estándares internacionales del uso de la fuerza y armas de
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Estándares Internacionales del uso de la Fuerza y Armas de Fuego a cargo del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC
Fredy Antonio Guerrero Segura*
Resumen
Se hace necesario establecer estrategias que permitan mejorar el actuar de los
funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC al el momento de hacer uso de la
fuerza y las armas de fuego, con el fin de evitar violaciones de derechos humanos de las personas
privadas de la libertad, ya que es probable que dichas violaciones a derechos humanos en los
establecimientos carcelarios del país, tengan relación directa con el desconocimiento y de los
estándares internacionales de uso de las armas de fuego y de la fuerza por parte de los
funcionario o la adecuación de los mismos en la reglamentación y procedimientos
institucionales.
Es por esto que el presente trabajo de investigación aporta una solución práctica a la
ausencia de parámetros para el adecuado uso de estos elementos por parte de los miembros del
INPEC encargados de la custodia y vigilancia de PPL a través de la creación de un manual.
Palabra Clave: Estándares internacionales, uso de la fuerza, armas de fuego, INPEC.
International standards, use of force and firearms, Human Rights, establishment of
seclusion, deprivation of liberty, training, custody and surveillance
Abstract
It is necessary to establish strategies to improve the actions of the officials of the
custody and surveillance body of INPEC when using force and firearms, in order to avoid human
rights violations against persons deprived of their custody. freedom, since it is probable that said
human rights violations in the country's prisons are directly related to ignorance of and
international standards for the use of firearms and force by officials or the adequacy of the same
in the regulations and institutional procedures.
* Estudiante de la Maestría DDHH y DIH, Docente de Uso Adecuado de la Fuerza y Armas de Fuego de la Escuela
Penitenciaria Nacional E-Mail: [email protected] Trabajo Dirigido por: La Dr. Ivonne Patricia León Docente
de la Universidad Católica de Colombia y en codirección con el doc. Oscar Agudelo
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This is why the present research work provides a practical solution to the absence of parameters
for the proper use of these elements by the INPEC members in charge of the custody and
surveillance of PPL through the creation of a manual.
Keywords: International standards, use of force, firearms, INPEC.
Introducción
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 407 de 1994 (Presidencia de la
República), los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional (en adelante Personal de Guardia), tienen a su cargo la labor de “mantener y garantizar
el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de resocialización en los centros de
reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales”
(art. 113) y demás prerrogativas nacionales e internacionales que protejan a esta población que,
privada de su libertad resulta despojada totalmente de su autonomía, la cual en dicha situación
resulta ser responsabilidad del Estado (Chacón, 2015) a través de sus instituciones como lo es el
caso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC).
Debido a las constantes quejas presentadas a nivel nacional y ante organismos
internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos (en adelante DDHH) de los reclusos
en las cárceles por parte del Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (en delante PCCV), en
los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, y a pesar de que éste ha desarrollado una
gran cantidad de documentos para reglamentar el uso de la fuerza y las armas de fuego, entre de
los cuales se encuentran el Manual Técnico Táctico para el desarrollo del Modelo Uso de la
Fuerza (INPEC, 2019d), y la Resolución 00192 de 2018 (INPEC, 2018) que describe el modelo
para el uso de la fuerza. En la actualidad son constantes las novedades presentadas en donde se
lesionan DDHH de las Personas Privadas de la Libertad (en adelante PPL).
Es por esto que la presente investigación incorpora una investigación dogmática en los
términos de Agudelo (2018) toda vez que pretende a partir del análisis de las disposiciones
internacionales vigentes en torno a la problemática, establecer directrices que permitan la
creación de estándares propios aplicables en el territorio colombiano al interior del INPEC,
igualmente, se pretende identificar las estrategias a seguir con el fin de mejorar el actuar de los
funcionarios del PCCV, a quienes el Estado colombiano les ha entregado la facultad para hacer
uso de la fuerza y de las armas de fuego, con el único fin de proteger su vida y su integridad y la
de los demás en el desarrollo de sus funciones, sin embargo, en algunas oportunidades por el uso
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inadecuado de esta facultad los funcionarios terminan afectando y violentando DDHH de la PPL;
debido a esto se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar el actuar de los funcionarios del
PCCV del INPEC frente al uso de la fuerza y las armas de fuego con el fin de evitar violaciones
a derechos humanos del personal privado de la libertad?.
Igualmente, se demuestra si existe relación entre las violaciones a los DDHH de las PPL
y el desconocimiento de los estándares internacionales que regulan el uso de las armas de fuego
y de la fuerza en los establecimientos carcelarios y de igual forma logar determinar si la
reglamentación y los procedimientos operativos utilizados actualmente en el INPEC se
encuentran acorde a la normatividad internacional existente en esta materia, así como también y
finalmente, se aborda la relevancia e incidencia de la capacitación y dotación de medios para
hacer uso diferenciado y escalonado de la fuerza en las situaciones que diariamente afronta este
personal.
1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia INPEC
Las cárceles han sido instituciones a través de las cuales los estados han ejercido en
control de la población infractora desde tiempos inmemorables, con el fin de ser igualmente
centros del castigo tal y como lo afirma Foucault (1975). Sobre esta postura señala Álvarez-
Villareal, (s.f.) que:
La prisión ha sobrevivido y ha triunfado como lugar del castigo a pesar de no lograr
realmente la terminación o disminución de los delitos, pues el sistema carcelario no
estaría destinado a suprimir las infracciones, sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas,
a utilizarlas; no tanto para docilitar a los delincuentes, como para someterlos (p. 2).
En el mismo sentido Salazar (2009) afirma que las primeras prisiones de las cuales se
tiene información y que se encontraba ubicadas en “China, Egipto, Israel, Persia y Babilonia” (p.
160) utilizaban la tortura como instrumento para obtener la confesión de los crímenes tanto que
el mismo Aristóteles (322 a.C.) convenía con su implementación en pos de la verdad. Con el
paso del tiempo el derecho penal, y la doctrina del crimen y el castigo fueron tomando forma
inspirados en parte por las leyes divinas y en otra por las leyes de los hombres y según el
contexto en el que se cometan las conductas delictivas proscritas como tales y que son
susceptibles de recibir castigo proporcional que va desde la amonestación en público hasta la
pena de muerte como fue el caso de Sócrates (399 a.C.) y otros personajes que han sufrido el
castigo y la pena de prisión.
