratados como si su caso no mereciera la atención judicial, exigiéndole acudir a estrategias externas para minimizar la tensión, entre las que se encuentran:

1) Búsqueda de apoyo social usando recursos de familiares, amigos y vecinos 2) Búsqueda de apoyo espiritual

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3) Movilización familiar para obtener y aceptar apoyo profesional Es importante desde el ejercicio psicológico, comprender y mediar entre los miembros de la familia, ayudarlos a esclarecer los asuntos pendientes y favorecer un clima de mayor entereza para que la familia tome las decisiones pertinentes y asuma las consecuencias que estas acarrean (Agudelo, 2000). De igual forma no se puede dejar de lado la expresión de las emociones y escuchar las quejas de los diferentes miembros de la familia. Finalmente, se hace necesario fortalecer el ejercicio interventivo encaminado a generar herramientas que le permitan a la familia dar un significado diferente al sufrimiento de manera tal que se visualicen nuevas formas de enfrentar su realidad y desde donde debe proyectar sus metas, planes y sueños. 3.2.3. De los secuestrados liberados: Reorganización, Ajuste y Proyección. Más tarde, los tres policías rescatados, ya en flamantes trajes verde oliva, llegaron al comando policial

donde fueron recibidos entre aplausos por cientos de sus compañeros.

"Estoy caminando por las nubes", dijo Mendieta al ingresar a la jefatura policial.

A la hora de hablar de los diferentes efectos psicológicos que hacen parte de la vivencia del secuestro y sus efectos en el sujeto y su familia continuamente se habla sobre las diferentes vivencias, situaciones y emociones que hacen parte de esta experiencia en la cual la redefinición continua de significados relacionados con su realidad juega un papel importante. Es esencial hablar del tema teniendo en cuenta los diferentes factores psicosociales que hacen parte de este proceso. Es frecuente que para quien vive el secuestro el miedo a la muerte se establece como un compañero permanente, este temor se mantiene incluso luego de la liberación constituyéndose en una respuesta adaptativa pues se está enfrentando con una situación extrema, violenta e imprevista que rompe con todo a lo que la persona estaba acostumbrada en su entorno. Desde allí se hace necesario hablar de uno de los aspectos más importantes como es el proceso de afrontamiento y ajuste ya que a través de este se evidencian procesos continuos de reorganización que hacen parte de la necesidad del sistema por encontrar sentido a lo que viven y organizarse en el proceso, en el cual son claves sus capacidades para enfrentar los estresores y tensiones que hacen parte de la situación. Esto implica que el ajuste y la adaptación son fases separadas por la crisis. La fase de ajuste denota un periodo relativamente estable, durante el cual sólo se presentan cambios menores, como un intento de la familia por afrontar las demandas con las capacidades existentes. La crisis o estado de desequilibrio surge cuando la naturaleza o el número de demandas exceden las capacidades existentes, mientras que durante la fase de adaptación, la familia intenta restaurar el equilibrio adquiriendo nuevos recursos, desarrollando nuevas conductas de afrontamiento, reduciendo las demandas y cambiando su visión de la situación.

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Hay que tener en cuenta que además de esa primera impresión, el secuestrado debe lidiar con

el maltrato de parte de un desconocido que le está privando de su libertad y que está pidiendo

algo a cambio de ella. El cautivo se enfrenta a las amenazas de muerte, los insultos, asesinatos

de otros, la manipulación y la constante vigilancia, además de la incertidumbre por la falta de

información sobre la negociación y la falta de control sobre la protección de su familia. Los

significados que se construyen alrededor de los grupos armados, se crean a partir de los

significados que éstos se atribuyen en relación con el otro

En el secuestro la figura que maneja el Grupo armado frente a los sujetos o secuestrados va

acompañada de unos símbolos (armas, vestido verde) que les permiten atribuirse PODER

frente a los secuestrados, actuando de manera autoritaria e impositiva, sobre lo cual el

secuestrado construye los significados sobre el secuestrador.

