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Entrevista

trabajo de sobraProfesor de derecho procesal, comenzó a dar clases en su

propia casa de estudios y después, por concurso público, en la

Universidad de Chile. La pregunta sobre la calidad de la forma-

ción cae de cajón: “No veo dificultad en el número de abogados.

Las personas que han recibido formación jurídica pueden des-

empeñarse en distintas áreas y eso es una visión positiva. No

me parece malo que los abogados vayan ocupando distintos

puestos, en el sector público o privado”, dice.

Pero, añade, debe haber una formación rigurosa y seria:

“Allí pondría el énfasis”.

— Este control, ¿cómo se hace?

“Estamos hablando de instrumentos. No puede haber

dogmas. Si uno mira los procesos de acreditación, es mejor

que existan a que no, y contribuyen a un control de calidad

externo. Y en ese sentido yo los defiendo, pero hay que evi-

tar establecer reglas laxas o procedimientos faltos a la ver-

dad que desnaturalizan la función de la acreditación”.

— ¿Por ejemplo?

“Por ejemplo, procesos de acreditación más bien cosméti-

cos. Habría que revisarlos en orden a establecer parámetros

Sofía Martin Leyton

Para muchos, la imagen de Alejandro Romero esta-

rá siempre asociada a Rambo. Era mayo de 2012, la

discusión académica y política sobre el proyecto de nuevo

Código Procesal Civil se seguía con gran interés, y El Mercu-

rio Legal organizaba su primer seminario.

Cuando tocó su turno, este abogado nacido cerca de Con-

cepción y que estudió Derecho en la Universidad de Valpa-

raíso, fue crítico y no dudó en comparar la figura del oficial

de ejecución con el personaje que interpretó con tanto éxito

Sylvester Stallone. Al público presente le quedó muy claro

que, frente a un deudor moroso, los oficiales de ejecución se

valdrían de metralletas y cuchillos para cobrar los dineros

de donde finalmente saldría su remuneración.

La memoria trae a un Alejandro Romero de 46 años, de pie

en un podio, con la imagen de un Rambo sin camisa en la pan-

talla gigante que había a sus espaldas. Poco después asumiría

el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de los

Andes, cargo en el que sería reelegido tres años después por un

nuevo período que termina en septiembre de 2018.

Es el primer lunes de diciembre de 2017 y estamos

frente a un hombre de 52 años, que muestra prudencia

y mesura. Aunque, entre respuesta y respuesta, se pueda

adivinar el subtexto.

Alejandro Romero:

una regresión en el acceso a la justicia

La oralidad encarece los servicios y podría significar

Este abogado de la Universidad de Valparaíso y decano de la U. de los Andes entrega su opinión sobre los nudos puntuales a modificar en el actual Código de Procedimiento Civil y se explaya acerca de la carencia de mecanismos para que el Estado se defienda de sus propias ineficiencias.

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Entrevista

objetivos de calidad, como las horas de

clase efectivamente dadas en la facultad y

si efectivamente son impartidas por el pro-

fesor que aparece como titular del ramo; la

asistencia efectiva de los alumnos a clase;

la formación de los profesores, entendida

como grados académicos que permitan ga-

rantizar que estamos frente a un docente

que se ha perfeccionado como tal”.

— Al preguntar, sigue habiendo es-

tudiantes a los que se les enseña de la

misma manera que a nosotros, nuestros

padres y nuestros abuelos, pero el mundo cambió.

“Una cosa es la metodología de enseñanza, que debe

ser libre; cada universidad debe definir sus parámetros,

como una orquesta. Se puede hacer música con distintos

instrumentos y nadie podría decir que el trombón es me-

jor que la flauta y ni que en el arco iris el rojo es mejor

que el amarillo. Y por lo mismo un examen nacional no

sería una buena herramienta, porque se puede perder la

diversidad que debe tener una facultad de Derecho para

enseñar a sus alumnos”.

Tema diverso, advierte, es la “calidad de los docentes”.

Ser un buen abogado litigante no significa necesariamente

ser un buen profesor de Derecho y la formación se puede

medir objetivamente. “Estamos frente a una tendencia muy

marcada en el último tiempo, donde la profesionalización

de la docencia universitaria es algo constatable en prácti-

camente todos los proyectos serios de formación jurídica.

Si todos los abogados están bien formados, trabajo hay de

sobra, por lo menos en el Chile actual”, dice.