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Para el caso colombiano, señala Soto (2012) que uno de los primeros lugares en el país
usados como prision fue la denominada “Real Cárcel de Corte” (p. 1) que fue construida en
Bogotá en 1555 justo en el mismo lugar en donde hoy se ubica el Congreso de la República, y
que con posterioridad en el año 1575 fue construída la “Cárcel Pública de Santa Fe” (p. 1). Más
adelante, a finales del siglo XVII queda construído el Presidio de Cartagena, junto con otras más
a lo largo del territorio.
Por su parte Mayorga (2015) recuerda que en el año 1837 se expide el primer del Código
Penal el cual además de consagrar la privación de la libertad como sanción principal, también
consagró el estatuto de prisiones. Fue a partir de entonces que a través del derecho se regula este
aspecto y comienza el tratamiento penitenciario. Posteriormente en el año 1934 se expide el
Decreto Ley 1405 (Presidencia de la República, 1934) que regula todo lo relacionado con el
sector penitenciario y carcelario.
Ahora bien, siendo el Estado el garante de los derechos de todos los ciudadanos (Cubides,
Chacón, Garay, Martínez, Montoya & Rodríguez, 2017) incluidos aquellos privados de su
libertad que cumplen su pena en la cárcel, es necesario que se delegue esta responsabilidad en un
cuerpo organizado, es por esto que para el año 1992 se crea el INPEC como entidad
descentralizada a través del Decreto 2160 (Presidencia de la República, 1992), esta información
puede considerarse como una afirmación relativa, toda vez que se trata de una institución parte
de todo un macrosistema – el penitenciario y carcelario – y además, porque mediante este acto
administrativo sólo formaliza la etapa culminante de todo un proceso histórico.
Por su parte en el año 1993 a través de la ley 65 (Congreso de la República, 1993) se
expide el Código Penitenciario y Carcelario vigente a la fecha, el cual constituye el marco
normativo del Sistema Penitenciario y Carcelario actual. Es en consecuencia el INPEC la
institución que representación del Gobierno Nacional, y asume el papel de ejecutor de “la pena
privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria y el encargado del
control de las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado” (Art. 14).
Lo anterior significa que el INPEC es el encargado de garantizar que se de cumplimiento
a los fines y funciones de la pena, a las medidas de seguridad al interior de las cárceles, así como
también de brindar el tratamiento penitenciario establecido por la norma a la PPL con miras a su
resocialización y con el respeto de sus derechos. Es por esto que se hace necesario dotar al
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INPEC de herramientas actualizadas que permitan una gestión más eficiente en pro de dotar de
calidad a cada uno de sus procesos a cargo, tanto a nivel de infraestructura, presupuestal, como
respecto del personal, su formación y capacitación que permita el cumplimiento en condiciones
óptimas de sus propósitos.
1.2. Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional
Es difícil establecer el origen del guardián, no obstante, como se indicó, en Colombia y
“durante la época de la colonia, existieron los lugares de detención y pena” (Echeverry, 1992, p.
13) al interior de los cuales ya prestaban “el servicio de carceleros, soldados del ejército
virreinal” (p. 13).
El decreto ley 407 de 1994 (Presidencia de la República, 1994) dispone que el INPEC
está conformado por 2 tipos de personal de carrera: El personal Administrativo (art. 78, lit. a) y
el perteneciente al “Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional” (art.
78, lit. b). en consecuencia, el segundo, es el encargado de asumir la responsabilidad del orden
al interior de las cárceles respecto de los internos privados de la libertad y fue definido por la
misma norma como un organismo “que cumple un servicio esencial del Estado, armado, de
carácter civil y permanente, al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
e integrado por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina especiales”
(Presidencia de la República, 1994, Art. 117).
Así las cosas, este cuerpo civil que tiene características similares a aquellos
pertenecientes a la fuerza pública como la jerarquización, la disciplina, la restricción de
participar activamente en política, aunque si puedan ejercer su derecho al voto, tienen
establecidas sus funciones en el decreto ley 407 de 1994 las cuales se encuentran íntimamente
relacionadas con el cuidado de la seguridad al interior de las cárceles, así como la facultad
excepcional de usar la fuerza y las armas letales cuando sea requerido, aunque dicho decreto ley
no se refirió al respecto ni ninguna norma de la misma naturaleza, dejando un vacío normativo
que se identifica en la presente investigación.
Fue sólo hasta el año 2018, que a través de la Resolución 192 de 2018 expedida por el
INPEC se reglamentó el uso de la fuerza y de armas de fuego, seguida del Manual Técnico
Táctico para el desarrollo del Modelo Uso de la Fuerza (INPEC, 2019d), tal como se lee más
adelante.
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Es por esto que si duda el personal de guardia lleva a cabo un rol determinante al interior
de los establecimientos de reclusión por cuanto es el garante del cumplimiento de las normas y
órdenes establecidas, de la seguridad, así como también de la atención y el tratamiento
penitenciario, pues es este personal el puente entre la institución carcelaria y la PPL con quienes
se crea una estrecha relación en razón a la naturaleza de las necesidades humanas, el goce de sus
derechos, el mantenimiento del orden, actividades que deben ir articuladas a un plan de trabajo y
al seguimiento y evaluación permanente a fin de controlar todo tipo de controversia que pueda
suscitarse en perjuicio del orden y la seguridad carcelaria.
En ese sentido, en palabras de Caraballo (2014) es indispensable incorporar herramientas
encaminadas a la “Seguridad Dinámica” (p. 25), la cual hace referencia a “la observación directa
del interno/a por parte del personal penitenciario” (p. 25), como instrumento que brinda la
posibilidad de conocer a las PPL a fin de poder controlarlos, prever desórdenes e irrespeto de la
seguridad y así evitar la presencia de incidentes, violación de las normas y de la convivencia
pacífica en la cárcel.
2. Uso de las armas de fuego y de la fuerza en el Sistema Penitenciario Colombiano
Durante la última década se ha venido cuestionando la actuación del INPEC frente al manejo
de problemas carcelario en el país, estas críticas al sistema no sólo proviene de organismos
nacionales si no también diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel
internacional, lo anterior basado en probemos tales como el alto índice de hacinamiento y el
manejo que se le ha dado a los diferentes motines y desordenes presentados al interior de los
establecimientos carcelarios, todo esto ha llevado a debatir el uso de la fuerza y las armas de
fuego por parte del personal encarado de la custodia y vigilancia de las PPL (Hernández,
Rodríguez -Borrero, & Echeverry, 2020).
