CONFORMACIÓN Y LÍMITES DE LA ALIANZA PERONISTA (1943-1955)Alejandra Giuliani

En 1943 Román Castillo (que gobernaba desde 1932) fue derrocado por un G. E.; las Fuerzas Armadas clausuraron el Poder Legislativo e instauraron una dictadura hasta febrero de 1946, que puso fin el gobierno de la Concordancia, hasta el momento de las elecciones generales. Se presentaron dos fuerzas políticas: la Unión Democrática (coalición de partidos políticos tradicionales que era apoyado por la mayoría del empresariado) y el partido Laborista la Unión Cívica Radical Junta Renovadora (alianza entre sectores mayoritarios del movimiento obrero, Fuerzas Armadas, Iglesia y un grupo de empresarios industriales), el candidato a la Presidencia de esta fuerza política era Perón, quien triunfó por el 52% de votos.

1943: la sociedad en la que se formó el peronismo

Hacia 1943 las relaciones entre los beneficiarios del capitalismo dependiente argentino y los centros capitalistas mundiales, eran críticas.

La crisis internacional de 1930 impactó sobre la economía local y llevó a que se redefina el régimen de acumulación agroexportador, desde 1933 se fomentó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones con carácter limitado. Desde 1939 el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial generó dificultades y posibilidades a la tradicional clase dominante argentina.

A principios de la década del 40 la burguesía argentina no se encontraba fracturada en sectores antagónicos (agrarios-industriales). El peronismo no se originó sobre la base de una burguesía industrial enfrentada a los intereses de la burguesía agraria, sino que se formó a partir de la existencia de conflictos y acuerdos entre los sectores internos de clase dominante.

Los cambios en el capitalismo mundial acentuaron la vulnerabilidad de la economía argentina y llevaron a que el gobierno de la Concordancia implemente un “intervencionismo defensivo” en protección de los intereses agroexportadores.

En los 30 la sustitución de importaciones industriales provocó cambios en la composición de la clase obrera. Aumentó la cantidad de obreros y se aceleró el proceso de urbanización con las migraciones internas; los obreros habían permanecido excluidos de los beneficios de la industrialización y no habían logrado aumentar la capacidad de consumo. El Estado de los años 30, no reconoció los derechos del movimiento obrero, se implementó cierta legislación laboral pero no impuso su cumplimiento. El régimen político que sostenía en el poder a la clase dominante se regí por el fraude y excluía de la participación y de la representación política a la mayoría de la sociedad. A lo largo de la década se fue profundizando la perdida de legitimidad del sistema político y la crisis de representación política, que se acentuó a inicios de la Segunda Guerra Mundial por tres factores:

- Hacia 1943 los integrantes de la clase dominante local y de las Fuerzas Armadas, interpretaron el desarrollo de la guerra como un “avance comunista”, se les presentaba como una potencial amenaza.

- Sectores civiles de poder jerarquizaron las ideas militares e incorporaron a cargos estatales a algunos de sus integrantes, para algunos grupos militares el éxito militar ante una guerra eventual, dependía de que la sociedad tenga “independencia económica” sostenida por un “Estado fuerte”; pero la relación de las fuerzas políticas vigente hacia el año 1943 hacía imposible este proyecto.

- La pérdida de legitimidad del sistema político se profundizó frente a las posiciones del gobierno ante los bandos que liberaban la Guerra Mundial. Castillo había seguido una política de neutralidad y persistió aun cuando Estados Unidos entró en conflicto; esta neutralidad oficial fue interpretada por la mayoría de los partidos políticos tradicionales como un apoyo al Eje nazi-fascista.

En ese contexto el presidente Castillo designó como candidato oficial a las elecciones presidenciales convocadas para septiembre de 1943 al senador conservador Robustiano Patrón Costas, partidario de la continuación del fraude que adhería a la posición de los Estados Unidos en la Guerra. Esta decisión termino por unir a distintos sectores militares y precipitó el golpe; el 4 de junio de 1943 las fuerzas armadas derrocaron al Gobierno de Concordancia e impusieron una dictadura hasta 1946.

1943-1946: los orígenes del peronismo

Inicialmente se mantuvo el rumbo económico del gobierno de Castillo, pero en octubre del 43 se produjo un “golpe dentro del golpe”, adquirieron mayor preponderancia los militares de Grupo de Oficiales Unidos, donde se encontraba el coronel Juan Domingo Perón. En 1944, Perón era secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente.