“Una horda de saboteadores disfrazados de militares descendió de dos camiones…El primero en descender fue un tal Nicolás, con vestido camuflado y pañoleta, estaba armado y los otros también, y,

con inusitado “heroísmo” y “valentía” sin precedentes, apuntaron sus muchas armas a la feligresía” “Mi hermana supo que era el ELN y me lo hizo saber, entonces dije “Ellos no se llevan mujeres, ni

niños, ni ancianos tampoco” Camilo Valencia Trujillo

A partir de los significados construidos sobre los secuestradores inicialmente se realiza una lectura de la realidad y se atribuye un significado determinado a sus captores evidenciando los prejuicios construidos sobre éstos Desde los significados que el secuestrado construye sobre los ideales del grupo armado, puede realizar una critica sobre las inconsistencias e incongruencias que se evidencian entre su forma de pensar y actuar, convirtiéndose en una oportunidad para reconocer al otro a partir de las necesidades de lucha por el PODER que lo han llevado a pertenecer al grupo guerrillero y lo llevan a cegar la vida de otros, para lo cual la figura de PODER que maneja el Grupo armado se hace necesaria frente al pueblo ya que esto les permite atribuirse PODER frente al Estado Es así como en ocasiones los significados que el secuestrado construye sobre el secuestrador se mantienen y se dimensionan a partir de la relación que establecen con Éste, atribuyéndole en las lecturas que realiza el “PODER” sobre la vida, la libertad y la felicidad, sobre lo cual el secuestrado se referencia reconociéndose como DÉBIL dentro de esta realidad, ya que el PODER “ implica la capacidad que posee una persona para controlar a otra o influir sobre ella de algún modo” capacidad que con el transcurrir del tiempo el secuestrado reconoce que el secuestrador tiene sobre su vida

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“Al principio decía yo que comulgaba con la causa del ELN, pero no con sus métodos, pero ahora en el

campamento empiezo a cambiar mi forma de pensar, pues fui viendo inconsistencias entre lo que hacen y lo que predican. Ellos hablan de abolir la explotación, y son los mayores explotadores que mi

vida ha conocido. Con ilusiones reclutan niños con pocas oportunidades y convenciéndolos de una supuesta liberación de Colombia, les dejan cargar armas que no saben manejar bien. Ahí empieza la

desintegración familiar y vemos niñas de trece años cargando morrales pesados, arrastrando un fusil y rodándose por las trochas, haciendo guardia a la madrugada, cargando leña, cocinando sin ninguna

retribución económica...” Camilo Valencia Trujillo

Los secuestradores se constituyen como un grupo o sistema abierto en el cual se construye internamente una cultura de la que los secuestrados empiezan a hacer parte durante el cautiverio compartiendo sus rituales, miedos y temores, empezando a formar parte de la vida de los guerrilleros permitiéndole al secuestrado identificar a partir de sus capacidades las posibilidades que tiene de situarse dentro de la realidad de una manera diferente, asumiendo de esta forma tanto el secuestrador como el secuestrado otro rol dentro de la relación, convirtiéndose los aprendizajes que los secuestrados han tenido durante su vida en herramientas para los secuestradores, estableciendo una relación de comprensión y apoyo con estos, evidenciando las diferentes lecturas que el secuestrador puede tener del secuestrado en termino de otro que requiere de cuidado y protección En esa medida el secuestrador pasa a suplir las necesidades del otro poniéndose en el lugar de los secuestrados, es así como a partir de los significados construidos sobre los secuestradores se realiza una lectura de la realidad y se atribuye un significado de sus captores; de esta manera los rituales se convierten en una oportunidad para reconocer al otro como sujeto a pesar de los prejuicios creados y dolor causado y construir la realidad a partir de las costumbres que los convierte a todos “secuestrados y secuestradores” en parte de una misma cultura y un país, evidenciando una paradoja en el secuestrado ya que en ocasiones ofrece ayuda a quien le hace daño, estableciendo otro tipo de relación que parece derivarse de una de las dos reglas culturales inicialmente ampliadas en el documento como es “el de la retribución, que es cuando la hostilidad de otro no responde a ninguna provocación y carece de motivo, sobresaliendo el de castigar al provocador” Gergen (1996)

“Hubo un acto cultural del ELN, una especie de tertulia donde se reúne la guerrilla y cuentan chistes, hacen adivinazas, cantan hacen mímica, declaman poesía y esas cosas. Nosotros podemos asistir, si queremos. Ellos nos dicen. ” Hoy vamos a participar en un acto cultural, ¿quieren ir? Uriel

pasó y declamó una poesía.” Leszli Kalli

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“Una de las guerrilleras se quejaba por un cólico que no le pasaba con nada, me preguntó si entre

nuestro botiquín había algo para esos dolores, le dije que si, y le aplique una dipirona y veinte minutos más tarde ya estaba bien. Que ironía: Ella causándome sufrimiento y yo calmando los

suyos, pero como a Dios no se le pasa factura, se salvo de un gasto grande pues El sabe que lo hice sin pensar en algo diferente a calmar el dolor humano...”