De acuerdo con Rodríguez (2011) el surgimiento de concepto de Estado a partir de la
organización política y territorial que ello implica, significa la existencia de instituciones
articuladas entre sí que regulan las relaciones a partir del derecho que significa necesariamente la
creación de normas y mecanismos que las hagan exigibles, dentro de los cuales se puede hallar,
la potestad judicial de privar de la libertad a quienes incurren en la comisión de conductas
ilícitas, así como también emplear la violencia cuando sea necesario a través del concepto del
uso de la fuerza. Sin embargo, dicha privación legal de la libertad jamás debe significar la
privación de los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2016), toda vez que el concepto de
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Estado ha sido interpretado y utilizado en algunos casos como justificación para sobrepasar sus
límites y violar los derechos de su población.
Ahora bien, es importante recordar que el uso de la fuerza está centralizado y es exclusivo
del Estado, según lo establecido en el art. 223 de la Constitución Nacional (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991), de modo que no le está permitido a los particulares hacer uso de esta, y
toda institución que la emplee debe estar vigilada y monopolizada por el Estado a cuyo cargo se
encuentran los derechos de todos los ciudadanos, ya que dicha exclusividad estatal también
encuentra su sustento en la obligación que tiene de proteger los derechos fundamentales de los
administrados a través de respecto de cualquier amenazar de un particular garantizando que sea
la fuerza pública (militares y policías) los únicos que la detenten con limitación “en su actuación
por el orden jurídico” (Corte Constitucional, Sentencia C- 082, 2018, num. 11).
Ahora bien, dentro del marco para el desarrollo de sus funciones, al PCCV del INPEC se le
ha otorgado la facultad por parte del Estado de hacer uso de la fuerza y las armas de fuego con el
fin de defender su vida e integridad y la de los demás, sin embargo, solo hasta el año 2018 con la
Resolución 192 de 2018 (INPEC, 2018), y el Manual Técnico Táctico para el desarrollo del
Modelo Uso de la Fuerza (INPEC, 2019d), se estableció un marco normativo para regularla y
definir el modelo de su uso al interior del Sistema Penitenciario de manera excepcional y con el
respeto de los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y
racionalidad” (INPEC, 2018, art. 2) y de una serie de pautas para que el PCCV pueda tomar la
decisión de hacer uso de la fuerza y de los medios necesarios que tenga a su disposición con el in
de garantizar el orden, la disciplina, la protección de su vida, integridad y la de las demás
personas que se encuentren al interior de la cárcel.
El personal penitenciario y carcelario hace parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley (Vásquez & Gil, 2017), ésta actividad es un servicio social de gran importancia
para el estado y además primordial en la protección de los derechos fundamentales como la vida,
la libertad, la integridad y seguridad de las personas, los cuales son reconocidos en el artículo 3°
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General ONU, 1948) y se
reafirman en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966, art. 6).
En Colombia y en virtud del artículo 93 de la Constitución Nacional (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991) los tratados y convenios internacionales en materia de DDHH son de
obligatorio cumplimiento, igualmente en razón a la noción del Bloque de constitucionalidad el
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cual es definido por Cubides (2017) como aquel que “permite reconocer la debida observancia de
los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia en materia de derechos
humanos” (p. 94). Así mismo, en el INPEC se tiene implementada de manera clara, como
política institucional el respeto por los DDHH de las PPL, pudiéndose evidenciar a partir de los
comunicados o reportajes que se emiten en los medios escritos, hablados o televisados que
pueden existir violaciones a la dignidad humana y a sus derechos al momento de tener que hacer
uso de las armas de fuego y la fuerza. Es por ello, que se hace necesario determinar las causas
que pueden generar estas violaciones al interior de las cárceles, con el fin de buscar estrategias y
determinar la propuesta para la implementación de las acciones para subsanar esta situación.
Es de una gran importancia para los organismos internacionales, que los Estados cuenten con
normas que determinen y regulen el uso de la fuerza y las armas de fuego, especialmente por
quienes ejercen custodia y vigilancia de las PPL, debido a la responsabilidad directa sobre esta
población y dada la especial relación de sujeción con el Estado, es por esto que a partir del
Informe anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos elaborado en el año 2001 (ONU, 2001), ya se realiza una crítica ante el
incumplimiento por parte del Estado Colombiano en la adopción de las medidas cautelares e
información solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de “para
proteger la vida e integridad física de personas privadas de la Libertad recluidas en cárceles de la
ciudad de Medellín y Bogotá, además de manifestar que las autoridades penitenciarias no
adoptaron oportunamente las medidas requeridas” (p. 58).
En este punto es pertinente mencionar que muchas de estas medidas también hacen
referencia a carencias de infraestructura y dotación de medios mínimos que de una u otra manera
influyen de manera directa como se verá más adelante en el éxito misional del INPEC. Como
resultado de este informe se presentaron graves denuncias ante los organismos defensores de
DDHH como la Defensoría del Pueblo y ante autoridades judiciales sobre el uso arbitrario y
excesivo de la fuerza, igualmente, el Movimiento Nacional Carcelario que se había constituido
previamente y que dejó de hacer presencia desde el año 2000 y por varios años surge
nuevamente en el año 2009 como respuesta a las necesidades de las PPL promoviendo todo tipo
de actividades como la presentación de acciones de tutela en la búsqueda de mejorar los aspectos
que regulan la vida de los reclusos en general (Caro, De la Hoz, & Fernández, 2016).
Así las cosas, se hace necesario establecer estrategias que permitan capacitar, fortalecer,
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mejorar y optimizar el actuar del PCCV del INPEC, en el momento de hacer uso de la fuerza y
de las armas de fuego, con el fin de evitar violaciones de DDHH de las PPL puesto que es
probable que estas violaciones a derechos en las cárceles del país, tengan relación directa con
fallas en la capacitación, entrenamiento del personal que no se ajusta a los estos estándares
internacionales, desconocimiento de los mismos así como de la reglamentación y procedimientos
institucionales.
