ESCU

ELA

NACI

ONAL

SIN

DICA

L -O

CTUB

RE 20

08 -

ISSN

0124

390-

X - $

12.00

0

NÚMERO 75

Trabajo decenteTrabajo decente

Escuela de Liderazgo Sindical Democrático

Alternativas para crecer es una propuesta pedagógica surgida de la sistematización de la experiencia del proyecto Niñez, Juventud y Trabajo realizada por la Escuela Nacional Sindical. Esta propuesta se soporta en los instrumentos internacionales que consagran los derechos de la niñez y la juventud: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios 138 sobre Edad Mínima y el 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infan-til; y, a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, específica-mente en sus artículos 42, 43, 44 y 45.

Las confesiones de las confeccionesCondiciones laborales y de vida de

las confeccionistas de Medellín

Karina Camacho Reyes

ensayos laborales 17

El trabajo de Karina Camacho Las confesiones de las confecciones, se concentra en la caracterización de las condiciones en que opera la maquila de la confección dentro del engranaje de la cadena produc-tiva, mostrando cómo hay distintas modalidades de empresas dedicadas a producir partes de prendas de vestir ya sean ellas para atender la demanda externa, o la doméstica, entendiéndose por tal al mercado nacional.

Con estas dos crónicas Ricardo Aricapa continúa mostrando la forma como las cooperativas de trabajo asociado degradan las condiciones laborales de los traba-jadores, esta vez en los sectores de la salud y los textiles. Se suman a la ya larga lista de sectores productivos que asumieron esta forma de contratación laboral. En alguna parte se lee: “Con las CTA, los conceptos de contrato laboral y derecho sindical desparecen, y las empresas se libran de asuntos engorrosos como el manejo de la nómina, la seguridad social y las prestaciones de naturaleza económica de los trabajadores, las cuales quedan bajo responsabilidad de administradores inescru-pulosos. Además las empresas se ahorran el pago de los llamados impuestos parafiscales, de los cuales las CTA están exentas”.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado

en el sector Salud

La cadena del dolor

Ricardo Aricapa

Nº 72

Las Cooperativas de Trabajo Asociado

en el sector textil antioqueño

La negación del trabajo decente

Ricardo Aricapa

Nº 73

Novedades Editoriales

Adquiéralos en la Escuela Nacional SindicalCalle 51 No. 55-78 Tel: 61¿513 31 00 Fax: 512 23 30

E:mail: secreatria@ens.org.co www.or.co

EDITORIAL

2

COYUNTURA LABORAL

4

9

INFORME CENTRAL trabajo decente

16

25

33

39

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

46

DEFENSORÍA LABORAL

52

Qué hay detrás de los actuales conflictos laborales

Elecciones en la CUT: las mismas tendencias cuantitativas y otra

orientación ideológicaLuis Norberto Ríos Navarro

97ª Conferencia Internacional del Trabajo: Colombia de nuevo en la controversiaJosé Luciano Sanín Vásquez

Mercado laboral colombiano: carencias y exclusiones en el acceso

a empleos decentesMargarita Ramírez

INVITADO ESPECIAL Trabajo decente, un derecho humanoAmartya Sen

Trabajo decente y vida digna: jornadas mundiales por trabajo

decenteCampaña Colombiana

por Trabajo DecenteTrabajo decente: reflexiones conceptualesGuillermo Correa

Progresa la aplicación de la libertad sindical

Andrés Felipe Sánchez

Sobre la nueva ley de cooperativas de trabajo asociadoAndrés Felipe Sánchez

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

REVISTA DE LA ISSN 0124390-X

Nº 75, Octubre 2008Precio: $ 12.000

Suscripción clásica: $ 30.000 Suscripción para grupos: $ 80.000

Consejo EditorialJosé Luciano Sanín Vásquez, Luis Norberto Ríos Navarro, Luis Fernando Mejía, Jorge Giral do Ramírez, Juan Bernardo Rosado, Guillermo Correa.Director ENSJosé Luciano Sanín VásquezDirector Cultura & TrabajoLuis Norberto Ríos NavarroEditorJuan Bernardo Rosado DuqueAsistencia editorialRaúl H. París ÁngelImpresión:Pregón Ltda.Fotografía de portada"La mina", Rodrigo Grajales Murillo, Pereira, 2008Fotografía de tema central"Garibaldo", Gary Manrique Robles, España, 2008

Afiliada a FIAETCalle 51 Nº 55-78 Tel: 513 31 00

Fax: 512 23 30Correo electrónico:

dacademico@ens.org.coA.A. 12175 Medellín-Colombia

www.ens.org.co

La revista Cultura & Trabajo invita a sus lectores a hacerse partícipes de ella,

enviándonos sus comentarios y críticas al correo electrónico: fondoeditorial@ens.org.co. De la misma forma los invitamos a leer otras

opiniones en la revista virtual de la ENS.www.ens.org.co

La protesta sociaL, y en particuLar Los paros y hueLgas LaboraLes de Los úLtimos meses (trabajado-res de la agroindustria de la palma africana, corteros de caña, trabajadores del Cerrejón, trabajadores con-tratistas de Ecopetrol, servidores públicos de la justi-cia, de la educación, de la DIAN y la Registraduría, etc.), tienen varias características en común: por lo general obedecen al reclamo del cumplimento de acuerdos o de leyes que reconocen derechos básicos; en su gran mayoría se realizan por fuera de los ca-nales institucionales previstos en el Código Laboral Colombiano; se prolongan y extienden en el tiempo; muestran una gran decisión y unidad entre dirigentes y trabajadores; en sus discursos expresan una gran indignación y sentimiento de injusticia; y han recibi-do atención y apoyo de parte de la opinión pública, que reconoce legitimidad a las reivindicaciones que expresan.

En síntesis, estos paros y huelgas plantean de manera general tres grandes temas: actualización y equidad salarial, cumplimiento de los derechos míni-mos laborales y sociales, y un tratamiento dialogado y democrático a los conflictos; temas que la gran ma-yoría de las y los colombianos entienden como prio-ritarios y que esperan que sean resueltos sin demora.

Qué hay detrás de los actuales conflictos laborales

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Valga aclarar que estos paros y huelgas no obedecen a un plan concertado de los sindicatos, ni mucho menos a una conspiración para desestabilizar al gobierno. Son la respuesta democrática y urgente que los trabajadores en-cuentran frente a seis años de políticas y leyes que en materia laboral se han caracterizado por mantener la exclusión de la protección social y laboral a más de las dos terceras partes de los trabajadores; negar y evadir los derechos labo-rales mínimos a millones de trabajadores; precarizar y empobrecer el trabajo y la calidad de vida de la gran mayoría de los trabajadores; impedir y limitar al máximo el ejercicio de las libertades sindicales; bloquear y cerrar toda posibi-lidad de diálogo y negociación; estigmatizar y criminalizar a las organizacio-nes sindicales.

A estas políticas se suma el asesinato de 474 sindicalistas en los últimos seis años, y la persistencia de la impunidad (97%) de los más de 2.684 asesinatos cometidos contra sindicalistas en últimos 23 años. Pese al gran énfasis que este gobierno hace en la seguridad, y pese a su afán por negar y tergiversar esta realidad, la violencia antisindical hace parte del debate político de Estados Unidos, al punto que el candidato presidencial del partido demócrata, Barak Obama, afirmó en un reciente debate: “La historia en Colombia ahora es que líderes obreros han sido blanco de asesinatos de manera consistente y no ha habido procesos judiciales [...] Nosotros tenemos que ponernos de pie y defen-der los derechos humanos y asegurarnos de que no haya violencia en contra de trabajadores que sencillamente intentan organizarse por sus derechos”.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, desde su inicio, optó por una política centrada en desmontar los derechos laborales y en descalificar y desconocer las organizaciones sindicales como legítimos representantes de las y los trabajadores; eliminó el Ministerio del Trabajo; impulsó e hizo aprobar leyes regresivas en materia laboral (extensión de la jornada diurna hasta las 10 de la noche, reforma pensional, entre otros); y privilegió como ningún otro el capital y la actividad de las empresas, política ésta que se refleja en las gran-des ganancias que han obtenido las empresas en este gobierno. Mientras a los trabajadores les ha ido muy mal. Sus deterioradas condiciones de vida y sus protestas de hoy, así lo dejan ver.

Tanto la movilización y unidad de las organizaciones sindicales en el país, y las preocupaciones y recomendaciones de la comunidad internacional, de-berían ser escuchadas por el gobierno. La política económica, social y laboral debe ser replanteada. El logro del trabajo decente para todas y todos debería ser la prioridad en la agenda del gobierno y los empresarios, porque de no hacerlo se seguirán creando condiciones para que muchos otros sectores de trabajadores sigan el ejemplo de quienes en los últimos meses se han decidido a protestar y a exigir cambios

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 4 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

Elecciones en la CUT

Las mismas tendencias cuantitativas y otra orientación ideológicaPor:Luis Norberto Ríos NavarroDirector Académico ENS

en mayo de este año se reaLizaron eLecciones directas en La cut, Las terceras desde cuando se adoptó esta modalidad. Lo nuevo en esta ocasión fue la cerebración simultánea de las elecciones para los comités ejecu-tivos de la directiva nacional, las subdirectivas departamentales y la Federación Colombiana de Educado-res, Fecode, hecho que se dio como consecuencia de la nueva norma esta-tutaria, que establece un día único de elecciones en la CUT para todas sus estructuras organizativas: ejecutivo nacional, subdirectivas y sindicatos nacionales de rama.

Se renovaron directivas en 22 de-partamentos, en algunas hacía cerca de diez años no se elegían directivas. No acataron las directrices de elec-ción de nuevos dignatarios las subdi-rectivas de Cauca y Nariño. No hubo elecciones en los sindicatos de rama porque el proceso de su constitución apenas empieza.

Resultados generalesEn esta ocasión participaron

243.763 afiliados, el 56% de los 437.000 que se registraron en el cen-so electoral. Esta participación fue inferior a la registrada en el 2002, cuando votaron 262.075, lo cual tiene básicamente dos explicaciones: una, la pérdida de afiliación en el sector estatal, en especial en la salud, como consecuencia de la cooperativización de la contratación, estimulada por el gobierno de Uribe desde el mismo momento en que asumió el mandato; y dos, el desestímulo o no participa-ción en Cauca y Nariño.

Resultados por bloques y tendencias políticasPor bloques políticos las votacio-nes fueron los siguientes: sector democrático 130.847, sector clasis-ta 98.741 y hubo 14.179 votos en blanco. Ambos sectores decrecieron en votación en comparación con el

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Gat

n 1"

, Ale

jand

ro N

ieto

, Arg

entin

a, 2

008

2002; sin embargo, la disminución fue más pronunciada en el caso del sector clasista, que disminuyó su votación en 17.000.La correlación de fuerzas entre ambos sectores, en términos de ejecutivos, se mantuvo: sector demo-crático 11, Convergencia Ciudadana 1, sector clasista 9. Este sector fue más efectivo en la táctica electoral, aun cuando disminuyó votación, mantuvo sus 9 ejecutivos, es decir, desperdició menos votación. Puso a consideración 14 candidatos y eligió 9, mientras el sector democrático y Convergencia Ciudadana jugaron con 20 candidatos y eligieron 12.El comité ejecutivo de la CUT logró representación de 13 tendencias políticas, 10 de ellas hacen parte del Polo. Las tres restantes son: el Partido Liberal, Convergencia Ciuda-dana y Sintrainagro (aun cuando los dirigentes sindicales de este sindi-cato acompañaron a Convergencia Ciudadana en las últimas elecciones

parlamentarias, hoy se debaten entre la militancia allí o en otros parti-dos; es más, no acompañaron a este partido en su estrategia para elegir presidente y dignatarios). El Partido Comunista y afines lograron 4 cupos con una votación global menor que en el 2002: 48.000 contra 33.000 en el 2008. Exitosa resultó su estrategia de los residuos. Le siguen con tres cupos el MOIR y el sector magis-terial que orienta el senador Jorge Guevara; Unidad Democrática (Luis Carlos Avellaneda) y Sintrainagro

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 6 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Gatn 1", Alejandro Nieto, Argentina, 2008

7

tienen cada uno dos cupos (Sintraina-gro eligió en su lista al dirigente de la UITA y en otra época presidente de Sinaltrabavaria, Luis Alejandro Pedraza), las otras tendencias logra-ron un cupo. Vale resaltar la pérdida de representación en el ejecutivo del sector de senador Dussán.

Es necesario destacar también la renovación importante del comité ejecutivo electo. Ingresaron siete nuevos dirigentes, todos ellos muy curtidos en la lucha sindical, con lo

cual el ejecutivo gana en experiencia y en capacidad político-sindical. Los nuevos son: Jorge Gamboa, Gilberto Martínez, Raúl Arroyave, Francisco Maltes, Whitney Chávez, Jaime Go-yes, Hernán Trujillo.

En cuanto a representación de género en el nuevo comité ejecutivo hay que reconocer que no sólo no se avanza, sino que tambièn hubo un importante retroceso, al pasar de tres mujeres elegidas en el año 2002 (Gloria Inés Ramírez, Patricia Buriti-cá y María del Carmen Trujillo) a una sola en el 2008, Ligia Inés Alzate, quien seguirá como directora del De-partamento de Asuntos de la Mujer.

Ejecutivos electos por sectores económicosLa representación en el ejecutivo por sectores económicos no tuvo variaciones notables en compara-ción con la composición anterior. Se mantiene la sobrerepresentación del magisterio: 13 ejecutivos de 21, explicable porque en el censo electo-ral los maestros son un poco más del 50% de los inscritos, y por su mayor tradición de participación en proce-sos de elección directa. Los otros 8 ejecutivos provienen de los siguiente sectores económicos: salud, manu-facturero, petróleo, estatal y agroin-dustria. Vale resaltar la elección de dos dirigentes del sector del petróleo, producto más de apoyos partidarios

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

en otros sectores, que de la fuerza electoral en el sector.

La elección de dignatarios en comité ejecutivo de la CUTSi el Polo Democrático Alternativo fuera un partido político en sentido estricto, valga decir, donde concurren ciudadanos con afinidades político-ideológicas, la dirección de la prin-cipal organización que representa a los trabajadores en el país se hubiera elegido entre los militantes de ese partido. Pero, vaya paradoja, eso no ocurrió.Las dos grandes corrientes en que se divide ese partido, que en términos ideológicos da para dos partidos con diferencias notables sobre la valo-ración de los fenómenos sociales y políticos del país y con tácticas y pro-puestas programáticas también dis-tintas, se enfrascaron en una pugna por la dirección que finalmente ganó el sector clasita. Este sector logró el apoyo de Convergencia Ciudadana y de Tarsicio Mora, quien hizo parte en el anterior ejecutivo del sector democrático, y que resultó electo como nuevo presidente de la cen-tral. Convergencia Ciudadana hace parte activa de la coalición uribista y aboga, como lo ha hecho en el propio comité ejecutivo, por la reelección del presidente Uribe. De nuevo como en el 2002, la estrategia del senador Luis Alberto Gil funcionó. Y también

en esta ocasión, como en aquella, las pretensiones de Boris Montes de Oca de ser presidente de la CUT se aplazaron.

La nueva dirección de la CUT, con peso sobresaliente del sector clasista, pone en discusión las políticas que agenciaba el sector democrático: 1) La afiliación internacional a la CSA y en el inmediato futuro su vinculación activa a sus programas; 2) El papel de la CUT en la OIT y en especial en el acuerdo tripartito que dio origen al programa de cooperación técnica con Colombia y con él a la delega-ción permanente de la OIT en el país; 3) Las directrices aprobadas en el V Congreso de la central, no casual-mente se propone convocar un nuevo congreso para hacer compatible la dirección con sus políticas. 4) La po-lítica de diálogo social y concertación que ha hecho posible que se combine una oposición al gobierno de Uribe con la presencia en los espacios de concertación con gobierno y empre-sarios.

