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El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos – Somos Defensores, es un espacio de protección que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia. El Programa Somos Defensores está conformado por:

Comité DirectivoTito Augusto Gaitán José Luis CampoGustavo GallónDiana Sánchez

Esta edición de la revista REVELANDO fue realizada por el Programa Somos Defensores, con la colaboración de la Asociación MINGA

Diseño, Diagramación e ImpresiónFactoría Gráfica Editores

Coordinación Editorial y de PublicaciónCarlos A. Guevara

Equipo Programa Somos DefensoresDiana SánchezCesar RomeroGustavo UlcuéCarlos Guevara

FotografíasPortada: Carlos GuevaraContraportada: Sonia Cifuentes

Agradecimientos: MOVICE, OXFAM, Equipo Asociación Minga, CCEEU, ACIN, PNUD, Fundación Casa del Bosque.

El contenido de este boletín es responsabilidad de sus autores y no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan esta publicación.

Esta publicación es de carácter cultural, pedagógico y su distribución es gratuita.

Puede fotocopiarse y reproducirse siempre y cuando se cite la fuente. La impresión de nuestra revista es posible gracias los recursos de Diakonia Suecia.

Calle 19 No. 4-88 Oficina 1302 Tel: (051) 3804380 Bogotá D.C. – Colombia.

www.somosdefensores.org - prensa somosdefensores.org2013

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www.somosdefensores.orgprensa@somosdefensores.org

2013

Esta edición especial de la revista REVELANDO sobre Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación -

NTIC aplicadas a la defensa de los derechos humanos fue realizada por el Programa Somos Defensores, con base

en la experiencia obtenida en los procesos de formación en Seguridad Informática que recibió el Programa y

otras organizaciones por parte de Front Line Defenders en 2008 y 2009 y la realización del 1er y 2do Encuentro

Nacional de NTIC, Seguridad Informática y defensa de derechos humanos en Colombia realizados en Bogotá en

2011 y 2013, los cuales reunieron a más de 50 líderes y defensores de derechos humanos del país, para discutir el

tema y capacitarlos en el uso responsable de estas herramientas.

Agradecemos por su apoyo en el tema de NTIC y defensa de derechos humanos a:

OXFAM, Embajada de Noruega, Embajada de Holanda, Front Line Defenders, Fundación Casa del Bosque,

MOZILLA FIREFOX, Revista ENTER, Google INC, MOVICE, Diakonia, ACIN, CCEEU, SINCODH y CINEP/

PPP y su Banco de Datos.

También a:

@farid_amed, @solano, @libeluladigital, @rosacris, @platohedro, @DamarisACastil, @MsBoboster, @

sociedadautista, @MauricioJaramil, @manriquemarisol, Adriana Pestana, Jairo Ruiz, David Gómez, Mónica

Oyuela, Alex Rubeola y David Huey.

Un agradecimiento especial a Vladimir Támara, pasosdejesus.org (https://sivel.sf.net)

Diseño, Diagramación e Impresión

Factoría Gráfica Editores

Coordinación Editorial y de Publicación

Carlos A. Guevara

Equipo Programa Somos Defensores

Diana Sánchez, Gustavo Ulcué, Cesar Romero y Carlos Guevara

El contenido de este especial es responsabilidad de sus autores y no compromete a las organizaciones e

instituciones que apoyan esta publicación. Esta publicación es de carácter cultural, pedagógico y su distribución

es gratuita. Puede fotocopiarse y reproducirse siempre y cuando se cite la fuente. La impresión de nuestra revista

es posible gracias los recursos de Diakonia Suecia.

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Programa Somos Defensores - PNGPDDH -

Integrada por:

Asociación para la Promoción Social Alternativa - Minga

Benposta Nación de Muchachos - Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

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CONTENIDO

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CONTENIDO

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PRESENTACIÓN

Realidades INCESANTES

PAZde construcción deen TIEMPOS

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PRESENTACIÓN

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Defender los derechos humanos implica un ejercicio permanente, incesante y continuado. Quienes nos dedicamos a

esta labor, terminamos inmersos en el análisis y debate de innumerables problemáticas y políticas que afectan a la población colombiana, de lo cual a veces no somos conscientes. Cuando nos propusimos preparar esta edición No. 4 de la Revista Revelando, pretendimos escoger los temas centrales que hoy día hacen parte de nuestras agendas y preocupaciones, en la medida que impactan negativamente los derechos de la población. Sin embargo, la lista se hizo larga y casi interminable. Escoger los más neurálgicos no fue fácil, pero el ejercicio nos llevó a identificar algunos que, por su trascendencia en el contexto actual, resultan imperativos, si se leen en clave de la búsqueda de construcción de Paz.

Tan amplio como esquivo es el concepto de Paz en Colombia. Son múltiples las interpretaciones y formas de entenderla, de ahí las dificultades para alcanzarla. Por ello, en este número de la Revista Revelando no entraremos en ese interesante debate; pero sí queremos aprovechar sus páginas para analizar algunos temas que innegablemente hacen parte de la realidad conflictiva del país y negación de derechos, y es menester ser tenidos en cuenta para seguir labrando el camino hacia la Paz del país.

En consecuencia, el contenido de Revelando recoge en un primer momento, dos temas propios del movimiento de DDHH: el estado actual de la política de protección a líderes y defensores, y el proceso de la Mesa Nacional de Garantías. En un segundo plano, se presentan tres análisis que buscan hacer una aproximación de la aplicación del Plan de Consolidación en la región del Catatumbo, las implicaciones de la locomotora minera en el departamento del Chocó y los impedimentos a la libertad de movilización social generados por la Ley de Seguridad Ciudadana.

En un tercer momento se destaca la vida de dos mujeres defensoras de derechos humanos, quienes, a pesar de las persecuciones y atentados, siguen apostando por los derechos de las comunidades más vulnerables.

Un cuarto bloque temático donde se llama la atención por las nuevas disposiciones legales en relación a los sistemas de inteligencia y seguimiento por parte de los organismos de seguridad. Igualmente se presenta elementos de la jurisprudencia que considera los crímenes contra defensores, como de lesa humanidad. En este mismo sentido, un aparte que recoge el significado del Premio Nacional a la Defensa de los DDHH en Colombia 2012.

No podíamos dejar de lado, una valiosa experiencia de autoprotección y resistencia en medio del recrudecimiento del conflicto, como la adelantada por el pueblo Nasa del norte del Cauca. Así mismo una reflexión que llama la atención sobre la importancia de proteger y cobijar las causas de los defensores, si hay una real democracia.

Por último, se presenta un informe especial denominado: Nuevas tecnologías de información y comunicación -NTIC, seguridad informática y defensa de los derechos humanos en Colombia, conformado por cuatro interesantes artículos, en relación con el quehacer del movimiento social y de DDHH en Colombia y el desafiante mundo tecnológico.

Esperamos contribuir con esta edición de la Revista Revelando, a enriquecer el debate sobre el contexto actual, especialmente porque se trata de temáticas que atraviesan la complejidad del conflicto armado, social y político que queremos superar en los próximos años, para alcanzar el sueño de Paz.

Diana SánchezDirectora

Asociación MINGA

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AGRIDULCEBalance UNP y nueva normativa en Protección

Por Carlos A. GuevaraPrograma Somos Defensores

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territorial, quedó con la compleja tarea de construir e implementar una estrategia de Prevención de agresiones. Pero pasado más de un año de haber sido expedidas estas leyes y normas, las ilusiones del movimiento social y de derechos humanos palidecen ante la realidad: los resultados de la implementación de la política de protección y prevención son agridulces.

Una Estructura Idónea, pero no real

Para entender mejor donde están las trabas de esta política, hay que revisar detalladamente el decreto 4912 de 2011. En este decreto se incluyen todos los programas de protección que existían en el Estado, exceptuando el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz. Así se le dio vida al “Programa Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”. Este nuevo decreto derogó a sus predecesores (1740 y 3375 de 2010).

El 4912 cuenta con cinco partes básicas: Estrategias, Medidas, Responsabilidades, Procedimientos y Compromisos.

Establece, que existen dos estrategias para proteger la vida de personas en riesgo, dentro de las cuales se encuentran líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos: Una estrategia de protección y una estrategia de prevención. En cabeza de la primera estará la Unidad Nacional de Protección y en la segunda, el Ministerio de Interior – dirección de DDHH.

Dentro de la estrategia de protección, estableció una ruta para analizar las situaciones de riesgo recibidas y para proferir las medidas que amerite dicho análisis. Esta ruta tiene como punto de partida la denuncia del afectado ante las autoridades y/o la solicitud directa de protección a la UNP; luego de ello, un grupo denominado CTRAI - Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de

El decreto 4912 de 2011, se convirtió en la piedra angular de la nueva política de protección del Gobierno Colombiano.

Sin embargo hoy, pasado más de un año de su implementación, es posible asegurar con total certeza, que se quedó corta ante el volumen de demanda de protección y la falta de resultados en la estrategia de prevención. Varias instituciones de Gobierno y Estado a nivel nacional y regional, unidas por la nueva política de protección brillaron por su ausencia en el 2012. Las esperanzas de una protección integral, palidecen.

A finales del año 2011, el movimiento social y de derechos humanos, veía como un recién posesionado Presidente decía desde la Plaza de Bolívar en su discurso de posesión: “Gobernaré junto con un defensor de derechos humanos”. Este anuncio se unió a una serie de iniciativas y mensajes políticos que mejoraron significativamente el clima de tensión y estigmatización del gobierno anterior, y ponía de presente un nuevo escenario aparentemente positivo para el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Este discurso positivo e incluyente, vino acompañado por acciones de instituciones como el Ministerio del Interior al proponer la reactivación la Mesa Nacional de Garantías a defensores y la reformulación del decreto 1740, el cual regulaba la protección a defensores y líderes en riesgo. Fue así como un importante paquete de normas y medidas fueron expedidas por el Ejecutivo (Decretos 4100, 4065 y 4912 entre otros) lo que hacía pensar en que existirían mecanismos efectivos para proteger la vida de hombres y mujeres luchadores por los derechos humanos.

Así nació la Unidad Nacional de Protección que, en coordinación con otras instituciones del Estado, estaría encargada de proporcionar los mecanismos de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las personas en riesgo; en el mismo sentido y según dicha nueva normativa, el Ministerio del Interior – Dirección de DDHH, junto con otras instituciones del orden nacional y

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Información se encarga de dicha tarea “in situ”, que contribuya a tener mejores elementos de análisis del caso. El CTRAI está conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional.

Una vez recopilada la información, es entregada al Grupo de Valoración Preliminar conformado por delegados de la UNP, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y DIH y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Estos delegados realizan el análisis del caso y valoran el riesgo. Como invitados especiales a este Grupo, están delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Con esta valoración, el caso pasa a manos del CERREM - Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, conformado por el Director de la UNP, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el Director de la Unidad Administrativa

Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado y la Oficina de DDHH de la Inspección General de la Policía Nacional. Es este comité quien finalmente decide otorgar o no, las medidas de protección al afectado(a).

A este CERREM, son invitados (con voz pero sin voto) el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ACNUR (cuando se trate de casos de población desplazada) y Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan. Ocasionalmente también son invitados los delegados de entidades de carácter público o privado cuando el Comité lo considere pertinente.

Independiente a este largo y detallado procedimiento, el Director de la UNP, puede asignar medidas de emergencia en casos donde

Foto Decretos: Decretos 4912, 4065 y 1225: Base jurídica de la política de protección a personas en riesgo en Colombia

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la vida e integridad del afectado(a) este en riesgo inminente o extremo.

(foto UNP y Honduras) Pie de Página: En 2012, gobiernos de otros países como el de Honduras, visitaron Colombia para replicar experiencias como las de la UNP en Colombia, por considerarlas como “exitosas”. La sociedad civil en Colombia, difiere de este concepto. Foto Secretaria de Justicia y Derechos Humanos – República de Honduras

La otra estrategia que se creó con el decreto 4912, es la de Prevención. Esta, coordinada por el Ministerio del Interior busca prevenir que los ataques contra personas en riesgo se lleven a cabo y/o mitigar su efecto negativo. En dicho decreto se consigna que no solo las medidas de protección directa o física, son importantes para salvar la vida de las personas en riesgo y dentro de ellos a los líderes y defensores de derechos humanos. Este decreto también le asigna unas responsabilidades puntuales al Ministerio tales como: “Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia dirigidos a evitar la consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su materialización; Someter

a consideración del Ministro del Interior proyectos de Acto legislativo, leyes, Decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos” , entre otras.

La estrategia de prevención contempla la elaboración y puesta en marcha Planes Prevención y de Contingencia, los cuales son instrumentos de planeación construidos entre representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, autoridades territoriales, y fuerza pública, que tienen como fin, establecer el marco de actuación para la prevención, enfrentar factores de riesgo, eliminar amenazas o disminuir su impacto en la comunidad o en poblaciones específicamente golpeadas por la violencia.

En Prevención son vinculados como responsables, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario o quien haga sus veces, el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal, las Gobernaciones, las Alcaldías, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías distritales y municipales, y la Fiscalía General de la Nación.

En 2012, gobiernos de otros países como el de Honduras, visitaron Colombia para replicar experiencias como las de la UNP en Colombia, por considerarlas como “exitosas”. La sociedad civil en Colombia, difiere de este concepto. Foto Secretaria de Justicia y Derechos Humanos – República de Honduras

1 Para mayor precisión de cuáles pueden ser las medidas otorgadas, ver DECRETO 4912 DE 2011 – Capítulo III

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Como podemos ver, la política pública creada en 2011 e implementada, en 2012 tiene una sustentada estructura, pensada para un funcionamiento armónico e integral de las entidades del Estado y Gobierno, a favor de las personas en riesgo, o al menos en el papel es así. Sin embargo, y como mencionamos al iniciar este artículo, la realidad es mucho más pálida.

¿Qué han hecho?

Veamos en primera instancia a la Unidad Nacional de Protección, que protege físicamente a personas en riesgo que van desde líderes indígenas, afrodescendientes, de víctimas, de tierras, de desplazados, defensores de derechos humanos, pasando por sindicalistas, periodistas, dirigentes de la oposición y sobrevivientes de la UP, hasta funcionarios públicos y docentes. La UNP registró en 2012 aproximadamente 9717 solicitudes de protección, de las cuales 3668 fueron aprobadas y asignadas a 3671 beneficiarios (de estos beneficiarios, 712 personas son mujeres). Es importante recordar que a un “beneficiario” de la protección estatal, se le puede otorgar una o varias medidas de protección1 .

De estas 9717 solicitudes, devolvió 1193 por considerar que no cumplían los requisitos para analizar el caso de solicitud de protección; declaró como riesgo ordinario (es decir que luego de la evaluación determinó que no era un

riesgo importante) a 4793 solicitudes; declaró con riesgo extraordinario (que ameritan medidas de protección) a 3646 solicitudes y con riesgo extremo a 22 solicitudes (que amerita medidas inmediatas de protección).

A primera vista las cifras de la UNP son positivas, teniendo en cuenta que existen acciones para proteger la vida de personas en riesgo y en especial de líderes y defensores de derechos humanos, sin embargo hay varios detalles que llaman la atención. 3671 personas protegidas aproximadamente en un año es un hecho a destacar, pero esto no significa necesariamente que existan mejores condiciones para defender los derechos humanos. Nos lleva a pensar que en efecto, el volumen de solicitudes, medidas y personas protegidas infieren que los niveles de riesgo siguen siendo altos.

Otra de las responsabilidades de la UNP, es realizar análisis de riesgo colectivos a organizaciones y/o colectivos humanos que puedan presentar algún nivel de amenaza. Ante esta responsabilidad es preocupante que la UNP reporte que en 2012 no realizó ningún diagnóstico o análisis de riesgo de este tipo, profundizando la preocupación frente a situaciones como amenazas contra organizaciones sociales y no específicamente contra personas, o la estigmatización de parte de actores armados legales e ilegales contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, y por ende, contra TODOS sus miembros.

1 Para mayor precisión de cuáles pueden ser las medidas otorgadas, ver DECRETO 4912 DE 2011 – Capítulo III

Foto Facebook UNP http://on.fb.me/19CGBZL

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En este tema las diferencias entre organizaciones sociales y de DDHH y Gobierno Nacional saltan a la vista, ya que para el tratamiento de estos casos de agresión, la UNP pretende individualizar las medidas de protección sin contemplar los riesgos colectivos, lo que complejiza la asignación de medidas y entorpece la acción de estas organizaciones debido a que mecanismos de protección como escoltas, carros blindados y otros, ponen muchas veces en mayor riesgo a las organizaciones y sus miembros al hacerlas visibles en los territorios. Es decir, es necesario un análisis colectivo de las agresiones, y la construcción e implementación de medidas colectivas acordes.

Por otro lado, es importante señalar las quejas hechas por las organizaciones sociales y de derechos humanos así como líderes de diversas partes del país, referente a la demora en muchos casos, frente a la los procedimientos de evaluación de los riesgos, la asignación de las medidas y el cumplimiento en la entrega de dichas medidas. Es de suponerse tal demora ya que el volumen de solicitudes es muy alto, lo que significa también

el alto grado de vulnerabilidad y amenaza de estas personas en riesgo. Es decir, entendemos que es una tarea complicada, pero la respuesta del Estado aún no es eficiente en este sentido.

Por último, revisemos lo que costó a los colombianos esta protección física. La UNP reporto que su presupuesto en 2012 fue de $ 240.481.282.0002 (más de 130 millones de dólares) y de este presupuesto el 70.20% fue destinado a los gastos de funcionamiento del Programa de Protección; hablamos entonces de aproximadamente 170 mil millones de pesos destinados a proteger cerca de 3671 vidas en un año. Para 2013, la UNP señaló que su partida presupuestal asignada por en el Presupuesto General de la Nación será de $ 231.489.631.489.oo sin contar con convenios, recursos del Senado de la República y la Unidad de Restitución de Tierras. Sin lugar a dudas el Gobierno Nacional puso en 2012 y 2013, mucho dinero para medidas de protección a personas en riesgo pero ¿será este el camino? ¿Sólo dinero, escoltas, armas y carros blindados serán la solución?

2 Este presupuesto incluye los convenios y transferencias recibidas por la Nación, el Senado de la República y la

Unidad de Restitución de Tierras.

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La estrategia de Prevención y el Ministerio del Interior

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, es la institución líder en la estrategia de Prevención creada en el decreto 4912 para, valga la redundancia, prevenir que los ataques contra personas en riesgo se lleven a cabo y/o mitigar su efecto negativo.

De su responsabilidad en el diseño de Planes de Prevención y contingencia para posibles agresiones contra personas en riesgo el Ministerio señala que ha recogido insumos para la construcción de los planes en 7 zonas del país, representadas en 12 departamentos (Meta, Caquetá, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Bolívar, Sucre, Putumayo y Norte de Santander). Sin embargo, no hay un solo plan de contingencia o prevención construido y en funcionamiento, muy a pesar de que la situación de violencia y agresión contra líderes sociales y defensores persiste y se incrementa. La implementación de estos talleres y otras acciones asociadas a la construcción de la estrategia contaron con un presupuesto en 2012 de $1.219.600.000.oo de pesos, pero no vemos los resultados.

El Ministerio sigue quedando con un “saldo pendiente” en prevenir los ataques a líderes y defensores de DDHH en el país. No existe un solo plan de prevención y contingencia diseñado e implementado en ninguna región del país debido a que la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea, según el Ministerio, recae ampliamente en las autoridades locales y regionales. Este, sin duda, es un retroceso significativo en materia de protección a líderes y defensores. Pero, ¿Donde están las acciones de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, y sobre todo, las alcaldías y gobernaciones que se supone también son responsables de echar a andar la estrategia de prevención?

¿Donde están, que no se ven?

Las grandes ausentes en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del decreto 4912 en 2012, fueron la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Estas importantes entidades con responsabilidades concretas delimitadas mediante el decreto, no han mostrado avance o participación significativa en esta materia.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, generó optimismo entre el movimiento de DDHH con el cambio de Fiscal General y la supuesta puesta en marcha de una Unidad especial para investigar delitos contra defensores. Aún se espera esta mencionada unidad. Igualmente, y como parte de la estrategia de prevención, la Fiscalía debía aportar resultados en las investigaciones de delitos contra líderes y defensores como amenazas, homicidios y atentados. El estado de esas investigaciones sigue siendo: En Proceso. Vale la pena señalar que uno de los mayores factores para que la violencia contra defensores prospere es la impunidad, y la Fiscalía sin embargo aún no muestra resultados.

También señalamos la ausencia permanente de la Defensoría del Pueblo en la protección de líderes y defensores. Situaciones como la no inclusión del tema de protección y prevención de violencias contra defensores y líderes en la producción de importantes documentos de análisis que en otrora fueron vitales para la labor del movimiento de DDHH (exceptuando la permanente y muy bien llevada acción del Sistema de Alertas Tempranas), la débil actuación de esta Institución en la Mesa Nacional Garantías y la ausencia pública del Defensor del Pueblo en defensa de sus pares de la sociedad civil, a más de preocupante, es desmotivante ya que después de 8 largos años de silencio en la administración de Vólmar Antonio Pérez, se esperaba un giro positivo, pero tampoco se ha visto.

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Otra institución silente en este tema es la Procuraduría General de la Nación. No hay una sola investigación con resultados concretos acerca de la agresión de funcionarios públicos contra líderes o defensores (aún cuando la misma Procuraduría emitió en 2010 la Directiva 012 en tal sentido) ni una propuesta de participación de esta entidad en la estrategia de prevención del Ministerio del Interior. Si bien, la Procuraduría es un órgano de control que ha evidenciado un gran poder en los últimos años frente a investigaciones por corrupción (sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores), el trabajo de esta entidad frente a investigaciones por estigmatización a defensores o abusos de la Fuerza Pública contra organizaciones sociales y de DDHH, es nulo.

Pero quienes se llevan todos los “honores” en el silencio y hasta desprecio por la protección de líderes y defensores así como prevención de agresiones son las Alcaldías y Gobernaciones. Defensores de derechos humanos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander consultados para este artículo por el Programa No Gubernamental de Protección a defensores de DDHH – Somos Defensores, aseguran que no ha habido ninguna acción encaminada a construir o al menos consultar sobre acciones de prevención de agresiones contra líderes y defensores y mucho menos la construcción de planes de prevención y contingencia como lo ordena el Decreto 4912. En conclusión, la política de protección y prevención suena muy bien en el papel, pero en su “aterrizaje” en las regiones, los resultados son inexistentes.

Medidas ¿Idóneas?

Hace un par de meses, tuvimos la oportunidad de conocer de cerca casos puntuales sobre la “idoneidad” de las medidas de protección otorgadas por la UNP a defensores y líderes protegidos en Colombia, y los resultados son a más de desalentadores, alarmantes. Aquí algunos ejemplos: 3

Ejemplo 1: A una lideresa de víctimas de la costa atlántica colombiana le fue entregado, después de 4 meses desde la solicitud de medidas de protección, un carro blindado pero no le fue aprobado el subsidio de transporte. Ahora la defensora debe moverse en transporte público o taxi, hasta que no le sea aprobado el dinero de la gasolina.

Ejemplo 2: A un líder afrodecendiente de la costa pacífica, le fue aprobado un teléfono celular como medida de protección. El problema radica en que le dieron un teléfono de operador MOVISTAR, sabiendo que en esta zona, solamente opera la empresa CLARO.

Ejemplo 3: A un líder reclamante de tierras la costa pacífica del país le fue aprobado un chaleco antibalas como medida de protección. Este líder, trabaja en comunidades apartadas y debe desplazarse hasta 6 y 8 horas en bote, pasando por retenes del Ejercito Nacional, Paramilitares y Guerrilleros. ¿Si usted, querido lector(a), fuera un actor armado, le parecería sospechoso encontrar en un reten a un hombre humilde con un chaleco antibalas? ¿Cree que sería cómodo, querido lector(a), hacer sus actividades cotidianas bajo una temperatura de entre 30 y 37 grados centígrados con un chaleco que pesa 10 kilos?

3 Ver cifras de agresión contra defensores de derechos humanos registradas por el Sistema de Información sobre Agresiones

contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, que cuenta con información analizada desde 2012 a

la fecha. www.somosdefensores.org

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LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA UNP NO SON IDONEAS, POR EL CONTRARIO CARECEN DE COHERENCIA,

CONOCIMIENTO DEL TERRENO EN DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS Y VULNERAN MUCHAS VECES LAS LOGICAS DE TRABAJO

Ejemplo 4: A una organización defensora de los derechos de los privados de la libertad, le fueron asignados varios teléfonos celulares con servicio de datos como mecanismo de protección.

El problema es que la empresa que administra este servicio (que no es la UNP) pretende instalarles una aplicación llamada PASO, en dicho teléfono celular, que reportará las 24 horas su ubicación, y de paso, los movimientos de los miembros de la organización a quienes no se les reconocerá el costo de la gasolina del vehículo de protección que también se les había asignado, si no corresponden a las rutas que dicha aplicación registró. Por otro lado, la empresa contratista de la UNP dueña de la aplicación se niega a responder si este dispositivo se

sincroniza con los correos electrónicos y contactos del protegido…¿protección o seguimiento?Ejemplo 5: Un líder de comunal del Caribe colombiano que denunció amenazas contra su vida por parte de un actor armado ilegal, solicitó protección a la UNP llenando todos los documentos requeridos. Cuando el analista se dirigió a su casa para realizar la entrevista se encontró con que el líder había sido asesinado la semana anterior.

Aclaramos que estos son solo algunos de los casos que el Programa Somos Defensores ha encontrado en diversas zonas del país, que ya no corresponden situaciones aisladas o particulares sino que ya demuestran una tendencia:

DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

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¿Protección V.I.P?

El pasado 29 de abril la Revista Semana publicó como Información Comercial (publirreportaje) en la Pág. 90 y 91 de su

edición 1617 un artículo publicitario que generó la indignación de defensores y defensoras de DD.HH. en el país. En dicha publicación la Unión Temporal “PROTECCION 33” (conformada por las empresas Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda, Expertos en Seguridad Ltda, Cobasec Ltda y Centinel de Seguridad Ltda) se ufanaba de ser en 2013 la encargada total de la protección de más de 7500 personas protegidas por la UNP bajo el contrato 202 de 2012, otorgado

por 214 mil millones de pesos (más de $ USD 118.000.000.oo) y que en 2013 superará los 300 mil millones (más de $USD 165.000.000.oo). Eso significa la tercerización TOTAL de la protección del deber de protección del Estado sobre los defensores, defensoras y líderes que estén en riesgo, y también sobre el resto de poblaciones objeto de protección consagradas en el decreto 4912 y 1225. El agravante del asunto fue la aparición de la imagen y declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, que daba a entender su participación en el publirreportaje.

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Si bien el Dr. Villamizar aclaró en una reunión con voceros políticos de las organizaciones de DD.HH que esta publicación fue realizada sin su consentimiento y que solicitó una rectificación a la Revista Semana, es llamativo en dicha rectificación la revista aclare que “la foto del funcionario apareció sin su conocimiento en ese publirreportaje contratado por los anunciantes (las empresas de seguridad de UT – Protección 33)”4, pero en ningún momento se excuso sobre declaraciones y/o uso de versiones del Dr. Villamizar en la publicación.

Lo indignante de esto no es el uso o no de las imágenes del Dr. Villamizar o de sus declaraciones; lo realmente doloroso es que se hable de cientos de miles de millones de pesos que son pagados a operadores privados para proteger a colombianas y colombianos que están en riesgo, pero que no haya dinero para pagar gasolina de vehículos de protección como lo han denunciado públicamente muchos protegidos, se adjudiquen medidas de protección que nunca se implementan y se hable de idoneidad cuando ni siquiera se logra la suficiencia. Es esta la ¿PROTECCION VIP?