Camilo Valencia Trujillo “En el proceso de interacción las personas están en constante definición y redefinición de la situación en la cual actúan. La internalización de símbolos y significados como también las expresiones del pensamiento a través del lenguaje aumentan el poder de reflexibilidad que le permite a la persona mirarse como un objeto, darse orientaciones a sí mismo y actuar hacia los otros, interpretando y orientando su conducta en función de la interpretación que le da a la situación”. Briones (1996) Comienza así un nuevo proceso de acomodación a un estilo de vida que fue radicalmente diferente mientras se estaba en cautiverio y actualizarse en cuanto a lo que ocurrió en su familia durante su ausencia. Mientras tanto, el secuestrado puede sentirse extraño frente a situaciones que antes del secuestro eran normales para él como la luz o el ruido. Otros casos reportan que los secuestrados continúan con la rutina anterior al secuestro para distraerse y evitan pensar sistemáticamente tanto en lo que pasaba durante el cautiverio como en la experiencia de la que fueron víctimas, la actividad constante es pues, empleada como coraza que los protege de sus sentimientos (Navia, 2008). Esto se relaciona con la presencia de síntomas relacionados con la ansiedad, es decir que los secuestrados que han recibido atención reportan nerviosismo, tensión y pensamientos que generan miedo como respuestas relacionadas con las ideas sobre su regreso y el temor de un nuevo secuestro, de ahí que la distracción sea una respuesta de evitación de tales ideas atemorizantes. Desde allí se hace importante considerar múltiples niveles del sistema para comprender los procesos de ajuste y adaptación necesarios en este proceso: los miembros individuales, la familia con sus subsistemas (conyugal, parental, fraternal, familia extensa) y diversos actores de la comunidad , cada uno caracterizado por sus propias capacidades y exigencias y desde donde se identifican tres demandas que se generan tanto en la familia como en el liberado en pro del ajuste y adaptación al nuevo contexto y/o situación:

1) Las necesidades de supervivencia y las tareas del desarrollo individual: aquí se incluyen las necesidades biológicas como las psicológicas, propias de cada una de las etapas del desarrollo, para cuya satisfacción los miembros cuentan con los recursos de la familia y de la comunidad.

2) Las tareas de mantenimiento y desarrollo de la familia, asociadas con su conformación y permanencia como unidad a través del tiempo, acudiendo a los recursos de sus miembros y de la comunidad. Entre ellas encontramos que la vivencia del secuestro puede generar un

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fortalecimiento en los lazos familiares y una comunicación más abierta y eficaz o en contraste, generar conflicto o pérdida de las relaciones.

3) Condiciones sociales cambiantes: Puede haber cambios impredecibles y otros que ocurren

gradualmente, bien sea en el mesoambiente, o contexto con el cual uno de los miembros tiene una vinculación directa, como el trabajo o la escuela, o en el macroambiente, como son los cambios en la regulación de la economía o en las políticas sociales que afectan el nivel de ingresos u otros aspectos de la seguridad familiar. Así, en algunos casos hay iliquidez económica por pérdida del trabajo o propiedades, lo cual puede llevar a abandono de objetivos de vida y desesperanza. Igualmente hay una sensación de desprotección por parte del Estado y de las instituciones. Por su parte, el aislamiento lleva a romper los lazos sociales indispensables para lograr el compromiso de cada ciudadano con los intereses colectivos que conduzcan a la solución de los problemas que nos afectan actualmente (Navia & Ossa, 2009).