Los mecanismos y comportamientos electorales

La elección de los dirigentes sin-dicales, con la participación directa de los afiliados, es un gran avance en la ampliación de la participación y la democracia en la central. Per-mite, con cierta periodicidad, que se debatan las orientaciones políticas y

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 8 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9

programáticas y se dé la posibilidad de renovar la dirigencia. Es más, en esta ocasión se aplicaron mecanismos tendientes a limitar el manejo del proceso electoral desde los intereses de grupos o tendencias políticas con posición dominante en sindicatos o regiones, como por ejemplo, las listas de votantes suministradas por el tribunal electoral y la disposición de una papelería uniforme impresa en papel de seguridad, diseñada para la ocasión. La participación de la Registraduría no fue en esta ocasión motivo de veto o descalificación de indebida intervención, como en oca-siones anteriores, etc.

Sin embargo, todos estos avances no fueron suficientes para lograr un proceso con preeminencia de prácti-cas diáfanas y éticas. Las impugna-ciones e incluso las demandas pena-les en curso por fraude, demuestran esta limitación. El control en interés propio de las votaciones por tenden-cias dominantes en sindicatos y la consiguiente exclusión o limitación de participación de otras corrientes, es todavía práctica común. Es más, la existencia de un supravotante que su-fraga por todos o en beneficio de una aspiración, estuvo también presente. Todas estas prácticas suponen la im-periosa necesidad de que el proceso de votación sea operado por una or-ganización independiente de los pro-pios intereses electorales en juego. En este tema debería jugar un papel más activo la Registraduría

Votación por partidos y tendencias

Sector clasista 2002 2008

PC y afines 48.598 33.857Guillermo Marín 10.876 11.293Moir 21.571 28.553P.U.P 20.863 12.655Otros 13.799 12.383Total 115.707 98.741

Sector democráticoNueva Opción (Tarsicio Mora) 18.475 14.781Partido Liberal 19.855 12.727IDMT 7.571 8.231MID 4.405 —U.D 15.823 17.248PSOC 30.017 27.840Dussanismo — 8.107PTC 8.056 14.563Sintrainagro 16.516 15.926Convergencia Ciudadana 5.748 9.415Otros 6.555 2.009Total 133.021 130.847

Potencial de votantes 437.000

Elecciones CUT 2002- 2008

2002 2008Votación total 262.075 243.763Votación sector clasista 115.707 98.741Votación sector democrático 133.021 130.847Votos en blanco 13.347 14.179

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

97ª Conferencia Internacional del Trabajo

Colombia de nuevo en la controversiaeL caso de coLombia en La oit, por su gravedad y permanencia en eL tiempo, otra vez fue controversial y especial. Y lo fue porque gobierno y empresarios colombianos pretendie-ron, sin éxito, que Colombia no fuera examinada en la Comisión de Nor-mas, a pesar de cumplir con los crite-rios que esta comisión ha establecido para seleccionar los casos.

Y decimos controversial en la me-dida en que generó un gran debate al interior de la conferencia, no porque se tratara en la Comisión de Normas, sino porque el gobierno y los empre-sarios colombianos se oponían a ello, y esto produjo, contrario a lo deseado por el gobierno y los empresarios, una gran publicidad, pues para el conjunto de la conferencia fue claro que Colombia tenía que estar este año como un caso.

Finalmente, y gracias a la unidad y firmeza del grupo de trabajadores de la conferencia, el gobierno colom-

biano aceptó comparecer “voluntaria-mente” a la Comisión de Normas, y como esta conducta es atípica y por fuera de los procedimientos normales de la OIT, Colombia de nuevo fue un caso “especial”, pues a diferencia de los demás casos, se le dedicaron tres horas de debate, intervinieron veinte oradores, se publicó un cuadernillo de 40 páginas con la memoria y las conclusiones de esta “sesión espe-cial” y se estableció un mecanismo de seguimiento.

La controversia y el tratamiento especial produjeron como resultado que el gobierno colombiano no pu-diera eludir la acción de control nor-mativo de la OIT, y por el contrario, fuera compelido a abordar una agen-da, a que ésta se desarrolle a través de diálogo social, y a informar de los resultados de lo anterior a la Comi-sión de Expertos. En otras palabras, este año en la conferencia el gobierno colombiano tampoco pasó impune,

PorJosé Luciano Sanín VásquezDirector General ENS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 10 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Pollo saltillo", Enrique Cifuentes Ramos, México, 2008

11

pues debe, si no quiere exponerse a mecanismos de control más fuertes, cumplir con los requerimientos de la OIT.

La agenda marcada por la OIT, que surge de años de trabajo y dedicación al caso colombiano por parte de las centrales sindicales, presentando me-morias e informes y participando en todos los mecanismos de la OIT, re-

coge once grandes temas, que si bien no son el universo de la situación, sí son parte sustancial de la misma. Veamos:

1. Reforzamiento de las acciones de protección a la vida e integridad de los sindicalistas.

2. Eficacia y rapidez en las inves-tigaciones de asesinatos, sanción de los autores materiales e intelectuales y aumento de los recursos para lo-grarlo.

3. Adopción de medidas legislati-vas en materia de servicios públicos esenciales para el ejercicio del dere-cho de huelga.

4. Adopción de medidas que garan-ticen el trabajo decente en las coope-rativas de trabajo asociado (CTA).

5. Reforzamiento de la Inspección del Trabajo.

6. Adopción sin demoras de medi-das legislativas para impedir que las CTA y otros tipos de contratos basura sean usados para menoscabar los derechos sindicales y la negociación colectiva.

7. Garantía para que todos los trabajadores puedan constituir y afi-liarse a organizaciones sindicales sin autorización previa.

8. La no utilización de manera dis-crecional de la autoridad para dene-gar el registro sindical.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9. Fortalecimiento de la represen-tación de la OIT en Colombia.

10. Envío de una memoria detalla-da y consultada sobre todo lo anterior a la Comisión de Expertos antes del 1° de septiembre de este año.

11. Diálogo social pleno y signi-ficativo para alcanzar una solución sostenible a todas las anteriores cues-tiones.

Dado el alcance limitado que pue-de tener una organización tripartita como la OIT, dedicada a la genera-ción y control de estándares inter-nacionales en materia de derechos laborales y sindicales, esta agenda y su seguimiento constituye, sin duda, un avance con respecto a otros años, porque el tema de la violencia anti-sindical, sin dejar de ser el centro del debate, dio lugar a que otros temas pudieran ser abordados.

Las conclusiones de la Comisión de Normas en el caso de Colombia fueron las siguientes:

“Convenio sobre la libertad sin-dical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

Colombia (ratificación: 1976). La Comisión tomó nota de la in-formación oral suministrada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continua-ción. La comisión recordó las accio-

nes emprendidas por el gobierno y los interlocutores sociales tendientes a lograr una mayor aplicación del convenio desde la última ocasión en la que había examinado la aplicación del mismo, en 2005. En particular la comisión recordó la visita —y sus recomendaciones— que en 2005 hizo al país una misión de alto nivel, por invitación del gobierno; el acuerdo colombiano tripartito para el dere-cho de asociación y la democracia de junio de 2006; el establecimiento de una oficina de representación de la OIT en Colombia, y la Misión de Alto Nivel de la OIT y su informe de noviembre de 2007. La comisión consideró que tales iniciativas repre-sentan pasos importantes para mante-ner dentro del diálogo y el debate na-cionales las cuestiones relacionadas con la aplicación de este convenio. Confió firmemente en que se tomarán nuevas e importantes medidas en el marco del respeto del acuerdo tripar-tito, para lograr una rápida y plena aplicación de las disposiciones de este convenio fundamental.

La comisión tomó nota de que los comentarios de la Comisión de Ex-pertos se refieren a continuos actos de violencia contra sindicalistas y a una situación de impunidad persis-tente; no obstante, se han observado

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 12 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13

esfuerzos significativos por parte del gobierno para reforzar el programa de protección especial. La Comisión de Expertos también toma nota de los esfuerzos realizados por la Fiscalía General de la Nación para asegurar los progresos en la investigación de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en contra de sindicalistas, así como la designación de tres jueces especialmente dedi-cados a examinar casos de violencia contra sindicalistas. La comisión tomó nota de las declaraciones del gobierno relacionadas con el au-mento significativo de los fondos presupuestados para la protección de sindicalistas y la continua disminu-ción de muertes violentas en el país, incluidas las de sindicalistas.

Al tiempo que tomó debida nota de estas informaciones, la comisión expresó su preocupación en relación con el aumento de actos de violencia contra sindicalistas durante la pri-mera mitad del año 2008. En vista de los compromisos asumidos por el gobierno, antes mencionados, la co-misión lo instó a que adopte nuevas acciones para reforzar las medidas de protección disponibles y garanti-zar una mayor eficacia y rapidez de las investigaciones de asesinatos de sindicalistas y la identificación de

todos sus instigadores. Tales medidas deberán incluir un aumento de los recursos necesarios para combatir la impunidad, incluido el nombramiento de jueces adicionales dedicados es-pecialmente a resolver los casos de violencia contra sindicalistas. Todas estas medidas son elementos esencia-les para asegurar que el movimiento sindical pueda finalmente desarrollar-se y afirmarse en un clima libre de violencia.

Con respecto a las cuestiones pen-dientes de aplicación práctica y le-gislativa, la comisión observó que la Comisión de Expertos, al tiempo que toma nota con interés de algunas me-didas adoptadas por el gobierno para poner su legislación en conformidad con el convenio, considera que otras varias cuestiones todavía necesitan ser resueltas. La comisión tomó nota de las declaraciones del gobierno se-gún las cuales el diálogo continúa a efectos de adoptar una legislación re-lacionada con los servicios públicos esenciales y con las cooperativas, y que se han adoptados medidas impor-tantes para reforzar la Inspección del Trabajo.

La comisión observó que las cues-tiones relativas a las divergencias legislativas con las disposiciones del convenio, han sido objeto de comen-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Pol

lo sa

ltillo

", E

nriq

ue C

ifuen

tes R

amos

, Méx

ico,

200

8

tarios por parte de la Comisión de Expertos durante numerosos años, y que los esfuerzos realizados hasta el momento no han dado frutos. Confió en que el gobierno continuará solici-tando la asistencia de la oficina para tratar todas las dificultades pendien-tes y que se adoptarán las medidas necesarias para, en un futuro muy cercano, asegurar la plena y efectiva aplicación del convenio en la legis-lación y en la práctica. En particular, la comisión espera que se adopten sin demora disposiciones legislativas para asegurar que los contratos de servicio o de otro tipo, y las coopera-tivas u otras medidas, no sean utili-zados como medios para menoscabar los derechos sindicales y la negocia-ción colectiva. Solicitó también al gobierno que se asegure que todos los trabajadores, incluidos aquellos del sector público, puedan formar las organizaciones que estimen con-venientes, sin autorización previa, y afiliarse a las mismas de conformidad con el convenio. A este respecto la comisión solicitó al gobierno que no utilice discrecionalmente su autori-dad para denegar el registro sindical.

La comisión subrayó una vez más la importancia del diálogo social ple-no y significativo para alcanzar una solución sostenible para estas graves

cuestiones. La comisión consideró que el fortalecimiento de la represen-tación de la OIT en Colombia es ne-cesario para facilitar una efectiva im-plementación del acuerdo tripartito. La comisión pidió al gobierno que, en consulta con los interlocutores so-ciales, envíe una memoria detallada sobre todas las cuestiones mencio-nadas, para que sea examinada en la próxima reunión de la Comisión de Expertos”

FUNCIONALIDAD• Comunicación oportuna con sus afiliados• Conocimiento de los afiliados para los procesos de

convocatoria, contratación y preparación de la Negocia-ción Colectiva

• Apoyo a los procesos electorales internos• Control del libro de socios• Análisis histórico de su afiliación y condiciones del con-

trato• Instalación para Directivas y Subdirectivas• Listados e informes estadísticos de las características de

los afiliados en pantalla, archivos o adhesivos• Soporte técnico vía telefónica o personal• Periodo de inducción personalizada• Sistema de claves para proteción y seguridad de la base

de datos

BANCO DE DATOS - HOJA DE VIDA SINDICAL

• Adecuación de las variables de información de acuerdo alas necesidades de cada organización

OBJETIVOS• Registrar, controlar, planear y proyectar desde y para su

organización• Construir un sistema de información versátil que se adap-

te a las nuevas tecnologías• Fortalecer la gestión política, social y administrativa de

las organizaciones sindicales.

El CD ROM con la versión DEMO del Banco de Datospuede instalarse en la organización interesada

Un programa diseñado para manejar informaciónsocioeconómica, sindical y laboral de sus afiliados

INFORMES Y VENTAS: María Eugenia Zuluagaemail: secretaria@ens.org.co - Calle 51 Nº 55-78- Tel: 5133100 - Medellín

Trabajo DecenteTrabajo Decente

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 16 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Carencias y exclusiones en el acceso a empleos decentes

Mercado laboral colombiano

eL trabajo decente debería consti-tuirse en La esencia de Las estrate-gias globales, nacionales y locales para lograr un desarrollo económico y social sostenible y equitativo. Esto con el objetivo —como lo plantea Juan Somavia, director general de la OIT— de promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y pro-ductivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad hu-mana.

El análisis del mercado laboral co-lombiano permite visualizar algunas carencias y exclusiones en forma de desempleo y subempleo, trabajos de baja calidad e improductivos, infor-malidad, trabajo inseguro e ingresos inestables, desigualdad de género, explotación de los trabajadores, falta de representación y participación, así como de insuficiente protección y solidaridad en caso de enfermedad, discapacidad y vejez. Aspectos estos

que permiten confirmar lo planteado por la OIT: “El crecimiento econó-mico es una condición necesaria pero insuficiente frente a la necesidad de revertir el déficit de trabajo decente acumulado en las décadas pasadas”.1

Crecimiento económico y generación de empleo

El crecimiento económico del 7,52% en 2007 señala que la eco-nomía colombiana presentó una situación que no se registraba desde mediados de la los años sesenta. En el periodo 1991-2001 la tasa de crecimiento promedio fue aproxi-madamente la mitad de la registrada en el periodo 2002-2007, sin que se reflejara una mayor generación de empleo.

Si se compara la tendencia de este periodo con la que se dio en los

PorMargarita RamírezProfesional Área de Investigaciones ENS

1. OIT, América Latina y el Caribe, 2007, Panorama Laboral 2007: <http://www.ilo.org> acceso 20 de octubre de 2008.

17

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Rosa, mujer ceramista", Tamara Migelson Mancewicz, Paraguay, 2008

noventa, vemos que se configura un modelo de crecimiento altamente ahorrador de mano de obra. Plantea-do en otros términos: el crecimiento que, de forma continua, se ha re-gistrado en los últimos cinco años, se sustenta más en otros factores productivos, como el capital y su productividad, dejando relegado el trabajo.

Esto se evidencia con los siguien-tes datos: en el periodo 1991-2001 el desempleo llegó a reducirse hasta el 7% (tercer trimestre de 1994), con una tasa promedio de crecimiento de 2,64%; mientras que con un creci-miento promedio del 5% en el perio-do 2002-2007, el desempleo no ha bajado de alrededor del 11%.

Por otro lado, la tasa de crecimien-to promedio en la región latinoame-ricana fue inferior a la colombiana, ya que, según la CEPAL, ésta fue de 5,6% en 2007. Sin embargo, en la región se tuvo una tasa de desempleo urbano promedio de 8%, mientras que Colombia no logró bajarse del 11,2% en el mismo año; mostrando alta rigidez para generar cambios sustanciales en la disminución de los indicadores de desempleo.

