estudios agrariosberlanga, asesor del c. secretario de la reforma agraria. este trabajo fue posible...

ESTUDIOS AGRARIOS

PROCURADURÍAAGRARIA

ESTUDIOS AGRARIOS Año 3, núm.8. Julio-septiembre, 1997

DIRECTORIO Procurador Agrario

Froylán R. Hernández Lara Subprocurador General Secretario General

Francisco Ramos Bejarano Fabio Tulio Zilli Viveros Coordinador General de Programas Interlnstitucionales Coordinador General de Delegaciones

Eduardo Alviso Rentería Luis Hernández Palacios Coordinadora de Asesores Director General Jurídico y de Representación Agraria

Maribel Méndez de Lara Celso Bailón Díaz Directora General de Quejas y Denuncias Director General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales

Ruth Macías Coss Armando Herrera Cuervo

Director General de Organización Agraria Director General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural Miguel Ángel Vidaurri Garza Federico Seyde Meléndez

Director General de Estudios y Publicaciones Director General de Programación, Organ ación y Presupuesto iz Francisco Hernández y Puente Francisco Javier Cañada Melecio

Director General de Administración Contralor Interno Santiago Mota Bolfeta José Ángel Lozano Muñoz

CONSEJO EDITORIAL: Armando Bartra, Andrés Casco Flores, Luciano Concheiro Bórquez, Álvaro Echeverría Zuno, Margarita Flores de la Vega, Patricia Galeana Herrera, Magda Gómez Rivera, Ludka de Gortari, Hubert C. de Grammont, Francisco Hernández y Puente, Julio López Gallardo, Trinidad Martínez Tarragó, José Antonio Mendoza Zazueta, Rafael Minor Molina, Rosa Elena Montes de Oca, Pedro Muro Bowling, Alejandro Pérez Pascual, Enrique Provencio Durazo, Fernando Rello Espinoza, Héctor Robles Berlanga, Vania Salles, Sergio Zendejas y Leopoldo Zorrilla Ornelas. Dirección y Edición Dirección General de Estudios y Publicaciones Portada Ramón Cano Manilla, El Globo (1930) Reproducción Autorizada por el Instituto Nacion de Bellas Artes y Literatura, El Consejo Nacional para 1a alCultura y las Artes y El Museo Nacional de Arte.

Esludios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria es una publicación que esta institución edita en forma trimestral. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 003330/95. Certificado de Licitud de Titulo Núm. 9307. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 6427. Distribuí- da por la Procuraduría Agraria. Editor responsable: Fabio Tulio Zilli Viveros.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el criterio editorial de la revista. Ésta se reserva el derecho de modificar los títulos. Los artículos sin firma corresponden al equipo de redacción de la Dirección General de Estudios y Publicaciones de laProcuraduría Ágraria.Toda reproducción total a parcial deberá mencionar la fuente. La correspondencia debe dirigirse a:

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DR © 1997. Procuraduría Agraria Motolinía 11, Col. Centro, C.P. 06000, México D.F.

Esta edición consta de 2500 ejemplares y se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 1997 en El Nacional, Ignacio Mariscal 25, Col. Tabacalera. México, D.F.

A la memoria de nuestro compañero Alberto Borges

índice

Editorial 7

Análisis Minifundio y fraccionamiento de la tierra ejidal parcelada

Gloría Artís Espriu 11

El ejido tipo Procede en Distritos de Desarrollo Rural Julieta Salazar Nuñez

33

Características productivas y tecnológicas en ejidos certificados Roberto F. Ibarra Romero Manuel Morales Jurado

65

Comunidad como forma de tenencia de la tierra Ludka de Gortari

99

Tierra social y desarrollo urbano: experiencia y posibilidades Emma E. Aguado Herrera

Francisco Hernández y Puente 121

Experiencias Boca Cegada: tenencia de la tierra e inversión directa

en el campo mexicano Mauricio Cánovas M.

153

Tenencia de la tierra y lógicas campesinas. La aparcería en una comunidad zapoteca (Oaxaca, México)

Jean-Phillipe Colin 159

La mujer campesina en el combate a la pobreza: el caso de la Red Nacional de Mujeres, UNORCA

Patricia Alonso Roberto del Pardo E.

205

Política Sectorial Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario:

instancia de consulta y análisis 223

Biblioagrarias 235

Editorial

as reformas al Artículo 27 constitucional y la promulgación de la Ley Agraria establecieron la base jurídica sobre la que ahora descansa la nueva cultura agraria de México. Hoy es prioritario consolidar la

reforma para que la propiedad de la tierra sea la base del desarrollo agrario e influya, de manera significativa, en el incremento sostenido de la producción, la productividad y la rentabilidad en el medio rural. Acorde a ello, el Plan Sectorial Agrario 1995-2000 definió, entre sus programas sustantivos, el de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural entre cuyos programas operativos destaca el de la culminación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) al término de la presente administración.

L

A casi cinco años de haberse expedido el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, el cual funge como sustento legal de la actividad del Procede, han sido certificados poco más de 50% de los ejidos del país. Más allá del objetivo último de lograr la certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra, los trabajos de certificación han permitido la sistematización de información relevante en torno al universo ejidal del país. En este número de Estudios Agrarios damos a conocer los primeros resultados de algunos estudios que están realizando las entidades del sector, para cuya elaboración contamos con la información de las instituciones que participan en la aplicación del Programa.

7

Con la utilización de esa fuente informativa, el trabajo de Gloria Artís da cuenta del grado de fraccionamiento actual de la tierra ejidal, que se complementa con indicadores que permiten prever los alcances de este fenómeno en el mediano plazo. Cruzando esta información con los niveles de concentración de ejidatarios y posesionarios a nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), su trabajo permite detectar los DDR que se perfilan como problemáticos, dadas las fuertes presiones sobre la tierra. El artículo de Julieta Salazar propone una caracterización de los ejidos certificados por Procede, atendiendo a las peculiaridades de los sujetos agrarios beneficiados por el Programa. Roberto Ibarra y Manuel Morales enriquecen esta caracterización recurriendo a otros indicadores agregados a nivel de DDR que permiten relacionar las variables estrictamente agrarias con indicadores productivos y tecnológicos, así como con aquellos de carácter socioeconómico. Como se sabe, más allá de la certificación de tierras ejidales, el Programa de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural contempla también acciones orientadas a la regularización en comunidades, colonias agropecuarias, predios y pequeña propiedad, así como un programa para la regularización de asentamientos humanos y la creación de reservas territoriales. En este número de Estudios Agrarios hemos querido también dar a conocer algunas de las características de la comunidad como forma de tenencia de la tierra, en el entendido de que tales características han sido objeto de análisis y discusión por parte de un grupo de trabajo del Registro Agrario Nacional, con el fin de colaborar al desarrollo del procedimiento para el programa de regularización. En este sentido, el trabajo de Ludka de Gortari da a conocer datos antes no disponibles sobre las comunidades, al tiempo que enfatiza en la necesidad de distinguir los conceptos de comunidad indígena, comunidad agraria y comunidad como forma de tenencia de la tierra. Por su parte, el trabajo de Emma E. Aguado y Francisco Hernández y Puente destaca las oportunidades que ofrece el marco institucional en la búsqueda de opciones de incorporación del suelo social al desarrollo urbano, y se complementa con una reseña de lo que han sido las experiencias, que, al abrigo de la nueva legislación agraria, dan cuenta de 34 distintos tipos de proyectos inmobiliarios de inversionistas privados con aportación de tierras ejidales en 14 entidades del país.

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En la sección de Experiencias hemos incluido un análisis de caso que hace referencia a un proyecto de inversión privada que involucra terrenos ejidales ya certificados por el Procede. Se trata del artículo de Mauricio Cánovas Moreno, en el que se muestra que la legislación actual abre, en efecto, la posibilidad de proyectos productivos asociativos diversos con la participación de la iniciativa privada. En esta misma sección presentamos el trabajo de Jean-Philippe Colin en el que se analiza detalladamente la práctica de la aparcería como forma de aprovechamiento de la tierra en San Lucas Quiavini. Por último, y como algo novedoso en el quehacer de las dependencias gubernamentales, en este número de Estudios Agrarios ponemos a disposición de la sociedad civil un documento que detalla los trabajos que a la fecha lleva a cabo el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario, describiendo las propuestas y los avances logrados en cada una de las cinco comisiones actualmente en funcionamiento.

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Minifundio y fraccionamiento de la tierra ejidal parcelada

Este artículo es una acercamiento a la ubicación del minifundio y al fraccionamiento actual y futuro de la

tierra ejidal que se complementa con indicadores que dan cuenta de un alta concentración de ejidatarios y

posesionarios. Con ello, pueden detectarse los Distritos de Desarrollo Rural qu e perfilan como e s

rtesobre la tierra. problemáticos, dadas las fue s presiones

Gloria Artís Espriu*

a intención de este artículo,1 es acercarse a los temas del minifundio y de la fragmentación de la tierra ejidal. El minifundio se considera como una limitante a la viabilidad económica de la unidad productiva ejidal y

como un impedimento para el desarrollo rural de nuestro país. El Procurador Agrario2 afirma que "en la actualidad (...) el problema central del campo mexicano... es el minifundio, definido como la tierra que, en sus condiciones actuales de producción, no permite la sobrevivencia digna de sus poseedores y trabajadores". Se reconoce al minifundio como un problema central y se le define por sus resultados, es decir, por su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la familia campesina.

L

* Maestra en Antropología social por la Universidad Iberoamericana, asesora de la Directora en Jefe del Registro Agrario Nacional.

1 Este es un resultado parcial de una investigación más amplia que se realiza en el sector agrario bajo la coordinación de Héctor Robles

Berlanga, asesor del C. Secretario de la Reforma Agraria. Este trabajo fue posible gracias a la información proporcionada por la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones del RAN y a la colaboración de Arturo Carranza Maldonado en los aspectos informáticos.

2 Informe Anual de Labores, abril de 1996 a marzo de 1997, p.6.

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En este escrito se propone una definición de minifundio, ciertamente tentativa, más aún cuando no se puede incluir la calidad de la tierra, pero se plantea como una herramienta para explorar la magnitud del minifundio y determinar su localización geográfica, que pueda confrontarse con otros elementos analíticos. Este primer acercamiento, al contrastarlo con la información sobre las características de producción y los índices de ruralidad y marginalidad, generará una redefinición del minifundio que permitirá distinguir en cuáles casos la extensión de la tierra es o no una limitante de la unidad de producción. La definición de minifundio que se utiliza se centra básicamente en la extensión de la superficie de la tierra parcelada y en su fraccionamiento. Si la pequeña superficie puede significar una restricción, al añadir el fraccionamiento, la posi-bilidad de constituir una unidad productiva se puede tornar aún más difícil. Con base en la información generada por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), se hará referencia al tamaño de los predios3 y al fraccionamiento que existe actualmente y que se expresa a través del número de parcelas que tienen los ejidatarios. Este parcelamiento puede ser resultado de las dotaciones y la forma en que se distribuyó la tierra al interior de los ejidos, de la segmentación a través de la herencia o de la concentración de la tierra, fundamentalmente por medio de transacciones comerciales. Se definió a los distritos con presencia de minifundio como aquellos cuyos predios ejidales tienen una superficie promedio menor de cinco hectáreas, entre éstos se distinguen como muy críticos los que, además, tienen un alto fraccionamiento de la tierra. Se incluyen también como críticos aquellos distritos en donde los predios tienen una superficie entre cinco y ocho hectáreas con un alto o muy alto parcelamiento.

3 Por predio nos referimos al conjunto de parcelas que posee un ejidatario.

• ESTUDIOS AGRARIOS •

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• ANÁLISIS •

Se describirá brevemente el comportamiento a nivel de las entidades pero, cuanto más agregado es el nivel de análisis, más se diluyen las diferencias que existen en el país, de ahí que el interés se centre fundamentalmente en la descripción de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR),4 nivel en el que la información permite matizar y precisar la información estatal. La intención es acercarnos, paulatina-mente, a una definición lo más precisa posible del minifundio, que permita generar políticas públicas diferenciadas y focalizadas, capaces de atender la problemática de un país enormemente heterogéneo, con problemas diferentes que requieren, en consecuencia, también de apoyos diferentes. La definición de minifundio que se propone engloba a 43% de los sujetos agrarios con derecho a la tierra parcelada, que viven en 53 DDR pertenecientes a 17 estados. Se incorpora también el número de ejidatarios y posesionarios promedio por núcleo ejidal, lo que permite distinguir entre los distritos con importante presencia de minifundio a aquellos en los que hay, además, una concentración de sujetos agrarios. Sumando estas variables se pretende ubicar los distritos que se podrían considerar más problemáticos. El segundo aspecto al que se hará referencia es la fragmentación previsible, en un futuro más o menos cercano, de los predios, según se refleja en las listas de sucesores depositadas en el Registro Agrario Nacional (RAN) durante 1995 y 1996. Cabe señalar que la descripción de la fragmentación actual se basa en documentos oficiales y que por tanto, le da una gran certeza; en cambio, es menos confiable aquella que se refiere a la fragmentación futura, ya que debe reconocerse que puede haber un distanciamiento entre la herencia formal y la práctica real. Legalmente no se pueden dividir los derechos ejidales. La Ley Agraria establece en el artículo 17 que "el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación...". El artículo 18 prevé que en aquellos casos en los que el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, si "al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales".

4 Nos basamos en 184 de los 193 Distritos de Desarrollo Rural que registra el Procede. Se descartan los tres distritos de Quintana Roo,

los distritos de San Juanito en Chihuahua y El Salto en Durango en donde sólo hay tierras de uso común. Se eliminaron también dos distritos de Chiapas (Motozintla y Selva Lacandona) y el Distrito Federal, en los que el Procede no tiene información. Otros dos distritos (Chontalpa y Plan Balancan-Tenosique) quedan excluidos ya que aparecen agregados en nuestra base de datos y no se puede distinguir la información que corresponde a cada uno de ellos. Finalmente, el distrito Durango-Coahuila se dividió en dos DDR.

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La segmentación que se dará en los predios, según se capta en las listas de sucesores, se debe en parte a que los ejidatarios con el Procede reciben un certificado por cada una de las parcelas o fracciones de tierra que poseen, así como otro por las tierras de uso común y, a pesar de la ley, la existencia de varios certificados ha permitido registrar, con mayor o menor flexibilidad según el caso, a beneficiarios diferentes. Como se ve, en algunas entidades en las que actual-mente hay un gran fraccionamiento, éste continuará en el futuro, agravándose aún más la presión sobre la tierra, mientras en otras, con un gran parcelamiento, al menos en términos legales, éste no se incrementará. El minifundio A nivel nacional, los ejidatarios poseen en promedio 9.2 hectáreas de tierra parcelada, pero la mitad de ellos tiene hasta cinco hectáreas y ésta es la superficie máxima de 91% de los posesionarios; estos últimos están en una situación de considerable desventaja al contar en promedio con una superficie apenas ligeramente mayor a la cuarta parte de la que poseen los primeros.5 Una cuarta parte de los ejidatarios tiene entre cinco y 10 hectáreas y sólo 3.9% de los posesionarios tienen este último rango de superficie. A nivel estatal, las diferencias en los promedios de la superficie parcelada son muy significativas. En 13 estados los sujetos agrarios con derecho a la tierra tienen una superficie promedio menor al nacional; en cinco de ellos: México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, el minifundio es extremo, siendo la superficie promedio menor de cinco hectáreas. En 10 entidades: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Jalisco y Nayarit, la superficie promedio oscila entre más de cinco y hasta 10 hectáreas. En otras ocho: Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, la superficie promedio fluctúa entre más de 10 y hasta 15 hectáreas; en cuatro la superficie es de alrededor de 18 y 19; en dos, ésta es cercana a las 28 y, finalmente, hay un salto a una superficie promedio de 85 hectáreas, en Baja California.

5 Esta proporción de tierras entre ambos tipos de sujetos agrarios se manifiesta en 29 de los 31 estados. Sólo en Yucatán las superficies

de ambos son muy similares y en Campeche, las de los posesionarios son mayores que las de los ejidatarios.


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• ANÁLISIS •

Cuadro 1 Superficie parcelada promedio por sujeto agrario (ha)

Entidad Ejidatarios Posesionarios México 2.31 0.89 Hidalgo 3.30 1.49 Tlaxcala 3.32 2.45 Morelos 3.61 1.89 Puebla 3.81 1.72 Querétaro 5.50 2.30 Guanajuato 6.14 2.09 Michoacán 6.87 2.74 Guerrero 7.34 4.16 San Luis Potosí 7.87 2.28 Aguascalientes 8.07 4.93 Durango 8.44 5.24 Oaxaca 9.19 4.43 Nacional 9.26 2.56 Jalisco 9.53 3.15 Nayarit 9.88 3.68 Veracruz 10.18 2.19 Zacatecas 10.70 4.19 Sinaloa 10.94 8.58 Chiapas 11.36 4.21 Tabasco 11.89 2.39 Chihuahua 12.61 7.59 Nuevo León 13.56 7.11 Coahuila 14.73 7.90 Colima 17.79 6.72 Sonora 17.97 12.82 Tamaulipas 18.03 9.37 Yucatán 19.25 19.72 Campeche 27.36 35.95 Baja California Sur 28.05 11.71 Baja California 85.46 13.75

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Al agrupar a aquellos DDR que tienen como máximo cinco hectáreas de superficie promedio y que se consideran críticos en términos de la extensión de tierra, 36 de los 184 distritos, es decir 19.6%, quedan dentro de este rango de superficie y tienen en promedio 3.1 hectáreas. En éstos se concentra 35% de los ejidatarios y posesionarios certificados.

DDR con minifundio

Lo primero que salta a la vista en la información a nivel de distritos, es que el minifundio está geográficamente mucho más difundido de lo que muestra la información estatal. Si bien éste tiene una mayor presencia en los cinco estados del centro a los que se aludió, se encuentra en cuando menos un distrito de 14 entidades. La mayor importancia del minifundio en el centro se expresa en que es mayor el número de distritos con esta característica. Morelos sólo tiene un distrito y, por lo tanto, la información es la misma a nivel estatal y distrital, pero en Tlaxcala e Hidalgo, estados que tienen respectivamente tres y seis DDR, todos ellos, con promedios de superficie con variaciones, quedan incluidos entre los distritos caracterizados por el minifundio. En Puebla, seis de los ocho distritos que lo conforman tienen esta misma característica y en el Estado de México siete de sus ocho. Otras entidades: Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Michoacán tienen dos distritos caracterizados por el minifundio. Cabe señalar que este número de distritos tiene un significado diferente dependiendo de la entidad y la región,


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• ANÁLISIS • mientras en Querétaro dos distritos significan la mitad de los del estado y en Guerrero son 33% de éstos, en cambio, en Michoacán dos representan apenas 15.4%. Finalmente, en las cinco entidades restantes (Guanajuato, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán) sólo uno de sus distritos está caracterizado por el minifundio.

Cuadro 2

DDR críticos, superficie hasta cinco hectáreas

Entidad DDR Ejidatarios y posesionarios

Superficie promedio (ha)

Superficie total (ha)

México Tlaxcala México Hidalgo México Puebla Hidalgo Chiapas México Oaxaca Guerrero Hidalgo México México Veracruz Puebla Tlaxcala México Puebla Morelos SLP Guerrero Querétaro Hidalgo Puebla Hidalgo Oaxaca Puebla Tlaxcala Michoacán Michoacán Puebla Hidalgo Guanajuato Querétaro Yucatán Total

Toluca Tlaxcala Atlacomulco Mixquiahuala Texcoco Cholula Zacualtipan San Cristóbal Casas Coatepec-Harinas Valles Centrales Tlapa Huichapan Zumpango Jilotepec Coatepec Teziutlán Huamantla Valle de Bravo Tecamachalco Zacatepec-Galeana Cd. Fernández Chilpancingo Cadereyta Huejutla Tehuacán Tulancingo Cañada Libres Calpulalpan Sahuayo La Piedad Zacatlán Pachuca Cortázar Jalpan Mérida 36

24,127 9,784 41,570 10,254 7,904 16,924 718 71 5,377 10,597 1,630 5,933 18,732 8,883 6,108 5,346 12,619 7,403 11,068 26,012 1,472 8,518 3,218 5,536 2,486 4,375 1,532 11,988 13,704 4,099 6,567 5,833 7,827 18,040 1,161 1,944 329,360

1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.3 2.0 4.7 2.8 2.9 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 4.0 4.1 4.1 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.1 3.1

31,365 14,676 66,512 18,457 15,808 37,232 1,579 163 12,904 28,611 4,564 17,205 59,942 29,313 20,767 18,176 42,904 25,910 39,844 93,643 5,299 32,368 12,228 22,144 10,192 17,937 6,740 52,747 61,668 18,855 30,864 27,998 38,352 92,004 5,921 9,914 1,024,820

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El fraccionamiento actual Para describir el fraccionamiento de la tierra parcelada, se utiliza la información del Procede. En ésta se agrega a los sujetos agrarios que poseen cuatro o más parcelas, ya que a partir de ese dato se consideró que hay un fuerte parcelamiento; sin embargo, esta agregación no permite distinguir el número exacto de parcelas que tienen los ejidatarios. Para concretar esta información se complementará con la que proporcionan las listas de sucesores registradas en el RAN, en donde se especifica el número de parcelas que tienen los ejidatarios que las elaboraron. A nivel nacional los ejidatarios tienen en promedio dos parcelas, pero la mitad de ellos tiene una parcela, 25.8% tiene dos, 12.1% tres y 12.4% más de tres. Sin embargo, hay diferencias significativas en la fragmentación de la tierra parcelada a nivel de las entidades. Este factor es muy bajo en algunos estados como Yucatán, en donde 79.5% de los ejidatarios tiene una sola parcela y 16.5% tiene dos. También hay poco parcelamiento en Baja California, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Colima, Campeche, Chihuahua y Durango, en donde, entre 80 y 94% de los ejidatarios y posesionarios tienen como máximo dos parcelas. En el otro extremo, en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas, Aguascalientes, Puebla, Guerrero, Michoacán, Nayarit, México, Oaxaca y Querétaro, los ejidatarios con un máximo de dos parcelas representan entre 60.6 y 73.3%. Si se desagrega la información a nivel de Distritos de Desarrollo Rural, se ahondan considerablemente las diferencias en la fragmentación de las tierras ejidales. En el distrito de Guaymas, Sonora, 94.5% de los ejidatarios tiene una parcela y 4.3% tiene dos. Por otra parte, en el distrito de Hecelchakán, Campeche, estado que figura entre aquellos de bajo parcelamiento, 13.8% de los ejidatarios tiene una parcela y 86.2% tiene más de tres. La gran heterogeneidad del parcelamiento entre los distritos se muestra también entre los que pertenecen a un mismo estado. Las entidades con distritos con mayores contrastes son: Campeche, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo y Guerrero. Por ejemplo, en el distrito de Coahuayana, en Michoacán, 87.7% de los ejidatarios tienen una parcela y en el otro extremo, en Zitácuaro, 64.4% tiene tres o más.

• ESTUDIOS AGRARIOS • • ESTUDIOS AGRARIOS •

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• ANÁLISIS •

Cuadro 3

Porcentaje de ejidatarios según número de parcelas

Entidad 1 parcela 2 parcelas 1 o 2 parcelas 3 parcelas Más de 3 parcelas 3 o más parcelas

Yucatán 79.49 16.56 96.05 2.44 1.50 3.94

Baja California 71.27 23.00 94.27 4.07 1.66 5.73

Sonora 72.15 19.92 92.07 5.53 2.36 7.89

Sinaloa 65.89 23.67 89.56 7.43 3.00 10.43

Tabasco 66.70 21.89 88.59 6.80 4.60 11.40

Veracruz 62.66 24.51 87.17 7.92 4.86 12.78

Campeche 63.32 20.13 83.45 9.40 7.13 16.53

Colima 55.17 26.44 81.61 11.82 5.92 17.74

Chihuahua 57.59 23.38 80.97 9.75 9.26 19.01

Durango 53.72 26.42 80.14 10.96 8.88 19.84

Coahuila 48.14 29.57 77.71 12.44 9.84 22.28

Jalisco 47.80 29.88 77.68 12.44 9.88 22.32

Morelos 53.16 23.86 77.02 11.56 11.40 22.96

Baja California Sur 50.19 26.18 76.37 13.32 10.30 23.62

Nacional 49.70 25.83 75.53 12.10 12.37 24.47

Nuevo L. 44.16 30.44 74.60 14.02 11.37 25.39

Tamps 44.20 30.30 74.50 14.70 10.78 25.48

Hidalgo 50.81 23.60 74.41 11.70 13.88 25.58

Tlaxcala 43.65 30.74 74.39 13.88 11.71 25.59

Querétaro 47.28 26.01 73.29 13.07 13.63 26.70

Oaxaca 46.37 25.82 72.19 12.18 15.62 27.80

México 45.30 26.64 71.94 14.29 13.77 28.06

Nayarit 42.93 28.11 71.04 13.69 14.38 28.07

Michoacán 48.40 23.39 71.79 11.10 17.10 28.20

Guerrero 48.83 22.59 71.42 11.89 16.68 28.57

Puebla 43.57 27.41 70.98 14.27 14.74 29.01

Aguascalientes 43.00 26.77 69.77 13.66 16.51 30.17

Chiapas 47.68 21.06 68.74 10.43 20.82 31. 25

Guanajuato 34.59 27.33 61.92 17.07 21.00 38.07

San Luis Potosí 36.38 25.52 61.90 15.98 22.11 38.09

Zacatecas 34.21 26.45 60.66 16.93 22.40 39.33 Fuente: Procede, enero 1997.

19

Con el fin de mostrar la presencia del fraccionamiento, se agruparon los distritos en función de los porcentajes de ejidatarios que tienen tres o más parcelas. Con este criterio se crearon cuatro distintos rangos: a. Distritos de muy bajo parcelamiento. Es el grupo que incluye al mayor número de distritos, 85 de los 184, en los que menos de 20% de los ejidatarios tienen sus tierras divididas en tres o más partes. Es decir, que entre 80 y 100% de los ejidatarios tienen como máximo dos parcelas. Además, en 78 de estos distritos hay más ejidatarios con tres parcelas que con más de tres (ver mapa DDR con alto y muy alto parcelamiento). b. Distritos de bajo parcelamiento. Este segundo grupo está integrado por 43 distritos, que equivalen a 23.3%. Los ejidatarios con tres o más parcelas son entre 20 y menos de 29%. c. Distritos de alto parcelamiento. En este rango hay 33 distritos, en los que los ejidatarios con más de tres parcelas oscilan entre más de 29 y menos de 40%. En 29 de ellos es sustancialmente mayor el porcentaje de ejidatarios con una parcela que aquellos que poseen dos, en nueve es mayor el porcentaje de ejidatarios con tres parcelas y en 20 es superior el número de ejidatarios con más de tres parcelas. d. Distritos de muy alto parcelamiento. Este grupo engloba a un menor número de distritos: 23. En este rango, los ejidatarios con tres o más parcelas representan entre 40 y 86%. En 20 de estos distritos, el porcentaje de ejidatarios con más de tres parcelas es superior al de los que tienen tres.

DDR con alto y muy alto parcelamiento



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• ANÁLISIS • Si con la información del Procede se precisa el parcelamiento que se engloba bajo el rango de tres o más parcelas, para establecer su dimensión, vemos que en promedio los ejidatarios de este grupo tienen 5.5 parcelas. Para tener una idea más concreta de lo que significa este promedio, se utilizó como fuente complementaria las listas de sucesores depositadas en el RAN durante 1995 y 1996. Esta fuente, que será fundamental para nuestro siguiente inciso, contiene información sobre 25 mil 432 ejidatarios con tierras parceladas. Cerca de 50% de éstos tienen una parcela, 26.4% dos, 12%, tres y 11.8% más de tres parcelas. Hay una gran coincidencia entre el fraccionamiento que muestra el Procede y la información del RAN a nivel nacional. El promedio de parcelas de los ejidatarios poseedores de más de tres en las listas de sucesión es de 5.4 parcelas. Sin embargo, para tener una idea más precisa, se acudió a las listas de sucesión que permiten un acercamiento a una magnitud del fraccionamiento que corresponde a una minoría de los ejidatarios, ciertamente, pero que muestra la existencia de una gran atomización.

Cuadro 4 Fraccionamiento actual de la tierra (número de ejidatarios por número de parcelas)

Parcelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 Ags 36 30 22 9 3 1 1 BC 435 129 16 1 1 BCS 23 14 14 7 3 3 Chih 91 36 11 6 2 1 2 Coah 1,897 1,199 452 208 113 65 48 38 9 12 7 5 3 1 Col 269 177 77 25 5 4 Dgo 182 100 36 17 9 9 4 1 Gro 159 86 67 27 16 19 14 6 3 2 2 1 Gto 785 494 313 169 71 39 12 11 7 2 1 1 Hgo 1,736 862 441 194 88 37 15 1 2 2 2 Mich 54 33 22 11 4 7 1 2 Mor 233 95 39 11 5 4 Nay 45 46 16 12 9 2 1 1 NL 431 251 133 49 13 5 3 2 Oax 510 261 97 78 51 31 25 18 15 8 10 7 5 3 1 4 1 3 1 3 Pue 539 351 167 74 39 19 5 8 3 4 1 1 Qro 69 27 4 Sin 1,008 434 120 34 4 2 2 1 SLP 710 455 253 139 95 58 25 12 4 3 1 1 2 1 Son 1,335 235 78 20 2 Tamps 310 278 148 58 24 9 6 Tlax 960 913 454 204 131 67 40 14 9 8 2 1 1 Ver 325 117 39 15 11 1 2 1 1 Yuc 433 51 6 10 3 Zac 70 41 41 24 14 7 4 1 2 3 Total 12,645 6,715 3,066 1,402 716 390 207 119 55 43 23 17 13 6 2 5 1 3 1 3 Fuente: Listas de sucesores RAN.

21

De 11.8 % de los ejidatarios con más de tres parcelas, 46.6% tiene cuatro, 23.7% posee cinco, 13% seis, 7% siete, 4% tiene ocho y el restante 5.7% posee entre nueve y 22 parcelas. Aquí el fraccionamiento parece, en algunos casos, ser producto de la concentración, tal puede ser el caso de los tres ejidatarios de Oaxaca, entidad en la que se encuentra el fraccionamiento extremo. Éstos tienen 22 parcelas y poseen 12.5, 20 y 20.4 hectáreas, respectivamente, superficie muy superior al promedio estatal. Después de Oaxaca, la fragmentación es más alta en Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí y Tlaxcala. Mientras el ejidatario con mayor fraccionamiento en Coahuila tiene 30 hectáreas, el que tiene 14 parcelas en San Luis Potosí posee 26 hectáreas, el ejidatario de Tlaxcala que tiene 14 parcelas tiene una superficie total de 11.4 hectáreas; en cambio, en Guerrero el ejidatario que tiene 14 parcelas tiene una superficie total de 3.7 hectáreas. Cuando se agrega la superficie promedio a los distritos de alto y muy alto parcelamiento, que muestra la información del Procede, coinciden como muy críticos dos distritos de Oaxaca, Valles Centrales y Cañada, con 2.7 y 4.4 hectáreas respectivamente; en ambos, alrededor de 40% de los ejidatarios tienen tres o más parcelas. En Chilpancingo, Guerrero, la superficie promedio por ejidatario es de 3.8 hectáreas y 50% de los ejidatarios son poseedores de tres o más parcelas. Finalmente, entre estos cuatro distritos muy críticos se encuentra Huejutla, Hidalgo, donde el promedio de superficie es de tres hectáreas y más de 60% de los ejidatarios tienen más de tres parcelas. Se ubicaron también como distritos muy críticos aquellos en donde el parcelamiento es alto, en varios de ellos la superficie promedio es menor aun a la que hay en el grupo de muy alto parcelamiento. Estos son: en el Estado de México Atlacomulco, con una superficie promedio de 1.6 hectáreas, Coatepec Harinas, 2.4, Jilotepec, 3.3, Valle de Bravo, 3.5, en Puebla, 2.2, Tecamachalco, 3.6 y Tehuacán, 4.1. Con superficies igualmente pequeñas están Calpulalpan, 4.5 hectáreas, San Cristóbal de las Casas, 2.3, Cortázar y Jalpan, con 5.1. Hay en total 15 distritos muy críticos. Éstos pertenecen a nueve entidades en donde, además, entre 30 y 62% de los ejidatarios tienen más de tres parcelas. Es decir, de los 36 distritos que cuentan con una superficie menor a cinco hectáreas, en 15 de ellos hay también un fraccionamiento significativo. Los otros 21 distritos se consideran críticos porque la superficie es menor de cinco hectáreas, pero muestran un bajo o muy bajo parcelamiento cinco de Hidalgo, tres de Puebla y de México, dos de Tlaxcala y de Michoacán y uno de Veracruz, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro y Yucatán, respectivamente.


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• ANÁLISIS • Parcelamiento y minifundio Una vez delimitados los distritos con alto y muy alto parcelamiento, se hará el ejercicio de ampliar el promedio de la superficie que se ha manejado en un primer momento, incluyendo los distritos con más de cinco y hasta ocho hectáreas por sujeto, pero en donde más de 30% de los ejidatarios tienen la superficie fraccionada en tres o más predios. A los 21 DDR críticos se añaden así otros 17, de ellos, nueve pertenecen al grupo de muy alto parcelamiento y el resto al de alto parcelamiento (ver mapa DDR con alto y muy alto parcelamiento).

Cuadro 5 DDR con superficies entre cinco y ocho hectáreas

Entidad DDR Ejidatarios y

posesionarios Superficie promedio (ha)

Superficie total (ha)

Distritos de muy alto parcelamiento

Campeche Hecelchakán 29 5.5 159.5

Michoacán Zitácuaro 5,723 6.6 37,771.8

Chiapas Comitán 3,415 8.0 27,320.0

San Luis P. Cd. Valles 11,012 8.0 88,096.0

Michoacán Pátzcuaro 2,718 7.6 20,656.8

Guanajuato San Luis 972 6.8 6,609.6

Guanajuato Dolores Hidalgo 4,100 7.8 31,980.0

Michoacán Morelia 3,954 7.0 27,678.0

Guanajuato León 5,169 7.0 36,183.0

Total 37,092 0 276,454.0

Distritos de alto parcelamiento

San Luis P. San Luis Potosí 9,007 6.1 54,942.7

Guanajuato Celaya 4,881 7.1 34,655.1

Coahuila Coahuila 1,471 6.3 9,267.3

Oaxaca Huajuapan de León 2,535 6.0 15,210.0

Puebla Izúcar de Matamoros 6,713 5.3 35,578.9

Querétaro San Juan del Río 2,622 5.8 15,207.6

Aguascalientes Aguascalientes 8,678 8.1 70,291.8

Querétaro Querétaro 4,920 6.8 33,456.0

Total 40,827 268,609.0

La superficie promedio de los distritos de muy alto parcelamiento es de 7.4 hectáreas, mientras que la de aquellos de alto parcelamiento es de 6.6. Los DDR

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considerados con alta presencia de minifundio pertenecen: cuatro a Guanajuato, tres a Michoacán, dos a Querétaro y a San Luis Potosí y uno a Oaxaca, Puebla y Chiapas. Se registran, por primera vez, un distrito de Campeche, Coahuila y Aguascalientes. En resumen, se considera que existen 53 distritos caracterizados por el minifundio, 15 de ellos muy críticos y 38 críticos. Minifundio y concentración de la población Para tener una idea sobre la cantidad de sujetos agrarios con derecho a la tierra parcelada que se encuentran en los distritos caracterizados como minifundistas, se añadirá la información sobre el número de sujetos agrarios que los habitan. Esto permitirá ver su importancia en función de quienes viven en esos distritos y, por otra parte, dará una idea de la presión que hay y habrá en un futuro sobre la tierra. De los 53 distritos con minifundio, en 30 se concentran núcleos de población agrarios con un número importante de sujetos. Es decir, 83 o más ejidatarios y posesionarios por ejido, que es el promedio nacional. Con una superficie menor de cinco hectáreas, y un elevado número de sujetos agrarios por núcleo, se registran 26 de los 36 DDR. Hay considerables diferencias en el promedio de sujetos por ejido entre estos distritos. Los que tienen una elevada concentración de ejidatarios y posesionarios son: Valles Centrales y Cañada en Oaxaca; Chilpancingo y Tlapa en Guerrero; Atlacomulco, Coatepec Harinas, Jilotepec, Zumpango, Toluca, Texcoco y Valle de Bravo en México; Tehuacán, Tecamachalco, Cholula, Libres, Zacatlán y Teziutlán en Puebla; Calpulalpan, Tlaxcala y Huamantla en Tlaxcala; Zacatepec-Galeana en Morelos; Pachuca y Mixquiahuala en Hidalgo; Ciudad Fernández en San Luis Potosí; Sahuayo en Michoacán, y Coatepec, Veracruz. De los 17 distritos de muy alto y alto parcelamiento, con superficie entre cinco y ocho hectáreas, sólo cuatro tienen concentración de población, estos son: Comitán, Chiapas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Huajuapan de León, Oaxaca, e Izúcar de Matamoros, Puebla. En los DDR considerados más críticos hay una mayor proporción de sujetos agrarios que en aquellos de una superficie mayor, aunque con alto y muy alto parcelamiento. En algunas entidades el minifundio tiene presencia en todos sus distritos, este es el caso de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Aguascalientes y Guanajuato. Les siguen Puebla y México, entidades en las que siete de los ocho distritos que conforman cada una de ellas, tienen predios pequeños. En San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca, cerca de la mitad de sus distritos tienen minifundios y en


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• ANÁLISIS •

Guerrero y Coahuila la tercera parte. En otros estados éste no es importante, cuando menos en la información del Procede. En Chiapas, sólo en dos de los 12 distritos existe información. Finalmente, los estados de Veracruz, Yucatán y Campeche cuentan con un solo distrito con minifundio. Los 53 distritos que hemos definido con minifundio se localizan en 17 entidades, en las que hay 407 mil 279 ejidatarios y posesionarios, que representan 43.2% de los sujetos agrarios con derechos a tierra parcelada. Fraccionamiento futuro El sector agrario cuenta, como se ha mencionado, con un programa destinado a que los sujetos agrarios elaboren listas de sucesión de sus derechos, en la que designan quién habrá de heredarlos a su muerte. El Procurador Agrario6 declara que el fin del programa de elaboración de listas de sucesión es que la herencia de los ejidatarios no sea "fuente de conflicto ni de fragmentación". Esta última se concibe, al igual que se expresa en la ley, como un problema que hay que frenar. Se ha aludido a la existencia de una contradicción entre la ley, los propósitos explícitos del programa de sucesión y la práctica en materia de herencia. La información que sustenta este apartado tiene origen, justamente, en esa contradicción. El interés se centra en captar la fragmentación de la tierra previsible en un futuro más o menos cercano, según lo muestran las listas de sucesores depositadas en el RAN hasta diciembre de 1996.7 Nos basamos en 70 mil 881 listas elaboradas por 30 mil ejidatarios que viven en 2 mil 710 ejidos, ubicados en 661 municipios de 26 entidades.8 Cada ejidatario elabora una lista de sucesión por cada parcela o derecho a tierras de uso común, esto hace que un buen número de ellos haga varias listas. Como se puede ver en el cuadro 14, el número de ejidatarios que hicieron listas de sucesión es muy distinto de una entidad a otra, por lo tanto, la confiabilidad de la información no es la misma en todas ellas.

6 Informe Anual de Actividades, abril de 1996 marzo de 1997, p. 7. 7 La información de las listas de sucesores se presenta a nivel de entidad ya que la muestra sería demasiado pequeña y, por lo tanto,

poco representativa si se desagregara a nivel de ddr. Esto restringe la comparación del fraccionamiento futuro con el actual al ámbito estatal.

8 Eliminamos la información de los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, México y Tabasco por ser muy reducido el número de ejidatarios (en total 89) que elaboraron lista de sucesores. Se eliminaron también las listas de dos ejidatarios de Sonora y de 95 de Tamaulipas por importantes lagunas en la información.

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Cuadro 6

Listas de sucesión

Entidad Municipios Ejidos Ejidatarios No. listas

Aguascalientes 11 55 105 316

Baja California 3 54 632 960

Baja California S 4 21 328 481

Coahuila 30 231 4,173 12,023

Colima 10 69 566 1,283

Chihuahua 34 84 167 400

Durango 24 129 370 988

Guanajuato 36 194 1,907 5,386

Guerrero 19 25 408 1,428

Hidalgo 47 140 3,479 8,413

Michoacán 51 94 135 401

Morelos 23 69 388 813

Nayarit 11 56 133 340

Nuevo León 26 114 1,000 2,422

Oaxaca 26 35 1,150 3,836

Puebla 55 95 1,212 3,059

Querétaro 9 29 105 222

Quintana Roo* 3 29 1,027 1,027

San Luis Potosí 31 118 1,777 5,184

Sinaloa 13 237 1,614 3,021

Sonora 44 254 3,905 5,450

Tamaulipas 34 215 837 2,148

Tlaxcala 35 153 2,820 8,191

Veracruz 40 72 512 868

Yucatán 13 36 1,070 1,476

Zacatecas 29 102 210 761

Totales 661 2,710 30,027 70,881

*En esta entidad sólo existen tierras de uso común y por tanto cada ejidatario tiene únicamente un derecho. Fuente: Lista de sucesores del RAN.

La mitad de los ejidatarios que hicieron lista de sucesión tiene tanto tierras parceladas como de uso común, 15% tiene únicamente de estas últimas y una tercera parte posee sólo de las primeras. Los 30 mil ejidatarios que elaboraron listas de sucesión muestran características generales muy similares a las de los ejidatarios certificados por el Procede. Hay


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• ANÁLISIS • una proporción semejante entre el número de hombres y de mujeres en ambas fuentes. También lo es la superficie promedio de tierra parcelada. Igualmente coinciden en el parcelamiento, aunque sobresale la diferencia entre ambas fuentes respecto a la fragmentación en el estado de Querétaro en donde, según las listas de sucesores, 96% de los ejidatarios tendría dos parcelas y ninguno de ellos poseería más de tres, mientras el Procede muestra en este estado un parcelamiento muy cercano al promedio nacional, 73.3% tiene dos parcelas y 13.6% tiene más de cuatro. Sobresale, como diferencia entre las fuentes, que los ejidatarios que elaboran listas de sucesión son de edad más avanzada que los del Procede, "envejecimiento" muy comprensible.

Cuadro 7 Fraccionamiento actual (porcentajes)

Entidad Procede< I> 1+2 parcelas RAN 1+2 parcelas Procede +de 3 parcelas RAN +de 3 parcelas Yucatán 96.05 96.22 1.50 2.58 Baja California 94.27 97.07 1.66 0.34 Sonora 92.07 93.98 2.36 1.32 Tabasco 88.59 n/d 4.60 n/d Sinaloa 89.56 89.80 3.00 2.68 Campeche 83.45 n/d 7.13 n/d Veracruz 87.17 86.33 4.86 6.05 Colima 81.61 80.07 5.92 6.10 Chihuahua 80.97 85.23 9.26 7.38 Durango 80.14 78.77 8.88 11.17 Coahuila 77.71 76.31 9.84 12.54 Morelos 77.02 84.76 11.40 5.16 Baja California S. 76.37 57.82 10.30 20.31 Nacional 75.53 76.10 12.37 11.82 Jalisco 77.68 n/d 9.88 n/d Chiapas 68.74 n/d 20.82 n/d México 71.94 n/d 13.77 n/d Nuevo León 74.60 76.89 11.37 8.12 Tamaulipas 74.50 70.57 10.78 11.66 Hidalgo 74.41 76.86 13.88 10.08 Tlaxcala 74.39 66.80 11.71 17.01 Querétaro 73.29 96.00 13.63 0.00 Oaxaca 72.19 68.11 15.62 23.32 Michoacán 71.79 64.93 17.10 18.65 Guerrero 71.42 60.94 16.68 22.39 Nayarit 71.04 68.94 14.38 18.94 Puebla 70.98 73.48 14.74 12.71 Aguascalientes 69.77 64.70 16.51 13.72 Guanajuato 61.92 67.14 21.00 16.43 San Luis P. 61.90 66.23 22.11 19.38 Zacatecas 60.66 53.62 22.40 26.57

n/d=información no disponible

Para describir el fraccionamiento futuro que reflejan las listas de sucesores, se tomarán en cuenta los derechos sobre la tierra, incluyendo tanto la superficie parcelada como la de uso común, esta última, sólo en aquellos casos en los que los ejidatarios poseen también tierras parceladas. Respecto a estas últimas, se consideraron únicamente a los ejidatarios que tienen más de dos. El criterio que

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define estas inclusiones y exclusiones es simplemente la posibilidad del sujeto agrario de dividir sus tierras. En total, en las listas de sucesores cerca de 20 mil ejidatarios habrían tenido la posibilidad de dividirlas. De éstos, sólo mil 639 ejidatarios, que equivalen a 8.2%, beneficiaron a dos o más personas con sus tierras. 71% de éstos dividió entre dos personas, 19.8% entre tres, 7.4% entre cuatro y 1.2% entre más de cinco.

Cuadro 8

Ejidatarios que fraccionan al testar

Núm. fracciones Núm.ejidatarios Total beneficiarios

7 1 7

6 2 12

5 24 120

4 122 488

3 325 975

2 1,165 2,330

Total 1,139 3,932 Fuente: Lista de sucesores RAN.

Los ejidatarios con posibilidades de fraccionar cuentan con 60 mil 742 certificados, que podrían equivaler al mismo número de posibles beneficiarios, pero con la partición se favorecen, de manera compartida, sólo a 3 mil 932 personas distintas. En promedio, cada ejidatario que eligió la fragmentación de sus derechos benefició a 2.4 personas. El promedio mínimo (dos beneficiarios) se encontró en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Tamaulipas. El promedio más alto es de 2.8 personas favorecidas en Oaxaca y Michoacán. Las diferencias en el fraccionamiento entre las entidades son grandes. En Querétaro ningún sujeto agrario con más de dos derechos divide su tierra. El porcentaje de ejidatarios que fraccionan varía desde 0.25% en Colima hasta 27.1% en Hidalgo. Los estados en los que el fraccionamiento es mayor, en términos por-centuales, son: Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Yucatán, Morelos, Sonora, Michoacán,


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• ANÁLISIS • Puebla y Sinaloa. Sin embargo, estos porcentajes tienen cierta distorsión ya que existen variaciones significativas entre las muestras por entidad. En números absolutos, los estados en los que se registra mayor fragmentación son: Hidalgo, Coahuila, Sonora, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán y Morelos.

Cuadro 9

Fraccionamiento futuro (hombres y mujeres testadores)

Entidad Ejidatarios Derechos Fraccionadores Beneficiarios Porcentaje fraccionadores

Promedio beneficiarios

Ags 96 307 5 10 5.21 2.00 BC 239 569 16 36 6.69 2.25 BCS 63 216 2 4 3.17 2.00 Chih 135 365 01 2 0.74 2.00 Coah 3,732 11,582 255 607 6.83 2.38 Col 404 1,114 01 2 0.25 2.00 Dgo 313 930 2 5 0.64 2.50 Gro 379 1,399 8 18 2. 11 2.25 Gto 1,518 4,997 10 20 0.66 2.00 Hgo 2,529 7,463 686 1,719 27.13 2.51 Mich 105 371 12 34 11. 43 2.83 Mor 256 681 40 90 15.63 2.25 Nay 97 304 16 43 16.49 2.69 NL 797 2,219 39 99 4.89 2.54 Oax 941 3,627 12 34 1.28 2.83 Pue 880 2,727 100 237 11.36 2.37 Qro 87 204 0 87 0.00 1.00 Sin 927 2,333 85 197 9.17 2.32 SLP 1,448 4,855 69 174 4.77 2.52 Son 1,264 2,808 154 327 12.18 2.12 Tamps 632 1,943 8 16 1.27 2.00 Tlax 2,291 7,662 17 36 0.74 2.12 Ver 210 566 38 85 18.10 2.24 Yuc 342 748 55 120 16.08 2.18 Zac 201 752 8 17 3.98 2.13 Total 19,886 60,742 1,639 3,932 8.24 2.40 Se incluyen únicamente los ejidatarios con dos o más derechos, sea por tener dos o más parcelas, o tierra de uso común y tierra parcelada.

Al comparar los estados en los que el promedio de la superficie parcelada es menor con aquellos donde el fraccionamiento futuro es mayor, coinciden ambas características en Hidalgo, Morelos y Puebla. Al menos en términos legales son los estados en donde el minifundio es y seguirá siendo más importante. En Hidalgo, por ejemplo, la superficie promedio por ejidatario es de 3.5 hectáreas y

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más de 23% de los ejidatarios tiene el predio dividido en más de cinco parcelas. En esta entidad, 27% de los ejidatarios con más de dos derechos dividen sus tierras al elegir sucesor y encontramos a dos ejidatarios que, al hacer la lista de sucesión, eligieron dividir entre seis beneficiarios distintos sus predios que tienen una superficie total de menos de ocho y tres hectáreas, respectivamente, en ambos casos para heredar a un número igual de hijos.

Cuadro 10

Número de testadores de beneficiarios

No. de beneficiarios Entidad

2 3 4 5 6 7

Aguascalientes 5 Baja California 12 4 Baja California Sur 2 Chihuahua 1 Coahuila 183 49 21 2 Colima 1 Durango 1 1 Guerrero 6 2 Guanajuato 10 Hidalgo 435 173 62 14 2 Michoacán 6 3 2 1 Morelos 33 4 3 Nayarit 9 4 2 1 Nuevo León 24 9 6 Oaxaca 5 5 1 1 Puebla 73 19 6 2 Sinaloa 65 16 3 1 San Luis Potosí 45 13 10 1 Sonora 139 12 2 1 Tamaulipas 8 Tlaxcala 15 2 Veracruz 32 4 1 1 Yucatán 48 4 3 Zacatecas 7 1 Totales 1,165 325 122 24 2 1

En algunas entidades que tienen esta misma característica de minifundio, sin embargo, al analizar las listas de sucesores no aparece esta tendencia a la división futura; quizá el caso más claro es Oaxaca, en donde el promedio de superficie por ejidatario es de 7.3 hectáreas, el parcelamiento es muy alto y el fraccionamiento a futuro es muy bajo: 1.3%.


30

• ANÁLISIS • El parcelamiento a futuro que reflejan las listas de sucesores es resultado tanto de la elección de los ejidatarios como de las disposiciones aplicadas por las dependencias del sector agrario responsables del programa de sucesión. En Querétaro, un estado en el que las listas de sucesión no muestran ningún fraccionamiento a futuro, y en donde los ejidatarios que registran las listas de sucesión tienen un menor fraccionamiento actual de los predios, refleja una resistencia de los ejidatarios con varias parcelas a elaborar lista de sucesores, ante una firme posición de parte de las autoridades de no aceptar la división de los predios. Esta interpretación se reafirma con el bajo número de ejidatarios que hicieron lista de sucesión en esta entidad. Esta misma renuencia podría interpretarse, aunque atenuada en Morelos, en donde sí se muestra un parcelamiento a futuro. Cabe señalar que las listas de sucesores que se eliminaron de la descripción, por su insignificancia numérica, parecerían corroborar esta oposición en algunas entidades a elaborar listas de sucesión, en virtud de que no se acepta la división de los predios por parte de las autoridades. De las 150 listas de sucesión elaboradas por los 89 ejidatarios que quedaron fuera del análisis, no se registró en ningún caso división de predios.

31

El ejido tipo Procede en Distritos de Desarrollo Rural*

El artículo de Julieta Salazar hace una caracterización de los ejidos que han sido certificados por el Procede, atendiendo

tanto a características propias de los sujetos agrarios beneficiados por el programa, como a características relativas al ejido mismo. Con base en ello, la autora nos presenta una panorámica del grado de heterogeneidad existente a nivel de Distrito de Desarrollo Rural, lo que constituye un buen punto

de partida para análisis futuros que busquen profundizar sobre la problemática del agro mexicano.

Julieta Salazar Núñez**

ste artículo se propone identificar las características agrarias de los sujetos beneficiados por el Programa de Certificación de Derechos Eji-dales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), así como la diversidad

de éstas entre los Distritos de Desarrollo Rural (DDR).1

E

*Este trabajo forma parte de un estudio sobre los ejidos certificados por el Procede que se realiza en la oficina de asesores del Secretario de la Reforma Agraria, coordinador por el Mtro. Héctor Robles Berlanga. Este es posible gracias a la aportación de información por parte de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones del Registro Agrario Nacional y al apoyo en materia informática de Arturo Carranza Maldonado. ** Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana.

1 Los Distritos de Desarrollo Rural son la estructura territorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar)

para quien son Unidades de Desarrollo Económico y Social, circunscritos a un espacio territorial determinado con características ecológicas y socioeconómicas homogéneas para la actividad agropecuaria, forestal, agroindustrial y de acuacultura. En este trabajo se utilizan para obtener un mayor nivel de desagregación y captar la heterogeneidad en el interior de los estados. Además, a este nivel es posible relacionar la información agraria con la productiva. Véase: SARH, Características de los DDR de México, Coordinación General de Delegaciones de la SARH, enero de 1993.

33

De la información generada por el Procede,2 se estudia principalmente la distribución de superficie entre los ejidos y los ejidatarios considerando los diferentes destinos de la tierra (superficie parcelada, de uso común y los solares urbanos). Además, se describe la edad y el sexo de los sujetos agrarios y se identifican los DDR en donde los ejidatarios, posesionarios y avecindados tienen mayor presencia. Estas variables se promediaron por ejido en cada distrito y se comparan con el ejido tipo a nivel nacional. La información corresponde a enero de 1997, fecha en que se había certificado 47.8% de los 27 mil ejidos del país. Los datos se encuentran agrupados en 192 DDR, sin embargo, se excluyen 17 distritos en donde el Procede ha certificado a menos de 20% de los ejidos (La Antigua, en Veracruz; Hecelchakán, en Campeche; Atoyac, en Guerrero; Comitán, Pichucalco, Villa Flores, San Cristóbal de las Casas, Motozintla y Selva Lacandona, en Chiapas; Lázaro Cárdenas, Huetamo, Huacana, Coahuayana y Aguililla, en Michoacán; Tomatlán, en Jalisco; San Luis, en Guanajuato, y Xochimilico, en el Distrito Federal). En suma, se describen 175 distritos en donde se encuentran 12 mil 759 ejidos con 947 mil ejidatarios, 114 mil posesionarios y 372 mil avecindados. Avance del Procede En la mitad de los DDR el Procede rebasa 50%, e incluso, en 21 más de tres cuartas partes de los ejidos han sido certificados. Estos últimos se localizan en Tlaxcala, Sonora, Colima, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Puebla y San Luis Potosí. Características del ejido a nivel nacional3

El ejido tipo cuenta con una superficie de 2 mil 34 hectáreas, de las cuales dos terceras partes son de uso común y una de parcelada. A las tierras del ejido tienen derecho 74 ejidatarios y nueve posesionarios, así como 29 avecindados. De los 112 sujetos agrarios beneficiados con el Procede, 24 son mujeres, 21.4%. La edad promedio de los ejidatarios hombres es de 48.4 años y la de las mujeres es de 53.8;

2 1 En otro artículo publicado en esta Revista se resaltan las características del Procede que permiten garantizar la confiabilidad de la

información que se presenta. Véase Héctor M. Robles Berlanga, "Tipología de los sujetos agrarios Procede", en Estudios Agrarios, revista de la Procuraduría Agraria, Procuraduría Agraria, México, núm. 4, julio-septiembre, 1996.