Las anteriores circunstancias derivadas del secuestro se acompañan de sintomatología en las familias de los secuestrados. Predominan los síntomas depresivos que las afectan visiblemente e implican la falta de energía, la tristeza, la culpa y la soledad ya que las víctimas directas de los delitos analizados son en su mayoría hombres que dejan a las mujeres con una gran pérdida y un sentimiento de desprotección. Simultáneamente se presenta nerviosismo, tensión y pensamientos que generan miedo como respuestas relacionadas con las ideas sobre la suerte de su familiar y la expectativa por tener noticias. Con todos estos elementos en juego, se transforma la manera como el secuestrado y su familia funciona a nivel de la cognición, la emoción y la conducta. - A nivel de pensamiento, las personas pueden presentar dificultades para ordenar sus ideas y seleccionar las respuestas adecuadas en determinados momentos, generando respuestas caóticas, que ponen en riesgo su vida y su integridad física. - A nivel de la emoción, hay una primera gran dificultad para establecer relaciones afectivas confiables con las personas que la rodean. Por ello se acude al mundo interior, repasando recuerdos y vivencias del pasado. Dentro de este nivel se puede ubicar la espiritualidad que surge por la necesidad de sobrellevar el cautiverio refugiándose en su ser superior que les dé esperanza y que los mantenga en paz si llegan a morir. Sin embargo, a pesar de confiar en sobrevivir a la situación, surgen estados de tristeza, desesperanza y llanto que se superan aferrándose aún más a las creencias religiosas. Igualmente se presenta la supresión de la expresión emocional o realizarla a solas lo que lleva al aislamiento social. - Con respecto a un nivel conductual las personas secuestradas emplean la estrategia de ocupar su tiempo en diversas actividades para tener la sensación del avance del tiempo y de un orden mínimo en sus vidas.

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Independientemente de un diagnóstico, las personas luego de la liberación pueden presentar reacciones como confusión, temor, soledad, desinterés, vergüenza, culpa, inseguridad, tristeza, ansiedad y rabia entre otras. La rabia se constituye en una de las reacciones más reportadas y presenta gran intensidad, llevando a descarga con los seres más cercanos debido a la impotencia que se sintió durante el cautiverio; este sentimiento también se dirige hacia las instituciones por su poca garantía de seguridad propia y la de su familia. En relación con el dominio social, las personas víctimas de secuestro pueden reportar aislamiento social; otros, al contrario, pueden preferir la compañía para evitar la soledad. Las relaciones sociales se alteran ya que el secuestrado puede tener variaciones en su estado de ánimo, desde la tristeza hasta la irritabilidad, retraimiento y pérdida de actividades que antes resultaban atractivas. Además se presenta la reexperimentación del evento traumático, pensamientos recurrentes, pesadillas, activación emocional, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y trastornos del sueño. Estas quejas se evidencian por medio del SCL- 90R en la manifestación de respuestas que implican la dificultad para las relaciones sociales, la hipersensibilidad a las actitudes de otros, la suspicacia, desconfianza y necesidad de control claramente como consecuencia de haber estado en un entorno donde el control se encontraba en el victimario y las relaciones sociales tomaban otro matiz. Es entonces donde los vínculos secuestrado- secuestrador cobran importancia, pues la relación que los secuestrados establecen con otros secuestrados, determina los significados que se construyen alrededor de estos y su papel en el afrontamiento del secuestro, en ese proceso de reconocimiento del otro, a partir de la realidad compartida. Entre las preocupaciones centrales, según Weinstein (1988), esta “como el yo anhela la unión pero es ciego a la realidad del otro, como el yo evoluciona a lo largo de tiempo mientras permanece vinculado al otro, como el yo participa en esquemas de “allanamiento de morada”, ya sean de tipo erótico, químico o ideológico, como el yo llega a adecuar el conocimiento del otro solo convirtiéndose en ese otro, y el coste de esta transformación, como el yo puede aprehender las más amplia configuración de lo que forma parte” . “ … Su rectitud en la vida como ser libre aquí no podía continuar, y se lo hice saber. Que aquí había que tratar de sonreír, de servir, de reevaluar conceptos, y sobre todo, ser fuertes física y emocionalmente, algo que sólo se logra en grupo, unidos y no siendo una ínsula de dignidad o de rencores sino un continente todos, para aguantar la embestida de las olas”. Camilo Valencia Trujillo

Con relación a los secuestradores la ausencia de culpa y la indiferencia ante el sufrimiento, es un rasgo distintivo. Existen rasgos psicológicos que influencian y matizan los comportamientos de los victimarios. Un aspecto central lo constituye el sistema de creencias y mas específicamente la ideología o la filosofía, y los valores que le atribuyen los autores a este hecho delictivo, Por otro lado se identifican unas características especiales en la manera de afrontar las pérdidas y duelos, lo que los conduce a desarrollar mecanismos “reactivos” para enfrentarlos y una marcada dificultad para establecer vínculos afectivos profundos. Meluk (2004), no sólo brinda parámetros de aproximación y