La poca generación de empleo y las altas tasas de desocupación están relacionadas también con la estructu-ra productiva. Ésta confirma que hay una relación estrecha entre los secto-res económicos de mejor desempeño y su baja participación en el total de puestos de trabajo. Para el año 2007, por ejemplo, el sector de intermedia-

ción financiera con un crecimiento de 22,5% participó sólo con el 1,4% en total del empleo nacional. El comer-cio, que creció a una tasa del 10,4%, cifra que por lo demás supera los da-tos históricos de varias décadas atrás, ocupó al 24,9% de la mano de obra. El sector de servicios comunales so-ciales y personales, que tuvo un cre-cimiento del 3,15%, participó en el empleo con el 21,5%, situación que se repite en agricultura, ganadería, caza y pesca.

Sin embargo, un aspecto que no se puede soslayar en el crecimiento de

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 18 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

la economía, es la alta participación de la demanda interna, en 2007 fue de 86,9%, conformado principalmen-te por el consumo de los hogares. Ahora, el ingreso de la mayoría de los hogares lo configuran esencial-mente los salarios de trabajadores y trabajadoras, más que otros rubros. Es decir, la generación de empleos e ingresos inciden de manera importan-te en el crecimiento del país.

Adicionalmente, otro de los rubros que incide en el consumo de los ho-gares son las remesas de trabajadores y trabajadoras en el exterior, en par-ticular las provenientes de Estados Unidos y España, que han tenido un peso creciente en la demanda de hogares; pasando de 966 millones de dólares en 1994 a más de 4.493 millones en 2007, según cifras del Banco de la República.

Ahora, en el primer y segundo trimestre de 2008 el crecimiento eco-nómico fue de 4,5% y 3,7% respec-tivamente, datos que van mostrando una desaceleración de la economía colombiana; es decir, nos enfren-tamos a un crecimiento más bajo y además a los posibles efectos de la crisis mundial.

Es preocupante pensar que si no se logró un aumento significativo del empleo durante el periodo de recuperación económica registrada en los últimos años, bajo las actuales circunstancias se va ha requerir de mayores esfuerzos para bajar la tasa de desempleo del país.

No se pueden descartar los posi-bles efectos de la crisis mundial en el empleo; la reducción de los niveles de demanda mundial pueden afectar a sectores exportadores, especialmente dirigidos a Estados Unidos y Vene-zuela, principales socios comerciales. Además, la crisis puede agravar la falta de liquidez, generando a media-no plazo el despido de trabajadores.

Además, en general el menor di-namismo de la economía, pude llevar a menores ingresos de las familias, soportados especialmente en sus sa-larios, mayores grados de pobreza y menor consumo, que es en últimas, uno de los aspectos de mayor inci-dencia en el crecimiento económico.

Comportamiento del empleoLa calidad del empleo no ha mejo-

rado sustancialmente en los últimos años, pues persisten altas tasas de in-formalidad, en especial para las mu-jeres, y existe desprotección social. A esto se suma el crecimiento exponen-cial en el mercado laboral de las coo-perativas de trabajo asociado, que ha afectado de forma sensible el salario de sus asociados y asociadas. Esta si-tuación ha llegado a ser tan alarmante que se han presionado algunos con-troles por parte de las autoridades del Ministerio de Protección Social.

Aún cuando en el periodo de re-cuperación la tasa de desempleo ha bajado —pasó de 14,7% en 2001 a

19

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Pai e Filho", Tcharllys Rozembherg dos Santos, Brasil, 2008

11,1% en 2008 (abril-junio)—2 la tasa de ocupación creció más lenta-mente —pasó de 51,6% a 52,2% en el mismo periodo—. Esto indica que la disminución de la tasa de desem-pleo se debe especialmente al aumen-to de la población inactiva, que pasa de 39,6% a 41,4%, y a la disminu-ción de la tasa global de participación (60,4% a 58,6%), y no tanto a la ge-neración de empleos.

Varias razones explican esta situa-ción. Entre ellas la mejora en los in-gresos de las familias, que permitiría el traslado de trabajadores y trabaja-doras a otras ocupaciones, como ofi-cios del hogar, estudio u otros, o por otro lado, a la desmotivación de las personas desempleadas por conseguir un trabajo decente.

SubempleoLa tasa de subempleo ha crecido;

lo que refleja la existencia de situa-ciones inadecuadas para ocupados y ocupadas.

El subempleo subjetivo, que se refiere al deseo manifiesto del traba-jador o trabajadora por mejorar sus ingresos, el número de horas trabaja-das o tener una labor más propia de sus competencias: pasó de 25,6% a 29,4% de 2001 a 2008 (abril-junio).3 El tipo de subempleo más alto es el empleo inadecuado por ingresos (26,2%) y el inadecuado por compe-

tencias (15,9%). Ahora, el subempleo objetivo

(comprende a quienes tienen el de-seo, pero además han hecho una ges-tión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio) pasó de 10,2% y permanece a tasas superiores hasta 2006 y en 2008 disminuye a 9,4%.

Desempleo de hombres, mujeres y jóvenes

A pesar de presentarse una dismi-nución de la tasa de desempleo para

2. DANE. ‘Encuesta Continua de Hogares, a partir de 2007’, Gran Encuesta Integrada de Hogares, datos para segundo trimestre (abril-junio) de 2001-2008; <www.dane.gov.co>, acceso 20 de octubre de 2008.

3. Ibíd.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 20 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ambos sexos, persiste una brecha im-portante entre hombres y mujeres. En abril-junio de 2008 la tasa de desem-pleo para las mujeres fue de 14,3%, mientras que la de los hombres fue de 8,8%, convirtiéndose en una po-blación vulnerable en el mercado laboral.

Otra población que tiene mayores tasas de desempleo con respecto al total nacional, son los jóvenes (entre 14 y 26 años), que durante todo el periodo sostuvieron unas tasas de desempleo superiores a la general; aunque en los últimos años disminu-yó. Al comparar el primer trimestre de 2001 y 2008,4 éste pasó de 28,5% a 22,6% respectivamente. El desem-pleo juvenil es preocupante, porque son hombres y mujeres que en su gran mayoría no están estudiando, ni perciben ingresos, ni acumulan experiencia laboral. Sólo el 3% de los jóvenes trabaja y estudia simultá-neamente.5 Así mismo, en los jóvenes persiste una brecha significativa por género, pues la población femenina joven tuvo una tasa de desempleo de 29,8% y la masculina de 17,3% para enero-marzo de 2008. Es decir, una diferencia de 12,5 puntos porcentua-les.

Industria y formas de contratación

La dinámica laboral y los factores que determinan las condiciones de vida y la remuneración de trabajado-res y trabajadoras, se han visto afec-tados por la forma del crecimiento económico entre 2001 y 2007.

Insistiendo en comparar la proce-dencia del actual modelo de desa-rrollo, vemos que no sólo hay una tendencia a disminuir costos de mano de obra, sino que se perfila un claro deterioro en la formas de contrata-ción: tiende a disminuirse el trabajo permanente y a aumentarse, en ma-yor proporción, la contratación bajo la modalidad de trabajadores tempo-rales.

Las cifras que trae el estudio so-bre bienestar y macroeconomía de Universidad Nacional,6 indican que aún en los años de la recesión, la in-dustria tenía un número mayor de tra-bajadoras y trabajadores vinculados como permanentes.

Según la Encuesta Anual Manu-facturera hay una disminución del 40% de trabajadores permanentes entre 1992 y 2006. Y, en dirección contraria, se ha dado la creciente contratación bajo la modalidad de temporales, ya sea directamente o por

4. DANE. “Gran Encuesta Integrada de Hogares”, Mercado laboral de la juventud (14 A 26 años). Trimestre enero-marzo de 2001-2008; <www.dane.gov.co>, acceso 20 de octubre de 2008.

5. D. Robbins, D. Salinas, Desempleo juvenil en Medellín, 2004-2005.6. CID, Bienestar y macroeconomía, 2007. Más allá de la retórica. Centro de Investigaciones

para el Desarrollo, Universidad Nacional Facultad de Ciencias Económicas, 2007.

21

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Agricultores", Rafael Pacheco Granados, Costa Rica, 2008

medio de agencias, con un aumento 192% de 1992 a 2006. Estas cifras hablan por sí solas del fenómeno del deterioro de las condiciones labora-les, e indican que las orientaciones de la OIT para que los gobiernos se comprometan a crear trabajo decente y generar condiciones de vida dignas para trabajadores y trabajadoras, no están en la agenda del gobierno co-lombiano.

A esta situación se ha llegado como resultado de las reformas labo-rales que han flexibilizado las formas

de contratación y desmejorado el nivel de vida de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo.

Ahora, según la Encuesta Mensual Manufacturera,7 el empleo permanen-te pasó de participar con el 64% en primer trimestre de 2001 a 53,7% en segundo trimestre de 2008, perdiendo diez puntos porcentuales, los mismos que consecuentemente ganó el em-pleo temporal, directo o por interme-dio de agencias que pasó de partici-par 35,9% a 46,3% respectivamente.

7. DANE. Muestra mensual manufacturera. Segundo trimestre de 2008; <www.dane.gov.co>, acceso 20 de octubre de 2008.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 22 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Minero", Rodrigo Grajales Murillo, Pereira, 2008

InformalidadEn cuanto al empleo en el sector

informal, las cifras oficiales indican que a pesar de que éste ha venido disminuyendo, y ha aumentado el empleo en el sector formal, la infor-malidad sigue siendo la situación predominante en el total de la pobla-ción ocupada.

Estos trabajadores y trabajadoras son más vulnerables a tener remune-raciones bajas, dificultad para acce-der a los sistemas formales de salud (contributivos), lo que los empuja a vivir en condiciones de pobreza y desigualdad social.

Los altos índices de informalidad constatan las condiciones de preca-riedad laboral. En el total de las trece áreas metropolitanas de 2001 a 2008 (abril-junio) el porcentaje de pobla-ción ocupada informal era del 60,5%, y cayó al 55,6% respectivamente. Por otra parte, la informalidad es más pronunciada en la población femeni-na, que para el segundo trimestre de 2008 llega al 58%, mientras que en la masculina fue de 53,7%.8

Adicionalmente, al comparar el segundo trimestre de 2007 y 2008 se encuentra que de los 247 mil empleos generados en las 13 áreas, el 74.7% de dichos empleos se generó en el sector informal, de continuar esta tendencia se podría revertir la dismi-nución del empleo informal.

Una mirada comparativa con lo que pasa en la región latinoameri-cana, muestra que Colombia, junto

8. DANE. “Encuesta Continua de Hogares”, a partir de 2007”, Gran encuesta integrada de hogares, total 13 áreas. Informalidad, datos para segundo trimestre (abril-junio) de 2001-2008; <www.dane.gov.co>, acceso 20 de octubre de 2008.

23

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

con Perú, posee tasas de empleo en el sector informal superiores al 50%, convirtiéndose en uno de loslos paí-ses de la región con las tasas más altas en 2005 y 2006.

Ahora, la situación es más dramá-tica si se tiene en cuenta el empleo informal según la definición de la OIT: “comprende a los trabajadores cuya relación de trabajo no está suje-ta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo, ya se ocupen estos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en hogares”.

Dentro de este criterio tenemos que en 2006 Colombia tuvo una tasa de empleo informal de 62,6%.

Condiciones de trabajo y seguridad social

Un altísimo porcentaje de trabaja-dores y trabajadoras no cuenta con ninguna protección para atender sus necesidades vitales una vez salgan de su ciclo laboral.

Solo el 35,4% está afiliado a un fondo de pensiones, cifra que nos advierte que de continuar esta ten-dencia, la sociedad y, en particular el Estado, tendrán que abordar en los próximos años un verdadero drama humano, en la medida en que no se

contará con los recursos para que esta población pueda vivir dignamente sin tener que acudir a la caridad pública.

Es responsabilidad del Estado esta-blecer todos los controles necesarios para que los derechos de esta impor-tante franja de la población sean res-petados por todos los empleadores y protegidos por el Estado.

El número de trabajadores y traba-bajoras que han logrado una cobertu-ra en materia de seguridad social, aún es baja entre la población ocupada.

Esto quiere decir que aún todavía avanzar hacia una sociedad más equi-tativa, que respete los derechos de trabajadores y trabajadoras que están amparados por la legislación laboral y los derechos sociales, aprobados en el marco de unas instituciones que se rigen por una constitución de obligatorio cumplimiento por toda la ciudadanía.

Las trabajadoras y trabajadores afi-liados al régimen contributivo de sa-lud, no alcanzan el 40%, después de más de quince años de implementada la reforma que transformó el sistema de salud, cuya meta era afiliar a la to-talidad de la población.

Se esperaba superar las limitacio-nes del sistema anterior, que sólo cubría al 25% de la población de las grandes ciudades. Hoy no se ha logrado la cobertura universal y se

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 24 Octubre 2008

Indicadores de protección social

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007Partici-

pación % 2007

Ocupados Total Nacional abril- junio (1) 16.416.076 17.318.963 17.344.296 17.779.267 18.267.321 18.134.332 100,0

Afiliados fondos cesantías (2) 3.005.305 2.903.370 3.322.443 3.645.924 4.102.371 4.375.781 24,1

Afiliados Cajas de Compensación Familiar (3) 3.351.691 3.574.910 3.982.629 4.390.160 4.858.857 5.041.117 27,8

Afiliados cotizantes Régimen Contributivo de salud (4) 6.096.926 5.833.693 6.824.968 7.193.889 7.287.182 — 39,9**

Afiliados Aseguradoras de riesgos profesionales (5) 4.164.975 4.602.468 4.656.420 5.404.050 5.637.676 6.019.062 33,2

Afiliados cotizantes fondos de pensiones (6) 4.961.223 5.218.451 4.610.733 4.747.480 5.329.909 6.422.444 35,4

* Incluye los pensionados por vejez, invalidez y las personas que reciben pensión de sobrevivientes** Tasa para 2006, aún no se tienen el dato oficial de afiliados a salud para 2007.Fuentes: 1. DANE, Encuesta continua de hogares, desde 2007 Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2, Superintendencia Financiera. Estadísticas de los Fondos administrados. www.superfinanciera.gov.co. 3. ASOCAJAS. www.asocajas.org.co. 4, 5, 6: Ministerio de la Protección Social, Informes al Congreso de la República.

vulnera uno de los derechos esencia-les de todo ser humano: la atención de salud.

En cuanto a la distribución de la población ocupada, afiliada a la se-guridad social en salud, entre 2001 y 2008, se configura una constante, y es que la población del régimen sub-sidiado aumenta, mientras disminuye la del contributivo.

Las cifras9 indican que, en los úl-timos años, los ocupados que están amparados por el régimen subsidiado aumentaron del 14,1% al 23,3%, y hubo una caída del 85,8% al 76,7% entre los trabajadores y trabajadoras a los que se les deduce de su salario el pago a la seguridad social en salud a través de las diferentes EPS.

Una de las explicaciones, al mar-gen del comportamiento del mercado laboral y su dinámica de empleo, es el impacto que puede estarse dando con el programa Familias en Acción, estrategia del gobierno para atender a las víctimas del conflicto armado, y que se inscribe en el programa de lucha contra la pobreza.

Sin embargo, la disminución de los ocupados afiliados al régimen con-tributivo también podría mostrar que algunos empleadores no asumen la seguridad social en salud de trabaja-dores y trabajadoras, lo que obliga a éstos a entrar al régimen subsidiado. O peor aún, también puede estar in-dicando un crecimiento de empleos informales e independientes

9. Ibíd.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25

vivimos un momento cruciaL de La historia de Los trabajadores deL mundo, porque La primera oLa de la mundialización está por terminar y podemos empezar a ver un cuadro pormenorizado e integral de los problemas que plantea y las oportunidades que brinda. El proceso de integración de la econo-mía mundial, que dibuja una perspectiva aterradora para muchas personas y comunidades en situación precaria, puede ser eficaz y provechoso si adopta-mos un planteamiento suficientemente amplio de las condiciones que rigen nuestras vidas y nuestro trabajo. Hay que tomar medidas bien pensadas para fomentar los cambios sociales políticos y econó-micos capaces de transformar una previsión que infunde temor en una realidad constructiva.