3 Véase "Los Sujetos Agrarios según información Procede", en La transformación agraria, Sector Agrario, vol. 1, México, 1997.


34

• ANÁLISIS • para los posesionarios, en contraste, es de 41 años (las mujeres 44), y finalmente los avecindados, hombres y mujeres, tienen 37 y 40.6 años respectivamente. Los ejidatarios poseen 9.2 hectáreas en promedio, dos parcelas y 28 hectáreas de uso común, mientras que los posesionarios tienen menos de la tercera parte de tierra parcelada y uso común que los primeros. En el caso de los ejidatarios, la mayoría tiene derecho a tierra parcelada, 66% a uso común y 38.7% a un solar titulado por el Procede. La superficie titulada de solares urbanos por ejido asciende a 16.7 hectáreas. Los ejidatarios poseen un promedio de 2 mil 261 m2, los posesionarios mil 725 m2 y los avecindados sólo mil 69 m2. Distritos de Desarrollo Rural según tamaño promedio del ejido En los DDR, el tamaño promedio de los ejidos presenta un amplia variación, la extensión del ejido mayor supera en casi 300 veces la del menor (Comondú, Baja California Sur, 57 mil 673 hectáreas contra Texcoco, Estado de México, 197 hectáreas).

Cuadro 1

Tamaño del ejido tipo (ha) Distritos % Ejidos %

Hasta 500

18

10.1

1,765

13.8

Más de 500 a 1,000 53 29.2 4,651 36.4

Más de 1,000 a 1,500 25 14.3 2,062 16.2

Más de 1,500 a 2,500 23 13.1 1,332 10.4

Más de 2,500 a 5,000 29 17.3 1,968 15.4

Más de 5,000

27 16.1 981 7.8

Total 175 100.0 12,759 100.0

35

En 27 distritos el ejido promedio es mayor a cinco mil hectáreas, todos éstos, a excepción de uno ubicado en Quintana Roo, se localizan en estados del norte del país. Los 981 ejidos de estos distritos se componen en más de tres cuartas partes por superficie de uso común. Como se ha mencionado, la extensión del ejido alcanza hasta 57 mil 673 hectáreas, sin embargo, salvo Ensenada, Mulegé y Comondú es, en general, menor de 15 mil. Los distritos en donde el ejido promedio tiene entre 2 mil 500 y cinco mil hectáreas, se sitúan 25 en el norte y cuatro en el sur: Quintana Roo (2), Campeche (1) y Oaxaca (1). La tierra ejidal, en general, es también de uso común excepto en Compostela, Acaponeta y Anáhuac, en donde más de la mitad es tierra parcelada, y en Sierra Juárez en donde casi lo es 90%. En el grupo de 23 DDR con ejidos entre mil 500 y 2 mil 500 hectáreas, además de los ubicados en el norte, aparecen nueve del centro y sur del país. En poco más de la mitad de estos DDR la tierra es principalmente parcelada y en Ticul, Valladolid, Navojoa, San Luis Potosí, Tehuacán, Apodaca, Mazatlán, Guaymas, Ahuacatlán y Ojo Caliente el uso común es predominante. La relación entre el tamaño del ejido y el destino de la tierra es clara en los dos primeros grupos, sin embargo, los ejidos intermedios se componen de ambos tipos de superficie. En 25 de los 175 distritos, la extensión del ejido medio fluctúa entre mil y mil 500 hectáreas; poco más de la mitad de éstos corresponden a estados del centro y sur del país. En este caso la superficie parcelada es predominante en 11 DDR de Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Jalisco, y la de uso común abarca más de dos terceras partes en sólo cinco (Cadereyta, Jalpan, Cajeme, Tlaltenago y Coahuila-Durango). En 53 DDR los ejidos tienen una superficie media entre 500 y mil hectáreas, de éstos, 36 se localizan en el centro, 11 en el sur, y sólo seis en el norte (Control, Díaz Ordaz, Mante, Ébano, Ciudad Valles y Culiacán). En la mayoría de los 53 distritos la superficie parcelada representa más de la mitad de la tierra, en 11 poco menos de la mitad y sólo en Mérida y Huichapan el uso común abarca más de dos terceras partes. Finalmente, en sólo 18 distritos el ejido promedio es menor a 500 hectáreas. Éstos se ubican en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Con excepción de Zacualtipan, en todos estos DDR la superficie parcelada es mayoritaria.


36

• ANÁLISIS • Se observa que existe una relación entre el tamaño del ejido y el destino de la tierra; de 53 distritos en donde más de tres cuartas partes de la tierra ejidal es de uso común, en 44 el ejido promedio es mayor a 2 mil 500 hectáreas; en contraste, de los 44 distritos en donde las tres cuartas partes de la tierra es parcelada, en 32 el ejido tipo tiene hasta mil hectáreas.

Cuadro 2 Distritos de Desarrollo Rural por superficie parcelada según el tamaño del ejido promedio

Porcentaje de superficie parcelada

Tamaño del del ejido (hectáreas)

Menos de 25% %

Más de 25

hasta 50%

%

Más de 50

hasta 75%

% Más de

75% % Total %

Hasta 500 1 5.6 0 5 27.8 12 66.7 18 100

Más de 500 a 1,000

1 1.9 12 22.6 20 37.7 20 37.7 53 100

Más de 1,000 a 1,500 2 8.0 12 48.0 7 28.0 4 16.0 25 100

Más de 1,500 a 2,500 5 21.7 5 21.7 6 26.1 7 30.4 23 100

Más de 2,500 a 5,000 18 62.1 7 24.1 3 10.3 1 3.4 29 100

Más de 5,000 26 96.3 1 3.7 - 0.0 0 27 100

Total 53 30.3 37 21.1 41 23.4 44 25.1 175 100

Es importante señalar que, a pesar de que las dos terceras partes de la superficie certificada es de uso común, en 85 de los 175 distritos (48.5%) la superficie parcelada corresponde a más de la mitad de la tierra certificada e incluso, en 44 de éstos, más de tres cuartas partes de la tierra tiene este destino.

37

DDR según sujetos agrarios (ejidatarios, posesionarios y avecindados) El número de sujetos agrarios en los ejidos varía desde 40.3, en Soto la Marina, hasta 365.4 en Toluca. En 35 distritos existen más de 150 sujetos por ejido, la mayoría se ubican en el centro y sur del país, sin embargo, también en la zona norte hay ejidos con esta alta concentración de sujetos (Nayarit, Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua). En 12 de estos 35 distritos los ejidatarios representan menos de la mitad de los sujetos agrarios; de éstos, en nueve hay presencia importante de avecindados y en tres de posesionarios. En 37 distritos los ejidos tienen entre 112 y 150 sujetos, 15 pertenecen a estados del norte, 10 al sur y el resto se localizan en el centro. En cinco distritos con esta característica (Tonalá, Querétaro, La Paz, San Juan del Río y Villahermosa) los ejidatarios representan menos de la mitad de los sujetos, mientras los avecindados son más numerosos. En 57 distritos el ejido promedio tiene entre 80 y 112 sujetos; de aquellos, 26 se encuentran en la zona norte, 11 en el sur y 20 en el centro. En 22 de estos DDR los ejidatarios son cerca de dos terceras partes de los sujetos y sólo en Morelia y en Celaya son menos de la mitad. En 46 distritos los ejidos tienen hasta 80 sujetos, la mayoría están ubicados en estados del norte y el resto se encuentra en Veracruz (6), Michoacán (3), Querétaro (1), Hidalgo (1), Jalisco (2), Campeche (1) y Yucatán (1). En todos estos distritos los ejidatarios representan más de la mitad de los sujetos. Como se observa, a medida que disminuye el número de sujetos por ejido se incrementa la importancia de los ejidatarios. El número de ejidatarios por núcleo de población agraria varía desde 196.6 en Huamantla hasta 30.3 en Sahuaripa; en 32 distritos hay más de 100 y en la mitad de éstos el ejido promedio no supera las mil hectáreas, lo que indica un alta concentración de sujetos por unidad de superficie, éstos son: Calpulalpan, Zacatepec-Galeana, Pachuca, Libres, Huamantla, Teziutlán, Valles Centrales, Jilotepec, Mixquiahuala, Zumpango, Cholula, Atlacomulco, Toluca, Tlaxcala y Texcoco.


38

• ANÁLISIS •

Cuadro 3 Distritos de Desarrollo Rural por porcentaje de ejidatarios y número de sujetos agrarios

Porcentaje de ejidatarios

Sujetos agrarios

Menos de

50% %

50 a

menos de

66%

%

66 a

menos de

75%

% Más de

75% % Total %

Más de 200

4 21.1 2 3.5 1 2.9 2 3.1 9 5.1

Más de 150 hasta 200

8 42.1 6 10.5 5 14.7 7 10.8 26 14.9


5 26.3 16 28.1 8 23.5 8 12.3 37 21.1


2 10.5 22 38.6 9 26.5 24 36.9 57 32.6

Más de 60 hasta 80

0 0.0 10 17.5 9 26.5 12 18.5 31 17.7

Hasta 60 0 0.0 1 1.8 2 5.9 12 18.5 15 8.6

Total 19 100.0 57 100.0 34 100.0 65 100.0 175 100.0

39

En sólo 10 DDR los posesionarios son más de 20% de los sujetos agrarios. En Cárdenas, Jilotepec, Zitácuaro, Tizimín y Las Vigas son entre 20 y 25%; en Atlacomulco, Toluca, Valle de Bravo, Coatepec Harinas y Tejupilco (México) representan más de 40%. Es importante considerar la presencia de los posesionarios en estos distritos en tanto que al término de cinco años de posesión pacífica de la tierra pueden reclamar el derecho a ser reconocidos como ejidatarios. Por otra parte, en 41 DDR el número de posesionarios es menor a 1% y en Guaymas, Felipe Carrillo Puerto, El Salto, Sierra Juárez y Zacualtipan, no se registran. En 32 distritos los avecindados son más de 40% de los sujetos, este es el caso de: Ensenada, Tuxtepec, Mulegé, Durango-Coahuila, San Andrés Tuxtla, Jaltipan, Cancún, Ures, Escárcega, Martínez de la Torre, Veracruz, Ameca, León, Cadereyta, Tuxtla Gutiérrez, El Grullo, Zapopan, Coahuila, Tapachula, Guaymas, Aguascalientes, Santiago Ixcuintla, La Barca, Tecomán, Ahuacatlán, Tonalá, Querétaro, La Paz, San Juan del Río, Villahermosa, Morelia y Celaya. En general, estos DDR se caracterizan por contar con conglomerados urbanos importantes.

DDR con mayor presencia de posesionarios y avecindados

AVECINDADOS

PO POSESIONARIOS


40

• ANÁLISIS • En estos distritos adquiere mayor importancia la promoción de la Junta de Pobladores, órgano de participación previsto en la Ley Agraria, para proponer y acordar sobre los problemas del poblado, como los servicios públicos, los trabajos comunitarios, etcétera. En ocho DDR más de la cuarta parte de los ejidatarios son mujeres, aunque en ninguno son más de 31% (Control, Tamaulipas; Coah, Coah.; Río Colorado, BC.; Cajeme, Son.; Buenaventura y Valle de Juárez, Chih.; Santiago Papasquiaro, Dgo.; Teziutlán, Pue.). En otros 39 DDR, ubicados principalmente en los estados de Michoacán, Puebla, Nayarit, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, México, Guerrero, Sinaloa, Durango y Tamaulipas, son entre 20 y 25% de los ejidatarios. En 27 más representan entre 18 y 20% y en sólo 22 son menos de 10%, estos últimos están ubicados en la península de Yucatán, Sonora, Coahuila, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

DDR con mayor presencia de ejidatarias

41

De los 20 DDR, en donde el conjunto de los posesionarios representa más de 10% de los sujetos agrarios, en 12 las mujeres son más de 20% de estos sujetos; destacan: Toluca, Cárdenas, Las Vigas, Coatepec Harinas y Atlacomulco. Entre los avecindados la presencia de la mujer es más importante, en 55 DDR más de la tercera parte son mujeres. En otros 66 DDR son más de la cuarta parte aunque menos de un tercio y, finalmente, en sólo 21 DDR menos de la quinta parte de los avecindados son mujeres. La importancia cada vez mayor de la mujer representa un cambio inédito en la sociedad rural mexicana, reconocer esta nueva realidad obligará a rediseñar las políticas de atención al agro en el sentido de que se debe tomar en cuenta para su definición y operación las necesidades e inquietudes de las mujeres. Edad de los sujetos agrarios En los distritos, la edad promedio de los ejidatarios hombres varía desde 53.9 (Morelia) hasta 38.6 años (Felipe Carrillo Puerto). En 126 DDR los ejidatarios tienen entre 40 y 50 años y en 45 son en promedio mayores de 50. Las ejidatarias en general son de mayor edad; en 123 distritos tienen más de 50 años y en 58 de ellos más de 55 años. Sólo en seis DDR las mujeres son de menor edad en relación con los hombres; de éstos sólo en Cárdenas, Tabasco, la presencia de la mujer es importante.


42

• ANÁLISIS •

DDR con ejidatarios mayores de 50 años

En los 45 distritos en donde los ejidatarios son de mayor edad, la formulación de la lista de sucesores adquiere gran importancia como instrumento que facilita una transmisión del derecho sin conflictos. Los posesionarios en general son más jóvenes, en 136 DDR tienen en promedio entre 35 y 45 años y sólo en 23 DDR son mayores de 45 años (en Magdalena y Comondú tienen poco más de 50 años). A diferencia de los ejidatarios y avecindados hay un mayor número de DDR (29) en donde las mujeres son más jóvenes que los hombres. La edad promedio de los avecindados hombres varía entre 27.5 en Mazatán (Sonora) hasta 47.7 años en Valle de Bravo, mientras que la edad para las mujeres alcanza desde 34.2 en Soto la Marina hasta 57.5 años en Coatepec Harinas. En 112 DDR los avecindados tienen en promedio entre 35 y 40 años, en 22 son mayores de 40. Las mujeres avecindadas en 78 tienen entre 35 y 40 años y en 90 distritos rebasan los 40.

43

Distribución de la superficie parcelada La superficie parcelada promedio de los ejidatarios es de 9.2 hectáreas, sin embargo, a nivel de DDR existen grandes contrastes; por ejemplo, en Toluca el promedio es de 1.3 hectáreas, mientras que en Ensenada es de 203. Este último es un caso atípico, pues el distrito con el promedio inmediatamente inferior es Mulegé con 67 hectáreas. En 32 distritos los ejidatarios tienen hasta cinco hectáreas de tierra parcelada. Éstos se localizan principalmente en estados del centro y sur (México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro y Michoacán). En la distribución de superficie parcelada no existe una desigualdad importante y sí una alta fragmentación de la superficie, esto es, en la mayoría el índice de Gini4 es menor a 0.3500. Sin embargo, en dos distritos de Oaxaca (Valles Centrales y Cañada), dos de Guerrero (Tlapa y Chilpancingo) y uno de Puebla (Tehuacán) el índice de desigualdad es más elevado, en estos casos hay un alto porcentaje de sujetos con menos de cinco hectáreas (más de 79%) y cerca de 2% de los sujetos poseen más de 20 hectáreas. En estos cinco DDR llama la atención la presencia de concentración de tierra parcelada. En 58 distritos los ejidatarios tienen entre cinco y 10 hectáreas de tierra parcelada, éstos se localizan prácticamente en todos los estados de la República. El índice de Gini para este grupo se ubica entre 0.1980 y 0.5434. En 30 de estos distritos, a pesar del promedio de superficie, más de la mitad de los sujetos tienen menos de cinco hectáreas lo que tiende a incrementar el índice de Gini. Destacan por su desigualdad en la distribución de la tierra: Cárdenas (Tabasco), Altamirano (Guerrero), Huajuapan de León (Oaxaca) y Tejupilco (México) que tienen un índice de Gini superior a 0.5000. En 44 distritos los ejidatarios tienen una superficie que oscila entre 10 y 15 hectáreas, la mayoría de los cuales (32) se encuentra en el norte del país. En 20 de éstos la superficie parcelada abarca más de la mitad de la tierra ejidal. El índice de Gini para este grupo varía desde 0.0847 hasta 0.5557 (Control y Campeche, respectivamente). En cuatro distritos el índice es mayor a 0.5000 (Campeche, Costa, Saltillo y Ahuacatlán).

4 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para calcular el promedio de desigualdad en una distribución del ingreso —en

este caso superficie parcelada— y toma valores entre cero y uno; cero cuando la desigualdad es nula y uno cuando todo el ingreso se encuentra en manos de un solo individuo.


44

• ANÁLISIS • En 25 distritos la superficie parcelada media de los ejidatarios está entre 15 y 25 hectáreas, de éstos, 16 se localizan en estados del norte. En los distritos de este grupo los sujetos con menos de cinco hectáreas en general disminuyen a menos de 35%, con excepción de Moctezuma, La Paz e Istmo. El índice de Gini en seis distritos es superior a 0.5000, además de los tres mencionados están: Tecomán, Acuña y Apodaca. Existen tres DDR en los que los índices son muy bajos, Díaz Ordaz (0.2043), Guaymas (0.1675) y Sierra Juárez (0.1966), en los tres casos menos de 5% de los sujetos poseen hasta cinco hectáreas. El grupo con promedios de superficie parcelada mayor a 25 hectáreas por ejidatario está constituido por 12 DDR, todos ellos de los estados norteños y de la península de Yucatán. En la mitad de estos distritos se encuentran índices mayores a 0.5000, e incluso están los más altos de todos: Sahuaripa con 0.7073 y Ensenada con 0.7404. A diferencia de los otros grupos, en éste la calidad de la tierra puede ser un factor importante a considerar en la distribución desigual si las grandes extensiones presentan condiciones semiáridas o áridas. Distribución de la superficie de uso común La superficie de uso común promedio por ejidatario va de 0.5 hectáreas en Tlaxcala a mil 149.4 hectáreas en Mulegé. En 86 distritos el promedio es menor a 10 hectáreas, éstos se ubican en el centro y sur del país, con excepción de 12 que pertenecen a los estados de Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí en los que los ejidos se componen principalmente de superficie parcelada. En 24 distritos la superficie de uso común por ejidatario se encuentra entre 10 y 20 hectáreas. De éstos, siete se localizan en el centro, tres en el sur y 14 en el norte. Se observa que a medida que crece el promedio de superficie de uso común aumenta el número de distritos ubicados en el norte. En 26 distritos la superficie promedio está entre 20 y 50 hectáreas. Éstos se localizan en los estados del norte, con excepción de dos de Yucatán (Ticul y Valladolid) y uno de Jalisco (Ameca). La mayoría de estos distritos se caracterizan por contar con grandes extensiones de terrenos semidesérticos, desérticos o serranos. En 23 distritos la superficie de uso común se encuentra entre 50 y 100 hectáreas, se localizan en Campeche, Quintana Roo, Durango, Coahuila, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí. En todos los casos, con excepción de Champotón, más de 75% de la tierra de los ejidos certificados es de uso común.

45

Por último, en 16 distritos de los estados de Zacatecas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California, la superficie promedio rebasa las 100 hectáreas, en todos éstos las tierras de uso común abarcan más de 70% de la superficie. Como se observa, existe una relación entre la extensión de la superficie de uso común por ejidatario y la proporción de tierra de este destino respecto a la tierra ejidal. Área de asentamientos humanos En ningún distrito el área de asentamientos humanos representa más de 3% de la superficie del ejido. En Zumpango, Guamúchil, Texcoco y Balleza esta área abarca menos de una hectárea y en seis distritos (Tejupilco, Mazatlán, Jilotepec, Coatepec Harinas, Valle de Bravo y Atlacomulco) ésta no se tituló. El tamaño del solar de los ejidatarios varía desde 7 mil 715.2 m2 en Buenaventura hasta 289.5 m2 en Zumpango. En 26 distritos los ejidatarios poseen más de 3 mil metros cuadrados, de éstos, 19 se encuentran en estados del norte del país. Los DDR del centro y sur con esta característica se ubican en Querétaro (Jalpan y San Juan del Río), Guanajuato (San Luis y Dolores Hidalgo), Jalisco (Lagos de Moreno), Michoacán (Pátzcuaro), Oaxaca (Huajuapan de León) y Yucatán (Ticul). En general, en estos distritos los posesionarios y avecindados tienen un solar más grande al tamaño promedio nacional de mil 725 y mil 69 m2, respectivamente. Por el contrario, en 60 distritos el solar urbano del ejidatario es menor de los 2 mil metros cuadrados. En los 34 distritos en donde los posesionarios tienen una presencia significativa (más de 8%), el tamaño del solar varía entre 3 mil 497 y 745.2 m2. Es mayor al promedio nacional en sólo 10 DDR, éstos son: San Juan del Río, Jalpan, Valladolid, Villahermosa, Tecamachalco, Jalpa, Tizimín, Los Cabos, Uruapan y Pátzcuaro. En siete DDR, ubicados en el Estado de México, los posesionarios no cuentan con un solar titulado por el Procede. En los 32 distritos en donde los avecindados representan más de 40% de los sujetos, el tamaño del solar promedio varía desde 342 m2 (Zapopan, Jalisco) hasta 2 mil 378 m2 (Cancún, Quintana Roo). A excepción de este último, en todos los distritos el solar de los avecindados es menor al promedio nacional.


46

• ANÁLISIS • Agrupamiento de DDR por concentración de sujetos Con el propósito de establecer un criterio ordinal de los sujetos agrarios frente a la superficie ejidal que poseen y localizar los distritos con mayor concentración de sujetos, se promedió el total de tierra parcelada y de uso común, ponderada por el porcentaje de derechos sobre la tierra de cada destino. La idea fundamental es encontrar un promedio de superficie tomando en cuenta, además de los sujetos que la poseen, a aquellos que no tienen acceso a algún destino de la tierra. Índice = [Superficie parcelada (% derechos)] + [Superficie común (% derechos)]

Ejidatarios + posesionarios A partir de este indicador se ordenaron los distritos bajo el siguiente criterio. Se calculó una media y desviación típica acotada5 a 20% (es decir, se omite 20% de los datos máximos y mínimos), y se consideró el índice para el caso nacional. En virtud de la semejanza entre la media acotada (17.4 hectáreas) y el promedio nacional (16.4 hectáreas) se utilizó el promedio de tierra parcelada. Con estas medidas se agruparon los distritos de la siguiente forma: muy alta concentración de sujetos, desde 0 hasta X-σ ; alta concentración de sujetos, entre X-σ y el promedio nacional de tierra parcelada; mediana concentración de sujetos al intervalo entre este promedio nacional y la media acotada; baja concentración de sujetos entre X y X-σ , y muy baja concentración de sujetos a los distritos cuyo índice supera a la X-σ .

5 Debido a la enorme dispersión de los índices calculados, sobre todo en el extremo superior, al calcular la media (X) y la desviación

estándar comunes (Õ), el valor X-Õ quedaba fuera del rango de variación del índice, lo cual hizo necesario el cálculo de las acotadas.

47

Cuadro 4

Distritos por concentración de sujetos

Muy alta concentración de sujetos Es de interés fundamental, por su alta concentración de sujetos, el grupo inferior que va desde el índice menor (0.65 hectáreas) hasta la media (17.3 hectáreas) menos la desviación estándar (10.3). El grupo de alta concentración está constituido por 39 distritos en los cuales se encuentra la cuarta parte de los ejidos y poco más de la tercera parte de los sujetos. Éstos se ubican principalmente en el centro del país (todos los DDR del Estado de México, Morelos y Tlaxcala, cinco de los seis de Hidalgo, seis de los ocho de Puebla y cuatro de los 11 de Veracruz).

DDR con muy alta concentración de sujetos


48

Muy alta % Alta % Media % Baja % Muy

baja % Total

Distritos 39 22.3 17 9.7 50 28.6 17 9.7 52 29.7 175

Sujetos 387,163 36.5 104,022 9.8 290,888 27.4 101,463 9.6 178,274 16.8 1,061,810

Ejidos 3,294 25.8 1,319 10.3 4,225 33.1 1,273 10.0 2,648 20.8 12,759

• ANÁLISIS •

El ejido promedio no supera las mil hectáreas, salvo Champotón. En 20 distritos hay más de 100 sujetos por ejido, encontrándose en el límite superior Atlacomulco y Toluca con más de 200. De los 19 distritos con menos de 100 sujetos, en nueve los ejidos no superan las 500 hectáreas, en ocho el ejido tiene una extensión menor a 700 y en los otros dos (Escárcega y Champotón) los ejidos tienen más de 800 hectáreas.6

En 10 DDR la superficie promedio agregada de tierra de ambos destinos no supera las cinco hectáreas (Tlaxcala, Toluca, Atlacomulco, Texcoco, Cholula, Jilotepec, Huamantla, Zumpango, Coatepec Harinas y Valles Centrales) lo que indica la presencia del minifundio en este grupo. Esto se observa también en que el índice de Gini es menor a 0.4000 para todos los distritos, salvo Cárdenas, Tejupilco, Villahermosa, Mérida y Valles Centrales. Otra característica es que los ejidos se componen principalmente de tierra parcelada, con excepción de Zacualtipan y Mérida. Alta concentración de sujetos En el grupo de alta concentración de sujetos se encuentran 17 distritos que contienen una décima parte de los ejidos y de los ejidatarios y posesionarios. Éstos se ubican en 11 estados (Michoacán, Guerrero, Querétaro, Veracruz, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Chiapas e Hidalgo). El tamaño del ejido promedio, salvo Las Vigas y Santiago Ixcuintla, es menor a mil hectáreas y en general con menos de 100 sujetos. La superficie parcelada por ejidatario alcanza hasta 9.3 hectáreas y la de uso común hasta 10.7, agregadas ambas, los promedios de superficie van desde 8.7 hectáreas (Huichapan) hasta 18.5 (Ciudad Valles). En ninguno de los distritos de este grupo el índice de Gini es mayor a los 0.5000 puntos, sin embargo, podemos identificar concentración en la superficie parcelada en Chilpancingo, Ciudad Valles y Las Vigas, pues el índice es mayor a 0.4000.

6 Estos dos distritos se encuentran en este grupo ya que los ejidos fueron certificados parcialmente y menos de 30% de los sujetos tie-

nen derecho a la superficie de uso común o parcelada.

49

Mediana concentración de sujetos A este grupo pertenecen 50 DDR, la tercera parte de los ejidos certificados y poco más de la cuarta parte de los ejidatarios y posesionarios. A diferencia de los grupos anteriores el tamaño del ejido tipo es muy diverso; 18 están en el intervalo 500 a mil hectáreas; 17 en el de mil a mil 500; 13 en el de mil 500 a 2 mil 500 hectáreas, y por último, sólo dos (Acaponeta y Compostela en Nayarit) en el de 2 mil 500 a 5 mil hectáreas. Existe una característica común en el número de los sujetos, pues en 84% hay menos de 100 por ejido. Los restantes ocho DDR quedan incluidos en este grupo por tener ejidos (salvo Los Mochis) de más de mil 500 hectáreas. La superficie parcelada promedio va desde 3.8 hectáreas (Cadereyta) hasta 27.6 (Tizimín) y el promedio de uso común desde 0.7 (Ciudad Alemán) hasta 30 hectáreas (Acaponeta). En 18 DDR existe poca desigualdad en la distribución de la tierra parcelada, mientras que en cinco distritos el índice de Gini supera los 0.5000 puntos, tres de éstos se encuentran en Oaxaca (Huajuapan de León, Costa e Istmo) los otros son Altamirano y Ahuacatlán. Baja concentración de sujetos Este grupo se integra por 17 DDR ubicados principalmente en el norte del país, en donde se ha certificado a mil 273 ejidos y beneficiado a poco más de 100 mil ejidatarios y posesionarios que representan, en ambos casos, 10% del total de los núcleos de población agrarios y de los sujetos con derecho a la tierra. En ninguno de estos distritos el ejido es menor a mil hectáreas; cuatro están en el intervalo de mil a mil 500 hectáreas; seis de mil 500 a 2 mil 500 hectáreas; y cinco son mayores a 2 mil 500. A pesar del gran tamaño de los ejidos, en la mayoría existen menos de 100 sujetos por núcleo de población agraria, en los DDR en donde se supera esta cantidad los ejidos son mayores a 2 mil 500 hectáreas, razón por la que se incluyen en este grupo.


50

• ANÁLISIS • Otra de las características es que la mayoría de los ejidos se componen principalmente de tierras de uso común. Sólo en cinco distritos (Tecomán, Sierra Juárez, González, Valladolid y San Fernando) la tierra de los ejidos es fundamentalmente parcelada. Agregada la superficie de tierra parcelada y la de uso común, el rango de variación es de 24.2 hectáreas en Sierra Juárez a 89 en Campeche. En la distribución de tierra parcelada, en siete distritos, Ciudad Fernández, Sierra Juárez, Valladolid, Guadalupe Victoria, San Fernando, Río Grande y Navojoa, existe poca concentración de superficie. En contraste, en Tecomán y Campeche este índice es mayor a 0.5000. Muy baja concentración de sujetos En este último grupo existen 52 distritos, con dos mil ejidos y 178 mil ejidatarios y posesionarios. Los ejidos se caracterizan por su mayor extensión, menos sujetos y el destino de la tierra es principalmente de uso común, con excepción de Laredo y Anáhuac. Se encuentran los mayores índices de desigualdad en la distribución de la tierra parcelada y, con excepción de Ticul, se localizan en el norte del país. En 47 de los 52 DDR los ejidos son mayores a 2 mil 500 hectáreas. Los otros cinco: Apodaca, Laredo, Tlaltenango, Soto la Marina y Ticul son ligeramente menores, sin embargo, tienen menos de 52 sujetos por ejido. En sólo cinco DDR: Balleza, Moctezuma, San Juanito, Durango y Zacatecas existen más de 100 ejidatarios y posesionarios por ejido. Finalmente, de los 74 DDR en donde la mujer representa más de 18% de los sujetos, sólo 16 se consideran de baja y muy baja concentración de sujetos, representando 19 y 35% de los DDR de cada grupo, por lo que podemos afirmar que existe mayor presencia de la mujer en los distritos con más concentración de sujetos. Por otro lado, de los 45 DDR en donde los ejidatarios son mayores de 50 años sólo nueve presentan baja y muy baja concentración de sujetos, 23.5 y 9.6% de cada grupo, en este caso los ejidatarios en edad avanzada se localizan también —principalmente— en los distritos con mayor concentración de sujetos.

51

Cuadro 5

DDR Según concentración de sujetos, sexo y edad de los ejidatarios

DDR según edad y sexo

Ejidatarias Edad DDR según concentración

Más de 18% % Mayores de 50%

%

Muy alta 39 20 51.3 11 28.2

Alta 17 10 58.8 10 58.8

Mediana 50 28 56.0 15 30.0

Baja 17 6 35.3 4 23.5

Muy baja 52 10 19.2 5 9.6

Total 175 74 42.3 45 25.7


52

Estado DDR Concentración de sujetos

Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos

Ejid. Avecin. Hombres Mujeres Edad Hombres

Promedio Mujeres

Ags Aguascalientes Mediana 77.5 1,016 49.1% 150.8 43.6% 54.4% 84.5% 15.5% 51.5 58.9

BC Ensenada Muy baja 37.0 33,265 25.2% 105.6 51.1% 47.8% 78.9% 21.1% 46.8 48.6

BC Río Colorado Mediana 48.6 1,702 75.2% 101.9 69.2% 29.2% 71.6% 28.4% 51.3 56.0

BCS Comondú Muy baja 42.9 57,673 3.2% 90.0 68.0% 30.9% 87.3% 12.7% 45.5 45.9

BCS La Paz Muy baja 90.0 9,700 6.3% 117.1 45.3% 49.2% 89.0% 11.0% 48.6 55.1

BCS Los Cabos Muy baja 78.9 4,404 6.3% 113.5 59.0% 32.8% 84.5% 15.5% 52.3 55.4

BCS Mulegé Muy Baja 66.7 43,075 3.9% 73.1 50.3% 47.5% 90.3% 9.7% 42.7 44.1

Camp Campeche Baja 55.8 2,707 6.1% 75.6 79.9% 17.9% 93.1% 6.9% 39.6 41.7

Camp Champotón Muy alta 58.3 1,411 47.1% 101.3 65.6% 32.0% 92.5% 7.5% 41.5 41.8

Camp Escárcega Muy alta 74.1 802 82.7% 133.1 56.7% 42.7% 87.1% 12.9% 41.8 42.5

Coah Acuña Muy baja 77.2 2,654 34.9% 70.7 63.4% 36.2% 88.2% 11.8% 48.5 55.4

Coah Coahuila Baja 35.8 2,627 12.1% 198.3 31.7% 67.8% 70.6% 29.4% 52.7 57.1

Coah Durango Coahuila

Mediana 65.9 1,428 30.6% 133.9 54.0% 45.2% 75.9% 24.1% 51.6 56.5

Coah Frontera Muy baja 54.7 7,878 15.0% 60.4 67.8% 31.2% 90.8% 9.2% 44.6 51.1

Coah Sabinas Muy baja 71.8 3,846 35.8% 74.4 83.8% 16.0% 89.4% 10.6% 50.8 56.2

Coah Saltillo Muy baja 58.9 4,892 10.5% 52.2 76.6% 20.6% 92.8% 7.2% 47.2 59.5

Col Colima Mediana 92.0 1,532 77.1% 140.9 58.4% 37.6% 81.0% 19.0% 49.5 55.5

Col Tecomán Baja 84.4 1,860 78.0% 157.1 48.3% 47.4% 80.1% 19.9% 49.0 52.4


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Chih Balleza Muy baja 35.7 11,752 0.1% 167.8 99.5% 0.5% 88.4% 11.6% 39.5 46.3

Chih Buenaventura Muy baja 50.0 14,980 9.3% 71.8 91.8% 3.5% 74.0% 26.0% 46.7 47.8

Chih Casas Grandes

Muy baja 65.2 12,088 6.7% 97.5 76.1% 22.8% 85.6% 14.4% 44.8 45.4

Chih Cuauhtémoc Muy baja 75.3 2,714 35.2% 99.6 69.9% 25.3% 85.8% 14.2% 48.7 56.3

Chih Chihuahua Muy baja 65.3 6,211 12.6% 98.7 73.2% 21.5% 87.4% 12.6% 47.8 54.2

Chih Delicias Muy baja 86.5 4,762 10.6% 123.9 62.4% 36.0% 82.4% 17.6% 49.1 52.0

Chih El Carmen Muy baja 86.4 12,203 5.5% 50.2 85.6% 13.6% 82.6% 17.4% 44.2 43.1

Chih Madera Muy baja 37.8 8,037 13.7% 101.2 84.0% 11.9% 82.6% 17.4% 45.6 49.1

Chih Papigochi Muy baja 73.2 5,396 17.5% 116.2 77.4% 18.2% 82.9% 17.1% 48.0 54.5

Chih Parral Muy baja 63.5 4,179 13.9% 59.8 77.9% 20.0% 83.9% 16.1% 48.2 56.4

Chih Río Conchos Muy baja 50.9 8,181 3.4% 59.3 64.5% 28.8% 91.3% 8.7% 45.3 48.8

Chih Río Florido Muy baja 83.0 3,867 10.5% 56.2 78.7% 19.9% 85.9% 14.1% 47.5 50.6

Chih San Juanito Muy baja 33.6 8,196 0.0% 108.6 97.6% 2.4% 81.4% 18.6% 45.5 50.0

Chih Valle de Juárez

Muy baja 44.0 5,103 20.7% 126.0 69.0% 29.1% 74.8% 25.2% 48.8 50.1

Chis Palenque Mediana 20.3 938 91.6% 93.1 63.2% 29.4% 88.0% 12.0% 42.8 44.4

Chis Tapachula Alta 20.6 810 90.2% 193.2 44.3% 50.4% 78.1% 21.9% 45.6 45.8

Chis Tonalá Mediana 39.7 1,079 86.9% 131.1 45.3% 52.8% 86.5% 13.5% 45.4 45.0

Chis Tuxtla Gutiérrez

Mediana 28.8 1,159 69.8% 136.9 50.1% 40.4% 92.0% 8.0% 45.7 47.0


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Dgo Durango Muy baja 71.2 3,888 19.2% 129.0 80.6% 16.0% 83.2% 16.8% 46.7 54.5

Dgo Durango-Coahuila

Muy baja 59.4 3,171 9.6% 109.5 54.3% 43.1% 79.0% 21.0% 49.5 55.3

Dgo Durango-Laguna

Muy baja 77.1 3,530 10.8% 51.8 84.3% 15.5% 85.4% 14.6% 44.9 49.5

Dgo El Salto Muy baja 51.4 6,562 0.0% 98.2 78.3% 21.7% 77.5% 22.5% 45.9 50.1

Dgo Guadalupe Victoria

Baja 69.7 4,437 30.5% 209.7 72.0% 25.0% 80.0% 20.0% 49.2 55.8

Dgo Santiago Papasquiaro

Muy baja 87.3 7,126 3.8% 96.5 85.8% 13.7% 74.1% 25.9% 46.2 50.0

Dgo Villa Ocampo

Muy baja 59.3 7,191 7.3% 84.5 87.7% 10.8% 82.9% 17.1% 45.7 51.0


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Gro Altamirano Mediana 33.0 1,048 67.0% 95.1 83.5% 7.3% 77.4% 22.6% 47.7 51.3

Gro Chilpancingo Alta 42.1 932 41.3% 122.1 80.1% 8.3% 82.9% 17.1% 44.5 48.4

Gro Iguala Mediana 51.6 904 49.0% 114.9 61.0% 34.5% 78.8% 21.2% 48.5 53.0

Gro Las Vigas Alta 27.1 1,036 88.6% 138.7 67.8% 12.0% 84.6% 15.4% 44.2 49.2

Gro Tlapa Muy alta 35.2 691 34.0% 108.4 85.9% 12.7% 87.4% 12.6% 44.1 50.6

Gto Celaya Alta 41.3 563 69.1% 110.1 48.3% 45.8% 81.4% 18.6% 52.4 57.5

Gto Cortázar Muy alta 41.8 362 77.1% 91.0 57.2% 32.4% 81.4% 18.6% 52.7 58.0

Gto Dolores Hidalgo

Mediana 41.3 794 41.7% 81.9 57.9% 40.0% 80.3% 19.7% 50.1 54.4

Gto León Muy alta 38.3 410 82.2% 91.2 51.6% 40.7% 83.5% 16.5% 52.5 57.6

Hgo Huejutla Muy alta 35.3 328 75.4% 81.1 90.9% 7.1% 93.7% 6.3% 42.4 42.5

Hgo Huichapan Alta 46.0 732 31.5% 101.3 80.7% 18.7% 88.3% 11.7% 47.9 54.4

Hgo Mixquiahuala Muy alta 43.1 530 40.2% 149.5 78.9% 18.5% 84.7% 15.3% 48.1 53.7

Hgo Pachuca Muy alta 41.4 836 65.1% 158.9 69.4% 29.0% 81.5% 18.5% 48.1 53.7

Hgo Tulancingo Muy alta 49.6 447 61.8% 102.4 64.2% 28.6% 81.8% 18.2% 48.7 52.6

Hgo Zacualtipan Muy alta 31.4 380 15.4% 68.3 98.5% 1.5% 92.0% 8.0% 44.2 54.3


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Jal Ameca Mediana 23.9 1,464 46.2% 155.7 55.0% 40.9% 80.8% 19.2% 50.4 57.3

Jal Ciudad Guzmán

Mediana 40.9 896 61.5% 98.2 54.6% 38.8% 77.0% 23.0% 49.0 54.6

Jal Colotlán Baja 66.7 1,144 42.1% 46.8 85.1% 12.8% 81.8% 18.2% 49.4 53.9

Jal El Grullo Mediana 31.3 1,022 52.6% 86.6 56.1% 40.4% 81.8% 18.2% 51.7 56.5

Jal La Barca Muy alta 48.4 686 69.5% 154.8 47.0% 45.4% 84.4% 15.6% 48.9 54.0

Jal Lagos de Moreno

Mediana 66.2 743 54.7% 63.8 70.4% 27.2% 84.7% 15.3% 48.8 55.6

Jal Zapopan Alta 41.7 868 74.4% 228.3 34.8% 55.7% 83.2% 16.8% 49.7 56.2


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Méx Atlacomulco Muy alta 63.0 404 77.6% 281.9 45.7% 0.1% 82.2% 17.8% 46.4 51.4

Méx Coatepec Harinas

Muy alta 64.9 330 56.7% 109.3 58.5% 0.1% 82.5% 17.5% 50.1 53.6

Méx Jilotepec Muy alta 58.2 534 80.3% 168.4 75.8% 0.0% 86.5% 13.5% 45.2 49.6

Méx Tejupilco Muy alta 24.6 569 54.1% 84.8 59.2% 0.0% 82.1% 17.9% 50.5 56.7

Méx Texcoco Muy alta 54.7 197 80.7% 125.6 85.0% 7.3% 78.0% 22.0% 52.4 57.7

Méx Toluca Muy alta 46.7 287 75.6% 365.4 44.7% 4.2% 78.8% 21.2% 48.5 53.3

Méx Valle de Bravo

Muy alta 44.5 516 63.5% 152.9 51.8% 0.1% 81.7% 18.3% 46.5 54.9

Méx Zumpango Muy alta 62.5 512 79.2% 180.4 82.7% 0.2% 84.8% 15.2% 50.8 55.4

Mich Apatzingán Mediana 33.5 832 80.5% 99.7 68.5% 28.2% 75.9% 24.1% 46.4 50.5

Mich La piedad Alta 33.8 586 50.1% 79.2 76.4% 13.5% 79.8% 20.2% 52.3 58.5

Mich Morelia Alta 35.8 454 60.6% 83.2 47.1% 46.5% 78.8% 21.2% 53.9 59.5

Mich Pátzcuaro Mediana 41.1 581 49.7% 61.5 62.4% 26.5% 77.5% 22.5% 49.8 56.1

Mich Sahuayo Muy alta 53.2 570 76.9% 125.7 71.0% 19.0% 77.3% 22.7% 50.8 57.4

Mich Uruapan Alta 49.1 737 39.7% 74.1 64.4% 17.9% 84.2% 15.8% 48.6 55.7

Mich Zamora Alta 42.3 778 48.7% 110.7 55.7% 34.5% 77.7% 22.3% 52.4 58.5

Mich Zitácuaro Muy alta 35.5 579 65.2% 98.7 53.7% 22.9% 84.3% 15.7% 51.7 59.1

Mor Zacatepec-Galeana

Muy alta 74.8 852 69.6% 174.3 92.9% 1.3% 78.3% 21.7% 50.7 55.8


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Nay Acaponeta Mediana 34.0 2,529 50.7% 178.4 69.1% 25.7% 76.7% 23.3% 48.7 55.7

Nay Ahuacatlán Mediana 44.4 2,107 46.4% 189.6 48.3% 38.9% 78.6% 21.4% 52.0 58.9

Nay Compostela Mediana 48.0 3,184 59.4% 310.2 55.8% 39.2% 81.8% 18.2% 50.0 56.3

Nay Santiago Ixcuintla

Alta 60.9 1,624 85.1% 348.3 45.7% 49.1% 75.5% 24.5% 51.4 57.5

Nay Tepic Mediana 35.7 1,391 61.9% 147.4 58.7% 33.4% 81.5% 18.5% 49.4 56.2

NL Anáhuac Muy baja 74.5 2,979 58.1% 72.1 72.1% 26.0% 84.0% 16.0% 50.2 55.2

NL Apodaca Muy baja 61.3 2,126 46.0% 68.7 66.1% 30.7% 82.1% 17.9% 48.5 54.1

NL Galeana Muy baja 59.8 3,057 14.7% 74.6 80.2% 12.2% 90.4% 9.6% 46.3 57.0

NL Montemorelos Mediana 72.9 1,028 48.2% 69.2 61.4% 33.5% 85.8% 14.2% 49.9 56.3

Oax Cañada Mediana 60.0 977 37.6% 108.7 81.6% 17.3% 85.7% 14.3% 42.8 49.4

Oax Costa Mediana 24.7 1,923 95.6% 195.9 62.3% 28.9% 81.8% 18.2% 43.2 48.3

Oax Huajuapan de León

Mediana 41.8 1,212 36.8% 105.6 80.3% 16.8% 77.3% 22.7% 49.9 53.2

Oax Istmo Mediana 47.4 1,869 69.7% 151.2 59.0% 37.0% 84.1% 15.9% 44.9 46.6

Oax Sierra Juárez Baja 60.0 2,564 93.9% 147.2 78.4% 21.6% 85.3% 14.7% 40.6 39.4

Oax Tuxtepec Mediana 52.1 1,105 70.6% 143.0 50.9% 47.5% 83.9% 16.1% 45.2 49.1

Oax Valles Centrales

Muy alta 45.8 604 64.8% 196.0 74.3% 20.4% 76.8% 23.2% 48.7 51.6


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Pue Cholula Muy alta 54.0 410 60.7% 151.9 73.4% 18.9% 75.9% 24.1% 49.3 52.7

Pue Huauchinango Muy alta 62.7 436 87.0% 104.6 63.1% 36.1% 83.7% 16.3% 45.5 46.5

Pue Izúcar de Matamoros

Alta 44.7 834 48.5% 124.3 63.5% 31.6% 75.5% 24.5% 51.0 55.8

Pue Libres Muy alta 60.0 792 73.5% 172.4 77.2% 21.4% 80.3% 19.7% 46.0 51.6

Pue Tecamachalco Muy alta 67.8 731 50.7% 134.0 74.7% 15.6% 76.4% 23.6% 50.2 55.5

Pue Tehuacán Mediana 37.9 1,650 24.1% 125.6 89.5% 7.1% 78.0% 22.0% 46.6 52.6

Pue Teziutlán Muy alta 65.0 769 60.6% 165.9 83.7% 16.0% 74.2% 25.8% 46.9 51.3

Pue Zacatlán Muy alta 77.2 666 56.2% 127.0 63.8% 30.1% 83.1% 16.9% 46.0 53.8

Qro Cadereyta Mediana 75.0 1,268 16.2% 114.1 51.4% 40.6% 83.4% 16.6% 49.9 56.5

Qro Jalpan Mediana 51.2 1,099 22.0% 68.9 73.0% 15.0% 81.1% 18.9% 51.5 55.9

Qro Querétaro Alta 61.9 763 51.3% 144.8 42.6% 50.8% 80.6% 19.4% 53.7 58.9

Qro San Juan del Río

Alta 51.7 793 45.7% 133.3 45.7% 44.6% 80.7% 19.3% 52.8 59.6

QRoo Cancún Muy baja 36.4 2,606 0.0% 87.6 57.1% 42.8% 91.8% 8.2% 39.6 43.3

QRoo Chetumal Muy baja 71.6 5,567 0.4% 103.3 69.9% 27.4% 91.5% 8.5% 40.6 41.6

QRoo Felipe Carrillo Pto.

Muy baja 57.3 4,967 0.0% 93.3 75.9% 24.1% 95.4% 4.6% 38.6 49.5


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Sin Culiacán Mediana 60.1 984 82.2% 89.1 91.0% 8.1% 78.4% 21.6% 48.8 52.7

Sin Guamúchil Mediana 56.4 1,556 57.7% 88.3 98.8% 0.2% 81.0% 19.0% 50.8 54.5

Sin Guasave Mediana 50.6 1,090 77.8% 88.2 97.0% 2.6% 82.5% 17.5% 49.8 52.1

Sin La Cruz Mediana 32.0 2,480 60.1% 120.0 90.1% 9.5% 84.6% 15.4% 44.7 48.2

Sin Los Mochis

Mediana 47.4 1,228 70.4% 106.2 93.7% 5.4% 77.3% 22.7% 50.4 54.0

Sin Mazatlán Baja 60.9 1,920 43.4% 79.5 98.2% 0.0% 83.7% 16.3% 49.2 56.3

SLP Ciudad Fernández

Baja 50.0 3,224 13.1% 202.7 62.9% 30.7% 78.4% 21.6% 52.4 56.3

SLP Ciudad Valles

Alta 46.4 843 59.4% 103.9 59.9% 23.6% 88.2% 11.8% 51.9 55.9

SLP Ébano Mediana 76.6 563 94.2% 51.4 85.1% 12.7% 85.3% 14.7% 44.6 43.3

SLP Matehuala Muy baja 61.3 4,211 14.3% 85.7 91.8% 7.4% 91.8% 8.2% 46.3 56.4

SLP Río verde Muy baja 42.4 3,168 14.6% 126.7 70.6% 23.2% 87.0% 13.0% 50.7 56.9

SLP Salinas Muy baja 27.3 6,180 11.0% 88.8 90.1% 6.5% 92.4% 7.6% 44.7 56.5

SLP San Luis Potosí

Baja 49.5 2,001 20.8% 121.9 72.8% 22.2% 85.9% 14.1% 51.0 56.7

Son Agua Prieta

Muy baja 80.6 13,487 2.6% 85.1 83.8% 14.9% 83.8% 16.2% 47.4 53.6

Son Caborca Muy baja 69.7 6,231 12.1% 61.2 67.7% 31.1% 83.6% 16.4% 47.2 48.8

Son Agua Prieta

Muy baja 80.6 13,487 2.6% 85.1 83.8% 14.9% 83.8% 16.2% 47.4 53.6

Son Caborca Muy baja 69.7 6,231 12.1% 61.2 67.7% 31.1% 83.6% 16.4% 47.2 48.8

Son Cajeme Mediana 95.4 1,417 26.0% 77.9 81.7% 17.5% 73.2% 26.8% 52.3 54.2

Son Guaymas Mediana 47.4 1,897 45.2% 192.4 45.0% 55.0% 88.2% 11.8% 49.7 52.1

Son Hermosillo Muy baja 70.0 2,700 19.8% 103.0 61.4% 37.6% 81.4% 18.6% 47.7 50.4

Son Magdalena Muy baja 44.4 6,812 6.2% 80.8 77.2% 22.7% 83.2% 16.8% 47.9 51.3

Son Mazatán Muy baja 46.2 9,422 5.4% 106.3 66.4% 32.6% 91.0% 9.0% 48.0 53.4

Son Moctezuma Muy baja 70.4 10,452 9.0% 188.9 56.2% 39.0% 90.9% 9.1% 48.5 54.4

Son Navojoa Baja 66.1 2,154 7.5% 86.6 81.7% 18.1% 79.2% 20.8% 50.9 53.6

Son Sahuaripa Muy baja 38.1 4,275 24.7% 44.9 67.4% 22.0% 89.3% 10.7% 51.0 52.2

Son Ures Muy baja 43.3 5,231 6.3% 131.3 57.1% 42.8% 84.3% 15.7% 49.6 54.5


Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Tab Cárdenas Muy alta 47.5 592 88.5% 156.6 45.3% 29.8% 77.5% 22.5% 47.2 45.8

Tab Emiliano Zapata

Mediana 57.1 1,755 87.7% 121.7 63.7% 30.7% 81.9% 18.1% 44.4 44.5

Tab Villahermosa Muy alta 53.6 605 79.7% 117.5 46.4% 40.1% 80.7% 19.3% 45.8 44.6

Tamps Abasolo Baja 52.4 1,486 64.2% 72.6 63.1% 35.2% 84.5% 15.5% 47.2 47.8

Tamps Control Mediana 68.0 611 92.3% 67.9 73.9% 23.8% 69.5% 30.5% 50.8 54.8

Tamps Díaz Ordaz Mediana 64.1 693 86.2% 50.1 80.0% 17.8% 77.9% 22.1% 46.1 49.3

Tamps González Baja 50.6 1,173 86.8% 64.7 68.5% 30.7% 83.9% 16.1% 48.1 49.0

Tamps Laredo Muy baja 73.3 2,466 88.7% 62.6 61.2% 38.5% 87.2% 12.8% 48.2 54.6

Tamps Mante Mediana 58.1 793 75.1% 54.6 77.3% 21.6% 75.3% 24.7% 49.4 51.0

Tamps San Fernándo

Baja 66.1 2,249 66.8% 85.1 81.2% 18.6% 82.5% 17.5% 46.8 48.3

Tamps Soto la Marina

Muy baja 53.8 1,395 48.9% 40.3 81.6% 17.2% 88.3% 11.7% 44.4 50.1

Tamps Victoria Baja 47.4 1,394 43.8% 61.6 71.8% 26.8% 87.2% 12.8% 48.3 53.7

Tlax Calpulalpan Muy alta 90.4 968 75.0% 214.7 76.9% 22.3% 81.5% 18.5% 48.9 54.3

Tlax Huamantla Muy alta 86.8 777 84.2% 258.3 76.1% 23.5% 79.0% 21.0% 49.9 54.4

Tlax Tlaxcala Muy alta 100.0 268 79.8% 181.1 80.8% 18.6% 77.2% 22.8% 52.2 55.4

Ver Ciudad Alemán

Mediana 45.8 570 95.1% 81.8 57.3% 39.1% 78.1% 21.9% 49.5 52.1

Ver Coatepec Muy alta 35.5 400 72.8% 121.2 65.1% 21.3% 80.2% 19.8% 46.4 50.8

Ver Fortín Muy alta 22.9 253 92.0% 73.3 60.0% 34.7% 77.9% 22.1% 48.5 53.7

Ver Huayacocotla Muy alta 20.0 603 57.6% 69.0 82.7% 5.2% 88.3% 11.7% 45.3 49.7

Ver San Andrés Tuxtla

Mediana 41.2 599 94.4% 99.9 54.6% 45.1% 85.2% 14.8% 47.3 49.6

Ver Tuxpan Alta 37.4 486 92.9% 84.0 62.9% 30.9% 86.3% 13.7% 47.6 48.2

Ver Veracruz Alta 38.8 441 93.9% 80.0 56.9% 41.3% 79.7% 20.3% 50.8 53.1

Estado DDR Concentración De sujetos

Avance Procede

%

Sup. total ejidal

% parc.