Entre 1943 y 1946, Perón comenzó un proyecto económico que iniciaría un cambio dentro del régimen de acumulación industrial. Durante esos años, se construyó la fuerza política que llevó a Perón a la presidencia en 1946. Fue organizando alianzas políticas para arribar al gobierno mediante mecanismos constitucionales.

El “programa económico” del coronel consistía en el fomento estatal a la industria teniendo en cuenta el mercado interno de consumo como potencial espacio de demanda en la posguerra en el marco del “orden y la paz social”.

A fines de 1943 Perón fue designado secretario de de Trabajo y Previsión, abriendo nuevas áreas de acción estatal, jerarquizaba las políticas sociales y concentraba la gestión de las relaciones laborales, las políticas de vivienda y de jubilaciones y aseguraba la protección de los pequeños productores rurales e indígenas. También implicó en una ruptura de las relaciones de trabajo, y a la vez cambios tanto en la intervención del Estado en las relaciones entre empresarios y trabajadores, como en las del propio Estado con cada una de esas clases sociales. A través de variados decretos, estableció aumentos salariales, derecho de todo trabajador a vacaciones pagas, indemnización proporcional a su antigüedad al ser despedidos sin causa (Ley de Despidos), al

sueldo anual complementario (aguinaldo) y al seguro social y la jubilación para un importante sector de los asalariados. Garantizó el cumplimiento de legislación previa que el empresario evadía, como jornadas de trabajo de ocho horas diarias, cuarenta y cuatro semanales y la indemnización por accidentes laborales. Asimismo estableció un conjunto de estatutos, el estatuto de Peón Rural: sistema de salarios mínimos para diferentes trabajos rurales, estabilidad laboral, descanso dominical obligatorio, y mejoras en las condiciones de trabajo, alimentación y viviendas de los peones.

Era un espacio estatal que buscaba colocarse como “protector” de los trabajadores frente al empresariado.

La Sociedad Rural Argentina rechazó la intervención del Estado en la vida de las estancias, que era controlado por los terratenientes y sostenía que este Estatuto afectaba a sus ganancias. Entre los años 1943 y 1046 la política social de perón fue delimitando los sectores que formarían parte de su fuerza política y los que se excluirían.

El liderazgo sindical compartido entre socialistas y comunistas había llevado a la formación de centrales sindicales rivales. En ese contexto se desplegó una política represiva, que continuaba las implementadas durante la “Década Infáme”.

Perón se hizo cargo del área laboral a fines del 43, la política se volvió selectiva ya que mantuvo un carácter represivo hacia los comunistas.

Perón justificaba sus políticas al tiempo que difundía lo que Daniel James llamó “elementos ideológicos del peronismo”. Según Perón, el estado debía ser el artífice y el garante de la “armonía de clases” y de la “justicia social”, argumentaba ante el empresariado que si el estado no tutelaba las relaciones entre el capital y el trabajo, continuaría una situación injusta. Afirmaba que una clase obrera organizada junto a un Estado atento a la “cuestión social” constituía la garantía de la cohesión social, la finalización de “luchas de clases” y en consecuencia el clima adecuado para la inversión y la garantía empresarial.

El período de formación del peronismo, la difusión de la idea de “armonía de clases” habría actuado más bien como elemento constructivo de la identidad peronista, como “atractivo ideológico”, un sentimiento de pertenencia de los trabajadores a un proyecto de país, a la industrialización como “empresa nacional”, portadores de un “capital progresista”.

En Mayo de 1944 fue creado el Consejo Nacional de Posguerra, reuniendo militares, empresarios y sindicalistas, cuyos objetivos era el estudio de la situación económica y social del país y el establecimiento de los “posibles desequilibrios” y preparación de un programa económico a adoptar en función de sus diagnósticos. Propuso un programa industrialista, instrumentó buena parte de las medidas que adoptaron el gobierno militar y el peronismo entre 1946 y 1949. El hecho de la creación de Consejo expresaba la nueva concepción planificadora.

1945: polarización social y política.