2.2. Principio de Exclusividad del Estado en el Monopolio del Uso de la Fuerza y las
Armas de Fuego
Para comenzar a definir este principio de exclusividad se debe definir al Estado de Derecho,
o the rule of law, teniendo en cuenta unos componentes fundamentales como un orden leal y
democrático en donde se establezcan las libertades y garantías, los deberes y derechos de toda la
población y por su puesto la manera como el estado debe rendir cuentas sobre su
comportamiento y de igual forma definir los controles y rendición de cuentas a los actos legales
del mismo Estado (O'Donnell, 2001). En el mismo sentido señala Sotomayor (2015) que al
definir el Estado Weber se refirió a este como una sola comunidad humana en donde el
monopolio de la fuerza debe estar legitimado y de esta manera mantener un orden necesario para
un estado, y en lo que respecta a sus asociados estos podrán hacer uso de la fuerza cuando la
misma ley se los permita.
Igualmente, concluye Gigli (2007) analizando la postura de Weber (1964) que el Estado
siendo una “organización política como a cualquier otra –en tiempo y espacio diferentes–, debe
arrogarse ese monopolio legítimo de la FUERZA” (p. 20). En el mismo sentido señala Gallego
(2003) que el Estado así como centraliza el poder también centraliza el uso de la violencia con
fines diversos dentro de los cuales se encuentra el evitar el derramamiento indiscriminado de
sangre mediante la imposición de normas como las correspondientes a la penalización de la
violencia, por ejemplo en Colombia la tipificación de conductas punibles como el homicidio, las
lesiones personales, los accesos carnales y abusivos, el secuestro, etc., así como también para
usarla como instrumento de control que pueda garantizar el orden social.
De otro lado, la definición de El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional como un “organismo que cumple un servicio esencial a cargo del Estado” (Presidencia
de la República, decreto ley 407, 1994, art. 117), destaca la gran importancia de su labor y
responsabilidad dentro del mismo estado, y además al contar con unas características tan
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especiales en su composición como tener un capítulo especial dentro del régimen disciplinario
colombiano, portar un uniforme, mantener una jerarquía en donde se establecen
responsabilidades por línea de mando, y una formación y capacitación especial por parte de la
Escuela Penitenciaria Nacional.
Este primer acercamiento vislumbra que el uso de la fuerza y las armas en el modelo que la
Constitución implementó está en cabeza del Estado, representado en sus agentes que pueden
pertenecer a la fuerza pública como Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, así como
también se cobija en este monopolio a los Integrantes del PCCV por su función específica de la
seguridad y custodia de las PPL y como cuerpo de carácter permanente creado por la ley y
sometido al control del Gobierno con bases en los principios y las reglas que han sido definidas
por la rama legislativa. Como corolario de lo anterior, se puede manifestar que el uso de la
fuerza y las armas de fuego que no estén sometidas a las reglas Constitucionales devendrán en
acciones ilegitimas y contrarias a ella.
Dicho monopolio igualmente debe considerarse como monopolio-exclusividad con la
relación indivisible que debe existir con la democracia constitucional, esto es, enmarcada la
exclusividad dentro de un régimen dirigido a la limitación del poder del Estado mediante el
ordenamiento jurídico (Cortés, 2010).
En esencia se consideran dos aspectos esenciales como son: el carácter excepcional del uso
de la fuerza, las armas de fuego y que el mismo este únicamente enmarcado en el cumplimiento
de la Constitución, la normatividad vigente, la permanente subordinación, control y vigilancia
por parte de las instituciones creadas para este fin. En este punto se debe tener en cuenta que es
responsabilidad de los funcionarios nunca justificar la conducta desarrollada por un recluso para
desplegar conductas tendientes a maltratarlo o torturarlo, por el contrario, esta conducta deberá
ceñirse a los procedimientos para ello establecidos y con el fin de reducir causando el menor
daño posible a la PPL (Coyle, 2002).
2.3. Estándares Internacionales Sobre el Uso de la Fuerza y Las Armas Por Parte De
Los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Se hace necesaria la existencia de una reglamentación clara sobre el uso de la fuerza y de
las armas de fuego para quienes se les ha permitido este uso por parte del Estado; es por ello que
la ONU en su Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente (1990) expidió la directriz denominada Principios Básicos sobre el
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Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley (ONU, 1990) la cual tuvo como fin primordial “asistir a los Estados Miembros en sus
actividades destinadas a asegurar y fomentar” (párr. 11), la protección de los DDHH en el
desarrollo de sus funciones y por otra parte alinear sus respectivas legislaciones y
procedimientos internos con los estándares internacionales para el uso de la fuerza y las armas de
fuego.
Igualmente recomienda a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tener en
cuenta al momento de establecer el nivel de responsabilidades en los diferentes niveles de cada
Estado, y al momento de plantear políticas de selección y capacitación de los funcionarios
envestidos de la facultad de hacer uso de la fuerza y las armas de fuego, convirtiéndose así en un
documento de consulta.
También es preciso señalar que el Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley (ONU, 1979) define como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a
todos los “los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía,
especialmente las facultades de arresto o detención” (Art. 1, a.), definición que involucra de
manera directa a los funcionarios del PCCV del INPEC.
Entonces, los estándares internacionales, proporcionan un marco de referencia que permite
guiar y orientar las acciones de la entidad encargada de la administración penitenciaria en
específico para Colombia el INPEC, en donde toda la reglamentación interna y los
procedimientos operativos y la doctrina institucional debe estar alineada con estos estándares
internacionales, especialmente en lo que tiene que ver con establecer unos métodos y dotar de
unos medios lo más ampliamente posible para hacer uso diferenciado y escalonado de la fuerza y
las armas de fuego (ONU, 1990, Principio Básico No.2).
Estos estándares internacionales para el uso de la fuerza y las armas de fuego plasmados
también en los Principios Básicos (ONU, 1990) para el caso del PCCV del INPEC, se
desarrollan en la Resolución 192 de 2018, con el fin de establecer los lineamentos o parámetros
que debe seguir el FCCV en el momento de hacer uso de la fuerza y las armas de fuego:
a. Legalidad: En este principio el uso de la fuerza “debe estar dirigido siempre y en todo
momento a lograr un objetivo legal” (Art. 6.1.), lo que indica que el funcionario debe
analizar antes de hacer uso de la fuerza debe tener claro el objetivo es decir lo que se
busca o se quiere conseguir con este uso de la fuerza, previendo siempre que este objetivo
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sea legal es decir que este facultado para ello.
b. Necesidad: Hace referencia a que de manera previa al empleo de la fuerza o las armas de
fuego se recurra a otros medios menos violetos o alternativos y solo en caso de que estos
resulten ineficaces se utilice la fuerza como último recurso.
c. Proporcionalidad: Este principio suele ser en donde más errores se presentan ya que se
confunde con la igualdad de fuerzas y es allí donde los funcionarios justifican su actuar
en arras de defender su vida y su integridad utilizando métodos y medios que en algunas
ocasiones no establecidos por la norma y por consiguiente n son legales; la manera más
fácil de comprender este principios es determinar con la ayuda de un análisis claro del
entorno y otros factores, en qué nivel de riego esta mi vida y mi integridad o al de un
tercero para saber la cantidad de fuerza y cuál es el medio más idóneo a utilizar, esto
sumado al primer principio la cantidad de fuerza debe ser proporcional a la amenaza y al
objetivo leal a conseguir.
3. Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad y la realidad
penitenciaria y carcelaria actual
La privación de la libertad originada por una decisión judicial competente, es de por si
una situación de especial vulnerabilidad para cualquier persona, es por ello que la Corte
Constitucional a través de su jurisprudencia ha desarrollado el concepto de “relación de especial
sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado” (Corte Constitucional, Sentencia
T-143, 2017, párr. 2) en donde asigna una responsabilidad al Estado respecto de la protección y
garantía de los derechos fundamentales de la PPL durante su estadía en un centro de reclusión,
con la obligación de devolverla en las mismas condiciones en las que estaba al momento de
ingresar a una cárcel.
Sobre este tema la Corte Constitucional clasificó los derechos fundamentales de la
población carcelaria en 3 categorías:
i) aquellos que pueden ser suspendidos como consecuencia de la pena impuesta (la
libertad física y la libre locomoción); ii) los que son restringidos debido al vínculo de
sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la
familia, a la intimidad personal); y iii) los que se mantienen intactos, que no pueden
limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre privado de la libertad, en
razón a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad
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personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros (Corte
Constitucional, Sentencia T-588A, 2014, párr. 2).
En este punto se encuentra el sustento legal de muchas acciones de tutela y
requerimientos en contra del Estado y de INPEC.
3.1. Uso De La Fuerza y de las Armas por Parte de los Miembros del CCVP del
INPEC
El Código Penitenciario y Carcelario Colombiano autoriza al PCCV, el uso de las armas
con el fin de disuadir y controlar cualquier intento de fuga que pueda presentarse (Congreso de la
República, 1993), al igual que determina que “contra los internos sólo se usará la fuerza
necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para conjurar
una evasión” (Art. 48), en este punto encontramos la base legal sobre la cual el funcionario del
CCVP, desarrollará su actividad y funciones en la institución.
En el estudio Educación Policial experiencia y uso de la fuerza Paoline y Terrill plantean
una serie de inquietudes respecto a que los investigadores policiales han dedicado una
considerable cantidad de atención empírica a probar el impacto que la educación universitaria
tiene en el desempeño policial. El argumento en contra del debate educativo es que la
experiencia, el aprender el oficio policial, es lo que contribuye a las diferencias en el
rendimiento. De acuerdo con el estudio realizado la estrecha relación entre la educación y el
comportamiento de los funcionarios policiales con el público en los EE.UU., se o tuvieron unos
resultados que muestran como los oficiales con un nivel educativo superior mantienen un
comportamiento razonable y adecuado al momento de hacer uso de la fuerza y de las armas de
fuego disminuyendo la probabilidad de tener comportamientos de agresión y violencia
inadecuados (Rodriguez, 2011).
La idea central sobre la cual ha versado el estudio se centra sobre cómo impacta en la
violación de los DDHH la ausencia de una doctrina en la capacitación y la implantación de los
estándares internacionales para el uso de la fuerza y de las armas por parte del PCCV.
Siguiendo con el hilo conductor a continuación, se hace un análisis y se presenta la
relación de las novedades ocurridas al interior las cárceles del orden nacional a cargo del INPEC
y que impactan directamente sobre la protección y garantía de los derechos fundamentales de la
población reclusa en especial el derecho a la vida, la integridad física y a la dignidad humana:
Tabla 1
15
Novedades presentadas con PPL 2016-2019
Año
Internos Fallecidos Internos Heridos Otras Novedades
Arma
blanca
Arma
Contun
dentes
Suicidio Arma
blanca
Arma
Contundent
e
Traba
jo
Moti
n
Desobedien
cias
Riñas
2016 21 1 15 1.302 384 30 13 196 1616
2017 3 0 6 381 123 6 8 13 535
2018 8 4 11 523 271 5 17 50 985
2019 2 3 4 371 100 10 3 56 622
Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo de Información Estratégica INPEC, (2019a).
De la anterior tabla se concluye que cuando una persona es conducida a un establecimiento de
reclusión, lo que espera la sociedad, las autoridades, los organismos de control y sus familiares y allegados
es que, así como ingresa (Con vida) y después de haber cumplido con lo ordenado por la autoridad
competente, regrese en la misma forma (Con vida) a la sociedad y la familia que lo espera. Como se puede
ver en el siguiente cuadro, más de setenta y ocho (78) familias no contaron con esta posibilidad por
diferentes causas entre las que se destaca el fallecimiento por arma blanca, originadas muchas de esas
muertes en riñas entre la población reclusa.
Tabla No. 2
Comparativo Novedades Por Uso excesivo de la Fuerza Años 2017- 2019
Fuente: Elaboración propia a partir del Grupo Estratégico de información Penitenciaria
(INPEC, 2020).
124
118
127
110
115
120
125
130
2017 2018 2019
Uso Excesivo de la Fuerza por parte de la Guardia 2017-2019
16
A partir de la información obtenida en la tabla No. 2 se puede deducir y es motivo de
gran preocupación el incremento de las quejas que se han presentado en el transcurso de lo
corrido del año 2019 y que en el tema de uso excesivo de la fuerza ya superan las cifras de los
años 2017 y 2019.
Uno de los primeros resultados obtenidos en el proceso de investigación y elaboración de
este artículo, es la estrecha relación que existe entre la capacitación, los eventos que se han
presentado (Muertes, heridos) y las quejas elevadas ante las instancias del INPEC que versan
sobre el uso indebido de la fuerza, el maltrato físico y la agresión a la PPL. Igualmente, se
observa del resultado de las diversas capacitaciones sobre el uso de la fuerza que ha impartido la
Escuela Penitenciaria Nacional, la inclinación de la guardia hacia las conductas violentas contra
los PPL o un alto estado de agresión en el servicio que presenta el personal penitenciario y
carcelario que lleva menos de diez años de servicio (posesionados después de 2010).