Otra “perla”

Si bien el tema de la privatización de los esquemas y mecanismos de protección a personas en riesgo no es nuevo, si ha tomado proporciones desmedidas. En 2008, cuando no existía la UNP y la protección dependía del Ministerio del Interior, existía una planta de 200 escoltas operada por la empresa privada de seguridad VISE. Sin embargo este número de escoltas se incrementó de manera exponencial en un 1000%. A junio de 2013 hay una planta de 2000 escoltas privados, según datos entregados por el mismo director de la UNP. Estos escoltas devengan mensualmente un monto cercano a los $ 5.000.000.oo de pesos (entre salario

y viáticos); lo que nos arroja la sorprendente cifra de $ 10.000.000.000 millones de pesos mensuales de nómina “paralela” a la UNP, y unos 120 mil millones de pesos al año, sólo en pagos a escoltas. Lo primero que podríamos pensar es que este número de escoltas privados incrementó porque también los protegidos se han incrementado. Pero las cifras no cuadran. Según datos entregados por el Gobierno Nacional de la administración Uribe, en 2008 el “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales” del Ministerio del Interior, protegió a “casi 9000 personas pertenecientes a 16 grupos vulnerables y a 13 comunidades en riesgo…El presupuesto del programa para el año 2008 alcanzó los $USD 4.000.000.oo” 5. Y entonces ¿qué pasó? ¿Si en 2008 teníamos 9000 protegidos y hoy tenemos 7500, necesitamos 1800 escoltas privados más? ¿Cómo pasamos de 4 millones de dólares a 118 millones en el presupuesto de los esquemas de protección?

Esta nomina “paralela” claramente no es responsabilidad de la UNP ya que están cumpliendo con su mandato específico en que los esquemas de protección debían entregárseles a empresas privadas; pero si pone de nuevo sobre la mesa el debate de cuánto dinero le cuesta al Estado, y por efecto cascada, a la ciudadanía colombiana, mantener este costoso sistema de protección física. Definitivamente no habrá presupuesto que aguante costos como estos, que como bolsillo roto irán a parar a manos privadas. La solución entonces no está en generar lógicas de protección armamentista o exclusivamente material, sino apostar por mejores prácticas de prevención y efectividad en las investigaciones para dar con los responsables de los hechos de amenaza y agresión no solo contra defensores(as) de DD.HH, sino con todas las personas en riesgo en el país.

4 Revista Semana. Edición 1618 Pág. 6.

5 INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2008 – Capitulo Colombia

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap4.Colombia.sp.htm. Cifras proporcionadas por el Ministro de Interior y Justicia

a los representantes de la CIDH durante la reunión mantenida en su despacho en la ciudad de Bogotá, el 19 de noviembre de

2008.

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Un sabor agridulce

Sí, reconocemos el esfuerzo presupuestal, técnico y de infraestructura realizado por el Gobierno colombiano para atender la protección de líderes y defensores. Sí, reconocemos el positivo cambio de tono en el tratamiento del legal y legitimo ejercicio de defensa de derechos humanos que el Gobierno Santos ha tenido en estos 2 años y 6 meses de mandato. Sí, reconocemos que hay una nueva política en protección y prevención que demuestra un avance en el largo camino de asegurar que los defensores(as) hagan su trabajo con garantías reales. Pero los vacios siguen siendo enormes como lo demuestran las cifras del SIADDHH .

Falta que instituciones como la Fiscalía investigue, encuentre y judicialice a los autores materiales e intelectuales de las más de 350 agresiones contra defensores que registró por ejemplo, solo en 2012, el Sistema de Información sobre agresiones contra defensores de DDHH del Programa Somos Defensores. Falta que la Defensoría del Pueblo salga a la defensa pública de estos hombres y mujeres que se juegan la vida día tras día en zonas donde el Estado difícilmente llega por exigir los derechos fundamentales de poblaciones olvidadas.

Falta que la Procuraduría de manera real y concreta identifique y sancione a los funcionarios que por acción u omisión agreden a organizaciones, líderes y trabajadores de los derechos humanos. Falta que gobernaciones y alcaldías se tomen en serio la protección de personas en riesgo y desarrollen acciones concretas que lleven a que estos líderes encuentren en la institucionalidad regional y local no un agresor sino un aliado en su trabajo por la paz, la democracia y los derechos humanos.

El sabor sigue siendo agridulce, pero ante un escenario complejo como la presencia de nuevos actores armados ilegales (Ejércitos Anti restitución), la mutación de los actuales (reconfiguración de las BACRIM y una guerrilla cada vez más agresiva por mostrarse fuerte en los diálogos de paz) o la implementación de políticas y actores invasivos en los intereses de comunidades vulnerables (Plan Nacional de Consolidación y entrada de Multinacionales por megaproyectos mineros y/o de infraestructura), es necesario reforzar cada día las acciones desde todos los ámbitos por propender en la defensa y protección de quienes ponen el pecho por los menos favorecidos en contextos cada vez más adversos.

6 Ver cifras de agresión contra defensores de derechos humanos registradas por el Sistema de Información sobre Agresiones

contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, que cuenta con información analizada desde 2012 a

la fecha. www.somosdefensores.org

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Por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEUwww. coeuropa.org.co

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logros, retos y expectativas para 2013

La comunidad defensora de derechos humanos en Colombia, es una de las más fuertes y organizadas de la región. Su trabajo ha

contribuido de manera determinante al desarrollo de una institucionalidad necesaria para la garantía y protección efectiva de los derechos humanos en el país, de la cual el Estado colombiano hoy se enorgullece internacionalmente. Sin embargo, el trabajo de las defensoras y defensores no ha sido siempre bien recibido y su incansable búsqueda de justicia ha sido tachada a menudo como una amenaza para el Estado, asimilada a una estrategia subversiva, o como parte de lo que suele llamarse “la guerra jurídica y política” contra el Estado.

Durante años, los ataques a las defensoras y defensores han sido sistemáticos y generalizados, creando un clima de zozobra e inseguridad en donde el trabajo se desarrolla temerariamente, arriesgando la vida y exponiendo la de sus familias. Entre enero de 2008 y diciembre de 2012, por lo

mes, siendo este último el peor de los últimos cinco años1 .Las constantes agresiones se desarrollan en un ambiente generalizado de hostilidad que contribuye a profundizar los obstáculos para el trabajo.

Es por eso que cuando en 2006 el Estado convocó a la comunidad defensora de derechos humanos a debatir la posibilidad de construir un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, su participación en ese proceso quedó supeditada a la generación de garantías para el trabajo. Ese es el origen del proceso conocido como Mesa Nacional de Garantías, el cual se instaló formalmente en abril de 2009, con el fin de establecer un escenario de discusión de alto nivel entre las organizaciones sociales y de derechos humanos y el Estado colombiano, destinado a concertar medidas de protección efectiva del derecho a defender los derechos humanos2. Para ello se estableció una metodología basada en mesas temáticas y regionales de discusión y se acordaron

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menos 1.117 personas fueron agredidas a causa de su trabajo a favor de los derechos humanos. Los datos muestran un impresionante incremento de los ataques a lo largo de los últimos años: entre enero de 2008 y diciembre de 2010, el promedio mensual de agresiones se mantuvo alrededor de 14. En 2011 se elevó a casi 20 por mes y en 2012 pasó a 59 cada

tres ejes de trabajo: prevención, protección e investigación. Sobre esa base, el Proceso Nacional de Garantías está a punto de cumplir cuatro años, en los cuales se ha desarrollado una agenda intensa, con múltiples compromisos adquiridos por parte del Estado y con importantes cambios institucionales que es necesario entrar a evaluar.

1 De ellas, 182 fueron asesinadas y once desaparecidas forzadamente. Fuente: Sistema de Información de Agresiones a Defensores/as de Derechos Humanos (SIADDHH), del Programa Somos Defensores. El SIADDHH, considera como agresión todo acto de violencia cometido por agentes estatales, por particulares que actúan con el apoyo, omisión y aquiescencia del Estado o por la insurgencia, dirigido a quebrantar la vida, la libertad y la integridad de una persona a causa de su labor en defensa y promoción de los derechos humanos. En el mismo período, la ENS reportó, 188 sindicalistas muertos y 23 desaparecidos forzadamente; mientras que la FLIP denunció cuatro periodistas asesinados a causa de su trabajo.

2 Los objetivos del Proceso Nacional de Garantías son: i) Establecer un diálogo sobre la necesidad de garantías para las organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de adoptar las decisiones que se consideren pertinentes nacional y territorialmente para garantizar su trabajo; ii) Fortalecer el proceso de interlocución, nacional y territorialmente, para generar mayores niveles de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado; iii) Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para la generar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos; y vi) Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente.

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1. Los logros del Proceso Nacional de Garantías

Podemos agrupar en tres los principales logros del Proceso Nacional de Garantías. En primer lugar, el haberse consolidado como un espacio de muy alto nivel, sostenido en el tiempo a pesar de los cambios de gobierno y de funcionarios, en donde toman asiento las más altas autoridades del Estado y los representantes de la comunidad defensora de derechos humanos en torno a una agenda de trabajo concertada. Ese espacio de interlocución permanente ha permitido posicionar el tema en la agenda pública nacional, visibilizar las demandas

de las defensoras y defensores y conseguir su reconocimiento por parte de las autoridades nacionales. Estos aspectos han contribuido de manera decisiva a sembrar la confianza necesaria para llevar adelante el proceso, en un clima de reconocimiento y respeto mutuos.

En segundo lugar, aunque la eficacia del proceso en el nivel regional todavía deja mucho que desear, especialmente en términos de voluntad política para sacar adelante los compromisos adquiridos, el Proceso Nacional de Garantías ha logrado impulsar una importante discusión nacional a través de las mesas regionales de garantías. Hasta diciembre de 2012, se habían celebrado 13 audiencias regionales

en las cuales se establecieron compromisos con las autoridades locales en torno a los tres ejes de trabajo concertados (prevención, protección e investigación). Aunque de manera todavía muy incipiente, los procesos locales de garantías han empujado a las autoridades locales a asumir la problemática de derechos humanos de sus regiones y a reconocer el trabajo de las defensoras y defensores en su territorio.

En tercer lugar, un logro concreto del Proceso, ha sido la reforma institucional que dio lugar al nuevo sistema de protección, en particular,

la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH (dec. 4100/11); la Unidad Nacional de Protección(UNP), creada mediante el decreto 4065/11; y el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades(dec. 4912/11); que recogen en buena medida, las observaciones formuladas por las organizaciones sociales y de derechos humanos. Aunque la nueva institucionalidad todavía no logra resultados satisfactorios en términos de protección y garantías, es importante reconocer la voluntad del Gobierno para avanzar en las reformas institucionales necesarias y para incorporar en ellas las peticiones de las organizaciones.

Foto Minga - Mesa Garantías Cauca 2012

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2. Los retos

Junto a los logros subsisten importantes retos que el Proceso Nacional de Garantías debe enfrentar en distintos frentes, y que ponen en riesgo la sostenibilidad de los avances hasta ahora conseguidos. El primero de ellos es, quizás, la necesidad de evaluar y clarificar el alcance del Proceso en sí mismo, racionalizar las expectativas y precisar sus alcances. Con el paso del tiempo, la falta de resultados más tangibles ha causado un importante desgaste en las organizaciones que se sienten defraudadas y ven con pesimismo el sostenimiento del Proceso.

Un importante paso en esa dirección, podría ser la implementación de un mecanismo de seguimiento que cuente con indicadores precisos y medibles que permitan evaluar los avances o retrocesos y tomar medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Establecer roles claros y una agenda de cumplimiento precisa a la cual dar seguimiento también puede contribuir no sólo a medir los avances del proceso, sino a identificar responsabilidades hacia las cuales dirigir la exigibilidad de los acuerdos.

Esa herramienta debe dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos tanto en el nivel nacional como en el regional y establecer mecanismos de rendición de cuentas en ambos niveles. De esa forma se podría contribuir al fortalecimiento del proceso regional de garantías que adolece de una clara falta de voluntad y compromiso por parte de las autoridades locales. Si bien, al nivel nacional se han conseguido importantes avances en términos de reconocimiento y respeto, en el ámbito local todavía queda mucho camino por recorrer. Y esto constituye precisamente uno de los talones de Aquiles del Proceso pues, de nada sirven las declaraciones al nivel nacional, si no se reflejan en acciones concretas que obliguen a las autoridades regionales a implementar los

acuerdos en los territorios que es en donde se deben materializar las garantías para el trabajo de defensa de los derechos humanos.

Lo que nos muestra la realidad concreta es que, a pesar del Proceso y de los cambios institucionales y normativos que se han implementado, la situación de las defensoras y defensores, en lugar de mejorar, tiende a empeorar. 2012 fue el peor de los últimos cinco años en cuanto a agresiones: en total, 69 defensoras y defensores fueron asesinados el último año, la mayoría de ellos articulados a procesos de defensa del territorio o de exigibilidad en relación con los derechos reconocidos en la ley 14483 . Los ataques ocurren en su mayoría en zonas rurales, en ciudades intermedias en pequeñas poblaciones en donde se adelantan las luchas más intensas por los derechos humanos en Colombia y en donde el derecho a defender los derechos humanos está más desprotegido. Lo que evidencia esa situación es la gran debilidad del Proceso Nacional de Garantías, mientras no logre articular adecuadamente las exigencias regionales y mientras la voluntad política que se evidencia en el nivel nacional no se traduzca en acciones contundentes que obliguen al reconocimiento y protección de las defensores y defensores en el nivel más local y regional.

Por otro lado, es necesario depurar la larga lista de compromisos que han ido creciendo a lo largo de los casi cuatro años de diálogo. Definir unos pocos compromisos más estratégicos y con una agenda de cumplimiento precisa, puede dar un nuevo aire al Proceso. En ese sentido la evaluación que actualmente está en curso debe contribuir a replantear las metodologías de trabajo para asegurar discusiones más centradas en los temas estructurales y menos en la casuística. Avanzar en la discusión de estrategias para transformar los riesgos y en la concertación de un plan de trabajo en esa dirección que contemple acciones en las tres líneas de trabajo identificadas: prevención, protección e investigación.

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3 De acuerdo con los datos de Somos Defensores, en 2012, 120 organizaciones y 357 defensoras y defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de agresión que puso en riesgo sus vidas, si integridad o su libertad, constituyendo un obstáculo para el desarrollo de su legítima labor en favor de los derechos humanos. Programa Somos Defensores, El efecto Placebo, Bogotá, 2013, págs. 17 y sgts.

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3. Expectativas para el 2013

Conseguir resultados concretos en materia de garantías es, al mismo tiempo, la principal expectativa frente al Proceso y su mayor reto. Tras casi cuatro años de diálogo los resultados obtenidos si bien no son desdeñables, todavía son insuficientes. Se registran avances especialmente en la creación de una institucionalidad necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el desarrollo institucional no ha estado acompañado de la formulación e implementación de una política pública consistente que aborde de manera integral la cuestión de la prevención y protección de las violaciones y enfrente las causas estructurales del riesgo que implica la defensa de los derechos humanos en Colombia, lo cual trae como consecuencia la persistencia de los ataques.

En general, se identifican tres aspectos especialmente problemáticos en relación con el sistema de protección actual: i) Se enfoca en la atención de riesgos inminentes y no en la prevención y en la generación de garantías de no repetición; ii) Se centra en atender riesgos personales y descuida la protección para los colectivos, las comunidades y las organizaciones; y iii) Las medidas no garantizan la sostenibilidad del trabajo de las defensoras y defensores, ni de los procesos organizativos y comunitarios.

Parte del problema radica en una concepción limitada de la seguridad y la protección muy centrada en las personas que individualmente consideradas enfrentan una situación de riesgo derivada de su trabajo, y no en la provisión de garantías para que sea posible defender los derechos humanos sin por ello exponerse a represalias de ningún tipo. Visto desde la perspectiva de la

Foto Cortesía PNUD – Mesa de Garantías 2010

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defensa de los derechos humanos como un valor a proteger en sí mismo, resulta más claro que las medidas en materia de protección deben focalizar en la identificación y transformación de las vulnerabilidades que amenazan el ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos, más que en la implementación de esquemas para atender situaciones urgentes en las cuales la vida y la integridad ya están en inminente riesgo. Si bien, ese tipo de esquemas deben estar contemplados e implementarse de manera oportuna para evitar la consumación de las amenazas, centrarse en este tipo de medidas es a todas luces insuficiente e inadecuado desde el punto de vista de la garantía efectiva del derecho a defender los derechos humanos.

Por tanto, 2013 pone en el horizonte la expectativa de que el Proceso Nacional de Garantías, contribuya a la formulación de un plan integral de protección y garantías, que permita superar las falencias del sistema actual, que se centre más en la prevención y en la transformación de las causas del riesgo, así como en generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en un clima de respeto y reconocimiento social, de tal forma que no sea necesario recurrir a mecanismos de protección. De lo contrario, el Proceso corre el riesgo de convertirse en un espacio de denuncia permanente, intrascendente y sin impacto en la trasformación de la realidad que viven las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

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Por: Javier Marín R.Asociación MINGA

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Si hay una política que ponga en cuestión las intenciones de paz del gobierno es la denominada “reconstrucción y consolidación

territorial”, cuyos propósitos, instrumentos y métodos le definen un perfil claramente contrainsurgente, aunque intente encubrirse en su enfoque integral. Y no hay una región en donde converjan todos los factores del conflicto y de la solución política como la región del Catatumbo; una zona geoestratégica en donde se despliega esa disputa por los territorios, que caracteriza las tensiones entre la globalización del capital y los proyectos de vida locales.

La región del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, entró a hacer parte de la ‘vida nacional’ cuando en sus tierras fue descubierto el petróleo a comienzos del siglo pasado, el cual fue entregado finalmente a la Colpet a través de la Concesión Barco1 en 1931, luego de una serie de trampas y presiones que acomodaron la ley a los intereses del gobierno del Norte. Esta fue otra intervención económica en la que los cálculos dependieron de una estrategia militar, con la que se arrinconó al pueblo indígena Barí en las faldas de la serranía y se impuso la disciplina laboral.

En razón a su posición geográfica y los vastos y diversos recursos naturales que posee, la región está cruzada por distintos intereses nacionales y transnacionales, económicos y políticos, legales e ilegales, razón por la cual es una de las zonas en donde el conflicto armado que soporta el país ha tenido uno de sus puntos más críticos. Y para completar el panorama, desde finales de los años 90 en sus límites fronterizos compiten dos modelos sociopolíticos distintos, no sólo en términos de países vecinos sino de apuestas mundiales.

El Plan de Consolidación del Catatumbo pretende ordenar esta complejidad de intereses externos que han victimizado por siempre a la región, alrededor del modelo de desarrollo extractivista impulsado desde inicios de la década anterior, especialmente

en torno a los recursos energéticos, y teniendo como eje articulador la acción militar interinstitucional como está concebido dicho plan. En un documento publicado por la asociación Minga en el 20112 , ya caracterizábamos esta política a partir de su aplicación en Montes de María; ahora la idea es verlo en términos de las perspectivas planteadas para la región del Catatumbo.

1. El conflicto histórico en el Catatumbo

El Catatumbo es una de las tantas regiones de Colombia en donde la inequidad se testimonia como esa paradójica contradicción entre explotación intensiva de riquezas naturales y empobrecimiento de la población. Y es que después de casi 90 años del negocio petrolero, el Catatumbo sigue con un NBI muy por encima del promedio nacional. En los años 80 precisamente, el perenne abandono estatal es motivo para que la población impaciente exprese sus rabias y sus justos reclamos, cuyas movilizaciones sociales más significativas por su dinámica de articulación fueron el Paro del Nororiente en junio de 1987 y las Marchas Campesinas de Mayo del año siguiente, en las que se exigió el cumplimiento de los acuerdos pactados en las jornadas anteriores.

¿Qué demandaban los pliegos al gobierno nacional y departamental? : vías, puentes, escuelas con maestros, puestos de salud con personal médico, acueductos, alcantarillados, electrificación, créditos agrarios, asistencia técnica, infraestructura de riego, comercialización de sus productos,… las mismas necesidades de entonces, las mismas de ahora 30 años después.

Pero esta vez no hubo oídos sordos, la respuesta fue una sistemática represión que cobró la vida y el destierro de casi toda la dirigencia de estas manifestaciones de descontento, cuyas últimas expresiones se dieron hasta 1999, en las que la bandera principal era la condonación de las deudas con la Caja Agraria, reivindicación que en el

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1 El gobierno colombiano le entregó en concesión a la Colombian Petroleum o COLPET y a la South American Gulf Oil Company o SAGOC, subsidiarias de la Standard Oil Company de Estados Unidos, los derechos de apropiación de la riqueza petrolera del Catatumbo por un término de 40 años. En 1971 la huelga de los trabajadores respaldada por un paro cívico departamental, echa para atrás las pretensiones de prorrogar el contrato y los campos son asumidos por Ecopetrol, empresa que había surgido en 1948 en unos hechos similares que conllevaron a la anulación de la concesión De Mares en Barrancabermeja.

2 “Plan de consolidación de Montes de María: debilitamiento de la sociedad civil”. Asociación Minga. Bogotá, 2011.

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Magdalena medio se sumaba con la reversión de los campos petroleros de Sabana de Torres.

En esta década de los años 80 es cuando aparecen los grupos insurgentes en el Catatumbo: primero el ELN con el Frente Armando Cacua, un tiempo después las Farc con el Frente 33 Mariscal Sucre y luego el EPL con el Frente Libardo Mora Toro. Los diálogos parciales de paz que tuvieron lugar en los años siguientes, con la Corriente de Renovación Socialista -grupo que se escindió del ELN- y con el EPL, no generaron mayores traumatismos en el accionar regional del primero, pero sí en el segundo del cual se mantuvo una fracción que no se acogió a la desmovilización, cuyo acto público se realizó en Campo Giles, Tibú.

A pesar de la fuerte militarización y de las acciones de grupos de justicia privada que precedieron al paramilitarismo3 , la población catatumbera recobró su fortaleza y desplegó en los inicios de la década del 90 nuevamente su espíritu comunitario para tramar sus hilos organizativos en una diversidad

de asociaciones y redes regionales, como fueron las cooperativas y las tiendas comunitarias, los festivales del río, las casas de la cultura, el trabajo en derechos humanos, e inclusive la participación en las administraciones públicas que en esos años se hacía más posible con la elección popular de alcaldes.

Pero ya la llamada apertura económica y subsiguientemente el modelo neoliberal en pleno, había empezado a causar estragos en la economía campesina, creando una crisis social que se profundizaba aún más en la zona baja con la declinación de la producción petrolera. La importación de alimentos y el desmonte de la política de fomento de la producción agraria, tuvo sus impactos negativos en una región cuya cultura campesina había hecho del Catatumbo una despensa alimentaria que cubría demandas hasta Bogotá, Barranquilla y Venezuela.

En el marco de estas condiciones críticas aparece entonces el negocio de la coca en el bajo Catatumbo, que se expandió posteriormente en toda la región

Foto Asociación Minga

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3 En el Catatumbo hubo expresiones del MAS y otros grupos, como la Asociación de Amigos de Ocaña SAO.

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de la mano del paramilitarismo. Esta vendría a ser la tercera ola colonizadora que como una empresa transnacional, igual desfiguró el ambiente natural, el uso del suelo, la vocación agrícola de la gente y la economía tradicional de la región. Introdujo además prácticas que corrompieron la conciencia de los catatumberos, y con el dinero fluyendo de este negocio se cambiaron las perspectivas de sus necesidades en cuanto a la reclamación al Estado, -que en fin tampoco respondía. Con esta excusa el gobierno de Estados Unidos ampliaría su presencia militar en Colombia y el de éste en el Catatumbo, a través del Plan Colombia.

Fueron varios los intereses que confluyeron en este período que exacerbaron el conflicto armado en el Catatumbo terminando los años 90: la reacción de los poderes políticos regionales frente a un proceso social en ascenso que le disputaba su hegemonía en el territorio; las prospectivas energéticas que se plantearon sobre el Catatumbo, en cuanto a la reactivación del negocio petrolero, una gran reserva de carbón antracítico para sacarlo por medio de una mina a cielo abierto y el impulso al monocultivo de palma aceitera que se proyectaba entonces en 5.000 hectáreas; las operaciones antidrogas que combinaron intensas fumigaciones con descomunales campañas militares4, a pesar que el Catatumbo nunca sobrepasó las 10.000 hectáreas, que a lo sumo representaba el 5% del área nacional cultivada; la disputa por el control del negocio del narcotráfico entre los diferentes actores que estaban involucrados en cualquier nivel del proceso; y al final, el ingrediente que faltaba: el paramilitarismo. En 1999 irrumpen los grupos paramilitares al Catatumbo quienes entran por el municipio de Tibú, donde realizan varias masacres en la cabecera de éste y en el corregimiento de la Gabarra. Y como ocurrió en otras zonas del país, hicieron un largo recorrido desde el Cesar a Cúcuta y de allí a Tibú sin que los numerosos puntos de control del ejército y de la policía se percataran de la caravana de camiones

llenos de hombres armados que circularon en sus narices por las vías principales.

De esta manera los paramilitares avanzaban en su plan de trazar un corredor desde Urabá y Córdoba hasta el Catatumbo y Venezuela, y así ampliar los circuitos de su economía ilegal. Pero las pretensiones iban más allá de sus propias ambiciones y sirvió para una estrategia más integral: intervenir las señaladas por el Ministerio de Defensacomo zonas de retaguardia de la insurgencia,facilitar las inversiones de los grandes capitales en los meganegocios planteados en esta franjay proteger la infraestructura de este saqueo. (espacio de punto aparte)

En la publicación “Memoria, una puerta a la esperanza” (2007), se identificaron cuáles fueron los niveles de victimización que sufrió en particular esta zona baja del Catatumbo, como también el grado de impunidad que aún hoy tienen tales hechos. Los mayores niveles de victimización en el país, en el período 1996-2005, ocurrieron en los Montes de María y El Catatumbo, que produjeron en consecuencia los casos de despojo de tierras más significativos. De hecho, según un informe de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras en mayo de este año, los niveles más altos de reclamación de tierras se presentan en estas dos regiones.

La Ley de Justicia y Paz, que supuso una garantía para los derechos de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del paramilitarismo, no tuvo tal efecto en el caso de la desmovilización del Bloque Catatumbo, ocurrida el 10 de diciembre de 2004 en el corregimiento de Campo Dos, Tibú. De los 1427 desmovilizados del Bloque Catatumbo de las AUC, solo el 10% fueron sometidos a la Ley 975 o de Justicia y Paz. No hubo en las versiones libres la confesión de todos los hechos, el número de víctimas, las personas desaparecidas, las fosas comunes, las razones de su asesinato, el destino de sus cuerpos5.

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4 Según el “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato” -PECIG éstas se realizaron a un ritmo de 10.000 hectáreas por año entre el 2000 y el 2003, junto con operaciones militares que se denominaron Fortaleza, Diamante y Holocausto en sus versiones I, II y II. http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/03/pc/catatumbo_43.pdf.

5 Pérez, María Fernanda y otros. Memoria: puerta a la esperanza. Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra 1998-2005. CISCA, Asociación Minga, Progresar. Bogotá, 2007.

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2. Antecedentes del Plan de Consolidación

El precursor del Plan de Consolidación fueron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación establecidas en el primer período presidencial de Álvaro Uribe, para lo cual declaró el Estado de conmoción interior en agosto de 2002. Estas zonas “convulsionadas por el accionar de las organizaciones criminales” como refería el decreto 2929, fueron inicialmente: Arauca (tres municipios, de los siete que tiene este departamento) y Montes de María (24 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre). En el listado aparecía también el Catatumbo, pero la designación de nuevas zonas se detuvo por cuanto la Corte Constitucional declaró inexequibles tales decretos mediante la sentencia C-1024 de 2002. Los argumentos esenciales: el desplazamiento de la autoridad civil por parte de los militares, el otorgamiento de facultades de policía judicial a éstos y las evidentes violaciones a los derechos humanos.

Lo que estaba por implementarse era la denominada Recuperación Social del Territorio, concebida en el marco de la insigne Seguridad Democrática, y que revivió en el 2004 alrededor de un organismo denominado Centro para la Coordinación y la Acción Integral, CCAI. Se trata de “una coordinación interagencial que genera una interdependencia de las acciones sociales y militares y que ubica lo local como lo estratégico” (Acción Social, 2004). En concreto es una visión geopolítica de control territorial centrada en la población, a quien coloca como un instrumento de la estrategia contrainsurgente y legitimadora de las intervenciones económicas correspondientes al modelo de desarrollo imperante.

Tal enfoque interagencial no constituye una idea propia de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel

Santos, quien ha hecho parte del ordenamiento de la estrategia primero como ministro de defensa y ahora como presidente. Ya el Comando Sur de los Estados Unidos refería dicha concepción en un documento titulado “La Estrategia 2016 del USSOUTHCOM: Amistad y cooperación por las Américas”, y en el que señala el propósito de “convertirnos en una organización conjunta interagencial líder que apoya la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las Américas; (…) alrededor de una acción cívico-militar conjunta”. El propio documento de la antes Acción Social reconoce la participación del gobierno de EEUU en el diseño y operación del CCAI a través del Comando Sur y su embajada en Colombia.