La profundización de la política social y el avance del Estado en ámbitos de decisión de los empresarios, enfrentaron a las organizaciones patronales con los sindicatos y con el sector del gobierno liderado por Perón, se consideraba que un desarrollo industrial más profundo que el que había liderado la burguesía agraria en la década del 30 era contrario a sus intereses. Opositores destacados eran los integrantes de la Unión Industrial Argentina ya que la política industrialista del gobierno generaba tensiones entre sus miembros. Sólo una minoría de ellos se adhirió al proyecto del coronel. A la mayoría de empresarios le atemorizaba la organización del movimiento obrero, la garantía estatal de los derechos de la clase obrera y el rol de “árbitro de la paz social”.

El triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial unió a una oposición a Perón conformada por los partidos políticos tradicionales de los obreros, de la clase media y de la burguesía, corporaciones empresarias, estudiantes universitarios, sectores de las Fuerzas Armadas, exigían la entrega del gobierno a la Corte Supremos para que sus ministros convocaran a elecciones.

Los sindicatos abandonaron su distancia con el régimen y se alinearon con la STP.

En octubre los sectores de la Fuerzas Armadas ligados a la oposición desplazaron de sus cargos a Perón y lo detuvieron. En este contexto se abrió un intenso período de lucha política protagonizado por los trabajadores, que culminaría con el triunfo del peronismo en las elecciones de febrero de 1946. Un día antes de la huelga general convocada por los dirigentes sindicales para el 18 de ese mes, grupos de trabajadores manifestaron su adhesión a Perón en las principales ciudades del país. En Buenos Aires los manifestantes confluyeron en plaza de Mayo y exigieron la libertad de Perón.

El desenlace, en la moche, fue la liberación de Perón, su discurso en los balcones de la Casa de Gobierno, y el inicio oficial de su carrera a la presidencia.

El 17 de octubre inició entonces la campaña electoral. Las fuerzas de la oposición se nuclearon en la Unión Democrática conformada por la UCR, el Partido Democrático Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista.

La alianza política que llevaba a Perón como presidente contaba además con el apoyo de la Iglesia, la dictadura de junio había perseguido a los comunistas y había establecido la enseñanza religiosa. En la campaña electoral, la Unión democrática se oponía a la orientación clerical del régimen y agitaba la bandera de la enseñanza laica.

En la campaña electoral Perón desplegó un discurso “nacionalista-antiimperialista”.

En las elecciones de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática obteniendo el 52 % de votos.

Los obreros y los orígenes del peronismo

Según Germani, perón manipulaba a los obreros, al “darles” beneficios económicos concretos a cambio de adhesión política, basada en la capacidad de las mayorías para “reconocer las verdades

intencionales” de los dirigentes. Germani afirmaba demostrar el carácter antidemocrático del régimen peronista.

La “visión revisionista” se formuló en la década del 60, en el contexto de las luchas contra la dictadura de la Revolución Argentina y frente a la posibilidad de conformar una fuerza política popular, alternativa y viable.

Daniel James, estudió la conformación de la identidad peronista, esa identidad se estructuró como una red de elementos subjetivos que unía a los trabajadores, estos elementos fueron los valores, pensamientos, prácticas, y símbolos compartidos por los obreros.

James considera que el éxito del discurso de Perón se debió en buena parte a su capacidad para redefinir la idea de ciudadanía., entendida como ejercicio pleno de los derechos políticos. Sin embargo la ciudadanía política era un elemento compartido con la tradición radical y desacreditada en el contexto de la crisis de legitimidad de la década del 30. El discurso peronista consistió en otorgarle una dimensión económico social a la noción de la ciudadanía: los trabajadores tenían derecho a una inclusión n el proyecto económico, a una anticipación en los beneficios y a organizarse y luchar para que se les reconociesen esos derechos.

1946-1955: el régimen de acumulación y el Estado.

El objetivo de la política económica del primer gobierno peronista fue profundizar el proceso de acumulación de capital industrial por sustitución de importaciones, revirtiendo el carácter no distributivo que la industrialización había tenido hasta el 43 mediante una firme política de redistribución de ingresos. Se trataba de expandir el proceso de acumulación industrial con la ampliación del mercado interno: de estimular la producción industrial local expandiendo la demanda e incluyendo así como consumidores a la mayoría de los trabajadores.

Esos objetivos provenían, por un lado, de los intereses de parte de los empresarios industriales de que se revertiera el carácter expansivo de sus ventas, generara una crisis de subconsumo y disminuyera el proceso de capitalización. Y por otro la inclusión de los trabajadores no solo como fuerza de trabajo sino también como consumidores expansivos.

El modelo económico del primer gobierno de Perón era expresión de una coincidencia coyuntural de intereses de la clase obrera y fracciones de la burguesía industrial.