Tabla 3
Tiempo de Servicio y Año de Posesión Guardia INPEC
Grado
Possession
Antes del
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010 Total
General
Mayor 12 1
1
14
Capitán 42 2
10
54
Teniente 99 18 6 14
4 2
143
Teniente OL 18 4 1 2
25
Teniente OT 4 4
8
Inspector
Jefe 85 22 18 6 1 1
133
Inspector 236 56 58 55 11 9 9 20 37 5 496
Distinguido 145 36 45 34 7 7 10 34 16 4 338
Dragoneante 1868 569 688 715 179 155 270 552 1000 293 6289
Total General 2509 712 816 826 198 187 291 607 1053 304 7503
Fuente: Elaboración Propia a partir del Listado general Guardia INPEC, Junio de (2019c).
En la Tabla No, 3 se puede evidenciar que de acuerdo al sistema de ingreso al servicio del
17
CCV, se requiere realización de un curso ya sea de formación o de complementación que se
realiza y dirige desde la Escuela Penitenciaria Nacional Enrique Low Murtra; estos cursos tienen
una duración de ocho (8) meses para el de formación y cuatro (4) meses el de complementación
que está dirigido a las personas que prestaron su servicio militar como auxiliares del cuerpo de
custodia.
La plata total del PCCV está integrada por 12292 unidades, de las cuales el 61,03% tomo
posesión antes del año 2010, lo que significa que al año 2019, algunos llevan más de ocho años
sin pasar por el alma mater y de ellos el 33,43% hace más de diecinueve años fueron formados
en esa institución, lo que denota la falta de capacitación del personal especialmente en temas
como el uso adecuado de la fuerza.
Tabla 4
Quejas Presentadas Contra Personal de Guardia Año 2017-2019
Descripción de la Queja 2017 2018 2019 Total General
Delitos sexuales a PPL 124 2 3 129
Discriminar a internos por sexo, raza, género,
religión. 9 13 67 89
Irregularidades en temas de aislamiento 19 19
Maltrato verbal a PPL y visitante 45 45
Uso excesivo de la fuerza 124 118 127 369
Total general 257 133 261 691
Fuente: Elaboración propia a partir del Grupo Estadístico de Información Penitenciaria INPEC
junio (2019b).
En la Tabla No. 4 se presenta una comparación entre las quejas presentadas durante el
periodo de tiempo 2017 a 2019, que impactan y afectan los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad y que de acuerdo a la queja tuvo su origen en el personal
penitenciario y carcelario; es de anotar que la mayoría de novedades se presenta por el uso
excesivo de la fuerza, lo nos indica la importancia de trabajar en mejorar esta conducta y de esa
manera evitar que se violente los derechos humanos del personal de PPL, estas quejas son
inicialmente registradas e informadas a la oficina de control interno disciplinario CID-INPEC,
para su trámite y posterior investigación disciplinaria y sanción correspondiente, si a ello hubiera
necesidad.
18
3.2. Propuesta Manual De Capacitación Penitenciaria
En el día a día el personal penitenciario se encuentra con situaciones muy diversas que
requieren una reacción inmediata cuya respuesta debe estar basada en: i) normatividad específica
y ajustada al sector penitenciario, ii) manuales, protocolos y procedimientos operativos, iii)
manual de capacitación y ejercicios permanentes y iv) contar que los elementos básicos
necesarios de protección y seguridad para la aplicación efectiva del Uso Legítimo y diferenciado
de la Fuerza.
Para el caso de la normatividad como se muestra en este articulo el INPEC, y gracias a la
labor desarrollada por la Escuela Penitenciaria Nacional y su personal de instructores en
especializados en el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego ha venido avanzando en establecer
una normatividad y en los protocolos y procedimientos operativos ajustada a los lineamientos
internacionales sobre la materia, la idea de generar un manual de capacitación para el PCCV del
INPEC, que integre los estándares internacionales para el uso de la fuerza que se convierta en
política institucional complementa el Modelo Escalonado del Uso de la Fuerza en especial la
gradualidad y los eventos que no pueden ser parametrizados por la condición especial de cada
uno de ellos, es imperativo en relación con la efectiva la protección de los derechos de los PPL y
su aplicación se constituye en política para el personal penitenciario y carcelario colombiano.
Y finalmente para el caso de la dotación de medios técnicos y elementos de protección se
evidencia como una de las principales deficiencias manifiestas que se detectaron en desarrollo de
la investigación se centró en la falta de elementos de dotación para la utilización de la fuerza a
través de una respuesta objetivamente razonable, toda vez que desde el año 2012 no se había
adquirido para el personal de guardia elementos como los gases lacrimógenos y respecto del
equipo para el control de motines o alteraciones del orden interno en los establecimientos de
reclusión se encuentran en mal estado de conservación o nunca se les ha suministrado.
El Manual de Capacitación debe ser parte de la doctrina Penitenciaria y Carcelaria,
entendida como el conjunto de principios, conceptos, valores, procesos, normas legales y de
comportamiento que sistematizan, coordinan, gobiernan, aportan conocimiento y fundamentan
los procedimientos, las actividades, los medios y recursos con que cuenta el PCCV, en la
búsqueda permanente del cumplimiento de la misión y dentro del cual se consignaran los
siguientes estándares internacionales para el uso de la fuerza, que serán la guía y orientación de
las actuaciones del personal penitenciario.
19
A continuación, se relacionan los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y
que hacen parte del soft law (Pastore, 2014), pero como se puede evidenciar no sólo en la
normatividad interna del INPEC, sino también en varias sentencias sobre el uso inadecuado de la
fuerza y las armas de fuego por parte de la fuerza pública ya se encuentran incorporados de
manera directa en la normatividad sobre la materia, y posteriormente se plantea una propuesta
con otros estándares directamente relacionados con el servicio penitenciario y se sugiere sean los
pilares fundamentales en la doctrina penitenciaria y de capacitación para el personal.
Ahora bien, los estándares internacionales para el uso de la fuerza y que se constituyen en
los pilares fundamentales para desarrollar el uso de la fuerza por parte de quienes tienen esa
potestad en cada uno del estado son: Legalidad, Necesidad y Proporcionalidad, como aporte
adicional en este documento se presentan otros que se sugieren tener en cuenta para la
implementación del manual de capacitación penitenciaria.