Total de

sujetos


Promedio Mujeres

Yuc Mérida Muy alta 27.7 652 16.9% 85.5 81.7% 13.8% 95.7% 4.3% 43.9 52.2

Yuc Ticul Muy baja 56.6 2,057 11.7% 56.5 90.0% 8.7% 95.6% 4.4% 40.7 41.0

Yuc Tizimín Mediana 59.7 1,801 69.9% 86.1 71.4% 6.6% 96.4% 3.6% 44.0 47.9

Yuc Valladolid Baja 62.1 2,105 5.2% 74.4 78.9% 4.3% 97.3% 2.7% 40.5 49.2

Zac Concepción del Oro

Muy baja 26.8 7,397 6.1% 71.0 98.2% 1.7% 93.0% 7.0% 42.6 48.8

Zac Fresnillo Baja 77.8 2,991 40.3% 162.1 68.0% 28.5% 85.3% 14.7% 47.6 55.4

Zac Jalpa Mediana 81.8 1,782 55.0% 131.1 60.9% 30.6% 83.7% 16.3% 52.5 57.1

Zac Jerez Mediana 64.4 1,459 40.0% 103.7 67.0% 27.7% 84.9% 15.1% 50.7 57.2

Zac Ojo Caliente Mediana 51.6 2,241 45.7% 193.7 58.1% 36.1% 84.7% 15.3% 50.4 55.9

Zac Río Grande Baja 73.2 3,527 33.5% 145.1 73.7% 20.7% 83.4% 16.6% 46.9 53.7

Zac Tlaltenango Muy baja 37.5 1,448 28.5% 44.3 78.2% 15.0% 77.9% 22.1% 48.4 52.5

Zac Zacatecas Muy baja 59.8 3,377 37.4% 143.3 67.3% 26.5% 87.8% 12.2% 47.1 54.0

Características productivas y tecnológicas en ejidos certificados*

En este trabajo los autores nos presentan una tipología de los Distritos de Desarrollo Rural, agrupándolos según

las características agrarias de los ejidos certificados por Procede según producto predominante de los ejidos de cada distrito. Esta tipología es el punto de partida para

analizar algunos aspectos socioeconómicos que caracterizan a los DDR, análisis que se complementa

con algunos indicadores que dan cuenta de las características productivas de los mismos.

Roberto Francisco Ibarra R. Manuel Morales J.**

mediados del presente año se realizó la caracterización de los sujetos agrarios a nivel de Distritos de Desarrollo Rural (DDR), con base en la información registral generada por el Programa de Certificación de

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), acerca de aproximadamente la mitad de los ejidos del país.

A * Este artículo es parte de una investigación más amplia sobre los ejidos certificados por el Procede que se realiza en la oficina de asesores del Secretario de la Reforma Agraria, coordinada por Héctor M. Robles Berlanga, y fue posible gracias a la colaboración de Arturo Carranza Maldonado del área de cómputo. Se agradece a la Dirección de Investigación y Diagnóstico del INDA y a la Dirección General de Informática del RAN que proporcionaron la información productiva y agraria de los ejidos certificados. **Asesores del C. Secretario de la Reforma Agraria.

65

Los resultados permiten una descripción muy detallada, tanto de las caracterís-ticas actuales de los sujetos agrarios como de la distribución de la tierra ejidal. No obstante, se planteó la necesidad de enriquecer lo obtenido con otros indicadores agregados por DDR que permitan relacionar las variables puramente agrarias con información acerca de la producción agropecuaria que realizan los ejidatarios, así como con información de aspectos económicos y sociales importantes del entorno regional en que se ubican los ejidos: población económicamente activa y ocupada por sectores, ingreso, marginalidad,2 ruralidad,3 etcétera.

2 Conapo, Desigualdad regional y marginación en México, 1990. 3 El índice de ruralidad se calculó con información censal de 1990 y se consideraron las siguientes variables: Población, Población

Económicamente Activa e Ingreso. La población de los DDR se agrupó en tres rangos: población en localidades de 2,499 habitantes o menos, poblaciones entre 2,500 y 9,999 y núcleos de 10,000 o más habitantes. Se dividió el número de personas de cada uno de los rangos de habitantes por localidad entre la población total del DDR, una vez que se obtuvieron los porcentajes, se ordenaron en forma descendente los DDR por la variable de localidades de 2,499 habitantes o menos. Este indicador fue el parteaguas entre los distritos rurales de los urbanos.

Localidades rurales = Población por tipo de localidad Población total Con la composición de la PEA sectorizada (primaria, secundaria, terciaria y no especificada) se calcularon dos índices. El primero resulta

de la división de la PEA distrital de cada sector entre la PEA total del distrito y el segundo se obtiene al utilizar como denominador a la población total. El resultado indica la importancia del sector primario en cada DDR.

Participación del sector = PEA por sector PEA total Participación del sector = PEA por sector Población total Se optó por utilizar el índice PEA del sector primario sobre la población total porque refleja con mayor nitidez la importancia de este

sector. El PIB sectorizado (primario, secundario y terciario), se obtuvo a nivel estatal. Para obtener el indicador de productividad se dividió el

PIB primario entre la PEA primaria de cada entidad. Al igual que en los casos anteriores se ordenó en forma descendente. El resultado permite contar con un criterio del nivel de productividad del sector primario de los estados.

Productividad = PIB primario estatal PEA primaria estatal La variable ingreso corresponde al de los trabajadores agrícolas, el cual se dividió en tres rangos: hasta un salario mínimo (S.M.); de 2 a 5

S.M. y más de 5 S.M. La población agrupada en cada uno de esos rangos se dividió entre el total de trabajadores agrícolas por DDR y se ordenó con el indicador de hasta 1 S.M. El resultado refleja el nivel de ingreso de la población rural.

Nivel de ingreso = PEA ocupada en el sector primario según nivel salarial Población total ocupada en el sector primario El índice de ruralidad por distrito se consiguió al sumar los indicadores de población en localidades rurales, la PEA del sector primario y

el nivel de ingreso. Índice de ruralidad= localidades rurales+participación sector primario+nivel de ingreso Con el resultado se establecieron cinco rangos: ruralidad muy alta, con índice mayor a 1.3; ruralidad alta, de 1.1 a menos de 1.3; ruralidad

media, de 0.80 a menos de 1.1; ruralidad baja, de 0.50 a menos de 0.80, y ruralidad muy baja, la menor a 0.50.


66

• ANÁLISIS •

La estructura operativa territorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) está organizada tomando como unidad básica al DDR. En consecuencia, una parte importante de los programas agrícolas se expresan en esta unidad territorial. Debido a lo anterior, la conjunción de información agraria y productiva que se presenta en este trabajo pretende ser útil para la toma de decisiones, al proporcionar un entorno agrario, económico y social a los datos relativos a la producción. Por otra parte, el desglose de la información al ámbito regional hace posible una descripción más detallada de la problemática y de las soluciones institucionales. En este artículo se presentan los primeros resultados. Pronto se podrá ofrecer una conceptualización más elaborada que permitirá conocer, por ejemplo, las características agrarias que distinguen al grupo de distritos con mayor número de productores de trigo del grupo con productores de frijol, y las cualidades productivas específicas de los distritos con mayor presencia del minifundio. Los certificados de tierra parcelada y los títulos de solares que entrega el Procede es la fuente para analizar las características de los sujetos agrarios. Fue posible conocer el tamaño del ejido según el número de ejidatarios y la superficie; para cada propietario ejidal: edad, sexo, superficie de su parcela y número de fracciones en que se divide; lo anterior hizo posible caracterizar y diferenciar los DDR. La información del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA),4 permite conocer las fuentes de ingreso más importantes de los integrantes de los núcleos de población agrarios, así como ubicar distritalmente los principales productos ejidales agrícolas y ganaderos. Se definieron los distritos según el mayor por-centaje de ejidos que tienen alguna ocupación como principal fuente de ingreso; por ejemplo, el distrito Concepción del Oro, Zacatecas, con 26 ejidos en total, 34.6% tiene como principal fuente de ingreso a la ganadería y 61.5% a la agricultura, por lo que este distrito se calificó como agrícola. Igualmente, se localizaron los productos ejidales más importantes, con base en los que resultaron más frecuentes entre los ejidos certificados de cada distrito, tomando en cuenta la principal fuente de ingreso.

4 La encuesta del INDA consistió en la aplicación de una cédula a los representantes ejidales de todos los ejidos del país acerca de las

principales fuentes de ingreso de los integrantes del ejido y se refiere, primordialmente, a las del jefe de familia, no considera los ingresos de los otros perceptores del núcleo familiar. De acuerdo con los resultados, se priorizó la identificación de las actividades productivas de mayor importancia económica para los ejidatarios agrupados por ejido. De igual forma, la información de producción se refiere sólo a los principales productos agropecuarios del núcleo de población agrario en su conjunto.

67

Con los datos del Censo Ejidal5 se calculó el índice de utilización ejidal de tecnologías con base en la proporción de superficie con riego y el porcentaje de ejidos que emplean alguna de las tecnologías más comunes: fertilización, pesticidas, semilla certificada, uso de tractor, asistencia técnica (gratuita o pagada) y el destino de la producción; estos indicadores se tomaron por separado para mayor claridad. Resultados En 162 distritos la principal fuente de ingreso de los núcleos de población agrarios es la agricultura, por lo que son agrícolas: 11 son pecuarios, ocho agropecuarios, cinco forestales, uno pesquero y otro tiene como principal fuente de ingresos, de la mayoría de los ejidos que lo conforman, las actividades fuera del núcleo. Tomando en cuenta los productos ejidales más importantes, entre los agrícolas se distinguen los distritos en los que los ejidos siembran principalmente:

a) sólo maíz; b) maíz con otros cultivos básicos (arroz, frijol y trigo); c) maíz y sorgo; d) maíz y forrajes; e) maíz y productos agroindustriales (algodón, café, caña y cebada); f) maíz y frutales, y g) maíz y hortalizas.

5 Para conocer la tecnología utilizada por los ejidatarios a nivel de los Distritos de Desarrollo Rural se usó como fuente de información

el VII Censo Ejidal, correspondiente a 26 mil 710 ejidos que cuentan con 18.5 millones de hectáreas de superficie de labor y que constituyen 97.4% del total de ejidos del país El resto son ejidos que se componen únicamente de tierras de uso común dedicadas a la actividad forestal y a la agropecuaria. La información no permite una mayor precisión para medir el grado de tecnificación, entre las limitaciones más importantes, se debe reconocer que los datos fueron proporcionados por el Comisariado Ejidal y la respuesta se refiere a la mayoría de los ejidatarios que utilizan cada insumo; el censo no distingue la distribución de la precipitación pluvial durante el año, los métodos de riego y las condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica, tampoco la utilización de productos biológicos e innovaciones tecnológicas; por lo que atañe al uso de fertilizantes químicos y pesticidas, los datos no indican la frecuencia, dosis y tipo de productos empleados; finalmente, hay que señalar que no es posible distinguir si los ejidos que venden su producción son excedentarios o lo hacen para cubrir necesidades en efectivo y después acuden al mercado a comprar los productos agrícolas que ellos producen. No obstante lo anterior, se considera que la construcción del índice de utilización ejidal de tecnologías permite una primera aproximación al tema.


68

• ANÁLISIS •

Cuadro 1 Tipología distrital por principales fuentes de ingreso de los núcleos agrarios

Características Agrícolas Pecuarios Agropecuarios Forestales Pesqueros Actividad fuera del núcleo

Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Distritos 162 86.2 11 5.8 8 4.3 5 2.7 1 0.5 1 0.5 188 100

Ejidos 10,849 221 552 248 19 26 11,915 100

Principal fuente de ingresos

Agrícola 9,348 86.2 36 16.3 284 51.4 52 21.0 3 15.8 7 26.9 9,730 81.7

Pecuaria 805 7.4 159 71.9 248 44.9 39 15.7 6 31.6 8 30.8 1,265 10.6

Forestal 51 0.5 0 0 0 0.0 123 49.6 0 0 0 0 174 1.5

Pesquera 53 0.5 1 0.5 1 0.2 0 0 8 42.1 0 0 63 0.53

Act. fuera del núcleo

145 1.3 9 4.1 2 0.4 19 7.7 0 0 11 42.3 186 1.6

Otras act. económicas

107 1 3 1.4 1 0.2 4 1.6 2 10.5 0 0.0 117 1.0

Productos: Primero

Maíz 85.2

Bovino 100

Bovino 75.0

Fores. 100

Pesq. 100

Bovino 100

Maíz 73.9

Segundo Frijol 13.6 Caprino 18.2 Maíz 75.0 Maíz 60 Bovino 100 Maíz 100 Maíz 13.8

Ejidos por distrito

67

20

69

50

19

26

63

Distritos sólo maiceros Tienen esta característica 26 DDR, 14 ubicados en el centro del país, 11 en el sur y uno en el norte (Salinas, San Luis Potosí). La principal actividad de los ejidatarios en el campo es la agricultura y siembran exclusivamente maíz. La actividad complementaria es la ganadería, especialmente dedicada a la producción de bovinos y en un segundo término a la de caprinos. Las tierras son de temporal, el uso de fertilizantes y pesticidas está muy difundido, salvo en Cancún, Felipe Carrillo Puerto, San Luis, Zacualtipan, Sierra Juárez y Salinas. Lo anterior no es el caso de la semilla mejorada, ya que en 73% de los distritos se siembra semilla

69

criolla; en la mitad de estos distritos prácticamente no se usa el tractor y la asistencia técnica, tanto gratuita como pagada, es mínima. La producción en la mayoría de los distritos (18) es para la venta, sólo en Cancún, Jerez, San Luis, Tlaxcala, Valles Centrales y Zacualtipan el maíz se cultiva para autoconsumo. La población habita principalmente en localidades rurales o semirrurales excepto en siete distritos (Cancún, Hecelchakán, Iguala, Las Vigas, Ticul, Tlaxcala y Valles Centrales) que son semiurbanos o urbanos. La ruralidad es muy heterogénea, es muy alta en 10 DDR, alta en seis, media en seis, y baja y muy baja en cuatro: Cancún, Tlaxcala, Lázaro Cárdenas y Las Vigas. En estos últimos se ubican centros urbanos de importancia que absorben a una parte muy importante de la Población Económicamente Activa (PEA) rural. En estos distritos se han certificado mil 110 ejidos y los derechos de 152 mil 89 sujetos agrarios, que representan 8.4% de los núcleos y 10.4% de los sujetos atendidos por el Procede a nivel nacional. No se observa un patrón respecto al tamaño promedio del ejido, hay núcleos con menos de 500 hectáreas y mayores de cinco mil. El ejido tipo no supera los 150 sujetos agrarios y en la mayoría de los distritos las tierras son principalmente parceladas, excepto en Salinas, Huajuapan de León, Ticul y Zacualtipan, en donde predomina la tierra de uso común. Los ejidatarios hombres son de mediana edad, salvo en tres distritos (Tejupilco, Tlaxcala y Zitácuaro) en donde tienen más de 50 años, en los demás no superan esta edad. Las mujeres ejidatarias en todos los distritos tienen una edad promedio mayor a 50 años. En una tercera parte de los distritos la superficie media parcelada es menor de cinco hectáreas; en otra tercera parte, es entre cinco y 10 hectáreas; en 11% entre 10 y 15 y sólo en uno, Sierra Juárez, la superficie media tiene entre 15 y 25 hectáreas. No se cuenta con información sobre la distribución de la tierra parcelada en nueve distritos, en cuatro (Valles Centrales, Altamirano, Huajuapan de León y Tejupilco) hay una desigualdad muy grande;6 en cinco (Tlaxcala, Zacualtipan, Valle de Bravo, Jilotepec y Altamirano) los índices son muy bajos y hay, por tanto, una distribución equitativa; en Sierra Juárez y Jerez es muy equitativa y, en otros dos, Salinas y Zitácuaro, es intermedia. En la mayoría de los distritos el promedio de tierra de uso común por ejidatario no supera las 10 hectáreas, excepto en tres: Cancún, Felipe Carrillo Puerto y Salinas, en donde la superficie promedio de las tierras con este destino varía entre 50 y 100 hectáreas.

6 Julieta Salazar N., "El Ejido tipo Procede por DDR", que se publica en este número de la Revista.


70

• ANÁLISIS •

Por último, en 11 distritos predomina el minifundio: Atlacomulco, Jilotepec, San Cristóbal de las Casas, Tlaxcala, Valle de Bravo, Valles Centrales, Zacualtipan, Hecelchakán, Huajuapan de León, San Luis y Zitácuaro.

Cuadro 2

Características de los Distritos solo maiceros

Distrito

Ruralidad

Índice de margina-

lidad

Tamaño

del Ejido tipo

%

superficie parcelada

Número

de sujetos en el ejido

tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Altamirano Atlacomulco Huatamo Salinas San Luis Colotlan Las Vigas Jerez Hecelchakán Iguala Ticul Valles Centrales Zitacuaro Huajupan de L. Motozintla Tejupilco Valle de Bravo Villa Flores Zacualtiplan Camilo Puerto Jilotepec San Cristóbal C. Sierra Juárez Tlaxcala Lázaro C. Cancún

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja Media Media Media Media Media Media Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja

Alto Alto Alto Alto Alto Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio Muy alto Muy alto Bajo Medio Muy bajo

>1000 a 1500 Hasta 500 Sin inf. >5,000 Sin inf. >1000 a 1500 >1000 a 1500 >1000 a 1500 Sin inf. >500 a 1000 >1500 a 2500 >500 a 1000 >500 a 1000 >1000 a 1500 Sin inf. >500 a 1000 >500 a 1000 Sin inf. Hasta 500 >2,500 a 5000 >500 a 1000 Sin inf. >2,500 a 5000 hasta 500 Sin inf. >2,500 a 5000

0.6703 0.7760 Sin inf. 0.1100 Sin inf. 0.4206 0.8862 0.4002 Sin inf. 0.4903 0.1174 0.6476 0.6521 0.3683 Sin inf. 0.5410 0.6353 Sin inf. 0.1540 Sin inf. 0.08028 Sin inf. 0.9387 0.7983 Sin inf. Sin inf.

>80 a 112 >150 Sin inf. >80 a 112 Sin inf. Hasta 80 >112 a 150 >80 a 112 Sin inf. >112 a 150 Hasta 80 >150 >80 a 112 >80 a 112 Sin inf. >80 a 112 >150 Sin inf. Hasta 80 >80 a 112 >150 Sin inf. >112 a 150 >150 Sin inf. >80 a 112

>73 a100 >100 Sin Inf. >73 a 100 Sin inf. Hasta 50 >73 a 100 >50 a 73 Sin inf. >50 a 73 >50 a 73 >100 >50 a 73 >73 a 100 Sin inf. >50 a 73 >73 a 100 Sin inf. >50 a 73 >50 a 73 >100 Sin inf. >100 >100 Sin inf. Hasta 50

Alta Media Media Muy baja Muy baja Baja Baja Baja Media Baja Baja Muy baja Baja Muy baja Baja Baja Baja Media Muy baja Muy baja Media Muy baja Muy baja Media Baja Muy baja

71

Maíz y otros cultivos básicos Este grupo de distritos se divide, dependiendo del cultivo que se combina con el maíz, en tres subgrupos: frijol, arroz y trigo. a. Frijol. Este subgrupo se compone de 29 DDR, la mayoría de ellos del norte del país, seis del centro (Morelia, San Juan del Río, Zumpango, Cadereyta, Chilpan-cingo y Dolores Hidalgo) y uno del sur (Tuxtla Gutiérrez). En 22 distritos se siembra el maíz como primer cultivo y frijol como segundo y en siete la importancia de éstos es la inversa (Coahuila, Guadalupe Victoria, Mazatlán, Río Grande, Santiago Ixcuintla, Tepic y Zacatecas). La ganadería como actividad complementaria es esencialmente de bovinos. Sólo dos distritos cuentan con riego (Coahuila y Culiacán), en tanto que en 27 la producción es en tierras de temporal. En dos terceras partes de los distritos se emplean fertilizantes y pesticidas. En contraste, en seis distritos del Altiplano (Zacatecas, Matehuala, Ojo Caliente, San Luis Potosí, Cadereyta y Concepción del Oro) y en Soto la Marina, estos insumos se utilizan muy poco; predomina el uso de semillas criollas, especialmente en el cultivo del maíz, aunque en los dos distritos con riego se utiliza semilla mejorada. En ese subgrupo el uso del tractor es más frecuente que en el grupo de ejidos sólo maiceros; en cerca de tres cuartas partes de los distritos su uso es entre frecuente y generalizado. La producción es fundamentalmente para el mercado, salvo en San Luis Potosí, Cadereyta, Concepción del Oro y Chilpancingo en donde es para autoconsumo. En Matehuala y Zumpango la producción es tanto para la venta como para el autoconsumo. La ruralidad en 22 distritos es de media a muy baja; en cinco (Dolores Hidalgo, Río Grande, Ojo Caliente, Papigochi y Cadereyta) es alta y en dos (Concepción del Oro y Soto la Marina) es muy alta. En dos terceras partes de los distritos la población habita en localidades mayores de 2 mil 500 habitantes y tiene un ingreso promedio superior a dos salarios mínimos, lo que es producto de las otras actividades económicas de la población, pues en 80% de estos distritos la PEA se ocupa principalmente en actividades no primarias. Como resultado, 25 distritos son considerados con marginalidad entre media y muy baja, sólo los distritos de Cadereyta, Concepción del Oro, Chilpancingo y Soto la Marina son de marginalidad alta.


72

• ANÁLISIS •

En este subgrupo se certificaron 2 mil 178 ejidos, que equivalen a 16.5% del total incorporado al Procede. En la mitad de los distritos predomina la superficie de uso común, característica de los ejidos que se localizan en el norte del país. La superficie parcelada es preponderante en: Santiago Ixcuintla, Tepic, Compostela, Culiacán, Acaponeta, Morelia, Tuxtla Gutiérrez y Zumpango. El tamaño del ejido promedio en general es mayor a mil 500 hectáreas, aunque en Morelia no supera las 500. Se incorporaron al Procede 287 mil 952 sujetos agrarios, 19.7% de las personas atendidas por el Programa. La edad promedio de los ejidatarios en 20 distritos es menor de 50 años y en nueve es mayor. Las ejidatarias en promedio tienen más de 50 años, salvo en Concepción del Oro, Madera, Soto la Marina, Tuxtla Gutiérrez y Chilpancingo en donde son más jóvenes. El número de sujetos por ejido varía desde menos de 80 en Concepción del Oro hasta más de 150 en Cadereyta, aunque en la mayoría de los DDR los ejidos tienen entre 80 y 150 sujetos, por tanto, la concentración de sujetos por superficie es entre media y muy baja. La superficie parcelada media en tres distritos no supera las cinco hectáreas; en 12 es entre más de cinco y hasta 10; en 13 es de más de 10 y hasta 15 y en uno es de más de 15 hectáreas. En seis distritos (Tuxtla Gutiérrez, Acaponeta, Compostela, Concepción del Oro, Tepic y Chilpancingo) el índice de Gini es mayor a 0.4000, indicador de un alta desigualdad en la distribución de la tierra ejidal. El minifundio está presente en Cadereyta, Chilpancingo y Zumpango, si le sumamos el alto fraccionamiento de la tierra tenemos otros seis distritos con minifundio: Morelia, Coahuila, San Juan del Río, San Luis Potosí, Aguascalientes y Dolores Hidalgo.

73

Cuadro 3 Características de los distritos que cultivan maíz y otros básicos

Distrito

Segundo producto

Ruralidad Índice de marginalidad

Tamaño del ejido % superficie parcelada

Núm.de sujetos en el ejido tipo

Ejidatarios Tecnificación

Río Grande Maíz Alta Medio >2,500-5,000 0.3348 >112-150 >100 Baja

Zacatecas Maíz Baja Bajo >2,500-5,000 0.3737 >112-150 >73-100 Baja

Guadalupe Victoria

Maíz Media Bajo >2,500-5,000 0.3052

>150 >100 Baja

Santiago Ixcuintla

Maíz Media Bajo >1,500-2,500 0.8511 >150 >100 Alta

Coahuila Maíz Muy baja Muy bajo >2,500-5,000 0.1205 >150 >50-73 Media

Mazatlán Maíz Muy baja Muy bajo >1,500-2,500 0.4344 Hasta 80 >73-100 Media

Tepic Caña Muy baja Muy bajo >1,000-1,500 0.6187 >112-150 >73-100 Media

Cadereyta Fríjol Alta Alto >1,000-1,500 0.1616 >112-150 >50-73 Muy baja

Papigochi Fríjol Alta Bajo >5,000 0.1751 >112-150 >73-100 Baja

Dolores Hidalgo

Fríjol Alta Medio >500-1,000 0.4171 >80-112 Hasta 80 Baja

Ojo Caliente Fríjol Alta Medio >1,500-2,500 0.4566 >150 >100 Muy baja

Compostela Fríjol Baja Bajo >2,500-5,000 0.5938 >150 >100 Alta

Culiacán Fríjol Baja Bajo >500-1,000 0.8218 >80-112 >73-100 Alta

Morelia Fríjol Baja Bajo Hasta 500 0.6061 >80-112 Hasta 80 Media

San Juan Del Río

Fríjol Baja Bajo >500-1,000 0.4569 >112-150 >50-73 Media

Aguascalientes Fríjol Baja Muy bajo >1,000-1,500 0.4906 >150 >50-73 Alta

Durango Fríjol Baja Muy bajo >2,500-5,000 0.1921 >112-150 >100 Media

San Luis Potosí

Fríjol Baja Muy bajo >1,500-2,500 0.2080 >112-150 >73-100 Muy baja

Chilpancingo Fríjol Media Alto >500-1,000 0.4133 >112-150 >73-100 Muy baja

Acaponeta Fríjol Media Bajo >2,500-5,000 0.5075 >150 >100 Media

Fresnillo Fríjol Media Bajo >2,500-5,000 0.4026 >150 >100 Baja

Madera Fríjol Media Bajo >5,000 0.1367 >80-112 >73-100 Baja

Matehuala Fríjol Media Medio >2,500-5,000 0.1429 >80-112 >73-100 Muy baja

Tuxtla Gutiérrez

Fríjol Media Medio >1,000-1,500 0.6981 >112-150 >50-73 Baja

Cuauhtemoc Fríjol Muy bajo Muy bajo >2,500-5,000 0.3521 >80-112 >50-73 Baja

Concepción Del Oro

Fríjol Muy alta Alto >5,000 0.0614 Hasta 80 >50-73 Muy baja

Soto La Marina

Fríjol Muy alta Alto >1,000-1,500 0.4890 >hasta 80 >hasta 80 Muy baja

Chihuahua Fríjol Muy alta Muy bajo >5,000 0.1265 >80-112 >50-73 Baja

Zumpango Fríjol Muy alta Muy bajo >500-1,000 0.7919 >150 >100 Baja


74

• ANÁLISIS •

b. Arroz. En seis distritos: Escárcega, Guasave, Tlapa, Veracruz, Tomatlán y Coatepec Harinas, en los ejidos certificados se cultiva principalmente el maíz y el arroz. En todos los ejidos el primer producto es el maíz y el segundo el arroz. La ganadería es una actividad complementaria y está orientada a la producción de bovinos, excepto en el distrito de Tlapa que es de caprinos. La agricultura es de temporal, el uso de fertilizantes está muy difundido, salvo en Escárcega; lo mismo sucede con los pesticidas, en donde la excepción es Tlapa. En la mitad de los distritos (Guasave, Veracruz y Tomatlán) se usa semilla mejorada, y en la otra mitad se utiliza generalmente la criolla para el cultivo del maíz. Los productores rara vez cuentan con asistencia técnica y en caso de requerirla acuden de preferencia a las instituciones públicas. La producción se destina al mercado, excepto en Tlapa donde el maíz es para el autoconsumo. Un distrito es urbano, dos son semiurbanos, dos semirrurales y uno es rural; la PEA del sector primario es importante en tres DDR y en otros tres es muy baja; el ingreso varía entre muy bajo y alto, y la marginalidad es muy baja en Escárcega, Tomatlán y Veracruz, media en Guasave, alta en Coatepec Harinas y muy alta en Tlapa. Esta gran heterogeneidad en estos distritos puede explicarse por su dispersión en la República Mexicana, ya que como se observa, dos distritos están en el centro, uno en occidente, uno más en el norte y otro en el sur, por lo tanto las características geográficas, económicas y sociales son muy diferentes. En este grupo se han certificado 368 ejidos y los derechos agrarios de 40 mil 684 sujetos agrarios que representan 2.8 y 2.7% de los totales nacionales, respectivamente. En general los ejidos son pequeños, el promedio distrital más elevado de extensión de los núcleos corresponde a Guasave con mil hectáreas. El destino de la tierra es bastante homogéneo, en cuatro de los seis DDR predomina la superficie parcelada, a pesar de esto, la superficie promedio por sujeto en este tipo de tierras no rebasa las 10 hectáreas. El número de sujetos por ejido en tres distritos es entre 80 y 112, es decir, menor a la media nacional; en Veracruz es menor de 80 y en Escárcega mayor. A pesar de no ser elevado el número de sujetos por ejido, por su tamaño existe una alta concentración de sujetos por superficie. En relación con la edad, en este grupo los ejidatarios son más jóvenes; en el distrito de Guasave tienen entre 45 y 50 años y en Escárcega y Tlapa son menores de 45 años. Las mujeres ejidatarias, como en el resto de los grupos, son mayores de 50 años.

75

En cuanto a la superficie parcelada media por ejidatario hay grandes contrastes en Tlapa y Coatepec Harinas (ambos distritos son de ejidatarios minifundistas) ya que el promedio de tierras parceladas por ejidatario es menor de cinco hectáreas. En Veracruz el promedio está entre cinco y 10 hectáreas, en Guasave entre 10 y 15 y en Escárcega supera las 25. En todos los casos la desigualdad en la distribución de la tierra es baja, el índice de Gini no es mayor a 0.3507.

Cuadro 4 Características de los ejidos que cultivan arroz

Distrito Segundo producto

Ruralidad Índice de

marginalidad

Tamaño del

ejido tipo

% superficie

parcelada

Tamaño de sujetos en el ejido

Ejidatarios Tecnificación

Coatepec Harinas Escárcega Tomatlán Guasave Tlapa Veracruz

Arroz

Arroz

Arroz

Arroz

Arroz

Arroz

Alta

Baja

Baja

Media

Muy alta

Muy alta

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Muy alto

Bajo

Hasta 500

>500-1,000

Sin inf.

>1,000-1,500

>500-1,000

Hasta 500

0.5675

0.8273

Sin inf.

0.7778

0.3401

0.9390

>80-112

>112-150

Sin inf.

>80-112

>80-112

Hasta 80

>50-73

>73-100

Sin inf.

>73-100

>73-100

Hasta 50

Media

Muy baja

Media

Alta

Muy baja

Alta

c. Trigo. Este subgrupo se compone de 12 distritos, ocho ubicados en el norte y cuatro en el centro del país. Los principales cultivos son el trigo, el maíz, el algodón y frutales; en dos distritos, Cajeme y Hermosillo, el trigo es el primer producto y el maíz el segundo; en otros ocho es a la inversa, es decir, el maíz es primero; en Río Colorado el trigo está asociado al algodón y en Guaymas a los frutales. En todos los distritos el uso de fertilizantes, pesticidas y semilla mejorada está muy difundido, sólo en Zacatlán se utiliza semilla criolla y en Acuña el uso de fertilizantes y pesticidas es bajo; el primer caso se puede explicar por sus condiciones de temporal, que hace de ésta una producción más riesgosa, obligando a los agricultores a disminuir la inversión. En este distrito también el uso del tractor es muy bajo, mientras en los demás es muy generalizado. A diferencia de los grupos de distritos antes descritos, en éste toda la producción es para la venta.


76

• ANÁLISIS •

Todos los distritos, excepto Zacatlán que difiere en todas las características, son considerados de ruralidad entre media y muy baja. La población habita en localidades urbanas, la PEA ocupada en actividades primarias es muy baja y el ingreso es comparativamente alto, por lo que el grado de marginalidad de la población es bajo. Se han certificado mil 85 ejidos, que representan 8.2% de los núcleos regularizados por el Procede. El tamaño de éstos varía, los de León tienen menos de 500 hectáreas; los de La Piedad, Celaya y Zacatlán tienen entre 500 y mil hectáreas y en los otros ocho distritos son mayores de mil. En la distribución de la superficie por ejido también existen diferencias, pues en la mitad de los DDR predomina la superficie parcelada y en la otra la de uso común. El número de sujetos agrarios incorporados al Procede es de 104 mil 609, 7.1% del total. La edad de los ejidatarios, en dos terceras partes de los distritos es mayor a los 50 años, lo que indica que en este grupo, en comparación a los anteriores, son más viejos. Las ejidatarias en todos los casos son mayores a los 50 años. El promedio de sujetos por ejido es muy variable, en Acuña, Cajeme y La Piedad no hay más de 80, mientras en Zacatlán y Delicias hay entre 112 y 150. Al asociar el número de ejidatarios, posesionarios y avecindados con la superficie de los ejidos se encontró que, salvo en los distritos del centro del país, la concentración de sujetos por unidad de superficie es media o baja. En la superficie parcelada promedio por sujeto hay dos comportamientos, los distritos del centro no superan las 10 hectáreas y hay presencia de minifundio y/o alto fraccionamiento de la tierra, mientras que los del norte son mayores a este rango, con excepción de Navojoa, Delicias y los Mochis, en donde la superficie media es de entre cinco y 10 hectáreas, pero con la ventaja de no estar fraccionados y contar con mayor disponibilidad de agua. Con relación al índice de Gini, sólo en dos distritos, Hermosillo y Acuña, la concentración de la tierra es alta. En la superficie promedio de tierras de uso común se repite el patrón anterior, en los ejidos del centro los promedios son muy bajos, no mayores a 10 hectáreas, mientras en el norte, excepto en Los Mochis, superan las 10 e incluso son mayores de 20 hectáreas.

77

Cuadro 5 Características de los distritos que cultivan trigo

Distrito

Segundo

Ruralidad

Índice de

Marginalidad

Tamaño del Ejido tipo

%



Ejidatarios

Tecnificación

Delicias Los Mochis Celaya La Piedad Navojoa Zacatlan León Río Colorado Guaymas Hermosillo Cajeme Acuña

Trigo

Trigo

Trigo

Trigo

Trigo

Trigo

Trigo

Algodón

Frutales

Maíz

Maíz

trigo

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Muy alta

Muy baja

Muy bajo

Bajo

Muy bajo

Bajo

Muy bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Muy bajo

Bajo

Muy bajo

Bajo

Muy bajo

>2,500-5,000

>1,000-1,500

>500-1,000

>500-1,000

>1,500-2,500

>500-1,000

Hasta 500

>1,500-2,500

>1,500-2,500

>2,500-5,000

>1,000-1,500

>2,500-5,000

0.1060

0.7045

0.6910

0.5008

0.0750

0.5624

0.8222

0.7520

0.4520

0.1982

0.2600

0.3489

>112-150

>80-112

>80-112

Hasta 80

>80-112

>112-150

>80-112

>80-112

>150

>80-112

Hasta 80

Hasta 80

>73-110

>73-100

>50-73

>50-73

>50-73

>73-100

Hasta 80

>50-73

>73-100

>50-73

>50-73

hasta 50

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Maíz-sorgo Este grupo se compone de 10 distritos, cuatro se localizan en Tamaulipas, dos en Sinaloa y uno en cada uno de los siguientes estados: Guanajuato, San Luis Potosí, Durango y Michoacán. El primer producto en siete de ellos es el maíz y el segundo el sorgo, mientras que en Control, Díaz Ordaz y San Fernando el sorgo es el principal cultivo. Igual que en los casos anteriores, la ganadería aparece como complementaria en todos los distritos y la especie principal es la bovina, salvo en Díaz Ordaz donde son los caprinos. La agricultura se da en condiciones de temporal, excepto en Control, que es de riego, y en Cortázar donde la superficie de labor es de riego y temporal en proporciones semejantes.


78

• ANÁLISIS •

El uso de insumos es muy diverso, el fertilizante es el menos difundido, mientras que los pesticidas y la semilla mejorada están más generalizados, excepto en el distrito de Río Verde donde se usa semilla criolla. Para las labores agrícolas el uso del tractor es muy común. El destino de la producción es el mercado, a excepción de La Cruz en donde una parte de la cosecha de maíz es para autoconsumo. La población en cuatro distritos (Control, Díaz Ordaz, Cortázar y Durango-Laguna) vive, la mayoría, en localidades mayores a 2 mil 500 habitantes; otros cinco se consideran semirrurales, y solamente Guamúchil es rural. La PEA tiene el mismo comportamiento: en los distritos urbanos se ocupa en actividades secundarias o terciarias, mientras que en los semirrurales o rurales lo hacen en actividades primarias, sin embargo, sólo en Río Verde el ingreso es bajo. En todos los casos el índice de marginalidad es entre medio y muy bajo. Los ejidos certificados ascienden a 881, lo que representa 6.7% de los núcleos agrarios Procede. El tamaño del ejido tipo es diverso: en Cortázar no supera las 500 hectáreas, mientras que en Durango-Laguna y Río Verde es de entre 2 mil 500 y 5 mil hectáreas. Los ejidos se componen principalmente de tierras parceladas, salvo en los últimos dos distritos en los que predomina el uso común. Se han incorporado al Procede 69 mil 470 sujetos agrarios, 4.7% de los atendidos por el Programa. En cuatro DDR (Control, Cortázar, Guamúchil y Río Verde) la edad promedio de los ejidatarios supera los 50 años y las ejidatarias, en todos los casos, son mayores de esta edad. El número de sujetos por ejido es menor a la media nacional que es de 112, salvo en La Cruz y Río Verde en donde los ejidos tienen en promedio entre 112 y 150 sujetos agrarios, de ahí que el índice de concentración de sujetos por ejido sea bajo, la única excepción es Cortázar en donde la presión sobre la tierra es muy alta, lo que se refleja también en un alto fraccionamiento y en el minifundio. La superficie parcelada promedio por ejidatario es mayor a cinco hectáreas, e incluso en Díaz Ordaz, Abasolo, San Fernando y La Cruz está entre 15 y 25 hectáreas. El índice de Gini es mayor a 0.4000 en Abasolo y Coahuila-Durango, lo que expresa concentración de la tierra parcelada en estos distritos.

79

Cuadro 6 Características de los distritos que cultivan maíz – sorgo

Distrito

Segundo

Ruralidad

Índice de Marginalidad


% superficie parcelada


Ejidatarios

Tecnificación

Abasolo Guamuchil La Cruz Río Verde Cortázar Durango- Laguna Aguililla San Fernando Control Díaz Ordaz

Sorgo

Sorgo

Sorgo

Sorgo

Sorgo

Sorgo

Sorgo

Maíz

Maíz

Maíz

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

>1,000-1,500

>1,500-2,500

>1,500-2,500

>2,500-5,000

Hasta 500

>2,500-5,000

Sin inf.

>1,500-2,500

>500-1,000

>500-1,000

0.6416

0.5773

0.6008

0.1460

0.7711

0.1078

Sin inf.

0.6678

0.9228

0.8620

Hasta 80

>80-112

>112-150

>112-150

>80-112

Hasta 80

Sin inf.

>80-112

Hasta 80

Hasta 80

Hasta 50

>73-100

>100

>73-100

>50-73

hasta 50

Sin inf.

>50-73

>50-73

Hasta 50

Media

Alta

Baja

Muy baja

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Maíz-forrajes En nueve distritos, Cholula, Huamantla, Jalpan, Sahuayo, Texcoco, Tulancingo, Durango-Coahuila, Lagos de Moreno y Villahermosa, el maíz y los forrajes son, en ese orden, los principales cultivos. La ganadería es complementaria y está orientada a la explotación de bovinos, salvo en Huamantla y Tulancingo en donde predominan los caprinos. En el caso del maíz la actividad productiva se desarrolla en condiciones de temporal en siete DDR, en Durango-Coahuila es de riego y en Sahuayo es de riego-temporal. El uso de fertilizantes, pesticidas y tractor está difundido, no así la semilla mejorada, ya que en seis distritos se usa para el maíz la semilla criolla. La producción es fundamentalmente para la venta, salvo en Jalpan y Tulancingo en donde la producción maicera es generalmente para autoconsumo. En cuanto a la ruralidad, a excepción de Jalpan, se encontró similitud en el grupo, la población habita mayoritariamente en localidades mayores de 2 mil 500 habitantes; la PEA se ocupa en actividades secundarias y terciarias, y la marginalidad es entre media y baja.


80

• ANÁLISIS •

Se han certificado 802 ejidos, 6.1% de los núcleos Procede. El ejido tipo es de extensión pequeña, no mayor a mil 500 hectáreas, salvo en Durango-Coahuila. Otra de las características de este grupo es que los ejidos se componen principalmente de tierras parceladas, a excepción de Jalpan y Durango-Coahuila en donde predomina el uso común. El Procede ha atendido a 102 mil 066 personas, 6.9% de los sujetos agrarios. La edad promedio de los ejidatarios es de entre 45 y 50 años, salvo en Jalpan, Sahuayo y Texcoco en donde son mayores de 50 años, en el caso de las ejidatarias se repite el comportamiento antes descrito, es decir, son mayores de 50 años en todos los DDR. El número de sujetos agrarios por ejido varía, en Huamantla y Cholula son más de 150 sujetos, mientras que en Jalpan y Lagos de Moreno no supera los 80 sujetos, sin embargo, en la mayoría de los distritos el ejido cuenta con más sujetos que la media nacional; esta característica, asociada al ejido pequeño, da como resultado una mayor presión sobre la tierra. En dos terceras partes de los distritos hay minifundio. El tamaño pequeño de los ejidos y la alta cantidad de sujetos por unidad de superficie, ocasiona que las parcelas de los ejidatarios no sean mayores de 10 hectáreas. Esta gran uniformidad en el tamaño de los predios se refleja en el índice de Gini que es menor en todos los casos a 0.4000, salvo en Villahermosa, en donde es de 0.4890, lo que hace evidente la alta desigualdad en la distribución de la tierra parcelada.

Cuadro 7

Características de los distritos que producen maíz – forrajes

Distrito

Segundo producto

Ruralidad




Número de sujetos en

el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Durango-Coahuila Lagos de Moreno Sahuayo Villahermosa Huamantla Tulancingo Jalpan Cholula Texcoco

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Forraje

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Muy alta

Muy baja

Muy baja

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Muy bajo

>2,500-5,000

>500-1000

>500-1,000

>500-1,000

>500-1,000

Hasta 500

>1,000-1,500

Hasta 500

Hasta 500

0.0962

0.5468

0.7695

0.7966

0.8420

0.6176

0.2198

0.6067

0.8071

>80-112

Hasta 80

>112-150

>112-150

>150

>80-112

Hasta 80

>150

>112-150

>50-73

Hasta 50

>73-100

>50-73

>100

>50-73

>50-73

>100

>100

Alta

Media

Media

Muy baja

Media

Baja

Muy baja

Media

Baja

81

Maíz-hortalizas Este grupo se compone de 21 distritos, siete se localizan en el norte, siete en el sur, seis en el centro y uno en el occidente del país. El maíz es el primer cultivo y las hortalizas son el segundo, salvo en los distritos de Ensenada y La Paz, en donde aparecen como primer cultivo; en La Paz los frutales son el segundo cultivo. La ganadería de bovinos aparece como actividad complementaria en casi todos los distritos, menos en Galeana que es de caprinos y en Mérida y Valladolid que es apícola. La actividad agrícola se da mayoritariamente en tierras de temporal, salvo en La Paz y Río Florido en donde son de riego. El uso de fertilizantes es frecuente o generalizado, a excepción de Tizimín, Palenque y Galeana, en donde es bajo. Por su parte, los pesticidas están un poco más difundidos, aunque casi no se utilizan en Ciudad Fernández y Huichapan. A diferencia de lo que se podría esperar, el uso de semilla mejorada es muy bajo, debido a la preponderancia del cultivo del maíz. Sólo en los distritos de Ensenada, La Paz, La Barca, Parral y Río Florido es generalizado el uso de semilla mejorada, en los otros 15 distritos se utiliza semilla criolla, asimismo el uso del tractor no es muy frecuente. La producción es para el mercado, excepto en Mixquiahuala y Villa Ocampo en donde la producción de maíz se dedica al autoconsumo. La marginalidad es baja o muy baja en 13 distritos de este grupo; media en Champotón y Libres; alta en Galeana, Huichapan, Tecamachalco, Tizimín y Valladolid, y muy alta en Palenque. La baja marginalidad se refleja en la ruralidad, dos terceras partes de los distritos son semiurbanos o urbanos; la PEA en el sector primario es muy baja en 10 DDR, sin embargo, el ingreso no es muy alto, pues sólo en los distritos de Ensenada, La Paz, Parral, Querétaro, La Barca, Río Florido y Toluca rebasa en promedio dos salarios mínimos. Los ejidos certificados son mil 569, 11.9% del total de núcleos realizados por el Procede. El tamaño de los ejidos y el destino de sus tierras varía de acuerdo con su ubicación geográfica, por lo general los del norte son ejidos grandes, mayores a 5 mil hectáreas y predomina la superficie de uso común; los del centro y dos del sur (Palenque y Mérida) tienen menos de mil hectáreas y son parcelados; los del sur son un poco mayores de mil 500 hectáreas.


82

• ANÁLISIS •

Cuadro 8 Características de los distritos que producen maíz – hortalizas

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Valladolid Campeche Chetumal La Barca Mérida Río Florido Tecamachalco Tizimín Ciudad Fernández Mixquiahuala Champotón Galeana Huichapan Villa Ocampo Libres Palenque Toluca Parral Ensenada La paz Querétaro

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

Hortalizas

S/proa.

Frutales

Hortalizas

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Alta

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

Bajo

Muy Alta

Alta

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

>1,500-2,500

>2,500-5,000

>5,000

>500-1,000

>500-1,000

>2,500-5000

>500-1,000

>1,500-2,500

>2,500-5,000

>500-1,000

>1,000-1,500

>2,500-5,000

>500-1,000

>5,000

>500-1,000

>500-1,000

Hasta 500

>2,500-5,000

>5,000

>5,000

>500-1,000

0.0525

0.0612

0.0036

0.6952

0.1694

0.1051

0.5069

0.6992

0.1306

0.4020

0.4712

0.1472

0.3147

0.0731

0.7350

0.9156

0.7563

0.1394

0.2520

0.0630

0.5126

Hasta 80

Hasta 80

>80-122

>150

>80-112

Hasta 80

>112-150

>80-112

>150

>112-150

>80-112

Hasta 80

>80-112

>80-112

>150

>80-112

>150

Hasta 80

>80-112

>112-150

>112-150

>50-73

>50-73

>50-73

>50-73

>50-73

Hasta 50

>100

>50-73

>100

>100

>50-73

>50-73

>73-100

>73-100

>100

>50-73

>100

Hasta 50

>50-73

>50-73

>50-73

Muy baja

Baja

Baja

Alta

Muy baja

Alta

Baja

Muy baja

Muy baja

Baja

Baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Media

Muy baja

Media

Baja

Media

Alta

Baja

83

Los ejidatarios, posesionarios y avecindados son 181 mil 599, 12.4% de los atendidos por el Procede. El número de sujetos agrarios por ejido no presenta un patrón de comportamiento, aunque se podría concluir que a mayor superficie de uso común corresponde un menor número de sujetos y viceversa. La edad de los ejidatarios en los distritos del sur del país es, en promedio, menor de 45 años, mientras que en los del centro y norte es mayor. Las ejidatarias, a diferencia de los grupos anteriores, son más jóvenes, especialmente en el sur, en donde, en todos los casos, son menores de 50 años. La superficie parcelada por ejidatario en los ejidos del centro del país tiene como máximo 10 hectáreas, en el norte y sur de la República en la mayoría de los DDR los ejidatarios tienen un promedio mayor, salvo en Ciudad Fernández, Galeana, Villa Ocampo y Mérida. Igualmente, se observa un patrón de comportamiento regional en la presencia del minifundio, ya que de los ocho distritos, seis se localizan en el centro del país y los otros dos son Mérida y Ciudad Fernández. Por el contrario, en la desigualdad de la distribución de la tierra parcelada no existe una relación directa entre la ubicación geográfica del distrito y el índice de Gini, tampoco en el predominio al interior del ejido de las tierras de uso común o parcelada. Los cinco DDR con mayor desigualdad son Ensenada, La Paz, Campeche y Mérida, en donde la mayor parte de las tierras son de uso común, y Palenque en donde la tierra parcelada es preponderante. Maíz-agroindustriales En 32 distritos, cinco del sur, siete del norte, 15 del centro y cinco de occidente, el maíz es el primer producto y el segundo es un cultivo agroindustrial, salvo en Fortín, Ciudad Alemán y Mante donde es la caña y Coahuila-Durango y Valle Juárez, donde lo es el algodón. En el segundo cultivo encontramos variaciones, en los cinco distritos mencionados es el maíz, en 19 la caña, el café en Huauchinango, Pichucalco, Tapachula y Coatepec; el algodón en El Carmen y Casas Grandes, y la cebada en Pachuca y Calpulalpan. La ganadería está orientada a bovinos, salvo en Izúcar de Matamoros y Tehuacán que es de caprinos. La agricultura con mayor frecuencia se da en tierras de temporal, salvo en los distritos algodoneros de El Carmen, Coahuila-Durango y Casas Grandes, y los cañeros de Uruapan y Zamora. La utilización de fertilizantes y pesticidas está muy difundida. En el caso de las semillas mejoradas su uso es frecuente en dos terceras partes de los DDR, lo que es un cambio respecto a los demás grupos, lo que se


84

• ANÁLISIS •

explica porque las agroindustrias requieren productos con determinadas características y suministran los insumos. La producción se destina sólo a la venta, salvo en el distrito de Tehuacán, en donde una parte de la producción de maíz es para autoconsumo. Se puede afirmar que en estos cultivos se utiliza una fuerte inversión en insumos. En cuanto a las características demográficas y de ocupación se podría esperar una marginalidad menor, sin embargo, esto no es del todo cierto. Una cuarta parte de los distritos presentan marginalidad alta, e incluso en Pichucalco es muy alta, asimismo, en cerca de la mitad de los distritos la PEA primaria es alta, por lo que se podrían esperar ingresos bajos, lo que ocurre sólo en una tercera parte de los DDR. Por último, sólo en Comitán y Pichucalco la mayoría de la población vive en localidades menores a 2 mil 500 habitantes. Los ejidos certificados ascienden a 2 mil 574, 19.6% de los núcleos regularizados por el Procede; se caracterizan por ser pequeños, menores de mil 500 hectáreas, sólo Casas Grandes y Valle de Juárez alcanzan las cinco mil; predomina la superficie parcelada y el número de sujetos agrarios no es mayor de 150, salvo en los distritos del centro del país y de Jalisco, en donde se rebasa este número. En estos distritos la concentración de sujetos por superficie es alta. Los sujetos que han certificado son 293 mil 387, 20% de los atendidos por Procede. La edad promedio de los ejidatarios es de entre 45 y 50 años y la de las ejidatarias es mayor, a excepción de Pánuco, Tapachula, Tuxtepec, Casas Grandes, El Carmen, Emiliano Zapata y Huauchinango. La superficie parcelada media por ejidatario, en la mayoría de los distritos no es mayor de 15 hectáreas, e incluso en Pachuca, Tehuacán, Zacatepec-Galeana, Calpulalpan y Coatepec son menores de cinco, estos últimos presentan también fraccionamiento de la tierra y minifundio; con esta característica se encuentran también Comitán, Izúcar de Matamoros, Pátzcuaro y Ciudad Valles. En todos aquellos DDR en donde la superficie parcelada es mayoritaria, los ejidos no superan las mil 500 hectáreas y el número de sujetos por ejido es superior a la media nacional. Se presenta además minifundio, los distritos con esta configuración por lo general se encuentran en el centro del país. Por último, sólo en El Carmen, Emiliano Zapata, Valle Juárez, Coahuila-Durango, Ahuacatlán, Ciudad Guzmán y Ciudad Valles el índice de Gini es superior a 0.4000, es decir, hay desigualdad en la distribución de la tierra parcelada.

85

Cuadro 9 Características de los distritos que producen maíz – agroindustriales

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Casas Grandes El Carmen Tapachula Coatepec Huachinango Pichucalco Pánuco San Ándres Tuxtla Tuxtepec Emiliano Zapata La Antigua Cd. Guzmán Uruapan Zamora Izucar de Matamoros Ahucatlán Ameca El Grullo Pátzcuaro Tehuacán Cd. Valles Comitán Zacatepec- Galeana Colima Zapopan Calpulalpan Pachuca Fortín Valle de Juárez Coahuila-Durango Mante Cd. Alemán

Algodón

Algodón

Café

Café

Café

Café

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Caña

Cebada

Cebada

Café

Hortalizas

Maíz

Maíz

Maíz

Baja

Baja

Alta

Media

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Muy alta

Muy alta

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Baja

Baja

Media

Muy baja

Media

Media

Media

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Bajo

Medio

Muy bajo

Bajo

Bajo

Medio

>5,000

>5,000

>500-1,000

Hasta 500

Hasta 500

Sin inf.

>500-1,000

>500-1,000

>1,000-1,500

>1,500-2,500

Sin inf.

>500-1,000

>500-1,000

>500-1,000

>500-1,000

>1,500-2,500

>1,000-1,500

>1,000-1,500

>500-1,000

>1,500-2,500

>500-1,500

>Sin inf.

>500-1,000

>1,500-2,500

>500-1,000

>500-1,000

>500-1,000

>Hasta 500

>5,000

>1,000-1,500

>500-1,000

>500-1,000

0.0675

0.0552

0.9022

0.7280

0.8702

Sin inf.

0.9056

0.9444

0.7064

0.8775

Sin inf.

0.6146

0.3969

0.4873

0.4851

0.4640

0.4618

0.5256

0.4965

0.2406

0.5936

Sin inf.

0.6961

0.7706

0.7443

0.7499

0.6511

0.9196

0.2065

0.3059

0.7515

0.9515

>80-112

Hasta 80

>150

>112-150

>80-112

Sin inf.

Hasta 80

>80-112

>112-150

>112-150

Sin inf.

>80-112

Hasta 80

>Sin inf.

>112-150

>150

>150

>80-112

Hasta 80

>112-150

>80-112

>Sin inf.

>150

>112-150

>150

>150

>150

Hasta 80

>112-150

>112-150

>hasta 80

>80-112

>73-100

Hasta 50

>73-100

>73-100

>50-73

>Sin inf.

>hasta 50

>50-73

>50-73

>50-73

Sin inf.

>50-73

Hasta 50

>50-73

>73-100

>73-100

>73-100

Hasta 50

Hasta 50

>100

>50-73

Sin inf.

>100

>73-100

>73-100

>100

>100

Hasta 50

>73-100

>50-73

Hasta 50

Hasta 50

Media

Alta

Baja

Baja

Baja

Muy baja

Baja

Media

Media

Baja

Alta

Media

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Alta


86

• ANÁLISIS •

Maíz-frutales Se identificaron 19 distritos, seis en el norte, nueve en el centro y cuatro en el sur, que tienen como principal cultivo el maíz y como segundo frutales, aunque en los distritos de Apatzingán, Caborca, Coahuayana y Martínez de la Torre, los frutales aparecen como el cultivo más importante y asociado, en el caso del primer DDR, al sorgo, en el siguiente al trigo y en los dos últimos al maíz. La ganadería presenta la misma característica que los grupos anteriores, sólo en un distrito, Teziutlán, la principal actividad es la avicultura. Esta agricultura se desarrolla en tierras de temporal, a excepción de Tecomán, Cañada, Apatzingán y Caborca en donde hay riego. El uso de fertilizantes y pesticidas es frecuente, salvo en Montemorelos, Saltillo, Victoria y Huejutla, lo que se puede explicar en el caso de los tres primeros por las bajas precipitaciones. La utilización del tractor no es muy alta ya que en los frutales utilizan poco esta maquinaria. Para el cultivo del maíz predomina el uso de semilla criolla, la producción se destina a la venta, menos en Jalpa que es para autoconsumo. 57.8% de los distritos son semirrurales o rurales, y 42.2% son semiurbanos y urbanos, en los primeros la PEA se ocupa principalmente en actividades primarias, mientras que en los segundos en actividades secundarias o terciarias, esto se refleja en el ingreso, los DDR más rurales reportan en su mayoría percepciones no mayores a un salario mínimo y presentan un índice de marginalidad alta, mientras que los más urbanos perciben dos o más salarios y su marginalidad es baja. Son mil 444 los ejidos certificados, lo que representa 11% de los núcleos Procede. El tamaño promedio de los ejidos en ocho distritos es menor a mil hectáreas; en dos es entre mil y mil 500 y en el resto es mayor a mil 500. Una característica en común es el predominio de la tierra parcelada, sólo en Saltillo, Cañada y Caborca los núcleos de población agrarios se componen principalmente de tierras de uso común. El número de ejidatarios, posesionarios y avecindados que han certificado es 140 mil 303, 9.5% de los atendidos por el Procede. La edad promedio de los ejidatarios no es mayor de 50 años, salvo en Jalpa; las ejidatarias en promedio tienen más de 50 años en la mitad de los DDR y en la otra mitad (Tuxpan, Cañada, Cárdenas, Costa, Huayacocotla, Huejutla, Istmo y Caborca) son menores.