El Estado en 1943 adquirió carácter de estado intervencionista redistributivo. Intervino de muy variadas formas en pos de asegurar la reproducción de capital industrial y distribuir ingresos hacia los asalariados.

Esas intenciones planificadoras de la economía quedaron plasmadas en el Primer Plan Quinquenal de 1947, donde se anunciaban los ejes centrales: fomento de la expansión industrial y de un importante mercado de consumo interno mediante la elevación del nivel de vida de la población. Sus objetivos incluían un amplio plan de nacionalizaciones de los servicios públicos y de obras en las áreas de salud, vivienda y educación, la llamada “política social”. A demás el Estado se propuso de rescate de la deuda pública externa y una reforma financiera.

El parlamento convirtió en leyes los decretos de política social implementados por la STP en 1943-1946, durante 1946-1948 los salarios reales aumentaron un 40%, la participación de los asalariados en el ingreso llego en 1951 a un 47%.

El intervencionismo estatal promovió una “política de gasto social”, emprendió planes de construcción de establecimientos educativos, hospitales y viviendas, garantizo la satisfacción de necesidades básicas de la población.

El Estado asumió el control directo de los servicios públicos y de algunas empresas productivas. Las estatizaciones y las creaciones de nuevas empresas implicaron una deliberada política de expansión del gasto público, en pos de que el Estado ocupase un rol “regulador” de la economía. En esos años se crearon entre las más importantes empresas estatales Gas del Estado, Agua y Energía, Teléfonos del Estado y Aerolíneas Argentinas. En 1948 hubo conflictos y polémicas negociaciones entre el gobierno argentino y el británico en torno a libras bloqueadas durante la guerra y la compra de los ferrocarriles. Como resultado el gobierno creó Ferrocarriles Argentinos, símbolo del nacionalismo peronista.

El Estado controlaba el comercio exterior obteniendo de él beneficios que desviaba hacia créditos industriales otorgados por bancos estatales. Las principales herramientas eran el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) y el Banco Central.

A través del IAPI el Estado ejercía un virtual monopolio de las expresiones agrícolas: compraba las productoras a precios fijados por el estado y revendía a precios internacionales, obteniendo ganancias. Buena parte de la política económica del primer gobierno peronista se basó en que el tradicional sector agropecuario continuase siendo la principal fuente de divisas, esto termino en una permanente situación de conflictos y tensiones entre el gobierno y la burguesía agraria.

Entre los años 1945 y 1949 los ingresos de los terratenientes mejoraron con respecto a los del periodo de la guerra, aun con la intervención del IAPI, con la vigencia del Estatuto del Peón con la aplicación de una ley de arrendamientos beneficiosa a los arrendatarios.

El “proyecto de reforma agraria” fue enunciado por la fuerza política de Perón en la campaña electoral de 1946, una vez en el gobierno la propuesta fue desechada.

Los mecanismos de redistribución se instrumentaron además con una reforma financiera que estatizo el Banco Central y con el accionar de otros bancos estatales con el Banco de Crédito Industrial. El banco central además de controlar la emisión monetaria, tomó a su cargo la orientación y los precios de los créditos. De este modo el Estado desplegó una política crediticia que limitó las de los bancos privados. Se trató de una política de crédito abundante y barato a variados sectores (alimenticio, textil, etc.) y a las inversiones privadas y estatales (en energía, transporte, etc.)

Los límites del modelo económico y las contradicciones de la alianza peronista.

Hacia 1949 la producción industrial de bienes livianos estaba en pleno desarrollo. El consumo interno de manufacturas se había incrementado y el salario había subido un promedio del 40%.

A medida que aumentaba la producción, crecía la importación de bienes de capital, tecnología y petróleo. Esto significaba que para sostener la industrialización se debía continuar importando y para eso era necesario disponer de muchas divisas, que provenían esencialmente de la producción agropecuaria tradicional. Los ejes de la política económica peronista, la capitalización del empresariado industrial y la redistribución de ingresos permanecían atadas a la disponibilidad de productos primarios para exportar y a los precios internacionales de dichos producto, con lo que el gobierno no contaba.

Estos límites se hicieron visibles en los años 1949: cayeron los precios internacionales de los bienes primarios, descendió la producción y el saldo exportable de bienes agropecuarios. Esto se expresó en una reducción de divisas disponibles, en un déficit de las cuentas fiscales y d la balanza de pagos y en una presión inflacionaria; esta crisis financiera se prolongó hasta 1951.