El abogado jovenEl tema es mucho más complejo que las categorizacio-

nes sociológicas que muchas veces se prestan para este-

reotipos, es la respuesta a la infaltable pregunta sobre los

millennials.

La experiencia, tanto en lo académica como en lo laboral,

indicaría que hay jóvenes que tienen disposición para traba-

jar responsablemente en proyectos de largo plazo, con un

sentido de ética profesional muy arraigado. “Pero también

existen otros jóvenes que no son más que reflejo de la cultu-

ra permisiva, de corto plazo, inmediatis-

ta, que se ofrece como producto cultural

en la sociedad contemporánea”, y ahí sí,

en la conversación, se puede vislumbrar

a ese Romero indómito que quisiéramos

que aparezca.

— En un conversatorio sobre merca-

do legal, uno de los panelistas mencio-

nó el caso de un abogado joven, fuera

de Chile, que en una entrevista laboral

había preguntado si podía ir a trabajar

con su perro.

“En una sociedad pluralista hay de todo, y hay gente

que tiene más tendencia a vivir las virtudes —palabra clá-

sica casi en extinción—, que otros con tendencia a la vida

fácil, con profunda raíz hedonista, que quieren proyectar

esto al mundo laboral”.

— También se mencionó el caso de un abogado que

tenía baño y dormitorio en su oficina. Y un comedor en

el que almorzaba con su mujer y su hija los días viernes.

¿Cómo se puede lograr el equilibrio entre vida personal y

responsabilidad laboral?

“Yo destacaría que esta nueva generación está haciendo

un llamado de atención a las condiciones laborales y a las

múltiples posibilidades de deshumanizar el sistema. Esa

actitud es positiva, especialmente en un mundo materia-

lista, donde se valora a la gente por lo que tiene y no por

lo que es. Tenemos tantos rankings; deberíamos también

tener un ranking de humanidad en el trabajo”.

Estado versus EstadoAsí como las generaciones de profesionales van cam-

biando y la realidad también lo hace, ¿qué piensa Alejandro

Romero del Derecho? ¿Evoluciona a la par? El Derecho ha

evolucionado, es enfático, tanto por la vía legal como por la

vía jurisprudencial. “En materia de familia no queda nada”,

dice. “No veo un derecho petrificado. En Chile hemos incor-

porado figuras provenientes de otros sistemas por vía doc-

trinaria y jurisprudencial, sin modificación legal”, añade.

Y tan solo como ejemplos, menciona la incorporación del

daño moral en la responsabilidad contractual, que antes de

1996 la justicia había negado sistemáticamente.

Tenemos tantos rankings;

deberíamos también tener un ranking de humanidad en el

trabajo

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Entrevista

También alude a la aplicación, ya corriente en tribuna-

les, de la doctrina del levantamiento del velo societario, la

doctrina de los actos propios, los daños por repercusión o

rebote y la indemnización por pérdida de una chance.

En materia contractual, prosigue, se usan figuras y mo-

delos que no están codificados ni tienen reglamentación po-

sitiva, demostrando que el Derecho evoluciona.

Eso en el derecho privado. “Pero en derecho público hay

un déficit. La falta de modernización del Estado determina,

por ejemplo, que no tengamos instrumentos eficaces para

que el Estado se haga cargo de las lesiones de los derechos

que surgen al interior del Estado. Me explico, el Registro

Civil activa un paro ilegal, paraliza distintos ámbitos de

los derechos ciudadanos: matrimonios, nacimientos, de-

funciones, inscripciones de vehículos, y el Estado no tiene

mecanismos para responder a esas infracciones jurídicas

intraestatales”.

— ¿Igual que instituciones como el Ministerio Público,

que dada su autonomía no le responden a nadie?

“La Reforma Procesal Penal, para quienes conocimos el

sistema antiguo, es un logro que hay que defender y la au-

tonomía del Ministerio Público sirve para defenderlo de la

politización. Lo que hay que hacer es que el estatuto de auto-

nomía contenga elementos de responsabilidad social donde

el déficit en el desempeño por parte del Ministerio Público

tenga una respuesta desde la responsabilidad que le cabe

frente a la sociedad. Un elemento interesante, digno de co-

rregir, es el éxodo de los fiscales después de un determina-

do número de años. El país necesita que los buenos fiscales

se queden en funciones. Y al revés, que los que no tienen un

desempeño adecuado no permanezcan en el servicio”.