Para el segundo período presidencial de Álvaro Uribe, todos los planes de control territorial ensayados se ordenan en la “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social” (DNP, 2007), en torno a dos ejes sustanciales: el fortalecimiento de la política de seguridad democrática y el desarrollo de la denominada Doctrina de Acción Integral. Sus principales bases las define así: “La DAI se constituirá en la principal herramienta para establecer principios y protocolos de coordinación operacional entre el esfuerzo militar y el social (…) La DAI dirige la consolidación del control territorial como el escenario en el que se ejerce plenamente la autoridad del estado (…) La DAI define la participación y responsabilidad de las instituciones, los gremios y la cooperación internacional a través del CCAI (…) La DAI creará las Compañías Móviles de Ingenieros quienes acompañaran el avance de las tropas ofreciendo soluciones a las comunidades que se van recuperando”.

La Directiva presidencial No. 01 de marzo del 2009 sintetizaría los avances de la recuperación social del territorio y proyectaría los elementos centrales

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de los actuales Planes de Consolidación Territorial en términos de un “salto estratégico”. De acuerdo a los diferentes “grados de consolidación” que requerirían “diferentes combinaciones de acciones militares y civiles”, la misma Directiva clasificó las áreas de intervención en: áreas de consolidación, áreas de transición y áreas complementarias. En ese año se ubicaron a Montes de María y bajo Cauca como de segundo orden y al Catatumbo y Arauca como complementarias; es decir, el corredor costa caribe – llanos que se había proyectado también en las anteriores Zonas de Rehabilitación.

La Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno de Juan Manuel Santos, en su artículo 195 indica que: “el direccionamiento estratégico de la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno Nacional determinará y revisará periódicamente las zonas de intervención, y creará y fortalecerá los mecanismos institucionales de gerencia y coordinación civil del orden nacional y regional para su implementación, aprovechando y fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR)”.

Los niveles de decisión de la política de consolidación territorial tienen un direccionamiento vertical de esta manera: el Consejo Nacional de Seguridad (define la dirección estratégica), el CCAI (mecanismo nacional de coordinación) y los Centros de Coordinación Regional (mecanismo territorial de coordinación). Contempla igualmente cuatro fases de implementación: alistamiento, recuperación, transición y estabilización.

3. El montaje del Plan en el Catatumbo

Con base en una revisión del Plan Nacional de Consolidación Territorial que hace el gobierno a mediados del 2011, se establecieron

acuerdos interinstitucionales sobre el concepto, la identificación y solución de las principales debilidades estructurales del proceso, y se definieron estrategias y planes de acción sectorial para la creación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT. Con ese propósito se requería “una entidad con capacidad técnica e institucional, que coordine y movilice la institucionalidad estatal, el sector privado y la cooperación internacional”. En consecuencia, en noviembre de ese año 2011, la presidencia expide el Decreto 4161 por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Este Plan renovado empieza a aplicarse en la región del Catatumbo a comienzos del año 2012 en su fase de alistamiento, focalizado en siete municipios: Tibú, El Tarra, San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen y Hacarí. Para tal fin se conforma la Gerencia Regional de Consolidación6 que tiene como tarea “elaborar los planes estratégicos y los planes de acción para el Catatumbo, en coordinación con las demás entidades competentes (…), y “promover la inclusión de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, y en las prioridades de inversión y metas de los gobiernos departamentales y municipales”.

Además del aparato administrativo, la política de consolidación y reconstrucción territorial para el Catatumbo cuenta ya con el Plan Estratégico y el Plan de Acción Regional, que tienen como base el programa “Fronteras para la Prosperidad” y el documento Conpes para el Catatumbo. El presupuesto en las áreas de infraestructura es de aproximadamente 2 billones de pesos, de los cuales sólo en infraestructura se invertirán un poco más de 1 billón 700 mil millones.

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6 La Gerencia Regional de Consolidación del Catatumbo se conformó de la siguiente manera: como gerente propiamente fue nombrada Margarita Silva, ex secretaria de gobierno departamental de Norte de Santander, quien fue reemplazada a finales del año anterior por Yamile Rojas Estupiñán, por sugerencia del Senador Juan Manuel Corzo. Los coordinadores militar y policial de esta Gerencia son el Mayor Javier Bolívar Nibia y el Mayor Jaime García, respectivamente.

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Foto Asociación Minga

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4. Caracterización del PNCT –Catatumbo

a. Un Plan militarizado: lo civil supeditado a lo militar

En particular, la fase del Plan en la cual se ha ubicado a la región del Catatumbo es la de la consolidación de la seguridad. De ello hablan los diagnósticos elaborados por los organismos militares de la región con base en el método de la semaforización aplicado a cada vereda de los siete municipios focalizados, en donde el resultado general fue rojo7 . En consecuencia, la militarización ha sido la prioridad del Plan, por lo que se ha instalado en Tibú la Fuerza de Tarea “Vulcano”, con dos brigadas móviles y una territorial y cuya meta es tener a su disposición cerca de 10.000 efectivos8 . Esta nueva unidad operativa también implica la presencia de nuevas fuerzas, como la marina, quien ya empieza a patrullar el río Catatumbo en los botes artillados tipo “pirañas”.

El Plan Regional contempla además la construcción de nuevas bases militares, como la que está por terminarse en Campo Dos (Tibú), y la creación de dos nuevos puestos de Policía, uno en San Pablo (Teorama) y otro en Pachelly (Tibú).

En la región las actividades cívico-militares se realizan desde años anteriores, pero ahora en el marco del plan estratégico son más sistemáticas. El trabajo social tiene prioridad en sectores específicos de la población, como los jóvenes, los niños y los indígenas. Y como ocurre en Montes de María o la Macarena, donde se aplica la política de consolidación, en el Catatumbo ahora se está haciendo común ver a los militares realizando obras civiles. (punto aparte)

En una actividad con un grupo de víctimas de la Gabarra, un dirigente comunal explicaba que “la comunidad aquí no quiere explotación de carbón porque eso no va a traer ningún beneficio para la gente, como ha pasado con el petróleo”, a lo que otro le contestó “pero el General Tamayo (Brigadier General Marcolino Tamayo, comandante de la FT Vulcano) nos prometió en una reunión, que la pavimentación de la carretera Tibú-La Gabarra iba a ser una realidad en las manos de ellos muy pronto”. De hecho, el Ejército tiene unos convenios con Ecopetrol para pavimentar la vía refinería-La Cuatro, así como la construcción de dos puentes en la vía a Cúcuta, por cerca de 30.000 millones de pesos.

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7 La clasificación se hace según la fase de consolidación en las áreas microfocalizadas identificándolas en el método de semaforización como: Recuperación (rojas), Transición (amarillas) y Estabilización (verdes). Cada una de estas valoraciones se hace con base en unos indicadores específicos. De acuerdo a los resultados globales se aplica un tratamiento distinto a la región en la manera como se combinan las acciones militares y civiles.

8 En El Catatumbo se conformó la Brigada XXX a mediados de la década anterior que coordina varias unidades militares, entre ellas el Batallón Vial Energético, y además se encuentra la Brigada Móvil No. 21, luego de la desestructuración de la No. 15, comprometida en las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en la región entre el 2007 y el 2008.

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b. Un Plan centralizado: la suplantación de la institucionalidad local

A pesar que la Constitución del 91 mandató la descentralización de los territorios, lo que ha ocurrido en la región del Catatumbo es totalmente lo contrario. Las administraciones locales y las comunidades no deciden hace rato sobre el manejo del orden público, los cultivos de uso ilícito, ni la explotación de los recursos naturales. Tampoco lo hacen sobre los programas sociales que fueron centralizados en la Acción Social y ahora en el Departamento para la Prosperidad. Y las políticas de privatización han conducido a que el patrimonio y los servicios de electricidad, agua potable, saneamiento básico, educación y salud sean del resorte de unos operadores ‘especializados’ que también coordinan desde fuera de la región.

¿Qué se gobierna entonces?

El Plan llega por lo tanto es a consolidar la centralización que viven ya las comunidades del Catatumbo de tiempo atrás. El Consejo de Seguridad Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación definen en primera instancia el Plan de Acción para el Catatumbo que articula todas las entidades y programas, públicos y privados, en función de la estrategia contrainsurgente y el Plan Nacional de Desarrollo, tal como lo estipula el decreto que lo instituye. En aras de una coordinación interagencial, se crea entonces una institucionalidad paralela totalmente centralizada.

Ninguno de los componentes del plan ha sido diseñado con la participación de los actores locales, institucionales y sociales; ni los grandes proyectos de inversión en la minería, la energía y la agroindustria, ni los denominados proyectos productivos. Las comunidades no han decidido sobre los asuntos sociales que menciona el Plan, en lo agrario, la infraestructura, la salud o la educación, mucho menos en lo del levantamiento de la reserva forestal o la titulación de predios. Por qué, dónde, qué, cómo, quiénes, cuánto, son preguntas comunes en la población catatumbera y sus asociaciones.

Los intentos de socialización del Plan de Consolidación han sido muy mínimos, tanto en su número como en su composición, en la medida que se quedan a nivel de algunos miembros de las administraciones y los concejos. Aún así, estos pocos afortunados no logran comprender el sentido estratégico e integral de esa política y se amarran en aspectos puntuales, en ciertos casos con beneficios personales, económicos o electorales.

La falta de participación efectiva de las comunidades del Catatumbo ha constituido un nuevo factor de rompimiento del tejido social. No sólo porque la “concertación” se hace de manera selectiva y no con el conjunto de la población, desconociendo las organizaciones naturales; es que el Plan –el gobierno nacional- se apropia de esta manera de propuestas planteadas en movilizaciones anteriores9 que generan confusión y división en las comunidades.

Foto Asociación Minga

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9 Desde El Paro del Nororiente en junio de 1987 y las marchas de mayo en 1988, hasta el Plan de Desarrollo del Catatumbo acordado en las marchas cocaleras de 1998, el Encuentro Regional del 2004 que le dio vida al CISCA, o los Encuentros Comunitarios como el que se realizó en Teorama en el 2006, el Encuentro sobre cultivos ilícitos y el Encuentro de Alcaldes, Concejales y Líderes Sociales del Catatumbo, en Ocaña, en el 2007, y la audiencia Regional sobre Recursos energéticos, se han trazado líneas de programas alternativos para resolver las diferentes problemáticas de la región y que integran el Plan de Vida como proyecto comunitario de la región.

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c. Un Plan para la gran empresa

Los anuncios a mediados de los años 90 acerca de las grandes perspectivas de explotación económica en el Catatumbo, hoy ya son una realidad. Nuevamente hay una dinámica petrolera en el bajo Catatumbo con planes de abrir 200 pozos en miras a confirmar las exploraciones sísmicas adelantadas en estos años, y a recuperar por el método de producción incremental los residuos de hidrocarburos de los pozos abandonados10 . En Tibú han llegado empresas como la Serinko Drilling para la perforación, la Corinto para redes o l Petrosoles que hace mantenimiento. En infraestructura petrolera, está el nuevo oleoducto de crudos pesados llamado Oleoducto Bicentenario.

Sobre el yacimiento de carbón Catatumbo-Sardinata-Tibú, con reservas medidas de 300 millones de toneladas, se asignaron en el 2007 ocho lotes mineros con una extensión de 108.000 hectáreas en la zona de Río de Oro, al norte del Catatumbo en la frontera con Venezuela. En estas licitaciones presentaron pliegos varias empresas formadas para la ocasión11 , algunas relacionadas con políticos que conocían de antemano la existencia de tales proyectos, y otros

que son empresas “junior” de las grandes empresas transnacionales que merodean en el futuro negocio.Y en el tema de la palma, las metas se sobrepasaron a cerca de 18.000 hectáreas, de las cuales hay 14.500 en producción (PCI, 2011). En el modelo de alianzas productivas impulsado inicialmente, se crearon una docena de asociaciones de pequeños productores, agrupados en Asogpados, Asopalcat, Asopatibú y Asovictoria, algunas de las cuales tienen derivaciones distinguidas por números12 . Pero ahora sucede que las empresas han empezado con la compra directa de las tierras13 , y por lo tanto, contratan al campesinado por medio de las cooperativas de trabajo asociado, para lo cual se montó una en Tibú llamada “Humanitas”, o se vinculan por medio de una bolsa de empleo de Barranquilla llamada “Meisa”.

Para completar el circuito productivo de la palma aceitera, se encuentra en construcción una planta extractora de aceite en la vereda Llano Grande, del corregimiento de Campo Dos, sobre la vía Tibú-Cúcuta, en la que se invierten capitales privados y públicos. Este aceite va luego a las refinadoras de Barranquilla productoras de grasas comestibles y a la planta de biodisel ubicada en Codazi, Cesar.

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10 El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), German Arce, informó que en el 2012 las reservas aumentaron 5,22 por ciento, al llegar a 2.377 millones de barriles. El área del país que más volumen aportó al aumento neto de 118 millones de barriles durante el 2012 fue la del Catatumbo, que abarca el departamento de Norte de Santander, con 31 millones de barriles (115 por ciento más), seguida de los Llanos Orientales (avance del dos por ciento). El Tiempo, 4 de junio de 2013.

11 Se trata de las empresas Sopromin, Promexco, Prominorte, La Esmeralda, Río de Oro, Multi inversiones Mineras, Carbo Fuels and Minerals y Geophising.

12 El exministro Carlos Murgas impulsó el cultivo de palma aceitera desde la desmovilización de los paramilitares en el 2004, a través de la Promotora Hacienda Las Flores, la que facilita los créditos, los insumos, la asistencia técnica y la comercialización a los pequeños productores asociados. Igual que lo hace en otras regiones del país, como en Montes de María, el Cesar y Magdalena.

13 La empresa Palmas Catatumbo ha comprado entre 3000 y 5000 hectáreas de tierra en Campo Dos, Campo Tres y Caño Victoria sur, al igual que Bioagroindustrial, en cerca de 17 veredas.

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El Plan de Acción busca también comprometer a los campesinos y campesinas como pequeños empresarios en otros tipos de cultivos, que hacen parte de las cadenas productivas vinculadas al mercado nacional e internacional. Allí encontramos por lo tanto programas que promueven las siembras de cacao clonado, café, caña de azúcar, frutales y maderables (teca, eucalipto, melina y acacia), así como la ganadería y la piscicultura.

Junto con el desarrollo de estas tres grandes intervenciones económicas, hay también un aprestamiento en infraestructura de grandes proporciones que anexaría al Catatumbo a la matriz de explotación minera y energética existente entre el Magdalena medio y el Caribe14 . El Plan de Consolidación hace referencia a la Transversal del Catatumbo15 como el principal eje estructurador de la integración del Catatumbo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, proyecto que se clasificó este año como vía primaria y que ya ha avanzado en sus primeros 20 kilómetros sobre la ruta Tibú-Tarra. En materia de transporte se ha ubicado además en el Conpes y el Plan de Acción complementar la conexión de la economía del Catatumbo con el sistema multimodal de la Costa Caribe a través de una vía férrea16 -aún sin un trazado definido-, y la posibilidad de hacer del río Catatumbo una ruta fluvial con salida también al Caribe por territorio venezolano.

Para mover estas actividades económicas de gran escala, avanza el programa de electrificación, que para la población de la región tiene una cobertura de tan solo un 60% aproximadamente, inferior al promedio departamental y nacional. Conjuntamente el Plan proyecta la construcción de una represa multipropósito sobre el río Catatumbo.

Otra de las adecuaciones de la región para el modelo de desarrollo que impulsa el Plan de Consolidación, lo constituyen los programas de titulación de predios y el realinderamiento de la zona de reserva forestal, asunto en el que los indígenas Barí y el CISCA no consideran conveniente para la defensa del territorio.

CONCLUSIONES

1. La reconstrucción del territorio debe hacerse desde las visiones y prácticas de las comunidades originales del Catatumbo, sin desconocer sus reivindicaciones históricas que consignaron en tantos pliegos inicialmente y ahora en Planes de Vida, como lo está trabajando el CISCA. Este nuevo proceso de integración en el que se remiendan los tejidos rotos y se traman otros nuevos, articulando sectores sociales, recursos e institucionalidad local en torno a proyectos comunes, no puede ser desconocido. Ni mucho menos reprimido, desde la constante estigmatización de la que ha sido objeto la región para justificar el tratamiento militar a sus reclamaciones. Pero el Plan de Consolidación está concebido para repetir las políticas del Estado que una y otra vez han fracasado, si se miran desde los propósitos de la paz y el desarrollo para la gente.

2. Es un contrasentido que un plan de desarrollo para sacar al Catatumbo de la marginalidad y la violencia, esté inscrito en una estrategia de seguridad y en manos de un actor del conflicto armado cuya imagen está muy deteriorada por sus responsabilidades en la crítica situación de derechos humanos de la región. No es una extravagancia política plantear en el marco de los diálogos de paz la revisión de la política de seguridad nacional por parte de la sociedad civil, y especialmente de las organizaciones sociales disidentes de las políticas oficiales, quienes han sido perseguidas a cuento de una doctrina militar que las señala como infiltradas y las trata como un enemigo interno. Pero por el contrario, esa doctrina se ha remozado con el Plan de Consolidación y desde ahí se ordena el desarrollo. Cualquier proyecto de vida que se piense para el Catatumbo debe desmarcarse de una perspectiva castrense.

3. El punto de quiebre, por lo tanto, de la política de reconstrucción y consolidación territorial como la llama ahora el actual gobierno, está en el problema de la participación. Esos principios del ordenamiento constitucional como que la soberanía reside en el pueblo, o los de la descentralización

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14 La matriz energética está compuesta por explotación de hicrocarburos, carbón y palama aceitera, junto con oleoductos, gasoductos, autopistas y la red de ferrocarriles y puertos.15 La Transversal del Catatumbo tendría 309 kilómetros de longitud y consiste en la adecuación de varias vías secundarias sobre el trayecto Cúcuta-El Zulia-Astilleros-Tibú-El Tarra-Convención-La Mata-La Gloria, donde se conecta finalmente con la Ruta del Sol (Conpes Catatumbo)16 Facilita la articulación del Departamento Norte de Santander con la Ruta del Sol, con el rio Magdalena, y con el Sistema Ferroviario de la Costa SFRC, e integra al Catatumbo con la zona norte de alta importancia para el país (Líneas estratégicas del Conpes Catatumbo)

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territorial y la democracia participativa, no

sostienen la política de consolidación. En el

Catatumbo existen prácticas comunitarias de

participación, decisión y realización que no son

reconocidas como interlocutoras por parte de

los actores que intervienen en la región. En el

espíritu descentralizador de la carta constitucional

que reconoce la diversidad que somos, se precisa

garantizar todas las condiciones que permitan

la gobernabilidad de la región por parte de sus

actores originarios, fortaleciendo la capacidad

administrativa local representada en su tejido

social y su institucionalidad política.

4. Importante considerar los criterios que el CISCA

está elaborando en relación a participar en el impulso

de las obras de impacto social directo en la región

y que han hecho parte de sus históricas apuestas

comunitarias. En primer lugar, que las inversiones

sociales sean identificadas por las comunidades en

amplios procesos participativos; que la ejecución de

tales programas esté en manos de las Asociaciones

de Juntas y las administraciones locales; que

no haya intervención de ningún tipo por parte

de las Fuerzas Militares; que haya una veeduría

comunitaria a la ejecución técnica y presupuestal

de tales programas; y que se reivindiquen en las

obras la identidad y la memoria de la vida de la

región.

Implantar una coordinación interinstitucional

amarrada desde el gobierno central, con una

población cuyas potencialidades sociales y

políticas para generar proyectos propios de región

han sido desarticuladas de manera violenta, no es

precisamente un plan de consolidación sino de

intervención. Todo indica que la población del

Catatumbo se verá abocada a una nueva etapa de

colonización agresiva, con el propósito de hacer

una explotación integral e intensiva de sus recursos

naturales y de su posición geográfica.

Foto Asociación Minga

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Por: Equipo Jurídico Pueblos y la colaboración del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.

reprime movimientos sociales en ColombiaLey de Seguridad

Ciudadana

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Durante el gobierno de Turbay Ayala, en ejercicio de las atribuciones especiales que le confería la constitución de 1886, y

en virtud del decreto 2131 de 1976, por medio del cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, se expidió el decreto No. 1923 de septiembre 26 de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad Nacional.

Esta norma introdujo disposiciones que en su momento fueron abiertamente cuestionadas. Por ejemplo, el desproporcionado aumento de la pena del delito de rebelión de ocho a catorce años incrementando el mínimo en 16 veces y el máximo en tres veces y media; o la modificación de la prisión al “presidio”; pero una de las medidas que más llamó la atención fue la asumida para criminalizar las numerosas marchas que –al igual que ahora- se desarrollaban en diversos puntos de la geografía nacional. El artículo séptimo del Estatuto de Turbay establecía: “se impondrá arresto inconmutable hasta por un año a quien o quienes… ocupen transitoriamente lugares públicos o abiertos al público, u oficinas de entidades públicas o privadas, con el fin de presionar una decisión de autoridades legítimas, o de exhortar a la ciudadanía a la rebelión” igual castigo era previsto para otro tipo de conductas como “Incitar a quebrantar la ley o a desobedecer a las autoridades o desatiendan orden legítima de autoridad competente”.

Como un calco del Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala, la ley 1453 del 2011 llamada eufemísticamente como “Ley de “Seguridad Ciudadana” sancionada por Juan Manuel Santos el 24 de junio de 2011, altera más de 100 artículos y modifica cuatro leyes a la vez. Según el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dicha ley pretende “luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo”, aumentar la efectividad del procedimiento penal, de la extinción del dominio y de la responsabilidad penal juvenil, y “vincular a la comunidad en la prevención del delito”. En la exposición de motivos se expresa:

“…El terrorismo y la criminalidad organizada son fenómenos que afectan gravemente la paz y la seguridad pública, convirtiéndose en medios para minar las bases del Estado de derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; razón por la cual, estos graves atentados contra la ciudadanía deben prevenirse y atacarse de manera decidida y ejemplar…

Para lograr estos objetivos, en esta ley se han incorporado medidas orientadas a la protección de las garantías ciudadanas con base en el marco legal existente, buscándose cumplir con cuatro objetivos: (i) eliminar la impunidad; (ii) luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo; (iii) aumentar la efectividad del procedimiento penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil; y (iv) vincular a la comunidad en la prevención del delito, sin poner en peligro la integridad de sus miembros, ni afectar sus derechos fundamentales…”

En síntesis, esta norma modifica la pena de algunos delitos como el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de 128 a 360 meses; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos de 11 a 15 años; daños en los recursos naturales de 48 a 108 meses; tráfico de niños y adolescentes de 30 a 60 años y comercialización de autopartes hurtadas entre 4 y 12 años, entre otros.

Del Procedimiento Penal se introducen modificaciones como el aumento de la vigencia máxima de la orden de captura que ahora es de un año; la posibilidad de realizar allanamientos durante las 24 horas del día no permitidas antes en la noche. Gracias a la “ley de seguridad ciudadana” existirán órdenes de seguimiento y registro con vigencia permanente. Se amplió a 90 días el término máximo que tiene la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión; se aplicará la flagrancia, cuando la persona que comete el delito quede registrada en un video o esté en un vehículo en el que se acaba de cometer el ilícito y se prevé un proceso simplificado para la persona requerida en extradición.

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La norma modificó el Código de Infancia y Adolescencia, y con su vigencia, se le permite a los Comandantes de Estación cerrar establecimientos destinados al consumo de bebidas alcohólicas donde encuentren menores de edad; pero más allá, los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos agravados como, homicidio doloso, secuestro o extorsión podrán recibir penas que alcanzarían hasta 8 años en centros de atención especializada.

El aumento de penas, la creación de tipos penales y en especial el endurecimiento de aquellas conductas penales cuya pretensión es la criminalización de la protesta social, al igual que en el “Estatuto de Seguridad Nacional”, constituyen uno de los principales cambio de la “Ley de Seguridad Ciudadana”. Los siguientes son sólo algunos ejemplos:

En el artículo 43 de la Ley 1453 del 2011 se lee lo siguiente: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años”, disposición que sin duda va dirigida fundamentalmente a criminalizar y judicializar a quienes, en una acción derivada de una protesta social, actúen en defensa propia contra los desmanes del ESMAD; lo cual resulta más preocupante si se tiene en cuenta la praxis de la Fiscalía cuando se trata de reprimir el movimiento estudiantil y social, en la que ha llegado al extremo de solicitar medida de aseguramiento por presuntos actos de “violencia moral” contra servidores públicos, calificando de esta forma los insultos o arengas fuertes que se lanzan por jóvenes universitarios contra miembros de la policía en el marco de una protesta. Así pues, fácil resulta inferir que la tendencia será al aumento de procesos y medidas restrictivas de la libertad por este delito, lo que a la par podría generar que la fuerza pública actúe con mayor arbitrariedad e impunidad.

En el artículo 44 de la Ley de Seguridad Ciudadana se lee: “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Parágrafo: Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”.

Complemento de éste, el artículo 45 prevé: “perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinado al transporte público colectivo o vehículo oficial, incurrirá en una prisión de 4 a 8 años y una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Sobre este punto, vale destacar en primer lugar que en Colombia la gran mayoría de las marchas, manifestaciones, mítines o concentraciones se desarrollan sin permiso de autoridad alguna, pues por una parte, constituye un derecho ciudadano el ejercer el derecho a la protesta y, por otra, éstas se desarrollan como resultado de situaciones de indignación espontánea imposibles de prever, como un corte de energía eléctrica o la falta de recolección de basuras, etc. Partiendo de esta realidad, es posible plantear que el citado tipo penal pretende prohibir que los colombianos acudan a medidas históricas y legítimas para expresar el inconformismo social; han sido las calles, las vías públicas, los lugares tradicionales donde el pueblo se ha expresado, luego su redacción tiene un tinte estrictamente tiránico,

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propio de las dictaduras, decretando una especie de “toque de queda permanente” en la medida que reprime duramente a los escenarios desde donde los movimientos sociales ejercen presión para ser escuchados en sus demandas justas.

Artículo 10: “Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. La pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 134 a 750 salarios mínimos mensuales vigentes, cuando la conducta se realice con fines terroristas o contra miembros de la fuerza pública.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el objeto lanzado corresponda a artefactos explosivos, elementos incendiarios, o sustancias químicas que pongan en riesgo la vida, la integridad personal o los bienes.”

Además del aumento de pena por este delito, resulta evidente la ambigüedad contenida en el inciso segundo del artículo, que podría conllevar a que a criterio del ente acusador o de la autoridad

policial, puedan ser considerados como riesgosos o peligrosos objetos que no sean incendiarios, explosivos o químicos.

Cuando se debatió la ley 906 que implementaba en Colombia el sistema penal acusatorio se afirmó mediáticamente que la duración del proceso penal se disminuiría ostensiblemente; sin embargo, con la Ley de Seguridad Ciudadana se prolongaron los términos de investigación, pero además los jueces de garantías ya están negando la libertad por vencimientos de términos por hechos judicializados antes del 24 de junio de 2011, aplicando la “ley de seguridad ciudadana”; situación que conculca derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso, además del principio de legalidad.

El texto de esta ley, además de ser abiertamente represivo, continúa con la tendencia “peligrosista” al imponer en el artículo 28 modificatorio del artículo 68 A de la ley 906 la exclusión de los beneficios y subrogados penales para aquellas

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personas que hayan sido condenadas por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores; conservando la tendencia de considerar la restricción de la libertad como regla general y no como excepción.

Se evidencia que la verdadera intención de esta ley aprobada por los legisladores de “la unidad nacional” es la de inmovilizar la protesta social en Colombia. En el contexto y panorama nacional, es claro que el gobierno de Santos, mientras lavaba la imagen de su antecesor ante la comunidad internacional mediante la promulgación de las deficientes leyes de víctimas y tierras, se la jugó en el escenario del Congreso de la república donde históricamente se ha reprimido a los sectores populares.