Es también un momento histórico para la Or-ganización Internacional del Trabajo (OIT) en su condición de guardiana de los derechos de los trabajadores dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su Director General se ha propuesto que la Organización acometa un esfuerzo concertado para procurar trabajo decente de todas las mujeres y los hombres del mundo que lo buscan (véase OIT,

El trabajo decente, un derecho humano*

PorAmartya Sen

Universidad de Harvard, Premio Nobel de Economía

* Tomado de: Amartya Sen, Josepth Stiglitz e Imanol Zubero, Se busca trabajo decente, Madrid, Ediciones Hoac, 2007.

1999). Mi propia y estrecha relación con la OIT viene de hace mucho más de un cuarto de siglo. En los años setenta tuve el privilegio de asesorar a la OIT, que me encargó algún estudio (véanse, por ejemplo, Sen 1975 y 1981), aunque mi primera relación de trabajo con ella se remonta a 1963, cuando fui destinado a El Cairo. Ya en los setenta intenté persuadir a la OIT de que adoptase una vi-sión integral de los derechos laborales; aunque debo reconocer que lo hice de una manera un tanto tosca y desafortunada, mi propósito era invocar no sólo los derechos, sino los metaderechos. Por ello se me hace particularmente grata esta iniciativa novedosa de la OIT en pos del trabajo decente.

Veamos ahora en qué consiste y cómo encaja en las premisas intelectuales contemporáneas sobre los flujos económicos, los valores sociales y las realidades políticas. Deseo señalar cuatro caracte-rísticas del planteamiento que convendría analizar detalladamente. Sólo me será posible profundizar en dos de esos rasgos distintivos, pero dedicaré un breve comentario a los otros dos.

Invitado especial

26

1. Objetivos para el derecho a un trabajo decente

La primera característica importante de este pro-grama visionario de la OIT es que formula un obje-tivo general: se trata de “promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conse-guir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999, pág. 4). Es, sin duda, un objetivo de gran calado, puesto que abarca a todos los traba-jadores, sea cual sea el modo y el sector en donde trabajen: el trabajo asalariado, por cuenta propia y a domicilio, ya sea en la economía regular o en el sector estructurado informal. La OIT se propone actuar frente a hecho terrible de que abunden tanto en el mundo “las personas que trabajan demasiado y las que están desempleadas” (ibídem).

Esta universalidad en la cobertura y esta con-cepción vasta y global de los propósitos marca una diferencia bien pensada respecto de los planes que sólo benefician a algunas categorías de trabajado-res, bien sean los del sector organizado o los que tienen un empleo o los que ya están amparados por normas y reglamentos específicos. Claro está que la universalidad implica tropezarse con muchas cuestiones espinosas que no surgen si únicamente se atiende a colectividades más restringidas, como la de los trabajadores del sector organizado (dejando fuera a los trabajadores a domicilio) o, incluso, la de todas las personas que están ocupadas (dejando fuera a los desempleados).

La razón de escoger un objetivo tan vasto es que conviene que el enfoque abarque a todos. Dentro de la población trabajadora hay sectores bien di-ferentes cuyas fortunas no siempre discurren a la par, y es fácil que, por favorecer los intereses y rei-vindicaciones de un sector, queden postergados los intereses y reivindicaciones de otros. Con frecuen-cia se ha dicho que las organizaciones sindicales a veces defienden sólo las aspiraciones de colectivos muy reducidos, por ejemplo el de los trabajadores sindicados, y que esa óptica estrecha puede llevar-los a desatender las aspiraciones legítimas de otros colectivos y a infravalorar las cargas que soportan jornaleros no sindicados o trabajadores del ámbito

familiar o desempleados de larga duración, por ejemplo. A la inversa, centrarse en los intereses de los trabajadores del sector informal sería quizá despreciar las conquistas duramente conseguidas de quienes trabajan en la industria organizada, pretendiendo —según se recomienda a menudo, aunque sólo sea de forma implícita— rebajar su situación para equipararla con la de los trabajadores no sindicados y desprotegidos.

El mundo trabajador está dividido en sectores que tienen problemas y preocupaciones particula-res, y la OIT debe prestar atención simultáneamente a las aspiraciones de todos ellos. Debido al desem-pleo gigantesco que existe en muchos países del mundo —incluso en las economías ricas de Europa occidental—, es lógico que los planes políticos den preferencia a la creación de empleos y a las salidas profesionales. Pero también son importantes las condiciones de trabajo. Se trata de dar cabida a las distintas aspiraciones haciendo una valoración completa y general de modo que las soluciones para atajar el desempleo no se aduzcan para privar de sus condiciones de trabajo razonable a las per-sonas ocupadas, ni la protección a estas personas sirva de excusa para mantener a las que no tienen trabajo en un estado de exclusión permanente de la vida sociolaboral. La dificultad de tener en cuenta los dos objetivos se exagera muchas veces y suele basarse en razonamientos muy rudimentarios. Aun cuando haya que inclinarse hacia uno y otro lado en caso de disyuntiva, será más razonable —y más justo— adoptar un planteamiento ecuánime, que integre los intereses contradictorios, en vez de favorecer exclusivamente a un sector en detrimento del otro.

Los mayores y los desempleadosTenemos una prueba clara de la necesidad de

dicho enfoque integral en otro asunto, el del enve-jecimiento y la tasa de dependencia, que a menudo se yuxtapone sin un análisis crítico al problema del desempleo y la disponibilidad de trabajo. Hay dos principios que presentan cierto antagonismo y que con frecuencia se invocan de manera desacertada.

Al hablar del envejecimiento de la población, a

27

menudo se lamenta que los mayores, al no poder tra-bajar, tengan que ser mantenidos por las personas de menos edad que sí pueden hacerlo, lo cual produce ineluctablemente un aumento rápido de la llamada tasa de dependencia. Ahora bien, conviene estudiar este asunto con atención, pues hay bastantes prue-bas de que el aumento de la longevidad conseguido gracias a los avances de la medicina ha prolongado también el tiempo que puede seguir trabajando una persona en pleno uso de sus facultades (véase, por ejemplo, Manton, Corder y Stallard, 1997). La po-sibilidad de alargar la vida laboral se ve reforzada también por el progreso técnico, ya que el trabajo exige menos esfuerzos físicos.

Por consiguiente, una manera lógica de reducir la carga de personas dependientes aparejada al envejecimiento sería retrasar la edad de jubilación o, cuando menos, dar la posibilidad de seguir traba-jando a quienes gocen de buena salud. Contra esta propuesta se aduce a menudo que los trabajadores de edad conservarían los puestos que podrían ocupar los jóvenes, de modo que se agravaría el desempleo juvenil. Pero este argumento es verdade-ramente contradictorio con la tesis antedicha de que la raíz del problema estriba en que los mayores no pueden trabajar, por lo que tienen que mantenerlos los jóvenes.

Si la salud y la capacidad de trabajar son lo que determina en última instancia la cantidad de trabajo que se puede hacer (y no cabe duda que pueden orientarse las estructuras sociales y económicas al objetivo de que ese potencial se realice en gran me-dida), verdaderamente no hay por qué contraponer el desempleo juvenil al retraso de la jubilación. La magnitud absoluta de la población trabajadora no genera por sí sola más desempleo; por ejemplo, no es cierto que los países con mayor número de traba-jadores suelan tener índices de desempleo más altos (piénsese en los Estados Unidos en comparación con Francia o Italia o España o Bélgica). A la hora de examinar las propuestas de revisar la edad de jubilación hay que tener en cuenta muchos factores de peso, pero no se enriquece el debate vinculando el desempleo al tamaño absoluto de la población trabajadora. Más bien lo que aquí vemos es una ar-

gumentación defectuosa, basada en la combinación de dos reacciones viscerales contradictorias: a) la que dice que el problema esencial del envejeci-miento de la población es que los viejos no pueden trabajar y los jóvenes tienen que mantenerlos, y b) la que sostiene que los jóvenes perderán puestos de trabajo si trabajan los mayores. Dar por buenas estas dos ideas sin previo análisis nos llevaría a una situación sin salida, siendo así que sólo se basan en hipótesis sin comprobar sobre un supuesto confli cto que puede existir o no existir en la realidad.

El hábito de dejarse llevar por contradicciones imaginarias y soluciones partidistas es tan perju-dicial en el asunto del envejecimiento y el empleo como en el de las condiciones de trabajo, por una parte, y la necesidad de empleo, por otra. No se logra que los conflictos desaparezcan simplemente obviándolos en beneficio de este grupo o de aquel. Hay que estudiar las posibilidades empíricas con espíritu abierto. También hay que encarar con ecuanimidad los conflictos que plantean problemas éticos, buscando un equilibrio entre los intereses con contradictorios de los sectores, en lugar de favorecer exclusivamente a uno de ellos.

El trabajo infantil y su prevenciónEl difícil problema del trabajo infantil suscita

cuestiones parecidas. A menudo se afirma que la erradicación del trabajo infantil perjudica los intereses de los propios niños, que pueden acabar muriendo de hambre por la falta de ingresos de la familia y por sufrir un mayor abandono. Es verdad que la pobreza familiar es un hecho que debe pon-derarse al abordar este problema; pero no hay razón para dar por supuesto que la eliminación del tra-bajo infantil sólo conducirá a una reducción de los ingresos familiares y a una mayor desatención de los niños, sin ningún otro ajuste económico, social ni educativo. De hecho es muy improbable que así sea en el caso de “las peores formas de trabajo in-fantil” (esclavitud, servidumbre, prostitución, trata de niños), que constituyen el objetivo principal del Convenio adoptado en 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción in-mediata para su eliminación (Convenio núm. 182).

28

1. Este principio se recoge en un instrumento clave adoptado en 1998: la Declaración de la OIT relativa a los prin-cipios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. El texto íntegro de la misma figura, junto con un análisis ilustrativo, en el número especial de la Revista Internacional del Trabajo titulado “Derechos laborales, derechos humanos” (vol. 117, 1998), núm. 2, págs. 273-277 y 243-248, respectivamente).

2. Este tema y otros afines se tratan en Sen, 1999a.3. He tratado estos puntos en Sen, 1982a, 1985.

En todos estos casos es patente la necesidad de proceder a un análisis económico y un examen ético más profundos y completos. No debemos dejamos arrastrar, sin reflexión previa, ni por prejuicios in-fundados ni por un pesimismo prematuro.

2. Derechos de la población trabajadora

La segunda característica conceptual en que se debe insistir es la idea de los derechos. Además de trazarse los objetivos generales de la OIT, el ámbito del razonamiento práctico se extiende más allá de la suma de estos objetivos, para defender el reconoci-miento de los derechos de los trabajadores.

Lo que confiere especial significación al plantea-miento es que no se limita a los derechos plasmados en la legislación laboral vigente, ni a la tarea —con ser ésta muy importante— de establecer nuevos derechos jurídicos mediante leyes nuevas. El marco que se establece parte de la idea de que existen algu-nos derechos fundamentales que deben reconocerse aunque no estén proclamados en la legislación por-que son consustanciales a toda sociedad decente.1 Las consecuencias prácticas de este reconocimiento pueden ir más allá de las iniciativas legislativas, de forma que se promuevan también otros tipos de actuaciones sociales, políticas y económicas.

El marco del pensamiento basado en los dere-chos abarca la esfera de los principios éticos que trascienden el reconocimiento jurídico. Coincide en gran medida con el planteamiento general de la política práctica basado en los derechos que está extendiéndose cada día más en el ámbito de las Na-ciones Unidas. El marco del pensamiento basado en derechos abarca así desde el dominio puro de la ley hasta el terreno más amplio de la ética social. Así, tales derechos llegan a ser previos, no posteriores, a su reconocimiento jurídico. A efectos prácticos, al

hecho de que la sociedad respalde dichos derechos se puede entender como una invitación a que el Estado se ponga a la altura de la ética social. Aho-ra bien, no se trata sólo de elaborar nuevas leyes —con ser esto importante—, porque los derechos pueden llevarse a la práctica también con la ayuda de otros medios, tales como fundar instituciones, promover la eficacia de las ya existentes y forjar un compromiso general de la sociedad para obrar en aras del buen funcionamiento de acuerdos sociales, políticos y económicos que propicien el disfrute de los derechos sociales reconocidos.2

Aquí hay en realidad dos contrastes, uno entre los derechos jurídicos y los principios de justicia socialmente aceptados, y otro entre el razonamiento basado en derechos y las fórmulas basadas en fines de ética social. Para profundizar en el planteamiento tenemos que preguntamos hasta qué punto el razo-namiento basado en los derechos concuerda con la programación por objetivos. Algunos pensadores, sobre todo del mundo del derecho, piensan que esos dos preceptos básicos encarnan actitudes éticas distintas, entre las cuales hay cierta contraposición (véase, por ejemplo, Dworkin, 1977). En caso de conflicto, ¿hemos de dar primacía a nuestros objeti-vos sociales o a los derechos individuales? ¿Se pue-den invocar simultáneamente ambas perspectivas sin incurrir en contradicción interna? Yo creo que estos dos enfoques no están realmente reñidos, con tal de que los formulemos debidamente. Hay que resolver la cuestión metodológica de fondo, por lo que voy a examinar brevemente las razones que me hacen pensar que no existe un conflicto profundo entre uno y otro.3

Derechos y objetivosLa pregunta es: ¿Por qué el respeto de los de-

rechos no puede estar entre los fines que se persi-

29

guen? Ciertamente se ha enunciado la presunción de que ahí tenga que haber un conflicto, pero la pregunta es por qué hemos de aceptar esa idea. Es muy posible que se produzca una situación sin salida si pretendemos, como algunos libertarios, que el respeto de cada derecho debe ser absoluto, sin margen para el toma y daca, ni posibilidad de transacciones aceptables. Pero la mayor parte del razonamiento basado en derechos que se produce en el debate político, por ejemplo en lo relativo a derechos humanos, no tiene por qué ser de ese signo, y de hecho no lo es.

Si la formulación se realiza con cuidado para hacer viables las transacciones, será posible valorar el disfrute de derechos junto con el cumplimiento de otros objetivos y fines. De este modo, los derechos en el trabajo se podrán integrar dentro del mismo marco integral que también exige oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Prestar atención a cualquiera de estas exigencias no entraña pasar por alto, ni por encima de cualesquiera otras aspiraciones. Por ejemplo, los derechos de los ocupados se pueden considerar juntamente con los intereses de los desempleados.

Derechos y deberesA veces la pregunta que surge consiste en la

relación entre derechos y deberes. Algunos han adoptado la tesis de que los derechos sólo se pueden enunciar racionalmente junto con los deberes co-rrespondientes. Quienes insisten en esa vinculación binaria suelen ser muy críticos, en general, con todo análisis relativo a los derechos (por ejemplo, invo-car la retórica de los “derechos humanos”) que no especifique quiénes son los agentes responsables y cuáles sus deberes para que se cumplan plenamente en la práctica los derechos proclamados. Conside-ran que la reivindicación de los derechos humanos es puramente retórica y muestran un escepticismo semejante ante afirmaciones como la de que “todos los que trabajan tienen derechos laborales”.

Una de las razones básicas de ese escepticismo es que se considera muy difícil llevar a la práctica

los derechos si no van acompañados de los deberes correspondientes. Algunos no ven ningún sentido en un derecho que no tenga el contrapeso de lo que Immanuel Kant llamó “una obligación perfecta”: que un agente determinado tenga el deber concreto de hacer realidad ese derecho (Kant, 1788).

Esta premisa puede llevar a rechazar el pensa-miento basado en derechos en muchas esferas de la razón práctica. Aparte del escepticismo general que suele emanar de muchos juristas, hay también filósofos distinguidos que han abogado por la vin-culación binaria entre derechos y deberes exactos de los individuos o entidades específicos (véase, por ejemplo, O’Neill, 1996).