Causas por las que las “debilidades estructurales” se manifestaron en 1949:

En la década del 40 se implementó el Plan Marshall, donde los países europeos dirigieron la mayor parte de sus adquisiciones alimenticias al mercado estadounidense; estos intercambios eran desfavorables para Argentina.

Por esto se fue reduciendo el volumen de los productos exportables, hubo fuertes sequías en 1949-1959 y 1951-1952. En este contexto la burguesía agraria no estuvo dispuesta a realizar nuevas inversiones para incrementar la producción de bienes exportables.

El desarrollo industrial requería de mas divisas mientras que la producción agropecuaria generaba menos. Producto de esto, hacia tambalear las políticas de gasto social del Estado y profundizaba una puja distributiva dentro de la “alianza policlasista” peronista. En la llamada “crisis de 1949” el gobierno respondió a tono con los intereses de una de sus bases de poder, los empresarios industriales. Sin embargo, se inclinó por “ir hacia adelante” con la industrialización; su proyecto consistió en profundizar la integración de la industrialización, creando algunas condiciones necesarias para una futura producción de insumos industriales básicos; cuya idea subyacía en el Segundo plan Quinquenal de 1952.

Entre los años 1949 y 1952 el gobierno intentaba detener la inflación con un Plan de Emergencia: desarrollo un programa de austeridad fiscal reduciendo el gasto publico y congeló precios y salarios. Tomó medidas para aumentar los saldos exportables, que se mantedrian en el Segundo Plan Quinquenal. Desarrollo una campaña publica tendiente a que los sectores populares bajasen el consumo de bienes exportables: el IAPI comenzó a redistribuir ingresos hacia los productores rurales.

Hacia 1952 el gobierno había logrado frenar la inflación pero no se habían incrementado los saldos exportables. Perón presento al Congreso un proyecto de ley de inversiones extranjeras, que se sansionó en 1953, tratando de alentar la inversión de capitales internacionales en la industria y la minería, otorgándole un trato similar al de las empresas nacionales. A partir de la ley se concretó la inversión de empresas europeas y estadounidenses para la producción de camiones, automóviles y tractores.

Otro objetivo de la política económica de este año, era propulsar una mayor “racionalización” de las empresas estatales y privadas con un aumento de la productividad del trabajo, bajo el lema “consumir menos y producir más”.

En un primer momento, la política distributiva había permitido ampliar la acumulación de capital, luego este crecimiento reflejó sus limites, y el gobierno junto a los empresarios iniciaron una ofensiva a favor de una mayor productividad, que implicaba transformaciones en la organización de trabajo; tratando de lograr mayor eficiencia de los obreros y de sustituir mano de obra por capital. Como la fabricación en el país aun era un proyecto, los aumentos de la productividad quedaron reducidos al logro de mayor rendimiento por obrero con los equipos existentes.

A fines de 1954 el gobierno convocó una asamblea para tratar la cuestión y para institucionalizar la presión del empresariado. Se conformó entonces el Congreso de Productividad de 1955. Los dirigentes de la CGE proponían que se reformularan las relaciones laborales en las fabricas, para obtener una mayor capitalización; esto debia basarse en que los empresarios retomaran el control del proceso productivo en pos de una mayor intensidad del trabajo obrero y en la incorporación de la tecnología. Los delegados de la CGT aceptaron las ideas de los empresarios y del gobierno acerca de la implementación de nuevos métodos y tecnología. Pero al mismo tiempo rechazaron todo cambio de la legislación laboral incorporada en los años peronistas.

Eñ Congreso de la Productividad resultó un escenario en el que quedaron visibles tanto las contradicciones dentor de la alianza peronista como los limites del régimen de acumulación basado en la industrialización extensiva.

1946-1955: la democracia ampliada.

Entre 1946 y 1955 sucedieron dos primeros gobiernos peronistas bajo la presidencia de Perón (1946-1952 y 1952-1955), la alianza se aseguró el control del Estado por medios constitucionales. Se caracterizó por la integración de los sectores populares a la vida política y por el desarrollo de nuevas formas de participación popular.