La Ley de Seguridad Ciudadana forma parte de un conjunto de normas ya aprobadas o en discusión que buscan continuar con la implementación de medidas económicas que favorecen al gran capital, acumulado que comprende –entre otras- la ley de inteligencia la cual pretende blindar escándalos futuros como las chuzadas del D.A.S; o la denominada “Ley Lleras” que no fue más que un compromiso previo para la aprobación del TLC con Estados Unidos y regular así la responsabilidad por infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet, además de endurecer penas, todo en detrimento de las aspiraciones de movimientos anticapitalistas que propugnan por un software libre y la libertad de Internet. Dicha Ley fue tumbada a principios de 2013 por la Corte Constitucional al considerarla inexequible, tras la aprobación exprés en el Congreso, que tuvo lugar en el marco de la Cumbre de las Américas de Cartagena, en donde se aprobó el TLC con los Estados Unidos.

El gobierno de Santos está transformado la estructura del Estado a favor de los intereses del capital trasnacional. La aprobación de la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo o la ley que modifica en su totalidad la educación superior en Colombia aumentará el rechazo de grandes sectores sociales acentuándose la protesta social; por este motivo, la Ley de Seguridad Ciudadana, sumado al anuncio del gobierno nacional de construir nuevos centros carcelarios, buscan dotar a la clase detentadora del poder de herramientas legales para reprimir el descontento social generalizado.

Como se observa, la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos en nada se diferencia del cuestionado Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay; época en que aumentaron considerablemente los presos políticos, la desaparición forzada y la tortura de luchadores y luchadoras populares; por lo que se prevé, en los próximos años se acrecentarán el número de capturas masivas e indiscriminadas de campesinos, ambientalistas, pobladores urbanos que protestan por el pésimo servicio de los transportes masivos, estudiantes y, en general, todo movimiento de protesta social.

Ante las medidas represivas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana se requiere, -como ocurrió en 1978 y años siguientes de dictadura de Turbay-, del fortalecimiento de las organizaciones populares; si la pretensión es prohibir que el pueblo se movilice, la respuesta será aumentar la toma de los espacios públicos, salir a las calles, a las vías nacionales; si es el caso, atiborrar el aparato de justicia de tal manera que se evidencie que detrás del pregonado gobierno que dice respetar los derechos humanos se esconden verdaderas medidas que penalizan el inconformismo social.

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Luego de un largo y arduo camino solo queda agradecer a la vida y a la gente que nos ha hecho

lo que somos, una organización defensora de los derechos humanos que con dignidad y voz

fuerte sigue y seguirá hablando por los que no tienen voz.

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Por Gustavo Ulcué CampoPrograma Somos Defensores

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Colombia atraviesa por el auge de la explotación de recursos naturales. Con la llamada locomotora minera promovida por

el presidente Juan Manuel Santos, se ha llevado a que la dinámica de solicitudes para la explotación minera haya crecido de manera exponencial. Pareciera que hay una competencia por la acumulación de títulos para dicha explotación. Lo anterior se puede ejemplificar actualmente en el departamento del Chocó, donde se están tramitando solicitudes que alcanzan un área de 2´738.108 hectáreas, equivalentes al 59% de este departamento, lo que evidencia la magnitud de la actividad minera que potencialmente se realizaría en el corto plazo. (Minería Estrategias del despojo en elos pueblos indígenas del Chocó. Asociación OREWA. 2011).

De igual modo se evidencia una enorme cantidad de personas particulares o de empresas fachada, sin grandes capacidades económicas o técnicas, que buscan adquirir los derechos de explotación sobre un terreno que potencialmente sería de interés, y por lo tanto aumentaría su valor, siendo candidatos a una posible compra por parte de una empresa minera de gran tamaño.

El crecimiento de las solicitudes de títulos mineros en el Chocó se encuentra representado en diferentes grupos de solicitantes y titulares, con características y comportamientos particulares. El primero y más notorio, es el de empresas mineras, compuestas por sociedades anónimas, compañías limitadas, empresas nacionales, regionales o multinacionales; el segundo grupo, son asociaciones con la sigla S.O.M., Sociedades Ordinarias de Minas; el tercer grupo lo constituyen las asociaciones y cooperativas, las cuales tienen un perfil asociativo a nivel local, con el fin de explotación artesanal, o semi-artesanal de yacimientos mineros; el cuatro es el de los Concejos Comunitarios, que aunque son una figuras étnico-territoriales, han tenido un papel importante en la posesión y solicitud de títulos mineros en el pacífico colombiano; el quinto y último grupo es el de personas naturales, según el catastro minero este grupo se ha vuelto el más numeroso sobre todo en la región del pacífico colombiano.

De igual manera, se evidencia que para el caso del Chocó, los registros muestran importantes concentraciones de solicitudes en unas pocas personas, entre las que sobresale, George Juilland, quien pertenece al Grupo Empresarial Juilland, de capital británico y además, hace parte la junta directiva de varias de las pequeñas empresas que tienen múltiples solicitudes para explotación de oro, cobre y otros metales en el departamento, siendo cabeza de uno de los mayores grupos de empresas que operan en este departamento.

Impactos

Mucho se ha hablado y debatido sobre los impactos de la mega minería o minería a cielo abierto. La llegada de las empresas mineras nacionales y multinacionales como la Anglogold Ashanti ha generado un fuerte rechazo por parte de las organizaciones sociales y asociaciones de pequeños mineros. Se han creado movimientos y resistencias contra la mega minera y las multinacionales, cuyo fin es impedir que la explotación de los recursos naturales sea realizada por empresas multinacionales o nacionales con capital transnacional. Si bien la lucha contra la mega minera tiene un punto de encuentro entre las diferentes organizaciones, procesos y pequeños mineros, poco se ha hablado sobre la explotación de recursos naturales a manos de personas particulares, asociaciones, cooperativas y hasta consejos comunitarios y cabildos indígenas. Frente a la discusión de la pequeña y mediana

minera pareciera no haber punto de encuentro entre las diferentes organizaciones y procesos sociales de Colombia.

Parte de esos desencuentros se dan, por ejemplo frente a los

impactos ambientales. Si hoy comparamos dichos impactos ambientales de la pequeña minería con el de empresas mineras de carácter nacional o multinacional, vemos que la minería artesanal o en pequeña escala no llega ni al 6% de los

impactos producidos por las grandes empresas. La

pequeña minera pueden

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Foto Carlos A. Guevara

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llegar a explotar hasta 120 toneladas métricas de tierra por día, mientras que una multinacional minera como Minera Alumbrera Ltd., que desarrolla su actividad en el nororiente de la provincia de Catamarca - Perú, explota aproximadamente 3200 toneladas métricas de tierra por día.

Otra de las situaciones que tiene en debate a las organizaciones y sectores sociales es el crecimiento de las solicitudes de títulos mineros por parte de los consejos comunitarios y en algunos casos de cabildos indígenas. Si bien algunas organizaciones étnico-territoriales han tomado la postura de no practicar la minería en sus territorios, otras no han podido llegar a acuerdos debido a las grandes diferencias en las comunidades de base. Algunas de estas defienden la minera artesanal, otras la minería semi artesanal, y otras justifican que es una vocación ancestral como en el caso de las comunidades afrocolombianas. Pero mientras algunas comunidades o procesos de base toman estas posturas, otras han decidido no practicar ningún tipo de minería en sus territorios, generando así grandes discusiones internas en sus organizaciones. Los impactos sociales, económicos y ambientales que derivan de esta actividad, vienen aumentando la inestabilidad de los planes de vida o planes de desarrollo de las comunidades y sectores sociales. Así como la agudización del conflicto armado por la disputa de estos territorios ha generado desplazamientos, amenazas, asesinatos y despojo territorial.

Y ¿Donde está el Estado?

El Estado también juega un papel importante en el crecimiento del despojo territorial, en la medida que con la cantidad de títulos entregados en los

últimos años, ha permitido que en la extracción de los recursos mineros se sustente la violación de los derechos étnico-territoriales en territorios colectivos, creando contradicciones con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia y en los instrumentos internacionales que consagran y protegen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Existe fragilidad en las instituciones nacionales y regionales para aplicar las normas ambientales; por ejemplo las comunidades indígenas y afros del Chocó denuncian que la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO, en muchos casos, no aplica las normas, o se presentan vacíos en su regulación y seguimiento, sobre todo en las relacionadas a afectaciones ambientales. En algunos casos existen alianzas estratégicas entre actores de distinta índole para ejercer control social sobre las diferentes regiones y subregiones del pacífico colombiano, para así poder desarrollar los proyectos económicos que tienen planeados.

Otro ejemplo es el caso de la minería realizada en la cuenca del río Dagua en corregimiento de Zaragoza departamento del Valle del Cauca, donde no se ha visibilizado en a profundidad los impactos y afectaciones que esta actividad generó en dicho territorio. Este caso complejo tuvo numerosas afectaciones ambientales, sociales, económicas y en la salud de la población. Es importante hacer un análisis de los impactos, así como su respectiva visibilización para que no se repita en otros lugares o comunidades como: Aguas Claras, San Cipriano, Reposo, Bajo Calima, entre otros. Todos lugares turísticos del Valle del Cauca donde se están desarrollando actividades de exploración y explotación minera.

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A nivel nacional se han hecho más denuncias sobre el impacto que ha dejado la extracción a gran escala del carbón mineral con relación a la que se ha hecho con la extracción minera de oro, plata y zinc. En muchos casos se presenta mayor visibilización porque aparentemente, afecta de manera más directa a las personas en las zonas urbanas. Aunque las organizaciones étnico-territoriales y Organizaciones No GUbernamentales han hecho denuncias, es importante fortalecer el trabajo de incidencia y visibilización ante las entidades competentes.

¿Para donde vamos?

En este contexto podemos ver que la minería como se está dando es perjudicial para las comunidades y el medio ambiente, por lo mismo se convierte en un tema que permite unir a las organizaciones étnico-territoriales para denunciar, difundir y sensibilizar sobre los impactos de la minería en los territorios colectivos. Pero se hace importante articular espacios, agendas y movilizaciones, que generen mayores impactos en la opinión pública y fortalezca los procesos de resistencias. Estas iniciativas deben desarrollarse sobre puntos comunes, que identifiquen a los procesos de manera constante, para no perder el horizonte y exigir los derechos como pueblos y procesos colectivos.

Las organizaciones y procesos étnico-territoriales del pacífico colombiano plantean que es importante buscar propuestas y alternativas de desarrollo integral desde las dinámicas y cosmovisiones de los pueblos. En esa medida desarrollar proyectos

productivos con ayuda de organizaciones y agencias solidarias y exigir al gobierno que apoye las propuestas y proyectos de las comunidades, garantizando la protección y el uso sostenible de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta que en muchos territorios colectivos todavía no ha llegado la minería, es importante que estas comunidades se puedan preparar anticipadamente para afrontar las situaciones que afectarán sus territorios. Lo anterior teniendo en cuenta que varias comunidades no están cerrando los espacios para desarrollar actividades mineras; pero lo que si se requiere es que estas actividades se hagan con el aval y el consentimiento de todas las comunidades. De igual modo evitar la vinculación de las comunidades a las actividades de minería a gran escala, promovidas por las empresas nacionales y multinacionales.

Finalmente muchas de las organizaciones étnico-territoriales del Pacífico Colombiano han planteado que es importante unirse para defender y luchar por los territorios colectivos ante la llegada de los grandes monstruos de las empresas multinacionales mineras. Eso nos da un valor seguro y de confiabilidad para la defensa de derechos territoriales. Por lo tanto se deben generar más compromisos y ser más conscientes, para no entregar los territorios a las empresas nacionales y multinacionales. Así mismo, no se debe permitir que los líderes sean coptados por las estrategias del modelo económico extractivo en el cual lo único importante es alcanzar los intereses personales, avasallando los colectivos.

Foto Carlos A. Guevara – Programa Somos Defensores

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Por Sonia Fernanda CifuentesComunicaciones - Asociación Minga

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Quinientos dieciocho kilómetros separan las capitales de dos departamentos colombianos asediados desde siempre por

la violencia: Santander y Meta. Es allí donde se sitúan las historias de dos mujeres valientes, quienes a pesar de vivir lejos la una de la otra, comparten el trabajar día a día en la defensa de los derechos humanos, dando todo de sí y enfrentándose con arrojo a las dificultades que esta labor trae consigo. Islena Rey y Carolina Rubio son las protagonistas de estas páginas dedicadas a la memoria, pues sus historias reflejan las de otros y otras que han sido víctimas de la amenaza latente que acompaña la labor encaminada a la defensa por la vida de los demás, en un país donde esto significa arriesgar la vida propia.

Cuando ceder es más terrible que la muerte

El tercer sábado de octubre de 2009, siete personas acompañaron el habitual trasegar por el territorio llanero que Islena Rey realiza desde hace más de veinte años cuando inició su trabajo en el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta (CCDHM). La comunidad de Puerto Toledo, jurisdicción de Puerto Rico- Meta, como estaba acostumbrada a hacerlo, solicitó la presencia de esta mujer cuyo rostro amable contrasta con la fuerza de sus palabras, para denunciar los daños nunca reparados en las vías del municipio, producto de la

construcción del alcantarillado a cargo del Batallón militar de Ingenieros No. 7 “General Carlos Albán Estupiñan”.

Islena, única sobreviviente del exterminio alos integrantes del CCDHM,sintió que algo extraño acompañaba sus pasos ese sábado 17. Pero ocupada, no prestó atención a señal alguna. No lo hizo cuando se percatóde la desaparición de los militares que horas antes habían hecho presencia en el territorio.Tampoco, cuando regresaba en una lancha con sus compañeros de viaje y un joven les pidió auxilio desde la rivera. Fueron las balas que recibió minutos después las encargadas de despejar toda duda.

No era esta la primera vez que Islena Rey se encontraba asediada por la cercanía de la muerte. Ya antes la había tocado, como en 1995 cuandovio como sus compañeros eran asesinados unos tras otros, y buscando resguardo ante las amenazas constantes a su vida se desplazó contra su voluntad de la “tierra prometida”, como denomina al Meta. En esa ocasiónfuela terquedad, su mayor cualidad, la que la obligó a regresar en poco tiempo y enfrentar, a pesar del miedo, las amenazas.

Igual sucedió en el 2005 cuando en tres ocasiones distintas su vida estuvo en vilo. En la primera de ellas,fue víctima de la persecución por un grupo

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de paramilitares que luego de apuntarle con sus armas, le dieron corto tiempo para abandonar el territorio al que, según ellos,necesitaba permiso de entrada. La segunda, cuando fueron capturados dos sicarios que rondaron su casa por varios días, llevando con ellos pistolas, granadas y hasta una subametralladora,que fueron incautadas en el momento de su detención.Una terceraocurrió tres meses después, cuando fueron arrestados tres hombres y una mujer, presuntos paramilitares, que abalearon su vehículo en medio de una caótica vía de Villavicencio.A pesar de la flagrancia en ambos casos, estas personas salieron libres luego de una semana.

Islena siempre mostrósu valentía. Parecía que cada uno de los atentados, fracasados por fortuna, daban más fuerza a esta mujer cuya convicción le ayudo a resistir. Pero sus enemigos aún sin identificar, no se dieron por vencidos, dejaron pasar el tiempo,quizá buscando el menor descuido, y fue allí, en ese viaje a Puerto Toledo, donde cuatro años después de ataques sin descanso, reaparecieron y no fallaron el tiro. No contaron con la necedad de Islena, quien incluso, cuando dos balas habían sido incrustadas en su ser,atacando reciamente órganos vitales para su vida, no cedió y sobrevivióde nuevo.

La estancia de 21 días en el hospital a causa del atentado contra su vida en 2009 no fue suficiente para detener esta llanera, así como no lo fueron los 10 años siguientes al exterminio del CCDHM en 1993, donde sólo le fue posible atenderde manera esporádicaalgunas víctimas del departamento que llegaban a pedirle ayuda en su lugar de trabajo.Para Islena estos años alejada de su verdadera vocaciónfueron tal vez los más difíciles por sentirse impedida de darlo todo en la defensa de la vida y significaronsu último sacrificio. Nunca más se alejaría de la defensa de los derechos humanos.

Por esta razón cuando le pidieron que saliera del país para evitar ser víctima de nuevos atentados, se negó rotundamente.Ya la experiencia le había enseñado

que sólo sería feliz sí continuaba su arduo trabajo con el cual no busca cosa distinta que beneficiar a los pobladores del Meta. Islena sobrevivió y siguiósu camino por que está convencida que, tal como titularon el libro que compila la trágica historia de violencia de este departamento, “Ceder es más terrible que la muerte”1 .

Las durezas de una labor

Era noviembre de 2010,Carolina Rubio Sguerra se encontraba trabajando en la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), seccional Santander, y esperando el día en el cual podría ver el rostro de su hijo que estaba por nacer. Ingenuamente pensó que el único dolor que iba a sentir en los días próximos, sería el del nacimiento de quien ya era la luz de su vida. Estaba equivocada. Aún en su vientre, el niño se vió obligado a conocer antes que cualquier alegría del mundo, la dureza de un ente acusador que inculpó a su madre de rebelión y la envió a prisiónsin más argumento que una mentira mal armada.

Con falsa tranquilidad corría aquel azaroso mes en que Carolina Rubio, con la tenacidad que la caracteriza, volvió de una gira por Europa donde se encontraba denunciando los vejámenes de la guerra en Santander y en Colombia. Habían pasado dos semanas desde su regreso a Bucaramanga, era 16 de noviembre y sin más ni más fue arrestada en la mitad de una calle.

Sin explicación alguna, con sus ocho meses de embarazo y su reconocida trayectoria dentro y fuera del país como defensora de derechos humanos, esta fuerte mujer de tez blanca y ojos profundos fue conducida a la SIJIN de Bucaramanga, donde permaneció varias horas antes de ser enviada al Centro de Reclusión de mujeres de dicha ciudad. Fue allí donde conoció el archivo que sustentaba el montaje del cual era víctima. De pocas páginas era el proceso donde era acusada de rebelión, páginas contradictorias

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1 Ceder es más terrible que la muerte. Comité Cívico por los derechos humanos del Meta. 1997.

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a los testimonios de los dos hombres que luego se comprobaría, fueron pagados para señalarla. Páginas de mentiras que incluso, hablaban de heridas en su cuerpo causadas en campamentos guerrilleros y borradascon cirugías plásticas que no dejaron marca alguna.

Lentos pasaron los días de encierro, de soledad íntima con el niño que estaba por nacer, mientras afuera, los que sabían quién era Carolina Rubio trabajaron arduamentepor limpiar su nombre y sacarla del sitio donde no debía estar. Aunque pronto el montaje se vino abajo, el tiempo en prisión fue suficiente para dejar marca en Carolina y su hijo.

Ya para entonces era claro que los tiempos de los grandes exterminios a quienes pensaban diferente,habían sido reemplazados por arrestos sistemáticos a reconocidos líderes y defensores de derechos humanos sobrevivientes de otras trampas, de otros dolores, como el salir de sus territorios buscandoproteger la vida un poco más, ver caer a quienes amaban, a quienes trabajaron a su lado o cerrar las puertas de organizaciones y abandonar labores a cambio de no ver más sangre derramada.

Carolina Rubio, junto a su bebé, fueron víctimas de esta estratagemaconocida como judicialización infundada,con la cual se perpetúa la persecución

a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero no fueron los únicos. Bajo esta modalidad de agresión, en los años 2009 y 2010, el Programa Somos Defensores registró un total de 26 defensoresvíctimas en todo el país de detenciones, procesos y/o investigaciones judiciales; obligados a ir a la cárcel, al ser señalados de subversivos por la férrea decisión que tomaron un día: la de trabajar por un país distinto.

Valientes

Tanto Islena Rey como Carolina Rubio han sidoperseguidas constantemente, agredidas de manera distinta, pero siempre con el fin de callar sus voces. Su pecado: ser defensoras de derechos humanos, contarle al mundo lo que pasa en las cárceles con los presos políticos, lo que sucede a diario con los campesinos del llano atacados por los diversos actores armados que hacen presencia en el territorio. Hablar por los otros, los que aún no son escuchados, los olvidados, los odiados por estar en medio de los intereses malintencionados de algunos; los que estorban.

Ninguna de ellas ha logrado olvidar los fatídicos días en que han sido llevadas al borde del miedo y la tristeza por ataques inesperados e injustos. Carolina sonríe genuinamente sobrepasando el dolor de recuerdos que aunque quisiera borrar no puede,como los del desplazamiento de Santander,

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al que fue obligada en el año 2005 por la amenaza inminente de Rodrigo Pérez Álzatealias “Julián Bolívar” comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC; o cuando, para regresar a su hogar, fue preciso someterse a un sistema de seguridad invasivo, que la obligaba a convivir las 24 horas del día con dos extraños armados que dicen cuidar su vida. Pero sin duda el recuerdo que más le duele y que la atormenta diariamente,fue el del ver a su hijo aún sin nacer encerrado en una cárcel.

Islena Rey por su parte, no logra esquivar las lágrimas que salen mientras revive los orígenes de su historia y la del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, incluso la de antes, la que puso una cuota de más de 3000 mil llaneros muertos por una guerra sin sentido donde el Estado, los paramilitares ylas guerrillas se negaron a ceder. Su dolor aumenta en la medida que los muertos son más cercanos, por eso llora mientras recuerda a los 60 integrantes otrora del CCDHM quienes fueron condenados a la muerte o al doloroso exilio. Llora cuando recuerda a Josué Giraldo, fundador y director del Comité hasta el año 1996, cuando las balas asesinas lo alcanzaron y obligaron al cierre prematuro de esta organización.

En todo momento, ante toda situación, ambas mostraron su valentía. Aún cuando sintieron desfallecer, cuando los ataques no daban tregua y las amenazas se extendían por días, meses y años, muchos años, ellas no renunciaron a su labor. Carolina resistió por quien estaba en su vientre, Islena lo hizo por sus hijos que en los peores momentos fueron alcanzados por el brazo que la buscaba a ella; por sus hijos, que entendieron su labor y son quienes más la apoyan desde el año 2006 cuando decidió reabrir las puertas del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta.

No saben a ciencia cierta quién, sin descanso, ha intentado callarlas. No lo saben porque sus opresores se han presentado en distintos tiempos con distintos rostros y métodos.Ejemplo de esto, es el caso de Carolina Rubio para quien el 2005 significó la amenaza de un paramilitarismo capaz de todo en el marco de la ilegalidad, mientras en 2010 fueron los medios legales los que se utilizaron para afectarla.

Islena por su parte cuando piensa en quienes perturbaron su tranquilidad de cinco maneras distintas, aúncuando contaba con un fuero internacional y medidas de protección provisionales expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los confunde unos con otros, no porque su cabeza le falle sino porque tiene la firme convicción de que son los mismos con uniformes cambiados. Son los mismos siguiendo la orden de un desconocido.

Así lo denunció en el año 2010 cuando unas personas sin rostro, entraron a su oficina destruyendo la puerta y robando la información del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. En esa ocasión, donde miembros de la policía fueron asignados para proteger a la organización, Islena Rey encontró que estos miembros de la PONAL terminaron el trabajo de quienes dos días antes habían entrado de manera ilegal, porque los policías usaron los computadores del Comité y revisaron uno a uno los archivos que contenían.

La vida va eclosionando entre las cenizas

Han pasado poco menos de tres años desde el día en que el joven de ropas claras disparó desde la ribera del río Güejar a la lancha donde se trasportaba Islena Rey. Las heridas de su cuerpo

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han sanado en este tiempo, pero no las de su alma que se resiste ante la idea de no encontrar justicia. La herida que dejó las agresiones recogidas en expedientes que uno sobre otro se pierden en una oficina estatal resuelta a no investigar nada. La herida de la violencia contra los pobladores del Meta que aún no cesa ni cede espacio para el descanso; heridas que siguen vivas, al igual que su espíritu de servicio.

Por esta razón Islena continúa su trabajohaciendo de la denuncia, el principal bastión en su labor como defensora. Esta profesional de la comunicación, también ha encontrado espacio en algunos medios que visibilizan cada vez más lo que pasa en el territorio y aunque aún no es suficiente, ella no se detiene. Los últimos años ha volcado su trabajo a incidir de manera directa en las autoridades encargadas de responder ante las afectaciones de los llaneros, que no están solos porque cuentan con ella.

De esta manera ha venido impulsando “La mesa de interlocución de las instituciones, las comunidades y el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta”, donde cada 40 días las comunidades exigen directamente que las autoridades pongan la cara y hagan presencia de manera inmediata a las situaciones de riesgo que se presentan en sus territorios. Aunque esto parezca paños de agua tibia, Islena, terca como siempre, mantiene la firme intención de sacar de allí cosas buenas para su gente.

Carolina Rubio por su parte, medita sobre la estigmatización que recae en las personas, organizaciones y/o comunidades víctimas de la judicialización infundada, debido al tratamiento

mediático que se da en estos casos y que refuerzan la versión que aunque falsa, es la oficial. Aún no logra olvidar el día en que llegó a realizarse una ecografía al centro médico al que siempre acudía y el trato que recibió ya no fue el mismo: ese día dejó de ser la doctora cuya llegada merecía la mejor de las atenciones y pasó a ser tratada como una delincuente que llegaba esposada y acompañada por miembros del INPEC.

Por esta razón no quiere que su experiencia la repita nadie más. Quiere hacer algo para limpiar los tantos y tantos nombres que han sido manchados injustamente.Los últimos años Carolina Rubio y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una de las organizaciones sociales más afectadas por la judicialización infundada, trabajan incansablemente en campañas contra este tipo de agresión que cada vez más,es utilizada para afectar a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Islena Rey y Carolina Rubio continúan su camino en la defensa de la vida, van hacia adelante porque no quieren mirar atrás, quieren avanzar, quieren que Colombia y cada uno de sus pobladores avance hacia una paz definitiva y duradera. Pero no van solas en su caminar, como no han estado solas nunca, van de la mano con organizaciones nacionales que las apoyan, con la comunidad internacional que no las desprotege, pero sobre todo, van con cada una de las personas que ellas han apoyado y que agradecen su trabajo incansable para proteger sus derechos.Porque sin ellas y su valentía, así como la valentía de miles de defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, esta guerra ya habría acabado la esperanza de un país en paz.

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“La obra de teatro ha terminado. El Teniente Coronel Anton Grubitz miembro de la Stasi, se dirige a saludar al Ministro de seguridad

Bruno Hempt, instantes después de haber acordado tácitamente con el capitán Gerd Wiesler (también miembro de la Stasi), iniciar una labor de seguimiento contra el poeta y escritor Georg Dreyman, fiel seguidor del partido comunista en la República Democrática Alemana – RDA, en 1984. El Teniente toma asiento junto al Ministro:

- Ministro: Me han hablado bien de usted, dicen que la cultura está en buenas manos, su nombre se menciona a menudo en el Partido- Teniente: Somos su escudo y su espada, Ministro, lo tengo muy en cuenta.- Ministro: ¿Qué piensa de él? (dirige su mirada al balcón donde se encuentra el poeta y escritor Georg Dreyman)- Teniente: ¿Georg Dreyman? Ehhhh…quizá…- Ministro: ¿Quizá qué?- Teniente: Quizá no esté tan limpio como parece…- Ministro: Grubitz, por eso los hombres como usted llegan lejos…cualquier idiota de la Stasi hubiera dicho que ese poeta es uno de nuestros mejores camaradas y todo eso…pero usted va mas allá…le espera una excelente carrera. Sí…hay algo raro en él, mi instinto no me falla. El jueves hay una

fiesta y está invitada toda esta “chusma”; coloque unas escuchas discretas, medidas A y B, solo en las habitaciones y no llame la atención…nadie debe enterarse de la operación hasta que descubramos algo.”

Esta escena tomada de la exitosa película “La Vida de los Otros1” , pareciera no ser cosa del pasado. Las prácticas de inteligencia sin control, las justificaciones personales y basadas en conjeturas para iniciar labores de seguimiento y espionaje, parecen cada vez más vigentes. Y en Colombia, un país gravemente afectado por este tipo de acciones ilegales, se continúa monitoreando nuestras vidas, y en especial, la vida de quienes piensan diferente.

La disolución del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, la creación de la Unidad Nacional de Protección - UNP y el Departamento Nacional de Inteligencia - DNI, y la reciente sanción de la Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, son elementos que hablan de una transformación en la forma como el Estado Colombiano realiza esta actividad. Pero ¿Qué tanto han cambiados los métodos? ¿Se acabo la persecución contra miembros de la oposición, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos? ¿Quién controla esta delicada actividad estatal?estatal?