87

El número de sujetos agrarios por ejido es menor a la media nacional en dos terceras partes de los distritos y sólo en Tecomán, Teziutlán, Cárdenas y Costa superan los 150 integrantes. En aquellos DDR en donde los ejidos cuentan con pocos ejidatarios, posesionarios y avecindados y superficies mayores a mil hectáreas, la concentración de sujetos por superficie es baja.

Cuadro 10 Características de los distritos productores de maíz – frutales

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Martínez de la Torre Caborca Coahuayana Apatzingán Huacana Jalpa Cárdenas Montemorelos Victoria Atoyac Istmo Tuxpan Teziutlan Cañada Costa Huayacocotla Huejutla Tecomán Saltillo

Maíz

Trigo

Maíz

Sorgo

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Frutales

Alta

Muy baja

Muy alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Media

Media

Media

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy baja

Muy baja

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Bajo

Muy bajo

Hasta 500

>5,000

Sin inf.

>500-1,000

sin inf.

>1,500-2,5000

>500-1,000

>1,000-1,500

>1,000-1,500

Sin inf.

>1,500-2,500

hasta 500

>500-1,000

>500-1,000

>1,500-2,500

>500-1,000

hasta 500

>1,500-2,500

>2,500-5,000

09431

01205

Sin inf.

08055

Sin inf.

05500

08850

04823

04383

Sin inf.

06973

09288

06060

03760

09559

05755

07537

07803

01049

>80-112

hasta 80

>Sin inf.

>80-112

Sin inf.

>112-150

>150

Hasta 80

Hasta 80

Sin inf.

>150

>80-112

>150

>80-112

>150

Hasta 80

>80-112

>150

Hasta 80

>50-73

Hasta 50

Sin inf.

>50-73

Sin inf.

>73-100

>50-73

Hasta 50

Hasta 50

>Sin inf.

>73-100

>50-73

>100

>73-100

>100

>50-73

>73-100

>73-100

>Hasta 50

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Muy Baja

Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Alta

Muy Baja


88

• ANÁLISIS •

La superficie parcelada promedio por ejidatario varía en los DDR. En dos terceras partes tienen más de 10 hectáreas; en cuatro distritos (Tuxpan, Cárdenas, Huayacocotla y Martínez de la Torre) tienen entre cinco y 10 hectáreas y, con menos de cinco están Teziutlán, Cañada y Huejutla; en estos últimos tres hay minifundio. El coeficiente de Gini en seis distritos es mayor a 0.5000, es decir, hay alta desigualdad en la distribución de la tierra parcelada. Agropecuarios En los ejidos certificados de ocho distritos: Ébano, González, Las Choapas, Los Cabos, Sabinas, Tlaltenango, Comondú y Jaltipan, la agricultura y la ganadería tienen importancia económica semejante. En siete DDR, el primer producto es ganadero y sólo en uno el maíz ocupa el primer lugar. En la ganadería se observa la incorporación generalizada de técnicas de manejo usuales para este tipo de actividad, por ejemplo, la aplicación de vacunas y el baño garrapaticida. Sin embargo, también hay prácticas específicas de acuerdo con la región; en los dos distritos de Baja California Sur es muy bajo el uso de sales minerales, en los otros cuatro distritos del norte es frecuente la construcción de bordos para abrevadero y en los dos de Veracruz no hay esta infraestructura. Una constante general de todos, es el destino de la producción al mercado. La agricultura se da en condiciones de temporal, menos en Baja California Sur en donde hay riego. Los fertilizantes están muy difundidos en donde hay riego, en cambio en los distritos temporaleros del norte del país, es muy bajo su uso. Los pesticidas en todos los distritos se utilizan frecuentemente. Destaca que en Los Cabos, en donde hay riego generalizado, predomina el uso de semilla criolla. Las características demográficas y económicas de este grupo son muy homogéneas; la mayoría de la población habita en localidades mayores a 2 mil 500 habitantes, la proporción de población dedicada a actividades primarias es muy baja, el ingreso promedio es mayor a dos salarios mínimos y la marginalidad es media o baja, sólo Jaltipan no presenta estas características, éste es un distrito de marginalidad alta. Los ejidos certificados son 593, 4.5% de los núcleos atendidos por el Procede. Los ejidos presentan dos comportamientos. En un primer grupo, integrado por los distritos de Ébano, González, Las Choapas, Jaltipan y Tlaltenango, los ejidos son

89

menores a mil 500 hectáreas, predomina la superficie parcelada, excepto en Tlaltenango, y el número de sujetos por ejido no es mayor de 80, es decir, los ejidos son pequeños en tamaño y número de sujetos agrarios. En un segundo grupo, integrado por Los Cabos, Sabinas y Comondú, los ejidos son mayores de mil 500 hectáreas, la superficie es fundamentalmente de uso común y tienen, salvo Sabinas, entre 80 y 150 sujetos agrarios. La edad promedio de los ejidatarios no es menor de 50 años, con excepción de Los Cabos y Sabinas. Sólo en Comondú, Choapas y Jaltipan las ejidatarias tienen menos de 50 años. El tamaño promedio de las parcelas en todos los distritos, salvo Los Cabos, es mayor de 10 hectáreas, y en González, Sabinas y Comondú es mayor de 20. En este conjunto de distritos no hay minifundio. La desigualdad en la distribución de la tierra parcelada es grande; en González, Los Cabos, Sabinas y Comondú el índice de Gini es superior a 0.4000 pero menor de 0.5000.

Cuadro 11 Características de los distritos productores de agropecuarios

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Tlaltenango Las Choapas Ébano Los Cabos Sabinas Gonázalez Comondú Jaltipan

Maíz

Maíz

Maíz

Maíz

Maíz

Maíz

Maíz

Bovino

Alta

Baja

Media

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Baja

Media

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy bajo

Bajo

Alto

>1,000-1,500

>500-1,000

>500-1,000

>2,500-5,000

>2,500-5,000

>1,000-1,500

>5,000

>500-1,000

02850

08777

09418

00630

03583

08683

00323

09211

Hasta 80

Hasta 80

Hasta 80

>112-150

Hasta 80

Hasta 80

>80-112

Hasta 80

Hasta 50

Hasta 50

Hasta 50

>50-73

>50-73

Hasta 50

>50-73

Hasta 50

Media

Muy baja

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja


90

• ANÁLISIS •

Pecuarios Son 11 distritos, 10 de ellos se localizan en el norte y uno, Tonalá, en Chiapas. La principal actividad económica de los ejidos certificados es la ganadería de bovinos y sólo en Anáhuac y Apodaca se complementa con la producción de caprinos. Es frecuente la aplicación de vacunas y baños garrapaticidas, lo que no ocurre en el caso del uso de alimentos balanceados, ya que la ganadería es extensiva —característica que implica la construcción de bordos para abrevaderos, que en estos distritos son muy frecuentes, salvo en Sahuaripa y Tonalá—. Además, es frecuente la permanencia del semental. La población, con excepción de Ures, Moctezuma y Mazatán, se concentra en localidades urbanas, sin embargo, un alta proporción de la PEA está ocupada en actividades primarias y percibe ingresos altos, ningún distrito es de marginalidad alta. En este grupo existen 231 ejidos certificados, 1.7% de los núcleos atendidos por el Procede, los ejidos son de grandes extensiones, salvo en Tonalá donde tienen una superficie promedio poco mayor de mil hectáreas. En ocho DDR predomina la tierra de uso común y en Anáhuac, Laredo y Tonalá la parcelada. Hay 21 mil 917 sujetos agrarios que cuentan con certificados, equivalentes a 1.4% de los atendidos por Procede. El total de ejidatarios, posesionarios y avecindados por ejido es menor a la media nacional, excepto en Tonalá, Ures y Moctezuma. La edad promedio de los ejidatarios en general no supera los 50 años y las ejidatarias son mayores, salvo en Buenaventura y Tonalá. La gran extensión de los ejidos y el número pequeño de sujetos agrarios explica que los ejidatarios tengan un promedio de tierra de uso común mayor de 20 hectáreas, salvo en Laredo y Tonalá. Sin embargo, existe alta desigualdad en la distribución de la tierra; en nueve distritos el índice de Gini es mayor a 0.4000, ésta es más significativa en Moctezuma, Buenaventura y Sahuaripa, en donde el índice supera los 0.6500 puntos.

91

Cuadro 12

Características de los distritos con producción pecuaria

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Anáhuac Apodaca Ures Buenaventura Moctezuma Sahuaripa Tonalá Mazatlán Agua Prieta Laredo Magdalena

Caprino

Caprino

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

Muy baja

Muy baja

Alta

Media

Media

Media

Media

Muy alta

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Bajo

Muy bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

>2,500-5,000

>1,500-2,500

>5,000

>5,000

>5,000

>2,500-5,000

>1,000-1,500

>5,000

>5,000

>1,500-2,500

>5,000

0.5806

0.4601

0.0629

0.0925

0.0897

0.2468

0.8686

0.0537

0.0257

0.8873

0.0623

Hasta 80

Hasta 80

>112-150

Hasta 80

>150

>Hasta 80

>112-150

>80-112

>80-112

Hasta 80

>80-112

>50-73

Hasta 50

>73-100

>50-73

>100

Hasta 50

>50-73

>50-73

>50-73

Hasta 50

>50-73

Baja

Muy baja

Alta

Alta

Baja

Muy baja

Muy Baja

Media

Media

Baja

Media

Forestales A este grupo pertenecen los distritos de Frontera, San Juanito, Santiago Papas-quiaro, Balleza y El Salto. La silvicultura es la principal actividad y se combina, en el caso del primer distrito, con la ganadería y en los otros cuatro con el cultivo de maíz. Para la explotación forestal, la tecnología es media, salvo en Frontera donde es muy baja. La reforestación es baja, sólo en la tercera parte de los ejidos de estos distritos se lleva a cabo. La proporción de núcleos que controla las plagas forestales, no rebasa 30% y en Frontera es nulo; en más de 70% de los ejidos se practica la selección de árboles para el corte. La agricultura es temporalera, la semilla criolla y los fertilizantes están difundidos, mientras no lo están los pesticidas. Toda la producción agrícola es para el autoconsumo. En la ganadería se aplican técnicas de manejo (vacunación, baño garrapaticida, sales minerales) y, en contraste con la agricultura, la producción pecuaria es para la venta.


92

• ANÁLISIS •

El índice de ruralidad es muy alto, con excepción de Frontera, que presenta características diferentes; en los otros cuatro distritos la mayoría de la población habita en localidades rurales, la PEA se ocupa principalmente en actividades primarias, el ingreso es bajo y tienen marginalidad media o alta. Los ejidos certificados son 244, lo que representa 1.8% de los núcleos certificados por el Procede, su tamaño es mayor a 5 mil hectáreas; se componen fundamentalmente de superficie de uso común, el número de sujetos por ejido es menor a la media nacional, con excepción de Balleza. Los sujetos agrarios que cuentan con certificados son 22 mil 520, 1.5% de los atendidos por el Procede. Los ejidatarios en promedio son menores de 50 años y las ejidatarias superan esta edad en Santiago Papasquiaro y El Salto. Los ejidos son grandes y con pocos sujetos, pero la superficie es mayoritariamente de uso común, por lo tanto, la tierra parcelada no es grande, por ejemplo, los ejidatarios de Santiago Papasquiaro y Balleza cuentan con parcelas promedio con una superficie entre cinco y 10 ha. Estas características son acordes con la baja desigualdad en la distribución de la tierra parcelada, con excepción de Frontera en donde es muy alta; el índice de Gini es de 0.7230, uno de los más altos a nivel nacional.

Cuadro 13 Características de los distritos con producción forestal

Distrito

Segundo producto

Ruralidad





el ejido tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Frontera San Juanico Santiago Papasquiaro El Salto Balleza

Caprino

Forrajes

Forrajes

No hay

No hay

Muy baja

Muy alta

Muy alta

Alta

Muy alta

Muy alto

Alto

Medio

Medio

Alto

>5,000

>5,000

>5,000

>5,000

>5,000

01504

Sin inf.

00376

Sin inf.

00010

Hasta 80

>80-112

>80-112

>80-112

>150

Hasta 50

>100

>73-100

>73-100

>100

Muy baja

Muy baja

Baja

Muy baja

Muy baja

93

Pesquero En un solo distrito, Mulegé, se reportó como principal actividad económica en los ejidos certificados la pesca. La ganadería bovino-caprino es la segunda y la agricultura maíz-forrajera la tercera. En la ganadería es frecuente la aplicación de vacunas, aunque no se usa el baño garrapaticida, sales minerales ni los alimentos balanceados. La agricultura es de riego, el uso de fertilizantes, pesticidas y tractor es frecuente y se siembra con semilla mejorada. En ambos casos, la producción es para la venta. Mulegé es semiurbano, la mayoría de la PEA se ocupa en actividades no primarias, el ingreso es alto y la marginalidad baja. Se han certificado 20 núcleos de población con mil 462 sujetos agrarios, el ejido tipo tiene una extensión mayor a las 5 mil hectáreas, en su mayoría de uso común, con menos de 80 ejidatarios, posesionarios y avecindados. Los ejidatarios son menores de 45 años y las ejidatarias menores de 50 años. El tamaño promedio de sus parcelas es mayor a 25 hectáreas, no existe el minifundio y la desigualdad en la distribución de la tierra es alta.

Cuadro 14 Características de Mulegé distrito pesquero

Distrito

Segundo producto

Ruralidad

Índice de

Marginalidad

Tamaño

del Ejido tipo

%


Número


tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Mulegé

Caprino

Baja

Bajo

>5,000

0.0390

Hasta 80

Hasta 50

Alta


94

• ANÁLISIS •

Con actividad fuera del núcleo de población agrario Sólo el distrito de Río Conchos reporta que su principal actividad económica se desarrolla fuera del núcleo, muy probablemente en actividades primarias. Tiene como actividad complementaria la ganadería de bovinos, con empleo de técnicas tales como la aplicación de vacunas, bordos para abrevadero, permanencia del del semental y sales minerales, sin embargo, es baja la utilización de alimentobalanceado y el baño garrapaticida. Toda la producción se destina a la venta.

Este distrito es semiurbano, la PEA ocupada en actividades primarias es alta con ingreso medio y baja marginalidad. Se han regularizado 28 ejidos y mil 659 sujetos agrarios cuentan con certificados del Procede; el núcleo tipo tiene una superficie promedio mayor de 5 mil hectáreas, casi en su totalidad es de uso común; cuenta con menos de 80 ejidatarios, posesionarios y avecindados. Los ejidatarios en promedio tienen 45.3 años y las ejidatarias 48.8 años. El tamaño de sus parcelas está entre cinco y 10 hectáreas, no existe minifundio y la desigualdad en la distribución de la tierra es muy baja.

Cuadro 15 Características de Río Conchos, distrito con actividad fuera de núcleo

Distrito

Segundo producto

Ruralidad

Índice de

Marginalidad

Tamaño

del Ejido tipo

%


Número


tipo

Ejidatarios

Tecnificación

Río Conchos

No hay

Baja

Bajo

>5,000

0.0341

Hasta 80

Hasta 50

Baja

95

Conclusiones • El sector ejidal certificado es predominantemente agrícola y especialmente maicero. Este cultivo se siembra prácticamente en todo el país, aunque con diferencias en cuanto a su importancia; en 158 DDR es el principal producto y en 18 el segundo. El maíz se cultiva tanto en tierras de temporal como de riego y con gran diversidad tecnológica. • La principal actividad pecuaria es la explotación de ganado bovino; se encuentra en 90% de los distritos y en ocho es la principal fuente de ingreso de los ejidatarios. Las otras actividades ganaderas: caprina, apícola, avícola y porcícola tienen menor importancia y están geográficamente más delimitadas. • En 82.7% de los DDR la superficie de labor es principalmente de temporal, lo que indica que en el país la mayor parte de la tierra ejidal depende de la precipitación pluvial. Sólo en 24 distritos, que se concentran en estados del norte, la superficie de labor es predominantemente de riego. • En poco más de la mitad (104) de los DDR, distribuidos en todo el país, más de 55% de los ejidos utilizan semilla criolla, lo que es comprensible ya que en la mayoría de los ejidos se produce maíz. En contraste, el uso de semillas mejoradas se restringe a 33.9% de los distritos, que pertenecen principalmente a estados del norte y centro del país. Por otra parte, independientemente del paquete tecnológico empleado y de la disponibilidad de agua, la gran mayoría de los ejidos venden toda o, cuando menos, gran parte de su producción. • En los distritos donde se cultiva únicamente maíz, el ejido tipo es pequeño con una gran concentración de sujetos agrarios; la mayor parte tiene altos índices de ruralidad, la superficie es principalmente parcelada y están distribuidos en el centro y sur del país. • Los distritos productores de frijol, se localizan fundamentalmente en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, donde se cultiva en el ciclo primavera-verano y bajo condiciones de temporal, y en Nayarit y Sinaloa, en otoño-invierno, en tierras de buen temporal o de riego. En el ejido tipo viven entre 80 y 150 sujetos agrarios, es decir, un promedio alrededor de la media nacional. Tiene más de mil 500 hectáreas y predominan las tierras de uso común.


96

• ANÁLISIS •

• La producción de arroz es fundamentalmente de temporal y su destino es el mercado; se encuentra asociada al maíz, que es el principal cultivo. El ejido tipo es pequeño, con menos de mil hectáreas y un número de sujetos menor a la media, por lo que no es fuerte la presión sobre la tierra parcelada. Existe baja desigualdad en la distribución de ésta. Los siete distritos productores de arroz se encuentran dispersos en el país. • Los DDR con ejidos productores de trigo se encuentran en zonas tradi-cionalmente reconocidas como trigueras del norte y centro del país; con tierras de riego; presentan uso generalizado de insumos y tractor; la producción se destina a la venta; la ruralidad es media o baja; los ingresos son altos, y hay diferencias sustanciales entre los distritos respecto al tamaño del ejido y a la cantidad de sujetos. • Los ejidos que producen sorgo se encuentran en regiones muy delimitadas (Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa). Está asociado al maíz, la producción es para la venta, la marginalidad es media, la tierra es fundamental-mente parcelada, el ejido tiene superficies muy variables, entre 500 y 5 mil hectáreas, pero en general tienen menos de 150 sujetos. • En los distritos donde los ejidos producen forrajes, se encuentra difundido el uso de insumos, se produce para la venta; se consideran de baja ruralidad y marginalidad; el ejido tipo es menor a mil 500 hectáreas, sobre todo parceladas; el ejidatario posee en promedio menos de 10 hectáreas; hay presencia de minifundio y presión sobre la tierra. • Los distritos con ejidos productores de hortalizas se encuentran en 14 entidades, en la mayoría están asociadas al maíz como primer cultivo; los fertilizantes y pesticidas están ampliamente difundidos para las hortalizas, no así para la gramínea; es común la semilla mejorada; la producción es para el mercado nacional. El tamaño de los ejidos varía de acuerdo con su ubicación geográfica y el destino de las tierras, por lo general los del norte son ejidos grandes, mayores a 5 mil hectáreas y predomina la superficie de uso común; los del centro y sur tienen menos de mil y son parcelados. • Los distritos en los que se combina el maíz con cultivos agroindustriales, como café, se ubican en Veracruz, Chiapas y Puebla; caña de azúcar en los estados del centro y sur, y algodón en el norte. En general presentan una mayor diversidad de cultivos; es frecuente el uso de fertilizantes y pesticidas así como el empleo de semilla mejorada; la producción es para la venta. El ejido es menor de mil 500 hectáreas, mayoritariamente de superficie parcelada, con predios menores a 15

97

hectáreas y con menos de 112 sujetos por ejido. La concentración es alta y se presenta minifundio, casi siempre, en el centro del país. • Frutales. Los distritos productores se encuentran dispersos en el país. Se producen principalmente en tierras de temporal asociados con el maíz; la producción es para la venta; la superficie es generalmente parcelada. En la mitad de los distritos la extensión del ejido es menor de mil hectáreas y en una proporción similar es mayor de mil 500 hectáreas. El número de sujetos es menor a la media nacional, es decir, es baja la proporción de sujetos por superficie. • Agropecuarios. Son aquellos distritos en los que para los ejidatarios tiene una importancia similar la producción agrícola y la ganadera. Se localizan en el norte del país y en Veracruz. Una constante general de todos es destinar la producción al mercado. Las características demográficas y económicas de este grupo son muy similares, la mayoría de la población habita en localidades mayores a 2 mil 500 habitantes; la proporción de población dedicada a actividades primarias es muy baja; el ingreso promedio es mayor a dos salarios mínimos y la marginalidad es media o baja. El tamaño promedio de las parcelas en casi todos los distritos es mayor de 10 hectáreas, e incluso en tres de ellos supera las 20. • Existen 11 distritos pecuarios, 10 de ellos se localizan en el norte. Se dedican a la producción fundamentalmente bovina. La población en general se concentra en localidades urbanas, sin embargo, un alta proporción de la PEA está ocupada en actividades primarias; cuentan con ingresos económicos altos; ningún distrito es de marginalidad alta. La gran extensión de los ejidos y el número pequeño de sujetos agrarios implica que los ejidatarios tengan un promedio de tierra de uso común mayor de 20 hectáreas; no existe el minifundio. Sin embargo, hay un alta desigualdad en la distribución de la tierra parcelada, en nueve de los distritos el índice de Gini es mayor a 0.4000. • Forestales. Es la principal actividad de los ejidatarios en cinco DDR del norte del país y está asociada a la producción de maíz dedicado al autoconsumo. Los ejidos son grandes, mayores de 5 mil hectáreas y son pocos los sujetos, la superficie es mayoritariamente de uso común, por lo tanto la tierra parcelada no es grande, las parcelas promedio tienen entre cinco y 10 hectáreas. Estas características se reflejan en la baja desigualdad de la distribución de la tierra parcelada, con excepción de Frontera en donde es muy alta. En general la ruralidad es alta y también la marginalidad.


98

• ANÁLISIS •

Comunidad como forma de tenencia de la tierra

En este trabajo la autora alerta sobre la necesidad de distinguir los conceptos de comunidad indígena,

comunidad agraria y comunidad como forma de tenencia de la tierra, y presenta una serie de datos

(antes no disponibles) que dan cuenta de algunas de las características de la comunidad como forma

de tenencia de la tierra. Ludka de Gortari*

l objetivo de este trabajo es presentar algunas consideraciones histó-ricas, jurídicas y sociales sobre las comunidades como forma de tenencia de la tierra, que se han nutrido de las discusiones de un grupo

de trabajo del Registro Agrario Nacional (RAN)1 que ha analizado las caracte-rísticas de las comunidades con el propósito de colaborar en el desarrollo del procedimiento para el programa de regularización.

E

* Asesora de la Directora en Jefe del Registro Agraria Nacional. 1 El grupo se formó por el interés sobre las comunidades de la Lic. María Antonieta Gallart, Directora en Jefe del RAN, quien orientó el

trabajo. El grupo ha estado constituido en diferentes momentos por Alejandro Ibarra, Arturo Nicolás Rodríguez, Arturo Sánchez Zavala, Blanca Zaragoza, Carmen Landa, Darío González, Elsa Monroy, Hortencia Barrios, Hugo Luna, José Luis Bonilla, Juan Manuel Setién, Manuel Lapiedra, Marco Antonio del Castillo, Mónica Oliva, Oscar Fernández Píccolo, Rafael Minor y Sergio Ortiz. No siempre estuvimos de acuerdo en todo. Los errores u omisiones en el texto que a continuación se presenta son responsabilidad mía.

99

La guía fundamental en el trabajo fue dar cumplimiento al compromiso de otorgar seguridad sobre la tenencia de la tierra de las comunidades, al mismo tiempo que el procedimiento resultara acorde a los usos y costumbres, en particular a los de los pueblos indígenas. Otro propósito de esta nota es compartir datos de comunidades (antes no disponibles) y llamar la atención sobre la necesidad de que los investigadores en ciencias sociales aborden con mayor atención y cuidado este tema, pues debido a que las comunidades representan menos de 10% del total de los núcleos agrarios que conforman la propiedad social en México, en muchos estudios se tiende a generalizar conclusiones no diferenciando entre ejidatarios y comuneros; por la misma razón, en la literatura disponible, los estudios sobre ejidos sobrepasan con mucho a los referidos específicamente a las comunidades. Comunidades El tema cobra relevancia en relación con los pueblos indígenas, en la medida en que fue la forma en la que originalmente se pensó para reconocerles sus derechos sobre las tierras que venían disfrutando desde tiempo inmemorial, como se puede apreciar en la "Exposición de Motivos del Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos" de 1920, en la que se decía que: Como adición de un grupo importante de preceptos en relación con los contenidos en el Código de 1934, figuran en el proyecto los relativos a la titulación y a la resolución de los conflictos de bienes comunales, en los términos de la fracción VIII del Artículo 27 de la Constitución, la cual no obstante figurar en ella desde 1917, no había recibido la correspondiente reglamentación que hiciera posible su aplicación correcta. La necesidad social es de tal manera clara, que las autoridades agrarias, de mucho tiempo atrás, se han visto obligadas a actuar en la materia a requerimiento de los pueblos o de las tribus indígenas interesados, empleando sin razón legal el procedimiento señalado para las restituciones y disposiciones de carácter económico. Para regularizar esta situación en el futuro y lograr que los núcleos de población que posean bienes comunales (casi todos integrados por indígenas de raza pura) no tengan dificultades en lo relativo a los bienes que desde tiempo inmemorial vienen disfrutando (...) se formularon los capítulos de fondo y de procedimiento (...).2

2 Fabila, Manuel, Cinco Siglos de Legislación Agraria, México, CEHAM, 1981, p. 688


100

• ANÁLISIS •

La referencia anterior es elocuente a pesar de que hoy en día mil 275 comunidades se encuentran en municipios que tienen menos de 30% de población indígena.3

Por otra parte, también es pertinente analizar el tema de las comunidades en relación con los pueblos indígenas, debido a que las características que les otorga la Ley Agraria (1992) a esta forma de tenencia, parece ser la más cercana a los usos y costumbres de estos grupos. Por diversas razones, en los últimos años (¡por fortuna!) el tema de las comu-nidades indígenas ha dejado de ser exclusivo de los antropólogos, entre quienes -para no confundir conceptos básicos como localidad y comunidad- ya había ciertos acuerdos. En la actualidad se manejan tres conceptos con poco rigor: comunidad agraria, comunidad indígena y comunidad como forma de tenencia de la tierra. Existe proclividad por considerar que en las zonas indígenas la forma de tenencia de la tierra es siempre comunal; por otro lado, para distinguir a los núcleos de población agrarios que no tienen población indígena, pero sí forma de tenencia comunal, se les identifica como "comunidades agrarias". Sin embargo, cabe aclarar que en relación con la tenencia de la tierra tanto el Artículo 27 de la Constitución como la Ley Agraria sólo mencionan el término comunidad, sin el calificativo de indígena ni de agraria, y sí mencionan "las tierras de los pueblos indígenas", pero éstas como forma de propiedad social que pueden ser tanto ejidos como comunidades. La información disponible nos dice que existen más de cinco mil ejidos en municipios con 30% o más de población indígena, cuestión que induce a pensar que muchas comunidades indígenas pueden tener como forma de tenencia la ejidal. Es decir, no todas las comunidades tienen población indígena ni todos los pueblos indígenas de México tienen como forma de tenencia la de comunidad (ver cuadro 1).

3 INEGI, VII Censo Ejidal 1991 y XI Censo General de Población y Vivienda 1990.

101

Cuadro 1 Núcleos de población agrarios, ejidatarios, comuneros y superficies

Municipios indígenistas

Concepto Nacional Total % MPI MCI

Ejidos 27,399 4,998 18.24 2,041 2,957

10% 20.84 59.16

Ejidatarios (miles) 2'718.58 594.34 21.86 250.22 344.12

100% 42.10 57.90

Superficie ejidal (ha) 85'148,116 12,667,333 14.88 4'022,772 8'644,561

100% 31.76 68.24

Superficie promedio (ha) 31.32 21.313 16.077 25.12

Comunidades 2,572 1,297 10.43 205 892

100% 31.23 68.77

Comuneros (miles) 803.89 480.45 59.77 132.11 348.34

100% 27.10 72.10

Superficie comunal (ha) 18'138,543 9'235,256 10.92 2'686,495 6'548,761

100% 29.09 70.91

Superficie promedio (ha) 22.563 19.22 10.335 18.8

Total ejidos y comunidades 29,971 6,295 21.00 2,446 3,849

Total superficie ejidal y comunal (ha) 103'286,659 21'902,589 21.21 6'709,267 10'193,322

100% 30.63 69.37

Total ejidatarios y comuneros (miles) 3,522.47 1,074.79 30.51 382.33 692.46

100% 35.57 64.43 Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991.

El 34.3% de las comunidades como forma de tenencia se encuentran en municipios que tienen 70% o más de población indígena, y 10.8% de las comunidades se localizan en municipios que tienen entre 30 y 70% de población indígena. En las estadísticas no se puede identificar con precisión el número de comunidades cuyos miembros se consideran indígenas, hablen o no una lengua vernácula. Sin embargo, consideramos que esta aproximación es un avance respecto a la generalidad que se manejaba hasta hace algunos años, cuando no se contaba con la propuesta metodológica del Instituto Nacional Indigenista (INI) la


102

• ANÁLISIS •

cual toma como punto de partida el número de hablantes de lenguas indígenas reportado en el Censo General de Población de 1990 y le agrega criterios de organización y costumbres para estimar la población indígena por municipio, lo que nos permite hablar de municipios con concentración indígena (MCI), los que tienen 70% y más de población indígena y de los municipios con presencia indígena (MPI), los que tienen más de 30 pero menos de 70% de población indí-gena. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos identificar con precisión los grupos indígenas que viven en cada uno de los núcleos de población agrarios. En cuanto a la comunidad agraria, en 1985 el doctor Arturo Warman publicó un artículo titulado "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", en el que después de revisar el uso del concepto por las principales corrientes de los estudios sociales, apunta que para el caso de México la confusión en cuanto al significado del término se incrementa por la existencia de una forma de tenencia de la tierra a la que la ley denomina comunidad. Así, aunque reconoce que los diversos significados a los que puede aludir el término lo hacen impreciso, es conveniente recuperar el concepto de "comunidad agraria" porque para las organizaciones campesinas tiene una connotación precisa y les es de utilidad en su proyecto histórico. Es por esto que recupera la siguiente definición:

(...) para los campesinos, la comunidad agraria es una organización de gente en la misma posición social y que comparte el derecho a un mismo espacio territorial. Dicho en otras palabras: es una organización de una clase específica, el campesinado, por medio de la cual se realizan negociaciones colectivas con otras fuerzas de la sociedad con el fin de obtener las condiciones para la subsistencia y reproducción de una colectividad y de cada una de las unidades que la forman.4

4 Warman, Arturo, "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", en Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, julio-septiembre

1985, México, p. 11.

103

Sin embargo, el término "comunidad agraria" se emplea como sinónimo de comunidad como forma de tenencia de la tierra, tanto en el lenguaje oral de los trabajadores del sector agrario como en forma escrita en algunos documentos. Es conveniente aclarar esta confusión porque no siempre en las comunidades como forma de tenencia, existe una organización capaz de realizar negociaciones colectivas, además porque excluye la posibilidad de utilizar la riqueza de concepto de "comunidad agraria" para denotar formas de organización que existen en ejidos y de las que pueden participar también campesinos que tienen tierra como propiedad privada. La imprecisión es más grave cuando se confunde comunidad con comunidad indígena. Es cierto que muchas de las comunidades como forma de tenencia, se encuentran en municipios con alto porcentaje de población indígena, pero no todas. Por otra parte, es necesario reiterar que también hay ejidos en esos municipios con población indígena; es decir, que existen comunidades indígenas que tienen como forma de tenencia la ejidal. En este trabajo nos referimos a la comunidad como forma de tenencia de la tierra, es decir, a aquellos núcleos de población agrarios cuyas tierras están formalmente reconocidas en una resolución presidencial de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales (RTBC y CTBC), así como por lo mencionado en el artículo 98 de la Ley Agraria (1992), que a la letra dice: El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos: I. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su

propiedad; II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado

comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;

III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte i resada respecto a la solicitud del núcleo, o

nte

IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. En cuanto a las fechas de publicación de las resoluciones presidenciales sobre terrenos comunales, de acuerdo con la información de Ruth Macías y José Luis Zaragoza, que abarca hasta 1979, de las mil 526 acciones referidas, 48.9% tenían más de 30 años, lo cual, aunado a los diferentes usos en cuanto al reconocimiento de comuneros, nos ofrece una explicación sobre el incremento de beneficiados que en la actualidad se puede encontrar. También en relación con las fechas, llama la


104

• ANÁLISIS • atención que, si bien en el periodo presidencial en que más acciones se firmaron y publicaron fue en el de Díaz Ordaz (3 mil 912 acciones agrarias), en relación con terrenos comunales, hubo una mayor cantidad en el sexenio de Luis Echeverría, aun cuando el número de beneficiados y la superficie fueron menores que en el periodo anterior.5

Cuadro 2 Resoluciones presidenciales firmadas y publicadas sobre terrenos comunales

Periodo presidencial Nº acciones Superficie (ha) Beneficiados

1910-1925 10 82,922 3,633

1921-1924 42 258,101 3,126

1925-1928 49 320,474 3,969

1929-1930 3 2,307 66

1931-1932 1 310,489 1,160

1933-1934 4 8,960 131

1935-1920 10 38,865 1,679

1941-1946 167 663,476 10,834

1947-1952 107 1'229,050 17,571

1953-1958 254 2'257,873 30,593

1959-1964 88 1'107,866 28,878

1965-1970 352 4'861,103 107,748

1971-1976 359 3'382,824 89,732

1977-1979 70 258,717 11,880

Total 1,526 14'758,077 311,000 Fuente: Zaragoza, José Luis y Ruth Macías, El desarrollo agrario de México y su marco jurídico, Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, México, 1980, p. 453.

5 Zaragoza, José Luis y Ruth Macías, El desarrollo agrario de México y su marco jurídico, Centro Nacional de Investigaciones

Agrarias, México, 1980, p. 453.

105

Las bases de datos Es recurrente la mención sobre la falta de coincidencia de los datos según la fuente; para el caso de los Censos Agropecuarios del Instituto Nacional de Esta-dística, Geografía e Informática (INEGI) se explica por la forma del levanta-miento, que en ese caso son datos que aportan de buena voluntad los encuestados, sin ser comprobados con documentos. Según esta fuente, en 1991 el total de núcleos de población agrarios era de 29 mil 983, de los cuales 2 mil 571 eran comunidades y contaban con 803 mil 851 comuneros. Por su parte, otra de las fuentes estudiadas, el Historial Agrario del Registro Agrario Nacional (HA-RAN), reporta en agosto de 1996 la existencia de 2 mil 168 comunidades. Esta variación se debe a que esta fuente solo considera a las comunidades de derecho que no tienen rezago agrario ni actividades jurídicas ni administrativas pendientes. La variación en las cifras no sólo ocurre en el caso de las comunidades. Por ello, las dos instituciones mencionadas, en colaboración con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, están realizando un trabajo conjunto para obtener un Sistema Interinstitucional de Catálogos Agrarios en el que se resuelvan las diferencias. Mientras tanto, utilizaremos ambas fuentes ya que ofrecen distintas ventajas por los datos asociados, su disponibilidad informática o por su precisión en cuanto a referencias documentales. La comparación de los datos de las diferentes fuentes también resulta interesante; por ejemplo, en cuanto al número de comuneros, el HA-RAN reporta las cifras que aparecen en las resoluciones presidenciales. El total nacional es de 485 mil 325 comuneros, 10.4% de la cifra que maneja el INEGI. Esta diferencia se explica, además de lo antes dicho en relación con los datos de INEGI, porque existen resoluciones presidenciales que no mencionan el número de beneficiados y por el incremento en el número de comuneros ocurrido desde la publicación de la resolución presidencial hasta 1991. Esta diferencia también apunta hacia la necesidad de regularizar los padrones de comuneros. Comunidades y entidades federativas La mayor cantidad de comunidades se encuentra en el estado de Oaxaca, con 684 que representa 48.2% de los núcleos de población agrarios en esa entidad y 31.5% del total nacional. Le sigue en importancia Guerrero con 169 comunidades aunque, en términos relativos, sería Durango ya que ahí representan 10.7% de los núcleos de población agrarios de la entidad. Solamente en tres entidades federativas no hay comunidades: Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo.


106

• ANÁLISIS •

Cuadro 3 Total de núcleos agrarios por entidad federativa,

Porcentaje de comunidades y presencia en municipios

Entidad federativaNúcleos agrarios

(1)

Comunidades de derecho (1)

% Comunidades

% Nº municipios

con Comunidades (2)

Nº municipios 100% comunidades (2)

Aguascalientes 181 2 1.10 1

Baja California 225 3 1.33 3

Coahuila 567 3 0.53 2

Colima 101 2 1.32 1

Comarca Lagunera 641 3 0.47

Chiapas 1,846 74 4.01 35 3

Chihuahua 965 71 7.36 27 1

Distrito Federal 89 5 5.62 8

Durango 731 110 10.73 18

Guanajuato 1,380 3 0.22 6

Guerrero 1,211 169 13.96 51 6

Hidalgo 1,145 135 11.79 35 2

Jalisco 1,202 46 3.28 34 2

México 1,227 162 13.10 63 3

Michoacán 1,816 113 6.22 49 3

Morelos 226 23 10.18 16 1

Nayarit 386 35 9.07 14

Nuevo León 608 16 2.63 11 1

Oaxaca 1,418 684 48.24 439 321

Puebla 1,104 110 9.53 75 9

Querétaro 369 10 4.07 3

San Luis Potosí 1,258 108 12.56 21

Sinaloa 1,228 81 6.10 12

Sonora 925 52 5.65 38

Tabasco 707 2 0.28 2

Tamaulipas 1,344 3 0.22 2

Tlaxcala 237 1 0.42 1 1

Veracruz 3,203 69 2.03 26 2

Yucatán 714 1 0.14 2

Zacatecas 756 12 1.59 9

Total nacional 29,048 2,168 7.46 1,004 355 (1) RAN, Historial Agrario, agosto de 1996. (2) CINA, Catálogo Interinstitucional de Núcleos Agrarios.

107

Comunidades y municipios De acuerdo con la versión preliminar del Catálogo Interinstitucional de Núcleos Agrarios (CINA),6 que considera 2 mil 397 comunidades, éstas se localizan en mil 4 municipios, de los cuales 439 son oaxaqueños. Cabe destacar que 355 municipios tienen exclusivamente comunidades como forma de propiedad social, no hay ejidos. De éstos, la gran mayoría se encuentra también en Oaxaca; hay nueve municipios con esta característica en Puebla.

Cuadro 4

Municipios que tienen comunidades y no ejidos, por entidad federativa

Núm. de comunidades por municipio

Entidad Mpios. número 1 2 3 4 5 a 10 11

Chiapas 3 3

Chihuahua 1 1

Guerrero 6 2 1 1 1 1

Hidalgo 2 1 1

Jalisco 2 1 1

México 3 3

Michoacán 3 1 1 1

Morelos 1 1

Nuevo León 1 1

Oaxaca 321 229 49 22 9 10 2

Puebla 9 6 3

Tlaxcala 1 1

Veracruz 2 1 1

Totales 355 249 57 23 11 13 2

6 El Catálogo Interinstitucional de Núcleos Agrarios (CINA) es un trabajo desarrollado por el INEGI, la SRA, la Procuraduría Agraria

y el RAN. Está en proceso de transformación para formar parte del Sistema Interinstitucional de Catálogos Agrarios.


108

• ANÁLISIS • En cuanto al número de comunidades por municipio tenemos que en 555 muni-cipios existe una sola comunidad. En contraste, encontramos que en Tlanchinol, Hidalgo y Tamazula, Durango tienen 30 y 31 comunidades respectivamente.

Cuadro 5 Número de comunidades por municipio a nivel nacional

Intervalos Número %

1 555 55.28

2 190 18.92

3 94 9.36

4 59 5.88

5 29 2.89

6 a 9 48 4.78

10 a 14 18 1.79

10 a 19 5 0.10

10 a 30 4 0.20

30 a 31 2 0.10

Total

1,004

10.00

Extensión de las comunidades La superficie que abarcan las comunidades a nivel nacional es de 16 millones 608 mil 346 hectáreas, es decir, cerca de una quinta parte de la superficie ejidal. En los estados la cantidad total de superficie comunal varía desde 88 hectáreas en Tlaxcala hasta 5 millones 399 mil 883 hectáreas en Oaxaca donde es dos veces y media mayor que la superficie ejidal, lo cual es un caso atípico ya que la mayoría de los estados, tiene una superficie comunal menor: nueve estados tienen entre 10 y 500 mil hectáreas, otros seis tienen entre 10 y 10 mil hectáreas de superficie comunal.

109

Cuadro 6

Entidades federativas por superficie comunal total

Entidad Total superficie comunal (ha) (1)

Oaxaca 5'399,883

Durango 2'474,247

Guerrero 1'621,911

Sonora 1'217,030

Nayarit 868,277

Chiapas 825,147

Jalisco 775,465

Michoacán 600,382

Chihuahua 567,837

Sinaloa 418,879

Puebla 292,665

México 289,255

Baja California 221,619

Tamaulipas 167,097

Nuevo León 104,623

San Luis Potosí 126,742

Hidalgo 126,703

Veracruz 125,862

Zacatecas 90,461

Morelos 63,375

Querétaro 10,751

Tabasco 10,522

Distrito Federal 22,684

Coahuila 17,099

Aguascalientes 9,529

Colima 6,093

Guanajuato 2,107

Yucatán 1,963

Tlaxcala 88

Total nacional

16'608,346

(1) RAN, Historial Agrario, agosto de 1996.


110

• ANÁLISIS •

Cuadro 7 Entidades federativas por intervalos de superficie

comunal total de superficie comunal total

Intervalo hectáreas Entidades

>5,000,000 1

>2,000,000 < 3,000,000 1

>1,000,000 < 2,000,000 2

>500,000 < 1,000,000 5

>10,000 < 500,000 9

>10,000 < 10,000 6

>1,000 < 10,000 4

<100 1

Total 29

En cuanto a la superficie total que posee cada comunidad, los datos indican que la mayoría se ubica entre los intervalos de 500 y 10 mil hectáreas. Las diferencias son enormes, pudimos detectar casos extremos como la comunidad de Yunuén en Michoacán que tiene cinco hectáreas y la de "Zona Lacandona" con 614 mil hectáreas. Comuneros Como se mencionó, en relación con el número de comuneros por estado, existe diferencia significativa entre los datos de INEGI, del Censo Ejidal de 1991, y los del HA-RAN, que están tomados de las resoluciones presidenciales. A conti-nuación nos referiremos a estos últimos debido a que nos permiten manejar los totales por estado y lo específico por núcleo asociado a su superficie. Una vez más, es Oaxaca el estado que tiene más comuneros, con cerca de 190 mil, siendo el único donde el número de comuneros es mayor que el de ejidatarios. La mayoría de los estados (23) tiene menos de 10 mil comuneros cada uno; en el extremo está Tlaxcala con 180 comuneros.

111

Cuadro 8 Entidades federativas por número total de comuneros

Entidad Comuneros (1)

Oaxaca 189,130

México 39,882

Chiapas 35,233

Sonora 30,839

Guerrero 24,541

Durango 22,665

Puebla 18,602

Michoacán 17,129

Hidalgo 17,029

Veracruz 16,686

Nayarit 12,373

San Luis Potosí 12,321

Sinaloa 10,599

Jalisco 9,610

Morelos 6,338

Distrito Federal 5,514

Chihuahua 4,885

Zacatecas 3,105

Nuevo León 2,928

Querétaro 1,959

Tamaulipas 1,539

Tabasco 645

Coahuila 377

Guanajuato 365

Colima 291

Yucatán 188

Aguascalientes 176

Baja California 161

Tlaxcala 160

Total nacional 485,325 (1) RAN, Historial Agrario, agosto de 1996.


112

• ANÁLISIS •

Cuadro 9 Entidades federativas por intervalos de número total de comuneros

Intervalo Entidades

>1,000,000 1

>30,000 < 20,000 3

>10,000 < 30,000 2

>10,000 < 10,000 7

>1,000 < 10,000 8

>100 < 1,000 8

Total 29

A nivel de núcleo de población agrario, el promedio aritmético de comuneros por comunidad es de 224, en los extremos tenemos a la comunidad El Mancornadero en San Luis Potosí, con tres comuneros, que contrasta con la de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, que tiene cerca de cinco mil beneficiados. Si analizamos la información por intervalos, encontramos que más de la tercera parte de las comunidades (en cuyas resoluciones presidenciales aparece el número de beneficiados) tiene menos de 10 comuneros, mientras que solo 10% de las mencionadas comunidades cuenta con más de 500 beneficiados. Usos de las tierras comunales Todavía no contamos con los datos acerca del número de comunidades que tienen toda su tierra parcelada ni cuántas en su totalidad sólo tienen tierra de uso común. El INEGI y el Colegio de Postgraduados nos proporcionan información en cuanto a la superficie comunal total por entidad federativa. A nivel nacional, la superficie parcelada de las tierras comunales representa 27.1%, las tierras de uso común 65.3% y las de aprovechamiento colectivo 7.6%. Por entidad federativa, solo Baja California no presenta superficie parcelada; en 10 estados, menos de 10% de la superficie comunal está parcelada y sólo en dos entidades es mayor a 80%.

113

Cuadro 10 Porcentaje de superficie parcelada en comunidades por entidad federativa

Entidad %

Yucatán 98.10 Veracruz 92.10 Tabasco 66.10 San Luis Potosí 61.80 Jalisco 53.90 Tlaxcala 10.00 México 45.10 Sinaloa 42.10 Michoacán 41.10 Hidalgo 39.70 Guanajuato 34.30 Guerrero 33.00 Sonora 29.10 Oaxaca 28.80 Morelos 26.10 Chiapas 24.10 Puebla 23.10 Tamaulipas 21.20 Nuevo León 10.90 Distrito Federal 10.10 Aguascalientes 14.20 Zacatecas 11.90 Durango 10.90 Nayarit 10.90 Chihuahua 07.10 Querétaro 07.10 Coahuila 05.80 Colima 04.00 Baja California 00.00 Total nacional 27.10

Fuente: Las Comunidades Agrarias, VII Censo Agropecuario 1991, INEGI y Colegio de Postgraduados, 1994.

Cuadro 10.a Número de estados por intervalos de porcentaje de superficie parcelada

Intervalo Entidades

0 < 10 1 10 < 20 9 20 < 10 5 10 < 80 2 80 < 98.6 2

Fuente: Las Comunidades Agrarias, VII Censo Agropecuario 1991, INEGI.

Todas las entidades que tienen comunidades tienen tierras de uso común, en nueve casos la proporción es mayor de 80%, incluyendo a Baja California que tiene 97.2%.


114

• ANÁLISIS •

Cuadro 11 Porcentaje de superficie de tierra de uso común en comunidades por estado

Entidad %Baja California 97.10 Colima 96.00 Coahuila 94.10 Querétaro 92.20 Zacatecas 88.10 Aguascalientes 85.10 Distrito Federal 84.90 Nuevo León 84.10 Nayarit 82.10 Tamaulipas 78.10 Puebla 76.90 Chiapas 75.20 Morelos 73.20 Oaxaca 69.70 Guerrero 67.00 Guanajuato 65.70 Chihuahua 64.30 Sonora 61.90 Hidalgo 58.10 Sinaloa 57.30 Michoacán 55.90 Durango 55.80 Tlaxcala 10.00 México 49.20 Jalisco 43.10 San Luis Potosí 38.10 Tabasco 33.20 Veracruz 07.80 Yucatán 1.20 Total nacional 65.30


Cuadro 11.a Número de estados por intervalos de porcentaje de superficie de tierra de uso común

Intervalo Entidades0 < 10 2 10 < 20 2 20 < 10 7 10 < 80 9 80 < 97.2 9


115

Nayarit 6.10

México 5.20

Jalisco 3.00

Michoacán 3.00

Baja California 2.80

Hidalgo 1.80

Oaxaca 1.10

Sinaloa 0.10

Distrito Federal n.s

San Luis Potosí n.s

Tamaulipas n.s

Veracruz n.s

Total nacional 7.10


Cuadro 12.a Número de estados por intervalos de porcentaje de superficie de tierra aprovechamiento colectivo

Intervalo Entidades

0 < 10 9

10 < 35 2


En relación con la actividad principal, las mismas fuentes señalan que a nivel nacional 83.7% de las comunidades se dedica a la agricultura, 9.8% a la ganadería, 2.7% a la actividad forestal y lo mismo a otras actividades. En cinco estados las comunidades sólo se dedican a la agricultura.7

7 VII Censo Agropecuario 1991, Las comunidades agrarias, INEGI y Colegio de Postgraduados, México, 1994.


Cuadro 12 Porcentaje de superficie de tierra de aprovechamiento colectivo en comunidades por entidad federativa

Entidad %

Durango 33.30

Chihuahua 28.10

Sonora 8.10

116

• ANÁLISIS •

Veracruz 90.70

Nayarit 89.10

Morelos 84.80

México 84.70

Distrito Federal 82.30

Chiapas 79.80

Sinaloa 78.70

Querétaro 78.10

Hidalgo 76.10

Michoacán 74.00

Puebla 71.10

Jalisco 69.70

Chihuahua 67.10

Durango 58.10

Nuevo León 53.30

Tamaulipas 10.00

Yucatán 10.00

Zacatecas 43.80

Sonora 17.10

Baja California 0.00

Coahuila 0.00

Total nacional 83.70


Cuadro 13.a Número de estados por intervalos de porcentaje de comunidades cuya principal actividad es la agricultura

Intervalo Entidades0 2

0 < 20 1 20 < 40 0 40 < 60 5 60 < 80 8 80 < 100 13

Fuente: Las Comunidades Agrarias, VII Censo Agropecuario 1991, INEGI. y Colegio de Postgraduados, 1994.

Cuadro 13 Porcentaje de comunidades cuya actividad principal es la agrícola, por entidad federativa

Entidad %

Aguascalientes 10.00

Colima 10.00

Guanajuato 10.00

Tabasco 10.00

Tlaxcala 10.00

Guerrero 97.20

San Luis Potosí 95.90

Oaxaca 95.10

117

Coahuila Sonora Tamaulipas Yucatán Zacatecas Nuevo León Baja California Durango Jalisco Sinaloa Chiapas Puebla Chihuahua Hidalgo Morelos Veracruz Michoacán Nayarit San Luis Potosí Oaxaca México Guerrero Aguascalientes Colima Distrito Federal Guanajuato Querétaro Tabasco Tlaxcala

Total nacional

100.00 72.60 50.00 50.00 50.00 46.70 33.30 30.60 25.80 19.50 18.00 15.50 14.90 11.00 9.10 8.30 6.80 5.40 3.50 2.30 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.80


Cuadro 14.a Número de estados por intervalos de porcentaje de comunidades cuya principal actividad es la ganadería

Intervalo Entidades

0 0>20 20>40 40>60 60>80 80>100

7 13 3 4 1 0



Cuadro 14 Porcentaje de comunidades cuya actividad principal es la ganadera, por entidad federativa

Entidad %

118

• ANÁLISIS •

Oaxaca Guerrero Durango Michoacán México Hidalgo Sinaloa Chiapas Chihuahua Puebla Sonora Veracruz San Luis Potosí Nayarit Jalisco Morelos Nuevo León Zacatecas Querétaro Coahuila Colima Tabasco Tamaulipas Aguascalientes Baja California Distrito Federal Guanajuato Tlaxcala Yucatán Total nacional

433 87 74 74 63 62 54 48 44 34 31 31 29 24 22 13 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1,137


Cuadro 15.a Número de estados con comunidades con recursos forestales, por intervalos

Intervalo Entidades

0 1>20 20>40 40>60 60>80

80>100 433

6 8 6 3 4 1 1


Cuadro 15 Número de comunidades con recursos forestales

Entidad Comunidades

119

Temas pendientes Existen poblados que fueron dotados como ejidos en parte de sus tierras y, mediante acciones de restitución o RTBC, se conformaron como comunidad. Los campesinos no consideran en la realidad una diferencia, las usufructúan como una unidad; en algunos casos, como la comunidad Isla del Tiburón, los mismos indi-viduos son a la vez comuneros de Isla del Tiburón y ejidatarios de El Desemboque y su anexo Punta Chueca, en otros casos unos son ejidatarios y otros son comu-neros pero viven en el mismo poblado y toman decisiones conjuntas. Por otro lado, se tiene noticia de que 459 ejidos y comunidades tienen el mismo nombre, aunque no se sabe cuántos llevan una vida conjunta. En estos casos es conveniente analizar la problemática que resulta de tener ambas formas de propiedad social, para identificar y proponer las posibles soluciones. La diversidad mostrada en cuanto a los datos cuantitativos de las comunidades, nos llama la atención sobre la necesidad de profundizar más el análisis cualitativo, sus características sociales, económicas y culturales, para lo cual se requiere del concurso, de los investigadores de ciencias sociales junto con los abogados agrarios, que pueda ofrecer a los comuneros soluciones específicas para problemas puntuales, así como para aquellos problemas que son característicos de las comunidades y los ejidos.


120

Tierra social y desarrollo urbano: experiencia y posibilidades 1

Este trabajo da cuenta de la problemática generada por el proceso de urbanización en tierras ejidales y comunales

y de las políticas públicas instrumentadas para su solución. Destaca las condiciones jurídicas y programáticas que abren

una opción para la incorporación de suelo so al ciuci

de sociedades mercantiles inmobiliarias. al desarrollo urbano, con énfasis en la constit ón

Emma E. Aguado Herrera Francisco Hernández y Puente Introducción

l proceso de urbanización de México que se ha venido dando desde la década de los cuarenta, trajo aparejada una serie de factores colaterales que han hecho de él un fenómeno complejo, cuya problemática ha

rebasado con mucho los empeños gubernamentales de planeación y ordenamiento territorial.

E Las implicaciones de lo anterior se han dejado sentir a través de la afectación de suelo social y se expresan en el precarismo urbano que ha caracterizado el crecimiento de nuestras ciudades.