Sin embargo, podemos preguntamos: ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué es de todo punto indis-pensable especificar una obligación perfecta para que un derecho potencial pueda calificarse de de-recho real? Qué duda cabe de que una obligación perfecta será muy valiosa para hacer realidad los derechos, pero ¿Por qué no puede haber derechos no realizados? No caemos en ninguna contradicción flagrante si decimos: “Estas personas tenían todos estos derechos, pero, desdichadamente, no los dis-frutaron porque carecían de sostén institucional”. Algo más habrá que invocar para dar el salto desde el pesimismo acerca del disfrute de los derechos a la negación de los derechos mismos.

Tal vez esta distinción sea en parte una cuestión semántica, y cabe pensar que el rechazo provenga de cómo se entiende la palabra “derechos” en el lenguaje ordinario: en el discurso y los debates públicos, el término “derechos” tiene un sentido mucho más amplio que no sería posible si nos aferráramos a la idea de las relaciones binarias estrictas. Tal vez el problema percibido brote de la propensión a asimilar los derechos en la esfera política o moral con los derechos proclamados por el ordenamiento jurídico que van acompañados por los deberes correspondientes. La diferencia es que, en los debates normativos, los derechos se defienden a menudo en calidad de títulos o poderes o inmunidades que sería bueno que las personas tuvieran. Y los derechos humanos se consideran derechos compartidos por todos, ventajas que

30

todo el mundo debería tener. Son demandas o aspiraciones de carácter general (y, como podría decir Kant, “imperfectas”), dirigidas a todo aquél que pueda apoyarlas, aunque a ninguna persona o entidad en particular se le pueda encomendar la misión de conseguir por sí sola el cumplimiento de los derechos en cuestión. Aunque no sea factible que todo el mundo disfrute de sus derechos en un sentido completo, no por ello será indiferente la medida en que se cumplan los derechos enunciados. El reconocimiento de que tales aspiraciones son derechos, además de ser una declaración éticamente importante, puede servir para centrar la atención sobre estas cosas, de modo que sea más probable o más rápida su consecución.

Así lo han entendido precisamente muchos gran-des adalides del pensamiento basado en los dere-chos que han abogado por esta idea, empezando por Tom Paine y Mary Wollstonecraft.4 Invocar la idea de derechos no está reñido con un planteamiento ético general basado en los objetivos, ni tampoco puede descartarse por la presunta necesidad de obli-gaciones perfectas sin las cuales la idea no tendría sentido. El enfoque amplio se puede defender no sólo por ser lo que recomienda el sentido común, sino también porque admite dentro de sí toda la variedad de valores y preocupaciones que suelen surgir en los debates públicos y que suelen aparecer en las reivindicaciones colectivas.

3. Más democracia para más trabajo decente

Otra característica de este planteamiento es que sitúa las condiciones de contratación y de trabajo dentro de un extenso marco económico, político y social, que no sólo abarca la legislación y la práctica laborales, sino también, por ejemplo, la necesidad de una sociedad abierta y la promoción del diálogo social. Claro está que las vidas de la población trabajadora se ven directamente afec-tadas por las normas y los convenios que rigen su

trabajo, pero también dependen, en última instan-cia, de sus libertades como ciudadanos con voz y voto, capaces de influir en las decisiones políticas e institucionales.

Es fácil de demostrar en la práctica que “la protección contra la vulnerabilidad y los sucesos imprevistos” depende en gran medida del buen funcionamiento de la participación democrática y de los alicientes políticos. En otro lugar he aduci-do un hecho notable: la historia de las hambrunas demuestra que nunca se producen en las demo-cracias; jamás ha habido una hambruna grave en un país democrático, por pobre que fuera.5 Ello se debe a que las hambrunas son muy fáciles de evitar si el gobierno las previene, y el gobierno de una democracia pluripartidista donde haya elecciones y medios de comunicación libres tendrá razones políticas muy poderosas para evitarlas. Esto parece indicar que la libertad política en forma de estruc-turas democráticas ayuda a salvaguardar la libertad económica (sobre todo contra la inanición extrema) y la libertad de sobrevivir (contra la mortandad por hombre).

La seguridad que brinda la democracia quizá no se eche mucho en falta mientras un país tiene la suerte de no sufrir calamidades graves, cuando todo discurre sin tropiezos. Pero el peligro de la inseguridad desatada por una cambio en las circuns-tancias económicas o de otra índole (o por errores de política no corregidos) puede acechar agazapado a la sombra de un Estado que parece sano.

Los problemas de algunas economías de Asia oriental y sudoriental ponen de manifiesto, entre otras cosas, el precio que hay que pagar por un go-bierno no democráticp. Sucede así en dos aspectos llamativos, que tienen que ver con el abandono de dos libertades fundamentales, a saber, la “seguridad protectora” (que es lo que acabamos de comentar) y la “garantía de transparencia” (cuestión estrecha-mente unida a la del establecimiento de incentivos adecuados para los agentes económicos y políticos). Ambas cosas influyen, directa o indirectamente, en

4. Tanto la obra de Thomas Paine, Rights of man (Derechos del hombre) como la de Mary Wollstonecraft, A vin-dication of the rights of woman (Vindicación de los derechos de la mujer) fueron publicadas en 1792.

5. He tratado esta cuestión en Sen, 1982b y 1984, y juntamente con Jean Dreze en Dreze y Sen, 1989.

31

la salvaguardia del trabajo decente y la promoción de vidas decentes.6

Tratemos en primer lugar de este último proble-ma. Uno de los gérmenes de la crisis financiera que sufrieron algunas de esas economías asiáticas fue la falta de transparencia de las empresas y, sobre todo, la falta de participación pública en el control de las disposiciones financieras y empresariales. La caren-cia de un foro democrático eficaz fue determinante a este respecto. El funcionamiento de los procesos democráticos hubiera deparado la posibilidad de impugnar la hegemonía de determinadas familias o grupos en varios de esos países, lo cual habría tenido probablemente consecuencias decisivas.

La disciplina de reforma financiera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) quiso imponer a las economías insolventes venía dictada, en gran medida, por la falta de apertura y de información, y por la colusión de intereses empresariales que caracterizaba a algunos sectores de las mismas. No estoy hablando de si la gestión de la crisis por parte del FMI fue la más acertada o de si no hubiera sido más sensato aplazar las reformas hasta que volviera la confianza a estas economías. Con independencia de cuál hubiera sido la mejor manera de efectuar los ajustes, lo que apenas se puede poner en duda es que la falta de transparencia y libertad predispuso a dichos países a la crisis económica.

Las inversiones arriesgadas e improcedentes que tenían por costumbre hacer, sobre todo, algunas familias políticamente influyentes, podrían haber sido puestas en cuestión si las hubieran denunciado voces democráticas en países como, por ejemplo, Indonesia o Corea del Sur. Pero claro está que nin-guno de esos países disponía entonces del sistema democrático que hubiera estimulado la aparición de tales demandas en círculos ajenos al Estado. El poder indiscutido de los gobernantes se tradujo en una aceptación incuestionada de la falta de responsabilidad y de apertura, a menudo reforzada por fuertes lazos familiares entre el gobierno y los magnates de las finanzas. En la gestación de las crisis económicas fue decisivo que los regímenes no fueran democráticos.

En segundo lugar, una vez que la crisis financiera desencadenó una recesión económica general, el po-der protector de la democracia —que no es distinto del que previene las hambrunas— se echó seriamen-te en falta. Los recién desposeídos no recibieron la atención que necesitaban. Una disminución de, pongamos, no más de un 10 por ciento del producto nacional bruto quizá no parezca muy grave si ha estado precedida por un crecimiento económico de un 5 o un 10 por ciento anual durante decenios. Sin embargo, puede dejar en la miseria y arruinar las vidas de millones de personas si las penalidades de la recesión económica, en vez de repartirse, se deja que recaigan sobre quienes tienen menos recursos para soportarlas: los que ya estaban desempleados antes y los que acaban de perder su trabajo. La po-blación vulnerable de Indonesia quizá no sintiera mucho la falta de democracia mientras las cosas iban cada día mejor, pero, por esta misma causa, se vio amordazada e impotente cuando sufrió las peores consecuencias de una crisis mal repartida. La función protectora de la democracia se echa mucho de menos cuando es más necesaria.

La visión integral de la sociedad que informa el planteamiento adoptado por la OIT en favor del trabajo decente (OIT, 1999) brinda un enten-dimiento más prometedor de cómo tienen que ser las instituciones y las políticas para la consecución de los derechos y aspiraciones de los trabajadores. No basta con ocuparse solamente de la legislación laboral, porque las personas no viven ni trabajan en comportamientos estancos. Los nexos que unen las actuaciones económicas, políticas y sociales pueden ser decisivos para llevar a la práctica los derechos y para conquistar los objetivos generales de trabajo decente y vida digna para la población trabajadora.

4. Mundializar el trabajo decentePasemos a la cuarta y última característica del

planteamiento que estamos comentando. Una orga-nización como la OIT ha de ir más allá de las políti-cas nacionales (sin desdeñar la importancia decisiva de las acciones del gobierno y de la sociedad dentro

6. He investigado estas influencias en Sen, 1999a.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32

de una nación), pero es fundamental distinguir entre un planteamiento internacional y otro mundial o universal. Un planteamiento internacional es inevi-tablemente parasitario de la relación entre naciones, ya que opera a través de las entidades nacionales. En cambio, un planteamiento verdaderamente mundial no tiene por qué ver a los seres humanos sólo como ciudadanos de uno y otro país, ni aceptar que las interacciones entre ciudadanos de distintos países tengan que ser mediadas por las relaciones entre entidades nacionales. Muchas instituciones mundiales, incluidas aquellas que son capitales en nuestra vida laboral, deben dejar muy atrás los límites de las relaciones “internacionales”.7

En el análisis que subyace al nuevo rumbo de la OIT se esboza un planteamiento verdaderamente universal. La globalización creciente de la econo-mía mundial exige un enfoque también mundial de los principios éticos básicos y de los procedimientos políticos y sociales. La propia economía de mer-cado no es un sistema meramente internacional, sino que sus conexiones mundiales trascienden con mucho las relaciones entre naciones. La ética es un sistema de valores intrínsecamente mundial, no solo internacional.

Abordar las condiciones de la vida de trabajo, así como los intereses y los derechos de los traba-jadores en general, exige igualmente ir más allá de los estrechos límites de las relaciones interna-cionales.

Un planteamiento mundial, huelga decirlo, es parte del patrimonio del movimiento obrero en la historia de la humanidad. Y, efectivamente, este rico acervo —que a menudo se olvida en las declara-ciones oficiales— se puede invocar con provecho para vencer los retos que plantea la consecución del trabajo decente en el mundo contemporáneo. Una manera universalista de entender el trabajo y las relaciones laborales se puede hermanar con una tradición de solidaridad y compromiso. Nunca ha sido más necesario que hoy un planteamiento in-tegral de esta índole. El mundo de la globalización

económica, con todas sus oportunidades y todos sus problemas, exige una comprensión también mundial de la importancia que reviste el trabajo decente y de las múltiples exigencias que entraña éste en las esferas económica, política y social. Reconocer esa necesidad universal es ya de por sí un comienzo esperanzador

BibliografíaDreze, Jean, y Sen, Amartya, (1989), Hunger and public action,

Oxford, Clarendon Press. Dworkin, Ronald, (1977), Taking rights seriously, Londres,

Duckworth. Kant, Immanuel, (1788), Crítica de la razón práctica, Sala-

manca, Sígueme, 1998.Manton, Kenneth G.; Coroer, Larry, y Stallaro, Eric, (1997),

“Chronic disability trends in elderly United States popula-tions: 1982-1994”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 94 (marzo de 1997).

OIT: (1999), Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra.

O’neill, Onora, (1996), Towards justice and virtue, Cambridge, Cambridge University Press.

Paine, Thomas, (1792), Derechos del hombre, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

Sen, Amartya, (1999a), Development as freedom, Nueva York, Alfred A. Knopf y Oxford, Oxford University Press.

___________, (1999b), “Global justice: Beyond international equity”, en Iinge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc A. Stern (dir.), Global public goods: International cooperation in the 21st Century, Nueva York, Oxford University Press.

___________, (1985), “Well-being, agency and freedom: Dewey Lectures 1984”, Journal of Philosophy, (Nueva York), vol. 82.

___________, (1984), Resources, values and development, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

___________, (1982a), “Right and agency”, Philosophy and Public Affairs, (Princeton), vol. 11.

___________, (1982b), “Development: Which way now?”, Economic Journal, (Oxford), vol. 92, diciembre.

___________, (1981), Poverty and famines: An essay con entit-lement and deprivation, Estudio preparado para el Programa Mundial del Empleo de la OIT, Oxford, Clarendon Press.

___________, (1975), Employment, technology and develo-pment, Estudio preparado para el Programa Mundial del Empleo de la OIT, Oxford, Clarendon Press.

Wollostonecraft, Mary, (1998), Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, Debate.

7. He tratado estas distinciones en Sen, 1999b.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Trabajo decente en Colombia

Actuar para pasar de la ficción a la realidadDejar atrás el neoliberalismotras años estériLes y devastado-res de neoLiberaLismo en coLombia y América Latina la ciudadanía ha venido quitándose la venda de la or-todoxia fundamentalista y sus aluci-nantes delirios. Delirios de mercados perfectos, Estados mínimos y supera-ción de la pobreza por el efecto de las gotas de riqueza que se derraman de la copa de las personas privilegiadas, directamente beneficiadas por estos Estados hiperactivos para favorecer el enriquecimiento privado y pasivos para redistribuir la riqueza y para crear empleos decentes.

Y claro, este modelo de sangre, sudor y lágrimas, como le ha deno-minado Amartya Sen, ha afectado en exceso a la población que ha ido llegando al mundo del trabajo en estas décadas neoliberales. Años en los que todo se diseñó para el creci-miento económico a ultranza y mi-llones de personas fueron expulsadas

de sus trabajos a las calles; años en los que millones han tenido trabajos flexibles, desprotegidos, mal pagos y por lo general encubriendo nuevas y fraudulentas maneras de evadir los derechos y garantías en las relaciones laborales.

En la última década ha renacido el debate. Primero en la teoría, después en las calles y ahora desde gobiernos progresistas. El dogma del libre mer-cado se ha ido viniendo abajo por sus pésimos resultados, y por la resisten-cia y perseverancia de sus víctimas que han puesto en la mayoría de los gobiernos del hemisferio a partidos y movimientos antineoliberales.

Y ahora, cuando el sistema finan-ciero y la banca de inversión se van a pique en minutos en Estados Uni-dos y en Europa, han tenido también ellos, su caída del Muro de Berlín, y ruegan para que el Estado “cometa” lo que hasta hace unos días seguía siendo un pecado: intervenir.

PorCampaña Colombiana por Trabajo Decente

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 34 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35

Internacional (CSI), el Consejo del Foro Mundial Social y Solidar, entre otras redes sociales globales, lanza-mos el año pasado la campaña inter-nacional Trabajo Decente, Vida Dig-na. Y el 6 y 7 de octubre, con ocasión de la Jornada Mundial por Trabajos Decentes, se ha iniciado la Campaña Colombiana por Trabajo Decente en Colombia, en la que participan la CUT, con las 110 organizaciones que en todo el país conforman la Platafor-ma Colombiana de Derechos, Huma-nos, Democracia y Desarrollo, con la coordinación general de la Escuela Nacional Sindical.

¿Qué es el trabajo decente?El concepto de trabajo decente

nace como una propuesta de inte-gración de las acciones de la OIT, y ahora de la sociedad civil global, en cuatro objetivos estratégicos, política y operativamente alcanzables.