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Bajo el criterio de uso que le de cada fuerza de seguridad Estatal, fundamentado en conjeturas, y al mejor estilo del séptimo arte, los sistemas de inteligencia y contrainteligencia en Colombia están

controlados por NADIE. Una nueva ley se promulga (ley 1621 de 2013) para tratar de poner orden

a este descontrol institucional en un tema tan sensible para muchos sectores de la sociedad colombiana, y con mayor énfasis en defensores y defensoras de DDHH.

La sombra del DAS y sus excesos, se mantiene viva.

DERECHO A DEFENDER1 “La Vida de los Otros” o su título original en alemán “Das Leben der Anderen” fue una película alemana dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck en 2006. Tuvo importantes reconocimientos internacionales (incluido un Oscar a la mejor película de habla no Inglesa).

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Las consecuencias de un cierre apresurado

Cerrar el DAS era necesario. Por su acción como “policía política” contra la oposición; por haberse convertido en una “oficina de cobro” similares a las oficinas de sicariato del narcotráfico donde por un par de millones se seguía, interceptaba y hasta asesinaba a cualquier colombiano; por estas y muchas razones más, era necesario cerrarlo. Pero nunca las implicaciones de este cierre, fueron calculadas de la mejor manera por el gobierno nacional. Tras el cierre de esta entidad, fueron “tapadas” muchas acciones ilegales y con ellas, crímenes que aún reposan en la impunidad. Pero hay que revisar en detalle, las consecuencias de ese cierre apresurado.

El primer elemento es la planta de personal del DAS. En 2011, 3207 ex funcionarios pasaron a ser parte del CTI de la Fiscalía; otros 600 pasaron a ser parte de la Unidad Nacional de Protección y otro tanto al cuerpo de investigaciones de la Policía Nacional. Sin duda era necesario evitar una “masacre” laboral, pero no hay certeza de que entre la gran mayoría de funcionarios honestos y trabajadores, se hayan escapado de las manos de la justicia, funcionarios relacionados con los actos ilegales que obligaron al cierre del DAS. Con el agravante de que instituciones como la UNP tienen a su cargo la protección física de periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos, otrora perseguidos por el mismo DAS. El ratón cuidando el queso.

Un segundo elemento crítico son parte de las revelaciones realizadas por el senador Juan Lozano quien señalo que la Procuraduría inició una investigación sobre la guarda y custodia de los archivos del DAS, de los datos contenidos en esos archivos y de la integridad de la información. Según informó la Procuraduría al Senado en debate de mayo de 2013 parte de esa documentación está extraviada y no hay quien responda en primera instancia por estos archivos que tienen carácter CLASIFICADO. Al momento del cierre de la entidad el inventario registraba 8.880 cajas repletas de carpetas, 1.585 archivos A-Z, 29 paquetes de documentos, una docena de servidores, 32 discos duros y tres equipos de cómputo. Pero,

según lo estableció la Fiscalía, aún hay un 20% de documentos pendientes por recoger en las seccionales del DAS.

En tercera instancia es necesario tener en cuenta la distribución de las funciones del DAS. Las labores de protección física a personas en riesgo y/o altos funcionarios públicos, pasó a ser fuero de la UNP (adscrita al Ministerio del Interior), mientras que la

labor de inteligencia y contrainteligencia pasó a ser responsabilidad del DNI (Adscrita a la Presidencia de la República). Y aquí comienzan los dolores de cabeza.

El Almirante(r) de la Armada Nacional, Álvaro Echandía, Director de la DNI y el coronel de la Policía Juan Carlos Nieto, jefe de operaciones de esa entidad, ya cuentan con un proceso de investigación en curso por la posible interceptación ilegal a los teléfonos celulares de los periodistas Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez, directores del conocido programa radial de humor político “La Luciernaga”. Al cierre de esta

Foto: mindefensa.org

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edición de Revelando los dos funcionarios no han dado explicaciones ante el Senado por dichas acusaciones.

Un último y delicado elemento a tener en cuenta con el cierre apresurado del DAS fue la distribución y uso de los modernos equipos de interceptación con los que contaba la entidad. Gracias al apoyo de los gobiernos Estadounidense, Israelí y Británico, desde hace varios años los miembros de las fuerzas de seguridad colombianas han sido capacitados con los mejores maestros en la tarea de espiar “al enemigo”.

En ese mismo entendimiento y cooperación militar, de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el país ha recibido “donaciones” de estos gobiernos, representados en sofisticada tecnología para la “seguridad” y entre ella, la de interceptación de comunicaciones; también varias instituciones de seguridad del Estado han hecho inversiones importantes en la compra de estos aparatos. Lo preocupante son los indicios que Juan Lozano, senador de la República, da sobre el uso y localización de esta tecnología actualmente: “se nos informó que parte de esos aparatos, algunos de los cuales habían sido adquiridos por el DAS poco antes de que se supiera que iba a ser liquidado, fueron repartidos entre las divisiones de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea…no tengo evidencia de que se hayan estructurado procedimientos para verificar, en términos jurídicos, su uso adecuado ni para garantizar la compatibilidad tecnológica de las plataformas que cada organismo maneja. A todo esto súmele los rumores sobre equipos ‘fantasma’ que habrían llegado a Colombia en el pasado y de los cuales no habría registro alguno2.”

A juzgar por las declaraciones del Senador Lozano y de otras fuentes, existe una gran cantidad de equipos de interceptación de comunicaciones de alta tecnología, que son propiedad del Estado, pero que no se sabe donde están, quien los tiene y peor aún, para qué se usan.

Ley 1621 de 2013: Inteligencia sin control

En abril de 2013 fue sancionada por el Congreso de la República la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013) “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco

jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. Esta ley, lejos de hacer claridad o regular la acción de inteligencia de las fuerzas de seguridad del Estado, deja grandes preguntas sobre quiénes regulan y controlan estas acciones.

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2 Diario El Espectador. 18 de mayo de 2013. Publicación Digital. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-422754-el-sistema-de-inteligencia-esta-descuadernado.

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Para los defensores y defensoras de derechos humanos, ampliamente afectados por los hechos ilegales realizados por el DAS hace varios años, es de vital importancia conocer esta norma y hacer seguimiento detallado de las acciones del Gobierno Nacional y de todas las fuerzas de seguridad en la implementación de la ley. A continuación, algunos apartes del articulado que consideramos clave para dicho seguimiento:

Artículo17. MONITOREO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO E INTERCEPTACIONES DE COMUNICACIONES PRIVADAS

Este artículo se complementa con el Decreto 1704 de 2012 (ver análisis en esta misma edición de la revista. Especial Nuevas Tecnologías en articulo Las Jaulas), el cual señala las nuevas directrices para la interceptación de comunicaciones y la colaboración de entes privados (operadores de telefonía celular) en dicha tarea. Es importante señalar que la Ley de Inteligencia declara que “El monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones”. Esto podría significar, al revisar en detalle las dos normativas, que la escucha de comunicaciones es legal y solo se configuraría

la interceptación, cuando dicha comunicación es grabada y almacenada en una base de datos de inteligencia. La escucha de las señales que viajan por el espectro electromagnético colombiano (es decir casi todas las comunicaciones) sería una actividad legal para las fuerzas de seguridad del Estado. Es clave aclarar que no existe una definición en la ley sobre el concepto “monitoreo”, sus acciones o alcances.

En este sentido, parece que la Policía Nacional ya inicio la tarea: “Sin mucho debate jurídico ni público, la Policía está construyendo un nuevo sistema de interceptaciones al que denominó Puma (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis). Su implementación se adelanta pese a que la Constitución, varias sentencias de la Corte y la propia ley ordenan que las labores de inteligencia que impliquen interrupción de derechos civiles, como el de intimidad, protección de comunicaciones y reserva de datos, sean realizadas bajo el control exclusivo de la Fiscalía General y sólo mediante orden de juez. Precisamente para garantizar la legalidad de esas operaciones, el único sistema establecido hasta el momento en el país funciona en la Fiscalía y es conocido como Esperanza. Sin embargo, Puma se inició sin conocimiento ni

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consentimiento del fiscal Eduardo Montealegre. Ante preguntas del senador Lozano, la Policía respondió que dicho proyecto requiere “una infraestructura tecnológica y física para un data center de 400 metros cuadrados… un módulo de interfaz gráfica para la visualización de los medios interceptados, un módulo para interceptación de voz y datos móviles, otro para interceptar datos de los proveedores de servicios de internet (ISP), módulos de localización, 300 estaciones de trabajo distribuidas en Bogotá y 400 en el resto del territorio nacional3”.

Artículo 30. COMISIÓN ASESORA PARA LA DEPURACIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Esta es una de las exigencias históricas de las organizaciones sociales y de derechos humanos del país, junto con sindicalistas, periodistas y víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. La creación de una comisión de depuración de los archivos de inteligencia podría dar luces sobre cientos de crímenes planeados desde oficinas de fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo y raíz de los datos mencionados anteriormente sobre el estado

de los archivos de entidades de inteligencia como el DAS, esta tarea tomará mucho más tiempo y esfuerzo para llevarse a cabo que cualquier otra. Esta Comisión estará integrada por un miembro designado por el Presidente de la República; un miembro del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; un integrante de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia; un representante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado; un académico nacional o internacional experto en temas de inteligencia; un delegado de la Defensoría del Pueblo y un representante de la sociedad civil. Amanecerá y veremos los resultados de esta comisión.

Artículo 35. VALOR PROBATORIO DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA

Gran parte de los procesos de judicialización de líderes y defensores(as) de derechos humanos en Colombia, tuvieron y tienen inicio en Unidades militares, de Policía o de otras fuerzas de seguridad del Estado. En dichos procesos, la información

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3 Diario El Espectador. 18 de mayo de 2013. Publicación Digital. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-422754-el-sistema-de-inteligencia-esta-descuadernado

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de inteligencia militar o policial en muchos casos se constituyó como material probatorio de los supuestos delitos imputados a los defensores(as). Según esta nueva legislación, dicha acción a partir de la fecha es inválida. Sin embargo, no ha habido avances del Gobierno Nacional ni de la Fiscalía General de la Nación por desmontar o trasladar las fiscalías que operan dentro de guarniciones militares y que trabajan de manera conjunta, muchas veces, en contra de los derechos fundamentales de líderes y defensores.

Artículo 44. COLABORACIÓN CON OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Mediante este articulado (complementado por el Decreto 1704 de 2012) se obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a suministrar a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, información de sus clientes en un período que no exceda los cinco (5) años. Igualmente se le condiciona a estas empresas a informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Fiscalía General de la Nación cualquier modificación en la tecnología de sus redes que tenga incidencia sobre la interceptación de comunicaciones y poner a su disposición, la implementación de los equipos de interceptación para la adaptación a las redes de las entidades que realicen inteligencia en el país.

Sin embargo y pese a esta estrecha y obligatoria colaboración, el Estado mediante esta Ley, exonera a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones sobre utilización que se haga de la información de los usuarios que sea suministrada. Esto deja por fuera de la responsabilidad de las empresas en una posible interceptación, que podría constituir un riesgo significativo para la información privada, no solo de defensores(as) de derechos humanos, sino de cualquier ciudadano colombiano.

Las cosas claras

Definitivamente esta nueva Ley de Inteligencia nos deja varias cosas claras:

- Es posible hacer inteligencia desde cualquier fuerza de seguridad del Estado que la pueda implementar, bajo los criterios de sus propias órdenes de operación o tarea. No hay evidencia de una coordinación interinstitucional para regular las labores de inteligencia y mucho menos para controlarlas.

- Se crea una comisión especial del Senado para hacer seguimiento y control político a las actividades de inteligencia. El problema es que el mismo Estado no tiene claridad de quienes están haciendo inteligencia, con base en que procedimientos y quien controla los resultados de estas actividades.

- Si bien existe una nueva norma, el panorama es absolutamente preocupante con los elementos conocidos hasta hoy: desaparición de archivos de inteligencia, falta de control sobre tecnología avanzada para la interceptación de comunicaciones, independencia de las fuerzas de seguridad del Estado para realizar actividades de inteligencia, etc.

- Organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales, líderes y defensores(as) siguen denunciando seguimientos y hostigamientos a su labor, robos de información sensible sobre víctimas y denuncias contra el Estado e incluso posibles interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

- En cuanto a la inteligencia y contrainteligencia del país, no hay responsable directo. No sabemos si es el DNI, la comisión segunda del Senado, la Policía, las fuerzas militares, etc. Pareciera que cada quien acomoda normas y procedimientos a su criterio personal.

Definitivamente las acciones de inteligencia en Colombia pasan por uno de sus momentos más críticos, no solo por el desorden y diversidad de actores que la realizan, sino por la facilidad en el uso de la tecnología para desarrollarla. Esta situación pareciera una película como “La Vida de los Otros”, tan solo que se trata de una realidad: la continuación del “monitoreo” sobre “La vida de nosotros”.

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“Los miembros de la Stasi ingresan al apartamento del escritor Georg Dreyman, bajo una supuesta orden de registro de carácter confidencial. El mismo Dreyman es quien les abre la puerta. Los agentes revisan el lugar, rompen cojines del sillón, deshacen la biblioteca, el piano, la cama. La operación es coordinada desde la calle por el Teniente Coronel Anton Grubitz. El teniente habla con el oficial al mando del operativo:

- Teniente: Informe!- Agente: Todo según lo previsto…

El resto de miembros de la Stasi se acercan al jefe de operación y le aseguran que no han encontrado nada. El oficial al mando del operativo notifica por radioteléfono al Teniente Grubitz:

- Agente: No hemos encontrado nada señor, ¿qué ordena?- Teniente: (guarda silencio y su impotencia es evidente)- Agente: Señor, ¿qué ordena?- Teniente: …Retírense.

El oficial al mando del operativo, ordena a sus hombres retirarse del lugar, se dirige al escritor y le entrega un documento:

- Agente: La dirección del Ministerio le notifica que en caso de haber sufrido algún desperfecto en sus cosas o su hogar por este procedimiento, tiene derecho a reclamar. - Georg Dreyman: (pálido y tembloroso responde) Creo que no será necesario.4”

4 Ibid. Pág. 2

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LOS CRIMENES CONTRA

DEFENSORES DE

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

DERECHOS HUMANOS

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Por Liliana del Pilar Castillo HernándezAsociación MINGA

Carlos A. GuevaraPrograma Somos Defensores

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que los crímenes en contra de defensores de derechos humanos

y reclamantes de tierras en el país son de lesa humanidad. Sin duda un fallo histórico para los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia.

Los casos en los que un defensor o defensora de derechos humanos, o un reclamante de tierras son asesinados, en adelante, deberán ser catalogados como CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. Así lo dejó claro el Magistrado Leonidas Bustos, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien, hizo público en 2012 un fallo histórico para quienes defienden derechos humanos en Colombia.

El Alto tribunal señaló que estos crímenes corresponden a la categoría de LESA HUMANIDAD ya que existe una persecución sistemática con un fin criminal claro y establecido. “En los casos citados se presenta una circunstancia de la cual deriva el móvil que desata el ataque en contra de ese grupo poblacional, y torna de lesa humanidad los asesinatos, las torturas, las desapariciones, etc., ejecutadas contra ese conjunto de personas, por atreverse a reivindicar los derechos humanos o la recuperación de sus tierras”, señaló el Magistrado.

El pronunciamiento se hizo público mediante un fallo en que la Sala Penal negó una acción de revisión que había interpuesto la Procuraduría General de la Nación para que fuera reabierto el proceso por el secuestro, tortura y asesinato, de la directora de Acción Comunal, Gloria Lara de Echeverri en noviembre de 1982, bajo el argumento que se trataba de un crimen de lesa humanidad. Pero ¿Qué es un crimen de lesa humanidad?

Con el objeto de dar respuesta a este interrogante, es preciso aclarar el concepto de delito de lesa humanidad y los elementos que se requieren para que así pueda ser catalogado.

¿Qué es un crimen de lesa humanidad?

Se entiende por crímenes de lesa humanidad, a aquellos que ofenden y vulneran la condición misma del ser humano y a la conciencia de la humanidad. Dichos crímenes son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Cuando se habla de delitos de lesa humanidad, entendemos que los mismos están sometidos a los principios y sanciones de derecho internacional, esto con la finalidad de garantizar que si en los territorios de los Estados donde se cometieron los crímenes no sancionaron a los autores de dichas conductas, estos no queden sin ser juzgados lo que abre la posibilidad que los autores de estos crímenes puedan ser juzgados por tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional.

En tal sentido la jurisprudencia colombiana1 ha referido que el escenario normativo en el que corresponde construir los delitos de lesa humanidad con el fin de aproximar su caracterización es el Estatuto de Roma, pues en Colombia, en el ordenamiento penal, no se encuentra tipificado ningún delito bajo esta categoría.

Lo que caracteriza al crimen de lesa humanidad es el móvil, es decir la intención de atentar contra una persona o un grupo de personas, por motivos raciales, nacionales, religiosos o de opiniones políticas. Se trata de una intención especial, incorporada en el crimen, que le confiere su particularidad. Vale la pena señalar que el Estatuto de Roma no hace referencia a esta distinción

En Colombia fue por medio de la sentencia C-578-02 de la Corte Constitucional que se declaro exequible la ley 742 de 2002 la cual aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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1 Revisión 34180 MP. José Leónidas Bustos Corte Suprema de Justicia.

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Delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma consigna en su Artículo 7: “A los efectos del presente Estatuto, se

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y

con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de

población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de

normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos

sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con

identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,

religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos

como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier

acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la

Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos

inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o

atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

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¿Cuáles son los elementos característicos de un delito de lesa humanidad?Los Crímenes de Lesa Humanidad se diferencian de otros crímenes principalmente porque reúnen cuatro características:

1. Son actos GENERALIZADOS. 2. Son actos SISTEMATICOS. 3. Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad.

4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

“Cuando se dice GENERALIZADOS se quiere destacar que se trata de crímenes que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un crimen con muchas víctimas. Cuando se dice SISTEMATICOS, se quiere decir que son crímenes que se realizan con arreglo a un plan o política preconcebida que permite la realización repetida o continuada de dichos actos inhumanos.(…) Finalmente es determinante la motivación del crimen, pues es este elemento el que permite comprender el sentido mismo del C.L.H., al enmarcarlo dentro de un contexto social, político, económico y cultural determinado2” .

Foto: Sonia Cifuentes Asociación MINGA

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2 Proyecto Colombia Nunca Más. http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php

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Frente al término de población civil que en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia - TIPIY, alude el carácter de masivo y sistemático del ataque , con lo cual excluye los actos totalmente aislados… toda vez que la victimización del individuo no deriva de sus características personales, si no de su partencia a un determinado grupo o población civil que es tomado como blanco “ así lo puntualizó el TIPIY en el caso Tadic.ramelli Arteaga.ob.cit.

Los actos totalmente aislados, aquellos que no se dirigen contra una colectividad, no se enmarcan dentro del concepto delitos de lesa humanidad (La comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el informe que contiene el proyecto de código de crímenes contra la paz y contra la seguridad de la humanidad (documento A/51/10), antecedente del Estatuto de Roma, ya precisaba en relación con los delitos de lesa humanidad (art.18), que los actos inhumanos deben ser cometidos a gran escala, es decir, dirigidos contra una multiplicidad de víctimas, de tal suerte que queden excluidos de esa categoría los actos inhumanos aislados QUE TENGAN POR OBJETO UNA SOLA VICTIMA.)

Los delitos de lesa humanidad contienen un elemento material (ataque masivo o sistemático contra una población civil) y otro de orden subjetivo (el autor debe tener conocimiento de la existencia del ataque). Y adicionalmente con su conducta, cualquiera de las descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, alimenta y contribuye a los propósitos de dicho ataque.

Los crímenes de lesa humanidad demandan un contexto general dentro del cual se desarrollan, esto es, el ataque ordenado contra una población civil, del cual tiene pleno conocimiento el agente, quien lleva a cabo uno cualquiera de los comportamientos enunciados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, para alcanzar las políticas o los planes de quienes disponen el ataque.

El propósito de ejecutar la conducta inhumana, con el conocimiento de que la misma se inscribe en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, es el elemento que transforma los actos indicados en crímenes de lesa humanidad,

Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Huma-nidad

En Colombia por regla general la acción penal está sujeta a términos de prescripción vinculados a la seguridad jurídica y al debido proceso, en forma excepcional la acción penal es imprescriptible en delitos de lesa humanidad, como en todas las restantes categorías de crímenes internacionales, frente al imperativo de erradicar la impunidad, por la necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes y en general que se garantice el derecho a las víctimas a la justicia y a la reparación por los daños.

“El principio de celeridad debe caracterizar los procesos penales. Ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad3.”

Acciones jurídicas especiales que se pueden interponer cuando se trata de delitos de lesa humanidad

ACCION DE REVISION:

LA REVISION es un recurso extraordinario que procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores.

Causales para interponer el recurso de revisión:

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3 Revisión 34180 mp. José Leónidas Bustos pág. 18

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ART. 92 LEY906 DE 2004

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.

Conclusión

Al ser catalogados los crímenes contra defensores de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, nos abre puertas importantes para iniciar acciones legales que permitan disminuir los índices de impunidad reinantes en las investigaciones en Colombia, recursos y acciones que justamente por el pasar del tiempo ya no era procedente interponer, pero que atendiendo a la imprescriptibilidad que cobija este tipo de delitos, tendrán que surtir trámites ante los diferentes despachos judiciales; igualmente esta calificación abre camino para que casos resientes puedan ser investigados por la Corte Penal Internacional.

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LOS INDÍGENAS DEL CAUCA EN EL 2012

Resistencia, Persistencia yAutoprotección

en medio de la guerra

Por Fernanda Espinosa Moreno Investigadora Asociación Minga

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EXPERIENCIAS EN PROTECIÓN

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Dado que en el 2012 el pueblo Nasa fue duramente afectado por la guerra y tuvo que enfrentarla, a continuación haremos un

recuento de sus apuestas de protección, mecanismo de resistencia y construcción de paz. Este documento visibiliza la situación de la ACIN durante el 2012 en medio de la guerra y sus respuestas. Esteartículo inicia con un recuento de las expresiones de la guerra en el Cauca y las cifras de violaciones en el 2012 a partir de ello observamos la resistencia de los indígenas del cauca y las formas en que está se expresó en este año. Para concluir con una reflexión general sobre sus estrategia de protección, autoprotección y construcción de paz.

El 2012 fue un año donde el pueblo Nasa demostró resistencia, estrategias de control territorial y apuestas de paz en un contexto en el cual las agresiones en su contra aumentaron considerablemente. Como veremos a continuación el departamento del Cauca ha sido un trascendental escenario de la guerra, con una tendencia al incremento de las violaciones de derechos humanos. A pesar de ello, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) viene realizando una serie de actos de resistencia, persistencia y autoprotección, que son ejemplo de apuestas de paz en el país.

La guerra en el Cauca

El conflicto en el departamento del Cauca se expresa diariamente de muchas maneras, se producen ataques, enfrentamientos, combates, tomas de municipios, asesinatos y amenazas. Durante el 2012 se presentaron combates entre la guerrilla y las Fuerzas Militares y Policiales en más de 30 de sus municipios1 . En este departamento, además del Ejército, la Policía y la guerrilla,hay una presencia importante de las llamadas bandas criminales (BACRIM) herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las pandillas de delincuencia común.

Este conflicto entre actores armados perjudica directamente a la población civil, vulnerando los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se caracteriza por combates y hostigamientos cerca de susviviendas, el uso de armas no convencionales, y de minas antipersonales. Adicionalmente las comunidades del norte del Cauca están doblemente presionadas: por un lado las FARC las acusan de apoyar al Ejército, y por el otro la Fuerza Pública las acusa de ser auxiliadoras de las FARC2 .

Esta fuerte presencia y concentración del conflicto en la región tiene múltiples razones, de las cuales destacamos seis fundamentales3 : el Cauca es parte de un corredor estratégico de movilidad de armas y droga,la presencia de megaproyectos, la posición geopolítica, la presencia histórica de la insurgencia, la militarización del territorio4 y la resistencia del movimiento social caucano.

Las cifras del 2012

La situación de DDHH en el Cauca es preocupante. Según el sistema de información del Programa Somos Defensores, en este departamento durante el año 2012 se presentaron 51 agresiones individuales contra líderes, defensoras y defensores de DDHH en su mayoría en los municipios del norte del Cauca5. Dichas agresiones representaron 14 asesinatos, 8 atentados y 29 amenazas individuales. Las amenazas en contra de las y los defensores de DDHH continúa siendo parte de la estrategia de intimidación empleada por los actores del conflicto en el 2012. Respecto a los presuntos responsables de los hechos, 12 fueron cometidas presuntamente por los paramilitares, 7 por la fuerza pública, 18 por las FARC y 14 cometidas por desconocidos. Llama la atención que la guerrilla es el presunto responsable del 35% de los casos. Sin embargo, el porcentaje de responsabilidad de los paramilitares (24%) no es despreciable, adicionalmente si sumamos junto con

EXPERIENCIAS

1 se presentaron combates entre la guerrilla y las fuerzas militares y policiales en los municipios de: Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Guachene, Jambalo, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Padilla, Paez, Patía, Piendamó, Popayán, Puracé, Santander de Quilichao, Silvia, Suarez, Timbío, Timbiqui, Totoró. Los municipios afectados con mayor frecuencia fueron Villa Rica, Caloto, Toribío, Corinto, Miranda, El Tambo, Argelia y Guapi. 2 Buscar una cita donde la fuerza pública acuse a los indígenas de ser de las FARC en 2012.3 Para un análisis de estas razones del conflicto en el Cauca se puede ver: Fernanda Espinosa Las razones detrás del conflicto en el Cauca. http://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/4 La presencia militar se ha cualificado y fortalecido, creando nuevos batallones como la Brigada 37 en los municipios de Suárez y Morales e instalando en el Cauca la fuerza de tarea conjunta “Apolo” y la creación del comando conjunto del Suroccidente en el marco del plan de guerra “Espada de Honor”. El plan de guerra “Espada de Honor” es una reingeniería a la estrategia militar que se había desarrollado en los últimos 12 años. La idea del Ejército con este plan es una presencia más directa en el territorio para ganarse a la población o para dividirla, lo cual claramente viola los derechos humanos al involucrar a la población civil en el conflicto; además de dejar el amargo sabor de pensar que la población civil es un instrumento de guerra. Estas Fuerzas de Tarea no tienen una territorialidad clara así estén adscritos a una zona, por lo que las posibles violaciones de derechos humanos y DIH no tendrán dolientes y se puede diluir la responsabilidad institucional. Desestimando los costos que debe pagar la población civil, la cual se encuentra en medio del conflicto. Asimismo se registró un incremento considerable de infraestructura y fuerza policial con la instalación de la Policía Metropolitana para la ciudad de Popayán y su presencia en municipios aledaños como Timbío, Totoró, Paispamba y Puracé.5 Entre los municipios del Cauca con más agresiones individuales se encuentran: Santander de Quilichao con 17 agresiones, Caloto con 10 agresiones, Toribio con 5 agresiones, Popayán con 4 agresiones, Buenos Aires con 3 agresiones.

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la responsabilidad de la fuerza pública (14%)-según las denuncias históricas de su accionar conjunto6 . Podemos concluir que ambos bandos: guerrilla por un lado y paramilitares junto con fuerza pública por otro, afectan de igual manera. Los casos registrados confirman que la labor de defensa de los DDHH y del ejercicio de liderazgo social, continúa siendo una labor de riesgo en el departamento.

El Observatorio de DDHH y DIH de la RED Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca registró para el periodo de enero a noviembre de 2012, un total de 423 afectaciones a 617 personasaproximadamente, entre los cuales se encuentran agresiones en el marco de la violencia política directamente contra defensores y defensoras, violencia social no política, también hechos atribuidos directamente a miembros de la Fuerza Pública así como infracciones al DIH. Sumado a ello se encuentran los desplazamientos colectivos registraron en 7 municipios del departamentoen el 20127.

La práctica de la ejecución extrajudicial no ha desaparecido en el departamento, según el observatorio se registraron un total de 11 agresiones de este tipo: 6 atribuidos al Ejército Nacional y 5 a la Policía Nacional. Se observa incremento de la afectación a niños y niñas que en el año 2012 registró un total de 40 situaciones; entre ellas 6 menores resultaron muertos en confrontaciones entre los grupos armados y otros 4 murieron producto de la manipulación de artefactos explosivos y munición abandonada;26 niños y niñas resultaron heridos en las confrontaciones. Las cifras son altas hacia esta población vulnerable.