1 Participaron en la elaboración de este documento Emma E. Aguado Herrera y Francisco Hernández y Puente, ambos adscritos a la

Dirección General de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria. La información se obtuvo básicamente de la Dirección General de Organización Agraria de la misma Procuraduría. Se contó asimismo con la asesoría del Dr. Federico Seyde Meléndez, Director General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural en dicha Institución.

121

Este tipo de desarrollo urbano ha sido sujeto de atención, sobre todo a partir de los primeros años de la década de los setenta, por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales, quienes han buscado solucionar la problemática generada a través de la instrumentación de diversas políticas públicas que llevaron a la creación de instancias y a la ejecución de programas y proyectos, buscando dar una salida a la irregularidad y a la creciente necesidad de tierra urbanizable. El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta no sólo de la problemática generada por la urbanización en tierras ejidales y comunales y de las políticas públicas instrumentadas para su solución, sino presentar también las condiciones jurídicas y programáticas que intentan en la actualidad abrir una opción a la incorporación de suelo social al desarrollo urbano en condiciones adecuadas, de conciliación y equidad, haciendo especial énfasis en la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias como mecanismo de incorporación de suelo social al uso urbano. El trabajo comienza con una descripción muy rápida de los procesos de urbanización en México a costa de tierra social, destacando el explosivo crecimiento demográfico como uno de los elementos determinantes de la anarquía y el desorden que ha caracterizado el crecimiento de los principales centros urbanos del país. En seguida se presenta, con algún detalle, un breve recuento de las políticas públicas que han intentado hacer frente a la problemática de precarismo urbano, destacando el papel que jugaron las instituciones. Al final del trabajo se incorpora información sobre los principales proyectos inmobiliarios que están en marcha en el país con aportación de tierras ejidales, en el contexto de las nuevas legislaciones agraria y urbana, destacando los aspectos programáticos, sus objetivos y sus alcances. El proceso de urbanización a expensas de tierra social Desde el punto de vista tanto de su profundidad como de su localización geográ-fica, los procesos de urbanización de México están estrechamente vinculados a la fuerza, los alcances y las dimensiones que adoptó el modelo de industrialización de la economía nacional que se inició a partir de la década de los cuarenta. Como se sabe, ambos procesos —el de la industrialización y el de la urbanización que lo acompaña— se caracterizaron, entre otros elementos, por la continua expulsión


122

• ANÁLISIS • poblacional del campo a la ciudad, la presencia de una elevada tasa de fecundidad y por la reducción de los niveles de mortalidad. La combinación de estos factores trajo como consecuencia un acelerado y desordenado crecimiento de las ciudades que se extendió a lo largo de las siguientes cuatro décadas (ver cuadro 1).

Cuadro 1 Distribución sectorial de la población (miles de habitantes) 1940-1990

Pob- / año 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Total

Urbanas

%

No urbana

%

19,649

3,928

20.0

15,721

80.0

25,779

7,209

28.0

18,570

72.0

34,923

12,747

36,5

22,176

63.5

49,050

22,004

44.9

27,046

55.1

66,847

34,605

51.8

32,242

48.2

81,250

46,676

57.4

34,574

42.6

Tasa de crecimiento promedio por decada de la población : 32.8% Tasa de crecimiento promedio por decada de la población urbana: 64.1% Fuente : Elaboración propia con base de datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000

Ya en fechas recientes, el flujo migratorio ha dejado de ser preponderantemente rural-urbano para ser urbano-urbano, y a partir de 1980 disminuye el proceso concentrador de población en unas cuantas ciudades del país, para dar paso al surgimiento de varios polos urbanos en virtud de la desaceleración y apertura económicas, el apoyo a la industria maquiladora y el fortalecimiento de un enfoque más regional del desarrollo. Así, la población que se asienta en zonas urbanas llega en 1990 a 57.4% del total y 416 localidades, 361 más que en 1940, llegan a rebasar los 15 mil habitantes. En la actualidad la población urbana sigue en crecimiento, pero ahora se distribuye entre un mayor número de ciudades, siendo las que tienen entre 50 mil y 99 mil 999 habitantes las que se han convertido en importantes polos de atracción poblacional; ya para 1990 existían 55 de estas localidades contra 8 en 1940.

123

En general, se considera que todas las localidades de más de 2 mil 500 hasta 99 mil 999 habitantes jugarán en el futuro un papel importante en relación con la distribución de la población, sin menoscabo de la importancia que ya tienen las que albergan a más de 100 mil personas, y mucho menos de las grandes metrópolis2 que, aunque con un ritmo de crecimiento menos acelerado, significan en números absolutos más de la cuarta parte de la población nacional. En 1990, 74% de la población ocupada se ubicaba en el sector secundario y terciario y sólo 22.6% en el primario.3 Es decir, "la expansión económica y la urbanización se tornaron en procesos inseparables. Así, los centros urbanos se han convertido en factores de producción al concentrar la infraestructura y la población indispensables para un proceso productivo basado en actividades no agrícolas".4 (Ver Gráfica)

2 Cd. De México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. 3 La sumatoria de ambos porcentajes no alcanza 100% debido a la población ocupada en actividades insuficientemente especificadas. 4 Poder ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000


Porcentaje del PIB 1990

15%

7%

78%

Manuf., constr.,comer, y serv.

Agric., ganad.,silvicult ypescaOtros

Porcentaje de la población ocupada 1990

23% 3%

74%

Sectorsecundario y terciarioSector primario

No especificado

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995 - 2000

124

• ANÁLISIS •

El proceso de urbanización en nuestro país es, pues, un fenómeno irreversible y con elevadísimos costos para la sociedad dada su escasa planeación y ordena-miento, mismo que se ha dejado sentir básicamente en terrenos de núcleos agrarios que han sido absorbidos por la mancha urbana, con o sin su consenti-miento, trastocando sus esquemas organizativo y productivo. Sin temor a equívoco alguno, puede señalarse que prácticamente todo proceso de urbanización en México que se haya producido en los últimos cincuenta años, ha ocurrido a expensas de tierra ejidal o comunal y, en la mayoría de los casos, a través de procesos de irregularidad, dada la anarquía y el desorden con el que crecen los principales centros urbanos del país, sean éstos los centros urbanos históricos como Guadalajara, Monterrey y la Cd. de México, o los alternativos creados en el transcurso de las últimas dos décadas. Lo anterior ha generado problemas de diversa índole, con impactos de variada naturaleza para los diferentes órdenes de gobierno. Por ejemplo, el rezago en el otorgamiento de servicios propiciado por el rápido y desordenado crecimiento poblacional y por la escasez de recursos de los municipios, ha hecho que éstos se vean normalmente rebasados por las demandas sociales. A pesar de que la ocupación de terrenos ejidales y comunales por el proceso de urbanización comienza desde 1940,5 cuando menos durante tres décadas los meca-nismos para incorporar estas tierras se realizaron sólo mediante procedimientos a cargo casi exclusivo de las autoridades agrarias6 y bajo normas que consideraron la urbanización de los ejidos y comunidades como un suceso excepcional, que no contemplaba la necesidad de conciliar los intereses sociales en juego, y que se mantuvieron inalteradas en sus elementos esenciales. Si bien es cierto que el espíritu de dichas normas tenía por objeto reafirmar las disposiciones agrarias, precisando las condiciones y requisitos a cubrir para no perjudicar a los núcleos agrarios, no fueron suficientes para evitar la ocupación irregular, abatir el precarismo urbano que se fue generando ni mucho menos proteger los intereses de los sujetos agrarios involucrados.

5 PA, Dirección General de Organización y Apoyo Social Agrario, Programa de Incorporación de Tierras Ejidales y Comunales a Pro-

yectos de Desarrollo Urbano y Vivienda, agosto, 1995. 6 La incorporación de tierras ejidales y comunales a la expansión urbana tuvo lugar a través de tres procedimientos: la expropiación, la

permuta y la creación y ampliación de zonas de urbanización ejidal.

125

A partir de los setenta, el precarismo urbano en terrenos ejidales y comunales ya se manifestaba en forma explosiva y anárquica, lo cual comenzó a generar una presión creciente sobre los gobiernos federal y locales; la frase "asentamientos irregulares" se hizo de cuño corriente en materia urbana, producto de la oferta insuficiente de suelo barato para los grupos más pobres, lo que trajo como consecuencia una tendencia de invasiones y venta ilegal de lotes de núcleos agrarios para su eventual regularización. La respuesta gubernamental Ante esta situación, el Gobierno comenzó a instrumentar una serie de políticas públicas a niveles local y nacional para hacer frente a la problemática. Para tales fines, el gobierno federal no sólo reconoce el grave problema del precarismo urbano sino que además promueve la creación de organismos especializados abocados a regularizar la tenencia de la tierra y a gestionar la desincorporación de tierra ejidal para vivienda y desarrollo urbano, acompañando su actuación con programas específicos y proyectos de desarrollo económico7 siguiendo básica-mente dos líneas: la correctiva, regularización de la tenencia de la tierra a cargo del sector agrario gubernamental, y la preventiva, oferta legal de tierra barata, por medio de la constitución de reservas territoriales, a cargo del sector urbano gubernamental. Bajo esta perspectiva se crea en 1971, por decreto presidencial, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda (Indeco) como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios cuyas principales atribuciones iniciales fueron la construcción de vivienda de bajo costo, fraccionamientos para trabajadores de escasos recursos y realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias. Posteriormente se le facultó también para legitimar la tenencia de la tierra y establecer fundos legales,8 con previsión de espacios disponibles para el óptimo crecimiento de las poblaciones.

7 Entendidos como la creación o ampliación de unidades económicas capaces de generar beneficios para sus propietarios (cf. PA, Dirección General de Organización y Apoyo Social Agrario, Programa de Incorporación de Tierras Ejidales y Comunales a Proyectos de Desarrollo Urbano y Vivienda, agosto, 1995).

8 Porción de suelo destinada para la fundación y edificación de un poblado. Constituye parte de las tierras del asentamiento urbano (cf. PA, Glosario de términos jurídicos, México, 1995).


126

• ANÁLISIS •

Su ámbito de acción era tanto rural como urbano, en los que desarrollaba programas de vivienda e introducción de servicios, para lo cual adquiría terrenos ejidales y comunales, en virtud de ser solicitante y beneficiario de expropiaciones con fines urbanos, en términos de la Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA). En 1978, el Indeco se convierte en agente inmobiliario federal, con la facultad de integrar y administrar el sistema tendiente a satisfacer las necesidades de tierra para el desarrollo urbano que requieren los centros de población con el objeto de regular el mercado de terrenos y evitar asentamientos irregulares. A finales de 1982 se le liquidó transfiriendo su personal y sus bienes a los gobiernos de los estados en donde surgieron los Institutos Estatales de Vivienda. Asimismo, en 1973 se crea por acuerdo presidencial el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; sus entidades constituyentes debían coordinarse para realizar un programa nacional regulatorio de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos y prever la disponibilidad de espacios para el crecimiento urbano. Entre sus atribuciones tenía la de tramitar expropiaciones ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, obtener los terrenos, cubrir las indemnizaciones e incorporar los terrenos regularizados al fundo legal de las ciudades. En 1974 este Comité se transforma, vía decreto, en la Comisión para la Regulari-zación de la Tenencia de la Tierra (Corett), organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de regularizar la tenencia de la tierra en la que existían asentamientos humanos irregulares y programar la disponibilidad de espacios libres para el crecimiento urbano. Corett fue facultada como promovente y beneficiaria de expropiaciones agrarias que tuvieran por objeto la regularización de la tenencia de la tierra vía una modificación a la LFRA. En 1979 se le reestructura destacando dos disposiciones: se le suprimió la atri-bución para programar la disponibilidad de áreas libres y ser solicitante y beneficiaria de expropiaciones para dichos propósitos, y se le impuso la obligación de coordinarse con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas e Indeco para delimitar las áreas ejidales a regularizar. Ya en el periodo de Miguel de la Madrid, las acciones se caracterizaron por el refuerzo de la gestión gubernamental en materia de suelo urbano, a través de un Sistema Nacional de Suelo para la Vivienda y el Desarrollo Urbano (SNSVDU) así como por un cuestionamiento a la acción de la Corett. Esta actitud guberna-mental obedeció a dos factores principales:

127

—El crecimiento aceler del precarismo urbano, y ado —La existencia de una percepción clara de sus causas y efectos, así como de la forma de erradicarlo.

En estas acciones subyacía la idea de que era necesario regularizar pero también prevenir, por lo que la política de reservas territoriales se planteó como la solución de fondo y radical del problema. Con una visión de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de los sectores agrario y urbano, las líneas básicas de actuación, preventiva y correctiva, giraron, la primera, en torno a la constitución de reservas territoriales para generar en las principales ciudades una oferta suficiente y oportuna de tierra barata para la población de bajos ingresos, mientras que la segunda incluía la regularización de la tenencia, a cargo de Corett, y la dotación de servicios básicos. Para tales fines se modificaron las Leyes Generales de Asentamientos Humanos y de Bienes Nacionales a fin de establecer un sistema nacional de suelo coordinado, así como sus bases de operación. Se modificó igualmente la LFRA para facultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) como solicitante y beneficiaria de expropiaciones ejidales. En términos generales, se puede decir que a nivel de la regularización se lograron algunos avances pero de ninguna manera se alcanzaron las metas programadas. Al término del sexenio, como respuesta a una iniciativa de la Confederación Nacional Campesina que pretendía crear empresas inmobiliarias campesinas, se propuso la creación de la Comisión Intersecretarial de Reservas Territoriales y de Regularización de la Tenencia de la Tierra, integrada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Sedue y la Secretaría de Programación y Presupuesto, teniendo como objetivo establecer una instancia superior de coordinación para que los gobiernos locales dispusieran de tierra, la administraran a través de empresas estatales y municipales e hicieran partícipes a los núcleos agrarios afectados por expropiaciones de los beneficios que generaría el desarrollo urbano. Dicha Comisión nunca se instaló. Adicionalmente a este intento, comenzaron a ponderarse una serie de reformas orgánicas y legales pues se consideraba se había logrado avanzar hasta el límite del marco institucional vigente. Dichas reformas se bosquejaban en el plan de gobierno del futuro presidente.


128

• ANÁLISIS •

Reorientación estratégica y reformas institucionales Los tres primeros años del sexenio 1989-94 se caracterizaron por un cambio en la política al advertirse el agotamiento del SNSVDU, y se alentó el resurgimiento de Corett como única alternativa ante la falta de constitución de reservas. Se reconoció el valor de la regularización por ser una necesidad sentida de la población y por la posibilidad financiera de instrumentarla. Para tal efecto, se impulsó el Programa Trianual de Regularización con una meta de regularización de un millón de lotes.9 A pesar del cumplimiento de la meta, se soslayó el hecho de que la regularización, sin generación de oferta legal de tierra y sin sanción a la venta ilegal de lotes, no era la solución del problema. Entre 1991 y 1993 se realizaron dos grandes reformas institucionales, la primera, de índole legal, abarcó tanto la reforma del régimen agrario, que prevé en lo fundamental la conclusión del reparto agrario, mayor libertad en la disposición de la propiedad social y la extinción de la tutela gubernamental sobre los ejidatarios; como los cambios al marco legal en materia de asentamientos humanos con la promulgación en julio de 1993 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), en cuyo artículo 38 se establece que "el aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento urbano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de áreas y predios". Por su parte, el artículo 87 de la Ley Agraria (LA), señala que "cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos".

9 Quedaron excluidos por diversas razones que dificultaban su regularización 870 mil lotes.

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La segunda reforma institucional se refiere a la transformación de la Sedue en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual puso en marcha, como parte del programa de ciudades medias, un programa de fraccionamientos que pretendía ofertar lotes a precios bajos a la población con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo, con urbanización progresiva y a través de esquemas de asociación con los ejidatarios. A este respecto y retomando gestiones iniciadas tiempo atrás, la Sedesol pudo concretar, en términos de la nueva legislación agraria, el primer ejemplo de asociación entre ejidatarios, gobierno local e inversionistas para el desarrollo urbano e industrial en una ciudad fronteriza. Colateralmente, como resultado de las reformas a la legislación agraria, se crearon nuevas instituciones y otras más se reformaron para dar paso a la instrumentación de innovadoras acciones programáticas al interior del sector. Tal es el caso de la Procuraduría Agraria (PA), los Tribunales Agrarios, el Registro Agrario Nacional (RAN) y, en lo particular, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), responsable del inventario, registro y certificación de la propiedad ejidal. Coordinado por la SRA y en el que participan la PA, el RAN y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Procede tiene como objetivo regularizar la propiedad de los núcleos agrarios y la de sus integrantes con apego a la LA, brindándoles con ello certeza y seguridad jurídica a través de la entrega de certificados parcelarios, de derechos sobre tierras de uso común y títulos de solares según proceda. Al contar con los documentos que acreditan plenamente sus derechos sobre las tierras del ejido, los sujetos agrarios están ya en posibilidad de realizar cualquiera de las operaciones tendientes a desincorporar del régimen de propiedad ejidal determinadas superficies, atendiendo al destino que la propia Asamblea les haya asignado al ejecutarse el Procede. Debe señalarse que es la Asamblea ejidal, con apego al artículo 56 de la LA y mediante la observancia de todas las formalidades previstas por el propio ordenamiento legal, quien juega el papel fundamental en el programa, toda vez que sólo ella puede determinar el destino de las tierras. En consecuencia a la Asamblea le corresponde reconocer el parcelamiento existente, parcelar las tierras a favor de los ejidatarios y posesionarios y, en su caso, destinarlas al uso común o al asentamiento humano. Cabe el señalamiento de que en la Asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras del ejido o en otra con similares formalidades, puede también llevarse a cabo la regularización de aquellos asentamientos humanos que de hecho se hayan establecido en tierra del núcleo de población, en virtud de que basta con


130

• ANÁLISIS •

que la Asamblea, en uso de las facultades que le confiere el citado artículo 56 y el 23 fracción VII de la LA, reconozca en ese lugar el área de asentamiento humano, puntualizándose asimismo que, legalmente, en aquellos asentamientos humanos que de hecho se encuentren en superficie ejidal, la Asamblea está facultada para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento, al destinar el área del asentamiento humano, ajustándose para ello a lo establecido por el artículo 39 de la LGAH, en lo tocante a que puede la máxima autoridad del ejido regularizar la tenencia de los predios con asentamientos humanos irregulares, sin que por ello tenga injerencia en el reconocimiento de los derechos específicos que acrediten los avecindados sobre sus lotes. En lo tocante a proyectos de desarrollo económico, hasta 1982 éstos fueron de dos tipos: los industriales, generados con inversión pública y privada, y los turísticos prácticamente con la sola inversión pública. Tales proyectos causaron no pocas inconformidades por parte de los núcleos agrarios afectados sobre todo por el monto de las indemnizaciones10 ya que, a pesar de que la LFRA establecía que su monto debía determinarse atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados en función del destino final; en la práctica, el monto se determinaba considerando el valor comercial de los terrenos en función de su aprovechamiento agrícola o pecuario, resultando montos de indemnización muy bajos.

Con posterioridad a esta fecha, el problema de las inconformidades se agravó lo que ocasionó que no se pudieran ejecutar expropiaciones y se interpusieran amparos contra éstas por parte de algunos núcleos agrarios. Además se empezaron a considerar como proyectos de desarrollo económico los megaproyectos turísticos promovidos por los inversionistas privados con el apoyo del gobierno federal; los efectos de las inconformidades se hicieron extensivos a los proyectos de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda.

10 Debe recordarse que hasta 1992 la única vía que permitía la LFRA para la incorporación de terrenos ejidales a proyectos de

desarrollo económico era la de la expropiación. La causa de utilidad pública argumentable era la creación y desarrollo de empresas de indudable beneficio para la comunidad, y el monto de la indemnización debía ser determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

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Cabe mencionar que actualmente la LA mantiene jurídicamente abierta la vía de la expropiación pero sin aparecer el Banco Nacional de Obras Públicas como promovente obligado, y teóricamente cualquier inversionista privado puede directamente asumir el papel de promovente de la expropiación.11 Asimismo menciona que el monto de la indemnización debe ser establecido por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en función del valor comercial del terreno expropiado, sin definir criterios para interpretar este concepto, lo que puede dar origen, en sus extremos, a que el valor comercial resulte excedido para la factibilidad financiera del proyecto, o que a la inversa resulte muy bajo en comparación con su potencial de desarrollo, derivado de las inversiones que se realicen. El anterior recuento de las acciones gubernamentales emprendidas desde la década de los setenta, da idea del esfuerzo realizado para enfrentar el problema del crecimiento urbano y sobre todo la afectación de éste en la superficie social rural, pero también hace evidente la insuficiencia de oferta de suelo urbano como alternativa para la ocupación regular y, en consecuencia, la proliferación del precarismo urbano. Con todo, las nuevas instituciones creadas, fundamentalmente las reformas al régimen agrario y el refuerzo a los programas sociales de gobierno, son los primeros grandes pasos que modifican los términos del problema y que permitirán en un futuro dar respuesta a la problemática de referencia. Si bien las modificaciones al Artículo 27 constitucional de 1992 no garantizan a corto plazo la solución del problema del precarismo urbano, sí abren las puertas a nuevas posibilidades para la incorporación legal de tierra ejidal al desarrollo urbano que seguramente cristalizarán en algunos años.

A la luz de estas reformas y tratando de sacar de ellas un provecho específico para el desarrollo urbano, sus planteamientos han sido incorporados en líneas de acción concretas de ciertos programas gubernamentales en materia urbana, cuyos principales elementos se abordan en el siguiente apartado a fin de conocer la complementariedad que se ha tratado de dar entre el marco legal agrario y las políticas de gobierno.

11 La SRA ha establecido informalmente el criterio de que ningún particular puede actuar como promovente, obligándolos a solicitar

la intervención del gobierno del estado para cubrir ese papel.


132

• ANÁLISIS •

Política de gobierno en las urbes En función del conocimiento del panorama actual del proceso de urbanización, de la experiencia en términos de las acciones de gobierno emprendidas, pero sobre todo bajo la premisa de que la solución del problema requiere la instrumentación coordinada y concertada de una política nacional en la materia, la actual administración elaboró, como elemento rector de su actuación, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 (PNDU) que integra a su vez programas específicos relacionados con aspectos claves de la problemática, como el Programa de 100 Ciudades y el de Consolidación de las Zonas Metropolitanas, buscando con esto la concurrencia de esfuerzos y el aprovechamiento de las nuevas disposiciones legales e institucionales, en las que el nuevo marco legal agrario juega un papel fundamental. El PNDU12 establece dos grandes líneas para fijar sus objetivos: la encaminada al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la relacionada con el desarrollo urbano y sustentable. En relación con tales líneas, los objetivos generales del PNDU son propiciar el ordenamiento territorial de las actividades económicas de la población conforme a las potencialidades de las ciudades y de las regiones, en el caso del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, e inducir el crecimiento de las ciudades de forma ordenada, de acuerdo con las normas vigentes de desarrollo urbano y bajo principios sustentados en el equilibrio ambiental de los centros de población, respetando la autonomía estatal y la libertad municipal, en lo referente al desarrollo urbano y sustentable.

Su política general propone "consolidar una red de asentamientos humanos jerarquizada, a través de la acción concurrente de los tres órdenes de gobierno, que apoye y propicie las condiciones equiparables de desarrollo de los centros urbanos y de sus áreas de influencia en todo el país", para lo cual se manejan dos grandes estrategias generales: la articulación económica de las regiones y la coordinación gubernamental.

12 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000.

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Por su parte, los programas estratégicos incorporados al PNDU,13 complemen-tarios entre sí, representan la orientación operativa que asume el Gobierno de la República para la conducción de la política general de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En el caso del Programa de 100 Ciudades, éste tiene como objetivo "garantizar la continuidad del desarrollo urbano ordenado de 116 ciudades medias y pequeñas que cuentan con capacidad para generar empleos y captar flujos poblacionales; tienen importante influencia en sus entornos regionales y, junto con las cuatro zonas metropolitanas, constituyen la estructura básica de los asentamientos humanos en el ámbito nacional". Una de las líneas de acción que más destaca en razón del propósito de este documento, es quizás el hecho de que el Programa considera hacer uso de las opciones contempladas en el marco legal agrario; así, en el caso de la línea de acción referente a la Incorporación de suelo al desarrollo urbano que busca contar con la disponibilidad de los terrenos necesarios en cada ciudad para satisfacer las necesidades de vivienda, de equipamiento urbano y de la propia expansión urbana, se toma en cuenta que los cambios al Artículo 27 constitucional y la Ley Agraria han abierto cauces para un ágil incorporación de los terrenos ejidales y comunales al uso urbano, por lo que se vuelve fundamental difundir, concretar y aplicar los nuevos instrumentos para dar alternativas de asentamiento legal, sobre todo a la población de menores ingresos y al mismo tiempo hacer partícipes a los posesionarios de la tierra de origen ejidal y comunal de los beneficios derivados de su urbanización.

Para el cumplimiento de una de sus metas, que considera la utilización de 150 mil hectáreas en las cuatro grandes zonas metropolitanas, en las localidades del Programa de 100 Ciudades y en ciudades con prioridad estatal para dar asentamiento legal a su población, se pretende establecer acuerdos básicos de concertación con los núcleos agrarios para incorporar áreas aptas al uso urbano, de conformidad con los procedimientos que define la LA.14 Asimismo, se buscará impulsar la incorporación al desarrollo urbano de predios de origen ejidal y comunal promoviendo esquemas asociativos, otorgando las facilidades necesarias para abrir al desarrollo las áreas y predios definidos como aptos por los planes o programas de desarrollo urbano.

13 Aparte del Programa de 100 Ciudades y el de Consolidación de las Zonas Metropolitanas, se contemplan también dentro del

PNDU los Programas de Ordenamiento Territorial y el de Impulso a la Participación Social en el Desarrollo Urbano. 14 Constitución de sociedades ejidales, adquisición del dominio pleno o expropiación concertada.


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• ANÁLISIS • Por su parte, el Programa de Consolidación de las Zonas Metropolitanas tiene como objetivo apoyar la consolidación ordenada de las cuatro grandes zonas metropolitanas del país, considerando como una de sus líneas de acción el mejoramiento urbano de áreas marginadas, siendo una de las formas de ins-trumentación de esta línea la promoción ante la SRA de la facilitación de los trámites de incorporación de suelo al desarrollo urbano y la conformación de inmobiliarias ejidales, para habilitar legalmente suelo ejidal preferencialmente para desarrollos habitacionales dirigidos a la población de ingresos bajos. Asimismo, se promoverá ante los gobiernos de los estados la incorporación de suelo al desarrollo urbano en congruencia con los planes o programas en la materia, mediante la expropiación, compra-venta y la constitución de sociedades mercantiles entre ejidatarios y comuneros, gobiernos locales y sector privado. Ante esta política gubernamental en materia urbana, el sector agrario ha tomado también parte instrumentando una serie de acciones que en concordancia con el marco legal agrario vigente y el rumbo marcado por los programas guberna-mentales, buscan dar una solución al problema del precarismo urbano y la incorporación de suelo social; los elementos de tales acciones sectoriales se presentan a continuación.

El sector agrario en el desarrollo urbano Como se comentó más atrás, la población de México es predominantemente urbana, y nuestro crecimiento demográfico pasará entre 1994 y el año 2000 de 89.6 millones a 98.9 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.5%; cerca de 80% de este crecimiento se producirá en ciudades, es decir, del orden de 7.4 millones de habitantes; un millón 430 mil familias requerirán tierra para satisfacer sus necesidades habitacionales, tierra en la que habrá de expandirse el crecimiento de las ciudades, muchas de ellas rodeadas parcial o totalmente de zonas ejidales y comunales y que de no preverse un crecimiento ordenado, se incorporarán al desarrollo urbano a través de secuelas de irregularidad en áreas inapropiadas. Con la legislación que existe hoy en materia agraria y sobre desarrollo urbano, lo que se pretende es generar alternativas de incorporación de suelo social al crecimiento urbano, por lo que el sector agrario está instrumentando el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO).

135

PISO15 es un programa creado para inducir, de manera planificada y preventiva, la incorporación ágil y concertada de suelo ejidal y comunal, para ser considerado en oferta legal al servicio de las instituciones públicas, sociales y privadas de vivienda y desarrollo inmobiliario, y así dar acceso, a costos accesibles, a tierra apta para la promoción, construcción y venta de vivienda de interés social, equipamiento urbano y desarrollo regional. Basa sus expectativas en el requerimiento proyectado de 150 mil hectáreas de suelo libre para satisfacer las necesidades de vivienda, de equipamiento urbano y de desarrollo regional, de las cuales cerca de 101 mil son de origen ejidal y comunal.16

En la instrumentación del Programa, participa el gobierno federal a través de la Sedesol y la SRA como dependencias normativas y la Corett como coordinadora. A nivel estatal, participan los gobiernos locales como coordinadores del programa en su estado con el apoyo de las representaciones de otras dependencias federales, estatales y municipales relacionadas directamente con el suelo, la vivienda, el desarrollo urbano y el medio ambiente. Las estrategias de instrumentación plantean pactar con los gobiernos estatales la firma de un convenio que obligue al desarrollo de un Programa de Incorporación de Suelo Social al desarrollo urbano; formar en cada entidad federativa un Comité Estatal de Incorporación de Suelo integrado por un Presidente, un Secretario Técnico y Vocales Ejecutivos,17 y el que los gobiernos estatales y/o municipales, según se convenga en cada caso, abran y clasifiquen la relación de predios ofertados legalmente, con usos y destinos autorizados, la forma de conversión asumida o en proceso, y los precios base y las condiciones o requisitos para acceder a los mismos; esta bolsa de suelo será pública y coordinada por el área designada por cada gobierno estatal.

15 Corett, 1997. 16 PA, Dirección General de Organización Agraria, PISO, septiembre, 1997. 17 En cada caso serán el gobernador del estado, el delegado estatal de la Corett y los representantes estatales de la Sedesol, SRA, PA

y RAN, respectivamente.


136

• ANÁLISIS • En las estrategias de operación se estipula que sólo podrán participar los municipios que tengan autorizados o inscritos sus programas y planes de desarrollo urbano municipal; los núcleos agrarios que tengan certificados sus derechos agrarios, o bien que el Comité Estatal solicite se realicen las acciones necesarias para la incorporación de suelo social al desarrollo urbano, y adquirientes de tierra o socios de los ejidatarios en inmobiliarias y aquellas personas que garanticen solvencia, seriedad y probidad y que no tengan antecedentes negativos. Con lo anterior, PISO pretende garantizar la oferta de suelo a precios realmente accesibles para la población popular, una mayor y mejor capacidad legal y operativa para la confirmación de un programa nacional de incorporación de suelo, la participación de los núcleos agrarios en las operaciones de incorporación de suelo, y la revitalización del federalismo.

Los métodos de incorporación de suelo que se contemplan son:

—Expropiación concertada para áreas de crecimiento de poblados en regularización. —Expropiación concertada para incorporación de urbano para vivienda social y popular. suelo

—Aportación de tierras a s ades inmobiliarias. ocied—Adquisición del dominio pleno y comercialización autogestionaria, (en el caso de tierras parcela s). da—Adquisición del dominio pleno y comercialización institucional, (en el caso de tierras parceladas).

Cabe hacer notar que el esquema de aportación de tierras ejidales para la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias se presenta preferentemente cuando el suelo apto para el desarrollo urbano tiene asignado el destino de uso común, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 de la LA es la única alternativa jurídicamente válida para que este tipo de superficies se incorporen al desarrollo de algún proyecto urbano. Para el caso de tierras parceladas y de aquellas sobre las que se constituyó o amplió la reserva de crecimiento del núcleo ejidal, también es recomendable su aportación a sociedades mercantiles; tal procedimiento no se sujeta al artículo 75 ya citado, sino que deberá estar en función de lo dispuesto para cada tipo de área.

137

Es importante señalar que en el caso de aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil o civil, la PA debe emitir su opinión, según lo establecido en la fracción II del artículo 75, una vez que ha analizado, entre otros documentos, el proyecto de desarrollo y de escritura social que se le presenten para tal efecto. Los avances generales del programa indican que se han llevado a cabo:18

—La suscripción de 20 Acuerdos de Coordinación con igual número de entidades.19

—La integración de 13 Comités Estatales de incorporación de suelo.20

—Durante 1996 se constituyeron 14 mil 995 hectáreas como reservas territoriales. —De enero a julio de 1997 se han incorporado 7 mil 740 hectáreas de suelo social al desarrollo urbano.

Quedando la meta de creación de reservas territoriales para los siguientes cuatro años, donde en promedio 66.9% de la tierra será de origen ejidal o comunal y el resto privado o local, de la siguiente manera:

Año Total hectáreas

Ejidal o comunal

%

Privado o local

%

1997 1998 1999 2000

33,000 35,000 33,000 32,000

21,700 23,100 22,400 21,700

65.8 66.0 67.9 67.8

11,300 11,900 11,600 11,300

34.2 34.0 32.1 32.2

Promedio 66.9 33.1 Fuente: PA, Dirección General de Organización Agraria, PISO, septiembre, 1997

18 PA, Dirección General de Organización Agraria, PISO, septiembre, 1997. 19 Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, México, Nuevo León, Querétaro, Colima, Nayarit, Campeche, Michoacán,

Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo. 20 Coahuila, Campeche, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, México, Yucatán, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Chihuahua,

Morelos y Nayarit.


138

• ANÁLISIS •

La alternativa de las sociedades inmobiliarias Como se mencionó, la aportación de tierras a sociedades inmobiliarias es una de las alternativas para llevar a cabo la incorporación de suelo social, considerándose la asociación entre ejidatarios, comuneros, gobiernos estatales y/o municipales y el sector privado en su caso, descansando en el marco legal que otorgan la Constitución Política de nuestro país, la LA, la LGAH, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento Interno de la PA,21 el Reglamento de la LA en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, el Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles y normas técnicas expedidas por el RAN. También resultan aplicables las legisla-ciones locales y los planes y programas de desarrollo urbano municipales.

21 Son aplicables a los procedimientos de incorporación de las tierras de núcleos agrarios al desarrollo urbano mediante la constitu-

ción de una sociedad mercantil inmobiliaria, los artículos 27 fracciónVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 23 al 28, 31, 56, 75, 81 al 84, 87, 89 y 100 de la LA; 1º ,2º, 4º al 7º, 38, 40 al 43, 46 y 47 de la LGAH; 1º, 6º fracción X, 19, 20, 23 al 27 y 99 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 11 fracción VIII, 13 fracciones XI y XII, 22 fracciones V a VII y 82 al 85 del Reglamento Interior de la PA.

Origen ejidal o comunalOrigen privado o local

Origen de la tierra a incorporar a reservas territoriales

33%

67%

139

Los proyectos inmobiliarios pueden llevarse a cabo ya sea sobre las tierras ejidales de uso común o sobre las tierras parceladas del ejido, debiendo hacerse las siguientes consideraciones:22 para desincorporar tierras de uso común de un núcleo agrario, puede partirse del hecho de que éste se encuentre regularizado, por lo menos en lo que respecta a dicha área, o bien, de que sus tierras permanezcan exactamente como quedaron después de la ejecución de las resoluciones presidenciales que hubieren recaído, es decir, sin haberse ajustado en ningún momento a lo dispuesto por el artículo 56 de la LA vigente. Cabe señalar que las tierras de uso común, consideradas como inalienables, inembargables e imprescriptibles, tienen como única opción para dejar de estar sujetas al régimen ejidal ajustarse a lo dispuesto por el artículo 75 de la LA, que señala: "en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de las tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios..."

Para que sea posible la desincorporación de tierras parceladas del régimen ejidal, será absolutamente indispensable que la superficie total del núcleo, o por lo menos el área parcelada, se encuentre regularizada conforme a lo establecido por el artículo 56 ya citado. Adoptando el dominio pleno sobre las parcelas, los ejidatarios estarán en posibilidad de celebrar cualquier acto jurídico o emprender cualquier acción sobre las mismas, siendo el esquema más recomendable desde el punto de vista de los beneficios que obtendrían tanto ejidatarios como autoridades e inversionistas, la sociedad mercantil inmobiliaria. Lo menos aconsejable es la enajenación directa de superficies parceladas a terceros no ejidatarios ya que este procedimiento no garantiza que las superficies desincorporadas se desarrollen ordenadamente desde una perspectiva urbana planificada. Es importante considerar que la aportación de tierras de origen ejidal a una sociedad mercantil tiene la finalidad de generar utilidades para los sujetos agrarios, de manera que éstos, al igual que aquellos inversionistas que, en su caso, aporten recursos al capital de dicha sociedad, están expuestos a un riesgo que dependerá del éxito o fracaso de la misma.

22 PA, Dirección General de Organización Agraria, Constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias con participación ejidal, junio, 1997.


140

• ANÁLISIS •

Una sociedad mercantil es una persona moral independiente, surgida de la asociación de dos o más personas físicas o morales que se unen para lograr un propósito común, de carácter preponderantemente económico y que se constituye en cualquiera de las formas definidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, de ellas, es la sociedad anónima la figura ideal para posibilitar desarrollos inmobiliarios, toda vez que sus accionistas participan en forma equitativa, en proporción a sus aportaciones accionarias, de los beneficios del negocio; adicionalmente, en este tipo de sociedad, los accionistas se obligan a responder únicamente hasta por el monto de los recursos aportados a la misma, así como también existe la posibilidad de constituirla bajo la modalidad de capital variable, la cual otorga una mayor flexibilidad que el capital fijo. Una sociedad anónima de capital variable puede estructurarse con la participación de:

• Los ejidatarios mente (inmobiliaria puramente ejidal). única• Los ejidatarios y el sector público (inmobiliaria paraestatal o

paramunicipal). • Los ejidatarios y el sector privado (inmobiliaria privada). • Los ejidatarios, el sector público y el sector privado (inmobiliaria mixta).

Proyectos inmobiliarios Según información con la que cuenta la Procuraduría Agraria, entre 1992 y lo que va de 1997, se han constituido en el país 12 sociedades mercantiles inmobiliarias (SMI) con participación ejidal en ocho entidades federativas —una durante 1992, nueve durante 1994 y dos en lo que va del presente año— , estando en proceso de constitución 22 más en nueve estados de la República;23 toda vez que las SMI se han planteado como una opción de incorporación de suelo social al desarrollo urbano, consideramos de particular interés presentar aquí algunos de los datos más relevantes de éstas y la problemática que han enfrentado. La información sobre aquellas ya constituidas gira en torno a datos relativos a su ubicación, ejidos participantes, beneficiarios, hectáreas involucradas, inversionistas, tipo de sociedad, objeto social y en algunos casos el valor otorgado a la tierra, así como algunas relaciones entre estos datos. De igual forma, se establecen los porcentajes de participación accionaria del ejido dentro de la

23 PA, Dirección General de Organización Agraria, Aportación de tierras ejidales de uso común a sociedades mercantiles inmobi-

liarias, mayo, 1997.

141

empresa así como la razón social de los inversionistas (ver cuadro 2). Por último, se tienen los elementos que permiten analizar los principales componentes de la problemática que enfrentan y la situación en que han derivado. De igual forma en el caso de las sociedades en proceso de constitución se ofrece información sobre su ubicación, ejidos participantes, beneficiarios, superficie a incorporar, valuación —disponible sólo en algunos casos—, inversionistas, tipo de sociedad, objeto de la misma (ver cuadro 3) y algunas relaciones de análisis entre la información. En relación a las SMI ya constituidas, tres de 12 se ubican en el ejido de San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal, demarcación política que se ha constituido en los últimos años en uno de los principales polos de crecimiento urbano del D.F., con la consabida presión sobre la tierra ejidal y el aumento del valor del suelo para uso habitacional y comercial por sobre otras actividades. En estas tres sociedades se incorporaron cerca de 88 hectáreas valuadas en poco más de 15.5 millones de pesos (mdp). Los inversionistas participantes son la Inmobiliaria Los Prados,24 Club la Sierra y la Inmobiliaria Akko junto con Promotora Bosques; surgiendo respectivamente el Club de Golf Reforma, el Club Hípico La Sierra y la Sociedad Río de Santa Fe, las tres teniendo como objeto social el inmobiliario. La participación accionaria del ejido San Mateo Tlaltenango en el desarrollo inmobiliario Club de Golf Reforma asciende a 40% del capital social; en el Club Hípico a 47.96% y en la Sociedad Río de Santa Fe a 10.16% de las acciones del capital mínimo fijo. Cada una de las tres sociedades beneficia a los 128 ejidatarios del núcleo agrario. En el estado de San Luis Potosí han surgido igualmente tres sociedades, todas en el ejido Garita de Jalisco, municipio de San Luis Potosí. A éstas se incorporaron cerca de 833 hectáreas de tierra ejidal valuadas en 92.2 mdp. Los inversionistas son Constructora y Urbanizadora Las Lomas, Constructora Rangel y Urbanizadora del Sur de San Luis.

24 Todos los inversionistas así como las sociedades resultantes están bajo la modalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable,

excepción hecha de Grupo Coine y Grupo Nafta de los cuales no se tiene el dato, y Club La Sierra quien sólo se registra como Sociedad Anónima.


142

• ANÁLISIS • Las sociedades que surgieron en cada caso, todas con objeto social inmobiliario, son Residencial La Tenería, Lomas de la Garita y Desarrollo del Pedregal. En la primera la participación accionaria del ejido en el capital social asciende a 43%, en la segunda a 45% y en la última a 43%. Cada una de las tres sociedades beneficia a los 85 miembros del ejido. Las restantes seis sociedades se distribuyen en igual número de estados de la República, en los siguientes municipios: San Luis Río Colorado, Sonora; Los Cabos, Baja California Sur; Torreón, Coahuila; Mazatlán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato, y Cuautitlán Izcalli, México. Los ejidos participantes, en el mismo orden son: San Luis, San José del Cabo, San Antonio de los Bravos, El Habalito, Irapuato y La Piedad. Agrupando las superficies que este conjunto de núcleos destinaron a la formación de sociedades, se contabilizan poco más de 5 mil 620 hectáreas, sobresaliendo el caso de Sonora donde se destinaron 3 mil 471 hectáreas. El avalúo de la tierra para cinco casos (no se dispone del dato relativo a Sonora) asignó un valor de 173.5 mdp., siendo el más elevado el del ejido el Habalito en Mazatlán, Sinaloa, con 62.9 mdp. Los inversionistas fueron, en el caso de Sonora, Grupo Coine y Grupo Nafta; en Baja California Sur, Sinaloa y México no hay, ya que se trata de desarrollos inmo-biliarios ejidales; en Coahuila, Zela Servicios, y en Guanajuato Gap Desarrollos Corporativos. Con un objeto social de tipo inmobiliario en todos los casos, surgieron las siguientes sociedades: Constructora e Inmobiliaria Ejido de San Luis (Son.), Inmobiliaria Integral de Baja California (B.C.S.), Ciudad Nazas San Antonio (Coah.), Ciudad Industrial Mazatlán (Sin.), Irapuato XXI (Gto.), y Fracciona-miento La Piedad (Méx.). La participación ejidal en el capital social de las empresas es, para el caso de aquellas instaladas en Baja California Sur, Sinaloa y México, de 100% ya que no hay participación externa. Los beneficiados ascienden en el primer caso a 270 ejidatarios, en Sinaloa a 138 y en México a 32. Para las otras tres sociedades, en el caso de Sonora, la participación del ejido en el total del capital social es de 25%, en Coahuila del 42.53% y en Guanajuato de 56.19%. En el primer estado se beneficiaron 236 ejidatarios, en el segundo 113 y en el último 253.

143

Los datos de avalúo y superficie permiten establecer un valor promedio por metro cuadrado (m2), unidad convencional de medida para terrenos de uso urbano, a nivel nacional de $21.49 al momento de constituir las empresas, siendo los casos extremos el Estado de México donde el valor dado al m2 ascendió a $91.57 y Coahuila donde el m2 sólo alcanzó un valor de $4.17. En el resto de las sociedades el avalúo calculado por m2 fluctuó entre los $5.00, caso Sinaloa, y los $18.99 en el caso de Guanajuato. Considerando que la finalidad de estas sociedades es la urbanización y la venta de lotes para uso habitacional en la mayoría de los casos, se puede observar un margen importante entre el valor inicial de la tierra y el precio de venta esperado de los terrenos, por lo que estas empresas deben significar, en el mediano plazo, una fuente importante de utilidades para los ejidatarios al ser éstos socios de las mismas. La participación accionaria promedio de los ejidos en las sociedades inmobiliarias es de 54.4% incluyendo los caso de Baja California Sur, Sinaloa y México donde ellos poseen, como ya se señaló, 100%. Eliminando estos casos, la participación ejidal es de 39.2%, lo que significaría una participación en el reparto de utilidades de casi 40% de éstas. La información anterior pone en evidencia la necesidad de contar con una administración profesional y transparente en este tipo de proyectos, a fin de que la inversión de los ejidatarios y sobre todo lo que ésta implicó —aportar sus terrenos y dejar de usufructuarlos con otras actividades— les rinda los frutos que no sólo justifiquen haber destinado sus tierras al uso urbano sino que además les posibilite una mejoría en sus condiciones de vida, tomando en consideración que en promedio cada empresa involucra a 140 ejidatarios beneficiados. Este último asunto no es menor y no sólo involucra a los ejidatarios sino también, y en gran medida, a las instituciones que deben cuidar los mecanismos que garanticen la inversión a través, por ejemplo, de la capacitación en cuestiones administrativas, contables y mercantiles, aparte de la identificación de aquellos proyectos de inversión complementarios pertinentes. A continuación se presenta en forma general la situación que guardan actualmente las sociedades constituidas y la problemática que han enfrentado, a fin de poder aportar otros elementos que fortalezcan la actuación de los ejidos e instituciones involucrados.


144

• ANÁLISIS •

Cuadro 2 Sociedades mercantiles inmobiliarias constituidas

* mdp= miles de pesos Fuente: PA. Dirección General de Organización Agraria, Aportaciones de tierras ejidales de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias, mayo, 1997

25 Se trata de los mismos ejidatarios ya que la tierra ejidal se fraccionó dando lugar a tres desarrollos inmobiliarios.

26 Ídem.

145

Entidad

Municipio

o Delegación

Ejido

Superficie

(ha)

Avaluó (mdp*)

Partici-pación Accio-naría

Benefi- ciarios

Inversionistas

Sociedad

Objeto Social

D.F. Cuajimalpa San Mateo Tlaltenango

45-46-26.28 4,992.0 40.00 128 25 Inmobiliaria Los Prados

Club de Golf Reforma

Inmobiliario


31-41-46.81 6,911.2

47.96 128 25 Club la Sierra

Club Hípico

La Sierra

Inmobiliario


10-89-59.81 3,150.0 10.16 128 25 Inm. Akko y Prom.

Bosques

Río de Santa Fe

Inmobiliario

S.L.P. Sn. Luis P. Garita de Jalisco

200-00-00.00 34,000.0 43.00 85 26 Constr. y Urb.

Las Lomas

Residencial La Tenería

Inmobiliario


54-57-09.57 9,888.9 45.00 85 26 Constructora Rangel

Lomas de La Garita

Inmobiliario


578-15-25.57 48,326.0 43.00 85 26 Urb. del Sur de San Luis

Desarrollo del

Pedregal

Inmobiliario

Son. Sn. L. Rìo San Luis Colora

3,471-00-00.00 n/d 25.00 236 Grupo Coine y

Grupo Nafta

Const. e Inm.

Ejido San Luis

Inmobiliario

B.C.S Los Cabos Sn. José Del Cabo

261-33-93.10 29,638.8 100.00 270 No hay Inm. Integral de Baja

California

Inmobiliario

Coah. Torreón Sn. A. de Los Bravos

532-39-92.00 22,201.0 42.53 113 Zela Servicios

Cd. Nazas

Sn. Antonio

Inmobiliario

Sin. Mazatlán El Habalito 1,257-27-00.00 62,863.5 100.00 138 No hay Cd. Industrial Mazatlán

Inmobiliario

Gto. Irapuato Irapuato 43-57-66.83 8,274.0 56.19 253 Gap Desarrollos

Corporativos

Irapuato XXI

Inmobiliario

Méx. Cuautitlán I. La Piedad 55.22.36.92 50,566.0 100.00 32 No hay Fracc. La Piedad

Inmobiliario

En la mayoría de los casos, el funcionamiento de las SMI, inmersas en un contexto económico y social a nivel nacional poco favorable, dada la fuerte crisis de los últimos años, no está siendo el esperado inicialmente al no estarse cumpliendo las metas o instrumentando las acciones programadas, ya sea por causas imputables al inversionista —como el incumplimiento de acuerdos o un manejo poco claro hacia el grupo de las operaciones de venta y reparto de utilidades— o también imputa-bles a los ejidatarios, que enfrentan con frecuencia problemas de divisionismo interno que llegan hasta la interposición de juicios que obstaculizan la operación de la empresa o propician la interrupción de su funcionamiento. El problema del divisionismo interno, nada nuevo en los núcleos, ha llegado en estos casos al enfrentamiento de los ejidatarios con hijos de ejidatarios, a que se inconformen con sus representantes o estén a disgusto con el comisario nombrado para informarles sobre la operación de la empresa, todo lo cual expresa, más que nada, un problema de intereses en donde los individuales tratan de sobreponerse a los del grupo, a veces poco claros e inestables. Proyectos inmobiliarios en proceso Como ya se mencionó, las SMI en proceso de constitución son 22 localizadas en nueve estados de la República. Nueve de estas 22 sociedades tramitan su constitu-ción en el Estado de México, en su mayoría en municipios conurbados al Distrito Federal con un objeto social exclusivamente inmobiliario, excepción hecha de las sociedades a desarrollarse en Valle de Bravo y Tultitlán, las cuales declaran como objeto el inmobiliario-turístico-ecológico, y una más, en Ecatepec de Morelos, con objeto inmobiliario-industrial. Estos proyectos del Estado de México involucrarán cerca de 1 mil 372 hectáreas con una valuación preliminar de 585.9 mdp.27 Considerando los casos con infor-mación relativa al avalúo, así sea preliminar, se tendría un valor promedio del m2 de $49.97. Cabe señalar que los ejidos de Sto. Tomás Chiconautla, en Ecatepec, y los de San Bartolomé Coatepec y San Cristóbal Texcalucan del municipio de Huixquilucan, están incorporando suelo al desarrollo urbano mediante la adopción del dominio pleno sobre tierra parcelada y en cinco casos más no hay inversionista porque se trata de proyectos inmobiliarios de los propios ejidatarios. De cinco ejidos con información se sabe que la constitución de las sociedades implicaría 570 beneficiados en total.

27 Datos relativos a 6 casos.


146

• ANÁLISIS •

Cuadro 3 Sociedades mercantiles inmobiliarias en trámite

Entidad

Municipio

Delegación

Ejido

Superficie

(ha)

Avaluó

(mdp*)

Benefi-

ciarios

Inversio-nistas

Sociedad

Objeto

Social

Méx. Ecatepec

Sta. María Tulpetlac

71-84-85.51 7,371.5 73 No hay Inmobiliaria ejidal

Inmobiliario

Méx. Tultitlan Melchor Ocampo

10-00-00.00 n/d 139 No hay Inmobiliaria ejidal

Inmobiliario turístico- ecológ.

Méx. Cuautitlán I. Sn. José Huilango

200-00-00.00 n/d 80 No hay Inmobiliaria ejidal

Inmobiliario

Méx. Coacalco Coacalco 220-00-00.00 154,000.0 120 No hay Inmobiliaria ejidal

Inmobiliario

Méx. Valle de

Bravo

Sn. Juan Atezcapan

80-00-00.00 n/d n/d Agropecuaria de

Champotón

Inmobiliaria Inmobiliario turístico -ecológ.

Méx. Cuautitlán I. Sn. Francisco Tepojaco

220-13-15.92 43,000.0 158 No hay Inm. Ejidal Sn. Fco. Tepojaco

Inmobiliario

Méx. Ecatepec Sto. Tomás Chiconantla

150-00-00.00 97,500.0 n/d n/d Inmobiliaria Inmobiliario Industrial

Méx. Huixquilucán Sn. Bartolomé Coatepec

220-00-00.00 154,000.0 n/d Gpo. Profusa Inmobiliaria Inmobiliario

Méx. Huixquilucán Sn. Cristóbal Texcalucan

200-00-00.00 130,000.0 n/d Gpo. Profusa Inmobiliaria Inmobiliario

B.C. Ensenada La Misión 1,150-00-00.00 77,044.0 49 No hay Inm. Ejidal La Misión

Inmobiliario turístico

B.C. Tecate Baja California

200-00-00.00 n/d 37 Municipio

inmobiliaria Inmobiliario

B.C Tecate Nva. Col. Hindú

400-00-00.00 n/d 200

Municipio Inmobiliaria

Inmobiliario

147

Jal. La Huerta E. Zapata 136-32-10.25 4,089.0 151 Jorongo Inmobiliaria

Ecoturístico

Jal. La Huerta E. Zapata 229-84-26.31 6,895.3 151 Acamaya Inmobiliaria

Ecoturístico

Jal. La Huerta E. Zapata 272-36-15.97 8,170.8 151 Tangara Inmobiliaria

Ecoturístico

Gto. Sn. Miguel de Allende

Sn. J. de Jorge López

213-00-00.00 n/d n/d n/d Inmobiliaria

Ejidal

Inmobiliario

Gto. Sn. Miguel de Allende

Don Diego 300-00-00.00 n/d n/d Fidevi Inmobiliaia Inmobiliario

Camp. Conhuas 2,025-00-00.00 n/d 72 Gob.Estatal, Municipio y Fonatur.

Inmobiliaria Ecoturístico

Oax. Tehuantepec Sta. C. Tagolaba

(com)

1,317-00-00.00 n/d n/d Gob. Estatal Inmobiliaria Inmobiliario Industrial

Sin. Navolato El Tetuan 2,201-46-92.31 1,651 42 Const. Coso Inmobiliaria Inmobiliario turístico

Ver. Veracruz Delfino

Victoria

n/d n/d 480 Gpo. Gegovi inmobiliaria Inmobiliario Industrial

Zac. Zacatecas La Escondida 202-91-18,73 n/d 135 No hay Inmobiliaria ejidal

Inmobiliario

mdp= miles de pesos135 Fuente: PA. Dirección General de Organización Agraria, Aportaciones de tierras ejidales de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias, mayo, 1997


148

• ANÁLISIS • El resto de las sociedades se distribuye de la siguiente manera: tres en Baja California; tres en Jalisco; dos en Guanajuato, y una en cada uno de los estados de Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. De éstas, sobresale por su superficie y destino la ubicada en Campeche, donde se programan 2 mil 025 hectáreas con un objeto social ecoturístico, siendo los inversionistas el gobierno del estado, el municipio y Fonatur. Se desconoce aún la valuación de los terrenos pero se sabe que serán 72 los beneficiarios. En el único caso proyectado para el estado de Oaxaca también el gobierno estatal es inversionista y en dos sociedades de Baja California el gobierno municipal. Junto con el caso de Campeche, en el que se proyecta un desarrollo ecoturístico, las tres sociedades de Jalisco se orientan al mismo tipo de objeto. En el caso de Oaxaca y Veracruz se trata de proyectos inmobiliario-industriales, y en Sinaloa y un caso en Baja California de inmobiliario-turísticos. El resto de las sociedades tienen como objeto social el inmobiliario. Conclusiones La incorporación de suelo al desarrollo y crecimiento de las ciudades seguirá produciéndose a costa de tierra ejidal y comunal como un hecho irremediable. En ese sentido, la decisión de modificar el régimen agrario con las reformas al Artículo 27 constitucional y las correspondientes legislaciones agraria y urbana, constituye el marco normativo-institucional que permite dar respuesta a estos requerimientos y promover más ordenadamente el desarrollo urbano en condiciones de equidad para los grupos involucrados. Uno de los grandes propósitos de ambas legislaciones es precisamente el de hacer frente a esta problemática, generando alternativas de asociación entre los sectores público, social y privado con cuya complementariedad se podrán resolver problemas añejos como el del precarismo urbano.