Estándar Internacional Derecho a la Vida: El derecho a la vida de los PPL no sólo
debe estar consignado en el manual, debe constituirse en parte primordial e integral de las
actuaciones diarias del personal penitenciario y carcelario como garantes de la protección y
respeto de los derechos fundamentales de la población reclusa; por ello, antes de comenzar a
ejercer sus funciones deberá realizarse evaluaciones que demuestren la idoneidad en este
estándar y periódicamente capacitado para mantener un alto nivel de compromiso y pertenencia
para el respeto por el derecho a la vida1,2
El personal penitenciario y carcelario colombiano, tiene la facultad de desarrollar lo que
se consignó supra como “el monopolio del estado en el uso de la fuerza” en este entendido y
como sus agentes esta legitima autoridad encargada ha de enmarcarse siempre en el respeto de
las garantías y protección de los DDHH de la PPL.
El derecho a la vida de los PPL no sólo debe estar consignado en el manual, debe
constituirse en parte integral de las actuaciones diarias del personal penitenciario y carcelario
como garantes de la protección y respeto de los derechos fundamentales de la población reclusa;
por ello, antes de comenzar a ejercer sus funciones deberá realizarse evaluaciones que
demuestren la idoneidad en este estándar y periódicamente capacitado para mantener un alto
nivel de compromiso y pertenencia para el respeto por este derecho.
1 Art. 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” (Asamblea General ONU, 1948). 2 Art. 6: “1) El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente” (Asamblea General ONU, 1948).
20
Estándar de la Temporalidad: El uso de la fuerza y la utilización de medios coercitivos
se debe realizar en el mismo instante de los hechos y no debe durar más del tiempo requerido en
controlar la situación de riesgo o peligro que se presentando, claramente la utilización de estos
medios de coerción física que por su naturaleza puedan a llegar a causar dolor solo se podrán
utilizar con un fin y un objetivo claro y por su puesto legal como por ejemplo en un traslado del
establecimiento o para impedir que el PPL se autolesiones o lesione a terceros hablando de las
restricciones de mano o de pies (ONU, 1995, reglas 47-48).
El tiempo como criterio y principio del uso de la fuerza, hace parte del conjunto que
integra el sistema de estándares internacionales que deben hacer parte del Manual de
Capacitación para el personal de guardia y de la esencia doctrinal del personal penitenciario y
carcelario; es base para la toma de decisiones y garantía para que en el evento de su utilización
no se convierta (por sobrepasar los límites de tiempo) o de origen a extralimitaciones y
violaciones a las garantías y protección de los derechos fundamentales de los PPL, como se ha
mencionado, no puede existir formulas previamente elaboradas para dar una respuesta a una
situación específica, por el contrario los estándares internacionales que se debe contar con una
serie de alternativas y serán seleccionadas las que causen un menor efecto y aplicadas
únicamente por el tiempo (mínimo) para superar el evento que género el uso de la fuerza.
Estándar de la Racionalidad, Moderación y Progresividad: El fin no puede justificar
los medios, el Manual de Capacitación debe contener en cada uno de sus capítulos un refuerzo
combinado mediante el cual se trasmita al personal encargado de la custodia y vigilancia, que el
uso de la fuerza se realiza para la protección de la integridad vida e integridad física de la PPL,
de sus compañeros de reclusión, de los funcionarios y de los visitantes al establecimiento
carcelario o penitenciario; debe existir unas consideraciones previas, contar con una serie de
opciones para que proactivamente se considere antes de llegar a este estado excepcional (uso de
la fuerza) la aplicación de técnicas de Prevención, dialogo, conocimiento de los PPL y disminuir
niveles de tensión en los PPL y así miso tener claro que la racionalidad para actuar y para tomar
la mejor decisión al momento de hacer uso de la fuerza incluidos los medios de fuerza letales,
ésta deberá respetar los principios de racionalidad, moderación y progresividad.
Es importante destacar en este punto lo mencionado por la corte respecto del riesgo para
funcionarios que ejercen esta función, respecto del derecho a proteger y el objetivo legítimo que
se persiga (CIDH, 2009).
21
Estándar Internacional Diferenciación y Protección: En este punto es importante
destacar como se muestra uno de los hallazgos de esta investigación, a la carencia de elementos
de dotación como medios coercitivos y de protección personal para los funcionarios para que en
el momento de hacer el uso de la fuerza este tenga la opción de escoger entre estos los menos
letales y de esta manera hacer un uso diferenciado y progresivo de la misma, de igual forma la
importancia de la dotación de elementos de autoprotección para los funcionarios. En este
sentido, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina y el Caribe (UNLIREC) define las Armas Menos Letales como “dispositivos
diseñados para generar un efecto específico e intermedio que permite neutralizar o incapacitar
temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio, reduciendo la probabilidad de una
fatalidad” (s.f., párr. 2).
Se destaca en estudio la definición de arma menos leal como la más acorde y apropiada
ya que se debe tener en cuenta que la letalidad de un arma no solo la dan sus características si no
la manera como se use; es por esto que se prefiere utilizar el término “arma menos letal (AML)
sobre el concepto de “arma no letal”, resaltando así el atributo de gradualidad de la fuerza”
(UNLIREC, 2016, p. 4).
La definición de estos elementos como armas menos letales lleva implícita la especial
capacitación que sobre las mismas y su uso debe recibir el personal autorizado para portarlas y
resalta nuevamente la importancia de tener una serie de alternativas que permitan realizar un
análisis previo de la conveniencia de utilizarlas o no y de establecer los protocolos y
procedimientos además de los elementos de autoprotección (Cascos, escudos y chalecos) que
junto con las técnicas de prevención y observación, brinden al servidor penitenciario y
carcelario la oportunidad de contar con oportunidades para la aplicación del estándar de
diferenciación y protección.
Estándar Internacional Profesionalismo: El estado, la sociedad, los organismos de
control y las PPL, esperan que el personal penitenciario y carcelario se ajuste al estándar
internacional profesionalismo, para que la misión encomendada se desarrolle y cumpla en
concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y respeto por la protección y
garantía de los DDHH; en este sentido, se requiere que la Escuela Penitenciaria Nacional en su
función de alma mater del tema penitenciario en Colombia, garantice también en sus procesos
22
que sus egresados están en la capacidad de cumplir con los retos y con las expectativas que se
espera de ellos.