Frente a la violencia de género debemos resaltar un incremento. Entre enero y noviembre del 2012 fueron asesinadas 33 mujeres en el departamento del Cauca, 10% más que durante el año 2011.Además un alto número de agresiones sexuales, Timbío es el municipio con los mayores niveles de este tipo de agresiones hacia las mujeres y niñas, seguido de Rosas y Caloto8. Es decir, en el departamento se expresan múltiples formas de violencia.

La Resistencia deLos indígenas del Cauca

En medio de estas violencias, los pueblos indígenas del Cauca, continúan expresando apuestas sociopolíticas de resistencia, que no es nueva, pues tiene una tradición histórica que se remonta a la cacica Gaitana en los tiempos coloniales y a Manuel Quintín Lame a principios del siglo XX. Pasando por la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), nacido en 1971 en Toribío y luego, en 1994, con la creación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) compuesta por los resguardos indígenas del norte del Cauca han avanzado en dos niveles desde sus antecedentes hasta hoy:

1. La construcción de propuestas de resistencia y alternativas al modelo de desarrollo imperante, y 2. Las propuestas y hechos de paz.

En el primer nivel de construcción de propuestas de resistencia el Cauca se destaca por ser uno de los departamentos de mayor movilización social del país. Entre 2004 a 2011 realizaron grandes movilizaciones, donde el movimiento indígena fue impulsor. En este periodo se destacan:la Cumbre Nacional de Organizaciones realizada en el 2004; la consulta popular sobre el TLC en el 2005 cuyo resultado fue una oposición del 98% a la implementación del tratado; el proceso de liberación de la madre tierra especialmente las tomas de las haciendas La Emperatriz y Japio en el año 2005; la cumbre nacional de organizaciones sociales en 2006; la propuesta de Parlamento Indígena en el 2007; la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que inició con una marcha entre el Cauca y Bogotá el 12 de octubre de 2008, en la cual también confluyó un sonado paro laboral de los corteros de caña ese año; y el Congreso de tierras, territorios y soberanías en Cali en 2011. En estos hechos el movimiento social caucano, se opuso al modelo de desarrollo planteado y ganó un reconocimiento en esta apuesta. Parece que hoy a través de la militarización de la zona, el sistema hace un ajuste de cuentas y les cobra la resistencia pacífica atacando su propuesta.El segundo nivel de propuestas y hechos de paz tiene importantes antecedentes, en el tema de autonomía y exigencias de salida de los actores armados de los territorios podemos resaltar dos hechos: la declaración de Vitoncó en 1985 y la resolución

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6 Pruebas de la relación paramilitares y fuerza pública. 7 RED Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Informe: Situación De Derechos Humanos En El Departamento Del Cauca Año 20128 RED Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Informe: Situación De Derechos Humanos En El Departamento Del Cauca Año 2012.

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El segundo nivel de propuestas y hechos de paz tiene importantes antecedentes, en el tema de autonomía y exigencias de salida de los actores armados de los territorios podemos resaltar dos hechos: la declaración de Vitoncó en 1985 y la resolución de Jambaló en 1999, emitidas en el marco de asambleas indígenas, especialmente del pueblo Nasa. En los últimos años igualmente se destacan las movilizaciones y propuestas ligadas a la paz, que aunque existían de tiempo atrás, se visibilizaron recientemente. Ejemplo es la Declaración de Toribío, producto de la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra,el 20 de julio de 2011. También se destacan las cartas a las FARC en las cuales le plantean su exigencia de salida de los territorios indígenas y su apuesta por la solución política. Las misivas incluyen un reclamo a este grupo por poner en riesgo a la población civil y por las amenazas a los líderes de la ACIN y el CRIC, así como La Minga por la Paz, la Vida y el Territorio, la cual reunió cerca de 8.000 personas movilizadas en favor de la pazlos días 9, 10 y 11 de mayo de 2012.

Durante el 2012 también se realizaron varias movilizaciones con el tema de la paz como la marcha por la ciudad de Popayán que congregó a más de 10 mil personas, al igual que el Concierto “Cauca y Piero le cantan a la Paz de Colombia” el cual tuvo tres versiones. Además, durante los días 6, 7 y 8 de marzo de 2012 las “Mujeres caucanas por la paz:

Tejiendo resistencia contra la guerra”, realizaron el Encuentro de mujeres del suroccidente. Todas las anteriores, y otras, están ligadas a la apuesta por la construcción de paz del movimiento indígena que rechaza por igual la presencia de todos los actores armados.

Los hechos del 2012 en el Cerro de Berlín y en Toribío

Ejemplo de esta resistencia en medio del recrudecimiento de la guerra fueron los hechos del Cerro de Berlin y Toribio durante 2012, donde la ACIN debió hacer uso de su autonomía para controlar su territorio frente a los grupos armados. Así la ACIN, afectada por la guerra y cansada de que los actores armados los usen como escudos, abanderó la destrucción de las trincheras de la Policía y del Ejército que se encuentran en la mitad de las casas de la población civil, al tiempo que ejercio presión para sacar la guerrilla de sus territorios.

El cerro de Berlin, desconocido para la mayoría de los colombianos, se convirtió en el punto emblemático de disputa territorial entre los Nasa y la Fuerza Pública, en la medida que para los primeros se trata de un lugar ancestral sagrado y de espiritualidad, en tanto para los segundos, es un cerro estratégico para operaciones militares por su ubicación y visibilidad.

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Durante el mes de julio 2012 los indígenas decidieron hacer práctico su mandato de no actores armados en sus territorios. El jueves 18 de julio la zona estuvo bajo tensión y en continuos roces con los indígenas. Las autoridades indígenas señalaron que hubo disparos, explosiones y gases, dejando al menos tres indígenas heridos. Se necesitaron cerca de 600 militares y un Escuadrón Móvil Antidisturbios para retomar el control. La Policía antimotines retomó en horas de la madrugada del 18 de julio el puesto militar ubicado en el cerro, el cual los indígenas habían ocupado una semana antes.El hecho generó un debate nacional por una fotografía de un soldado llorando de impotencia ante la acción decidida de los comuneros y de la guardia indígena de sacarlos. Lo que no mostraron los medios de comunicación fueron los hechos que acompañaron la situación donde los indígenas desarmados desalojaban a los soldados mientras los soldados incluso hicieron disparos. Los medios de comunicación que hicieron circular estas imágenes que dieron para muchas interpretaciones, parecían tener el objetivo de desprestigiar al movimiento indígena del Cauca. Desde ese momento tanto la organización regional CRIC y la ACIN, sufrieron críticas y ataques mediáticos, como también ataques racistas y ofensivos en la sede del CRIC en Popayán.

Al día siguiente de los hechos del cerro de Berlin, Éduar Fabián Güetio, un joven indígena fue asesinado en un retén militar en el municipio de Caldono, cerca de Toribío, aparentemente por un error de un soldado. La guardia indígena y las Autoridades tradicionales del resguardo interpelaron al comando del ejército responsable de los hechos. Ante este hecho los medios no dieron la misma difusión.

El Gobierno Nacional decidió hacer un Consejo Ministerial en Toribío debido a la tensa situación: al tiempo los ataques de las FARC y la intensa movilización indígena y de organizaciones campesinas de la zona norte del Cauca que también hicieron acciones para presionar la salida

de los actores armados. El presidente Juan Manuel Santos viajó a la región de Cauca e inició una mesa de diálogo con indígenas y prometió invertir en la región 500.000 millones de pesos a través del denominado Plan para el Cauca.

Como un ejemplo de las decenas de combates que ocurrieron en 2012 en el departamento del Cauca, se recuerda la explosión de un artefacto de fabricación artesanal, conocido popularmente como Tatuco, junto al puesto de salud de la IPS Indígena en el municipio de Toribío. Se trató de un nuevo ataque de las FARC contra una estación de la policía, un bunker ubicado en medio de las casas de la población civil. Sus habitantes duraron cuatro días bajo el fuego cruzado, dejando 14 personas heridas, 40 casas afectadas y aproximadamente 800 desplazados.

El acumulado total son cerca de 400 tomas guerrilleras en Toribio, más los muertos, heridos, desplazados, viviendas destruidas y campos minados.Ante la crisis humanitaria en Toribio y los hechos en el cerro del Berlin, se realizó una Caravana Humanitaria el 21 de julio de 2012 hacia Toribío, con más de 300 personas con la finalidad de brindarles un abrazo de solidaridad a las comunidades afectadas. La caravana pudo observar en Toribio los efectos de la guerra, a un pueblo que vive en medio de la tensión y el miedo, pero que también resiste en defensa de sus territorios.

En este contexto se realizó el juicio de las autoridades indígenas contra cuatro jóvenes comuneros que estaban en las filas de la guerrilla. A quienes “se les aplica remedio” con “juetazos” y debieron expresar su arrepentimiento por la falta cometida. Más que un castigo para los indígenas es la aplicación del remedio para quienes han desequilibrado a la comunidad. En un país donde la justicia es inoperante, con un sistema carcelario que no funciona como forma de resocialización, la aplicación de este tipo de sanciones consagradas por el derecho a justicia propia puede mostrar una justicia comunitaria incluso más efectiva. Para

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terminar la jornada fueron quemadas las armas que portaban los acusados de ser integrantes de la guerrilla y la moto en la que se movilizaban. Estos hechos muestran pervivencia y resistencia a través de la autonomía territorial y un ejercicio de justicia propia, consagrado en la Constitución colombiana.

Durante 2012 el movimiento indígena realizó entre agosto y diciembre otras acciones menos visibilizadas, pero igualmente importantes para presionar la salida de todos los actores armados de su territorio, particularmente en el municipio de Morales, ante los constantes enfrentamientos armados.

En la coyuntura de 2012 se evidenció que no se han garantizado los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de que la Constitución de 1991 reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país y la garantía de acceso alterritorio y a la cultura, cómo el ejercicio judicial con autonomía. Legalmente se reconocen la autonomía territorial indígena que el Estado no ha respetado9, así como no está respetando las normas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituye el marco del derecho público internacional, toda vez que está involucrando a la población civil en el conflicto, además de exigir la consulta a las comunidades sobre la presencia militar en sus territorios.

Estrategias de protección y auto protección

Los indígenas del Cauca han construido varias formas de protección y autoprotección en el conflicto buscando resguardarse de los ataques. Algunas formas son: el plan de vida, el tejido de defensa de la vida de la ACIN, el plan de protección “Minga en Resistencia” del pueblo Nasa, la Guardia Indígena, los sitios de Asamblea Permanente. Pero también protección desde su cosmovisión que incluye actividades desde la cultura propia, actuar de acuerdo a lo que proponen los médicos tradicionales (Thë´walas) y las autoridades propias, implementación de un modelo de acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.

Las comunidades indígenas del norte del Cauca han ido construyendo un Plan de Vida, entendido no como un documento escrito sino el sueño colectivo y el camino diario para hacerlo realidad, teniendo de referente sus principios de vida: espiritualidad, reciprocidad, integralidad y uso respetuoso de la tierra, además de los principios organizativos que han acompañado a las comunidades en todas sus luchas: unidad, territorio, cultura y autonomía. La dinámica del Plan de Vida se basa en la participación en Mingas, Congresos, Consejos y Asambleas comunitarias. Adicionalmente la ACIN funciona a través de Tejidos. En la estrategia de

Foto: Asociación MINGA

9 Sobre la autonomía territorial se encuentran los artículos 285, 286, 287, en particular el artículo 330. Sobre el ejercicio judicial con autonomía se expresa en el Artículo 246 de la constitución y la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual incorpora los jueces de paz y la jurisdicción de las comunidades indígenas en la estructura general de la Administración de Justicia, como integrantes de la Rama Judicial. La jurisdicción de las comunidades indígenas implica el reconocimiento del pluralismo jurídico en Colombia. Esto significa que dentro de las leyes colombianas se reconoce la justicia propia indígena por lo tanto el Estado debe respetarla.

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autoprotección juega un papel importante el Tejido Defensa de la Vida,el cual implementa mecanismos para la defensa y protección de la vida, el territorio y los Derechos humanos,incluyendo la Guardia Indígena y el Observatorio de Derechos Humanos.

En la apuesta de protección de la ACIN sobresale la Guardia Indígena, una forma milenaria de protección de los pueblos originarios, cuyo mandato es la defensa de la vida. La Guardia, que siempre existió entre los Nasa, se oficializó para hacerse visible en 2001, cuando, dado a los altos niveles de impacto del conflicto armado sobre las comunidades, sus asambleas decidieron instalar guardias permanentes. La Guardia Indígena es unamecanismo de protección, porque evita que los jóvenes sean reclutados por cualquiera de los actores armados, defiende la autonomía territorial indígena y se constituye en una estrategia de formación en el marco de la cultura propia. (Foto de la guardia indígena IMG_2313) Formación de la Guardia Indígena Foto de: Fernanda Espinosa Moreno.

Los guardias indígenas, elegidos por la asamblea, y portando el bastón de mando como símbolo de autoridad, defienden los derechos y la vida de la comunidad, y realizan control territorial. En esta búsqueda para los Nasa lo simbólico, ancestral y político, también ha sido determinante como prueba de que lo que buscan es la paz y la armonía con la tierra, con los bastones de mando ante la prepotencia de las armas. La Guardia Indígena, es su mecanismo de protección y seguridad que con el poder y sabiduría heredada de sus ancestros, actúa más como un mecanismo de disuasión del peligro y la fuerza espiritual. En ese contexto, el papel de la Guardia Indígena Nasa ha sido fundamental, tanto para ejercer la autonomía cultural, como el control social del territorio, frente a los actores armados.

Otro mecanismo de protección utilizado por el pueblo Nasa son los sitios de Asamblea Permanente

concebidos para resguardar a la población durante los hostigamientos, combates y bombardeos. En los 19 Cabildos se han definido 75 sitios de Asamblea Permanente que han servido para mantener la cohesión del movimiento indígena y proteger a la población en momentos de crisis humanitaria. Pese a ello resultan insuficientes dado el aumento del conflicto. Sin embargo, ante las acciones de protección hay señalamientos por parte de la Fuerza Pública: “Ahora es normal que minutos después de que se hace una operación contra las FARC, indígenas (entre niños y mujeres embarazadas) llegan con banderitas blancas pidiendo el alto de la operación, pero la verdad es que son enviados por la misma guerrilla para lograr huir y evadir los controles”10 .(Periódico El Tiempo, marzo 28 de 2011)

La ACIN también desarrolló el Plan Minga en Resistencia, que consiste en: a) Articular las iniciativas relativas a la protección del proceso político- organizativo que abarca las fases de prevención, atención y armonización ante los efectos del conflicto armado en el territorio Nasa del norte del Cauca. b) Fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección de las comunidades, líderes y equipos de trabajo de la ACIN. Entre otros aspectos el Plan Minga en Resistencia alimenta la propuesta de plan de salvaguarda étnica del pueblo Nasa con presencia en seis departamentos del país. c) Responder a la apuesta estructural de la ACIN de hechos de paz y en particular, a la solución política del conflicto armado; alternativa definida por las instancias de decisión del pueblo Nasa.

Todas estas estrategias de protección y autoprotección se expresaron como forma de defendsa de la vida y la pervivencia del pueblo Nasa de manera articulada, en un escenario de confrontación incrementada y recrudecimiento de la guerra en el 2012. En particular en los dos momentos ya mencionados: los hechos del cerro de Berlin y las confrontaciones en Toribio.

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10 Periódico El Tiempo, marzo 28 de 2011.

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Construyendo paz desde la resistencia, persistencia y autoprotección

Colombia vive un agotamiento de una guerra que lleva más de 60 años con miles de muertos. En su apuesta de paz el movimiento indígena en el Cauca ha expresado su inconformidad frente a la política autoritaria y guerrerista y también se ha pronunciado frente a la agresión de los grupos insurgentes.

Autonomía y control territorial son una parte de la construcción de la paz para la ACIN. Pero también una paz integral que implica el desarrollo de los planes de vida propios en lo cultural, lo político, lo económico y lo social, donde se resaltan ejercicios como el de educación propia y en lengua indígena. Para los Nasa la paz además es el territorio y el respeto por la madre tierra porque cuando el hombre convive en armonía y en equilibrio los espíritus orientan su camino. La ACIN ha dicho “Por una paz más allá de la negociación entre los armados” la cual resume su postura por la necesidad de la construcción de la paz con la sociedad en su conjunto y que solucione

los problemas estructurales del país, pues ellos “desde los 500 años venimos construyendo paz”.A pesar del anuncio del presidente Santos el 4 de septiembre de 2012 del inicio de una mesa de negociación con las FARC en los territorios no se ha detenido la guerra. Continúa el impacto a la población civil a causa del conflicto y la violencia política va en aumento. Aunque hubo un cese al fuego unilateral por parte de las FARC entre el 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013 la presencia militar continuo en el territorio. Entre enero y mayo de 2013 hasta nos encontramos con 13 casos de líderes y comuneros de la ACIN asesinados.

En un contexto de incremento de violencia como fue el año 2012, las apuestas del pueblo Nasa de sacar de sus territorios a todos los grupos armados, tanto a la guerrilla como a la Fuerza Pública y de permanecer en el territorio desarrollando planes de vida propios, son relevantes y se destacan como un gran ejemplo de resistencia pacífica, de autonomía frente al conflicto por ello en la construcción de paz los indígenas caucanos nos llevan mucho camino de ventaja.

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Una Luztanta oscuridaden medio de

Jackeline Rojas “A Toda una Vida”, Judith Maldonado “Defensora del Año” y Rafael Barrios en representación del CCAJAR “Proceso colectivo del Año”,

recibiendo los galardones. Bogotá, Auditorio Compensar, Septiembre 7 de 2012 - Diakonia

Por Nancy J. Arevalo C. Oficial de Programa Diakonia Colombia

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Los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia

existen… y actúan por usted..!

Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos

El reconocimiento del papel decisivo que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las violaciones de que son

objeto muchos de ellos y ellas, convencieron a las Naciones Unidas de que era necesario realizar esfuerzos especiales para proteger a los defensores y sus actividades.

Lo primero consistió en definir oficialmente la “defensa” de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y reconocer a las personas que trabajan en favor de esos derechos como “defensores de los derechos humanos1”. La segunda medida se adoptó en abril del año 2000, cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Secretario General que nombrase un representante especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos encargado de vigilar y apoyar la aplicación de la Declaración.

¿Por qué un Premio a la “Defensa” de derechos humanos en Colombia?

“Toda persona tiene derecho a promover, desarrollar y proteger los derechos humanos por medios legales y pacíficos. Dichos medios incluyen el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

Según la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998, son los Estados los que tienen la responsabilidad fundamental de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos. Aunque

la Declaración no es legalmente vinculante, reúne disposiciones de otros tratados y pactos aplicables a los defensores y defensoras de los derechos humanos que sí lo son.

La lucha por los derechos humanos resuena quizás con más fuerza que cualquier otro aspecto de nuestro trabajo en el ámbito de nuestra propia realidad en medio del conflicto, y tiene una profunda relevancia en la vida de los más vulnerables, necesitados, los acallados, las víctimas del conflicto y la violencia socio-política, las situaciones arbitrarias y ante todo de la ausencia de justicia.

Si ante tales abusos, no alzamos la voz y no hablamos con claridad, si no actuamos en defensa, y abogamos por la universalidad de los derechos humanos, ¿cómo podemos responder ante esa responsabilidad máxima de preservar y realizar la vida en condiciones de dignidad, equidad y justicia?

Por cada derecho proclamado, cientos de abusos se comenten a diario, ignorando tales derechos. La realidad colombiana ha conocido la lamentable experiencia de autoridades, funcionarios públicos de alto nivel, gobernantes y dignatarios que se han referido públicamente a la labor de organizaciones sociales, de defensores y comunicadores como una amenaza para la “seguridad democrática”, acusándolos de tener vínculos con grupos guerrilleros o ser sus voceros.

Esto ha aumentado la estigmatización generando un ambiente de hostilidad, caracterizado por oleadas de asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas, robo de información confidencial, y persecución política. Para afrontar este clima de violencia sistemática urge el fortalecimiento de mecanismos que informe a la sociedad colombiana sobre la importante contribución que la labor de defensa de Derechos humanos significa para el amortiguamiento de los impactos del conflicto armado en la sociedad civil y el fortalecimiento de la democracia, a través de un ambiente más favorable que tanto nacional como regional y localmente se reconoce en sus líderes

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1 El 9 de diciembre de 1998, en virtud de su resolución 53/144, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (conocida comúnmente como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”).

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sociales, organizaciones y defensores(as) de sus derechos. En Colombia son muchas las iniciativas que se han encargado de promocionar una idea de Quien es el Defensor de derechos humanos en el marco de la Declaración de Naciones Unidas.

Sin embargo, por iniciativas desde la sociedad civil, hay premios anuales a científicos, deportistas, y mujeres, pero no existe un premio nacional para “La defensa” de DDHH. Un reconocimiento a quienes de manera individual o colectiva, en el ejercicio de reivindicar un derecho, con su labor contribuyen a contrarrestar las estigmatizaciones que frecuentemente reciben, en muchos casos desde autoridades del Estado.

La idea de un Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia, parte de otorgar

amplio respaldo y reconocimiento hacia la labor de la defensa de los derechos humanos, a partir del reconocimiento de experiencias individuales y colectivas existentes en el país. Reconocimiento que intenta poder contribuir a posicionar un imaginario colectivo más positivo y favorable frente a la labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia, como un aporte a la democracia y a la sociedad en su conjunto. Para lo cual se plantea generar un escenario nacional de alto impacto cada año, en Colombia, para reconocer públicamente la importancia de la labor de defensa de los derechos humanos en el marco del Dia Nacional de los derechos humamnos en Colombia: 9 de septiembre.

En este horizonte, el Premio se concibe como una oportunidad para reconocer públicamente y al mismo tiempo rendir homenaje a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desde esta concepción, la Coordinación de agencias Diálogo Inter Agencial en Colombia DIAL , en el marco del Proyecto de la Unión Europea y Diakonia (Suecia), realiza esta distinción para hacer un reconocimiento público al trabajo por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, como un mecanismo encaminado a incrementar la protección política y la visibilización de su aporte a la construcción de la democracia, y como una estrategia para disminuir la estigmatización ejercida contra los y las defensoras de derechos humanos, líderes y organizaciones sociales, que tanto individual o colectivamente ejercen su defensa,

promoción y exigen su garantía en Colombia, en la idea de propiciar también un ambiente más favorable frente a su labor legítima de defensa.

Diakonia considera que este Premio Nacional contribuye a la disminución de la estigmatización social, gubernamental y sus graves impactos sociales y políticos sobre el ejercicio de las libertades fundamentales de pensamiento expresión y agrupación pacífica de organizaciones sociales, de defensores y de medios de comunicación en Colombia.

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La construcción y búsqueda de Legitimidad y Protección

El hecho que los defensores y defensoras en sentido amplio, continúen siendo víctimas de las más graves violaciones de los derechos humanos pone de manifiesto que queda mucho por hacer para apoyar su labor y protegerlos de ataques, amenazas y hostilidad frente a su labor hasta la preservación de sus vidas e integridad personal. Situación que evidencia claramente que en Colombia, aun no se cuenta con las garantías para el libre ejercicio de su defensa.

Es importante volver a destacar que los esfuerzos para apoyar y proteger a los defensores y defensoras de ddhh, contribuye a garantizar la aplicación del marco normativo referido al derecho internacional de los derechos humanos. La protección de los defensores y defensoras y el apoyo a su labor deberían ser una parte fundamental de las estrategias de derechos humanos de los Estados, de la labor de las Naciones Unidas en conjunto y de las acciones de las instituciones públicas responsables de su protección. De igual manera el apoyo a los defensores y defensoras debería constituir un aspecto de toda cooperación internacional en el contexto del desarrollo, la democratización y los procesos de negociación y acuerdos de paz.

El premio, como iniciativa de la comunidad internacional representada en la plataforma de dialogo interagencial DIAL, propende por que en Colombia los Defensores y defensoras de Derechos Humanos logren un reconocimiento social por su aporte a la promoción y defensa de los Derechos con mayor visibilidad, reconocimiento social, garantías y posibilidades de contrarrestar señalamientos, ataques y poder ejercer sus derechos al mejorar su situación de vulnerabilidad. Solo dando cumplimiento a este derecho podremos decir que en Colombia es posible defender los derechos humanos sin perder la vida en ello.

En este sentido, la urgencia está definida en el horizonte de lograr aumentar los niveles de Protección, Garantías legales y Legitimación por parte del Estado y la sociedad colombiana de los procesos de reivindicación y defensa de derechos humanos y libertades fundamentales de pensamiento, opinión, expresión y de agrupación pacifica de las organizaciones sociales (sindicatos, población desplazada, víctimas de crímenes de Estado, campesinos, comunidades étnicas y de mujeres), defensores de derechos humanos y medios de comunicación gravemente amenazados en Colombia por su labor de defensa de derechos humanos como una prioridad nacional.

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El Premio 2012 “A la Defensa”Los reconocimientos públicos en la primera versión 2012

Categoria uno: Reconocimiento a la Defensora del año: Judith Maldonado es la fundadora, junto a otras mujeres, del colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, una organización que busca acercar las leyes a las víctimas del Magdalena Medio y el Nororiente del país. Ha trabajado, de la mano de las víctimas, en problemáticas relacionadas con el impacto del narcotráfico en el medio ambiente y los desplazamientos forzados generados por la implementación de megaproyectos en la región.Categoria 2 Reconocimiento al “Proceso colectivo del año” al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, colectivo que ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte de autoridades gubernamentales y sectores políticos. Su trabajo está enfocado en al defensa de las víctimas del estado y grupos paramilitares. Tiene la representación de las víctimas en más de 60 procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU. También, ha sido judicializado en procesos que se han caído por falta de sustento judicial por sí solos.

Categoria 3 Reconocimiento a “A toda una vida”: Jackeline Rojas, como mujer defensora de ddhh en el Magdalena Medio, líder social de Barrancabermeja, defensora de los derechos de las mujeres, ha sorteado varios atentados en su contra y ha perdido a tres familiares cercanos por cuenta de la violencia paramilitar. Su voz es escuchada en diversos escenarios internacionales como la Unión Europea sobre el tema de las violaciones a los Derechos Humanos.

En el marco de estas tres categorías definidas: El Defensor o defensora del año: aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último año

es testimonio y ejemplo de vida, la Experiencia o proceso colectivo del año: aquel colectivo social, experiencia local u organización que se destaque por su trabajo de defensa de DDHH desarrollado en el último año, Y el Reconocimiento “a toda una vida” por su valor, “perseverancia”, y “presencia” en la defensa de derechos humanos en Colombia, se otorgaron los galardones a la defensa de derechos en Colombia en su primera versión 2012. Los criterios de valoración están referidos a:

1. grado de protección o desprotección en la defensa de los ddhh, 2. aportes a la lucha contra la impunidad y contra las discriminaciones históricas, 3. impacto y contribucion a favor de los dhh en Colombia, 4. aportes a la articulación con redes sociales y de ddhh en colombia en su ámbito de acción, y 5. capacidad para generar propuestas novedosas para la defensa de los ddhh en Colombia. Estos cinco criterios son valorados y calificados por cada uno de los miembros del Jurado en cada uno de los postulados, que constituyen un grupo de personalidades representativos de la academia, el derecho, el trabajo de incidencia y cabildeo internacional, la jurisprudencia internacional de los ddhh, investigadores y cientistas sociales de Colombia, América Latina, Europa y Estados Unidos2.

Con estas definiciones se llevo a cabo en un escenario político y social de gran impacto, el 7 de septiembre de 2012, el acto de reconocimiento público a la defensa de derechos en Colombia3 Ceremonia en donde se dieron cita y se vincularon los medios periodísticos4, comunicadores, y las redes sociales, las ongs internacionales de cooperación con trabajo y presencia en Colombia, las organizaciones sociales, universidades, las redes y plataformas de ddhh, la academia,

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2 Para el 2012 los miembros del Jurado fueron: Amanda Romero Medina (Colombia), Bob Fosberg (Suecia), Dana Brown (USOC EEUU), Doris Marcela Hernández( Esp.DDHH ESAP Colombia), Ignacio Gómez(Director Noticias UNO, JD FLIP Colombia), Lisa Haugaard (LWG EEUU), Luis Alfonso Fajardo (Maestria ddhh U. Santo Tomas Colombia), Martha Nubia Bello(Inv.social Un.Nal Colombia), Martín Almada(Juez victima dictadura Paraguay), Monseñor Héctor Fabio Henao (SNPS Colombia) y Víctor Abramovich(Jurista, Mercosur Argentina).3 Ver transmisión en directo de la ceremonia Video completo de la Premiación en Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E2tQaIykvbM#! Y en archivo de Canal Capital.4 Ver transmisión en directo de la ceremonia Video completo de la Premiación en Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E2tQaIykvbM#! Y en archivo de Canal Capital.