— Quienes estuvieron en los inicios de la reforma di-

cen que la idea nunca fue que hubiera una carrera funcio-

naria, sino que pudieran llegar nuevos fiscales con expe-

riencia desde el mundo privado.

“Necesitamos formar fiscales. La investigación penal

es una técnica muy sofisticada que requiere de varios ele-

mentos de juicio que no se pueden improvisar. Esta idea

original de una alta rotación hay que corregirla. Eso no sig-

nifica petrificación dentro del servicio, sino un alto criterio

de control que logre una ecuación entre la autonomía y la

responsabilidad frente a la comunidad”.

Ya que estamos hablando del Estado, se hace imprescin-

dible tocar el tema del doble estándar laboral en Chile, ese

que tiene al sector privado bajo fiscalización, que es suje-

to de multas y que por ley debe pagar indemnizaciones al

despedir a sus trabajadores, frente a un sector público, que

tiene funcionarios de planta inamovibles, para garantizar la

estabilidad del aparataje estatal, pero que tiene un tremendo

porcentaje de trabajadores “a contrata” o en régimen de ho-

norarios, de los cuales puede prescindir sin costo alguno.

Romero va abordando el tema desde ángulos distintos.

“Hay una retórica de la modernización del Estado que de

alguna manera tiene cansada a la ciudadanía porque lo que

Hemos instalado el tema del nuevo

código como un eslogan

En forma paralela a su actividad académica, Ale-jandro Romero Seguel es socio del estudio jurídico Allende Bascuñán & Cía. En este ámbito se dedica al arbitraje, como árbitro del CAM Santiago, pero tam-bién como litigante.

En la justicia ordinaria, cuenta, es abogado de un cliente implicado en el caso Cascadas y alegó hace poco ante el Tribunal Constitucional.

litigación y arbitraJE

Alejandro Romero durante un seminario IurisPrudentia de la U. de los Andes (2012) con la profesora María de los Ángeles Soza.

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Entrevista

pasa en períodos eleccionarios tan seguidos como los

nuestros es que cada cuatro años llegan otros a hacerse del

aparto estatal, sin considerar el buen desempeño laboral y

las políticas de largo plazo, que debieran ser los factores

que determinan el trabajo en el sector público”, dice.

“Me parece interesante lo que ha hecho la jurisprudencia

de la Corte Suprema, al ir reconociendo derechos laborales

más tangibles y permanentes en la administración del Esta-

do, que nos lleva a la mantención permanente de funciona-

rios que no pueden estar sometidos bajo ningún respecto al

gobierno de turno”, agrega.

¿Pero qué pasa con la precariedad laboral de quienes tra-

bajan para el Estado? “El gran déficit es que el Estado no se

defiende del Estado, de sus ineficiencias internas. Las perso-

nas que no cumplen su rol, que no trabajan bien, que caen

en una desidia laboral, el Estado debería prescindir de sus

servicios por razones de bien común”, responde.

Sería la precariedad laboral la que determinaría compor-

tamientos éticos poco deseables, “porque el sujeto entra sa-

biendo que si cambia el gobierno, pierde el trabajo”.

— ¿Cuál es el mecanismo a proponer?

“Modernizar criterios de administración que involucren

calidad en la gestión. La carrera funcionaria por sí misma

puede ser perversa para el bien común. La ciencia de la ad-

ministración en el siglo XXI cuenta con muchos instrumen-

tos para diseñar modelos de gestión adecuados. El Estado

tiene mucho que aprender del mundo privado en gestión”.

modelos fraccionados de justicia“Nos hemos embarcado en reformas procesales con ten-

dencia a la proliferación de organismos y procedimientos

especiales, que en algunos casos han demostrado no ser efi-

caces. Esto viene acompañado de un debilitamiento del Po-

der Judicial como un actor importante”, dice Romero, quien

siempre ha sido crítico de los procedimientos y tribunales

especiales, fuera del Poder Judicial.

Para él, esta dinámica ha significado ir quebrando la po-

sibilidad de establecer un modelo general de justicia que se

haga cargo, por ejemplo, de los conflictos de los particula-

res con el Estado, mediante órganos que aseguren efecti-

vamente la independencia judicial. “Y eso solo se consigue

con órganos donde el Poder Judicial participe activamente.

Los modelos fraccionados de justicia contencioso-adminis-

trativos han significado en algunos casos gastos excesivos

de recursos y un debilitamiento de la función jurisdiccional,

con sistemas de recursos especiales y con técnicas legislati-

vas que muchas veces dejan bastante que desear”, opina.