149

A cinco años de vigencia de la nueva legislación en materia agraria y a juzgar por la experiencia aquí revisada, se puede decir que las sociedades mercantiles inmobiliarias aún no logran constituirse en verdaderas opciones para la incorporación de suelo social al desarrollo urbano de manera ordenada y con menores costos para la sociedad, toda vez que persisten problemas como el desconocimiento de la ley y de las oportunidades que se abrieron con las modificaciones al Artículo 27 constitucional y la expedición de la Ley Agraria. Esto no es sólo privativo para el caso de los ejidatarios, sino también para los empresarios del sector privado. Ciertamente, los años recientes no han contado con el escenario macroeconómico propicio para que pudieran generarse flujos de inversión hacia el campo mexicano; al contrario, la inversión privada se ha retraído y las restricciones presupuestales que la crisis impuso a todos los órdenes de gobierno han sido un obstáculo para la consolidación de este tipo de proyectos. Por lo demás, algunos inversionistas, no muchos por cierto, han realizado negociaciones con los núcleos agrarios y gestiones ante las autoridades competentes para adquirir parcelas con dominio pleno; otros, más que los anteriores, han realizado negociaciones con los núcleos agrarios obteniendo documentos y realizando pagos a ejidatarios sin hacer ninguna gestión ante las autoridades, colocando esas operaciones en condiciones de nulidad. Por su parte, los núcleos ejidales y comunales con terrenos en la periferia de las ciudades han tenido diferentes conductas: algunos han sido hábiles en las negociaciones y han concretado operaciones por la solución que les brinda la mayor y más rápida contraprestación, sin importarles demasiado la situación jurídica en que queda la operación. Otros han aceptado sujetarse a los procedimientos para dar validez jurídica a la operación, con una marcada preferencia por la venta de parcelas ya pasadas al dominio pleno, en virtud de que reciben el monto de la operación en un plazo relativamente corto en comparación con el requerido para que se generen utilidades retirables de las sociedades civiles o mercantiles que se constituyan con la aportación de tierra ejidal.


150

• ANÁLISIS • En suma, la experiencia reciente se distingue, en el caso de los campesinos, por su desconfianza, por las dificultades en la relación entre ejidatarios al interior de los núcleos, por la proclividad al cacicazgo y la influencia de agentes externos que pretenden dirigirlos atendiendo a intereses ajenos. Las tierras de evidente utilidad urbana se convierten en elemento de disputa, por lo que los grupos involucrados buscan por todos los medios —generalmente ilegales— su enajenación y la posibilidad inmediata de recibir el importe en efectivo para hacer frente a sus elementales necesidades. Los empresarios, por su parte, han buscado también ganancias fáciles y al más corto plazo posible, con un sentido pragmático para las negociaciones, y sus prácticas tampoco son siempre apegadas a derecho.

151

Bibliografía Corett, Programa de Incorporación de Suelo Social, México, 1997. (Consultado en

la página de Internet del Sector Agrario.) Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000,

México, marzo , 1996. PA, Dirección General de Organización Agraria Básica, Aportaciones de tierras

ejidales de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias, México, marzo, 1997.

PA, Dirección General de Organización Agraria Básica, Constitución de

sociedades mercantiles inmobiliarias con participación ejidal, México, junio, 1997.

PA, Dirección General de Organización Agraria Básica, Programa de

Incorporación de Suelo Social (PISO), México, septiembre, 1997. PA, Dirección General de Organización y Apoyo Social Agrario, Programa de

Incorporación de Terrenos Ejidales y Comunales a Proyectos de Desarrollo Urbano y Vivienda, México, agosto, 1995.

PA, Legislación agraria, México, marzo, 1997. PA, Programa de Certificación de

Derechos Ejidales y Titulación de Solares, Lineamientos para la regularización de ejidos inmersos total o parcialmente en la mancha urbana y los considerados dentro del Programa PISO, México, septiembre, 1997.

Sedesol, Programa de 100 Ciudades, México, noviembre, 1996.


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Boca Cegada: tenencia de la tierra e inversión di recta enel campo mexicano Mauricio Cánovas Moreno*

os proyectos de desarrollo son la prueba para un modelo económico y social. Concretar un esfuerzo institucional de cambio en el campo mexi-cano depende de muy diversos factores, como son la rentabilidad de las

inversiones, la dinámica social y la legislación vigente. L En el municipio de San Blas, estado de Nayarit, hay un ejemplo concreto que amerita su observación y análisis; nos referimos a la granja de engorda de camarón Boca Cegada, la cual representa una experiencia de inversión directa de capital privado nacional en el sector agropecuario, basado en un piso jurídico de certidumbre, sobre todo en lo que se refiere a la tenencia de la tierra, y en particular en el hecho de que involucre terrenos ejidales regularizados con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). * Delegado del Registro Agrario Nacional en Nayarit.

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En el caso del ejido Política Agraria de Gascón Mercado, se trata de una dotación sobre terrenos de marismas y manglares sin vocación agrícola y que se utilizaba como agostadero para ganado vacuno, con un aprovechamiento inadecuado del suelo. Los 32 integrantes de dicho ejido decidieron en Asamblea del 22 de mayo de 1994 incorporarse al Procede; posteriormente, por la vía de la promoción de inversiones del gobierno de Nayarit, la empresa Aquanova manifestó su interés de llevar a cabo un proyecto de desarrollo acuícola en la zona de San Blas. El diálogo y los acercamientos entre el ejido, el gobierno —en sus tres niveles— y la empresa comenzaron con la búsqueda de un equilibrio concertado y valedero. Se analizó la posibilidad de asociación alternativa que las partes asumieron inviable en función de diversas causas, tales como la avanzada edad de los ejidatarios (60 años en promedio), su inexperiencia en la producción acuícola y, por lo demás, a que ninguno de ellos vivía en los terrenos ejidales, sino en Autan, población cercana del mismo municipio de San Blas. Aquanova negoció con el ejido la compra de los terrenos. En función de ello, los ejidatarios solicitaron a la Procuraduría Agraria su asesoría con el propósito de convertir a la propiedad privada sus parcelas ejidales regularizadas a través del Procede. El acuerdo de Asamblea, autorizando a la totalidad de los integrantes a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, fue inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 9 de enero de 1995, fecha en la que se expidieron 90 títulos de origen parcelarios, con una superficie de 138-73-75.48 hectáreas. El núcleo de población agrario que nos ocupa, al delimitar sus tierras en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria, destinó una superficie de 201-63-41.92 hectáreas al uso común, que posteriormente cambió el destino al de área parcelada (los trabajos técnicos de las nuevas parcelas corrieron a cargo de Aquanova, en virtud de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) había concluido su participación en ese ejido), por lo que el RAN expidió 32 certificados parcelarios para igual número de ejidatarios.


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• EXPERIENCIAS • Con base en lo expuesto, se dio un nuevo acuerdo de Asamblea de formalidades especiales, autorizando a la totalidad de ejidatarios a adquirir el dominio pleno; consecuentemente, el RAN expidió 31 títulos de origen parcelario, con una extensión superficial de 194-50-68.77 hectáreas. Con el ejido de Isla del Conde se firmó un contrato de usufructo sobre uno de los polígonos que el ejido reconoció como de uso común, con base en el cual se estableció un fideicomiso con una modalidad de asociación novedosa que permite mantener la participación de los campesinos durante todo el proyecto. El proyecto acuícola incluyó en su primera etapa terrenos adquiridos a particulares, zonas federales y segmentos del ejido colindante Isla del Conde, también ya certificado por el Procede. Este poblado, mediante Asamblea del 19 de noviembre de 1995, autorizó a ocho de sus integrantes a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, acuerdo que fue inscrito en el RAN el 3 de mayo de 1996, fecha en la que se expidieron los correspondientes ocho títulos de origen parcelario, con una superficie de 53-70-74.32 hectáreas. La superficie se adquirió para el proyecto acuícola. Aquanova generó 80 empleos permanentes y hasta 500 temporales en el periodo inicial de operaciones; alcanzó rendimientos de 2.5 toneladas por hectárea en las 320 hectáreas de producción a junio de 1997. Aunque se propone alcanzar las mil 300 hectáreas de estanquería, producir anualmente 6 mil toneladas de camarón con tallas para exportación, y así generar divisas por 35 millones de dólares al año. Estratégicamente pretende una integración vertical desde la investigación hasta la venta final. Para lograrlo, Aquanova se acercó a los integrantes del poblado La Chiripa con el objetivo de ampliar la granja, pero encontró que se trataba de un asunto etiquetado dentro del rezago agrario, turnado en condiciones de resolución al Tribunal Superior Agrario por el gobierno federal. Existía un amparo interpuesto por el propietario afectado por la dotación de tierras ejidales al citado grupo de campesinos. Al persistir el conflicto, los terrenos no podían ser utilizados con seguridad por los posesionarios, ni adquirir compromisos de venta, usufructo o asociación. Ante ello, hubo arreglo con ambas partes, por un lado, el particular desistió de su acción, conviniendo con Aquanova su finiquito. En virtud de esta

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composición amistosa, el poblado estuvo en posibilidades de gestionar para sus 67 miembros la resolución favorable del Tribunal Agrario; entonces, se inscribió en el RAN la sentencia y el plano correspondiente, quedando concluido —con satisfacción para ambas partes— un caso de la deuda agraria. Para el proyecto acuícola, lo logrado en La Chiripa es fundamental pero no suficiente. Ahora requiere la certificación a través del Procede, pero esta vez con una modalidad distinta: de 1450-87-38 hectáreas que se regularizarán, cerca de 500 entran en el proyecto de ampliación de Boca Cegada. Por lo anterior, en una Asamblea de ejidatarios de formalidades especiales se tomarán las decisiones de delimitar y asignar sus tierras ejidales, y, con base en ello, adoptarán el dominio pleno sobre la superficie parcelada que se cederá a Aquanova. Para el RAN, ambos actos jurídicos —la certificación y el dominio pleno— son objeto material de la correspondiente inscripción, a pesar de haber ingresado en un único documento. En términos de las normas agrarias, los tratos han sido válidos, pero es insoslayable revisarlo en una perspectiva más amplia, como es la sustentabilidad, el impacto regional y, en general, respecto a la política social y económica del régimen. Así, en materia ecológica, Aquanova fue sometido por las autoridades en la materia a 50 condicionantes, entre ellas, la reforestación de manglares y el monitoreo del agua. La empatía de Boca Cegada respecto de su entorno social se ha dado en forma sui generis, ya que si bien se esperaba más que los 80 empleos permanentes, Aquanova ofrece que 70% de los puestos sean ocupados por los lugareños. En ese sentido, en la segunda etapa se alcanzarían los 200 empleos permanentes y los 700 temporales. Los campesinos participan ya con 100% de la propiedad de la empresa Aquaterrenos, que da servicio de mantenimiento a las granjas de Aquanova. Lo anterior se complementó con diversas obras como el reacondicionamiento de una biblioteca, la construcción de una casa ejidal y la gestión compartida de diversos servicios públicos. A nivel individual, los campesinos han invertido los recursos frescos recibidos a cambio de sus tierras en tractores, rehabilitación de sus granjas familiares, tiendas de abarrotes y mejoramiento de sus casas.


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• EXPERIENCIAS • El modelo ha encontrado caminos, pareció romperse la brecha entre la macroeconomía y la microeconomía. Más que hablar de esa vieja entelequia que es la racionalidad económica, me refiero aquí al cálculo económico, no solamente porque se logra un uso más eficiente de los recursos naturales, sino también a que se orientan las inversiones y se conducen los progresos tecnológicos. Asimismo, observamos que la oferta productiva del sector rural puede adaptarse y salir adelante frente a la competencia internacional. Este proyecto contribuye, aunque de forma magra, al alcance de los retos económicos nacionales; con el proyecto se avanza en la inversión nacional, en la creación de estructuras de decisión descentralizadas y guiadas por el mercado, y en la elevación del empleo. Aquanova nos ratifica que, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, los sectores primario y secundario enfrentan transformaciones tecnológicas que limitan su capacidad de retener mano de obra. No es extraño constatar que regiones y países enteros logren expansiones económicas duraderas con empleo estancado y aun declinante. Si bien es cierto que imponer un aumento de contrataciones a una empresa es económicamente inoperante, también es cierto que dada la prodigiosa aportación de recursos naturales de la región al proyecto acuícola, se podría apoyar los esfuerzos de integración vertical de Aquanova promoviendo la instalación de plantas productivas y de negocios en Nayarit, como son la procesadora de productos de valor agregado, con el concomitante efecto positivo en el empleo y la economía locales. Esto nos lleva a una primera reflexión final: hemos de encontrar maneras de obtener que la mayor movilidad de los factores de la producción —en este caso la tierra— se articule mejor con las demandas de la sociedad civil, como es el empleo. En todo caso, Boca Cegada demuestra que la viabilidad económica y tecnológica de proyectos como el que nos ocupa, tienen necesariamente que enfrentarse en lo social con la misma seriedad que los otros aspectos, sin atropellar derechos adquiridos de los campesinos y observando el marco legal, lo cual asegurará a los inversionistas la certidumbre de su proyecto.

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Boca Cegada nos muestra como el régimen pasó de una protección tutelar de los derechos sociales a una relación adulta, y que sólo los expedientes autoritarios intentan "fundar la Nación" con base en un solo credo agrario, pretendiendo homogeneizar a la sociedad rural, compleja y diversificada. Tendremos que perderle el miedo al proceso de reforma estructural que ya alcanzó el campo de nuestro país. El marco legal deja el plato listo para proyectos asociativos diversos y para la inversión directa sin un paradigma fijo.


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Tenencia de la tierra y lógicas campesinas. La aparcería en una comunidad zapoteca (Oaxaca, México) Jean-Philippe Colin* Introducción

a investigación mexicana en ciencias sociales raras veces ha considerado la aparcería1 como un objeto intrínseco de estudio. Cabe mencionar, como excepciones, los estudios realizados por Finkler

(1978) y McFarland (1991), así como algunos trabajos que, si bien es cierto no están centrados en la aparcería, sí hacen ampliamente referencia a ella (Cochet, 1991; Katz, 1980; Turkenik, 1975). No obstante, la aparcería es a menudo citada en el marco de las haciendas y en estudios históricos que abarcan el periodo comprendido entre el siglo XVIII y principios del siglo XX. Posteriormente, el postulado de una transformación de los aparceros en ejidatarios, y por lo tanto de la desaparición de la aparcería como consecuencia de la reforma agraria, parece

L

* Economista agrícola del ORSTOM (Instituto francés de investigación científica para el desarrollo en cooperación), profesor-investigador invitado del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas e investigador huésped del Departamento de Economía Agrícola de la Michigan State University. En una primera versión, este trabajo se presentó en el coloquio de la Latin American Studies Association, en Guadalajara, 17-19 de abril de 1997. Quisiera agradecer a Emmanuelle Bouquet y Jean-Marie Codron por sus comentarios, así como a Annie Carrillo y Hélène Colin por su traducción del texto al español; quedo por supuesto responsable de las insuficiencias que permanecen.

1 Dentro de las formas de aprovechamiento de la tierra, se pueden distinguir el cultivo propio, la renta de la tierra y la aparcería, la cual

se define en este texto como el acceso a la tierra cuyo costo es proporcional a la cosecha. El dueño de la tierra puede o no participar en el proceso de producción, y la cosecha puede ser compartida según proporciones variables (a medias, al tercio, al cuarto, etcétera). La renta de la tierra y la aparcería se definen como formas de aprovechamiento indirecto de la tierra.

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haber dado lugar a un consenso implícito por parte de los investigadores interesados en el mundo rural mexicano. Esta falta de interés se vio reforzada por el hecho que las estadísticas oficiales no toman en cuenta una práctica ilegal (hasta 1992) sobre las tierras redistribuidas en el marco de la reforma agraria. De acuerdo con ciertos analistas, al anular la prohibición que pesaba sobre el aprovechamiento indirecto de las tierras de propiedad social, la reforma de la legislación agraria de 1992 debería propiciar el desarrollo de dicho sistema de aprovechamiento. Sin embargo, este pronóstico me parece discutible debido a que está basado en una apreciación errónea de la importancia real de las prácticas de aprovechamiento indirecto de la tierra antes de la reforma de 1992. Esta apreciación remite a una sobreestimación del peso de la restricción legal que existía sobre las prácticas de tenencia, ya que dichas prácticas estaban en gran medida regidas por "reglas del juego" locales (Bouquet y Colin, 1996). Esta falta de conocimiento de las formas de aprovechamiento de la tierra en el campo mexicano nos llevó a desarrollar una línea de investigación sobre esta temática, en el marco del programa "Dinámicas organizacionales en el campo mexicano. Tenencia de la tierra y cambio técnico" (Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas de Montecillo y el ORSTOM), conducido de 1993 a la fecha. Se realizaron, en una perspectiva comparativa, estudios locales en una comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca, en un ejido de Tlaxcala2 y en cuatro ejidos del sur de Tamaulipas (en este caso, con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)). Contamos, además, con datos detallados sobre las formas de aprovechamiento de la tierra para la producción de papa entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba (Veracruz y Puebla), mismos que fueron recolectados en el marco de un programa de investigación anterior. Partimos del principio de que no es posible prescindir de un estudio local detallado cuando se trata de entender las prácticas de tenencia de la tierra. Se planteó proponer estudios de caso con la meta de descifrar la complejidad y la diversidad de las situaciones locales. No se pretende lograr una representatividad estadística,3 debido a que el objetivo consiste en aclarar la relación que existe, en

2 Emmanuelle Bouquet prosigue actualmente esta investigación en el estado de Tlaxcala, en el marco de su tesis de doctorado. 3 El programa de investigación sobre el aprovechamiento indirecto de la tierra en los ejidos del país, puesto actualmente en marcha por

la Secretaría de la Reforma Agraria, debería proporcionar un marco general que permitiera reubicar estos estudios de caso dentro del contexto nacional.


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• EXPERIENCIAS •

determinados contextos, entre la situación de los actores y las prácticas de tenencia de la tierra.

Una parte importante de los datos recolectados no ha sido todavía analizada, pero los casos estudiados permiten ver claramente que el aprovechamiento indirecto se practicaba mucho antes de la reforma de 1992, que se organiza en gran medida fuera del marco legal, que puede revestir formas múltiples (en ocasiones bajo denominaciones idénticas), cumplir con diversas funciones e interrelacionar tipos de actores muy diferentes, con motivaciones igualmente distintas. Este artículo se enfoca únicamente sobre uno de estos estudios locales. Se consideró que, desde el punto de vista del método utilizado para el estudio así como de las lógicas encontradas, el análisis de la aparcería en San Lucas Quiavini (Oaxaca) presentaba un interés que superaba el simple estudio de caso. La aparcería en lo alles Centrales s V

Apuntes históricos

La aparcería no se presentaba como una práctica común en los Valles Centrales del estado de Oaxaca antes de finales del siglo XVIII, debido, indudablemente, al dominio sobre la tierra que pudieron conservar las comunidades indígenas frente a las haciendas.4 Esta forma de aprovechamiento se desarrolla en las haciendas a partir de finales del siglo XVIII, y sobre todo durante el siglo XIX. Tal evolución debe correlacionarse con un proceso de marginación de la producción comercial indígena (cochinilla, en particular) y, en forma paralela, con un proceso de desarrollo de la producción española en las haciendas dedicadas inicialmente a la ganadería, pero que se encaminan cada vez más a una actividad agrícola. Esta tendencia se ve reforzada en el siglo XIX por la presión sobre la tierra provocada, en el seno de las comunidades indígenas, por el crecimiento demo-gráfico. En un contexto de baja redituabilidad de la producción agrícola y de endeudamiento, las haciendas, deseando reducir el principal renglón de gasto —la remuneración de la mano de obra— y aprovechando la demanda creciente de tierras por parte de los indígenas, recurren entonces al arrendamiento y sobre todo a la aparcería.

4 Para una perspectiva histórica sobre la economía rural de los Valles Centrales, remitirse en particular a Cassidy (1981), Reina (1988),

Romero Frizzi (1990), Taylor (1972).

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De esta manera, el maíz se produce esencialmente en condiciones de aprovecha-miento indirecto. Los productos más rentables —trigo y caña de azúcar— siguen siendo cultivados por la hacienda bajo el sistema de aprovechamiento directo. Afuera de las haciendas, el cultivo a medias inter o intracomunitario se menciona de manera muy alusiva en ciertos estudios his-tóricos (Taylor, 1972). Así, a principios del siglo XX, el cultivo a medias era común en las haciendas de Oaxaca orientadas hacia las producciones tradicionales, pero desaparece en los años treinta con la reforma agraria, que provocó la fragmentación de las haciendas y la distribución de sus tierras. Sin embargo, el cultivo a medias inter o intracomunitario sigue siendo a menudo mencionado (más que analizado)5 en las investigaciones contemporáneas relacionadas con los Valles Centrales, aun cuando no se presenta nunca como la forma principal de aprovechamiento de la tierra.6 El estudio realizado en San Lucas Quiavini (SLQ), una comunidad zapoteca cercana a Tlacolula, brinda la oportunidad de comprender mejor este arreglo institucional en el contexto de los Valles Centrales. El cultivo a medias en San Lucas Quiavini 7

Según la tradición oral, SLQ estaba localizado, antes de la llegada de los españoles a los Valles Centrales a principios del siglo XVI, en la zona de colinas del terruño actual del pueblo. Fue fundado nuevamente en 1587 en su localización actual. Los títulos que legalizan de manera formal la propiedad de la comunidad sobre estas tierras le fueron entregados en 1614 (Martínez Gracida, 1883). La comunidad siempre conservó sus tierras, tanto en la época colonial como durante el periodo comprendido entre la Independencia y la Revolución. La reconstitución de la historia de la tenencia de la tierra en SLQ con base en entrevistas a los lugareños y la consulta de archivos sólo puede ser posible, en términos aproximados, a partir de fines de la época de las haciendas, en los años treinta.

5 Con la excepción notable de Turkenik (1975). 6 Ver por ejemplo a Coronel Ortiz (1992), Diskin (1967, 1976), Granskog (1974), Malinowsky y de la Fuente (1957), Martínez Ríos

(1964), Ornelas López (1982), Piñón Jiménez (1982), Stolmaker (1973), Turkenik (1975), Vásquez Hernández (1982). 7 Este análisis se basa en datos recopilados en 1993 por Hélène de Château-Thierry y Clémence Rouy, estudiantes del ina-pg (Institut

National Agronomique de Paris-Grignon), en una muestra de 55 unidades de producción, y en entrevistas más informales posteriormente llevadas a cabo (última actualización en febrero de 1996).


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En esa época, eran numerosos los productores que, disponiendo de una yunta, trabajaban como aparceros de la hacienda Tanivé —1258 de los 180 cabezas de familia y 21 jóvenes solteros que constituían la comunidad—.9 En 1936, en el marco de la reforma agraria,11 campesinos reciben un ejido de 69 hectáreas ubicado en el valle. Estas tierras fueron incautadas al rancho Don Pedrillo, ya que se declaró la no afectabilidad de Tanivé. En 1937, el ejido se amplía con 56 hectáreas (7 beneficiarios), incautadas a la hacienda de Tanivé, declarada esta vez afectable.10

A partir de las dotaciones iniciales, el número de ejidatarios se cuadruplicó (76 en 1990), provocando la fragmentación de las parcelas ejidales. El modo principal de posesión de la tierra sigue siendo comunal (775 hectáreas, por 125 hectáreas del ejido), con parcelas individuales para la tierra de labor y usufructo común para tierra de monte y agostadero. Las dotaciones ejidales no resolvieron el problema del minifundismo: en promedio, cada productor entrevistado posee y cultiva 3.5 hectáreas (tenencia comunal y eventualmente ejidal), con un máximo de 13 hectáreas.11

Con la desaparición de la hacienda de Tanivé, que los productores de SLQ sólo aprovechan de manera marginal, se desvanece igualmente la oportunidad de tomar a medias una parcela de dicha hacienda. Este modo de aprovechamiento no desapareció como consecuencia de este proceso: sigue siendo vigente pero su importancia es menor que hace medio siglo. De las 55 unidades de producción encuestadas en 1993, ocho cedían y 12 tomaban por lo menos una parcela a medias; 20% de las superficies cultivadas eran objeto de un arreglo a medias. Una perspectiva diacrónica conduce a reforzar la importancia de esta forma de aprovechamiento: 12 de las unidades de producción que trabajaban en 1993 exclusivamente en aprovechamiento directo habían, en un momento de su trayectoria evolutiva, tomado o cedido una parcela a medias. Por lo tanto, se estima que en SLQ, 50% de los productores practica o ha practicado el cultivo a medias, ya sea como aparcero o como propietario.

8 Carta dirigida en 1937 por el presidente municipal de SLQ a las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria. Archivos de la sra,

exp. DOT 23/1019, Tanivé, correspondencia del 3/5/37. 9 Archivos de la sra, censo del 18-24/9/37, exp. 25/1088, ampliación SLQ. 10 Archivos Generales del estado de Oaxaca, leg. 78, exp. 6; archivos de la sra, exp. 584, 25/1088 y DOT 23/1019. 11 Las tierras llamadas comunales, pero que de hecho son propiedades individuales, representan 82% de las superficies controladas;

las parcelas ejidales suman tan sólo 9% de los terrenos propiedad de los productores encuestados. Los productores pueden también "abrir" parcelas de cultivo en el indiviso comunal (realmente común a los campesinos) constituído en las zonas altas del lugar, utilizadas para agostadero y para recolectar madera (9% de las superficies, al momento de las encuestas); el único requisito consiste en dar aviso a la oficina de bienes comunales. La simplicidad de esta forma de acceso a la tierra se explica por la falta de interés de los campesinos en la "apertura" de este tipo de parcelas, debido a que la inversión de trabajo resulta alta si se le compara con la producción obtenida. Ninguna parcela del lugar está registrada como pequeña propiedad. Existe un mercado local para las parcelas comunales apropiadas individualmente, pero las transacciones se llevan a cabo únicamente entre miembros de la comunidad. Este mercado dista mucho de ser marginal: de las 191 ha poseídas por los 54 productores encuestados (no contamos con información sobre uno de los casos), 66 ha fueron compradas, o sea 35% de la superficie. Cerca de 50% de las explotaciones (24/54) tuvo acceso a la tierra, en forma total o parcial, mediante compra.

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Ahora el arreglo se concluye esencialmente en el seno de la comunidad, aunque ciertas parcelas (30% de las superficies) se localizan en las tierras de comunidades vecinas, en particular de Tlacolula. El arreglo es informal: se concluye sin testigos ni firma de documentos escritos, por un ciclo de cultivo, y es prorrogable en función de los deseos de los actores; generalmente, el acuerdo es efectivamente prorrogado por más de un ciclo. El 67% de los arreglos que se nos mencionaron correspondían a un acuerdo prorrogado por periodos de entre dos y cinco años; la duración máxima registrada fue de 20 años. A diferencia de otros pueblos de los Valles Centrales (Dennis, 1976), en SLQ no se descarta la posibilidad de dar parcelas a medias a aparceros ajenos a la comunidad: el arreglo se concibe como un simple acuerdo entre individuos, en el cual la comunidad no ha de intervenir. La mediería establece a menudo una relación entre miembros de una misma familia: suegra/yerno, sobrino/tío-tía, primos, etcétera (40% de los casos registrados en 1993). El cultivo a medias representa un tipo de aprovechamiento indirecto casi exclusivo. Tan sólo un arrendamiento fue registrado durante las encuestas y nos fueron mencionados únicamente dos casos anteriores. Todos los entrevistados concuerdan en reconocer que la renta de la tierra constituye en SLQ una práctica que reviste un carácter excepcional. La mediería es, la mayor parte de las veces, combinada con el cultivo propio por los dueños (cinco de ocho casos) así como por los aparceros (10 de 12 casos; solamente dos de ellos no eran propietarios de tierras). Los términos de "mediero o aparcero" y "propietario o dueño", utilizados dentro de este texto, se refieren únicamente a las parcelas objeto de un arreglo en aprovechamiento indirecto y no designan, por consiguiente, en manera alguna estatutos exclusivos y perennes. La importancia relativa del cultivo a medias en las explotaciones involucradas es variable (ver Tabla 1): es decisiva para los pequeños agricultores que toman tierras a medias (del orden de 80% de las superficies sembradas), así como para las pequeñas explotaciones que ceden en aprovechamiento indirecto por lo menos una parte de sus tierras (en promedio dos veces la superficie sembrada en aprovechamiento directo). Para los demás, se limita a 20% de las superficies sembradas. El arreglo a medias se refiere a parcelas de milpa, con dos excepciones (pequeña producción de hortalizas). La milpa, asociación de maíz (componente predominante en SLQ), frijol y calabaza, se practica en la región desde la época prehispánica, y caracteriza la economía agrícola del pueblo al cubrir 90% de la


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• EXPERIENCIAS • superficie cultivada. La producción está orientada hacia el autoconsumo: el maíz-grano, el frijol y la calabaza se destinan al consumo de las familias; los tallos y las hojas del maíz ("zacate"), las vainas de frijol y el maíz picado se utilizan para la alimentación animal. El cultivo de la milpa se hace a partir de variedades locales, generalmente sin fertilización química; se utiliza abono orgánico cuando el productor dispone de animales. En ocasiones, se efectúa el barbecho con tractor, pero todas las demás operaciones de cultivo se realizan con yunta o en forma manual. El rendimiento por hectárea que varía en función de los años y de las parcelas, sigue siendo bajo (en promedio 300 kilos de maíz en grano en 1992); raras veces es superior a los 800 kg/ha, debido a fuertes restricciones agroclimáticas. De todos los Valles Centrales, el de Tlacolula presenta en efecto las condiciones naturales menos favorables para la producción agrícola (Kirby, 1973). Los suelos de SLQ son delgados, poco fértiles, y la restricción pluviométrica es más fuerte en cuanto que la agricultura sigue siendo esencialmente de temporal (sólo 3% de las superficies que poseen los productores entrevistados son de riego). El cultivo a medias que se practica en una parcela de milpa en SLQ define un intercambio entre tierra y semilla, por un lado, y trabajo antes de la cosecha por el otro: el dueño proporciona la tierra y las semillas; el mediero realiza el conjunto de los trabajos de preparación del suelo (con excepción de un eventual barbecho con tractor), de siembra y las labores con yunta y trabajo manual, hasta la cosecha. Cada quien cosecha y transporta la parte de la producción que le corresponde; la producción se divide en dos partes iguales. Otros elementos del arreglo son variables, pero están codificados: — Las semillas son normalmente suministradas por el propietario; en caso de ser

suministradas por el aparcero, a este último corresponde toda la cosecha de zacate.

— En caso de que el mediero coseche todo el zacate y que el propietario haya suministrado las semillas, el primero conserva 75% de la producción, lo cual equivale a su parte más la mitad de la parte correspondiente al propietario.

— El reparto de la producción puede hacerse antes o después de la cosecha. Cuando la parcela tiene forma regular, la cosecha se reparte antes por surcos, lo que presenta la ventaja de dividir la producción sin tener que cuantificarla y permite a cada uno cosechar cuando lo desee. Cuando los surcos no son del mismo tamaño, la repartición debe hacerse una vez terminada la cosecha en la cual

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participan ambos actores (directamente o pagando jornaleros). Los productos se reparten por pizcadores (cestas de mimbre) en el caso del maíz y del frijol, por unidad en el caso de las calabazas, y finalmente por "tercio" (manojo) en el caso del zacate. También pueden manejarse otras opciones sobre una base ad hoc, en particular en función de las relaciones entre actores: — El costo del barbecho con tractor se divide generalmente en dos; sin embargo,

llega a darse el caso de que éste sea totalmente cubierto por uno de los dos actores, que dispone de un tractor o que lo alquila. En ciertos casos, esta aportación se ve compensada por el pago de una parte de los gastos de mano de obra contratada para la cosecha, pero esta compensación no es sistemática.

— Cuando la cosecha es particularmente mala, sucede excepcionalmente que el propietario cede al mediero una parte de la producción que le corresponde.

— En uno de los casos de aparcería registrados durante las encuestas, la cosecha de maíz no se dividía en dos sino en tres partes. El aparcero, que no disponía de yunta, trabajaba las tierras de su tía con la yunta de esta última. Ella conservaba las dos terceras partes de la producción de maíz-frijol-calabaza y la totalidad del zacate se destinaba a la alimentación de la yunta.

Todos los entrevistados son capaces de racionalizar por qué entran o no en un arreglo a medias. Algunos tienen mayor dificultad para racionalizar el carácter excepcional de los arrendamientos. Finalmente, nadie puede explicar la lógica de los términos del arreglo a medias tal y como se practica en SLQ. Al formular preguntas como "¿por qué corresponde al propietario proporcionar las semillas?", o "¿por qué se divide la producción en dos y no en tres partes?", se obtiene siempre la misma respuesta: "aquí siempre se ha hecho así". Los términos del arreglo son considerados como "dados", no negociables; el arreglo mismo se ve como estable. Por lo tanto, en SLQ el cultivo a medias tiene la naturaleza más bien de un convenio que de un contrato "puro", negociado ex nihilo entre actores. Estas observaciones implican dos preguntas importantes. Por una parte, ¿cuáles son los factores que conducen a un actor a establecer un acuerdo de este tipo, ya sea como aparcero o como propietario? Por otra parte, ¿cómo explicar la naturaleza convencional del arreglo a medias en SLQ12 (i.e. la escasa o nula racionalización por parte de los actores y la estabilidad de sus términos)?

12 En este aspecto, el caso de la mediería en SLQ no representa una especificidad.


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Lógica de los actores y cálculo económico La lógica que se trata de esclarecer aquí es la que conduce a la selección o no del arreglo a medias, desde el punto de vista de cada tipo de actor, tanto aparcero como dueño. ¿Irracionalidad de los actores? En una primera fase, se intentará ver si un cálculo económico simple, basado en una valoración de los factores a precios del mercado local (conocidos por los actores), permite o no explicar las prácticas adoptadas en materia de forma de aprovechamiento de la tierra.13 En esta fase, el arrendamiento no se considera como una alternativa, debido a que no entra usualmente dentro de la gama de opciones contempladas por los actores; además, no existe un valor de mercado para el nivel de la renta. Desde el punto de vista del aparcero, es posible comparar los resultados de las opciones "tomar a medias una parcela de una hectárea" o "vender su fuerza de trabajo (trabajo manual y cultivo con yunta) en el mercado local, por el número de días de trabajo correspondiente al trabajo que hubiera tenido que invertir en una parcela tomada a medias". La remuneración implícita de la jornada laboral dedicada a una parcela a medias14 es de 12 a ocho pesos,15 en función del rendimiento considerado (700 o 360 kilos de granos). Esta remuneración es siempre muy inferior al salario de mercado (20 pesos), incluso tomando en cuenta un rendimiento "bueno". Por lo tanto, con base en este cálculo, parece que a los aparceros les convendría más trabajar exclusivamente como jornaleros (cultivo manual y con yunta) que tomar una parcela a medias. Un cálculo similar pone de manifiesto la ventaja que el cultivo a medias aparentemente representa para el dueño de la tierra, si se le compara con el empleo de mano de obra remunerada. Esta comparación se refiere a una hectárea en aprovechamiento directo con pago de alquiler de yunta y de jornaleros, y una hectárea cedida a medias.

13 Debido a restricciones de volumen, no es posible presentar aquí las bases y el detalle de los cálculos (ver Colin, 1997). 14 Valor de la producción total de media hectárea (maíz-grano, zacate, calabaza y frijol) que recibe el mediero, dividido por el nú-

mero total de días de trabajo (para una hectárea hasta la cosecha y media hectárea para la cosecha y el flete). 15 Excepto en casos señalados, todos los costos y precios corresponden a los de 1993, expresados en nuevos pesos.

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Para el dueño de la tierra, el arreglo a medias representa: (a) un ahorro en los costos de producción por hectárea, antes de la cosecha (aparte de su participación por concepto de suministro de semillas y de cofinanciamiento del barbecho con tractor), y (b) un "lucro cesante", debido a que el aparcero conserva la mitad de la producción (i.e. correspondiendo al valor de la mitad de la producción antes de la cosecha). Según el rendimiento tomado en cuenta en el cálculo, la utilidad para el propietario de una parcela dada a medias, en comparación con el alquiler de la yunta y el pago de los jornaleros hasta la cosecha, es positiva y varía de 415 a 495 pesos. Por lo tanto, ceder una parcela a medias parece ser una opción particularmente atractiva. Este resultado es claramente contradictorio con la postura cuasisistemática de los encuestados, según la cual es preferible, de ser posible, trabajar su tierra en aprovechamiento directo empleando jornaleros y no dar a medias. El hecho de que el cultivo a medias sea practicado por los aparceros a pesar de que, de acuerdo con este cálculo, les ocasiona pérdidas, así como por propietarios quienes deberían verse favorecidos por esta opción, pero que prefieren una fórmula aparentemente menos atractiva, requiere de una explicación más allá de este sencillo cálculo económico. De manera evidente, la selección de la forma de aprovechamiento de la tierra no remite a un cálculo basado en la valoración de los factores de producción y de la producción a precios del mercado. Prácticas de los actores y formas de aprovechamiento de la tierra A primera vista, la práctica del aprovechamiento indirecto proviene de un desequilibrio entre las disponibilidades de tierra y las disponibilidades de fuerza de trabajo (manual y de tracción animal). Dos indicadores clave reflejan esta situación: la superficie poseída por activo familiar y la disponibilidad o no de una yunta: (a) las explotaciones que toman tierras a medias disponen en promedio de una superficie de 2 hectáreas por activo, contra 4.4 hectáreas en el caso de las explotaciones que ceden por lo menos una parcela en aprovechamiento indirecto, y 3.2 hectáreas para aquellas que trabajan únicamente en aprovechamiento directo; (b) con una excepción, todos los aparceros encuestados disponen de una yunta, contra tres de los ocho dueños que ceden parcelas a medias y 23 de los 34 de las explotaciones que trabajan únicamente en cultivo propio. Sin embargo, la relación tierra-trabajo explica tan sólo en parte la forma de aprovechamiento: a pesar de carecer de activos familiares o de yunta, ciertas explotaciones no ceden tierras a medias; otras explotaciones, que tienen excedentes en cuanto a capacidad de


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trabajo, no toman parcelas a medias. El análisis de las prácticas en materia de aprovechamiento de la tierra en SLQ impone sobrepasar esta sencilla relación y recurrir a factores propios, tanto del contexto de la toma de decisiones como de la situación misma de los actores y del razonamiento económico que adoptan. Mercados de trabajo y formas de aprovechamiento de la tierra En lo que se refiere al mercado del arrendamiento de yuntas, existe evidentemente un desequilibrio en favor de la oferta. Todos los productores reconocen que el riesgo de no poder contratar una yunta en el momento oportuno sí existe, y que buscar una yunta representa un gasto de energía considerable, en particular durante los periodos de gran actividad (siembra, labores en un contexto de precipitaciones). Esta imperfección del mercado de la renta de yuntas contribuye a explicar la relación positiva entre la posesión de una yunta y la toma de una parcela a medias. Se presenta así en SLQ una situación similar a aquella descrita por Bliss y Stern (1982:306) en Palanpour (India), donde, debido a las mismas razones, la posesión de una yunta constituye un "boleto de entrada" para el establecimiento de una relación de cultivo a medias. El hecho que la compra de la yunta prevalece siempre en el proceso de acumulación de capital sobre la compra de tierra, es significativo desde este punto de vista.16 Pero no todas las explota-ciones que carecen de una yunta ceden por este motivo sus tierras a medias y cuando lo hacen, algunas de ellas siguen explotando una parte de sus tierras en aprovechamiento directo (ver Tabla 1). A pesar del riesgo inherente al arrenda-miento de la yunta, ciertos productores prefieren recurrir a esta prestación de servicio y no a un aparcero. Por lo tanto, con el fin de completar este análisis es preciso considerar otros factores. En lo que se refiere al empleo de peones, hay aparentemente mayor equilibrio, de acuerdo con lo que pudimos concluir con base en las pláticas que sostuvimos con los interesados. El problema parece radicar no tanto en poder contratarlos en el momento oportuno (a diferencia del alquiler de las yuntas), sino más bien en la necesidad de supervisar su trabajo en la parcela. Esta restricción se ve a menudo acentuada por la fragmentación de la tierra.17

16 Ésta representa una fuerte inversión: en 1993, un par de bueyes de raza criolla costaba aproximadamente tres mil pesos, un par de

cruces de cebú 5 mil 300 pesos, lo que equivalía al valor de 0.5 a 1 ha de tierra en el valle, a entre 25 y 50% del precio de una casa, o a entre 150 y 265 días de trabajo como jornalero agrícola.

17 En 70% de los casos, la tierra poseída se distribuye en dos parcelas o más.

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Este problema de supervisión concierne por lo tanto de manera más específica a las explotaciones manejadas por mujeres y por personas de edad avanzada. A los dueños, cuyas disponibilidades de tierra sobrepasan la capacidad de trabajo o a aquellos que están muy ocupados en desarrollar actividades extra-fincas, se les presenta igualmente este problema aunque con menor intensidad. Ceder una parcela a medias puede entonces verse como una solución, debido al incentivo del aparcero por la producción. Cabe señalar, que en lo que se refiere al cálculo económico arriba mencionado, tanto la imperfección del mercado del arrendamiento de yuntas como la necesidad de supervisar el trabajo remunerado se traducen, dentro de la óptica de los propietarios, en costos de transacción que limitan la significación de una evaluación de los costos de oportunidad a precios del mercado. Carecemos de datos suficientes que permitan evaluar estos costos de transacción, pero de cualquiera forma, tomarlos en cuenta solamente puede incrementar las ventajas para los dueños de ceder a medias. Por lo tanto, subsiste la contradicción entre las ventajas aparentes del cultivo a medias y la preferencia por una producción en aprovechamiento directo con contratación de mano de obra remunerada. Desde la óptica de los medieros, utilizar como costo de oportunidad los precios de mercado para el trabajo manual y con yunta no presenta este tipo de problema,18 debido a la coincidencia que existe entre la demanda local de trabajo y los ciclos de cultivo. Una estrategia de autoabastecimiento Un elemento determinante de las formas de aprovechamiento de la tierra, tanto para los aparceros como para los propietarios, consiste en una estrategia muy explícita de autoabastecimiento de maíz y, para aquellos que cuentan con una yunta, de zacate como forraje. Varios factores intervienen en esta estrategia de abastecimiento. El riesgo vinculado con el abasto de maíz en el mercado, factor que podría considerarse, no interviene debido a que dicho abasto es posible todo el año, a precio garantizado, en el almacén local de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Sin embargo es preciso matizar este punto, debido a que el maíz criollo producido en el marco de la explotación y el maíz comprado en la Conasupo,19 importado o por lo menos no criollo, no son sustituibles dada la

18 En lo que se refiere a la lógica del cálculo, mencionaré más adelante las limitaciones de este razonamiento. 19 Debido a que el valle de Tlacolula registra, en su conjunto, un déficit de maíz, la oferta de este producto proviene esencialmente

de las tiendas de la Conasupo.


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marcada preferencia organoléptica de la población por el primero. Los productores evocan a menudo este argumento para explicar el hecho de que prefieren producir el maíz y no comprarlo.20 Tal criterio —e indirectamente la imperfección del mercado del maíz— desempeña evidentemente un papel importante, pero los casos de modificación de las costumbres alimenticias bajo la presión de las circunstancias son demasiado numerosos como para que se le otorgue el papel determinante en la lógica de autoabastecimiento, frente a factores relativos a la situación de los actores.

Garantizar la alimentación del grupo familiar constituye una prioridad fundamental en una economía marcada por una importante incertidumbre climática, un nivel muy bajo de ingresos, una escasa —y en ocasiones nula— producción de excedentes agrícolas, la falta de crédito para enfrentar situaciones críticas, la incertidumbre en relación con los términos futuros del intercambio entre ingresos monetarios y bienes de consumo,21 etcétera. La lógica consiste entonces en garantizar total o parcialmente las necesidades alimentarias de la familia, aun cuando esto pueda parecer contrario a lo que un cálculo en términos monetarios pudiera sugerir. Esta lógica caracterizada por safety first, que pretende garantizar un abasto mínimo en caso de desastre es ampliamente conocida por los investigadores que trabajan en sociedades campesinas en condiciones marginales —ver el algoritmo de sobrevivencia de Lipton (1968). Puede también intervenir en esta meta de autoabastecimiento una lógica de minimización de los desembolsos monetarios (no comprar lo que se puede producir en el seno de la explotación), a la que me referiré más adelante. Debido a esta estrategia de autoabasto, los aparceros optan por tomar una parcela a medias en vez de depender única o principalmente de las ganancias obtenidas mediante el mercado de trabajo para garantizar el abasto doméstico (se puede notar que el arriendo seguiría siendo una alternativa, con base en este criterio único). Esta estrategia explica igualmente el hecho de que los propietarios excluyan el arriendo y opten preferentemente por el cultivo a medias (renta en especie), o incluso prefieran, cuando se les presenta la posibilidad, producir en aprovechamiento

20 En los cálculos anteriores, se tomó en cuenta el precio de compra a la Conasupo de $0.8/kg como criterio de valorización de la

producción, y no un precio de venta por el productor, debido a la lógica de autoconsumo que prevalece en SLQ. Por el contrario, si nos situamos, en forma hipotética, dentro de una lógica de producción para el mercado, resulta conveniente considerar la diferencia de calidad entre el maíz producido localmente y el maíz importado vendido por la Conasupo. Debido a que no se cuenta con datos relacionados con SLQ (durante las encuestas, tan sólo se registró una venta de maíz), se puede tomar como base de valorización el precio del maíz en el mercado de Tlacolula en 1993 ($1.3/kg al que sería conveniente deducir los costos monetarios y no monetarios ligados a la comercialización, mismos que resultan difícilmente evaluables debi do a la falta de información). Sin embargo, el aumento del valor de la producción no es suficiente para modificar notablemente los resultados de los cálculos antes mencionados. Para los dueños, es preferible ceder a medias (ganancia neta de 250 a 405 pesos, según el rendimiento tomado en cuenta). Desde el punto de vista del mediero, la mediería sigue menos ventajosa que una actividad asalariada (valor implícito del día de trabajo invertido en una hectárea tomada a medias: de 10 a 15 pesos).

21 Así, el poder de compra del jornal en SLQ, expresado en maíz, se redujo 20% entre 1993 y 1996 (el jornal pasó de 20 a 25 pesos, en tanto que el precio del maíz aumentó de $0.8 a $1.2/kg).

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directo utilizando mano de obra remunerada, más que en cultivo a medias, con el fin de conservar toda la producción, mientras que el autoconsumo de la familia no esté garantizado —aunque tal opción no parece ser la más económica—. Al respecto, el caso de las explotaciones que no disponen de yunta ni, en ciertos casos, de mano de obra familiar, y que sin embargo optan por el aprovechamiento directo y pagan la renta de la yunta así como el salario de los jornaleros, es revelador: considerando únicamente los gastos monetarios (una vez deducido el valor comercial del zacate), el costo monetario de producción por kilogramo de maíz es entonces de $1.4/kg en la hipótesis de un buen rendimiento, contra un valor de compra en la Conasupo de 0.8 pesos. Una vez asegurado el autoconsumo, surgen otros factores que pueden hacer optar por —o imponer— el cultivo a medias: restricciones de financiamiento, estrategia de minimización de los gastos monetarios, imperfección del mercado de alquiler de las yuntas. Debajo de este umbral,22 el hecho de ceder una parcela a medias, aunque no esté garantizado el autoconsumo, no obedece a una elección sino más bien a una obligación, por falta de yunta en un contexto de restricciones de liquidez, o por poca capacidad de supervisión de la mano de obra remunerada (campesinos de edad avanzada o dedicados a actividades extra-finca). Este análisis puede aplicarse a la mayoría de las explotaciones encuestadas. Sin embargo, en algunos casos, la lógica de autoabastecimiento no pretende lograr una autosuficiencia total, lo que provoca ciertas distorsiones en lo que se refiere al esquema que acabo de presentar. Durante un año agrícola malo, como lo fue 1992, 60% de las unidades de explotación eran autosuficientes. Las explotaciones no autosuficientes se encontraban esencialmente bajo fuertes restricciones de tierra, mano de obra y de yunta, así como de recursos financieros, y entonces hubieran a duras penas podido seguir una estrategia de autosuficiencia. Sin embargo, algunas explotaciones (cuatro de 55) bajo restricciones de tierra, poseían una yunta sin por ello solicitar una parcela a medias. Estos casos correspondían a unidades de producción dedicadas a la pequeña ganadería a una escala que les permitía garantizar su seguridad en caso de un ciclo agrícola malo, o a explotaciones cuyos requerimientos alimentarios eran escasos (grupo de consumo limitado) y que recibían transferencias migratorias (contaban por lo menos con un integrante con permiso legalizado para trabajar en los Estados Unidos).23 En estos casos, la producción obtenida en aprovechamiento directo permitía garantizar gran parte del consumo familiar (de seis a nueve meses en periodo agrícola malo), el comple-

22 Si la necesidad anual por consumidor se calcula en 200 kg de maíz, la superficie a cosechar por consumidor es de 0.3 ha en caso de una buena cosecha y de 0.6 ha en caso de mala cosecha. Esta evaluación es globalmente corroborada por los resultados de la cosecha de 1992 (más bien mala): 29% de las explotaciones que cosecharon menos de 0.6 ha por consumidor fueron autosuficientes, contra 80% de las que cosecharon más de 0.6 ha. Ninguna explotación que cosechó 1 ha o más por consumidor fue deficitaria. 23 La migración temporal hacia los Estados Unidos comenzó en los años cuarenta y se ha intensificado a partir de los setenta. Para un análisis más detallado de las relaciones entre migración y sistemas de producción agrícola en SLQ, referirse a Colin et al., 1996.


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mento era comprado con los ingresos monetarios. En otros términos, bajo ciertas condiciones (grupo de consumo limitado, ingresos monetarios asegurados), la disyuntiva (trade-off) entre: (a) tomar una parcela a medias, lo que aumenta la probabilidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria pero que incrementa la superficie sometida al riesgo, y (b) arrendar la capacidad excedente de trabajo de la yunta, lo que circunscribirá el riesgo de una mala cosecha a la superficie en cultivo propio pero que puede obligar a comprar maíz, es a veces resuelta en favor de la segunda alternativa. Sin embargo resulta evidente que, debido a la situación de los actores en SLQ, tan sólo una minoría de agricultores elige esta opción.24

Esta lógica de autoabastecimiento no se refiere únicamente a la alimentación humana: ciertos aparceros explican que al tomar una parcela a medias lo hacen no tanto por la producción de maíz en grano sino más bien por la del zacate. Esta práctica puede remitir al riesgo de no poder abastecerse en el mercado, en particular durante la temporada crítica (alrededor de julio), i.e. a una imperfección del mercado de los forrajes. Sin embargo parece corresponder sobre todo a fuertes restricciones de tesorería, que conllevan a un objetivo (o a una obligación) de minimizar los gastos monetarios y, más fundamentalmente, a la estrategia safety first evocada anteriormente. El costo de la alimentación de los animales representaría en efecto, en caso de recurrir al mercado, el equivalente a 55 días de trabajo de peón o a 22 días de renta de una yunta. Los aparceros prefieren llevar a cabo un arreglo a medias y asimismo conseguir el zacate para reservar sus ingresos monetarios al financiamiento de sus otros gastos. Si el dueño de la tierra no necesita el forraje (debido a que no posee una yunta o a que la alimentación de esta última ya se encuentra asegurada), el mediero podrá cosechar igualmente la parte correspondiente al dueño, y conservará la mitad de esta última (el propietario podrá vender posteriormente los tercios que le correspondan) o proporcionará las semillas con el fin de conservar toda la producción de forraje. Restricción de financiamiento y minimización de los gastos monetarios El cultivo a medias representa para el propietario una reducción de gastos de producción (en comparación con el cultivo propio con empleo de mano de obra remunerada) y de consumo (en comparación con una renta). Para el aparcero, la mediería representa la misma ventaja de reducción o de eliminación de compras

24 Según Kirkby (1973), la producción de maíz que buscan conseguir los productores de los Valles Centrales tiende a decrecer cuan-

do se incrementan las oportunidades de ingresos monetarios, pero con un mínimo incomprensible de aproximadamente una tonelada por familia (lo que, en las condiciones de SLQ, equivale a la producción de alrededor de tres hectáreas en caso de un periodo de cultivo mediocre —siendo el promedio de la superficie cosechada en la comunidad de 3.5 ha). detallado de las relaciones entre migración y sistemas de producción agrícola en SLQ, referirse a Colin et al., 1996.