Junto a la periodicidad de elecciones sin fraude, un hecho fundamental fue la sansión de la ley del voto femenino en 1947, por la cual las mujeres lograron el reconocimiento de los mismos derechos políticos que los varones, comenzó un proceso de movilización política de las mujeres que incluyó desde tareas de empadronamiento femenino y la organización de la rama femenina del Partido Peronista hasta la preparación de candidaturas de mujeres al Poder Legislativo. Aquí es importante destacar que la participación política de la clase obrera durante del peronismo no se limitó al hecho de votar, también hubo posibilidad de ocupar espacios de gobierno y formar parte de la clase dirigente.

El estado peronista y el movimiento obrero.

El reconocimiento estatal de la “ciudadanía política” iba ligado a la integración de los trabajadores al sistema político y a la inclusión de los trabajadores al modelo económico peronista. La “justicia social” implicó una redistribución de ingresos a los obreros y una dignificación de las prácticas políticas reivindicativas de los trabajadores. El Estado garantizaba la “ciudadanía social” y se legitimaban las luchas políticas por los derechos laborales y sociales, con tensiones y conflictos que esto implica.

La “visión clásica”, expresión de la historiografía antiperonista, interpretó que el movimiento sindical carecía de autonomía y se hallaba sometido al control estatal; consideró que los obreros no tenían una clara conciencia de clase, por lo que habrían establecido relaciones políticas paternalistas; es decir que los trabajadores se habrían limitado a aceptar pasivamente los beneficios sociales y a aceptar de la autoridades la implementación de mejoras laborales.

Es importante destacar que si bien la legislación que garantizaba los derechos laborales se sancionó principalmente por impulso de la STP entre 1943 y 1946, su cumplimiento efectivo fue resultado de las luchas del movimiento obrero mediante las presidencias peronistas.

Es importante diferenciar los objetivos del gobierno peronista de los del movimiento obrero. El gobierno ejerció variadas y evidentes estrategias para ejercer un control tutelar sobre el movimiento obrero, los trabajadores emprendieron numerosas luchas en defensas de sus intereses que muchas sobrepasaron las pretensiones de “armonía” del gobierno. Las relaciones entre el Estado peronista y el movimiento obrero se caracterizaron por permanentes tensiones entre el logro de la autonomía de las organizaciones de los trabajadores y su subordinación a decisiones del gobierno.

Durante aquel primer periodo del gobierno peronista se produjo una redistribución del poder al interior de las empresas.

A partir del giro de la política económica en 1949, el gobierno procuró intensificar el control del movimiento obrero; había llegado el momento de poner el punto final a las huelgas, dado que los trabajadores ya habían logrado mejoras económicas, el reconocimiento de sus sindicatos y una legislación laboral protectora. Finalizaba para el gobierno el tiempo de antagonismo obrero-patronal y comenzaba el de la “armonía social” bajo la guía del estado.

Con el plan económico de 1952 el gobierno dispuso por decreto la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años y el congelamiento de precios y salarios. A pesar de la vigencia de la llamada “tregua social”, se produjeron casos de aumentos salariales extraoficiales obtenidos por los delegados de fábrica. Cuando en 1953 concluía el período de tregua, se reabrieron las negociaciones laborales y se sancionó la Ley de Convenios Colectivos.

A partir de 1954 se intensificaron los conflictos obreros por el logro de acuerdos colectivos favorables.

El gobierno emprendió junto al empresariado una campaña a favor del aumento de la productividad de trabajo.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las luchas no deben interpretarse como señales de ruptura de los trabajadores con el gobierno, por el contrario; conformaron el único sector de la alianza peronista que mantuvo su adhesión a Perón hasta su caída.

A demás, la profunda identificación de los trabajadores con el peronismo llevó a que, a partir de 1955, el movimiento obrero se consolidara como actor protagónico en las luchas contra la desperonización y en un interlocutor inevitable para los sucesivos gobiernos.

Los controles estatales sobre la sociedad y la caída del peronismo

Los trabajadores se mantuvieron dentro de la alianza hasta la caída de Perón, pero el empresariado no.