Esta propuesta vincula y relaciona, en primer lugar, los principios y de-rechos en el trabajo, reafirmándolos como mandato histórico. En segundo lugar, la focalización en la creación de empleo como un mandato político, insistiendo en que el empleo es el primer paso para escapar de la pobre-za y de la exclusión social. En tercer lugar, la protección social como un mandato ético que debe conjugarse con un mandato creativo para lograr ampliar el sistema de protección social hacia los sectores excluidos, y en cuarto lugar, el tripartismo y el diálogo social, como un mandato or-

Después de años de no interven-ción del Estado cuando se obtenían fabulosas e inmorales ganancias con la especulación financiera, el discurso de que el Estado no debe intervenir en la economía, que el mercado pla-nea, regula y ajusta los desequilibrios que se presenten en el sistema capi-talista, se va literalmente al diablo, cuando de salvar a grandes capitalis-tas se trata.

Una campaña mundial y nacional por trabajo decente

Por eso, es necesario que todas las organizaciones de la sociedad civil que le apuestan a la justicia, la demo-cracia, la equidad y el altermundismo debamos seguir actuando para alcan-zar un mundo en donde las trabaja-doras y trabajadores sean dignamente reconocidos por su papel social y no sólo mercancía intercambiable por algunas monedas. La dignidad en el trabajo pasa hoy irrevocablemente por el reconocimiento de que los trabajadores/as tienen, por el hecho de serlo y de manera universal, unos derechos y unas libertades que deben ser puestos en práctica plenamente si se quiere detener la oleada de empo-brecimiento que azota el mundo.

Sin dudarlo, la idea del trabajo decente integra todas las aspira-ciones de cualquier trabajador/a en cualquier lugar del planeta y claro en Colombia. Por eso, recogiendo este ideal lanzado por la OIT en 1999, las principales redes sociales globales y en especial la Confederación Sindical

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Empujando la vida", Isabel Najera Romero, Barranquilla, 2008

ganizativo, un diálogo influyente que este cimentado en una sólida organi-zación de los trabajadores, una fuerte organización de los empleadores y un ministerio de trabajo fuerte que posea estructuras modernas.

Estos cuatros objetivos que confi-guran el contenido básico del trabajo decente se transversalizan con los temas del desarrollo, la igualdad de género y el ciclo vital. Es necesario considerar además que el trabajo de-cente es una propuesta y aspiración de carácter universal, que tiene un desarrollo particular de acuerdo a los contextos socioeconómicos de los países.

La ficción del trabajo decente en Colombia

En Colombia los motivos para rea-lizar esta campaña saltan a la vista; solo basta mirar la caída de los prin-cipales indicadores de trabajo decen-te durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Del Informe Nacional de Trabajo Decente producido por la

Campaña Colombiana por Trabajo Decente, destacamos trece razones fundamentales.

Entorno social y económico del trabajo decente

1. En sólo seis años del gobierno Uribe los asalariados perdieron más de tres puntos de participación en el PIB, los mismos que ganó el capital, que pasó de representar $55,29 a $58,25 por cada $100 de PIB. He ahí los resultados de la reforma laboral y de un modelo de crecimiento en be-neficio del capital.

2. El desempleo bajó de 14,7% en 2001, a 11,2% en 2007. Sin embar-go, la tasa de ocupados creció más lentamente. Pasó de 50,9% a 51,1% en el mismo periodo. Es decir, la disminución de la tasa de desempleo se debe especialmente al aumento de la población inactiva, que pasó de 67,5% a 73,8%. La mayor cantidad de empleos son por cuenta propia.

3. El empleo informal sigue tenien-do la tajada mayor en el total de la

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 36 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37

población ocupada. En 2001 el por-centaje del empleo informal era del 60,5%, y en el 2007 fue del 56,5%. La tasa de informalidad en la pobla-ción femenina es de 58,7%, mientras que en la población masculina fue de 54,8%.

4. El subempleo pasó de 31,5% a 34,8%.

Estabilidad laboral5. En 1992 había 539.807 traba-

jadores vinculados como permanen-tes. En 2006 ya son 324.822, lo que indica una disminución del 40%. Y en dirección contraria, creció la con-tratación bajo la modalidad temporal, ya sea directamente o por medio de agencias. Se pasó de 94.858 en 1992, a 277.020 en 2006 (aumento del 192%).

Seguridad social6. El 25% de los trabajadores/as

no está afiliado a ningún fondo de pensiones y los afiliados al régimen contributivo de salud no alcanzan el 40%. Además aumenta la población afiliada al régimen subsidiado y dis-minuye la del régimen contributivo. Entre el 2001 y el 2006 hubo un aumento del 14,1% al 22,9% entre quienes están amparados por los sub-sidios en salud.

7. En cuanto a riesgos profesio-nales, en 2007 los accidentes de tra-bajo se incrementaron en 18,9% con respecto al 2006; hubo 74.330 casos más. En el 2007 ocurrieron 467.814 accidentes de trabajo, o sea 1.282

accidentes laborales diarios, 53 acci-dentes por hora. Otro dato alarmante es la muerte en el trabajo: se registra-ron 888 trabajadores/as muertos en horario laboral, lo que supone más de dos muertes diarias.

Mujeres, jóvenes, niñez8. En 2007 la tasa de desempleo

para las mujeres fue del 14,7%, mientras que la de los hombres fue del 8,6%. A esto se suma una diferen-ciación considerable en la remune-ración. Entre el 60% y el 70% de las personas que trabajan en los eslabo-nes más bajos de las cadenas produc-tivas, son mujeres.

9. La juventud, la población en edades entre 14 y 26 años de edad también tiene mayores tasas de des-empleo con respecto al total nacional. Aunque en los últimos años dismi-nuyó, al pasar de 25,9% en 2001 a 18,1% en 2007. Al desempleo de los jóvenes lo agrava el hecho de que en su gran mayoría tampoco estudian (solo el 3% de la juventud trabaja y estudia simultáneamente). Asimismo, en la población juvenil persiste la brecha significativa por género: en el 2007 la tasa de desempleo en las mu-jeres fue de 23,4%, mientras que en los hombres jóvenes fue de 14,1%.

10. Según el DANE, el trabajo in-fantil en Colombia disminuyó 3,9% en el periodo 2001-2005, al pasar de una tasa de 12,8% a 8,9%. La tasa de trabajo infantil en el área rural, pese a su disminución de 3,9%, sigue siendo más alta que en el resto del

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Empujando la vida", Isabel Najera Romero, Barranquilla, 2008

país: 15%, tendiendo casi a duplicar el nivel de trabajo infantil en la área urbana, que es del 8,9%). El 37% de niños y niñas trabajadoras del país se concentra en el sector rural, con gran representatividad del trabajo en minería artesanal, considerado una de los trabajos más peligrosos. Lo desempeñan unos 200 mil niños y niñas, según una investigación ela-borada por la Universidad Nacional. En situación de explotación sexual se encuentran 35 mil niños/as, según la investigación Escenarios de la In-famia, realizada en el 2007 por las fundaciones Restrepo Barco, Renacer y Plan. El trabajo infantil doméstico representó en el año 2005 el 11,2% de niños y niñas ocupados, es decir 118.562.

Libertades sindicales11. El derecho a la negociación co-

lectiva en Colombia está seriamente limitado. En cuanto a convenciones colectivas, durante el gobierno Uribe han disminuido 23,48% y los pactos

colectivos disminuyeron en 10,97%. La cobertura de la contratación co-lectiva sigue siendo muy baja: cayó 28,94%.

12. Durante el 2007 hubo 93 accio-nes de movilización y paros sindica-les, siete acciones más con respecto al año 2006. En el 2007 se presenta-ron 26 paros, 24 jornadas de protesta, 16 bloqueos, 11 movilizaciones, 7 huelgas y 9 acciones alternativas de resistencia (huelga de hambre, mitin, encadenamientos). Las mo-vilizaciones o marchas crecieron en un 22,2%, las tomas o bloqueos se incrementaron en un 37,5%. Perma-nece el incumplimiento o no pago de salarios como el causal fundamental de las protestas. Este motivo presentó un incremento del 68% con relación al año 2006.

13. Frente a la situación de viola-ciones a la vida, libertad e integridad de los y las sindicalistas, el 2007 se distinguió fundamentalmente por la disminución del 45,8 % de los asesi-natos contra trabajadores y trabaja-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 38 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39

doras sindicalizados. De un registro de 72 asesinatos en el 2006 se pasó a 39 en 2007. Pero en el 2008 se volvió a incrementar este indicador: en los primeros nueve meses del año ya se registran 41 asesinatos, o sea dos más que en todo el año anterior. También en el 2007 se duplicaron los allana-mientos ilegales, lo mismo que los atentados a la vida, las detenciones arbitrarias crecieron en un 18,7 %.

14. Persiste la impunidad. De los más de 2.600 sindicalistas asesinados en los últimos 22 años, sólo se han producido 105 sentencias judiciales, que corresponden efectivamente a 76 casos, 72 de ellos por homicidio, dos casos por tentativas de homicidio, un caso por amenazas y uno más por concierto para delinquir.

Es urgente la acción por trabajos decentes en Colombia

En este momento de transición y de crisis de un modelo económi-co depredador, la realización de la Campaña Colombiana por Trabajo Decente no puede ser más oportuna para reavivar nuestra idea de que las trabajadoras y trabajadores son los que han generado la riqueza de nues-tras naciones, y que la generación de trabajos decentes no es una tarea que se le debe dejar al mercado, porque la vida laboral es el centro de la exis-tencia de cualquier persona y por eso es un derecho humano fundamental.

Cuando millones de personas, es-pecialmente mujeres y niños y niñas, realizan trabajo de cuidado, una labor

generalmente invisible, no valorada, no contabilizada y no remunerada... Cuando se vuelve a hablar de una nueva reforma laboral... Cuando para una mujer trabajadora es un privile-gio ser explotada en una maquila por un salario ínfimo y sin estabilidad... Cuando las libertades sindicales están restringidas y no se permite represen-tar los intereses de los trabajadores… Cuando la muerte de 2.684 personas sindicalistas sigue en la impunidad y los trabajadores y las trabajadoras de la justicia y de la caña de azúcar son tratados como terroristas... Y cuando los trabajadores y trabajadoras deben ser dignificados por años de empo-brecimiento, la lucha por trabajos de-centes para todos y todas es hoy una necesidad.

Todo ser humano en edad produc-tiva tiene el derecho a tener trabajo decente y una vida digna. Por tratarse de un derecho humano que tiene toda su vigencia, actuar colectiva, local y globalmente y sumarse a las luchas por el logro del trabajo decente, para todos y todas, es una urgencia.

Por esto la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Central Unitaria de Trabajadores, las redes nacionales de derechos humanos hemos iniciado la Campaña Colombiana por Trabajo Decente que ira hasta el año 2010 y a la que queremos invitarles a vincu-larse. Comuníquese con nosotros a través de www.trabajodecente.org.co y de trabajodecente@ens.org.co

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Trabajo Decente

Reflexiones conceptuales*

Por Guillermo Correa MontoyaDirector Área de Investigaciones ENS

desde eL momento en que juan so-mavia, director generaL de La oit, estableció que “el objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y pro-ductivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad huma-na”,1 la noción de trabajo decente se convirtió en un concepto emergente ampliamente explorado y discutido. En particular, es una noción de refe-rencia que debe llenarse de contenido bajo la pretensión de ser un eje inte-grador y dinamizador de los objetivos centrales de la OIT.

En sentido general, el concepto hace referencia a la focalización de las acciones de la OIT en cuatro objetivos estratégicos, que de acuer-do con Somavia son los que le dan

forma y contenido al concepto, estos son: 1. Los principios y derechos en el trabajo, que él reafirma como man-dato histórico de la OIT expresado en sus convenciones. 2. La focalización en la creación de empleo como un mandato político, insistiendo en que el empleo es el primer paso para es-capar de la pobreza y de la exclusión social, objetivo que se dimensiona en el marco tripartito de la OIT. 3. La protección social como un mandato ético de la OIT que debe conjugarse con un mandato creativo para lograr ampliar el sistema de protección social hacia los sectores excluidos. 4. El tripartismo y el diálogo social como un mandato organizativo de la OIT; un diálogo influyente que este cimentado en una sólida organización de los trabajadores, en una fuerte

* Este artículo es resultado preliminar de la investigación sobre indicadores de trabajo de-cente en Colombia, realizada por Jorge Hernán Flores Acosta, Paúl Ríos, John Freddy Bedoya Marulanda, Margarita Ramírez y Guillermo Correa Montoya.

1. Conferencia Internacional del Trabajo 87.a reunión, 1 - 17 de junio de 1999

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 40 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Por un caminito", JavierAndrés Palacios Coca, Bogotá, 2008

41

organización de los empleadores, un ministerio de trabajo fuerte, que po-sea estructuras modernas de adminis-tración del trabajo.

Para Somavia, es necesario que estos cuatros objetivos estratégicos se transversalicen con los temas del desarrollo, la igualdad de género, y la igualdad de la mujer. Estos propó-sitos no sólo sintetizan y le dan con-tenido al concepto, sino que a su vez reflejan la misión histórica de la OIT.

Posterior a estas referencias han sido múltiples las discusiones que se han dado alrededor de los contenidos que suponen la noción de trabajo de-cente. Mientras para algunos este es un concepto aún en construcción, que si bien supone y engloba el proceso histórico de la OIT, marca la ruta de continuidad bajo una noción integra-dora. Para otros el concepto no es más que una noción que interrelacio-na los propósitos de la institución,

otorgándoles un orden sin mayores novedades que su semántica.

En la perspectiva de Philippe Eg-ger y Werner Sengenberger, el trabajo decente se define contundentemente en arreglo a las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, y de la gente en general, señalando, además, que el trabajo decente es un intento de capturar en un lenguaje cotidiano una integración de objetivos socia-les y económicos, como lo son el empleo, los derechos laborales y la seguridad, representados en una unidad semántica con coherencia in-terna y sentido de totalidad. En esta lógica, tener empleo sin considerar su calidad y condiciones no conduce hacia la superación de la pobreza. De la misma manera, promover de-rechos sin la existencia del trabajo resulta paradójicamente absurdo. Es en la idea de integración de derechos, libertades, seguridad, participación,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

oportunidades y condiciones, donde el trabajo decente adquiere sentido para los y las trabajadoras.

De acuerdo con Dharam Ghai (2005), es necesario entender el trabajo decente como un nuevo pa-radigma, desde el cual la OIT busca crear un marco unificado para su-perar la tradición de dominios te-máticos separados (integración que hace referencia a los cuatro objetivos señalados), y posibilitar el análisis de las complementariedades y compen-saciones entre sus diversos compo-nentes.

Este autor resalta dos caracterís-ticas centrales del trabajo decente: su sentido de universalidad y su lógica territorialmente particular. Para Ghai los objetivos del trabajo decente son una aspiración universal, independiente del lugar en el cual se encuentren insertos los trabajadores y trabajadores: sociedades conside-radas desarrolladas, sociedades en transición o sociedades empobreci-das. Para todas son válidos estos ob-jetivos, en todas se desea un trabajo con una remuneración satisfactoria y en condiciones adecuadas. Por tanto el carácter de universalidad debe ser central en las estrategias de acción. Sin embargo, el marco institucional y el marco de las políticas para alcan-zar estos objetivos depende, necesa-riamente, de las condiciones propias de cada país, de las representaciones culturales presentes, de la historia de

los lugares, las formas de distribu-ción del ingreso, y la estructura eco-nómica, entre otros.

Esta clara diferenciación es me-dular en el planteamiento de Ghai, pues presupone pensar estrategias diferenciadas de acuerdo con los con-textos particulares, a fin de lograr la promoción de políticas de trabajo de-cente en consideración a las realida-des existentes. Sin embargo, supone una significativa problematización, pues al igual que en el tema de los derechos económicos sociales y cul-turales, en el que se espera que los países vayan alcanzando niveles ade-cuados de desarrollo e ir ampliando la garantía de los derechos, el trabajo decente podría interpretarse en igual dirección y traducirse tan solo como una aspiración con posibilidades de materialización inciertas.