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Entrevista

Y ahonda en su análisis: “Hoy se aprecia una multiplici-

dad de reglas que debieran tender hacia la unificación. Por

ejemplo, subsiste el sistema de prueba legal, cuando prác-

ticamente todos los procedimientos especiales se rigen por

sana crítica. Tenemos una diversidad de sistemas recursivos

que incluyen reclamaciones y procesos especiales que más

que facilitar la respuesta judicial, la entorpecen. Y la gran

tarea pendiente es la modernización de la respuesta judicial

frente a la infracción de los derechos dentro del Estado, que

afectan a los particulares”.

Son como parcelas, dice, “estamos vol-

viendo a la edad media, a verdaderos feu-

dos”. “Tenemos una Corte Suprema con

21 miembros, con un volumen de trabajo

muy alto y Cortes de Apelaciones que en

regiones están fallando en plazos muy ra-

zonables. Creo que hay que fortalecer el

Poder Judicial, no disminuirlo, con crite-

rios del siglo XXI en selección de jueces y

duración de los cargos”, agrega.

Y contrariamente a lo que piensan

otros connotados procesalistas chilenos,

muy críticos con la norma que dispuso la

digitalización de las actuaciones y resolu-

ciones, a la que califican de parche y de

no ser parte de un rediseño integral de la

justicia civil, Romero la apoya: “En la prác-

tica, la reforma procedimental ya llegó

con la ley de tramitación electrónica, que

naturalmente hay que ir mejorando en su

implementación, como suele ocurrir con

cambios tan drásticos en las reglas técni-

cas que involucra el modelo de administración de justicia”.

—¿Qué va a pasar con la reforma procesal civil?

“No ha sido tema de campaña; me llama la atención. Pa-

reciera ser que las prioridades se fueron para otro lado. Lo

que habría que pensar son posibilidades reales y razonables

de enfrentar correcciones en nuestra justicia civil”.

—¿No es necesario un nuevo código?

“Para enfrentar estas correcciones no es necesario ha-

cer un código completo nuevo, sino corregir lo que hay. La

jurisprudencia ha instalado instituciones no contempladas

en la codificación y sería esperable que pasaran a ser regu-

ladas normativamente. Un código de más de un siglo, que

no ha tenido ninguna reforma sustantiva, es indudable que

no resulta adecuado. No me parece prudente dejar esto a la

mayor o menor ciencia de los jueces. El cambio legal ayuda a

uniformar y a desarrollar el derecho procesal. Hay una serie

de temas puntuales que deberían abordarse en una reforma

a las instituciones del proceso civil, que no pasan necesaria-

mente por una reforma orgánica. Hemos instalado el tema

del nuevo código como un eslogan”.

—¿No hay problemas de lógica, de

principios que atraviesen todo el pro-

ceso?

“La gran tensión entre oralidad y es-

crituración es un punto técnico. Para pa-

sar de una justicia escrita a una oral sí se

requiere una gran inversión de recursos.

Uno podría pensar que la oralidad encare-

ce los costos de la justicia de manera sus-

tantiva. Los servicios en oralidad se hacen

más caros y, por lo mismo, podría signifi-

car una regresión en el acceso a la justicia

ya que solo podrían pagar procedimien-

tos orales quienes tengan recursos”.

¿Qué propone? Definir distintos mo-

delos de administración de justicia, donde

pueda convivir oralidad en algunos casos

y, en otros, la escrituración. “Uno tendría

que permitirles a las partes o al juez deci-

dir qué asuntos van a juicio oral. Porque

las partes muchas veces no lo van a poder pagar: un juicio

de arriendo ¿necesita un juicio oral cuando se trata de una

materia que se puede resolver con los antecedentes escritos

que aporten las partes?”, ejemplifica.

La otra cara de la moneda mostraría la existencia de te-

mas de mayor complejidad, “como los ambientales, en que

el juez debe examinar una gran cantidad de pruebas, oír a

expertos, en que la oralidad contribuye muchísimo”.

“Yo aspiraría a una reforma técnica, que es absoluta-

mente necesaria. Hoy hay gente muy competente, que tiene

muy buenas ideas en la materia. Lo que falta es voluntad

política”, cierra.

Hay gente que tiene más

tendencia a vivir las virtudes, que

otros con tendencia a la vida fácil,

con profunda raíz hedonista

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