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explicación sobre los aspectos sociales y políticos del pais, sino que dota a sus seguidores de sentido de vida individual y ciudadana. Brinda para si mismo, sensaciones de poder, pertenencia e identidad. De aquí que la construcción de la realidad se realice, también, a través de la relación que el secuestrado establece con los secuestradores lo cual le permite generar herramientas para afrontar el cautiverio, estableciendo relaciones con otros secuestrados o compañeros de cautiverio y sus sistemas de creencias, esperando poder brindar respaldo y compañía; empezando a ver la situación como una oportunidad de la que pueden aprender creando una red de apoyo, que le permite al sujeto situarse dentro de esa realidad a partir del otro, determinando la relación que entre estos se construye permitiéndoles realizar planes a futuro y establecer significados conjuntos de la experiencia vivida. En este sentido, el secuestrado empieza a reconocer a partir del comportamiento del otro su situación dentro del secuestro, permitiéndole identificar que es lo conveniente y lo que no es conveniente para ellos dentro del cautiverio, comenzando a verse como grupo, en la medida en que algunos piensan en un beneficio mutuo teniendo en cuenta que todos desean la libertad, identificando sus necesidades a través de la comprensión de las necesidades del otro y las diferencias que con el tiempo se evidencian entre lo secuestrados, convirtiéndose el cautiverio en factor determinante para mantenerlas, ya que estas interconexiones pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo que sucede dentro de un entorno determinado, creándose la necesidad de realizar un proceso , cobrando importancia la convivencia y los proceso de socialización que se establecen dentro del grupo ya que con el tiempo se genera una competencia entre el grupo esperando poder obtener la libertad, razón por la cual se empiezan a establecer limites y reglas, que en ocasiones dificultan la convivencia evidenciándose a través de una narrativa regresiva de la realidad en relación con el otro. Es entonces donde las redes de apoyo que el secuestrado construye a partir de la relación con el otro son esenciales en el proceso de afrontamiento y significación del secuestro. Como las demandas interactúan entre si, no se requiere la aparición de un evento grave para que el sujeto supere su umbral de tolerancia al estrés. Es decir, nunca se sabe cuál será la ultima gota que llenará la copa, y por lo tanto no podría evaluarse adecuadamente la resistencia al estrés y la capacidad de control del sujeto y/o la familia si sólo se tiene en cuenta el ultimo suceso ocurrido. Desde allí es difícil pensar que todos los estresores y tensiones puedan resolverse perfectamente, ya que siempre habrá algún residuo de una tensión no resuelta que generará cierta presión, situación en la que hacer uso de sus recursos y capacidades le permitirá tener cierto equilibrio. Por ello es importante apoyar a la persona que regresa a la libertad en reencontrar el sentido de la vida, pues debe manejar algunas situaciones y condiciones que han cambiado en su entorno, así como aquellas que siguen igual, para que pueda volver a vivir y a sentir a pesar del dolor del evento traumático. Luego de la liberación del secuestrado, en las familias se evidencian una serie de efectos positivos y negativos. En un primer momento, las familias experimentan gran alegría mezclada con un poco de