En la perspectiva histórica, el tra-bajo decente puede leerse y traducir-se en los propósitos y construcciones que la OIT ha venido planteando y renovando desde su fundación. Los elementos centrales que hoy definen el concepto han sido abordados por esta institución en diferentes momen-tos. Desde principios del siglo XX, en el texto emanado de la Conferen-cia de Paz en que se constituye la OIT (1919), se enuncian principios centrales referidos a las libertades sindicales, la revidicación del trabajo como valor y derecho, y el tripartis-mo, elementos que están presentes en

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 42 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43

la definición actual del concepto que referenciamos.

En la misma dirección, en la De-claración de Filadelfia (1940), los países miembros de la OIT de ese entonces, constatan “la necesidad de fomentar programas que tien-den a garantizar pleno empleo y la elevación del nivel de vida, la posi-bilidad de emplear los trabajadores en ocupaciones en las que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al bienestar común”. En el mismo texto se hace referencia a la necesidad de tomar medidas para garantizar un salario mínimo vital, los derechos de negociación colectiva, seguridad so-cial, salud para los trabajadores, entre otros.

En la cumbre mundial sobre de-sarrollo social (Copenhague 1995), que reunió a los países integrantes de la ONU, se establecen como ejes de debate a la convocatoria, la reflexión sobre el desarrollo como asunto indi-sociable de la democracia. En dicha asamblea se concluyó, además, que todos estos asuntos tienen que estar orientados hacia la consecución de resultados en la efectiva aplicación y respeto de las libertades sindicales, negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzado, abolición del trabajo infantil y dis-criminación en el empleo. Todo esto aunado al deber que tienen las na-ciones de promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas

económicas-sociales, y de preparar a hombres y mujeres para conseguir medios de vida seguros y sostenibles mediante el trabajo y el empleo pro-ductivo elegido libremente.

Como lo señala Ghai, cada una de las dimensiones del trabajo decente es parte de los temas que dieron ori-gen a la organización y que llevan casi nueve décadas de discusión. Lo singular y novedoso estaría en que el trabajo decente aparece como una noción unívoca que ubica, bajo un mismo marco, las diversas dimensio-nes del trabajo.

En cuanto a los significados y al-cances del concepto, la argentina Ma-ría Estela Lanari presenta una mirada frente a los principales autores que le han otorgado contenido teórico. Se-ñala que desde un punto de vista se-mántico, tanto en inglés como en es-pañol, el calificativo decente denota una referencia del trabajo vinculado a la dignidad, la satisfacción, la calidad y la cantidad.

Amartya Sen, en su alocución de la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, señala que el acierto del vo-cablo decente es su sentido universal, ya que alcanza a todos los trabajado-res, tanto los del sector organizado, como el no estructurado, o por cuenta propia, a domicilio, sobrecargados de trabajo y desempleados. Supone ade-más una visión ampliada que ubica al trabajo como un derecho que va más allá de la legislación laboral vigente.

Para Erminda Uriarte (2001), el trabajo decente es un concepto en

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Por un caminito", JavierAndrés Palacios Coca, Bogotá, 2008

construcción, que posee un contenido integrativo y un profundo carácter ético, otorgándole características de calidad, lo que reemplazaría la no-ción de lo productivo y bien remune-rado. A su vez sostiene que el tripar-tismo, la formación profesional y el diálogo social, son asuntos inherentes al mismo.

Para autores como Egger y Sen-genber (2002), el trabajo decente debe ser entendido en una triple dimensión. En primer lugar en su dimensión subjetiva, es decir, como una aspiración humana. Y en segun-do lugar como un conjunto de obje-tivos definidos internacionalmente. Para ellos el trabajo decente busca expresar en sólo dos palabras un conjunto de principios y derechos con referencia a los conceptos de dig-nidad humana, libertad, seguridad y equidad. Es por tanto apropiado tener en cuenta las implicaciones políticas derivadas de estos principios y dere-

chos fundamentales. Por último, se plantea que es necesario entenderlo como un marco de referencia para la concreción de políticas públicas.

Barreto Ghione, por su parte, es-tablece que la participación de los trabajadores es la que garantiza y determina el sustrato del trabajo decente. Para este autor los centros de la interpretación del trabajo son los conceptos de equidad, ética, res-ponsabilidad y dignidad humana. Y reafirma los postulados de Amartya Sen, que determinan que el trabajo decente rescata la dimensión del tra-bajo como derecho fundamental para los seres humanos.

Malva Espinoza afirma que el trabajo decente es una matriz que integra aspectos referidos a la cali-dad y cantidad de los empleos, con aspectos de las relaciones sociales, los tipos de sociedades y el desarro-llo al que aspiran. Por tal motivo el concepto requiere de un desarrollo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 44 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45

teórico con sustento científico que lo pueda transformar en un paradigma explicativo de la realidad laboral.

Sin pretender agotar las discusio-nes o reflexiones teóricas frente al concepto, es posible asumir que los debates frente al trabajo decente se concentran en dos grupos: de un lado quienes reafirman que la noción es sólo un tratamiento semántico in-tegrador para las mismas cosas, es decir, un nombre nuevo para viejas cosas; y de otro lado quienes afirman que el concepto está aún en construc-ción, y lo señalan como el horizonte ético y político de la OIT. Frente a estas discusiones los distintos autores coinciden en valorar el carácter uni-versal del trabajo decente como as-piración de la humanidad, su dimen-sión ética y su carácter integrador.

Esta emergencia conceptual frente al mundo laboral establece, entonces, un marco integrador de todos los asuntos relativos al trabajo, y fija un lugar de comprensión más complejo frente al concepto, en una lógica de interrelaciones e interacciones de todas las dimensiones del trabajo, las cuales antes se observaban de formas aisladas. En esta dirección, la noción de trabajo decente se establece como un enfoque que brinda una visión de conjunto de los problemas relativos al desarrollo y la privación, al tiem-

po que sintetiza las cuatro áreas de acción de la OIT.3 Además permite identificar la compatibilidad y los conflictos entre los diferentes compo-nentes.

El concepto como un integrador de las apuestas centrales de la OIT, establece un norte de actuación a la búsqueda de bienestar social en cla-ve de la construcción de futuro. A la premonición del fin del trabajo, al creciente deterioro de las relaciones y condiciones laborales, a la pobreza, desigualad y exclusión, el concepto de trabajo decente se ubica como uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

De acuerdo con el Instituto Inter-nacional de Estudios Laborales, las oportunidades de trabajo, la libertad, la igualdad, la seguridad y la digni-dad en el trabajo, y el trabajo produc-tivo, son las dimensiones que articu-lan el trabajo decente. Y los elemen-tos que lo componen son el empleo, la protección social, los derechos de las y los trabajadores y el diálogo social. En sentido amplio se puede interpretar como aquel trabajo pro-ductivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dig-nidad, donde existe participación, se respetan los derechos, se cuenta con remuneración adecuada y protección social.

3. Instituto Internacional de Estudios Laborales. Material pedagógico sobre trabajo decente. p.14.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Por un caminito", JavierAndrés Palacios Coca, Bogotá, 2008

Ahora bien, cada una de estas dimensiones y elementos no son su-ficientes por sí solos. Es decir, al ha-blar de trabajo decente es necesario tener presente la indivisibilidad entre sus componentes y una integralidad en sus concreciones. Esto para su-perar la visión fragmentaria que da mayor interés a aspectos particulares y descuida elementos que sugieren menor importancia, como creer que el foco central es la existencia del empleo y que los demás elementos se conquistan de formas progresivas. La ausencia o precarización de alguno de sus elementos supone un déficit en la calidad y en las condiciones del trabajo

BibliografíaGhai, Decent work: universality and

diversity, suiza, IILS, 2005.Lanari María Estela, Trabajo Decente:

significados y alcances del concepto, Ministerio del Trabajo, Argentina.

Uriarte Erminda, Trabajo Decente y formación profesional, Cintenfor, Montevideo, 2001.

Egger y Sengenber, Problemas y políticas del trabajo decente, boletín N° 153, Cintenfor, Montevideo, 2002

Anker, R. Chernyshe, I. Egger, P. Mehran, F. Ritter, J. (2003). “La medición del trabajo decente con indicadores estadísticos”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), núm. 2

Bonnet, F. Figueiredo J, Standing (2003). Una familia de índices de trabajo decente. Revista Internacional del Trabajo, vol. 122, núm. 2

Anker, Richard et ál. (2003), “La medición del trabajo decente con indicadores estadísticos”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 122, No. 2.

Bonnet, Florence, Figueiredo, José y Standing, Guy (2003), “Una familia de índices de trabajo decente”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 122, No. 2.

Ghai, Dharam (2003), “Trabajo decente. Concepto e indicadores”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 122, No. 2.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 46 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. La libertad sindical como derecho comprende, en su núcleo duro: (i) derechos sindicales y libertades públicas, (ii) derecho de trabajadores y empleadores sin ninguna distinción de constituir organizaciones y afiliarse a las mismas, (iii) constituir organizaciones sin auto-rización previa, (iv) constituir organizaciones que estimen convenientes, (v) redactar sus estatutos y reglamentos, (vi) elegir libremente a sus representantes, (vii) organizar su admi-nistración, (viii) organizar sus actividades y formular su programa de acción, (ix) huelga, (x) disolución y suspensión de organizaciones, (xi) constituir federaciones, confederacio-nes y afiliarse a organizaciones internacionales, (xii) protección contra la discriminación antisindical, (xiii) protección contra los actos de injerencia, (xiv) negociación colectiva, (xv) consulta con organizaciones de trabajadores y empleadores, (xvi) participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en distintos organismos y procedimientos, (xvii) facilidades a favor de representantes de los trabajadores.

47

Progresa la aplicación de la libertad sindical

PorAndrés Felipe SánchezProfesional Área Defensa de Derechos ENS

La Libertad sindicaL es un derecho que abarca eL derecho de sindicaLi-zación (art. 39 negociación colectiva art. 55, y art. 56 derecho de huelga, CP), entre otros derechos sindicales.1

Es poca la jurisprudencia en ma-teria de libertades sindicales, poco sistemática, y contradictoria en al-gunos casos. La primera generación de magistrados de la Corte Consti-tucional fundamentó la defensa de la libertad sindical. Fallo a fallo se comenzó a trazar una línea jurispru-dencial protectora de los derechos

sindicales, pero ha tenido fuertes tropiezos y retrocesos. El último de ellos fue la sentencia C-280/07, uno de los más graves reveses a la negociación colectiva en la jurispru-dencia constitucional, pues afirmó: “Del anterior recuento jurispruden-cial queda claro que los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva pueden ser configurados y limitados por el Legislador, y que se han encontrado constitucionalmente justificadas restricciones que buscan proteger bienes constitucionalmente

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

relevantes tales como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la esta-bilidad macroeconómica y la función social de la empresas, entre otros”.

Además de ser preocupante para la defensa de los derechos laborales que el interés general busque los objetivos trazados por la política económica, re-sultan progresivas y proteccionistas las nuevas sentencias sobre libertad sindical. Sólo en 2008 toma un rumbo protector conforme a los órganos de control de OIT.

Dicha posición jurídica genera un límite subjetivo (y no legal) al derecho de negociación colectiva, que puede desestimular su práctica debido a que los sindicatos no están en igualdad de condiciones con el Estado-empleador, o grandes corporaciones. Además, re-sulta contraria al art. 8 PIDESC, pues la estabilidad macroeconómica o la función social de las empresas no son límites democráticos, porque general-mente benefician a unos pocos; ni tie-nen mayor peso constitucional que los derechos humanos.

Teniendo en cuenta ese precedente, resulta sorprendente que 2008 haya sido el año en que más haya avanzado el derecho de libertad sindical, como veremos a continuación:

Los sindicatos minoritarios y la negociación colectivaC-063/08, art. 357 CST, inexequible

La norma que daba la competencia exclusiva de firma de convenciones

colectivas al sindicato mayoritario de una empresa, fue declarada inconstitu-cional, protegiendo el derecho de liber-tad sindical como derecho de represen-tación de los trabajadores, entre otras razones porque imponer por ley una representación de un sindicato a otro, perjudica la autonomía sindical.

Se afirmó que no era proporcional impedir de manera absoluta la nego-ciación colectiva a sindicatos minorita-rios, pues se sacrificaban los derechos de autonomía de los sindicatos minori-tarios, “afectando, además, de manera indirecta, a los sindicatos de industria cuando éstos agrupan a la minoría de los trabajadores de una empresa, pues se desfavorece que la negociación colectiva se lleve a cabo por dicha ca-tegoría de sindicato y con ello que la contratación colectiva se amplíe a otros niveles.”

Algunos arguyen que esta sentencia podría llevar al debilitamiento de las organizaciones sindicales mayoritarias, pero olvidan que la ley no puede im-poner o defender a una organización sindical. Pero, como afirma la Corte Constitucional, la representación de los trabajadores es un asunto que se gana en la lucha democrática.

Modificación de estatutos y de juntas directivas y fuero sindical C-465/08, art. 370 y 371 CST

La Corte, basada en el Convenio 87 de OIT que eleva la libertad sindical a bloque de constitucionalidad, en esta ocasión trató la libertad sindical en el aspecto de autonomía sindical.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 48 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Trabajdor del salar de Uyuni", Andrés Cuenca Olaondo, Uruguay, 2008

49

La importancia de esta sentencia es que su decisión fue completamente fundamentada en las decisiones del Comité de Libertad Sindical de OIT, dando un gran peso argumentativo a dichas decisiones, consideradas como principios orientadores de la interpre-tación de la libertad sindical.

Es decir, la Corte aceptó como pa-rámetro de interpretación las decisio-nes de uno de los órganos de control de OIT.

En los casos concretos, existía una contradicción entre los artículos 369 y 370, pues el primero sometía el registro de la modificación de los es-tatutos al trámite del artículo 366, el cual da la competencia al Ministerio de la Protección Social para admitir objetar, e incluso negar, la inscrip-ción de la modificación de estatutos; mientras que el artículo 370, que fue modificado por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000, sólo exige el depósito.

La Corte aclaró que se debe apli-

car la norma posterior, pero además declaró el artículo 370 exequible, de manera condicionada, para que no se interprete el depósito de la modifica-ción de los estatutos como un trámite administrativo que equivalga a una autorización previa. “El depósito sólo cumple una función de publicidad, compatible con la autonomía sindical [...] sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma estatutaria”.

Y declara inconstitucional las ex-presiones “validez de la” y “tiene validez ni”, para no incurrir en inter-pretaciones que den la posibilidad de que el Ministerio pueda ejercer con-trol previo.

Respecto a todo tipo de cambios en las juntas directivas de los sindicatos, el artículo 371 condicionaba la entra-da en vigor de dichos cambios hasta tanto se diera la comunicación por escrito a inspector y empleadores;

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

pero la Corte aclara que “la comuni-cación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros”.

Y continúa: “la primera pregunta se refiere a si el Ministerio de la Pro-tección Social puede negar el registro de los cambios aprobados por un sin-dicato en su junta directiva. La Corte considera que no. De acuerdo con el principio de la autonomía sindical, es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes.

En realidad, la comunicación al Ministerio equivale al depósito de una información ante él [...] Si el Mi-nisterio —o el empleador— conside-ra que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindica-to, debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto” (cursivas fuera de texto).

Además, respecto al momento de entrada en vigencia de los cambios de las juntas directivas, “en virtud del principio de autonomía sindical, los cambios realizados deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato”.

Respecto al gobierno o al emplea-dor los cambios tendrán efectos a partir de la comunicación que se les dé: “Y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el Mi-nisterio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones, ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros”.

Respecto al surgimiento del fuero sindical: “La Corte considera que,

desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y liber-tad sindical, la respuesta apropiada es que la protección foral opere desde que se efectúa la primera notifica-ción”, bien sea al empleador o al Mi-nisterio de la Protección Social.