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embajadas, Naciones Unidas, lideres y lideresas sociales, defensores y defensoras de ddhh, los jurados calificadores, entre otros muchos más, quienes a una sola voz celebramos este gran acto de reconocimiento a la defensa de derechos en Colombia.

De destacar el trabajo y las estrategias con Medios como un aprendizaje significativo de esta primera versión, que con un trabajo permanente e insumos diseñados específicamente para este fin, (banners publicitarios, fan page, afiches, comunicados de prensa, entrevistas, video documental, logo simbólico, etc) se logro un posicionamiento publico de la labor de los 28 postulados recibidos en el 2012 , se destacaron y visibilizaron sus trabajos y experiencias de defensa de derechos en Colombia, gracias entre otras acciones comunicativas, al respaldo de canal capital Televisión más humana y en particular de su director Hollman Morris, junto con la labor altruista y decidida de respaldo desarrollada por el Programa Somos Defensores y su línea de trabajo en comunicaciones, incidencia y opinión publica, experiencia que nos mostró una línea de trabajo importante que a veces descuidamos, y a la que no siempre prestamos la suficiente atención, como es la estrategia de Medios y la necesidad de implementar acciones comunicativas de manera más contundente y eficaz.

Otro aspecto que destaco con acierto, es el referido a la inclusión de la dimensión de la espiritualidad indígena en la vinculación del pueblo Camenstsá, en el alto Putumayo, desde la construcción y el diseño, “tejiendo” durante varios meses, cada una de las piezas de galardón para los finalistas, tejidos con simbología ancestral, -diseño y autoría del artesano y diseñador William Chicunque-, quienes con su presencia y voz también acompañaron en la ceremonia de premiación, poniendo en un distintivo de ritual indígena, el lugar de lo sagrado y lo profano en la celebración, -como un factor que toco sensiblemente a muchos de sus asistentes-, la exposición de los trabajos en ddhh, el trabajo de Minga a través del ensamble y performance de “Memorias del Fuego y el Hielo” , aunó esfuerzos

múltiples que permitieron reconocernos de manera amplia a nosotros mismos y ante la sociedad como defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes rendimos culto/homenaje, por su labor constante de recordarnos lo importante de defender y preservar la vida, en todo acto cotidiano que realicemos para defender nuestros derechos.

Ser UNA LUZ EN MEDIO DE TANTA OSCURIDAD

A los y las Defensoras de derechos humanos en Colombia, les expresamos que este Premio Nacional es una forma de aportar desde la celebración y el homenaje sincero un espacio de visibilidad, sensibilidad y posicionamiento político, en la idea de destacar con mayor fuerza las contribuciones de los y las defensoras a la construcción de democracia, de país y de sociedad plural e incluyente. En dos sentidos, uno relievar lo afirmativo de la defensa de la vida en todas sus dimensiones desarrollado en estas acciones de defensa de DDHH en Colombia y dos, destacar con mayor contundencia el valor de los liderazgos humanos, sociales, políticos y organizativos en Colombia, que en medio de tanta impunidad, sin justicia, con la muerte rondando detrás o al lado de ellos y ellas, sobrevivientes de masacres y atropellos, con niveles de hostigamiento y estigmatización que no cesan, se mantienen vivos en medio de tanta adversidad, en sus reivindicaciones sociales, con su trabajo y acciones políticas cotidianas en Colombia, frente a toda esta oscuridad están y permanecen estos procesos andando en nuestro país.

Desde ya los y las invitamos a participar en esta iniciativa para el Premio versión 2013, nos encontraremos de nuevo el 9 de Septiembre de 2013. Ver formulario de postulaciones y convocatoria en Facebook fan page: http://www.facebook.com/pages/Premio-Nacional-a-la-Defensa-de-los-Derechos-Humanos-en-Colombia/ o escribir al email: Premionacionaldefensores@gmail.com

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En una sociedad como la colombiana, profundamente marcada por un conflicto armado largo y progresivamente degradado,

la labor de defensa de derechos humanos ha tenido históricamente un especial énfasis en los derechos civiles y políticos. Esto ha hecho que los defensores y defensoras resulten siendo un obstáculo, tanto para los actores armados, como para aquellos por cuyos intereses se alimenta este conflicto.

A partir de una larga labor de sensibilización y exigencias de protección para estos hombres y mujeres -exigencias hechas al Estado colombiano con el acompañamiento y respaldo de algunos sectores de la comunidad internacional- existen algunos avances en el marco legal correspondiente y en la implementación de medidas físicas de protección, pese a lo cual el panorama continúa siendo precario en medidas integrales de protección. Sin embargo existe otro escenario que requiere de aun más profundas transformaciones, este escenario es el de una cultura que ademàs de respetar y brindar garantías a esta labor, promueva y facilite este accionar; pero ¿por qué y para qué? Para responder esta pregunta hay que entender el rol que cumple la defensa de derechos humanos en una democracia.

Una democracia madura requiere de la participación de los ciudadanos y es deber del Estado promoverla, por supuesto las democracias delegatarias entienden como escenario central de participación las elecciones, sin embargo la participación también debe referirse a la organización de sectores de la sociedad para que hagan veeduría a sus gobernantes y su gestión, para que denuncien las irregularidades, para que propongan soluciones a las problemáticas, para que canalicen anhelos y necesidades de sectores de la sociedad –especialmente aquellos sectores cuyos intereses no tienen real representación en los gobiernos o están claramente sub representados. En esta medida debe tenerse presente que la labor de defensa de derechos humanos es una forma central de participación de la sociedad civil, participación que debe por supuesto ser respetada y rodeada de garantías, pero que además debe ser promovida de manera activa por cualquier Estado democrático.

Una democracia requiere de transparencia, tanto en sus fines como en sus medios, por lo tanto es obligación del Estado suministrar información veraz y oportuna, especialmente frente a requerimientos de la sociedad civil organizada.

Defensores y Defensorasde Derechos Humanos

La Protección a la labor de los

en una Democracia

Por César RomeroPrograma Somos Defensores

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La democracia requiere de mecanismos de verificación y control, por eso el trabajo de defensa de derechos humanos es una labor que se suma al trabajo de los organismos de control públicos, de tal manera que quien defiende los derechos humanos, está defendiendo la democracia.

La democracia, ya lo sabemos, no es simplemente el gobierno de las mayorías, implica la garantía de los derechos de las minorías y del respeto de todas aquellas comunidades con características particulares. Por lo tanto, la inclusión de todos los sectores de la sociedad requiere de su participación en la promoción y defensa de sus propios derechos, cada uno debe tener su propia voz y el Estado debe garantizar los mecanismos para ello. Los defensores y defensoras de derechos humanos juegan un papel importante en hacer efectiva esta inclusión, lo cual los hace relevantes en la construcción de una verdadera democracia.

Los líderes de los movimientos sociales y comunitarios trabajan por los derechos de sus comunidades, los miembros de las organizaciones no gubernamentales dedican sus esfuerzos a la promoción y garantía de derechos, sean estos económicos, sociales, culturales o ambientales, o sean civiles o políticos. Estos líderes deben, en una democracia real, ser considerados interlocutores válidos por parte de los funcionarios públicos en general y por los gobernantes en particular.

Todo lo anterior evidencia que, si bien es fundamental para la sociedad la protección a los defensores y defensoras, es indispensable

para la democracia la promoción de la defensa de derechos humanos. Quien pone en peligro la democracia es el funcionario que viola la ley o maneja indelicadamente los recursos públicos, no quien le denuncia; es el gobernante que no cumple su programa, no quién le hace veeduría; es el actor armado que viola la ley y los sectores que lo promueven y financian, no sus víctimas o quienes reclaman justicia; es la empresa que transgrede las normas ambientales, no la comunidad que trata de impedirlo.

Es muy grave que los defensoras y defensoras sean agredidos en Colombia y hay que actuar al respecto de manera decidida (especialmente frente a las causas estructurales de dichas agresiones) pero es también trascendental que el Estado promueva, con políticas públicas específicas y diferenciales, unas instituciones y una cultura que valoren y promuevan la labor de defensa de derechos humanos, ¿el diseño e implementación de la política pública del actual gobierno apunta al logro de esta meta, hasta el momento nunca priorizada? Si no lo es, y el balance legislativo y de desarrollo normativo así parece demostrarlo, es nuestro deber, como ciudadanos y como defensores, implementar acciones que incidan en una transformación cultural en el conjunto de la sociedad. También debemos exigir al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales, que integren esta meta en la efectiva ejecución de sus programas de gobierno, para lo cual se requiere voluntad política, un marco legal y asignaciones presupuestales con objetivos e indicadores definidos.

EXPERIENCIAS

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Nuevas Tecnologías de Información y ComunicaciónNTIC

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Foto: Asociación MINGA

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En Colombia las organizaciones y sectores sociales con el paso de los años, se han ido apropiando de diferentes herramientas

del mundo globalizado. Todo esto con el fin de proteger las dinámicas organizativas y participativas, también para defender los derechos de sus comunidades o territorios y enfrentar los interés políticos y económicos que buscan acabarlas, en medio de un conflicto armado que ya completa 5 décadas.

Frente a este contexto o panorama que se vive en Colombia muchas organizaciones y sectores sociales (indígenas, campesinas, afrocolombianas, estudiantiles, sindicalistas, de derechos humanos, LGBTI, mujeres, jóvenes, víctimas, entre otras) se han visto en la necesidad de buscar permanentemente nuevos mecanismos de defensa y visibilización, una de ellas es el uso de las nuevas

tecnologías de información y comunicación para defender, visibilizar y fortalecer sus planes de vida o procesos organizativos. La solidaridad, la construcción de agendas políticas y la movilización son acciones que se han fortalecido gracias al uso de otras herramientas tecnologías.

En la actualidad una de las TIC más usada en los movimientos sociales es internet. Esta herramienta ha ido abarcando espacios importantes en las estructuras de relacionamiento y comunicación de las organizaciones sociales. Son diversos los usos que se les han dado, van desde la investigación, la gestión económica, la capacitación; hasta la visibilización de luchas, reivindicaciones y movilizaciones sociales.

Han sido diversas las experiencias del uso de las herramientas tecnológicas en los movimientos

DEFENSORES(AS) DIGITALES:

Movimientos Sociales y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación,

trayectoria y desafíos

Por Gustavo Ulcué CampoPrograma Somos Defensores

Por Carlos A. GuevaraPrograma Somos Defensores

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sociales. Casos como la conocida “Primavera Árabe” donde una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente del norte de África, fueron pensados, planeados y ejecutados teniendo internet como pieza clave de la comunicación. También el movimiento ciudadano 15-M, más conocidos como “Los Indignados” quienes mediante convocatorias en redes sociales, produjeron una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (PPSOE) y del dominio de bancos y corporaciones, así como una “auténtica división de poderes” y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.

Estas y muchas otras iniciativas, se han desarrollado teniendo en cuenta sus particularidades y sus necesidades de comunicación e información: “La Internet se constituye hoy como un nuevo campo para la acción política de movimientos sociales mundiales en el que se redefine la comunicación como un proceso de flujos que permite tanto la distribución de información, como la visibilización y la generación de mensajes alternativos o de contrainformación.” (La palabra perfecta Vilma Almendra).

En Colombia hasta el año 2000, la mayoría de las organizaciones o movimientos sociales solo usaban los computadores para la ofimática, es decir el uso de

software de oficina y administración contable. Los que tenían procesos o programas de comunicación utilizaban el PC para la edición de audio o video, diseño y diagramación de publicaciones. Hasta esa época el fuerte de la comunicación en los sectores sociales estaba más en el uso de la radiodifusión, emisoras comunitarias o de interés público y el aprovechamiento de espacios televisivos en los canales locales o regionales.

Después del año 2002 comienza la masificación de internet en el territorio nacional, aunque la navegación era sumamente lenta debido a que las conexiones eran conmutadas telefónica o satelitalmente y en ambos casos no superaba los 58KB de velocidad. El gobierno, entidades públicas, privadas y algunas ONG’s dedicadas al tema, se dieron a la tarea de “conectar al país con internet” tal es el caso de las iniciativas de los telecentros e infocentros. Por ejemplo el proyecto COMPARTEL instaló telecentros en lugares y comunidades tan distantes del país como la selva amazónica o chocoana, las zonas cordilleranas de Antioquia, el Catatumbo y desiertos como La Guajira, con la dificultad que en esos y muchos otros lugares ni siquiera había electricidad.

Organizaciones y TIC: Un tardío comienzo

En sus inicios “digitales”, cerca del año 2002, los movimientos sociales empleaban la internet para el relacionamiento organizativo, por ejemplo, su trabajo más frecuente era el correo electrónico como un complemento al uso ofimático. El “mail” se convirtió en la herramienta de comunicación

Foto: Asociación MINGA

Foto tomada de www.desdeabajo.info

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y difusión más usada por los miembros de las organizaciones, debido a su fácil acceso, ya que compañías como Latinmedia, Hotmail, Yahoo y luego Google, permitían crear cuentas de correo sin ningún tipo de costo económico, salvo permitir la publicidad en los webmail o plataforma de correo. En ese proceso de apropiación e incorporación tecnológica de los movimientos sociales también se comenzó a crear blogs y páginas web para informar y difundir el quehacer de sus actividades, iniciativas, luchas y proyectos.

Pasaron varios años en la primera década del siglo XXI y el uso de esta TIC por parte de organizaciones sociales iba mejorando, tanto en comprensión de la herramienta como en la conectividad y el acceso a internet; sin embargo por otro, el contexto de agresión se iba agudizando en los diferentes territorios y procesos sociales del país. Se hizo necesario fortalecer las dinámicas políticas y comunicativas, no bastaba sólo con crear páginas web y tener correos electrónicos, era necesario internet para informar, denunciar, proponer y defender los derechos de las comunidades ante un escenario de violencia en incremento y una opinión pública silente ante dicha violencia.

Es así como, desde diversos sectores, surgieron propuestas de comunicación alternativa, donde se mezclaba el conocimiento popular de las comunidades y el uso, cada vez más amplio, de TIC como internet. Si bien la “génesis digital” de las organizaciones sociales en Colombia fue tardía en comparación con otros sectores de la sociedad civil, su incorporación se convirtió en una poderosa herramienta para defenderse y buscar ayuda y solidaridad.

Las TIC’s como herramientas de los Movi-mientos Sociales

En Colombia, una de las experiencias más significativas de apropiación de las nuevas herramientas tecnológicas, en especial internet, es la del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN. La apropiación tecnológica les permitió la creación de una página web, la difusión de correos electrónicos a través de listas masivas, la transmisión de audio y video en tiempo real en los procesos de movilización y reivindicación del movimiento indígena y la creación de un canal de video en youtube en sus inicios. El uso de herramientas multimedia en la web les permitieron visibilizar y defender el plan de vida de las comunidades indígenas del Cauca, fortalecer la autonomía mediante la planeación comunitaria, los planes de salud, la educación, el ejercicio del derecho propio y los espacios para toma de decisiones, creando alianzas estratégicas con otros sectores sociales.

Foto Carlos A. Guevara – Programa Somos Defensores

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Son muchas las experiencias del uso y apropiación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los movimientos sociales, solo para mencionar algunas de ellas: el colectivo de comunicación Línea 21 de Montes de María, La MANE (La Mesa Amplia Nacional Estudiantil), la Pastoral Social de Quibdó, Prensa Rural, la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio RECALCA, La Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional RECLAME, el Proceso de Comunidades Negras PCN, la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano, El Programa Somos Defensores, el proceso Juvenil de Hijos e Hijas, la Organización Indígena de Colombia ONIC, la organización de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana OPIAC, la Fuerza de Mujeres Wayuu, el colectivo de comunicación Antena Mutante, la corporación audiovisual Platohedro, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, la comunidad de Paz de San José de Apartado, el Tercer Canal del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras.

En los últimos 5 años se ha ampliando el uso de las nuevas herramientas tecnológicas por parte del movimiento social. Muchas organizaciones han construido estrategias de comunicación para el fortalecimiento de sus dinámicas organizativas teniendo como pieza clave el uso de internet. Diversos procesos o movimientos han designado y capacitado a sus miembros para que se conviertan en webmasters y masificando el uso de emisoras virtuales, canales de video en youtube, podcast, publicaciones virtuales, galerías fotográficas, multimedias y transmisiones de video en tiempo real, como también hay más uso de script y javascript para la creación de banners o anuncios de actividades, eventos o movilizaciones en sus páginas web.

Pero sin duda la TIC que cada día adquiere más fuerza en el quehacer comunicativo de las organizaciones es el uso de las redes sociales. Este fenómeno se dio por la rápida inserción de otras TIC como la telefonía celular y navegación en dispositivos móviles que han hecho de facebook, twitter, skype, google+, foursquare, youtube y flickr, más que canales de comunicación, escenario de defensa de derechos humanos.

Muchos de los procesos de movilización, sobre todo urbanos, como las marchas y las acciones colectivas, se han generado desde las convocatorias tradicionales, pero también desde las redes sociales, donde los mensajes pueden ser repetidos o difundidos por todos los seguidores y extenderse a otros colectivos y otras redes sociales atravesando espacios y territorios en cuestión de segundos.

En algunos países las redes sociales se convirtieron en una herramienta de comunicación tan importante para los procesos de movilización y acciones colectivas, que los gobiernos han comenzado a limitar todas las libertades llegando como en el caso de Egipto a cortar el acceso a internet en todo el país en el marco de la “primavera árabe”.

Con el activismo que se vive en los procesos sociales es difícil para muchas organizaciones agendar tiempo suficiente para ver la televisión con el fin de seguir las noticias, en cambio, con el acceso a internet y servicios como el RSS de Noticias, los miembros de los movimientos sociales ya no necesitan de la TV, en algunos casos, ni siquiera la radio que ofrece una mayor inmediatez. La mejor manera de seguir una noticia es en tiempo real a través de redes sociales como Twitter.

Alex Rubeola

(Fundación Platohedro -Medellín),

son pioneros en la inserción de

NTIC en el trabajo por lo social,

cultural y los DD.HH

Foto Soraya Bayuelo

(Colectivo de Comunicaciones

Línea 21 Montes de María),

Tercer Canal (CAJAR – Bogotá)

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Por ello muchas organizaciones y movimientos sociales han visto que no basta sólo con tener webmasters (administradores de sus sitios web) es necesario fomentar iniciativas como el Community Manager o Social Media Manager (administrador de comunidades o redes sociales) es decir, personas de las organizaciones encargadas de promover, estructurar y moderar comunidades virtuales en torno a los procesos comunicativos o informativos. Esta actividad se perfila dentro de los movimientos sociales como una forma de darle mejor uso a las nuevos canales de comunicación tales como las herramientas o redes sociales.

No todo es “color de rosa”

Si bien son muchos los aspectos positivos en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, también hay que anotar que no todo se ha desarrollado de la mejor manera. Por ejemplo:

1. Planeación

En los procesos sociales en especial los ubicados en las zonas rurales, como territorios indígenas dónde no había ningún contacto con herramientas tecnologías, incluso ni siquiera acceso a la

electricidad, llegó primero la internet satelital de COMPARTEL, la cual se abastecía de energía solar. El gobierno en su afán de llegar con internet a los lugares más distantes, no hizo estudios sobre los impactos que estas tecnologías traerían sobre las comunidades. De igual modo, muchas de las comunidades no estaban preparadas ni política ni culturalmente para recibir estas herramientas tecnológicas.

Esta situación trajo consigo debilidad en los procesos culturares y cosmogónicos en el caso de los pueblos indígenas. La perdida cultural, el compartir con los mayores, la ritualidad, fueron algunos de los aspectos que se fueron debilitando debido a la no planeación de la apropiación de las herramientas tecnológicas.

Las zonas urbanas no fueron una excepción a la falta de planeación. En muchos casos los movimientos sociales no tuvieron una preparación adecuada para la apropiación de las TIC’s, y como ya lo mencionamos su inicio en la “Era Digital” no solo fue tardía sino atropellada.

Foto tomada de www.telecentros.org.co9

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2. Información Sensible en DDHH: Riesgo Inminente

Otro factor negativo en el uso de las TIC por parte del movimiento social colombiano, es la falta de sensibilización de las organizaciones frente a la vulnerabilidad en la que se encuentra su información “sensible” con el MAL uso de las TIC. Como es de conocimiento público, las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, manejan información altamente “sensible” o delicada, relacionada con casos de violación a los derechos humanos, denuncias sobre irregularidades y excesos del Estado y en general, información que quiere ser “borrada” por muchos.

En esta medida, no existe una plena conciencia en el uso de todo tipo de dispositivo digital por parte de los miembros de estas organizaciones. Esto significa que no comprenden ampliamente la posible vulnerabilidad de sus equipos, y de la información que en ellos se guarda, no hay acciones de prevención y protección de su información sensible. Vale la pena recordar que el ROBO DE INFORMACION es una de las principales acciones de agresión contra defensores, defensoras de ddhh, líderes sociales y organizaciones. El Programa Somos Defensores ha documentado durante los últimos 6 años más de 50 casos de hurtos de información significativamente importante para la defensa de los derechos humanos. Igualmente el Programa, junto con otras organizaciones sociales como MOVICE, el Bando de datos del CINEP, Pasosdejesus.org, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – SINCODH y otros, han sido pioneros en Colombia en la capacitación y asesoría de organizaciones sociales y de derechos humanos en la administración de esta información sensible y la comprensión de mecanismos de protección de dicha información.

Sin embargo, los casos en que la información importante de las organizaciones sociales es hurtada, continúan. Lo más importante en este caso es saber identificar cual es esa información sensible y saber administrarla ya sea en dispositivos digitales o físicos.

3. Software Privado: Hegemonía Tecnología

En Colombia, como casi en toda América latina, se masificó el sistema operativo Windows de la compañía Microsoft. Toda formación en informática dada desde las instituciones educativas públicas o privadas, así como las capacitaciones o cursos de informática se desarrollaban a partir del aprendizaje de Windows y la ofimática de Microsoft, por lo cual, los movimientos sociales cayeron en el fomento de software de licencias privativas que estructuró el uso de la tecnología. Debido al monopolio del sistema operativo Windows; el cual ha sido asediado constantemente con ataques representados en virus, archivos maliciosos, espías, entre otros; los usuarios de este sistema operativo, que son la mayoria, terminaron afectados de muchas formas, y entre ellos los mismos movimientos sociales.

Lo anterior trajo desventajas. El uso de software privados requiere grandes inversiones económicas, pero debido a la situación financiera de las organizaciones o movimientos sociales que no contaban con los recursos económicos para adquirir las licencias de los software necesarios para el desarrollo de sus actividades, sumando a la falta de conocimiento al momento de comprar los PC, llevó a que muchos compraran equipos con software “craqueados” o “piratas”, es decir, ilegales.

Esto generó más problemas. Por un lado los gobiernos comenzaron a construir medidas políticas y jurídicas para combatir la piratería informática, lo que llevó a que en muchas organizaciones les fueran decomisados los equipos, debido a que no contaban con las licencias de los sistemas operativos o del software instalado en sus PC. Por otro lado, muchas personas o procesos con recursos económicos para adquirir las licencias privativas se negaban a pagar por el uso de ellas, en esa medida continuaron usando software “pirata”. Otras organizaciones seguían creyendo que solo con comprar el PC ya tenían derecho de usar las licencias. Debido a esto la mayoría de los PC portátiles hoy en día son vendidos con el sistema operativo licenciado; esta licencia viene

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incluida en el valor del computador. Pero esto ha sido más una iniciativa de las empresas y corporaciones por combatir la piratería que de las personas u organizaciones por cambiar el uso de las herramientas tecnologías.

Es paradójico que en el campo político y organizativo los movimientos y procesos sociales luchen contra la privatización, el monopolio y la acumulación, pero en el campo informático pereciera que esto no importara; a pesar que hoy en día existen alternativas libres para el uso de la informática no ha habido mucho interés por parte de los procesos sociales para acabar con el uso de licencias privativas y para dejar de piratear las licencias como las de Microsoft. Llama la atención también como tampoco existe intensión general de aprender a usar otras herramientas informáticas de licencias libres GNU o código abierto; esto posiblemente puede ser atribuido a la “brecha digital” que afecta a ciudadanos con niveles de escolaridad bajos que en muchos casos son quienes defienden los derechos humanos en zonas rurales del país.

Software Libre: Siempre, una opción

En la actualidad existen diversos sistemas operativos de licencias libres o código abierto a partir de Linux y GNU/Linux, los más usados son: Ubuntu, Debian, Kubuntu, Lubuntu, Opensuse, Fedora, entre otros. Estos sistemas operativos se han ido fortaleciendo con el paso de los años, estando a la par o superando a sistemas operativos como Windows y Mac OX, sobre todo en términos de seguridad. El software libre o de código abierto ofrece muchas posibilidades en el uso de la informática, cuenta con aplicaciones libres, por ejemplo para las necesidades de ofimática hay software de licencia libre como LibreOffice

y OpenOffice; para la edición de audio existen aplicaciones como Audacity; para el diseño y edición de imagen hay herramientas como GIMP, ORACLE MYSQL, la cual es una aplicación libre para la creación de base de datos. Son muchos los software y las aplicaciones libres o de código abierto que podemos encontrar para asumir los requerimientos informáticos en los procesos y movimientos.

Es importante que los movimientos sociales y de DD.HH. comiencen a tener más interés y conciencia por un uso coherente de las herramientas tecnológicas e informáticas, promover o generar más procesos de formación para la seguridad informática, sobre todo en el uso de internet. Teniendo en cuenta que es un proceso largo para que las organizaciones cambien o dejen de usar los sistemas operativos monopolizados y privatizados, es necesario avanzar en el uso de software libres dentro del mismo sistema operativo Windows para así, irse preparando a una transición total a un sistema operativo libre.

La mayoría de los miembros del movimiento de software libre creen que todo el software debería venir acompañado con las libertades declaradas en la definición de software libre. Muchos sostienen que es inmoral prohibir o impedir a las personas que hagan efectivas esas libertades, y que estas son necesarias para crear una sociedad decente donde los usuarios puedan ayudarse mutuamente y tomar el control sobre el uso de un computador: “El movimiento del software libre también cree que todo software necesita documentación libre, pero esto no se posiciona firmemente en otros tipos de trabajos. Algunos defensores del software libre apoyan que los trabajos que sirven para un fin práctico también deberían ser libres”. (Richard Matthew Stallman, conferencia Canadá 2008.)

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En conclusión, el uso de software libre en los procesos sociales y de DD.HH. debería ser una prioridad en tanto es innegable la importancia de la internet y las TIC’s en general para los procesos de visibilización, defensa y promoción de sus dinámicas organizativas, sin embargo también es innegable la vulnerabilidad de los mismos debido a que los software privados no solo son susceptibles de daños y ataques si no, de violaciones de seguridad o espionaje, atentando contra la libertad, la estabilidad y seguridad de los movimientos sociales como de sus integrantes.

Un futuro desafiante

Sin duda, el futuro en temas de tecnología es desafiante. La velocidad con que la tecnología se une a nuestras actividades cotidianas es abrumante, y la defensa de los derechos humanos no es la excepción. Por ello, los defensores(as) de los derechos humanos tenemos una doble responsabilidad: aprender y ser responsables en el uso de las TIC para su ejercicio y ser replicadores

de este conocimiento.Será imposible que en el futuro, podamos aislarnos de esta era, catalogada como la “Era digital”; sólo nos resta no dejarnos llevar por la velocidad de los cambios y por el contrario, empoderarnos del uso de estas herramientas en pro de nuestra lucha por los derechos humanos, la democracia y la paz; seguramente esto a más de convertirnos en líderes, nos hará seguramente “Defensores(as) digitales”.

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Internet sacudió todos los campos, y uno de ellos es la comunicación. Antes de que se masificara, los medios de comunicación, los

políticos, las organizaciones sociales, las empresas y los artistas, entre otros, se comunicaban en una sola dirección: vertical. Enviaban sus mensajes, y una audiencia desconocida y pasiva los recibía. Difícilmente había alguna retroalimentación. Hoy, es imposible pensar así: las audiencias son más activas y están más informadas que nunca, gracias a las redes y los medios sociales.