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de alimentos (alimentación tanto humana como animal), si se le compara con actividades asalariadas, y elude también el pago ex ante de una suma en efectivo, en comparación con el arrendamiento. Se puede observar que las prácticas con miras a la reducción de gastos monetarios no se limitan al cultivo a medias. Cabe mencionar la remuneración en especie de la cosecha de zacate, el intercambio de jornadas de trabajo manual contra jornadas de trabajo con yunta o con trabajo de labranza con tractor, etcétera. Con excepción de la primera, estas prácticas se conocen como guelaguetza, un sistema de ayuda mutua que da lugar a un intercambio no simultáneo, contabilizado, voluntario, que implica reciprocidad. Sería necesario poder disociar la restricción de financiamiento que puede imponer el cultivo a medias al propietario (incapacidad de financiar los costos de producción), como al aparcero (incapacidad de pagar una renta), de una estrategia de minimización de los gastos monetarios, a la que se refieren de manera muy explícita un gran número de actores, que conducirá a escoger tal forma de aprovechamiento de la tierra. Los datos disponibles no siempre permiten hacer claramente esta distinción. No obstante, algunas observaciones ilustran sin lugar a duda la función que desempeña la restricción de financiamiento. Es así como, durante las encuestas, algunos de los productores que no cuentan con yunta y que ceden una parcela a medias declararon "mi hijo dejó de enviarme dinero de los Estados Unidos, me vi por lo tanto obligado a dar una parcela a medias". Aparentemente, mientras que el autoabastecimiento no esté total o parcialmente asegurado, el cultivo a medias se debe interpretar, desde el punto de vista de la oferta, más como un efecto de la restricción de financiamiento que como la expresión de una estrategia de minimización de gastos monetarios invertidos en el proceso de producción. En cambio, una vez que el autoabastecimiento fuera asegurado, esta estrategia intervendría de manera significativa para orientar la forma de aprovechamiento de la tierra. Dentro de una economía en la que los ingresos en efectivo son escasos, se economiza todo lo posible mediante el autoabastecimiento, debido a que los actores prefieren disponer del efectivo para otros usos. En SLQ, esta estrategia de minimización de los gastos monetarios destinados a la producción agrícola influye de manera evidente en los comportamientos económicos y puede observarse incluso en los actores que reciben transferencias migratorias. Esta estrategia se ve reforzada por la lógica que sustenta el razonamiento económico de los productores, según la cual gastos monetarios y costos de oportunidad no se consideran sinónimos. Esta lógica, muy alejada del modelo de elección racional de la teoría neoclásica, no es de ninguna manera


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exclusiva de los habitantes de SLQ. Puede ser analizada con ayuda de los trabajos realizados sobre los procesos de decisión, en psicología y economía experi-mentales (Kahneman y Tversky, 1979; Smith, 1989; Thaler, 1991; Tversky y Kahneman, 1981). De esta manera, Kahneman y Tversky (1979) construyeron una función de evaluación subjetiva de pérdidas y ganancias, en "S", asimétrica (función de valor asimétrica). Esta función descriptiva permite dar cuenta de muchas observaciones empíricas revelando que en valor absoluto, una determinada pérdida puede percibirse de manera subjetiva como más importante que una ganancia del mismo monto nominal. En otros términos, los actores consideran a menudo, en su toma de decisión, pérdidas y ganancias de manera asimétrica, otorgando más peso a las pérdidas que a las ganancias potenciales. Se puede pensar que esta asimetría es tanto más pronunciada cuando el contexto estudiado es crítico, como en SLQ. El hecho de que con frecuencia, gastos monetarios y costos de oportunidad no sean tratados de igual manera por los actores, puede explicarse con la ayuda de la función de valor asimétrica (Thaler, 1991): los gastos se "codifican" como pérdidas y los costos de oportunidad como ganancias potenciales, los primeros están "sobrevalorizados" en comparación con los segundos.25

Esta sobrevalorización parece importante en SLQ, donde la actitud frente a los gastos monetarios desempeña evidentemente una función crucial en la toma de decisiones. Turkenik hizo una observación idéntica en el caso de San Antonio Castillo Velasco: "For any particular crop or season, their concern is only with out-of-the-pocket expenses" (1975:276).26

Esta actitud frente a la esfera monetaria, que condiciona las categorías intervi-niendo en el razonamiento económico y su valoración, no impide que los valores monetarios puedan en ocasiones desempeñar una función de equivalente en transacciones realizadas fuera del mercado: ciertas prácticas que tienden a minimizar los gastos monetarios, evocadas anteriormente, están regidas por normas explícitas de valoración de cada factor que interviene en el intercambio, que corresponde a la relación de los valores de mercado.27 En otras palabras, valores monetarios sirven como patrón para transacciones manejadas fuera de los flujos monetarios. Una situación de este tipo, en la que la moneda sirve simplemente para establecer equivalencias durante el intercambio, era ya de uso

25 Las condiciones experimentales permiten excluir el papel eventual de los costos de transacción dentro de una lógica como ésta. 26 "Para una cosecha o ciclo particular, su única preocupación son los gastos desembolsados" (trad. del editor). 27 De esta manera, la jornada de trabajo con yunta era intercambiada por dos a tres jornadas de trabajo manual, para una relación de

los precios de 2.5; el barbecho con tractor de una hectárea era intercambiada por seis a ocho jornadas de trabajo manual, para una relación de precio de 7.5.

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corriente en el siglo XVII debido a la escasez del dinero (Romero Frizzi, 1988:153). El papel del crédito Tanto la estrategia safety first, con las restricciones de financiamiento y su corolario frecuente, como la estrategia de minimización de los gastos monetarios, deben ser reubicadas en un contexto de fuerte restricción de crédito. El pueblo de SLQ quedó muy al margen de la asignación de créditos bancarios e incluso de los créditos a la palabra del Programa Nacional de Solidaridad, debido en este último caso a una falta de información y confianza. El crédito disponible al usuario a nivel de la comunidad no parece difícil de obtener, sin embargo, debido a su elevado costo (10% al mes), los campesinos recurren a él únicamente por periodos breves (algunos meses). Para préstamos importantes de plazo más largo, estos últimos optan por empeñar sus tierras, sistema mencionado por algunos informadores y que se registró durante las encuestas.28

Se puede pensar que un acceso fácil a un crédito barato podría modificar directa o indirectamente el papel de estas estrategias y restricciones en las prácticas de aprovechamiento de la tierra. Tal crédito no podría, sin embargo, otorgarse con base en la producción agrícola, muy variable, de mediocre productividad y destinada al autoconsumo. Dicho crédito tendría que ser reembolsado con ingresos no agrícolas y ser garantizado, ya sea por el capital acumulado por el agricultor que solicita el crédito (tierras, yunta, casa) o mediante un sistema de garantía solidaria. En ambos casos, es poco probable que los productores recurran a este tipo de crédito, debido a que se niegan a dar en garantía elementos de su patrimonio vitales para la simple sobrevivencia de la célula doméstica, por desconfianza visceral hacia los actores institucionales o debido a las dificultades surgidas en la acción colectiva (por lo menos, cuando no se trata de asuntos comunales). En este sentido, el informe de un extensionista que efectuó una visita a SLQ con el fin de promover un programa de financiamiento para la producción del maíz resulta muy ilustrativo:

28 El prestamista adelanta al propietario una suma de dinero a cambio del derecho de uso de una parcela, hasta que el propietario

reembolse la suma prestada, sin intereses. La producción de la parcela, durante el periodo de vigencia del préstamo, se considera como pago de los intereses que corresponderían a dicho préstamo.


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"...se explicó ampliamente a los asistentes sobre el plan de producción de maíz temporalero. Indicaron en forma inmediata y unánime no querer absolutamente nada de compromisos con el Banco, que cada quien trabaja como quiere y puede. Se les indicó que llenaríamos la ficha de identificación socioeconómica, misma que se negaron a proporcionar datos y los representantes dicen ignorar los mismos. Se levantó el acta firmando las autoridades pero cuando se les pidió a los asistentes su firma se negaron a firmar...".29

En otras palabras, la cuestión del crédito en SLQ —y consecuentemente de su papel en relación con las formas de aprovechamiento de la tierra— remite a consideraciones más fundamentales, como el escaso nivel de acumulación económica, la incertidumbre que aqueja a los productores, las condiciones marginales de producción o los factores que limitan la acción colectiva.30

Una lógica de "autorrestricción" En la elección de las formas de aprovechamiento de la tierra y la lógica de autoconsumo interviene otro factor, expresado muy explícitamente por los campesinos, que remite al hecho de que "más vale tener el maíz en la parcela y no el dinero en la bolsa para comprarlo. El dinero se va, el maíz se queda". Los propietarios esgrimen a menudo este argumento para justificar su preferencia por el cultivo a medias, más que por la percepción del efectivo31 correspondiente a un arriendo. Esta actitud de autorrestricción es usualmente ilustrada por la metáfora de Ulises (Elster, 1984; Thaler, 1991): Ulises, sabiendo que no será capaz de resistir la atracción de las sirenas, pide a sus compañeros que lo aten al mástil de su embarcación. Esta metáfora refleja el problema de un conflicto intertemporal de preferencias: con el fin de alcanzar su objetivo definido en función de sus preferencias en t1 (garantizar la alimentación del grupo familiar), ciertos actores estiman necesario reducir su propio margen de acción en t2 (solicitar el pago de la

29 Informe del 27/5/1977 del jefe de promoción Nº 2, Valles Centrales, archivos de la SRA, exp. 584. 30 El empeño de tierra, tal y como se practica en SLQ (con la consiguiente pérdida, durante el periodo del préstamo, del uso de la

propiedad empeñada), debe ubicarse dentro de este contexto en el cual (a) el crédito "social" no está disponible o no es solicitado, debido a la falta de confianza de los campesinos, (b) los bienes que pueden servir como garantía son vitales para quienes solicitan el crédito, (c) los riesgos de incumplimiento de estos últimos son reales y (d) los gastos monetarios se minimizan. En este contexto, el empeño representa para el prestamista la solución al problema de la garantía del préstamo, y para el solicitante la seguridad de no perder definitivamente la tierra —aun cuando este último tenga dificultades para reembolsar el préstamo (el arreglo es prorrogable, evitando de esta manera la transferencia de la propiedad)—. Este arreglo resulta asimismo más barato que un crédito al usurario y presenta la ventaja de cubrir en especie los intereses (a los cuales corresponde la producción de la parcela durante la duración del préstamo).

31 En el único caso de arrendamiento registrado durante las encuestas, el dueño de la parcela, en aquella época presidente municipal, no tenía tiempo para trabajar como jornalero y cedía a medias dos de sus tres parcelas.

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renta en especie con un arreglo a medias y no en efectivo con una renta), con el fin de evitar que un cambio en su función de preferencia los lleve a hacer en t2 una elección reprobada en t1 (dilapidar en compra de alcohol el dinero que se hubiera recibido como pago de la renta). Los habitantes de San Antonio manifiestan preocupaciones muy similares, según Turkenik (1975:247-252), quien habla de su reticencia a conservar dinero en efectivo en su casa por miedo a gastarlo en "frivolidades" o a ver desaparecer poco a poco sus ahorros, y prefieren invertir en la cría de ganado pequeño, aun cuando esta actividad les provoque pérdidas en términos monetarios. El papel del riesgo Ciertos economistas analizan el cultivo a medias como un sistema de distribución y de transferencia del riesgo (ver Colin, 1995): en el caso de una renta, el arrendatario corre todos los riesgos de la producción; en el caso de un aprovechamiento directo con utilización de mano de obra remunerada, es el propietario quien soporta el peso del riesgo; un arreglo a medias permite que el riesgo sea compartido entre las dos partes. En SLQ, encontramos esta lógica pero supeditada a la estrategia de autoabasto. De esta manera, ciertos propietarios ceden efectivamente sus excedentes de tierras a medias, por miedo a la pérdida que podría generar el empleo de mano de obra remunerada; sin embargo, se opta por esta elección únicamente cuando se considera que el autoabasto está garantizado. Bajo las mismas condiciones,32 ciertos "aparceros potenciales" prefieren alquilar su excedente en capacidad de trabajo con la yunta, en vez de tomar una parcela a medias además de las superficies trabajadas en aprovechamiento directo. Se trata entonces de un rechazo al riesgo que implica el cultivo a medias, en comparación con el incurrido en el mercado del trabajo. ¿Mediería o arrendamiento? Ya se han propuesto varios argumentos para explicar el carácter marginal de los arrendamientos en SLQ. Jerarquizar estas diferentes explicaciones, con base en los datos disponibles, constituiría un ejercicio de estilo; a fin de cuentas, están lejos de excluirse mutuamente. Ciertos argumentos remiten a la falta de "demanda" para este tipo de arreglo de tenencia de la tierra:

32 Con la excepción de los pocos productores que no manifiestan un objetivo de autosuficiencia (cf. supra).


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• EXPERIENCIAS • — los aparceros descartan el pago de una renta debido a fuertes restricciones de

tesorería (argumento emitido igualmente por Lees (1973:12) y por Kirby (1973) para explicar la escasa proporción de arrendamientos en los Valles Centrales),

— el carácter incierto de la producción agrícola, dadas las condiciones agro-

climáticas de SLQ, provoca que los actores prefieran optar por un arreglo que permita una proporcionalidad del costo de acceso a la tierra a la producción ("el arrendamiento tendría que pagarse, independientemente de que la cosecha fuera buena o mala") y una minimización de los gastos monetarios, en comparación con el arrendamiento.

Otros argumentos esgrimen por el contrario la falta de "oferta": — debido a estrategias de autoabastecimiento y de autorrestricción, se considera

preferible disponer de una producción de alimentos y no recibir el arrendamiento en forma monetaria ("con el cultivo a medias, se conserva la producción, en cambio el dinero se va");

— ceder una parcela en arrendamiento equivale a adoptar una lógica rentista, en tanto que prevalece una lógica de producción, aun para los propietarios que ceden tierras en aprovechamiento indirecto. El cultivo a medias es un arreglo que hace posible superar las restricciones de la producción (falta de yunta, en particular), conservando rasgos de esta misma lógica de producción (participación activa en la cosecha).

Tipos de e lotaciones y formas de aprovechamiento de la tierra xp

Tipología

Las formas de aprovechamiento de la tierra en SLQ remiten a una gama de factores: imperfección de los mercados, función de autoabasto de la producción agrícola, restricciones de financiamiento, estrategia de minimización de los gastos, actitud frente al riesgo. Estos factores diversos —o por lo menos los más "estructurales"— permiten establecer una tipología elemental de las explotaciones con base en la forma de aprovechamiento practicada (ver Tabla 1).

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Tabla 1 Tipología de las explotaciones encuestadas

Según la forma de aprovechamiento de la tierra (1993)

Grupo UP FAT Yunta Activos familiares

Sup. (ha)

Sup. + / -1/2

(ha.)

Sup. sembrada

(ha.)

Sup. Cosechada

(ha)

Sup. Cosechada p/consum.

UP autosuf. (1992)

Otros ingresos

1a 8 1.1 0.8 +2.75 3.5 2.2 0.6 5/8

1b 5

1/2 +

1.2 4.75 +1 5.75 5.25 1.2 3/5

Alquiler de yunta, jornalero

2a 3

Sí*

1.3 9.0 -1.5 7.5 8.25 1.6 3/3 Ingresos mig.,

servicios

2b 5

1/2 -

No 0.6 2.75 -2 1.1 1.75 0.5 3/5 Jornalero

3a 14 1.2 2.8 0.6 7/14 Alquiler de yunta,

jorn., ingresos

mig.

3b 9

Sí

1.2 6.3 1.1 7/9 Ingresos mig.,

servicios

3c 6 1.2 1.8 0.3 4/8 Jornalero

3d 5

AD

No

0.4 4.4 1.0 2/5 Ingresos mig.


180

*con una excepcion, en el caso de los aparceros del grupo 1b. UP: unidades de producción FAT: forma de aprovechamiento de la tierra 1/2+: explotaciones que toman tierras a medias, 1/2-: explotaciones que ceden la tierra a medias; AD: aprovechamiento directo Una superficie de 1 ha cedida o tomada a medias equivale a una superficie cosechada de 0.5 ha. En 1992(mala cosecha), solamente una unidad de producción (grupo2a) comercializó maiz.

• EXPERIENCIAS • a) Optan por el cultivo a medias, con el fin de asegurar su autoabasto en granos y forrajes, productores que disponen de una yunta y se encuentran bajo una carencia en tierra fuerte (grupo 1a) o más moderada (grupo 1b). El cultivo a medias permite entonces aumentar la capacidad de producción de la explotación, sin incurrir en gastos monetarios por concepto de arriendo. Sin embargo, toda capacidad de trabajo excedente de la yunta no se traduce en la toma de una parcela en cultivo a medias: una vez que se considera el autoabasto garantizado, la aversión por el riesgo podrá incitar a algunos a arrendar su yunta, más que tomar una parcela a medias (diferencia entre los grupos 3a y 1b). b) En SLQ, dos tipos de propietarios ceden en parte o en totalidad sus tierras a medias: — Explotaciones "importantes", que disponen incluso de tractores, y cuyo abasto

de maíz y de forraje está garantizado gracias a la producción de las parcelas cultivadas en aprovechamiento directo (grupo 2a). Para estas unidades de producción, ceder tierras a medias permite valorizar excedentes de tierra, así como minimizar los costos monetarios de producción, limitando los riesgos de producción y evitando dificultades vinculadas con la supervisión de los jornaleros agrícolas. Recurrir al cultivo a medias constituye en este caso una selección.

— Pequeños propietarios que no disponen de yunta y en ocasiones de mano de obra familiar masculina, y bajo presión financiera (grupo 2b). Estos dueños se ven por lo tanto obligados a ceder una parcela a medias, debido a que están ante la imposibilidad de pagar el alquiler de la yunta y el eventual recurso a peones para trabajar exclusivamente en cultivo propio (en esto radica su diferencia con las explotaciones de los grupos 3c y 3d). Para algunos, como mujeres o personas de edad avanzada, interviene además la dificultad relacionada con la contratación de peones y sobre todo de yuntas, y con la supervisión del trabajo en la parcela. El cultivo a medias se convierte entonces en un arreglo impuesto por las restricciones financieras, la imperfección de los mercados o por la falta de capacidad para administrar la parcela en aprovechamiento directo.

Estos datos se refieren a las explotaciones encuestadas que ceden tierras a medias; se dispone igualmente de información parcial sobre 12 propietarios no encuestados pero cuyos aparceros sí lo fueron. Según la interpretación dada por estos medieros, el hecho de que cedieron a medias se podría explicar:

181

— por la falta de yunta (tres casos) o de mano de obra masculina (debido en

particular a la migración hacia los Estados Unidos, cuatro casos) correspondiendo consecuentem al grupo 2b definido anteriormente, ente

— por el hecho de que el propietario tenga "demasiadas tierras" (dos casos, correspondientes al grupo 2a),

— por una actividad principal no agrícola (tres casos, todos comerciantes de Tlacolula). Surge aquí un tercer factor de cesión a medias: el hecho de verse involucrado de manera importante en actividades no agrícolas (caso-tipo de los comerciantes de Tlacolula); este factor fue igualmente señalado en otros trabajos realizados en los Valles Centrales (ver Diskin, 1967; Piñón Jiménez, 1982; Stolmaker, 1973). Cabe pensar que para este grupo, el hecho de ceder sus tierras a medias presenta la doble ventaja de deshacerse de toda presión relacionada con el manejo de la parcela y de no arriesgar la inversión que representaría el empleo de mano de obra asalariada, mientras permite lograr un abastecimiento de maíz "criollo" muy apreciado.

c) No entran dentro de un arreglo a medias, en calidad de dueños o aparceros, todos aquellos que pueden trabajar sus tierras con sus propios recursos, bajo fuerte restricción en cuanto a la tierra (grupo 3a) o no (grupo 3b), o los agricultores que no disponen de una yunta pero que tienen los recursos financieros para trabajar una parcela en aprovechamiento directo arrendando una yunta. Esta elección será más fácil en la medida en que la superficie sea más reducida (grupo 3c) o que la explotación reciba ingresos de la migración (grupo 3d). Permite conservar toda la producción de granos y vender el forraje, o intercambiar este último por trabajo. Perspectiva dinámica Estos grupos no son de ninguna manera inmutables. Por una parte, debido a que en ciertos casos cultivar a medias es meramente coyuntural. Así, llega a darse el caso de que debido a una urgencia financiera el agricultor se vea en la necesidad de vender la yunta; mientras que no le es posible comprar una nueva yunta, el productor se ve obligado a ceder por lo menos una parte de sus tierras a medias. En ciertos casos sucede también que la parcela de un miembro de la familia que se encuentra en los Estados Unidos se tome, provisionalmente, bajo este mismo sistema de cultivo. Esta lógica coyuntural interviene en el caso de 6 de los 28 agricultores involucrados en una relación actual o anterior de cultivo a medias, para los cuales fue posible obtener información confiable.


182


Por otra parte, debido a que el caso de SLQ (así como el de otras poblaciones de los Valles Centrales, ver Turkenik, 1975) permite ilustrar, en cierta medida, la hipótesis del agricultural ladder, según la cual se sucederían en el tiempo los modos de aprovechamiento de la tierra, en forma paralela con el ciclo de vida de la explotación (cf. Colin, 1995). El joven campesino, ayudante familiar, puede iniciar su autonomía al tomar una parcela a medias y trabajarla con la yunta de su padre, y después adquirir su propia yunta —esta compra siempre se considera prioritaria a la de la tierra—. El acceso posterior a la propiedad de la tierra, por herencia o compra (gracias en particular en estas últimas décadas a la migración hacia los Estados Unidos), no implica sistemáticamente el abandono de la mediería. Ésta será abandonada sólo a partir del momento en que la superficie en propiedad asegure el autoabastecimiento del alimento de la familia y de la yunta. Posteriormente, en caso de haber acumulado una superficie "importante" de tierras, el productor podrá a su vez ceder una o varias parcelas a medias. En el proceso de acumulación, el cultivo a medias sigue siendo una práctica frecuente a pesar de los ingresos de la migración, en la medida en que no es posible, con una sola estancia en los Estados Unidos, instalarse (compra de un terreno urbano, construcción de una casa, pago de las festividades de la boda, etcétera) y comprar una yunta y tierras. El migrante invierte prioritariamente en la construcción de una casa, compra posteriormente una yunta y toma tierra a medias en espera de otra estancia en el país vecino que le permita incrementar sus propiedades de tierra. Es posible colocar dentro de esta dinámica a 16 de los 28 agricultores para los cuales se cuenta con información: ocho en la fase inicial de acumulación (jóvenes agricultores optando por tomar parcelas a medias y habiendo iniciado un proceso de acumulación que piensan proseguir, con miras a abandonar este sistema de cultivo más adelante),33 seis corresponden a explotaciones que se trabajan única-mente en aprovechamiento directo, pero que han tomado anteriormente parcelas a medias, de manera no coyuntural, y dos corresponden a explotaciones que ceden parcelas en cultivo a medias, después de haber tomado anteriormente parcelas bajo este sistema de cultivo y trabajado después únicamente en aprovechamiento indi-recto. Sin embargo, la hipótesis del agricultural ladder requiere un ajuste, en el caso de SLQ. En efecto, la decisión de ceder a medias puede intervenir no sólo al final de un ciclo, sino también al inicio cuando un joven agricultor hereda tierras, las cede a medias mientras no tiene yunta ni posibilidades de comprar una.

33 La continuidad del proceso de acumulación obviamente no está asegurada de modo alguno.

183

Esbozo de modelos de decisión Más allá de esta tipología esencialmente estructural, se puede esquematizar las lógicas subyacentes mediante dos modelos cualitativos simples, referentes a un dueño que cede "potencialmente" una parcela en aprovechamiento indirecto (i.e. que no dispone de yunta y/o de mano de obra familiar, o cuyos excedentes de tierra sobrepasan la capacidad de trabajo) y a un aparcero "potencial" (i.e. que dispone de una yunta pero que carece de tierra respecto a su capacidad de trabajo) (ver figuras 1 y 2). Figura 1 Modelo del dueño

Cultivo propio Con mano de obra

asalariada (en vez de dar a

medias)

¿Capacidad de

financiamiento y de supervisión?

¿Asegurado con aparcería?

¿Autoabasto asegurado con los

factores de producción de la

unidad?

Imperfección mercado renta

yuntas

Minimización gastos monetarios y

restricción financiemiento

Riesgos de producción

Cultivo a medias (en vez de cultivo

propio con mano de obra asalariada)

(En vez de dar a renta la tierra)

Sí

No

No No

Sí

Sí

Lógica de “autorrestricción”


184

• EXPERIENCIAS • Figura 2 Modelo del aparcero

¿Autoabasto

asegurado con los factores de

producción de la unidad?

Cultivo propio Con mano de obra asalariada (en vez de dar a medias)

Minimización gastos monetarios

Riesgo de producción

Trabajo asalariado (en vez de cultivar

a medias)

Restricción financiamiento

Sí

No

185

Se puede intentar jerarquizar, en cierta medida, los diferentes factores que intervienen en las formas de aprovechamiento de la tierra en SLQ. En un primer nivel, estas formas están configuradas por una combinación de interacciones entre dotaciones de factores (yunta, tierra, capacidad de trabajo familiar y/o de supervisión de una mano de obra remunerada, recursos financieros), el contexto agroecológico y económico inmediato (incertidumbre agroclimática, imperfección del mercado del arrendamiento de yuntas, restricciones de crédito) y las lógicas de actores tales como las estrategias de autoabastecimiento y de minimización de los gastos monetarios; la actitud frente al riesgo de producción, y/o la lógica de "autorrestricción". Estos factores determinantes "de primer nivel", que sobresalen de manera inmediata al análisis, remiten a su vez a una serie de factores "de nivel superior": — el hecho migratorio, cuya repercusión es ambivalente: puede favorecer tanto la

oferta de arreglos a medias por como incide sobre la capacidad de trabajo de la familia, como contribuir a reducirla, pudiendo las ganancias migratorias ser utilizadas para el pago de mano de obra o la compra de tierra;

— el desarrollo de actividades locales extra-finca, cuya incidencia sobre las formas de aprovechamiento es igualmente ambivalente, por las mismas razones (con la reserva de que estas actividades aparentemente ya no proporcionan ingresos tales para permitir la compra de tierra);

— las preferencias organolépticas, la imperfección del mercado del maíz criollo, las estrategias safety first y de minimización de los desembolsos monetarios se combinan para explicar la meta de autoabastecimiento;

— estas mismas estrategias remiten a su vez a varias fuentes de incertidumbre (agroclimática, capacidad futura de compra de los ingresos monetarios en un contexto inflacionario), escasos excedentes agrícolas, bajo nivel de acumulación, razonamiento económico que valora en forma diferente un peso desembolsado y un peso potencialmente ganado, etcétera.

Por lo tanto, la racionalidad de las prácticas en materia de formas de aprovecha-miento de la tierra no se debe buscar en un simple factor determinante (costos de transacción, riesgo, incentivo, información imperfecta, para retomar elementos a menudo evocados por las teorías económicas contemporáneas de la aparcería), pero dentro de una articulación compleja de factores.


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La mediería en San Lucas Quiavini: elementos de interpretación A este nivel del análisis, se han delimitado los factores claves que permiten explicar la actitud de los productores frente a las formas de aprovechamiento de la tierra en San Lucas Quiavini, considerando la gama (reducida) de estas prácticas como dada (i.e. variable exógena). Se buscará ahora explicar el carácter convencional del cultivo a medias en SLQ y la estabilidad de los términos del arreglo. El carácter convencional de la mediería en San Lucas Quiavini El cultivo a medias en SLQ fue anteriormente calificado de convenio. Un convenio puede definirse como "una regularidad (...) que coordina, a la vez, los comportamientos y las previsiones. Esta regularidad puede surgir, sin acuerdo previo, ni ser objeto de una misma interpretación por ambas partes. Puede perdurar aun cuando los integrantes de la población se renueven (...), lo que lleva a olvidar las condiciones de su génesis. El convenio se vuelve opaco para quienes participan en él" (Salais, 1989:213). En efecto, se ha observado la incapacidad de los productores de SLQ para racionalizar los términos del arreglo a medias, que se consideran obvios y estables, y cuyo origen no pueden explicar. Aun cuando los términos actuales del arreglo que se practica en SLQ no pueden generalizarse al conjunto de los Valles Centrales,34 el ámbito de aplicación del convenio practicado en SLQ rebasa ampliamente el marco de esta comunidad. Turkenik (1975) describe el arreglo a medias, a principios de los años setenta, en términos idénticos a los de SLQ, en el caso de la producción de milpa en régimen de temporal en el poblado de San Antonio; dicho análisis menciona incluso la regla que prevé que si el mediero proporciona las semillas, le corresponde todo el zacate. Lees (1973:12), en un estudio más general, presenta igualmente como usuales las normas observadas en SLQ. ¿Cómo explicar el carácter convencional del cultivo a medias? El estudio de la comunidad de SLQ remite al problema de la racionalidad económica de los comportamientos "regulados", fundados en rutinas, en convenios, poco sensibles a las fluctuaciones inmediatas del contexto, en contraste con los ajustes que

34 Autores como Stolmaker (1986) o Kirkby (1973) mencionan otras condiciones para el abastecimiento de las semillas y la repar-

tición del trabajo.

187

aplicaría un agente maximizador frente a dichas fluctuaciones-maximización "caso por caso", según los términos de Vanberg (1993).35 Este problema es ampliamente debatido en la economía institucional,36 los análisis propuestos se basan generalmente en el concepto de racionalidad limitada, i.e. en las restricciones de tipo informativo y cognoscitivo que pesan sobre el proceso de la toma de decisión. El hecho de que el comportamiento esté regulado evita entrar constantemente en un proceso de cálculo complejo, que requeriría tanto el acceso a una información en ocasiones difícil o imposible de obtener, como la aplicación de la capacidad de procesar esta información que eventualmente rebasa las capacidades del actor. Cuando la incertidumbre es radical, esta ventaja es aún más marcada. Con base en la diferencia que existe entre la capacidad del individuo y la dificultad del problema por resolver (C-D gap), Heiner (1983, 1990) demuestra de manera formal que los individuos racionales que enfrentan tal incertidumbre y poseen limitaciones cognoscitivas deben, en caso de situaciones recurrentes, seguir reglas de comportamiento y no tratar de maximizar caso por caso.37

Los comportamientos regulados no sólo presentan la ventaja de reducir la dificultad de la toma de decisión desde el estricto punto de vista individual; desempeñan, asimismo, una función determinante en la coordinación interindi-vidual, al permitir anticipar el comportamiento de otros actores y evitar una renegociación permanente de las condiciones de la coordinación. Estas ventajas toman todo su sentido en un contexto como el de SLQ, en donde la incertidumbre que pesa sobre la producción es particularmente importante. La emergencia de puntos focales, reconocidos por todos, desempeña un papel primordial en el establecimiento de un convenio, al favorecer la convergencia de las expectativas recíprocas de los diferentes actores. La atracción que ejercen estos puntos focales se debe a su "...proeminence, uniqueness, simplicity, precedent, or some rationale that makes them qualitatively differentiable from the continuum of possible alternatives" (Schelling, 1960:70).38 La solución al problema de coordi-nación está estrechamente vinculada al contexto específico de esta última. Schelling también menciona la incidencia sobre las modalidades de la coordina-

35 "...neoclassical theory implies that economic behaviour is essentially non-habitual and non-routinized, involving rational

calculations and marginal adjustments towards an optimum" (Hodgson, 1988:130). 36 Ver por ejemplo Hodgson (1988), Langlois & Csontos (1993); Orléan (1994); Rutherford (1994); Vanberg (1993, 1994). 37 De acuerdo con ciertos economistas ortodoxos, estos comportamientos no invalidarían el postulado de un agente maximizador,

después de haber considerado los costos de transacción. Esta interpretación de las rutinas y de las normas, en términos de optimización, es similar a aquélla que tiende a recuperar el concepto de satisfacing en el marco del rational choice model. Sin embargo, esta interpretación supone el conocimiento previo del costo marginal de acceso a la información y de su proceso, así como la ganancia marginal de una decisión, con el fin de que el actor maximizador pueda saber cuándo seguir una rutina y cuándo llevar a cabo una maximización caso por caso. Fundamentalmente, supone la existencia de un metacriterio que permita tomar la decisión de maximizar o no lo que engendra una interacción sin fin.

38 "...prominencia, unicidad, simplicidad, precedencia o alguna otra razón que las hace cualitativamente diferenciables en el continuo de alternativas posibles” (trad. Del editor.


188


ción, de la experiencia acumulada, del magnetismo que ejerce la simplicidad matemática y de las informaciones disponibles. En el caso de SLQ, el marco de referencia de toda coordinación entre dueños y medieros está efectivamente definido desde hace mucho tiempo. La génesis del convenio de cultivo a medias en SLQ no se ha podido reconstituir con base en la memoria colectiva. En cambio, un observador concienzudo de la época pro-porcionó una descripción detallada del cultivo a medias practicado a principios del siglo XX, en las haciendas de los Valles Centrales (Kaerger, 1986 [1901]:220-221); dicha descripción permite establecer un punto de comparación. El mediero proporcionaba entonces la yunta y las semillas. Pagaba el derecho de surco (un monto proporcional a la superficie cultivada); en algunas haciendas, este pago era sustituido por la obligación impuesta al mediero de trabajar en forma gratuita con su yunta, entre 10 y 15 días por año. La cosecha de la parte correspondiente a la hacienda (la mitad de la producción) era efectuada por el mediero, pero a cambio de una retribución y bajo la supervisión de la hacienda. El mediero tenía la obligación de transportar a la hacienda la parte de la producción que correspondía a esta última. Debía igualmente realizar la faena de domingo (un cierto número de horas no remuneradas dedicadas cada domingo a la limpieza de la hacienda). En 1917, el gobernador de Oaxaca abolió todas las prestaciones gratuitas impuestas a los medieros y obligó a las haciendas a transportar la parte de la cosecha que les correspondía (Ruiz Cervantes, 1988). Esta medida parece haber tenido ciertas consecuencias: los aparceros de la hacienda La Gachupina protestaron, en los años treinta, en contra del intento del nuevo gerente de la hacienda de volver al antiguo sistema mediante la imposición a los medieros del flete de la parte correspondiente a la hacienda (Arellanes, 1988). El convenio indudablemente evolucionó desde esta época, con un reequilibrio a favor de los aparceros: además de la desaparición de las prestaciones gratuitas, el propietario suministra ahora las semillas y tiene la obligación de llevar a cabo la cosecha y el transporte de la parte de la producción que le corresponda.39 Sin embargo, el legado histórico puede ser evocado, en relación con las características fundamentales del acuerdo actual:

39 ¿Cuáles eran en esa misma época, los términos de los arreglos a medias en el seno mismo de la comunidad? En otras palabras,

¿la evolución antes descrita influyó únicamente en las relaciones entre hacienda y comuneros, o también afectó las relaciones entre comuneros? Desafortunadamente carecemos de información para contestar a esta preguta.

189

— la división de la cosecha en dos partes constituye una práctica secular en los

Valles Centrales; — la participación del dueño en la cosecha de una parcela cedida en aparcería es

una tradición en México, desde la época de las haciendas hasta nuestros días, en diferentes regiones del país. Esta participación podría interpretarse como un medio para reducir los riesgos de comportamientos oportunistas por parte del aparcero en esta etapa crucial del convenio;

— finalmente, el hecho de que el mediero no proporcione el flete de la parte que corresponde al propietario puede remitir a la evolución legal de 1917.

El magnetismo que ejerce la simplicidad matemática, mencionada por Schelling (y explicable si los actores están dotados de una racionalidad limitada), se refleja de manera clara en la división de la producción en dos partes iguales, uno de los puntos focales clave del acuerdo. Un magnetismo de este tipo limita las posibles alternativas para dividir la producción: en dos, tres o cuatro partes, en tanto que el sistema a medias tiene para los actores un carácter de imparcialidad, de justicia (fairness), debido a las características del proceso de producción llevado a cabo en SLQ, en el cual intervienen dos factores esenciales: la tierra y el trabajo.40

Schelling destaca asimismo el papel que desempeña el tipo de datos disponibles para favorecer la coordinación —los measurement effects—. El hecho de que en SLQ la coordinación entre medieros y dueños se establezca con base en equivalencias físicas sencillas remite a la función de autoconsumo atribuida a la producción y a una gestión de esta última ampliamente realizada, independien-temente de flujos monetarios y valoración de los costos de oportunidad a precios de mercado. En una situación radicalmente diferente, como la que pudimos observar en el Altiplano de Puebla para el cultivo de la papa a medias entre empresarios agrícolas o entre éstos y pequeños productores, la coordinación se lleva a cabo con base en una lógica que se puede calificar de "peso por peso", i.e. con una evaluación sistemática en términos monetarios de las aportaciones de cada uno de los socios (Colin, publicación en curso).

40 En el caso de una producción basada en estos dos factores, pero mucho más intensiva desde el punto de vista del trabajo, se puede

pensar que el reparto se basaría en una repartición de la producción más favorable para el aparcero (2/3 ó ¾).


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Cambio institucional y estabilidad l convenio dede mediería en San Lucas Quiavini La estabilidad es, por definición, una característica inherente a todo convenio, y de manera más general a toda institución.41 Esta estabilidad durante un periodo determinado no descarta de manera alguna el cambio institucional, gradual o brusco, dirigido por los actores o producto involuntario de su interacción (cambio institucional "pragmático" u "orgánico", para retomar la terminología de Carl Menger). En el caso específico de SLQ, una vez dado por sentado el carácter convencional del cultivo a medias, cabe cuestionarse sobre su perdurabilidad (aun cuando el arreglo actual no tenga la inmutabilidad que le atribuyen los campesinos encuestados), en un contexto económico fluctuante (basta mencionar las tasas erráticas de inflación). Los factores potenciales del cambio institucional son múltiples (ver Bromley, 1989; North, 1990): cambio en los precios de los factores y de los productos, cambios tecnológicos, legales, demográficos, transformación de la estructura socioeconómica, evolución de los sistemas de valores de los agentes económicos, de su percepción de lo que es un arreglo "justo", procesos de aprendizaje progresivo de los actores, etcétera. Todos estos elementos constituyen factores capaces de generar un replanteamiento de las reglas actuales del juego, bajo el impulso de un feed-back desestabilizador. Esta retroacción, que tiene una función determinante en el enfoque institucional evolucionista, puede, sin embargo, atenuarse o aniquilarse mediante varios factores. En primer lugar, cabe la posibilidad de que los actores no perciban el feed-back: (a) por su incapacidad a establecer una relación causa/efecto entre dicho cambio y el producto de la interacción, (b) debido al carácter aproximado de los criterios de eficiencia adoptados por los agentes o (c) por la imperfección de la información a la que tienen acceso. En el caso de SLQ, me inclinaría sin embargo a conceder mayor importancia a la insensibilidad de los actores ante ciertas características del medio, más que al carácter disfuncional de la transmisión del mensaje. Todo comportamiento está basado en la selección de ciertas informaciones y, consecuentemente, en el descartamiento de otras informaciones potenciales. En función del grado de sensibilidad ante tal o cual información, la modificación de un determinado parámetro del medio en el que se lleva a cabo el arreglo, representará o no una fuente de feed-back para los actores. Este elemento puede ilustrarse de manera concreta respecto al papel jugado por los precios en la

41 Definida como reglas del juego, no como organización.

191

elección de la forma de aprovechamiento. De acuerdo con Smith (1989), aun cuando la selección inical de un arreglo puede reflejar un modo de razonamiento económico que no considera los costos de oportunidad, i.e. en un cálculo muy diferente al que utiliza el economista, el simple juego de la competencia del mercado y la toma de conciencia de las oportunidades no aprovechadas conducirá a los actores a rectificar su modelo de decisión. Sin embargo, si el sistema de referencia de los actores no está suficientemente abierto hacia la esfera mercantil (producción de autoconsumo, costos monetarios de producción limitados), este feed-back no podrá operar. "...(B)ehavior will be relatively sensitive to information that defines an agent's local frame of reference within the environment" 42 (Heiner, 1983:580). Debido a que el sistema de precios no entra dentro del marco de referencia, las modificaciones que registra carecen de efecto en la coordinación entre dueños de la tierra y aparceros.43 Se puede por supuesto suponer que un cambio radical en la relación de precios (por ejemplo, una reducción muy fuerte del precio del maíz) pondría en tela de juicio esta falta de sensibilidad. El asunto que se plantea entonces, y que no se resolverá aquí, es para evaluar el grado que dicho cambio debe alcanzar para provocar una reestructuración del sistema de referencia del actor. Debido a las características del razonamiento económico que subtienden las prácticas agrarias en SLQ, los factores que pueden llevar a cuestionar al sistema de aparcería, tal y como se practica actualmente, son limitados. Algunos de ellos son fundamentales, pero jugarían a largo plazo: revisión de la función-objetivo (autoconsumo), de la estrategia de minimización de los gastos monetarios o de la lógica misma del razonamiento económico. Los factores más inmediatos siguen siendo las posibles fluctuaciones de la oferta y la demanda en lo que se refiere al arreglo a medias, en función, en particular, de posibles flujos y reflujos migratorios. Si bien es cierto que hace ya algunas décadas los aparceros estaban en posición de demanda frente a una oferta limitada, actualmente la oferta de parcelas a medias parece rebasar la demanda. Esta evolución no provocó una modificación de los términos del arreglo. Sin embargo, permite a los aparceros no aceptar la toma a medias de una parcela cuya producción potencial sea demasiado baja o insegura. Así, las parcelas trabajadas a medias se encuentran generalmente ubicadas en la parte baja del valle (en territorio de SLQ o de pueblos limítrofes), en donde los suelos de "segunda clase"44 son de mejor calidad que los que

42 “...el comportamiento será relativamente sensible a la información que define el marco de referencia local de un agente dentro de

su entorno” (trad. Del editor). 43 Una ilustración a contrario es proporcionada por la sensibilidad del arreglo a medias ante las fluctuaciones de precios, en el caso

de una producción comercial de papa caracterizada por una fuerte monetarización del proceso de producción ( Colin, publicación en curso).

44 Las escasas parcelas de “primera clasae” son las de riego.


192


circundan al pueblo de SLQ o los que se encuentran en las partes altas de sus límites. La inercia del statu quo puede asimismo frenar considerablemente el proceso de cambio institucional, una vez consolidado un convenio (Schelling, 1960). Esta inercia puede ser producto de un "efecto de encierro" (locked-in): una vez establecido el convenio, la interacción entre actores se ve favorecida por reglas de juego claras que no requieren de negociaciones mayores y que permiten definir sin ambigüedades las expectativas de ambas partes —aun cuando pudiera pensarse en un convenio alternativo potencialmente más eficiente (Arthur, 1990; North, 1990)—. Puede igualmente provenir de la percepción subjetiva de lo que es "justo" y de lo que amerita un cambio. A este respecto, el análisis propuesto por Thurow, referente a las relaciones salariales en términos de interdependencia de las preferencias, puede ser transpuesto directamente a la determinación del reparto de los gastos y ganancias de la mediería: A member of a group usually compares himself to members of other groups that are in close socioeconomic proximity; he then defines what constitutes relative deprivation, and to change that definition requires great social shocks like war and economic depression. Thus conceptions of what constitutes equality and proportionality is heavily influenced by history and culture (...) If utilility functions are interdependent and conditioned by experience and history, relative wages may be rigid regardless of changes in underlying supplies and demand (...) because the historical wage differentials have the sanction of the past and are assumed to be just until proven otherwise. The longer they are around, the more likely they condition workers' beliefs as to what constitutes justice and injustice, and the more stable the distribution of preferences and hence the wages are apt to be (Thurow, 1983: 207-208).45

La atracción por el statu quo puede finalmente provenir de lo que los psicólogos y economistas de la cognición llaman el efecto de anclaje (anchorage): una vez que se hace una primera estimación (en ocasiones de manera totalmente arbitraria) para un parámetro determinado, los actores tienden a limitar la exploración de alternativas alrededor de esta estimación inicial, en vez de emprender un

45 “Un miembro de un grupo comúnmente se compara con miembros de otros grupos que estén en estrecha proximidad

socioeconómica; entonces él define lo que constituye la privación relativa, y para cambiar esa definición sew requieren grandes golpes sociales como la guerra y la depresión económica. Así, la concepción de lo que constituye la igualdad y la proporcionalidad es fuertemente influida por la historia y la cultura (...) Si las funciones de utilidad son dependientes y están condicionadas por la experiencia y la historia, los sueldos relativos pueden ser regidos a pesar de los cambios en la oferta y demanda subyacentes (...) porque las diferencias históricas del salario tienen las sanciones del pasado y son asumidas hasta no ser probadas de otra forma. Entre más se mantengan de esta forma, será más probable que las creencias que los trabajadores tienen sobre su condición, será lo que se constituya como justicia e injusticia, y la mayor estabilidad de distribución en preferencias y por lo tanto los salarios serán apropiados” (trad. del editor).

193

cuestionamiento radical del cuadro de referencia (Tversky y Kahneman, 1974; McCain, 1992). Finalmente, esta estabilidad de los términos de la mediería en SLQ está sin duda vinculada con el hecho de que la lógica del arreglo tiene su origen en la combinación de un conjunto de factores, y no en un simple elemento determinante cuya modificación podría funcionar como incentivo directo del cambio institucional. En las condiciones actuales de SLQ, estamos aparentemente en presencia de un "equilibrio convencional", que podría definirse, inspirándose en el equilibrio evolucionista de Dosi y Orsenigo (1988:21), como una situación en la que los signos recibidos por los agentes económicos no los induce a modificar las teorías que cimientan sus acciones, y permite de esta manera la expresión de modos de coordinación "estructuralmente estables". Este equilibrio podría romperse debido a factores contextuales, tales como la integración de la producción agrícola al mercado (cuya realización parece poco probable, en condiciones agroecológicas locales desfavorables), un cambio profundo de la situación migratoria en SLQ, como consecuencia, por ejemplo, de un control mucho más estricto de la inmigración ilegal a los Estados Unidos de Norteamérica, o incluso de una ruptura mayor en el tipo de cambio entre el dólar y el peso. El acceso a las subvenciones del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), un nuevo factor surgido después de la realización de las encuestas, podría igualmente influir en las formas de aprovechamiento de la tierra en SLQ, aliviando las presiones financieras y generando, por consiguiente, una disminución en la oferta de arreglos a medias (lo que no implicaría necesariamente la modificación de los términos de dichos arreglos). Resultaría interesante, por lo tanto, estudiar la incidencia del Procampo y de la devaluación de diciembre de 1994 en las formas de aprovechamiento de la tierra en SLQ.46

46 De acuerdo con entrevistas informales realizadas poetriormente a productores, estos cambios no habrían tenido efectos

perceptibles. Aparentemente, sólo una minoría de los productores de SLQ se inscribieron en las listas de Procampo, por falta de información e incomprensión del Programa. Podemos pensar que la migración conservará todos sus atractivos, con sus corolarios en tanto a las formas de aprovechamiento de la tierra, si la situación económica de México sigue ofreciendo un diferencial tal de remuneración del trabajo: en 1993, el salario de un jornalero era de 20 pesos en SLQ, y de 80 pesos en los Estados Unidos; en 1996, estas cifras eran respectivamente de 25 y 170 pesos.


194


información y al carácter esencialmente cualitativo del estudio, es posible obtener con base en estos resultados enseñanzas tanto metodológicas como empíricas: — La comprensión (y por consiguiente el pronóstico del posible impacto de medidas legales o económicas) de las prácticas de tenencia de la tierra remiten, directa o indirectamente, a un conjunto de factores, contextuales, de comportamiento o inherentes a la situación propia de los actores: funcionamiento de los mercados (productos, factores, crédito), riesgo, funciones de preferencia y tipo de lógica seguida por los actores para determinar sus opciones, dotaciones en factores de producción, actividades fuera de la explotación, etcétera. Por lo tanto, el análisis de la formas de aprovechamiento de la tierra no puede restringirse a una o dos variables "determinantes". — Las prácticas de tenencia de la tierra interrelacionan dos grupos heterogéneos e inestables de actores. El análisis debe por lo tanto ir más allá de la simple distinción entre "medieros" y "propietarios" e integrar, en la medida de lo posible, una dimensión diacrónica, con el fin de considerar tanto la dinámica del modo de aprovechamiento en el marco de una determinada explotación como, en dado caso, la dinámica del propio convenio de cultivo a medias. — El cultivo a medias cumple con una función económica innegable, debido a que permite cierta flexibilidad y complementaridad de los factores de producción. En SLQ, esta función interviene en el marco de una producción orientada hacia el autoconsumo, dotada de una cierta autonomía respecto a la esfera comercial y a su lógica. El caso será por supuesto totalmente diferente en un contexto de integración más pronunciada de la producción agrícola en el mercado.

— El carácter convencional del cultivo a medias de SLQ que fue señalado, no puede analizarse caso por caso a partir del postulado de actores maximizadores, cuya coordinación se llevaría a cabo sobre una base contractual elaborada ex

Conclusiones

Más allá de los límites propios de cualquier estudio de caso, y de las lagunas que existen y permanecen en el análisis, debido a dificultades de acceso a la

195

nihilo.47 Esto no implica que los actores no racionalicen la decisión de cerrar o no un convenio de este tipo; el hecho de que consideren como dada una gama de opciones no significa que no tengan que llevar a cabo una selección. — La mediería es un modo de coordinación regulado localmente, fuera del marco legal; la modificación de dicho marco no puede por lo tanto incidir en forma directa en esta forma de aprovechamiento de la tierra.

47 Cf. Los análisis de la aparcería que se inspiran de la teoría de la agencia (agency theory).


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203

La mujer campesina en el combate a la pobreza: el caso de la Red Nacional de Mujeres, UNORCA

Patricia Alonso R.* Roberto del Pardo E.**

a integración de la Red1 de mujeres fue un proceso que se inició en el III Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas de UNORCA2 realizado en Sonora en 1989. Las mujeres participantes demandaron la

creación de un programa dirigido especialmente a las campesinas. Retomando el acuerdo, la Dirección Nacional de la Unión gestionó los recursos para crear un área de trabajo que se abocara a la elaboración de alternativas para satisfacer las demandas de las mujeres aglutinadas en UNORCA. En el marco del taller nacional "Balance y perspectivas de la Red de Mujeres (Planeación estratégica)" realizado en febrero de 1993, se toma el acuerdo de integrar formalmente la Red de Mujeres al interior de la UNORCA.

L

* Patricia Alonso R. es coordinadora nacional de la Red Nacional de Mujeres y de la Comisión Nacional Ejecutiva de UNORCA.

** Roberto del Pardo E., profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora.

1 La "Red" es un modelo de funcionamiento reciente dentro de las organizaciones campesinas en México. UNORCA lo adoptó desde

un principio. Su concepción tiene como base la idea de la autonomía de las organizaciones, en la que cada una de éstas define sus líneas de acción. Para un mejor conocimiento sobre el particular, consultar el artículo de Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández (coord.), 1992, pp. 55-77.

2 UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas) es una organización campesina de carácter nacional conformada por productores agropecuarios - ejidatarios,pequeños propietarios, comuneros, mujeres campesinas, jornaleros, entre otros- ubicados en distintas regiones del país.

205

El objetivo de la Red es formular, gestionar y llevar a cabo proyectos económicos con el propósito de brindar una alternativa de empleo e ingresos a aquellas mujeres integradas en la Unión. Originalmente, la Red se conformó solamente con habitantes rurales, en la actualidad su composición incluye también a mujeres que viven en zonas urbanas. La Red En enero de 1991, la UNORCA estableció un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación (Inca-Rural) y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (actualmente Sagar). Éste consistió en otorgar financiamiento para realizar un diagnóstico de los grupos beneficiados;3 elaborar perfiles de proyectos productivos; constituir figuras jurídicas y capacitar promotoras. Este convenio dio inicio a la primera etapa hacia la integración de lo que hoy es la Red de Mujeres, que tuvo una vigencia de seis meses y terminó en junio de 1991. Para el desarrollo de este Programa se realizaron dos talleres de capacitación, el primero en el mes de enero y el segundo en abril del mismo año. El siguiente cuadro hace un recuento de los eventos realizados antes y después de la integración de la Red de Mujeres.

Los resultados más importantes de esta primera etapa fueron: grupos constituidos legalmente; elaboración de algunos perfiles de proyectos productivos; 120 diagnósticos de grupos localizados en 10 estados del país; y el logro de la participación de 15 organizaciones regionales de mujeres.

3 Los grupos de mujeres que participaron fueron: Grupo del estado de Durango; de Guanajuato: U.A.E. Artículo 27 constitucional;

Unión de Ejidos 8 de Mayo; Unión de Ejidos 18 Abril; Grupo de mujeres del Ejido de Pescadores; de Guerrero: Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande de Guerrero; Sociedad de Solidaridad Social "San Martín Tuxtla"; Sociedad de Solidaridad Social "Lucio Cabañas"; Comité de Productores Purépechas, Michoacán; Sociedad de Solidaridad Social "Punta de Mina", Nayarit; de Sinaloa: Sociedad de Solidaridad Social "Norma Corona"; Sociedad de Solidaridad Social "Rosa Rodríguez"; Sociedad de Solidaridad Social "Teresa Quiroz"; Grupos de Mujeres de la Comunidad Bacorehuis; Sociedad de Solidaridad Social "Susana Sawyer", Sonora.


206


Cuadro 1

Relación de eventos de capacitación y encuentros de la Red de Organizaciones de Mujeres Campesinas de UNORCA

(enero de 1990-marzo de 1996)

Evento Lugar Fecha Taller Nacional: Primer Taller de Capacitación Taller Regional: Organización de las Mujeres Campesinas y Las Actividades Productivas Taller Regional: Elaboración de Perfiles de Proyectos y Constitución de Figuras Asociativas Taller Regional: Elaboración de Perfiles de Proyectos y Constitución de Figuras Asociativas Taller regional: Organización de la Mujer en el Campo Encuentro Regional de Mujeres Taller Nacional: Evaluación y Seguimiento de las Tareas de Apoyo a los Grupos de Mujeres Campesinas Taller Nacional: Aspectos administrativos y contables de las Pequeñas Empresas Sociales Primer Encuentro Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas: “La Organización de Mujeres en el Campo” Taller Nacional: Aves de Engorda y Postura Taller Nacional: Granjas Porcinas Taller Nacional: Reflexiones sobre el Trabajo con Grupos de Mujeres Campesinas y sus Perspectivas. Taller Nacional: Evaluación de proyectos Productivos Taller Nacional: Análisis de Coyuntura Taller Nacional: Fuentes de Financiamiento Taller Nacional: Balance y Perspectivas De la Red de Mujeres (Planeación Estratégica) Taller Nacional: Metodología de Trabajo con Grupos de Mujeres Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas Asamblea de Representantes de la Red de Organizaciones de Mujeres Campesinas Taller Nacional: Elaboración de Reglamento Interno para Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y Sociedades de Solidaridad Social Taller Nacional: Formación y Capacitación en Cajas de Ahorro y Préstamo Taller Nacional: Formación de Mujeres Dirigentes Asamblea de Representantes de la Red de Mujeres Asamblea de Representantes de la Red de Mujeres Taller Nacional: La Caja de Ahorro Taller Nacional: Análisis de Coyuntura Asamblea de Representantes de la Red de Mujeres Taller Nacional: Sistema de Ahorro y Préstamo La Inversión Asamblea General Extraordinaria de la red de Mujeres

Ajuchitan, Qto.

Durango, Dgo.

Fresnillo, Zac.

Álamos, Son.

Jerécuaro, Gto.

Ziracuaretit, Zac.

Amecameca , Edo. de Méx

Ajuchitlan, Qto.

Oaxtepec, Mor.

Atoyac, Gro.

Calera, Zac.

México, D.F.

Morelos, Zac.

Pátcuso, Zac.

Durango, Dur.

Patzcuaro, Mich.

Celaya, Gto.

Morelia, Mich

México, D.F.

Pátzcuaro, Mich.

México, D.F.

México, D.F.

México, D.F.

México, D.F.

Cd. Obregón, Son.

México, D.F.

México, D.F.

Ahuatepec, Mor.

México, D.F.