La investigación es la base inicial para que desde estos principios se efectúen
investigaciones que complementen, verifiquen y se realice un seguimiento a los objetivos que se
plantearon al momento iniciar el recorrido por este tema que es de suma importancia a nivel
nacional e internacional y que está alineado desde su inicio con la protección y garantía de los
DDHH de la PPL.
Finalmente es importante destacar en este estándar de profesionalismo lo que establecen
los Principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego para uncionarios encargados de
hacer cumplir la ley (ONU, 1990, pp. 18-21); temas como la selección de los funcionarios, la
capacitación especialmente en temas de empleo de la fuerza, en ética y DDHH así como también
en herramientas sustitutas del empleo de la fuerza como técnicas de persuasión, negociación y
mediación, y finalmente se debe establecer protocolos para el acompañamiento y orientación a
los funcionarios involucrados en donde se haga uso de la fuerza y las armas de fuego para
aprender a sobrellevar las tensiones propias de esos eventos.
23
Conclusiones
El monopolio del uso de la fuerza y de las armas de fuego, está en cabeza del Estado y
este para el servicio penitenciario y carcelario colombiano ha delegado esta facultad,
discrecionalidad o función coercitiva en los miembros del PCCV.
En el desarrollo de la investigación se comprobó que si bien se cuentan con documentos
que reflejan y consignan como se deben ejecutar las actividades operativas en el marco del
Modelo Uso de la Fuerza, no se cuenta con una herramienta doctrinal que sea el documento
fundamental para la capacitación del personal y le sirva de guía y base para lo toma de
decisiones, pues si bien pueden haber situaciones similares, por tratarse de un servicio que
atiende a personas en condiciones especiales (PPL) no se puede tener un protocolo o guion de
actuación para todos los casos.
En este tema es importante destacar el apoyo técnico del CICR, el cual desde hace más de
cuatro años realiza actividades de apoyo de carácter técnico y asesoramiento al INPEC con el fin
de “lograr que las normas de derechos humanos y los principios humanitarios aplicables a la
función policial se integren en la formación y el entrenamiento de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley” (CICR, 2008, párr. 1).
Se debe tener como doctrina que no todas las respuestas deben emparejarse (Como está
en el Modelo), sino por el contrario se puede comenzar con una respuesta de menor intensidad y
de acuerdo a los estándares del Manual de Capacitación ir sopesando la situación y contar con un
nivel de profesionalismo para la toma de la decisión más adecuada a la situación presentada, y de
esta forma el funcionario del CCV deberá estar en la capacidad de lograr el comportamiento y
24
nivel de agresividad de la PPL disminuir el manteniendo una conducta profesional y ética en
todas sus funciones.
En el INPEC, se debe iniciar la labor doctrinal de capacitación, separando los protocolos
o procedimientos respecto del uso de la fuerza, en dos grandes bloques: uno que busca el
restablecimiento del orden y la disciplina que implica el diseño de herramientas de respeto y
protección de los DDHH de la PPL y que se denominará genéricamente Uso de la Fuerza que
puede incluir los medios coercitivos definidos reglamentariamente y que tienen unos principios y
estándares internacionales sobre los cuales se guiará la actuación del servidor penitenciario.
El otro gran bloque y que será objeto de otro artículo de investigación, versará sobre el
Uso de las Armas de Fuego, cuyo objetivo debe ser el de prevención y su utilización únicamente
podrá realizarse en extremos momentos y para defender la vida de una tercera persona
(Visitante) que este en el establecimiento, la de los funcionarios y la del propio PPL.
La estrecha relación que existe entre las violaciones a los derechos humanos de la PPL y
la falta de capacitación del personal de guardia, puede ser superada con la implementación del
Manual de Capacitación basado en los estándares internaciones para el uso de la fuerza, en la
actualidad los documentos soporte de esta actuación carecen de un eje o base doctrinal que
articule y permita identificar la posibilidad de tener otras alternativas ante situaciones o eventos
de crisis originadas por la agresividad de la población reclusa, entre estas alternativas se deben
considerar la de Esperar que bajen los ánimos o la de una retirada para organizar y planificar
las acciones a desarrollar.
La propuesta de las estrategias o caminos a seguir para el desarrollo del Manual de
Capacitación tienen una amplia base normativa internacional, que se plantean y enumeran para
que se continúen desarrollando y se adapten a las capacitaciones diarias y prácticas que se
realicen a los aspirantes a laborar en el INPEC, y a los miembros que ya están posesionados
como miembros de la guardia del instituto.
Los miembros del PCCV, cumplen un servicio público esencial del Estado y tienen como
misión garantizar y proteger los derechos fundamentales de la PPL. El INPEC, cuenta con una
política institucional bien definida para el respeto de los DDHH, pero aun así, se evidencian
violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos de la PPL, en el momento de hacer
uso de la fuerza y de las armas de fuego; una de las causas que generan estas violaciones en las
cárceles del país, son los altos indicies de agresividad de la guardia posesionada en los últimos
25
diez años y la falta de una capacitación ajustada a los requisitos del penitenciarismo.
Es de gran importancia para los organismos internacionales de DDHH, que los Estados
tengan regulaciones bien definidas para el uso de la fuerza y las armas de fuego especialmente
por quienes ejercen custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad debido a la
responsabilidad directa se encuentra en cabeza del estado, mediante cumplimiento y la ejecución
de una pena privativa de la libertad y siendo responsable de su vida e integridad personal en el
ejercicio de la custodia y vigilancia y su proceso de resocialización.
Ahora bien, implementar el Manual de Capacitación para el uso de la fuerza por parte del
PCCV bajo los estándares internacionales existentes sobre el tema, busca fortalecer, mejorar y
optimizar el actuar de la guardia al momento de hacer uso de la fuerza, además de eliminar la
relación directa entre fallas en la capacitación/reentrenamiento y violación de derechos humanos.
Finalmente, con este documento quiero dejar un reconocimiento a la labor de nosotros los
FCCV que siempre buscamos mejorar y dignificar la labor encomendada y que a pesar de las
dificultades y retos para nuestra labor que en un sistema penitenciario como el colombiano en
donde ocurren casos como el de la cárcel modelo de Bogotá el día 21 de marzo del año 2020,
sobrepasan los límites de lo imaginado para quienes laboramos en el mencionado
establecimiento.
26
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