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incredulidad, la familia y el liberado intentan olvidar todo el sufrimiento y empezar de nuevo. Sin embargo las expresiones de ira o apatía de la persona liberada, son resentidas por sus familiares ya que consideran que a pesar de ellos haber hecho las cosas bien, el secuestrado se comporta como si hubiera sido el único que sufrió, a su vez, el secuestrado percibe que a su familia le tiene sin cuidado su sufrimiento porque ya todo pasó. Sin embargo, hay valoraciones más positivas del evento. Navia (2008) comenta que las familias emplean recursos de afrontamiento cognitivos referentes a la disminución de los aspectos negativos del evento al pensar que hay personas en situaciones peores que ellos, dándosele una connotación positiva a lo que vivieron pensando que lo malo trae algo bueno o alguna enseñanza. Otro tipo de recursos, aquellos de tipo conductual, se relacionan con poner en práctica acciones que apuntan a disminuir el riesgo de que vuelva a suceder un secuestro, para manejar la sensación de vulnerabilidad y la angustia; estas estrategias pueden ser el traslado a un lugar más seguro, en otra región del país o en el exterior, mientras otras pueden bajar el perfil económico y mantenerse anónimas para evitar ser identificadas como personas con capacidad de pago por un secuestro. Se utilizan medidas de seguridad tales como alternar rutas, cambiar rutinas frecuentemente, contratar escoltas, armarse y tener planes de contingencia en caso de ocurrir de nuevo el secuestro. Las familias con el fin de mantenerse seguras, se ven en la necesidad de desplazarse dentro de la ciudad o a otras zonas diferentes a donde ocurrió el secuestro, esto puede implicar cambios a nivel salarial y de posición profesional y laboral, sin embargo aunque las familias pueden implementar acciones para autoprotegerse, la desconfianza frente a las autoridades permanece junto con la falta de interés propio en el futuro Por ello pueden surgir relaciones de sobreprotección en las familias Por otro lado, se evidencia que algunas familias reportan que hay un efecto positivo en las relaciones pues mejora la comunicación y aumenta el compromiso de los miembros convirtiéndose en la oportunidad de aceptar la vida con el dolor, la alegría, el control y las experiencias que esta trae consigo, ya que cuando una persona y su familia viven el secuestro, se pone a prueba su identidad, y eso contribuye a que puedan estructurarla aún más y a que desarrollen nuevas construcciones de significados alrededor de sí mismos, de su familia, del trabajo, de las relaciones interpersonales, de sus prioridades, de la libertad y del secuestro en sí (Rodríguez, Aja y Camacho, 2000). No obstante se observa la tendencia de las familias a encerrarse en si mismas y aunque se le dé más valor e importancia a la vida familiar, las narraciones indican que lo que motiva este movimiento es el temor al entorno (Navia & Ossa, 2009). El medio familiar es el único medio seguro y confiable. Se cierran los límites y se observa una tendencia a cuidarse unos a otros y mantenerse al tanto de lo que el otro hace permaneciendo expectantes ante cualquier eventualidad. Teniendo en cuenta la separación ocasionada por el secuestro, la familia se ve obligada a reconstruir las relaciones del grupo familiar y de pareja. Este proceso genera en principio una crisis pero lleva a un cambio favorable ya que promueve el desarrollo de relaciones basadas en la aceptación y el

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respeto por el otro, además el secuestro es visto como una prueba para la familia que debe ser superada con unión e iniciativa. De otro lado, al percibir la muerte cercana pero luego tener una segunda oportunidad, las familias reevalúan su escala de valores y cambian las prioridades que tenían antes. Se aumenta el valor dado a la vida, a la libertad, a la espiritualidad y al amor de la familia y de otra parte se le resta relevancia al dinero y al trabajo. En segundo término, las relaciones de pareja se tornan más cooperativas, sea por el exitoso desempeño de la mujer en varias áreas o porque el esposo que regresa asume un rol más activo generando una mayor simetría en la relación marital. Igualmente la familia refuerza metas tales como el bienestar de los hijos, la paz, la tranquilidad y el fortalecimiento de valores espirituales. En cuanto a posibles vías de intervención, algunas condiciones que facilitan la superación en la familia son: el manejo del tiempo y vivir el presente, la solución de divergencias familiares, el manejo de la cotidianidad, la aclaración de roles familiares, organización de un plan de acción, ocupación del tiempo en actividades que aumenten la capacidad de pensar, actuar y decidir sobre el entorno inmediato y la expresión de sentimientos. Finalmente, se puede decir que la etapa siguiente a la liberación representa un reto que afrontar pues la libertad física no es suficiente para menguar los efectos emocionales y sociales de sufrir este delito, así la persona puede sentirse todavía en cautiverio como una forma, según Meluk, de negación de la realidad que se padeció en cautiverio y de las dificultades y contradicciones de la nueva vida familiar y laboral. Parte de este proceso es silenciar el tema ya sea para olvidar, para evitar la curiosidad de otros y/o para seguir adelante. En este punto es importante revaluar la interpretación de los hechos, los sentimientos y los pensamientos de tal manera que puedan ser aceptables para el sobreviviente y se logre obtener de nuevo el equilibrio psicológico que le permita reconstruir la historia pasada, aprenda a vivir con ésta, y comenzar a construir una nueva historia. Por esto, es necesario que haya una aceptación de que se ha sufrido un trauma intenso y significativo para poder darle diferentes significados alternativos que hagan parte de su propia realidad. Al darle nuevas explicaciones a los eventos y sus vivencias se aproxima a retomar las riendas de su vida y restablecer su autoeficacia (Agudelo, 2000). 3.2.4. Atención Psicológica: Papel, los retos y las limitaciones. Atención Psicológica del Secuestro: Acompañamiento y Apoyo Cuando se habla de la labor que un psicólogo emprende en un contexto cuyas características exigen el trabajo con una población de características particulares como lo es el secuestro el cual se encuentra inmerso en un conflicto social de grandes dimensiones, surgen varias inquietudes encaminadas a definir con claridad su rol, los procesos de intervención y los objetivos de sus acciones, como una preocupación constante porque la disciplina no se disuelva en problemáticas de orden social que requieren de un manejo más amplio.