Así, la norma quedó con una cons-titucionalidad condicionada a: i) que el Ministerio no puede negar la ins-cripción, ii) que la garantía del fuero opera con posterioridad a la primera comunicación.

Competencia de actuación de los sindicatos Sentencia C-695/08. Declara inexequible parte del art. 372 CST

Para el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, que limitaba la competencia de actuación de los sindicatos hasta que se inscribiera el acta de constitución ante el Minis-terio de la Protección Social, señaló la Corte, bajo la misma línea juris-prudencial, que jurídicamente los sindicatos existen en forma válida en virtud de su constitución y sin intervención del Estado, mediante una declaración colectiva que consta en el acta de constitución, y que esa declaración produce efectos jurídi-cos inmediatos entre los fundadores, pero que frente a terceros, como el empleador o el Ministerio de la Pro-tección Social, solo serán oponibles o producirán efectos jurídicos, a partir de la comunicación a ellos, bajo el principio de publicidad, declarando la norma exequible “en el entendido

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 50 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51

que la inscripción del acta de cons-titución del sindicato ante el Minis-terio de la Protección Social cumple exclusivamente funciones de publi-cidad, sin que ello autorice a dicho ministerio para realizar un control previo sobre el contenido de la mis-ma” (cursivas fuera del texto).

Duración de la huelga y formas de elección de juntas directivasC-466/08, art. 391 y 448 CST entre otros

La Corte realiza un análisis sobre la posibilidad de limitar excepcional-mente el derecho de huelga frente al tribunal de arbitramento obligatorio como forma de terminar la huelga trascurridos 60 días, resultando in-constitucional dicha norma, que es-tablece que “la facultad de terminar, vía administrativa, con la huelga de los trabajadores una vez transcurrido el término de sesenta (60) días que establece la ley, con el sólo acto de ordenar que el diferendo se someta a la decisión de un tribunal de arbi-tramento, sin que hubiere quedado resuelto el conflicto colectivo de trabajo. En criterio de la Corte, lo anterior hace en la práctica nugatorio el derecho de huelga, ya que la huel-ga se puede dar por terminada por el gobierno con la convocatoria del tribunal de arbitramento”.

Así, según la misma providencia, la huelga se podrá extender hasta que se profiera el laudo arbitral que dé fin al conflicto colectivo.

Si bien esta sentencia fue previa a la Ley 1210/08, artículo 1, la cual ex-presa que “ambas partes solicitarán” la convocatoria de tribunal de arbitra-mento como forma de acabar la huel-ga, este es un tribunal voluntario y no unilateral sino surgido de un acuerdo, lo cual implicaría que de no llegar a un acuerdo también podría continuar la huelga.

Además, en la misma sentencia C-466/08, se declaró inconstitucional el imponer el sistema de cuociente electoral como forma de elección de los sindicatos: “exigir que la elección de las juntas directivas sindicales se realice a través del sistema de cuo-ciente electoral, que según la Cons-titución es la excepción, es una exi-gencia desproporcionada e inconsti-tucional, que vulnera en gran medida la autonomía y la libertad sindical”.

Deja a los sindicatos escoger cual-quier forma de elección, siempre que ésta sea una forma de elección proporcional donde se garanticen los derechos de las minorías, como por ejemplo la cifra repartidora.

Atribuciones de la asamblea y el quórum requeridoC-674/08, art. 376, 385, 386 y 387.

La Corte declara la exequibilidad de las normas, pues a los sindicatos se les aplican necesariamente los principios democráticos, pero pare-ciera que en un aparte de su análisis le recuerda a la sociedad colombiana cuál es la importancia del sindica-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Caf

é am

argo

", V

ivia

na P

eret

ti Le

gram

ante

, Bog

otá,

200

8

lismo: “es bueno recordar que entre la libertad sindical y la democracia existe una dependencia mutua que, incluso, puede verse como una rela-ción circular, pues es evidente que sólo en Estados democráticos puede garantizarse la verdadera eficacia del derecho a constituir organizaciones sindicales para la defensa de los de-rechos comunes de un oficio o pro-fesión, y que el ejercicio del derecho a la libertad sindical contribuye a afianzar y consolidar la democracia en una sociedad”.

Huelga en el sector de la salArt. 430, lit. G. CST, Sentencias C-691/08 y C-715/08

Declara que el sector de la explo-tación, elaboración y distribución de sal, no constituye hoy un servicio pú-blico esencial acorde a los órganos de control de OIT.

Pero además, frente a una hipo-tética interrupción prolongada que pusiera en riesgo la salud, señala: “Ello hace recomendable que en los eventos de huelga en esta industria se regule la exigencia de prestación de un servicio mínimo, tema objeto de numerosos estudios e incluso de criterios establecidos por el Comité de Libertad Sindical y por la Comi-sión de Expertos de la OIT. Todo ello tendría que ser reglamentado por el Congreso de la República, tal como ha reiterado la Corte Constitucional en tantas ocasiones”.

En conclusión, la importancia de las sentencias aquí analizadas, radica en que los alcances de los derechos de libertad sindical, en que se fundamenta la Corte, se derivan directamente de las decisiones de los órganos de control de OIT. Y esto re-presenta un progreso

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 52 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53

La Ley 1233 de 2008 tuvo como ori-gen un proyecto de Ley presentado por el gobierno cuando se aproxima-ba la decisión del congreso norteame-ricano sobre el TLC con Colombia. El proyecto se limitaba a crear la obligación de pagar los parafiscales en las cooperativas de trabajo asocia-do, CTA. Durante el trámite fueron muchos los debates y propuestas, y por ello, el resultado fue una ley con varios temas. Sin embargo, podemos afirmar que las CTA que cumplan con esta ley, podrán continuar siendo herramientas para evadir derechos laborales y precarizar las condiciones de vida de los trabajadores.

El gobierno no podrá presentar esta ley como un avance en relación con las exigencias internacionales sobre la materia, pues de manera clara se ignoran las recomendaciones realiza-das por los órganos de control de la OIT. La ley 1233 no le reconoce a los asociados de las CTA los derechos

de asociación, negociación y huelga y tampoco prevé medidas suficientes para impedir que no se utilicen las CTA como forma de defraudación de derechos laborales y sindicales.

En los debates de esta ley la gran mayoría del Congreso coincidió en señalar críticas al uso y abuso de esta figura en el país. Las diferencias se dieron en la identificación precisa de los problemas y las soluciones. Las posiciones oscilaban entre las que identifican como problema principal la falta de control y la ilegalidad de las CTA y las que ubican el problema en la existencia misma de las CTA, es decir, la figura en sí, trae tantos problemas que lo mejor es eliminarla.

Un análisis juicioso permite iden-tificar que los principales problemas de las CTA no fueron resueltos por la ley.

— Los asociados a las CTA no cuentan con derechos fundamentales y esenciales que tendrían como traba-jadores.

Sobre la nueva ley de cooperativas de trabajo asociado

Por Andrés Felipe SánchezProfesional del Área Defensa de Derechos ENS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

— Las empresas en Colombia al contratar CTA logran que los costos de nómina laboral sean externos a la empresa; es decir, que no les sean imputables a ellos. La única respon-sabilidad de la empresa será la que se firme con la oferta mercantil, sin ser posible siquiera demandarles por vul-neración de derechos laborales.

— Los empresarios para evadir los costos por aportes a seguridad social prefieren contratar CTA, donde dichos aportes corren a cargo de los asociados en su totalidad.

— La principal actividad de las CTA es la intermediación laboral. La inmensa mayoría de actividades realizadas por las CTA se da por con-trataciones que hacen las empresas como intermediación laboral, y en la práctica las empresas remplazan sus trabajadores por asociados a CTA.

— La ausencia casi total de control a las CTA, un número ínfimo de CTA se encuentran actualmente cumplien-do con la normatividad vigente.

— La ausencia de participación democrática de los asociados de las CTA

— Por la inexistencia de límites razonables para el periodo de las jun-tas de administración de la CTA, son muchos los casos donde los asocia-dos están convencidos que las CTA tienen dueño en vez de gerente.

— Porque la oferta mercantil fir-mada entre la empresa y la CTA, no esta sujeta a la aprobación de la asamblea de asociados.

— La competencia entre las CTA por ofrecer peores y más baratas for-mas de contratación. Esto genera una especie de guerra del centavo entre las CTA.

— Las CTA como herramienta para disminuir a sindicatos. Los aso-ciados a CTA no tienen derecho a sindicalizarse, según el Ministerio de la Protección Social porque no tienen la calidad de trabajadores, sino de aportantes con su fuerza de trabajo, lo que ha sido utilizado por algunas empresas para eliminar sistemática-mente los sindicatos por falta de tra-bajadores que puedan asociarse.

Las novedades y consecuencias de la ley 1233Contribución especial a favor de las cajas de compensación

Se crea esta contribución para el SENA y el ICBF, a cargo de las CTA, con excepción de aquellas cuya fac-turación anual no exceda 435 salarios mínimos legales vigentes.

Se busca con esta norma extender la protección social a los trabajadores de las CTA, en particular hacerlos beneficiarios de las cajas de compen-sación familiar y del SENA.

Sin embargo, no existen en el Estado las herramientas jurídicas y operativas para determinar cuál es la facturación real de las CTA, lo cual permite que existan serias dudas so-bre la real aplicación y beneficio para los trabajadores con esta norma. El Ministerio de la Protección Social ha demostrado su incapacidad para con-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 54 Octubre 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55

trolar de manera eficiente el sistema de seguridad social, y mucho más a las CTA.

Aunque la ley establece que en ningún caso las contribuciones serán asumidas por el trabajador, existe la preocupación de que el costo de esta contribución especial, el 9% de la compensación económica que recibe el trabajador, sea trasladado a los tra-bajadores por medio de maniobras ad-ministrativas al interior de las CTA.

Se establecen dos derechos mínimos e irrenunciables para los asociados de las CTA

La nueva ley consagra dos “dere-chos mínimos e irrenunciables” para los asociados a las CTA.

— La compensación ordinaria mensual no será inferior en ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente; sin embargo, los asociados a las CTA no tienen dere-cho a recibir un salario como todo trabajador, sino una compensación, por ello, no tienen la protección que conlleva el salario como la inembar-gabilidad del mínimo, o la actuali-zación. Es más, están sometidos a descuentos prohibidos para cualquier trabajador, como los descuentos por uniformes, herramientas de trabajo e incluso multas que implican compen-saciones inferiores al mínimo.

— La protección prevista en el ordenamiento jurídico para los ado-lescentes y para la maternidad debe-rán cumplirla las CTA. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitu-

cional la ley 1233 estableció la pro-tección al adolescente trabajador que se refiere a los trabajos permitidos y a la edad mínima para ingresar al tra-bajo, y la protección a la maternidad que se refiere a la prohibición de des-pido, licencia de maternidad y demás prestaciones de la seguridad social en salud.

Estos derechos implican un avan-ce en derechos para los trabajadores asociados a las CTA; sin embargo, el conjunto de los derechos irrenun-ciables consagrados como derechos humanos que tiene todo trabajador (limitación de jornadas de trabajo y derecho al pago de horas extras, va-caciones, asociación sindical, nego-ciación colectiva, huelga, protección a discapacitados, estabilidad laboral, protección al empleo o protección de la remuneración mínima y vital, etc.), seguirán siendo negados a és-tos. Igual ocurre con otros derechos laborales consagrados en las normas legales: auxilios de trasporte, recar-gos por trabajo nocturno o festivo, pago de cesantías, indemnizaciones por despido, primas de servicio, in-demnización moratoria, etc.).

Por lo anterior se puede decir que sigue existiendo un incentivo econó-mico (costo del trabajador contratado a través de una CTA) y un incentivo político, (imposibilidad de la asocia-ción sindical, la negociación colecti-va y la huelga), para que los empre-sarios usen las cooperativas de traba-jo asociado de manera fraudulenta.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Ale

gre

cam

pesi

na",

Silv

ana

Mar

tos S

oto,

Per

ú, 2

008

3. Se concentra el control de las CTA en la superintendencia de economía solidaria

Sin duda uno de los problemas que aquejan a las CTA es que muy pocas cumplen con sus obligaciones lega-les, y en casi todas sus actuaciones ilegales quedan en la impunidad. Por ello, es importante que el Estado re-fuerce los controles y es esto lo que se pretende con la Ley 1233. Sin em-bargo, frente a la inmensa cantidad de CTA (12.068, según se afirmó en los debates del congreso), la Superin-tendencia de la Economía Solidaria, con menos de cien funcionarios, la gran mayoría en la ciudad de Bogotá, y sin competencia para proteger de-rechos laborales o imponer sanciones propias de los inspectores de trabajo, no podrá ejercer un control real y efectivo, por lo que las disposiciones normativas creadas no generarán un cambio en la realidad.

4. Afiliación al sistema de seguridad social

La ley establece que las CTA serán responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabaja-dores asociados al sistema de segu-ridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales). La consa-gración de este derecho humano tan esencial, en principio es un avance, pero por la manera en que se organi-zan las CTA el pago correrá a cargo de los asociados, sin ningún costo para la empresa que utilice CTA.

5. Prohibición de intermediación laboral, pero persiste la posibilidad de contratar con terceros

La prohibición de intermediación laboral establecida en la ley resulta pertinente frente a las CTA que ope-ran como bolsas de empleo; sin em-bargo, dicha prohibición será ineficaz porque dos artículos de la misma ley afirman que el objeto de las CTA es

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • páginas 56 Octubre 2008

"Observador", Víctor René Rodríguez Sánchez, México, 2008

“generar y mantener trabajo” y que éstas podrán “contratar con terceros la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios”.

Esta norma significa entonces que las CTA no sean realmente autoges-tionadas y que lo que producen no sea de propiedad de la CTA.

Así las cosas la gran mayoría de las CTA continuarán estando subordi-nadas a la oferta mercantil que firman con las empresas y el resultado final continuará siendo la prestación de servicios a muy bajo costo.

Una herramienta parcialmente va-liosa es la responsabilidad solidaria

entre la CTA y la empresa que hace uso de ésta, si se comprueban prác-ticas de intermediación laboral. Esto por que permitirá que la evasión de responsabilidades de la empresa a través de “CTA de papel” sea míni-ma. Sin embargo, es parcialmente valiosa porque dicha responsabilidad surge después de largos procesos judiciales y no se da para todos los trabajadores de las CTA, sino sólo para casos individuales, siempre que demuestren la intermediación laboral.

6. Trabajo decente en las CTAEl Artículo 8 de la Ley es real-

mente particular, pues afirma que se aplicarán a las CTA los postulados y principios de la OIT sobre trabajo digno y decente. Trabajo decente para OIT no es una convención o norma internacional, sino un progra-ma que reivindica una amplia gama de derechos de los trabajadores. En ese caso implicaría, para los asocia-dos a las CTA, un cambio radical, pues se tendrían que aplicar en las CTA todos los convenios sobre prin-cipios y derechos fundamentales en el trabajo, garantizar la protección social, las libertades sindicales y diá-logo social. Sin embargo, la norma, es genérica y poco precisa como para poder ser exigible por los trabajado-res, de manera concreta. Su efectiva aplicación dependerá de la interpreta-ción que hagan los jueces

Qué ganas de empezar de nuevo,de volver a la inicial ternuradiciéndonos que quizásde aquí a diez mil añosseamos talvez otra vezinocentes, otra vez humanos,capaces de inventar cada vezla caricia primera...

José Enrique Aroum

León Benhur Zuleta RuizA quince años de su muerte (1993-2008)

Informes: Sitio web: http://www.trabajodecente.org.co -- E-mail: trabajodecente@ens.org.coOrganizan:

Apoyan:

Holanda

Campaña colombiana por trabajo decente

Foto

graf

ías:

“A

gua,

cal

or, v

apor

”. Ro

sidá

n Kh

an B

oter

o. M

edel

lín, 2

008.

EMBAJADADE ESPAÑAEN COLOMBIA