Alberto Arébalos, periodista argentino y quien dirigió las comunicaciones de Google en Latinoamérica durante cinco años, se refiere a este fenómeno como la ‘Revolución Horizontal’: “La Web Social –o Web 2.0– está reescribiendo las reglas de la comunicación corporativa,

las relaciones públicas y el mercadeo. Las organizaciones y sus clientes, socios, proveedores ya no son ni serán los mismos… Esto es la Revolución Horizontal”.

Las palabras de Arébalos, escritas en su libro ‘La Revolución Horizontal’ en 2010, son solo la continuación de muchas reflexiones de analistas y académicos. Ya en 1999, cuatro visionarios, Levine, Locke, Searls y Weinberger, publicaron su ‘Manifiesto del tren de claves’, o ClueTrain, un listado de 95 tesis, algunas de las cuales están más vigentes que nunca. La número 40, por ejemplo, dice: “Las compañías que no pertenecen a una comunidad de diálogo, morirán”, que complementa a la 38: “Las comunidades humanas se basan en el diálogo. Conversaciones humanas acerca de inquietudes humanas”.

Por Damaris CastilloOficial de Comunicaciones OXFAM

Community Manager:

¿necesario en una organización social?

Esta figura, encargada de las redes sociales de empresas, marcas y organizaciones, está de moda.¿Es algo pasajero? - ¿Realmente es importante contar con uno en una organización social y/o

de defensa de los derechos humanos en Colombia?

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La figura del #CM.

En este entorno, y en el que las redes sociales han emergido como principales exponentes de la conversación, surge una nueva figura –y tal vez una nueva profesión–: la del ‘community manager’ o gestor de comunidades. Se trata del responsable de gestionar la presencia en redes sociales de una marca, empresa, político, artista u organización, con el fin de aumentar su visibilidad, mejorar su imagen, impulsar ventas o captar clientes, informar a las audiencias pero, sobre todo, para establecer conversaciones con comunidades.Al tratarse de una nueva figura, aún no hay un perfil definitivo del ‘community manager’, y sus funciones dependen tanto del tipo de organización para la que trabaja como del equipo con que cuente o del que haga parte. Pero en general, se le asignan muchas funciones y roles, tales como conocer las comunidades existentes en la Web –y en particular en las redes sociales–, informar, responder e interactuar, conectar intereses, involucrar a las personas con su organización, y a su organización con esas personas, modelar y dinamizar las comunidades, y ser la voz de su organización en las comunidades, pero a la vez ser la voz de las comunidades en su organización.

Jeremiah Owyang, conferencista internacional sobre estos temas y quien lideró la estrategia de redes sociales de Hitachi Data Systems, señala que el ‘community manager’ debe ser varias cosas a la vez: defensor del cliente o usuario, embajador o evangelista de su marca u organización, mediador de conflictos, sicólogo de las comunidades. Además, debe contar con algunas características muy particulares: habilidades de comunicación y redacción, cultura tecnológica y de Internet, creatividad y una alta dosis de paciencia.

Las organizaciones, sin importar su tamaño o sector, empiezan a entender la importancia de estar presentes en las redes sociales, aunque no todas tienen claro qué deben hacer. Algunas asignan la labor de dirigir esta presencia al área de comunicaciones tradicional, mientras que otras, que no entienden el valor estratégico de esta presencia, se lo delegan a personas no preparadas –el sobrino del dueño del negocio, que tiene más de 2.000 ‘followers’ en Twitter, por ejemplo–. Jorge Molinera, estratega de redes sociales español, escribió en 2009 una aclaración que hoy sigue siendo necesaria: “el ‘community manager’

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no es un becario contratado para que nos rellene de contenido el blog de la empresa”. Tampoco es el que ‘sabe tuitear’ o el que ‘tiene muchos amigos en Facebook’.

Debe ser un verdadero profesional en su labor, aunque hoy no importe si se trata de un periodista, comunicador, publicista, diseñador o ingeniero. Lo imprescindible es que entienda las dinámicas de la Web y las redes sociales, tenga la capacidad de dinamizar y modelar comunidades, y cumpla con las características señaladas por Owyang.De lo contrario, es posible que por falta de experiencia o de conocimiento, el encargado de las redes sociales cometa errores que afecten la reputación y los objetivos de su empresa u organización o, en el menos negativo de los casos, simplemente no logre avances en la búsqueda de esos objetivos.

Como se ve, no existe una descripción definitiva del ‘community manager’, pero una buena definición la da la Asociación Española de Responsables de Comunidades, AERCO, “es aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar en consecuencia para conseguirlos”.

¿Es realmente necesario?

Según Mauricio Jaramillo Marín, periodista y analista de redes sociales, antes de pensar en contratar un ‘community manager’, cualquier organización debe dar unos pasos previos. “Más importante aún que el gestor de comunidades es contar con una visión clara de la importancia de las redes sociales para la organización. Con una visión se puede pensar en una estrategia y destinar los recursos necesarios para ejecutarla”.La visión es clave porque si esta no es clara, se podrían tomar decisiones ‘por moda’ o porque la

competencia también las ha tomado. Los líderes de las organizaciones deben tener clara la visión de que las redes sociales y la Web en general pueden ser un gran impulso para el logro de sus objetivos, que van desde el incremento de ventas o ingresos hasta internacionalización, mejoramiento de productos y servicios, posicionamiento de marca, mejoramiento de imagen, Responsabilidad Social Empresarial, etc.

“En algunos casos –microempresas, por ejemplo–, el ‘community manager’ de tiempo completo no es una posibilidad, así que esta labor se podrá encargar a una empresa o persona externa, o al área de comunicación ya existente. Pero lo que no se puede aplazar es la decisión de estar presente en las redes sociales y de crear una estrategia para hacerlo bien”, agrega Jaramillo.

Cuando una organización ha entendido la importancia de una estrategia de redes sociales y de contar con un responsable –o un equipo de responsables– para llevarla a cabo, también comprende que no se trata de una isla o de un trabajo exclusivo del área de comunicación: su labor debe ser transversal, con alcance en áreas como servicio al cliente, ventas, creación de productos y recursos humanos, y por supuesto en la alta gerencia.

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Por todo lo anterior, el mensaje para las organizaciones es claro: lo imprescindible, lo inaplazable, es dar el salto hacia las redes sociales y entender todos los beneficios que estas pueden brindar. A partir de esto, se deben destinar recursos para crear y ejecutar una estrategia de redes

sociales y comunicaciones digitales, y dentro de estos el ‘community manager’ debe ser uno de los primeros, pues es el llamado a dedicarse de lleno a llevar a la organización a las redes sociales y a crear y gestionar sus comunidades.

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Como hemos insistido en todo este especial sobre NTIC, los defensores y defensoras de los DDHH en Colombia, así como

las organizaciones que los cobijan, deben tomar partido en los cambios que el entorno día tras día genera. Es hora de integrarse a esa modernidad tecnológica a fin de ponderar en estas nuevas lógicas de comunicación, los temas de DDHH, paz y Democracia.

En ese camino, es importante ver lo que la institucionalidad hace normativamente para regular o incluso, controlar un tema tan delicado como la información y en general todo tipo de mecanismo de comunicación. A continuación, tres ejemplos tres normas que líderes y defensores deben conocer a fin de aprender a defender estos nuevos derechos, derechos digitales:

Ley Lleras, Ley Lleras 2.0 y Ley “antiparo-dia”

Debemos empezar por decir que esta ley, afortunadamente, fue declarada como inexequible por la Corte Constitucional en enero de 2013. Sin embargo el hecho de que hayan existido dos intentos por convertirla en Ley de la República es un indicio de que no será la última vez que nos hablen de reformar “los derechos de autor” o de “regular el uso de internet” en Colombia.

El Proyecto de ley 241 de 2011 “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet” en Colombia, más conocido por el apodo de Ley Lleras (llamada así ya que fue el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras quien presentó el proyecto al congreso) fue el primer proyecto de ley que buscaba regular la responsabilidad de los

LAS JAULAS

Por Carlos A. Guevara Programa Somos Defensores

Pareciera que en Colombia hay normas, leyes y decretos para todo. Sin embargo el índice de efectividad de tantas normas, es mínimo. En temas como el manejo, uso y acceso a la información, generalmente no había mucha

normativa, pero este Gobierno cambio eso. La Ley de acceso a al Información Pública, La Ley Lleras 2.0 y el Decreto 1704, son solo algunas de estas normativas a las cuales defensores y defensoras de DDHH no deben ser indiferentes.

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proveedores de servicios de Internet frente a las infracciones de derechos de autor de los usuarios.

Este proyecto de ley, es una exigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea recoge elementos de leyes similares derivadas del ACTA como la Ley HADOPI aunque en términos más moderados. El proyecto, sólo contemplaba sanciones a infracciones de derechos de autor cuando exista un propósito de lucro. Sin embargo, incluye la suspensión de servicios de Internet para reincidentes, decisión que dejó en manos de los proveedores de servicios de Internet o ISP (por su nombre en ingles). El trámite del proyecto no tuvo éxito al ser finalmente archivado en noviembre de 2011 por el mismo Congreso debido a un esfuerzo conjunto de algunos senadores y de usuarios de internet que mediante redes sociales denunciaron la atrocidad que se cometería al aprobar una ley así. Sin embargo el Gobierno tendría otro AS bajo la manga.

Una vez aprobado el TLC con Estados Unidos, se debían realizar algunas adecuaciones a la legislación nacional en varios temas para que el tratado entrara en vigencia. Fue así como se dio a luz a la Ley 1520 en abril de 2012 “Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del “acuerdo de promoción comercial”, suscrito entre la república de Colombia y los Estados Unidos de América y su “protocolo modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica”. Y allí comenzó el dolor de cabeza.

Llamó la atención desde el principio como, de manera atípica, el Congreso se puso de acuerdo con muchísima rapidez para la aprobación de esta ley (Senado y Cámara la aprobaron en solo 3 semanas); pero el corazón de esta norma estaba viciado, ya que en su contenido se reestructuraba la normativa que regula los derechos de autor y propiedad intelectual. Según esta nueva ley, muchas de las reproducciones de información realizadas por internet como contenidos de video, textos, audios, e imágenes que no contaran con autorización expresa del autor para su réplica, tendrían sanciones para los usuarios que iban desde la cancelación del servicio de internet hasta cárcel. En pocas palabras, la Ley Lleras que había sido derrotada un año antes, se reencauchaba bajo otro nombre y camuflada en un “deber” nacional por aprobar una norma para poner en marcha un tratado internacional de comercio. La Ley Lleras entonces, venia “recargada” y era nombrada por los usuarios de la red como Ley Lleras 2.0.

Sin embargo, hubo legisladores y activistas digitales comprometidos en defender el uso libre de internet que no bajaron los brazos y siguieron dando la pelea. Tal es el caso del senador Jorge Enrique Robledo quien demando la Ley ante la Corte Constitucional en mayo de 2012 y un año después la demanda prospero y la ley fue declarada Inexequible. La razón de que la Corte fallara a favor, según Robledo, es que la ley fue tramitada en las comisiones segundas de Senado y Cámara (que se ocupan de asuntos

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internacionales y de seguridad), cuando los temas de propiedad intelectual deben ser tramitados por las comisiones primeras (que se ocupan de aspectos constitucionales). En pocas palabras, el Alto Tribunal rechazó la ley por considerar que el trámite en el Congreso no fue ajustado a la Constitución.

Pero la demanda de Robledo también contenía reclamos justos sobre el fondo de la ley. Se argumentaba que esta Ley Lleras 2.0 protegía de manera desproporcionada los derechos de propiedad intelectual a tal punto que ponía en riesgo y vulneraba el derecho a la información, al conocimiento, a la educación y a la creatividad. Esta ley elevaba de 30 a 70 años los derechos de autor en poder de las empresas (un compromiso pactado en el TLC).

La caída de la Ley Lleras y la Ley Lleras 2.0 pone de presente una discusión mundial sobre el supuesto “uso justo” del material en internet, que inicio en 2011 en Estados Unidos con la Ley S.O.P.A. (Stop Online Piracy Act, por su sigla en inglés), que pretende atacar la piratería, pero

realmente defiende los intereses de monopolios y multinacionales. Otro país que también ha dado pasos por esta supuesta “protección” de los derechos de propiedad intelectual es Francia, que ya ha propuesto incluso la Censura como mecanismo de regulación de internet.

El tercer y más reciente intento por amordazar internet, disfrazado con la regulación a los derechos de autor fue la iniciativa presentada en abril de 2013 por los representantes a la cámara Augusto Posada y Juan Manuel Campo “Por medio del cual se adicionan unos artículos al capítulo III de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor”. Esta iniciativa no solo hablaba de los derechos sobre la propiedad intelectual y de autor, o del uso de este tipo de contenidos en la red, tocaba un nuevo elemento significativamente nocivo para la libertad de expresión: La regulación de la parodia.

Decía el texto de la iniciativa: “será permitida la transformación de obras artísticas o literarias divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y no implique riesgo de confusión con la obra originaria, no se afecte el derecho moral

Foto www.semana.com

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de integridad del autor, ni tampoco se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o se afecte la normal explotación de la obra originaria”. El proyecto también explicaba qué significa parodia: una imitación jocosa que implica burla o chanza. Es decir, si bien se permite, se está regulando la parodia. Esta iniciativa generó un enérgico rechazo de activistas digitales, periodistas y por supuesto, humoristas quienes señalaron que sería una “mordaza” literalmente, para su ejercicio.

Dicho proyecto, ante el “cataclismo” de críticas generadas en redes sociales, fue retirado por sus mismos promotores, de la discusión en segundo debate en el Senado, al no encontrar ningún apoyo en el Gobierno Nacional, y por el contrario, muchas voces de rechazo como la del Ministro del Interior, Fernando Carrillo.

Sin lugar a dudas, han sido tres batallas ganadas en Colombia por preservar los derechos del uso de internet libre y la supuesta regulación de los derechos de autor, sin embargo y muy seguramente estas leyes volverán a ser propuestas con otro rostro. Habrá que estar atentos.

Ley de acceso a la información pública

Usualmente, en Colombia acceder a información desde las instituciones del Estado y Gobierno no es tarea fácil. Se pretende hacer ver que toda esta información es reservada o confidencial. Sin embargo organizaciones de la sociedad civil, interesadas en romper este tipo de mitos, han dado pasos enormes por buscar un acceso equilibrado y justo a la información pública en nuestro país.

La alianza Más Información Más Derechos, conformada por Transparencia por Colombia, DeJusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y Corporación Ocasa, elaboraron un proyecto de ley de acceso a la información. Esta propuesta recogió experiencias y recomendaciones internacionales y de la Corte Constitucional y fue presentada a finales de 2012. El texto que aprobó el congreso el 20 de junio de 2012 si bien recoge muchas de las propuestas hechas por la alianza Más Información Más Derechos encaminadas al tema de transparencia pero no garantizan 100% el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, es un avance.

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Veamos algunos de los avances:

- “Se crea la obligación de formular una política pública de acceso a la información;

- Las entidades deberán entregar de forma proactiva información sobre presupuesto, funcionarios, resultados de auditorías, y contratación, entre otros;

- Se reduce el periodo máximo de las reservas: el tope, según la ley 57 de 1985, eran 30 años, pero ahora es de 15, prorrogable por hasta 15 más, previa autorización del superior jerárquico de cada rama del poder público y órganos de control;

- Se deja claro que si parte de una información reservada, no significa que todo el documento lo sea.

- Además, se dan garantías para los ciudadanos que solicitan información: se establecen reglas para decir cuándo se reserva información y se facilita el uso de la tutela:

- Sobre el primer punto, la Ley indica que para reservar información deberá aplicarse una regla establecida por la Corte Constitucional: la reserva debe constar en la ley o en la Constitución y, al mismo tiempo, debe probarse el daño al interés o derecho protegido con esta.

En relación con la tutela, recordemos que la Ley 57 de 1985 impedía su uso cuando se alegara que la información es reservada. Debía acudirse al recurso de insistencia, que es muy poco eficaz. El artículo 28 de la Ley establece, en la práctica, que se podrá usar la tutela después del recurso de reposición, que se agota cuando no se usa en el término legal de 3 días1.”

Decreto 1704 – Interceptación de teléfonos comunicaciones

El 15 de agosto de 2012 el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa publicaron el decreto 1704 que define y regula la interceptación de comunicaciones.

Para el movimiento social y de derechos humanos, el tema de la “interceptación de comunicaciones”, no solo causa alarma sino escozor por un pasado reciente altamente agresor en este tema. Las famosas Chuzadas del DAS vienen a la mente y cómo esta información conseguida de manera ilegal, muchas veces fue utilizada con perversas intensiones políticas por miembros del Gobierno y también de grupos armados ilegales. Es por ello que la salida de este decreto es una señal de alarma por su nociva intensión de dejar en manos de cualquier funcionario “competente” la privacidad de los usuarios de teléfonos y celulares.

Al revisar el Decreto lo primero que llama la atención es que la expresión “autoridad competente” legitima no sólo a la Fiscalía o a la Sala Penal de la Corte para obligar a un proveedor a que entregue la información de sus abonados, sino a muchísimos e indeterminados funcionarios. Si un operador de celulares recibe la visita de un coronel de la Policía o del Ejército pidiéndole información sobre la identidad de un abonado o su dirección, tendrá que entregar la información requerida sin excusas.

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1 Emanuel Penagos “La ley de acceso a la información pública” http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3110-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica.html

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Otro dato importante para tener en cuenta es que la información que los proveedores de telefonía deben facilitar a las autoridades, la darán “a través del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso”. Es decir, la información que pida la Fiscalía o en su caso la “autoridad competente” no será solicitada por éstas directamente, sino que, por ejemplo, la exigirán los investigadores del CTI o de la Policía Nacional o funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia, esta última ya con denuncias por posibles nuevas chuzadas a periodistas. En conclusión las bases de datos de los usuarios de teléfonos quedarán en poder de organismos de seguridad o de inteligencia lo que generará un acceso libre y sin control.

Las normas que este gobierno han estado emitiendo con respecto a internet, teléfonos celulares, acceso a información y en general al manejo de las comunicaciones no son hechas al azar. Tienen claramente una conexión y complementariedad, lo que supone que tienen una intensión que, a juzgar por sus estructuras, dista de la garantía de los derechos fundamentales y van más encaminadas al control y vigilancia detallada de las acciones de actores sociales que potencialmente puedan generar un peligro. Los líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos tenemos entonces una obligación de hacer seguimiento a estas normativas para que no nos encierren en estas jaulas digitales.

NOTA DEL EDITOR: Al cierre de esta publicación fue promulgada la nueva ley de inteligencia y contra-inteligencia (Ley 1621 de 2013) en la cual se confirman muchas de las dudas expresadas en el anterior artículo, como por ejemplo el artículo 17 “Monitoreo del Espectro Electromagnético e interceptaciones de comunicaciones privadas”, donde se consagra que “el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones”. La Ley no define la palabra Monitoreo, lo que puede ser interpretada como acciones de escucha activa desde organismos de inteligencia al espectro electromagnético en aras del Monitoreo, ¿escuchar y no grabar, no es interceptar?

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El Sistema de Información Nacional Coordinado de Derechos Humanos y dih (SINCODH), es un sistema virtual que

actuando en red, permite a las organizaciones sociales y de derechos humanos compartir de manera segura, información relevante al trabajo que realizan.

La información allí compartida puede ser de dos clases:

Pública: que puede ser vista por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Privada: que puede ser vista, sólo por las organizaciones que hacen parte de la red.

Origen del Sincodh

La idea de un sistema coordinado de información ha resultado de un amplio diálogo que, durante más de ocho años, el Observatorio de la Coordinación Colombia - Europa - Estados

¿QUE ES EL SINCODH?Sistema de información Nacional Coordinado en

Derechos Humanos

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Unidos, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro Cristiano para Justicia Paz y Acción NoViolenta (Justapaz) y Sisma Mujer (en adelante el equipo impulsor) han sostenido con un número significativo de organizaciones de cinco regiones del país (Antioquia, Bogotá, Costa Caribe, Nororiente y Surocidente). Con base en un diagnóstico sobre bases, sistemas y otros esfuerzos de producción de información de derechos humanos y derecho humanitario, logrado en 2004, este diálogo ha versado sobre dos asuntos fundamentales: i) las características de esos esfuerzos de producción de información de las organizaciones de derechos humanos; y ii) la posibilidad de aunar voluntades para mejorar y coordinar los procesos de recolección, clasificación y procesamiento de información de derechos humanos y derecho humanitario.

Origen de la iniciativa (2003-2004). En una asamblea de organizaciones copartes de Diakonia, se consideró pertinente formular una iniciativa conjunta mediante la cual se intentará responder a los desafíos que enfrentaban los esfuerzos de producción de información de derechos humanos y derecho humanitario realizados por las organizaciones de derechos humanos . Durante el primer semestre de 2004, el Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos-Credhos, y la Organización Indígena de Antioquia, (equipo impulsor de entonces), con el apoyo de Diakonia Suecia, debatieron aquella inquietud original e identificaron como principal desafío:

“(…) realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información de las organizaciones y de las metodologías de recolección, sistematización y análisis de datos que aportará elementos cualitativos y cuantitativos para reflexionar sobre la viabilidad de construir un sistema coordinado de información en derechos humanos y derecho

humanitario, partiendo de la identificación de las dificultades y fortalezas” .

Primer momento: diagnóstico (2004-2005). En febrero de 2005, estuvo listo un informe final de diagnóstico sobre sistemas de información existentes en materia de derechos humanos y derecho humanitario. El producto final del diagnóstico fue construido con base en dos actividades de trabajo de campo, realizadas entre octubre de 2004 y enero de 2005: i) 59 entrevistas a instituciones que impulsaban algún esfuerzo de producción de información de derechos humanos y derecho humanitario, realizadas en ocho ciudades del país; y ii) cinco talleres regionales (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Popayán).

El informe final de diagnóstico contiene: i) nueve observaciones generales sobre los sistemas de información existentes; ii) numerosas y detalladas observaciones específicas de los sistemas de información existentes, que fueron agrupadas según cinco etapas o momentos (preparación, recolección, procesamiento, representación en bases de datos y producción de informes); iii) conclusiones y recomendaciones sobre los sistemas de información existentes; y iv) consideraciones sobre la propuesta de un sistema coordinado de información.

Segundo momento: socialización del diagnóstico e indagación sobre posibilidades de construir un sistema coordinado de información (2006). Durante 2006, el equipo impulsor de la propuesta de construcción de un sistema coordinado de información realizó cinco talleres regionales con dos propósitos: i) socializar los principales hallazgos y las recomendaciones contenidas en el informe final de diagnóstico de los sistemas de información; y ii) intercambiar ideas con las organizaciones interesadas sobre posibilidades de construir un sistema coordinado de información, con base en las consideraciones preliminares contenidas en el informe final de diagnóstico.

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Tercer momento parcial: sistematización del diálogo (2007). Este documento intentó recoger los elementos identificados por el equipo impulsor de la iniciativa de un sistema coordinado de información como posible lugar común para comenzar la construcción colectiva de la propuesta de Sinco-dh.

Elaborado el borrador de la propuesta (síntesis del dialogo), se presentó inicialmente en dos reuniones a los directores de varias organizaciones de derechos humanos quienes mostraron su voluntad política para continuar con el proceso. Paso seguido y aprovechando la división nodal de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se realizaron cinco talleres: en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Popayán y Bogotá a los que asistieron organizaciones de distintos lugares de cada región, interesadas en el tema.

En los talleres se presentó la propuesta y se solicitó complementarla a partir de la pertinencia, la viabilidad, la utilidad del Sinco-dh y los aportes que desde cada organización se le pudieran dar a la propuesta. Los resultados de estos talleres fueron retomados por una consultoría de los requerimientos de la parte informática llevada a cabo entre agosto y octubre de 2007 y sus resultados fueron presentados en un taller nacional realizado a finales de octubre de 2007, en donde se dio a conocer la propuesta final y mediante un simulador se mostró el funcionamiento del Sinco-dh.

En este encuentro nacional, diecisiete organizaciones de derechos humanos (Justapaz - Corevipaz, Corporación Compromiso, Banco de Datos, Sisma Mujer, Infancia Feliz, el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI), el Observatorio de Paz Integral de Norte de Santander, Justicia y Vida, Banco de Datos del Caribe, Comisión Colombiana de Juristas, la Red por la vida y los derechos humanos del Cauca, el Espacio de trabajadoras y trabajadores del Magdalena Medio, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), el Insitituto Popular

de Capacitación (IPC), la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoín) y el Observatorio de derechos humanos y derechos humanitario de la (CCEEU), se comprometieron a trabajar en un plan piloto, inicialmente de carácter cerrado en el que se diera forma al SINCODH.

A partir de 2008 y hasta finales de 2009, se llevó a cabo la implementación de la primera fase de proyecto que arrojó como resultado: i) el desarrolló de cinco prototipos (borradores) del Sincodh, ii) el establecimiento de una infraestructura, que permitiera aplicar los acuerdos de: mantener la autonomía de las organizaciones, proteger la información y permitir la visibilización de su información y iii) 15 organizaciones compartiendo algún documento a través del sistema ya sea utilizando su infraestructura instalada o accediendo por intermedio de otra organización.

Al finalizar el 2009, a través de un taller de capacitación y evaluación, se valoró los aciertos, desaciertos, dificultades y pertinencia del SINCODH y se estableció la necesidad de fortalecer la infraestructura y capacidad en el manejo de las organizaciones que desearan seguir apostándole al Sistema, llevando a una cobertura más amplia en donde cualquier organización que quiera pertenecer y consultar la información en el Sincodh, lo pueda hacer. Es decir, se decidió que el Sincodh sería un programa de utilización mixta: pública y privada.

A partir de ese momento y luego de adaptar el SINCODH a lo acordado por sus organizaciones parte, se han encontrado aciertos y dificultades que han permitido: i) 23 organizaciones articuladas al Sincodh, ii) dotar con mejor infraestructura a organizaciones que lo han

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requerido, iii) promocione el SINCODH en un buen número de organizaciones nacionales y regionales, iv) capacitar sobre el manejo y uso del sistema a varias organizaciones parte de la red. A la par, se ha capacitado a las organizaciones sobre herramientas para el manejo seguro de la información y, v) contar con un sistema virtual que de manera amable y agradable, permite buscar y acceder a información sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

Conociendo y bajando información a través del SINCODH

Después de abrir cualquiera de los programa utilizadas para navegar por internet, se escribe en la barra de navegación: https://www.sincodh.org/Debido a que el sistema fue diseñado usando herramientas seguras (https), dependiendo del navegador que se use, sale un aviso que sugiere que la página que va a ser vista no es confiable y que requiere certificado, por lo que es necesario agregarle los certificados o autorizaciones que sean necesarios.

Superado este paso, sale una página similar a la siguiente:

Al desplazarse por cada botón, se va desplegando un menú que lleva a distintas carpetas en donde se encuentra la información requerida.

Aquí también aparece un buscador que permite hacer búsquedas generales:

Escribiendo una o varias palabras relacionadas con lo que se quiere buscar.

Escribiendo una o varias palabras entre comillas (ejemplo: “desaparición forzada”) encontrará documentos que tengan esa o esas palabras en el titulo.

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Se pueden realizar búsquedas avanzadas utilizando palabras que se encuentran, especialmente, en los documentos que las bases de datos comparten como “relato”, así:

◦ Departamento:nombre del departamento – ejemplo: departamento:Magdalena.◦ Municipio:nombre de municipio – ejemplo: municipio:Guayabetal◦ Nombre:nombre de víctima – ejemplo: nombre:Jorge◦ Fecha:año del hecho – ejemplo fecha:2010◦ Titulo:tema – ejemplo: titulo:desaparición forzada.◦ Sitio:organización que compartió – ejemplo: sitio:observatorio

También se puede realizar una búsqueda más avanzada, combinando varias opciones. Ejemplo: titulo:homicidio departamento:Antioquia.

La primera vez que intente entrar al Sincodh o algún documento del Sincodh le saldrá un aviso que dice que el documento no es confiable o que necesita autorización. Esto se debe a que el Sincodh es diseñado sobre herramientas seguras con un protocolo seguro de transferencia de hipertexto, que necesita un certificado especial, el cual tiene un valor por cada organización que ingrese al Sincodh.

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