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Sin embargo, desde la experiencia se evidencian los diferentes retos que exigen al profesional un conocimiento del contexto y las problemáticas que hacen parte de éste, es decir, no basta con un conocimiento teórico de los diferentes enfoques y formas de intervención, se requiere además, de un interés por abrir espacios de reflexión alrededor de las diferentes problemáticas y la comprensión de la dinámica de estas en la construcción de una cultura y una realidad. Desde allí es claro que la labor del profesional de la psicología en el trabajo con personas afectadas de manera directa o indirecta debe ir más allá de la realización de procesos de intervención clínica en el que el ejercicio diagnóstico es la base, que aunque es de vital importancia establecer y contar con instrumentos que den cuenta de los diferentes niveles de afectación este ejercicio debe ir acompañado de un conocimiento del la dinámica que caracteriza el delito y de procesos de intervención donde el acompañamiento juega un papel importante. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar sobre problemáticas de orden social como los son el desplazamiento, el secuestro, la extorsión, la desaparición y la amenaza, identifican como punto focal de los proceso de intervención “la emoción” eso quiere decir que sus procesos van encaminados a trabajar sobre los diferentes sentimientos que esta situaciones generan y afectan el funcionamiento normal de las personas y sus familias, pues aunque estos hacen parte de la naturaleza del ser humano el grado de intensidad u cronicidad es diferente en este tipo de situaciones.

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4. CONCLUSIONES. 4.1. Desde el punto de vista de los Impactos Jurídicos:

Las víctimas de secuestro no tienen hoy una participación activa en el marco de su proceso penal y para que la tengan debe sensibilizarse a los operadores judiciales.

Las víctimas no están facultadas para poder participar en el marco del proceso penal, ni reciben la capacitación ni la información suficiente sobre sus derechos y potestades que les faculte para participar de manera activa en el proceso, tal como lo establece el artículo 11 de la ley 906 de 2004 (Derechos de las Víctimas) o el artículo 136 (Derecho a recibir información).

Las víctimas no reciben orientación sobre cada una de las etapas del proceso judicial ni sobre qué se resuelve en cada una de las mismas, por parte del funcionario que les atiende, aspecto que está en estricto sentido, relacionado con la falta de formación de los operadores judiciales en atención a víctimas.

Se evidencia falta de resultados por parte de las autoridades en procesos donde las familias de las víctimas dejaron de recibir comunicación alguna de los captores o pruebas de vida, lo que incrementó su desconfianza ante las autoridades y generó un total descreimiento y distanciamiento de los aparatos de la administración de justicia.

Desde el punto de vista de los beneficios consagrados que están vigentes en normas como la Ley 986 de 2005 o el Acuerdo 124 de 2004 de 2004 del Consejo de Bogotá, observamos que si representan un gran avance pero son insuficientes frente a las demandas de protección de las víctimas.

4.2. Desde el punto de vista del Impacto Psicológico y Psicosocial.

El secuestro adquiere su significado sólo dentro del diálogo y las diferentes actividades que le permiten hacer un intercambio con le otro, esto significa que lograr inteligibilidad es participar en un patrón reiterativo de relación, a partir del cual el secuestrado construye su propia realidad y el papel que como yo social tiene dentro de la vivencia del secuestro la cual para cada persona es una construcción particular mediada por la relación que el sujeto construye con el medio, determinada por lo significados que cada uno de los actores involucrados han construido sobre el secuestro y atribuyen a la situación que viven.

La interiorización de creencias a partir de la interacción con el otro le permite al secuestrado enfrentar otros ámbitos sociales por medio de palabras, acciones y expresiones no verbales que dan cuentan de múltiples significados que a lo largo de su desarrollo y realidad social adquieren y permanecen constantes y firmes frente a la interacción con el medio a partir de los cuales construye los significados sobre lo que es el secuestro.