El peronismo, en sus contradicciones internas, no logró consolidar en el tiempo un poder hegemónico. Horacio Pereyra consideró que entre 1945 y 1955 se constituyó un “bloque no integrado en el poder” y que, a falta de un amplio consenso del empresariado y los sectores medios, el Estado peronista optó por ejercer funciones coercitivas, que afectaron las libertades públicas de la sociedad civil. Esta hipótesis difiere de los argumentos que sostiene la “visión clásica” en cuanto a la identificación de causas de los controles que efectivamente el Estado peronista ejerció sobre la sociedad. Los estudios “clásicos” asignaron al peronismo “una esencia autoritaria”. Estas interpretaciones identificaron al peronismo con el fascismo y los consideraron una “desviación” de la vida democrática que habría comenzado en Argentina con la formación del Estado nacional y se habría consolidado bajo la generación del 80. Con esta perspectiva, Perón fue presentado como un líder tiránico que avasalló los derechos civiles y políticos y que durante su gobierno hizo imperar la “barbarie” por sobre la “civilización” y la “libertad individual”.

Esta visión fue difundida tras la caída de Perón como justificación del Golpe de Estado de 1955 y de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”.

Juan Carlos Torre afirma que Perón se propuso a reforzar su poder a través de mecanismos de control burocráticos y represivos, considera que se trató de “peronizar” las instituciones, y que ese intento era innecesario, ya que el gobierno contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y con la adhesión de los sectores populares. Los mecanismos de control ideológico tendían a reforzar el poder Ejecutivo y difundir la doctrina peronista desde 1946.

La transformación más importante fue la reforma de la Constitución en 1949, se les incorporaron los derechos sociales, las formas de intervencionismo estatal y se consagró la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos, suprimió la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata, instauró el voto directo para presidente y vicepresidente y amplió el mandato de diputados y senadores.

El nuevo texto institucional fue resistido por los antiperonistas y se basó en que el objetivo primordial del oficialismo era posibilitar la reelección de Perón.

Perón efectivamente fue reelegido en 1951, triunfó en todas las provincias y obtuvo el 62% de los votos frente a la UCR.

En la segunda presidencia se reafirmó el viraje de la política económica y se manifestó el carácter contradictorio de la alianza peronista. El Estado tendió sus controles sobre la sociedad, se produjeron conflictos con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia.

Buena parte de los sectores del ejercito se identificaron con la industrialización “nacional” y con las ideas anticomunistas de Perón, la marina siempre se mantuvo en filas del antiperonismo.

En los inicios de la década de 1959 se intentó peronizar los colegios militares con la materia “Doctrina Peronista”, esto fue rechazado y se distanciaron las Fuerzas del gobierno. En 1951 el General Menéndez encabezó un intento golpista, pero no se logró ya que la mayoría de los oficiales se mantenían leal al gobierno.

El peronismo extendía sus intentos de peronizacion a la educación pública, a los medios de comunicación y a la producción cultural. Ello provocó el rechazo de los sectores medios y de otros sectores de poder simbólicos como la Iglesia.

Con la creación de la Fundación Eva Perón desarrollo actividades de acción social que fueron interpretadas por la Iglesia como una competencia y un desplazamiento de sus tradicionales tareas de caridad.

En 1950 el peronismo comenzó a difundir la Doctrina peronista y un nuevo discurso religioso en intento por peronizar los ámbitos católicos con el “cristianismo peronista”.

Se creó la Unión de Estudiantes Secundarios, se pretendía contrarrestar la labor de la Acción Católica sobre la vida cotidiana y las creencias de los jóvenes, especialmente de la clase media, lo que implicaba para la Iglesia un desplazamiento de espacios que tradicionalmente había dominado.

Durante el año de 1954 se desataron violentos conflictos entre el gobierno y la Iglesia y comenzó a aglutinarse la oposición. La Iglesia fue el eje articulador del antiperonismo.

El conflicto fue por iniciativas “provocadoras”: la sanción de las leyes de divorcio, de profilaxis, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas publicas y la igualdad entre hijos legítimos e ilegitimos. Todo esto fue rechazado por varios católicos que llevó a un enfrentamiento con la clase media, se sucedieron episodios de “peronistas” de un lado y “católicos” del otro.

El 16 de Junio sectores antiperonistas de las Fuerzas Armadas atacaron a la población civil: aviones de la Marina ametrallaron y bombardearon la Casa de Gobierno y sus alrededores. A Plaza de Mayo habían ido peronistas para manifestar su apoyo al gobierno: como resultado 3oo civiles muertos y 600 heridos. En respuesta grupos peronistas incendiaron iglesias de Capital Federal.

El 16 de septiembre comenzó el levantamiento militar y luego de cinco días de enfrentamientos se rindieron las tropas leales al gobierno. Perón presentó su renuncia. Comenzaba así la dictadura que se autodenominó “Revolución Libertadora”.

FINNN