Enero, 1991

Mayo, 1991

Mayo, 1991

Junio, 1991

Junio, 1991

Agosto, 1991

Agosto, 1991

Sep-Oct. de 1991

Octubre, 1991

Noviembre, 1991

Diciembre, 1991

Marzo. 1992

Junio, 1992

Septiembre, 1992

Noviembre, 1992

Febrero , 1993

Mayo, 1993

Septiembre, 1993

Marzo, 1994

Mayo, 1994

Agosto, 1994

Septiembre, 1994

Noviembre, 1994

Junio, 1995

Julio, 1995

Octubre, 1995

Diciembre, 1995

Febrero, 1996

Marzo, 1996

207

A partir de julio de 1991 inició la segunda etapa de organización de la Red con la presentación y aprobación de un programa ante la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés). Este programa planteaba fundamentalmente continuar con el proceso de organización, capacitación, elaboración y puesta en marcha de proyectos productivos. De esta etapa, que finalizó en noviembre de 1992, fueron tres los principales resultados: 1) la organización de la Primera Reunión Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas, realizada en octubre de 1991 en Oaxtepec, Morelos; 2) la capacitación sobre cuestiones de administración y contabilidad de empresas, y 3) el inicio de la operación de algunas empresas productivas de mujeres rurales. La tercera etapa del proceso de organización de la Red Nacional de Mujeres está definida por la firma de una enmienda al convenio que concluía con la IAF en el mes de noviembre de 1992. Esta enmienda consistió en financiar, por parte de la IAF, un programa presentado por las mujeres de UNORCA para continuar el proceso de organización. Esta etapa inició con la realización de un taller sobre capacitación denominado Taller Nacional: "Fuentes de Financiamiento", realizado en Durango, Dgo., en noviembre de 1992. A este evento asistieron las promotoras, el equipo central y las mujeres de los grupos de base invitados, y en él se evaluaron las dos etapas anteriores y se programaron las actividades del siguiente periodo. Tiene especial importancia el hecho de que durante este Taller se planteó la necesidad de conjuntar esfuerzos y objetivos bajo la estrategia de formar la Red de organizaciones de mujeres en UNORCA. Para abordar estos retos, se realizó el Taller Nacional: "Balance y Perspectivas de la Red de Mujeres (Planeación Estratégica)", realizado en Pátzcuaro, Mich., en febrero de 1993, donde se definieron la misión, los objetivos, las estrategias y las comisiones de trabajo que integrarían la Red de Mujeres. Pero no fue sino hasta el Segundo Encuentro de Organizaciones de Mujeres Campesinas en UNORCA, que se realizó en Morelia, Mich., en septiembre de 1993, cuando se nombró a las integrantes para cada una de las comisiones que incluía la estructura orgánica de la Red de Mujeres. Este encuentro fue el inicio de la cuarta etapa de la organización de la Red de Mujeres, que apoyó la IAF, mediante la firma de una segunda enmienda al convenio de julio de 1991. Ya integrada la Red Nacional de Mujeres, se abocó a definir los ejes de trabajo para el próximo periodo. Para ello se consideró básicamente la experiencia de los grupos y se acordó la organización de tareas con base en los siguientes tres ejes: 1) información, 2) capacitación y 3) apoyo e impulso a proyectos integradores.


208


Por información se entiende el proceso de comunicación, al interior de la organización, que tiene el propósito de cohesionar a las integrantes y facilitar la consolidación de la Red. Este proceso comunicativo se lleva a cabo actualmente de manera oral a través del trabajo de campo y, además, mediante la distribución de boletines. Por capacitación se entiende el proceso de educación o formación que tiene el propósito de estimular la capacidad creativa de las mujeres organizadas que se caracterizan por un bajo nivel educativo formal. Los temas que se abordan prioritariamente en el proceso educativo son: elaboración y evaluación de proyectos productivos y de servicios; consolidación y formación de cuadros; administración y funcionamiento de cajas de ahorro; fomento a programas de salud; creación de nuevos diseños y comercialización de artesanías, y metodología de procesos grupales. En relación con su perfil, la Red se caracteriza en primer lugar por coordinar y apoyar exclusivamente a organizaciones de mujeres cuya base social se encuentra en los sectores empobrecidos de la sociedad. Existe una enorme diversidad tanto de rezago cultural como de procesos organizativos; la Red también se encarga de procurar en su interior la convivencia y tolerancia de diferentes corrientes políticas, además es pluriétnica y cuenta con normas democráticas tanto para la toma de decisiones como para elegir a sus dirigentes. Respecto a la estructura, la Red se sustenta en la organización de base, que de acuerdo con la región o el momento puede o no tener figura jurídica (aunque se plantea trabajar bajo la de Sociedad de Solidaridad Social). Anualmente se realiza la Asamblea de Representantes de todo el país, y cada dos años se elige la Coordinación Nacional integrada por dos coordinadoras, quienes representan a la Red de manera formal. Entre estas dos instancias está la Asamblea Regional, en la cual se reúnen representantes de cada una de las tres regiones en las que la Red tiene dividida su participación en todo el país: zona Noroeste, zona Sureste y zona Centro. La Coordinación Nacional, para realizar su trabajo, integra tres comisiones: 1) de organización, 2) de gestión y financiamiento y 3) de formación y capacitación. Adicionalmente, cuenta con el apoyo del Equipo Central, que proporciona asesoría técnica y capacitación. La Red de Mujeres tenía aproximadamente 16 mil 400 socias, a junio de 1996. Su presencia se ubica en 12 estados de la República Mexicana y aglutina a 26 organizaciones de mujeres, como lo muestra el siguiente cuadro.

209

Cuadro 2

Grupo de mujeres integrados a la Red Nacional de Mujeres de UNORCA

Número

Nombre de la Organiz n ació

Estado

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

SSS “Susana Sawyar” SSS “Teresa Urrea” SSS “Jamutchim” Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social “Cobanaras” UNORCA SSS “Mujeres ahorradoras de Sinaloa” SSS “Coyolicatsy” Modulo Centro Norte Unión Agropecuario Ejidal “Artículo 27 Constitucional” Organización Regional de Mujeres Ahorradoras Sociedad Cooperativa “Cédula Real” Unión de Ejidos “Ideas y Progreso” Unión de Productores Púrepechas Colectivo de Mujeres de la Costa Grande de Guerrero, S.C. Grupo de Mujeres de San Luis Acatlán SSS”Titekititoke Tajome Sihuame” SSS “Agropecuarios del Totonacapan” Grupo de Mujeres de UNORCA (Jalapa) Grupo de Mujeres de UNORCA (Norte) Grupo de Mujeres de Campeche Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, S.C. convergencia de Organizaciones Campesina e Indígenas del Estado de Chiapas Grupo de Mujeres de la ARIC “ Unión de Uniones” Frente Cívico y Popular de Puebla SSS “Unión de Progreso de los Pueblos” SSS “Los Tres Juanes”

Sonora Sonora Sonora Sonora Sinaloa Sinaloa Nayarit Durango Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Michoacán Guerrero Guerrero Guerrero Veracruz Veracruz Veracruz Campeche Quintana Roo Chiapas Chiapas Puebla Puebla Puebla

*SSS= Sociedades de Solidaridad, figura jurídica reconocida por la Ley Agraria a través del Registro Agrario Nacional (RAN)


210


Un a alternativa autogestionaria de combate a la pobreza

La alternativa consiste en ofrecer programas y proyectos que se traduzcan en empleos e ingresos para las mujeres. Tiene dos objetivos: 1) ser una opción económica que contribuya al combate de la pobreza mediante el fomento del hábito de ahorro y el desarrollo de proyectos de inversión y 2) ser una opción de revalorización de las habilidades y potencialidades de la mujer como sujeto productivo o, en otras palabras, reivindicar a las mujeres como personas que pueden —socialmente se considera deseable— incorporarse a las actividades productivas del país. Una de las características de la alternativa propuesta, y en la que se pone énfasis, es la autogestión. Esto significa que son las propias mujeres las que toman la decisión de organizarse para materializar los objetivos señalados anteriormente. Además, también son ellas las que gestionan, organizan, dirigen y controlan los diferentes proyectos que también ellas imaginan. En términos más precisos, ¿en qué consiste la alternativa autogestionaria que la Red Nacional de Mujeres ofrece a las mujeres de México? La alternativa consiste en conformar un mercado de dinero específico para las mujeres que subsisten en condiciones de pobreza, mediante la práctica de ahorro y préstamo. El fin es, en todo momento, incrementar el capital social de este mercado, pues se considera que este capital tendrá la función de servir como base para impulsar proyectos productivos que las propias mujeres trabajarán. El resultado de esta alternativa deberá medirse en tres sentidos: 1) en la magnitud de los empleos e ingresos generados por los programas; 2) en los beneficios que elevarán las condiciones de vida de las propias mujeres y de su familia, y 3) en el impacto social referente a los efectos producidos en las relaciones personales de las mujeres, tanto con los hijos como con la pareja. La Red Nacional de Mujeres, para aplicar su alternativa, ha definido cuatro líneas estratégicas de trabajo: financiamiento, organización, capacitación y comunicación. La primera línea es la más importante, y las tres restantes juegan un papel de complemento, y su importancia reside en que dan viabilidad a la primera. Es decir, en la práctica las cuatro líneas se desarrollan simultáneamente, conformando una totalidad inseparable.

211

El financiamiento, en tanto línea estratégica de trabajo fundamental, da lugar a tres programas de trabajo específico: 1) ahorro y préstamo; 2) inversión productiva, y 3) fondo revolvente. A su vez, estos programas derivan en proyectos aún más específicos, como se ilustra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3 Líneas , programas y proyectos de la Red Nacional de Mujeres UNORCA

Líneas estratégica de trabajo Programas de trabajo Proyectos

Financiamiento Organización Capacitación Comunicación

Ahorro y préstamo Inversión productiva Fondo resolverte Promoción Consolidación organizativa Formación de dirigentes Formación de promotores Capacitación técnica Difusión

Cajas de Ahorro y Préstamo Microempresa Comercialización Agropecuarios Fondo revolver de préstamo

Es importante señalar que, a nivel organizativo, la figura de base, o "célula básica", es el grupo de mujeres; éste aglutina entre 15 y 30 mujeres que se reúnen semanalmente o cada 15 días para definir, formular y desarrollar proyectos para generar ingresos y/o empleos. El siguiente nivel de organización es la Sociedad de Solidaridad Social o forma organizativa similar, conformada por varios grupos de mujeres. A su vez, varias sociedades de solidaridad social o formas organizativas similares, en una región o estado, constituyen una federación. En este sentido, la Red coordina a las federaciones4 existentes a lo largo y ancho del país. 4 Para efectos de este trabajo se utiliza el concepto de federación para referirnos a la estructura regional de la Red, y que consiste en

organizar un conjunto de Sociedades de Solidaridad Social en una región determinada o en un estado de la República Mexicana. Esta estructura organizativa algunas veces toma el nombre de "organización regional" y en otras el de federación, pero en este trabajo se prefiere utilizar este último término porque expresa de una manera más pura la propuesta organizativa de la Red de Mujeres.


212


Ahorro y préstamo El Programa de ahorro y préstamo de la Red Nacional de Mujeres se concibe como la base para el financiamiento de todos los proyectos productivos. Esta modalidad no es la única fuente de financiamiento, pues existen otras como por ejemplo los apoyos que se gestionan ante instancias gubernamentales y agencias internacionales, o bien, la constitución de fondos revolventes. Sin embargo, para la organización el ahorro de las propias mujeres es el elemento de sustentación en el que la Red se apoya para brindar seguridad a su alternativa económica. Este programa se aplica mediante la promoción de cajas de ahorro y préstamo entre los grupos de mujeres que logran constituirse en comunidades, ejidos y poblados rurales. En primera instancia, se procura que el grupo acuerde la creación de la caja de ahorro y préstamo y que posteriormente defina las especificaciones de la forma de funcionamiento. Las cajas de ahorro y préstamo son el principal instrumento que hasta hoy ha utilizado la Red de Mujeres para constituir un mercado de dinero particular o específico que busca dar una respuesta rápida y no burocratizada a las necesidades financieras de la población femenina del sector más empobrecido de México. Las características de los mercados financieros populares, que tan bien describe Manzell,5 nos hace pensar en las potencialidades tan extraordinarias de dicha población y que ha sido ignorada tradicionalmente por la banca comercial y oficial de nuestro país. No obstante, hay que reconocer que con las sociedades de ahorro y crédito se ha avanzado en los años recientes hacia la formación de mercados financieros "populares" —entrecomillada esta última porque consideramos que aún las sociedades de ahorro y crédito no llegan, ni se plantean hacerlo, a los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana y en el que existen mercados financieros informales. La metodología implícita de las cajas de ahorro y préstamo que promueve la Red, cuenta al menos con las siguientes características fundamentales:

5 Catherine Manzell Cartens, 1995.

213

1. Las cajas de ahorro y préstamo se organizan atendiendo a los principios del cooperativismo universal: a) Puerta abierta, adhesión voluntaria y sin discriminación racial, política o religiosa; b) Un voto, una voz, las socias gozan de igual derecho a voz y voto y de participar en las decisiones en igualdad de condiciones a las demás socias; c) Interés limitado al capital, los aportes de capital deben recibir una tasa de interés limitada, si fuese establecida alguna; d) Reparto según participación, los excedentes, si los hay, pertenecen a las socias y deben distribuirse de manera tal que ninguna socia gane a costa de otras; e) Educación cooperativa, la organización debe destinar recursos financieros para la educación cooperativa de las socias; f) Cooperación entre hermanas, con el fin de servir mejor a los intereses de las socias, las organizaciones de base deben apoyarse entre sí. 2. Su organización es vertical y horizontal. La verticalidad reside en que la toma de decisiones es de arriba hacia abajo y viceversa, y está definida por los componentes socia-grupo-SSS-federación; esto significa que existen normas que permiten que las socias incidan, en reuniones y asambleas, sobre los grupos de mujeres y a través de éstos sobre las sociedades de solidaridad social y la

eración, pero, una vez acordados los mecanismos, las instancias de dirección cutan y hacen cumplir las normas.

fedeje La organización también es horizontal porque las socias, a través de su grupo, mantienen relaciones formales con otros —en primera instancia—, en las sociedades y más ampliamente en la federación. 3. Actualmente, el ahorro es administrado por la dirigencia de las sociedades de solidaridad social, en consecuencia, éstas crean los movimientos que derivan de una decisión en relación con el uso y destino del dinero. 4. Las tasas de interés pasivas, las que perciben las socias por el monto de su ahorro, se definen en el mismo seno de los grupos de mujeres. Oscilan entre 1 y 2 % mensual sin que exista una política homogénea de tasas de interés. 5. En relación con los préstamos, existen tres modalidades. Por un lado, los préstamos que realizan los grupos de mujeres a las socias; a este nivel, la plenaria del grupo decide a qué socia(s) se le(s) hará(n) préstamo(s), el monto y los plazos de pago. La otra modalidad son los préstamos que otorgan las sociedades de solidaridad social; éstas evalúan la solicitud de los grupos de mujeres y, con base en ello, deciden a qué grupos se les hará el préstamo, su monto y los plazos de


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pago. Finalmente se tienen los préstamos que las federaciones realizan a las sociedades de solidaridad social. Aquí el mecanismo es similar a los anteriores, dichas sociedades solicitan recursos financieros a la federación en calidad de préstamo, ésta hace una evaluación de la solicitud y, dado el caso, se autoriza el préstamo, su monto y el plazo de reintegración del capital más el interés. 6. Las tasas de interés activas, las que se cobran a las beneficiadas con un préstamo, también son diferentes. Es en las distintas instancias organizativas donde se acuerdan los tamaños de las mismas. Por ejemplo, a nivel de los grupos de mujeres, la plenaria toma la decisión del porcentaje de la tasa de interés. No obstante la diferenciación existente, más o menos se ha generalizado la práctica siguiente: los grupos de mujeres cobran a las socias una tasa de interés de aproximadamente 5% mensual; las sociedades de solidaridad social a los grupos de mujeres, también 5% mensual, y las federaciones u organizaciones regionales a sociedades de solidaridad social, lo hacen a razón de 1.5% mensual. Adicionalmente, se sanciona la morosidad en los pagos con 1.5% mensual respecto al abono. 7. Básicamente se consideran dos requisitos mínimos para disfrutar de un préstamo: uno, que los solicitantes (sean socias, grupos de mujeres, sociedades de solidaridad social y federaciones u organizaciones regionales) hayan reunido en ahorro 20% respecto a la cantidad solicitada en préstamo, y dos, que una vez autorizado el préstamo, los beneficiarios firmen un convenio incluyendo aval(es) si se considera pertinente y los pagarés a que den lugar. 8. A nivel administrativo se llevan a cabo fundamentalmente cuatro medidas: a) todos los grupos cuentan con un reglamento, donde se especifican los aspectos necesarios para operar la caja de ahorro; b) de la misma manera, todos los grupos se reúnen semanalmente y es en ésta donde se realiza la colecta de ahorros, de abonos o préstamos, se levantan actas semanales y, dado el caso, se avala el corte de caja; c) periódicamente se realizan cortes de caja general y de balance, el lapso de tiempo durante el cual se lleva a efecto se le denomina ciclo de trabajo, que generalmente es cada cuatro o seis meses, y d) el diferencial de las tasas activa y pasiva, es decir el rendimiento financiero, se destina 10% al gasto administrativo y el resto (90%) a la recapitalización de las cajas de ahorro. 9. El monto de los préstamos está definido de acuerdo con los fines de los mismos. Se reconocen básicamente cuatro tipos de préstamos o créditos: a) los individuales, que son los que tienen que ver con necesidades de consumo de la socia y/o de la familia, como pueden ser entre otros la compra de algunos enseres domésticos; sufragar gastos ocasionales (como fiestas familiares o enfermedades)

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o, incluso, realizar compras para reventa, b) los destinados a financiar proyectos de servicios o de salud, que tienen un impacto social que repercute positivamente en los niveles de bienestar, como por ejemplo ayuda a escolares de bajos recursos o también a los tipificados como niños de la calle, y atención a la salud de sectores empobrecidos, etcétera; c) créditos para vivienda, que tienen como propósito financiar la construcción de nuevas viviendas y ampliaciones o remodelaciones, y d) los préstamos a proyectos productivos, cuyo fin es el de financiar empresas productivas. Es obvio que las anteriores características no constituyen una metodología acabada de las cajas de ahorro, sino más bien son lineamientos para la elaboración de una metodología general propia. Inversión productiva El programa de trabajo sobre inversión productiva es también central en la línea estratégica de la Red Nacional de Mujeres de UNORCA. Como se ha indicado, está soportado en el programa de cajas de ahorro, tanto financiera como organizativamente. Es decir, el ahorro que realizan las mujeres en sus grupos constituye la primera fuente de financiamiento de posibles proyectos productivos. En este sentido, se conforma deliberada y claramente un circuito económico financiero-productivo entre las cajas de ahorro y préstamos y los proyectos de inversión. Es relevante indicar que son las propias mujeres, en el seno de los grupos, quienes a partir de una lluvia de ideas definen un proyecto productivo. En reunión analizan la factibilidad financiera y la pertinencia desde el punto de vista empresarial y social. Si el proyecto lo consideran viable, el siguiente paso es desarrollarlo como un proyecto formal y por escrito, mediante asesoría especializada, para justificar su rentabilidad. Posteriormente, se promueve el proyecto para su financiamiento; el grupo de mujeres que lo hace deberá garantizar, al menos, un capital inicial por parte de las socias de 20% del capital social necesario para iniciar su operación. Entonces, la promoción del proyecto es con el propósito de lograr un financiamiento por el restante, es decir un impulso máximo de 80% del capital social. Generalmente, para el financiamiento del proyecto se propone a instancias gubernamentales, especialmente a través de programas de apoyo a microempresas, y a organismos internacionales (fundaciones y bancos, entre otros) con líneas de financiamiento a programas para combatir la pobreza.


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Hasta hoy día, la experiencia de la Red de Mujeres muestra que el programa de inversiones se canaliza generalmente hacia tres tipos de proyectos, a saber: 1) microempresas que tienen como propósito producir bienes de tipo manufacturero (como por ejemplo tortillerías, productos agrícolas en conserva, fabricación de artesanías, etcétera) y servicios (como podría ser una lavandería, cocinas y abasto); 2) empresas comercializadoras cuyo objetivo es ubicar en el mercado todo tipo de productos; 3) empresas agropecuarias, donde el objetivo es desarrollar unidades de producción ligadas a las ramas de la agricultura y ganadería básicamente. Algunos ejemplos de este tipo de empresas son la cría de aves y ganado en traspatio y la engorda de ganado en hatos con número significativo de cabezas. No obstante que el programa de inversión productiva se concibió desde el mismo momento de la constitución de la Red de Mujeres, no es sino hasta hace poco más de dos años (principios de 1994) cuando se empezaron a obtener resultados. Fo ndo revolvente

El tercer y último programa de trabajo que desarrolla la Red es el fondo revolvente. En este aspecto la idea central es que la dirigencia nacional debe proporcionar apoyo financiero a las organizaciones de base desde un fondo revolvente; esto significa que la dirigencia de la Red de Mujeres tiene la preocupación de constituir una fuente propia de financiamiento para apoyar las iniciativas de las organizaciones de base para generar empleos e ingresos en beneficio de sus socias y sus familias. Evidentemente, la constitución de un fondo de este tipo es verdaderamente un reto, pues se concibe como un programa que debe contar con los recursos financieros suficientes para contribuir de forma significativa a satisfacer las necesidades financieras de las organizaciones integradas a la Red de Mujeres. En la actualidad, la Red ha constituido el Fondo Revolvente de la Red de Mujeres (FRRM). El capital de este fondo fue financiado principalmente por la IAF, a través de una donación que se autorizó a principios de 1995. El FRRM opera sus créditos, por un lado, directamente entre la dirigencia nacional de la Red (la Coordinación Nacional) y las federaciones y, por otro lado, a nivel de proyectos específicos y de particular relevancia por su tamaño, promovidos por cualquier instancia de la organización. En el primero de los casos, las federaciones

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a su vez utilizan el recurso financiero para realizar préstamos a las sociedades de solidaridad social, con una tasa de interés de 4% mensual —la tasa de interés de los créditos que otorga el FRRM es de 2% mensual o 24% anual—. El rendimiento financiero del Fondo se destina, al igual que en las cajas de ahorro, en 10% para cubrir los gastos de administración del mismo y el restante 90% a recapitalizarlo. Conclusiones 1. La crisis económica de larga duración en México y las políticas públicas aplicadas han impactado negativamente en los niveles de vida de la población provocando el surgimiento de amplios sectores inmersos en condiciones de pobreza, tanto moderada como extrema, sobre todo en las zonas rurales del país. 2. Un número cada vez mayor de mujeres mexicanas se incorporan al mercado de trabajo en búsqueda de un empleo. Su participación en la PEA se ha incrementado sensiblemente en la década de los noventa. En las zonas rurales esta tendencia es especialmente evidente, como consecuencia de la emigración campo-ciudad. 3. Los programas gubernamentales para la mujer en general, y en particular hacia las mujeres rurales, desarrollados hasta la fecha, se han visto limitados para satisfacer las demandas de éstas. 4. Es necesario que la mujer mexicana incursione en el desarrollo de experiencias propias de organización de base y autogestionaria, en la perspectiva de generar opciones para satisfacer sus demandas tanto en el plano económico (creación de empleos y generación de ingresos monetarios) como en el de la revalorización subjetiva. En este último sentido, la alternativa propuesta por la Red Nacional de Mujeres integradas en UNORCA, es política y prácticamente viable; así lo muestra la experiencia de seis años. 5. Durante estos años, la alternativa autogestionaria para combatir la pobreza de la Red Nacional de Mujeres ha logrado resultados positivos en cuanto a la generación de empleos, mediante su programa de inversiones productivas, y la generación de ingresos monetarios a través de su programa de ahorro y préstamo. Son alrededor de 16 mil 400 mujeres las que se encuentran involucradas en esta interesante experiencia. 6. Es importante señalar, aunque no se haya tocado ampliamente en el trabajo, que uno de los resultados de esta experiencia es la gran oportunidad que han tenido


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muchas mujeres de acceder a roles directivos; participar en foros, seminarios, programas de capacitación; realizar viajes, etcétera, enriqueciendo y moldeando con ello su vida cotidiana. 7. Sin embargo, hay que reconocer que aún es una opción en proceso de formulación. Por lo tanto, esta alternativa no constituye un planteamiento acabado, sino más bien un planteamiento sujeto a constante revisión para su mejoramiento, en especial en lo que respecta a su metodología de trabajo. Su gerencias

1. Una primera sugerencia que se desprende de este trabajo tiene que ver con los principios que sustentan la alternativa de la Red, de los cuales se observa que son adoptados, tal cual, los del cooperativismo universal, sin que éstos reflejen la particularidad y esencia de la alternativa propuesta. En este sentido, consideramos que la organización debe incluir entre sus principios los siguientes: a) Femenil. Para hacer explícito que la Red se trata de una organización de mujeres. b) Popular. Para poner énfasis en que las socias, y las candidatas a serlo, tanto rurales como urbanas, son las que viven en condiciones de pobreza. c) Autogestionaria. Para informar a las socias que la fuerza y confianza de la organización reside en sus propias capacidades y habilidades para formular, desarrollar, dirigir y controlar proyectos específicos que tiendan a satisfacer sus demandas. 2. A nivel general de la organización, es necesario que se conciba como una opción que debe aterrizar y que no requiere que la dirigencia aumente su número sino que adquiera una mayor profesionalización en el trabajo y que, sin olvidarlos, se abstraiga de los problemas menores y centre su atención en los retos que tiene por delante para construir una gran organización de mujeres que tanto se requiere en este país. 3. Es pertinente que la dirigencia de la Red explore la conveniencia de adoptar nuevos esquemas organizativos, que expresen muy bien las líneas estratégicas de trabajo.

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4. Para cumplirse a mediano plazo, es necesario plantearse la meta de que la Red Nacional de Mujeres debe contar con una figura jurídica propia, para estar en condiciones de acceder a recursos financieros que manejan instituciones nacionales e internacionales. 5. Para mejorar la metodología de trabajo, se sugiere avanzar en la centralización de la administración de los recursos financieros y en la definición de políticas generales sobre, por ejemplo, las tasas de interés pasivas y activas, préstamos, sanciones y financiamientos a proyectos productivos, entre otras. Para finalizar, deseamos manifestar que nos será altamente satisfactorio si el presente trabajo contribuye a la reflexión para construir una organización nacional de millones de mujeres, viable y útil en México.


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Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario: instancia de consulta y análisis

on el propósito de examinar, diagnosticar y, en su caso, proponer alter-nativas que tiendan a mejorar e impulsar los diversos aspectos de la vida agraria del país, el pasado 16 de diciembre de 1996, por acuerdo del

Secretario de la Reforma Agraria, se constituyó el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa), que tiene entre sus funciones actuar como órgano de análisis, reflexión y consulta sobre temas agrarios; promover la participación de la sociedad en el desarrollo de las consultas; recoger las opiniones de la sociedad en materia agraria, y realizar estudios que contribuyan al enriquecimiento de la cultura agraria del país. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año.

C

En el Conacosa participan especialistas e interesados en el sector agrario. Está presidido por el Secretario de la Reforma Agraria y se integra además, por un Secretario (el Procurador Agrario), Vocales (Titulares y otros funcionarios de las dependencias del sector), Consejeros Permanentes y Eventuales (representantes de organizaciones campesinas, instituciones académicas y del sector privado rural), y un Secretario Técnico. En forma ordinaria, el pleno del Conacosa se reúne por lo menos tres veces al año, aunque puede hacerlo en forma extraordinaria a solicitud del Presidente, del Secretario, o de la mitad más uno de los Consejeros Permanentes. Al cierre del mes de julio del año en curso, el Consejo ha celebrado dos sesiones ordinarias: la primera en febrero y la segunda en julio.

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Las comisiones Para el mejor desempeño de sus funciones, en la primera sesión del Consejo se aprobó el establecimiento de Comisiones, como grupos de trabajo de carácter técnico formadas para el estudio de temas específicos y como instancias de interlocución y participación de las organizaciones sociales campesinas, de los servidores públicos del sector, de especialistas y de académicos, entre otros parti-cipantes. En su estructura básica, cada Comisión se integra por un Coordinador (Vocal del Conacosa), un Secretario Técnico (miembro de alguna organización campesina, elegido por los consejeros), un Secretario Auxiliar (nombrado por el Coordinador) y Consejeros Permanentes y Eventuales. Actualmente funcionan cinco comisiones, las cuales se encargan del análisis y reflexión sobre temas concretos: 1. Comisión de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que es coordinada por María Antonieta Gallart Nocetti, Directora en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN); Carlos Flores Rico, Director General de la Comisión para la Regulariza-ción de la Tenencia de la Tierra (Corett), y Francisco Molina Oviedo, Director General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); 2. Comisión de Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad, coordinada por Leopoldo Zorrilla Ornelas, Delegado Fiduciario Especial y Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe); 3. Comisión de Organización Campesina, a cargo de Marco Antonio del Castillo Hernández, Director General Adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA); 4. Comisión La Nueva Institucionalidad Agraria, coordinada por Héctor René García Quiñones, Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, y 5. Comisión Marco Jurídico, coordinada por Francisco Ramos Bejarano, Subprocurador General Agrario. Conviene precisar que las primeras cuatro comisiones quedaron aprobadas en la primera sesión del Conacosa, en tanto que la quinta, se creó como parte de los acuerdos de la segunda sesión del Consejo.


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• POLÍTICA SECTORIAL •

El trabajo de las comisiones está normado por bases de operación, que establecen los principios de organización y funcionamiento de las mismas. Para el inicio de sus trabajos, cada Comisión realizó una reunión de instalación —las cuatro primeras durante los días 22 y 24 de abril, y la de Marco Jurídico el 18 de agosto—, en la que su Coordinador presentó una ponencia rectora sobre el tema, que serviría de base para que, a partir de la segunda sesión, los consejeros expusieran el punto de vista de la organización o institución a la que representan. Ordenamiento de la propiedad rural Durante los años recientes, se ha concebido a la propiedad de la tierra como base del desarrollo agrario y, a partir de ello, se está buscando influir en el incremento sostenido de la producción, productividad y rentabilidad en el medio rural. En el afán de contribuir a ese propósito, al interior de esta Comisión se realiza el análisis de temas relacionados con esta línea de trabajo que considera, particularmente, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el Programa de Incorporación del Suelo Social (PISO), Colonias agrícolas y ganaderas, y excedentes de tierras. Después de su sesión de instalación, esta Comisión ha realizado tres reuniones de trabajo, en las que representantes de la Alianza Campesina "Alfredo V. Bonfil" (Alinca); del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc); de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar); de la Unión Campesina Democrática (UCD); de la Confederación Nacional Campesina (CNC); del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y de la Unión General Obrera, Campesina y Popular-Coordinadora Nacional (UGOCP-CN), han presentado por escrito sus puntos de vista y propuestas respecto de temas afines a la Comisión (véase Cuadro 1).

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Cuadro 1

Propuestas de los Consejeros de la Comisión Ordenamiento de la Propiedad Rural

Organización

institución Temas Propuestas

Alinca Consucc Consucc

"Consideraciones al Resultado del Procede". "Programa de Certificación de Derechos ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)". "Excedentes de Tierras".

-Incorporar los Registros Públicos de la Propiedad a los diversos Comités y al Conacosa, para que aporten los informes y datos que obren en su poder para determinar los excedentes de las propiedades particulares rústicas. -Que los excedentes sirvan para beneficiar a grupos solicitantes de tierra cuyas necesidades están insatisfechas, modificando, al efecto, el artículo 124 y otros de la Ley Agraria. -Ampliar la difusión de las Normas de Operación que rigen al Procede, en los núcleos de población agrarios que ya han sido certificados, así como en aquellos que se incorporen. -Realizar un análisis casuístico de las quejas y denuncias que sean presentadas por los núcleos de población agrarios, campesinos y organizaciones con relación el Procede. -Emprender acciones inmediatas y radicales en los casos en donde personal de las distintas instituciones responsables de la aplicación de programas rurales, condicionen el apoyo e incorporación de los núcleos de población agrarios y campesinos. -Terminar de estructurar el Programa de Regularización de Comunidades (Procede en comunidades). -Liquidar de Inmediato los excedentes de les latifundios. Los propietarios deberán poner a disposición del Ejecutivo Federal los excedentes de la propiedad privada agraria, pasando éstos el dominio de la Nación, debiendo ésta destinarlos a la satisfacción de necesidades agrarias de los núcleos y grupos solicitantes con expedientes, debidamente instaurados. -Ampliar el derecho de los campesinos para denunciar las concentraciones ilegales de tierras, señalando la obligación del Estado de entregarlas a los que las han solicitado y las necesiten verdaderamente.


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Sagar UCD CNC

"Las Políticas de Fomento y Desarrollo Rural para el Ordenamiento de la Propiedad Rural". "Ordenamiento de la Propiedad Rural y Defensa del Ejido y la Comunidad". "Consideraciones sobre el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, así como respecto al Programa de Incorporación del Suelo Social".

-Reducir sustancialmente los limites de la pequeña propiedad, demandando que ésta se acerque a un tamaño más realista, más eficiente y sobre todo más justo. -Incautar y expropiar en forma irreversible las tierras de los narcotraficantes. -Crear acciones complementarias a las ejecutivas por la SRA, necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario. -Diseñar acciones de coadyuvancia entre la Sagar y otras dependencias, fundamentalmente con la SRA para apoyar el ordenamiento de la propiedad rural como medida indispensable para estimular la formulación y ejecución de proyectos productivos y de inversión, en los que participen inversionistas privados asociados con los titulares de los predios regularizados. -Señalar con precisión cuáles son las características de la propiedad social, así como los mecanismos para su protección. -Revisar los límites de la pequeña propiedad, así como la extensión que pueden tener en propiedad las sociedades civiles o mercantiles. -Cambiar el procedimiento para el fraccionamiento y enajenación de excedentes de tierras de propiedad privada. -Que el programa PISO logre incorporar verdaderamente a los núcleos y a sus integrantes a un desarrollo económico sostenido a partir de la incorporación de sus tierras al desarrollo urbano, ya que sólo les cambia el régimen y esto no beneficia realmente a los campesinos. -La regularización de las tierras de los núcleos de po-blación agrarios a través del Procede debe comprender la totalidad de las superficies y no dejar un nuevo rezago que se está conformando con las tierras excedentes achuradas, o bien, aquellas superficies invadidas a los núcleos y no indemnizadas y que también quedaron fuera de los planos emitidos una vez llevado a cabo el Procede. -En cuanto al PISO se requiere que se establezcan con claridad los procedimientos legales para la constitución de inmobiliarias ejidales, así como para el financiamiento de los proyectos de desarrollo urbano. -Respecto al Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas se deben precisar metas y tiempos.

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Fonaes Sedesol UGOCP-CN

"Propuesta sobre la posible participación del Fonaes en apoyo a proyectos inmobiliarios". "Consideraciones sobre Concesiones Ganaderas y Junta de Pobladores

-Por lo que hace a la regulación de excedentes de la propiedad ejidal, privada y de sociedades mercantiles o civiles, es necesario que se expidan las leyes o se mejoren los procedimientos para acabar con latifundios simulados y que los excedentes sirvan para beneficiar a grupos peticionarios carentes de tierras con expedientes instaurados y no resueltos favorablemente. -Sugiere incursionar, en coordinación con los núcleos de población agrarios, en la constitución de inmobiliarias ejidales y asociaciones en participación para que, con el carácter de empresarios sociales y no de agentes especulativos, efectúen la venta del suelo a costos razonables para cubrir necesidades de vivienda, equipar amiento urbano y desarrollo regional. -La SRA y el Tribunal Superior Agrario deben proceder a ejecutar materialmente y en sus términos las resoluciones, pues hay núcleos beneficiados que aún no tienen la posesión de las tierras dotadas legalmente. -A través del Procede no se debe continuar con la actitud complaciente de las autoridades agrarias, de permitir que !os órganos de representación y de vigilancia otorguen derechos a personas por compadrazgos o corruptelas,, incluso cuando ni siquiera son avecindados en el ejido. -Que la SRA actúe con apego a la ley para evitar la concentración de tierras en los núcleos de población agrarios. -Debe impulsarse la constitución de las Juntas de Pobladores para conocer y resolver problemas de carencia de solares urbanos y servicios públicos de los núcleos de población agrarios.

Estructura agraria actual y perspectivas del ejido y la comunidad Los trabajos de esta Comisión se han orientado hacia la reflexión de los principales problemas que se presentan en el país en materia de estructura agraria, así como los escenarios que se vienen configurando para la propiedad social de la tierra. Debido a la importancia que tiene, esta Comisión incorpora la discusión en torno al mercado de tierras. En las dos sesiones de trabajo de la Comisión, se han presentado por escrito las observaciones de los representantes de la Sagar; de la Alinca; de la UCD; del RAN, y de la CNC. Las grandes líneas propositivas de estas instituciones y organizaciones pueden observarse en el Cuadro 2.


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Cuadro 2

Propuestas de los Consejeros de la Comisión Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad

Organización institución

Tema Propuesta

Sagar Alinca RAN ONC UCD

Comentarios a la ponencia rectora "Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad". Comentarios a la ponencia rectora "Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad". "Estructura Agraria". Comentarios a la ponencia rectora "Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad". Comentarios a la ponencia rectora "Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad".

-Promover actividades en las dos terceras partes de tierras que son de uso común, en un ejercicio de fuerza y legitimidad a la figura del ejido, como núcleo social que agrupa a sus habitantes, en tomo a la solución de problemas y diseño de proyectos comunitarios. -Utilizar y potenciar las parcelas de uso específico, en esquemas de participación social y comunitarios. -Aprovechar el potencial de los solares urbanos como unidades de producción familiar. -Contar con información completa y contable de los ejidos y comunidades vigentes. -Desarrollar un programa de planeación integral para los núcleos de población agrarios, que canalice los recursos que se obtienen de la explotación del petróleo. -Convocar al Registro Público de la Propiedad para que se incorpore al Conacosa. -Presentó información sobre la propiedad ejidal, comunal, privada, colonias agrícolas y ganaderas y terrenos nacionales. -Uso racional y sostenible de los recursos de los ejidos y las comunidades. -Acceso a inversiones para la explotación de praderas, bosques, recursos mineros y turísticos. -Realizar un taller de diálogo entre las instituciones del sector agrario y organizaciones campesinas, para revisar las estrategias a desarrollar con el sector social. -Programar una mayor infraestructura educativa y productiva a los jóvenes del campo. -Más que una propuesta, comentaron que se trata de una ponencia de análisis sobre el desarrollo histórico del ejido.

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Organización campesina En sus distintas expresiones, la organización en el campo es instrumento fundamental para avanzar en el desarrollo rural. Al igual que en las comisiones anteriores, en ésta se presentó una ponencia rectora, a partir de la cual se derivaron documentos escritos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campe-sinas Autónomas (UNORCA); de la Alinca; de la Central Campesina Cardenista (CCC); de la UGOCP-CN, y de la CNC. Esta Comisión ha reorientado su forma de trabajo mediante la constitución de subcomisiones y de una agenda que considera los siguientes temas: Relación Estado-Organización Campesina; Fomento Productivo; Financiamiento; Comer-cialización; Desarrollo Rural, y Marco Jurídico de la Organización Campesina. Las propuestas que se han realizado en la Comisión son las que se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3

Propuestas de los Consejeros de la Comisión Estructura Agraria Actual y Perspectivas del Ejido y la Comunidad


Tema Propuesta

UNORCA

"Organización Campesina".

-Generar una organización campesina de representación amplia (regional, estatal y nacional) para alcanzar un desarrollo rural inte-gral y sustentable, cuyos principios sean: autonomía, entendida como autogestión compartida y apropiación social de los procesos productivos, comerciales y de vida social; la construcción - recons-trucción del movimiento campesino desde los planos regionales, y la democracia, como forma de articulación de sujetos sociales y políticos heterogéneos. -La organización campesina debe ser capaz de enfrentar los problemas relacionados con el bienestar social de sus miembros y de la colectividad y dar curso a nuevas formas de cohesión y desarrollo colectivo. -Crear formas organizativas especializadas; redes como la de la mujer campesina, la de pueblos indios y, en su caso, la de produc-ción y comercialización de café. -Trabajar con base en la planeación participativa y reuniones de análisis sobre temáticas específicas. -impulsar la capacitación para la producción, comercialización, or-ganización y manejo sustentable de recursos naturales, y para pro-cesos de educación ambiental. -Formar cuadros dirigentes con capacidad para impulsar procesos organizativos de amplia representación, que tiendan a la construc-ción de un desarrollo regional integral e incluyente.


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CCC Alinca UGOCP-CN

"Organización Campesina". "Organización Campesina". "Organización Agraria".

-Ocupar espacios en la administración municipal, como medio de gestión para atender las demandas campesinas e indígenas. -Participar en los espacios de representación amplia, para analizar conjuntamente y consensar con otras fuerzas en torno a propuestas de solución a los problemas del campo. -Alcanzar la autosuficiencia alimentaria con la participación real de los productores rurales. -Ampliar la participación de especialistas que asesoren a los pro-ductores. -Elaborar diagnósticos de la situación productiva individual y regional, para detectar las necesidades económicas, financieras, administrativas y de comercialización, con el objeto de presentar una propuesta real de desarrollo regional. -Que el Estado y las centrales campesinas nacionales reivindiquen la organización económica, brindando las condiciones necesarias para llevarla a cabo. -La organización básica debe estar sujeta a lo establecido en la Ley Agraria en sus artículos 21, 22 y 23; agilizar trámites y registros en lo concerniente a las asambleas de los núcleos de población agrarios, y en los nombramientos de representantes ejidales. -Que las instituciones del gobierno federal apoyen a las organizaciones campesinas para obtener créditos. -Que las mujeres campesinas, por derecho, sean apoyadas para el mejoramiento económico del sector agrario. -Que la organización sea la base de la producción. -Todos los productores y, en general, toda la población del campo deben tener las mismas oportunidades de educación. -Desarrollar mucho más las organizaciones de 2o. nivel, como las uniones de crédito, comercializadoras e integradoras. -Crear más instituciones de gobierno que trabajen en el sector social agropecuario en cuestión de créditos, financiamiento y apoyos a la comercialización y que la banca comercial ya no establezca más requisitos para invertir en este sector. -Que las organizaciones campesinas nacionales, por su amplia co-bertura de atención al sector, sean reconocidas como "Entidades de Interés Público". -Que las sociedades privadas ya no influyan más en el rentismo, en la venta y en el acaparamiento de tierras, ya que se corre el riesgo de volver al latifundio. -Consolidar la organización agraria y económica y fortalecer al ejido y la comunidad.

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CNC

"Organización Agraria".

-Cada núcleo de población agrario debe contar con su reglamento interior y/o estatuto comunal -Promover la actualización de los órganos de representación. -Demandan una política clara para el fortalecimiento de las organi-zaciones campesinas en todos sus niveles. -Impulsar las organizaciones por regiones y por productos, impulsando el crecimiento y convergencias regionales. -Fortalecer las organizaciones con base en la actividad primaria de la producción y los servicios que se requieren. -Crear estructuras verticales que permitan acceder en mejores con-diciones a los mercados e influir en los sistemas-producto. La tendencia debe ser construir organizaciones en regiones amplias o a nivel nacional. -La formación de Federaciones y Confederaciones debe apoyar los anteriores procesos y articular acciones, desde posiciones gremia-les, con el resto de los actores de la economía nacional. -Que el INDA contribuya a definir una estrategia para la consolidación de las organizaciones económicas campesinas. -La atención de la mujer campesina reclama apoyos intensos y continuos.

La nueva institucionalidad agraria Uno de los propósitos centrales de las reformas al marco legal agrario en 1992, fue el logro de una justicia real y expedita para solucionar los problemas que aquejan al campo, razón por la que fueron creadas nuevas instituciones vinculadas al sector. Precisamente, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y los Tribunales Agrarios, son centro de reflexión en esta Comisión, en cuyas sesiones de trabajo se han presentado documentos escritos por Consucc y por la Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto López (UGOCM-JL), de los cuales se han derivado las siguientes propuestas.


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Cuadro 4

Propuestas de los Consejeros de la Comisión La Nueva Institucionalidad Agraria


Tema

Propuesta

Consucc UGOCM-JL

"Procuraduría Agraria". "Nueva Institucionalidad Agraria"

-Ampliar la competencia de la PA para emitir recomendaciones a instituciones que sin ser autoridades agrarias tienen vínculos impor-tantes con los campesinos y el sector rural en general. -Profesionalizar al personal de la PA, principalmente a los visitadores, como la más cercana instancia para los campesinos. -Incorporar nuevas tareas y áreas especializadas para la atención de otros sujetos (mujeres, jóvenes, grupos étnicos y jornaleros agrí-colas). -Desarrollar programas de capacitación para sujetos agrarios, orga-nizaciones económicas y gremiales, a través de seminarios. -Sistematizar los asuntos presentados por los núcleos campesinos y organizaciones. -Defender eficaz y profesionalmente los intereses de los sujetos ante las instancias jurisdiccionales y las autoridades agrarias. -Supervisar al personal de la PA. en particular al que tiene relación con núcleos para evitar desvíos, desatención y abusos. -Expedir manuales de procedimientos para la presentación de soli-citudes, quejas y denuncias. -Analizar y estudiar políticas y legislación agraria para motivar el surgimiento de propuestas que rescaten el trabajo de organizaciones campesinas, académicos y especialistas. -Corregir lagunas de la Ley Agraria para evitar la pobreza en el campo. -Facilitar el acceso al crédito.

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Marco jurídico Como se señaló, esta Comisión se constituyó formalmente el 18 de agosto, y sus trabajos empiezan apenas a recoger las opiniones de las distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas que intervienen en ella. Por la naturaleza del tema, esta Comisión representa el espacio para que los distintos actores relacionados con el campo expongan sus puntos de vista en torno a los distintos ordenamientos que conforman el marco legal agrario. Por último, es preciso destacar que las cinco comisiones están dando seguimiento a cada una de las intervenciones que se registran en cada sesión de trabajo y, además, se sistematizan las propuestas sobre aspectos concretos que plantean los consejeros, con el objeto de hacer de la consulta un instrumento valioso, que enriquezca los diagnósticos y contribuya decididamente en la formulación de nuevas políticas de desarrollo rural.


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Ley Agraria comentada

López Nogales Armando y Rafael López Nogales, Porrúa, 2ª edición, México, 1997, 248 pp.

Las transformaciones nacionales e internacionales dieron origen al cambio en los preceptos que existían para el desarrollo del campo dentro de los terrenos de la institucionalidad mexicana. No obstante, las reformas constitucionales de 1992 no se deben quedar en la mera regulación para adaptarse a las nuevas realidades, deben anticiparse al futuro sin dejar de lado el pasado, dentro de un proceso permanente de revisión del quehacer y evaluación de los marcos legales.

Sergio García Ramírez, Presidente de 1992 a 1995 del Tribunal Superior Agrario, señala en el prólogo a su cargo la abundancia y complejidad de la literatura jurídica, misma que no cuenta con suficientes medios para facilitar su estudio y comprensión. De ahí, apunta, la oportunidad de la aparición de esta obra.

Los autores editan por segunda ocasión la Ley Agraria comentada y realizan de nuevo un trabajo profesional crítico desde la perspectiva jurídica; la revisión

exhaustiva comprende la Ley Agraria y todos los ordenamientos previos, incluidas citas del Derecho Romano. Los hermanos López Nogales observan que, en el campo, anteriormente fungía la bandera del reparto agrario que luego se transformó en la de la seguridad jurídica y económica de y para los hombres del campo, y se preguntan acerca de las expectativas reales que pueden significar las nuevas propuestas legislativas. El esquema y la transformación que ellos observan es: campesino-ejido colectivo-formas asociativas-modernización-propiedad privada de corte mercantil-empresario agrario. La Ley Agraria comentada analiza cada artículo y presenta un comentario para cada uno de ellos, así como su respectivo soporte en las tesis jurisprudenciales correspondientes

• BIBLIOAGRARIAS •

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y en otras leyes con las que converge la Ley Agraria. Así, se encuentran observaciones acerca de las políticas instrumentadas por el gobierno a partir de las reformas constitucionales de 1992. En algunos casos, la crítica muestra las insuficiencias de los preceptos y abunda en propuestas para subsanarlas.

En general, Ley agraria comentada precisa, puntualiza y complementa cada uno de los 200 artículos de la Ley más los transitorios. En la parte final, se incluye un prontuario bibliográfico que enuncia los temas de la Ley y el o los artículos que sustentan dicho tema. Sin duda, esta obra servirá tanto a estudiantes de derecho, abogados y servidores públicos encargados de brindar atención agraria como a dirigentes campesinos interesados en la materia.


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Bien común y gobierno

Revista mensual de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., año 3, núm. 29, "Campo y vida rural", abril de 1997. En la historia del país, el campo mexicano ha sido víctima en repetidas ocasiones de los golpes de la economía. Los grandes problemas que padecen actualmente los campesinos mexicanos son reflejo de los procesos y cambios que han enfrentado a través del tiempo. Es por eso, entre otras razones, que la revista Bien común y gobierno, editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, dedica su número de abril al tema "Campo y vida rural". Los trabajos presentados por especialistas en la materia agraria abordan el tema desde las distintas aristas que conforman el campo mexicano; así, a través de la revista se logra observar un marco completo de las opiniones que sobre el tema se vierten. Arturo Garza Carranza propone enfocar los apoyos del campo hacia el desarrollo de proyectos microrregionales participativos con el fin de transformar la situación que prevalece en el campo mexicano. Por su parte, Efraín Hernández Carbajal analiza el impacto del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) tras cuatro años de haberse iniciado.

Sergio y Germán Méndez Cárdenas presentan los resultados de una encuesta realizada en la zona suroeste del lago de Pátzcuaro enfocada al tema ambiental. Proponen que se discutan los aspectos del medio ambiente y el desarrollo sustentable como problemas que afectan la calidad de vida, y a la gestión municipal que requiere el medio ambiente como un problema generado por la falta de involucramiento comunitario. Por otro lado, Manuel Perló Cohen trata el tema de las relaciones campo-ciudad desde la perspectiva urbanista y señala, entre otras cosas, que las políticas fiscales no deben tratar de manera separada al campo y a la ciudad, sino que debe integrarlas como un todo, bajo una misma óptica y con objetivos conjuntos. Señala que debido a la falta de planificación del crecimiento de las ciudades, hoy en día no existe respeto por la vocación del suelo. En el replanteamiento de la relación campo-ciudad está el futuro mismo del país. Huitzilihuitl Herrada Pineda analiza la relación entre el problema del narcotráfico y el agudo rezago del agro mexicano: una vez que el narcotráfico ha modificado la estructura económica tradicional continúa cambiando la estructura social. Por su parte, Claudia A. Dorantes H. estudia la figura de la cooperativa con el fin de destacar su importancia como un factor de desarrollo principalmente en los municipios.


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Alfredo Macías Vázquez presenta un estudio sobre el desarrollo agroindustrial argentino, las transformaciones estructurales recientes y su repercusión en los ritmos de la actividad económica, y hace un análisis comparativo de las estructuras productivas agroindustriales de los diferentes países miembros del Mercosur, en especial Argentina y Brasil. Por último, se presenta el texto de Manuel Gómez Morín titulado "El crédito agrícola en México", que relata la creación del Banco Nacional de Crédito Rural.

La labor de divulgación de Bien común y gobierno, sin duda, coadyuvará al conocimiento de la realidad que vive el campo mexicano.


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Examen de las políticas agrícolas en México Políticas nacionales y comercio agrícola OCDE, Francia, 1997, 236 pp.

Como respuesta a los cambios vertiginosos que han venido sucediéndose en el mundo entero, México puso en marcha un programa de reformas que buscó adecuar la situación nacional al entorno internacional. Lejos de ser una excepción, el sector agropecuario fue objeto de una profunda reforma institucional. Sin embargo, la precaria infraestructura básica y la falta de redes eficaces de comercialización, aunadas a la carencia de actividades de investigación y desarrollo, continúan obstruyendo el posible avance de las zonas rurales de forma que éstas puedan incluirse de manera eficaz dentro de una economía de mercado. Basándose en el método de cálculo del apoyo implícito en las políticas agrícolas mediante el uso de los equivalentes del subsidio a la producción y al consumo (ESP y ESC respectivamente), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó un estudio que analiza la evolución de las políticas agrícolas en México. El estudio resalta el proceso de apertura económica que ha venido experimentando México desde mediados de los años ochenta, dejando con ello atrás la política basada en la sustitución de importaciones. Este giro en la

política económica se ha caracterizado por una mayor orientación de mercado; un régimen comercial más libre; la privatización de empresas públicas, y un proceso de desregulación en diversos sectores, entre los que hay que destacar al sector agroalimentario. La combinación de estos factores ha significado profundos ajustes en el sector agrícola mexicano, cuya situación actual se caracteriza —según la OCDE— por una estructura agrícola compuesta de explotaciones comerciales tradicionales (pobres pero con gran potencial) y de explotaciones de subsistencia (muy pobres y sin ningún potencial). La importancia relativa que en México revisten el sector agrícola y la economía rural —comparada con la de la mayor parte de los países miembros de la OCDE— hace que la evolución macroeconómica sea particularmente influyente sobre la agricultura. Examen de las políticas agrícolas en México muestra cómo la política macroeconómica y la crisis desatada en 1995 influyeron sobre las señales de los precios en el sector agrícola, y se indica que la evolución macroeconómica deberá traducirse en la pauta para continuar el proceso de reforma de la política agrícola. Resulta evidente que, para alcanzar los objetivos de la política agrícola en México, harán falta no solo medidas específicas, sino también un equilibrio entre los objetivos del ajuste estructural, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y


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la generación de empleos económicamente eficientes.

Será esencial que los progresos en la reforma de la política agrícola se consoliden en el marco de la evolución macroeconómica y del desarrollo de una economía abierta. Asimismo, se perfila como necesario reforzar las políticas orientadas a la educación, la capacitación y la investigación, así como promover el desarrollo de fuentes alternativas de ingreso y de oportunidades de empleo en las zonas rurales, todo ello con el fin de que los agricultores puedan responder de manera eficiente y eficaz a las señales del mercado, y que el sector agrícola pueda desarrollarse sobre bases firmes.

Los juicios formulados en Examen de las políticas agrícolas en México. Políticas nacionales y comercio agrícola, se fundamentan sólidamente en datos de carácter oficial, mismos que se presentan en tablas y cuadros con el fin de soportar el análisis.


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Dirección General de Estudios y Publicaciones

Normas para la presentación de originales Revista Estudios Agrarios

1. Los trabajos deberán estar escritos en castellano, ser inéditos y no tener derechos cedidos a terceros.

2. Los textos podrán enviarse en una de dos modalidades: vía correo electrónico, o bien impresos sobre papel blanco tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) junto con una copia magnética (diskette 3.5").

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4. Se sugiere una extensión máxima para los trabajos de: 30 cuartillas tratándose de ensayos y artículos; 5 cuartillas para testimonios o reseñas de foros, seminarios, talleres, etcétera, y 3 cuartillas para críticas bibliográficas.

5. Deberá adjuntarse un breve curriculum del autor o autores, señalando dirección, teléfono, fax y dirección electrónica.

6. Cuando ajuicio de los dictaminadores el documento requiera de algunas adecua-ciones para su publicación, ello se hará del conocimiento del autor.

7. Una vez emitido el dictamen favorable para la publicación, se le solicitará al autor una carta de cesión de derechos,

8. La correspondencia deberá remitirse a: Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Dirección General de Estudios y Publicaciones Palacio Nacional, Patio Central, Cuarto piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F. Teléfonos 542 13 22, 522 20 04 y 518 69 12 Fax 522 75 28 E-mail: [email protected]

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estudios agrariosberlanga, asesor del c. secretario de la reforma agraria. este trabajo fue posible...

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