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El sujeto en esa construcción de la realidad realiza un reconocimiento de su yo social ubicando otra realidad “nueva” dentro del mundo y re significando su espacio a partir del conocido. De esta manera los significados construidos durante su vida le permiten a partir de las relaciones que el sujeto tiene con el medio y los diferentes actores que se encuentran dentro de este, construir estrategias y herramientas para afrontar el secuestro permitiéndole construir nuevos significados alrededor de los diferentes actores sociales que se encuentran en este.

Todas las vivencias por las cuales el sujeto atraviesa poseen un significado convencional, por tanto el secuestrado a su vez le da un sentido diferente negociándolo con el contexto, a través de la relación con el medio y los actores que se encuentran involucrados ( Secuestrados- Secuestradores) a partir de los significados que ha construido y le permiten afrontar situaciones que demandan un proceso de resignificación constante de la vivencia, de los diferentes actores sociales y de las diferentes redes establecidas en el transcurso de la vida, jugando un papel importante en la interpretación de significados alrededor de la nueva situación.

El intercambio relacional que el secuestrado establece con el otro (secuestrado-secuestrador) y su medio, le permite generar herramientas para enfrentarse a una situación en la que la familia y los lazos afectivos que se establecen con esta, juegan un papel importante en la medida en la que brindan apoyo y protección en esa proceso de afrontamiento y construcción de la nueva realidad, de esta forma la relación sustituye al individuo como unidad fundamental de la vida social.

Los significados que el secuestrado construye sobre el secuestrador se mantienen y se resignifican a partir de la relación que establecen con éste, atribuyéndole el “PODER” sobre la vida, la libertad y la felicidad, a partir de lo cual el secuestrado se referencia reconociéndose como DÉBIL dentro de esta realidad, permitiéndole al secuestrado identificar a partir de sus capacidades las posibilidades que tiene de situarse dentro de la realidad de una manera diferente , asumiendo de esta forma tanto el secuestrador como el secuestrado otro rol dentro de la relación.

El secuestrado establece relaciones con otros secuestrados o compañeros de cautiverio y sus sistemas de creencias, esperando poder brindar respaldo y compañía; empezando a ver la situación como una oportunidad de la cual pueden aprender creando una red de apoyo, que le permite al sujeto situarse dentro de esa realidad a partir del otro, determinando la relación que entre estos se construye.

Para el secuestrado tener la oportunidad de compartir con otros sean secuestradores o secuestrados le permite afrontar la realidad, generando una narrativa progresiva,

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permitiéndose conocer al otro y las dinámicas que se manejan dentro de este grupo, resignificando su relación y la percepción que el secuestrado tiene del secuestrador.

Las redes de apoyo que el secuestrado construye a partir de la relación con el otro son esenciales en el proceso de afrontamiento y significación del secuestro, atribuyéndole importancia a las conexiones entre otras personas que estén presentes en el entorno (directa o indirectamente), a la naturaleza de estos vínculos y a su influencia indirecta sobre él mismo.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ley 906 de 2004 o Sistema Penal Acusatorio.

- Ley 599 de 2000 o Código Penal.

- Manual para la aplicación de los derechos de las víctimas en el marco del Sistema Penal Acusatorio, Fundación País Libre – USAID, 2010.

- Agudelo, D. (2000). El horror de lo incierto intervención psicológica con víctimas de secuestro. Psicología desde el Caribe. 6, 20-38.

- Centro de Estudios en Criminología y Victimología “Jorge Enrique Gutiérrez Anzola”. CICATRICES: El

secuestro en Colombia: una lectura victimológica del secuestro. Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.

- Derogatis, L. (2002). Manual SCL-90-R Cuestionario de 90 síntomas. Adaptación española de

González de Rivera et al. TEA Ediciones, Madrid. - Hernández, A. Familia, Ciclo Vital y psicoterapia sistémica breve. Editorial El Búho. - Molina et al. (2003). El secuestro: Su repercusión en las creencias y en la estructura de relaciones en

un grupo de familias antioqueñas. Revista Colombiana de Psiquiatría. 32(1), 27-50. - Navia, C. & Ossa (2001). El secuestro un trauma psicosocial. Revista de Estudios Sociales, 9, 67-73.

http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7487507.html#

- Fundación País Libre (2010). Brechas y Propuestas de las Políticas Públicas contra el Secuestro –

Balance de las Políticas Públicas contra el Secuestro (1998 – 2010).