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C-14023-2013
Foja: 1
FOJA: 312 .- .-
NOMENCLATURA : 1. [40]SentenciaJUZGADO : 12 Juzgado Civil de SantiagoºCAUSA ROL : C-14023-2013CARATULADO : AYALA / EMPRESA DE TRANSPORTES RURALESLTDA
Santiago, diez de Septiembre de dos mil quince
VISTOS:
Que a lo principal de fojas 27, comparecen los abogados don
WINSTON MONTES VERGARA y don JAIME GATICA ILLANES, con
domicilio en Santiago, calle Huérfanos 1400, departamento 1206-A, en
representación convencional de don JOSÉ LUIS AYALA OPAZO, por
sí y en representación legal de su hija menor de edad MILLARAY
ALEJANDRA AYALA HUCK, chilena, soltera, estudiante; de doña
MARÍA JOSÉ AYALA HUCK, chilena, soltera, estudiante, y de doña
ROSSANA DEL CARMEN HUCK BENAVIDES, chilena, casada,
labores todos con domicilio en Calle Ignacio Carrera Pinto, Pasaje F
N° 2583, Iquique, quienes deducen demanda en juicio ordinario de
indemnización de perjuicios en contra de TUR BUS LTDA., persona
jurídica de derecho privado del giro de transportes, representada por
Fernando Rafael Fernández García, factor de comercio, ambos con
domicilio en Calle Jesús Diez Martínez 800, Estación Central,
Santiago, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho que a continuación se exponen:
Relatan que, el día 19 de enero de 2012, a las 6:45 horas
aproximadamente, don José Luis Ayala Opazo viajaba como pasajero
en el bus número 2082, PPU BKXL 55, marca Mercedes Benz de
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Foja: 1propiedad de la empresa Tur Bus Limitada por la Ruta B 1, desde
Santiago en dirección a Iquique, conducido por Mario Muñoz Jerez, y
al llegar a la altura del sector conocido como Piedra Elefante, entre
Mejillones y Tocopilla, el Sr. Muñoz Jerez, quien habría conducido el
vehículo sin estar atento a las condiciones del tránsito, ingresó a una
curva hacia la derecha a una velocidad no razonable, ni prudente
frente al diseño geométrico de la vía, a virtud de lo cual perdió el
control y maniobrabilidad del móvil que conducía, desviando su
desplazamiento y chocando contra una barrera de contención
existente en el lugar, lo que devino en su posterior volcamiento.
Aseguran que, a raíz del violentísimo impacto, habrían resultado
fallecidos dos pasajeros y otros tantos heridos con lesiones de diversa
consideración, entre ellos su representado, don José Ayala Opazo.
Seguidamente, explican que el señor José Luis Ayala Opazo
resultó con heridas gravísimas: por una parte un TEC abierto, a raíz
del cual se le habrían practicado complejas cirugías, cuyas cicatrices
se apreciarían aun en su cabeza y en parte de su rostro notoriamente,
generando como consecuencia un daño orgánico cerebral secundario
y una discapacidad psíquica o mental del 70%; y, por otra, la pérdida
total de su brazo izquierdo, incluida toda su articulación,
ocasionándole una discapacidad física del 70%, todo lo cual lo habría
incapacitado de un modo permanente y habría afectado
sustancialmente su calidad de vida.
En cuanto a doña María José Ayala Huck y doña Millaray
Alejandra Ayala Huck, explica que ellas son hijas del Sr. José Ayala y
habrían sido testigos directos del sufrimiento experimentado por su
padre debiendo adaptarse a las secuelas físicas y psíquicas que este
último arrastra producto del accidente, con todos los cambios que ello
genera dentro de la dinámica familiar, lo que les ha afectado
emocionalmente.
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Foja: 1Respecto de doña Rossana del Carmen Huck Benavides,
cónyuge del Sr. José Ayala y madre de las jóvenes antes
mencionadas, ésta habría debido asumir nuevos roles y
responsabilidades para apoyar y contener emocionalmente a su
marido, para poder superar el trauma que significó para toda su familia
el grave accidente de tránsito experimentado por aquél, todo lo cual le
habría generado una gran angustia y pesar.
Afirma que los hechos antes descritos y que habrían culminado
con las lesiones de don José Ayala Opazo constituirían un cuasidelito
civil, en los términos a que se refiere el artículo 2.314 del Código Civil,
el que cita de la siguiente manera: “… el que ha cometido un delito o
cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la Indemnización
sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o
cuasidelito” (sic). Igualmente, y en relación a este precepto, cita el
artículo 2.329 inciso 1° del mismo cuerpo legal, de la siguiente forma:
“…por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta.” (sic).
Concluye que en la expresión todo daño se comprendería todo
perjuicio que pueda derivar del ilícito civil, ya sea de carácter
patrimonial o extra patrimonial.
Por otro lado, manifiesta que constaría del certificado otorgado
por el Registro Nacional de Vehículos Motorizados que acompaña en
el primer otrosí de su libelo, que la empresa demandada Tur Bus Ltda.
era la propietaria del bus P.P.U. BKXL 55 a la fecha en que tuvo lugar
el hecho que motiva la presente acción, por lo que ésta, en
consecuencia, sería responsable civil en los términos del artículo 174
de la ley 18.290, que cita como sigue: ”El conductor, el propietario del
vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que éstos
últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son
solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se
ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros
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Foja: 1de conformidad a la legislación vigente” (sic), que sería precisamente
el caso de autos, en su concepto.
Hace presente además que, el día del accidente el Sr. Muñoz
Jerez habría estado manejando sin el descanso mínimo exigido por la
ley, lo que indudablemente habría influido en la producción del
accidente.
En relación a esta afirmación, cita el artículo 25 inciso 2° del
Código del Trabajo que en lo que le interesa, el que señalaría en
relación a los choferes de servicios interurbanos de transportes de
pasajeros que estos “…deberán tener un descanso mínimo
ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas…"
(sic), norma que en el caso de autos habría sido infringida, siendo
sancionada Tur Bus Ltda., por dicha situación.
En cuanto a los hechos que describieron en su libelo, denuncian
que estos habrían causado graves perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a sus representados, cuya obligación de
indemnizarlos recaería en la demandada.
Alegan que, estos además de provocar perjuicios patrimoniales
(lucro cesante) por la pérdida de la posibilidad de trabajar durante el
resto de su vida, los actores habrían sufrido también consecuencias
dañosas desde el punto de vista extrapatrimonial, en este caso moral
(daño moral), como consecuencia del accidente de tránsito materia de
esta demanda.
Los daños que demandan son los siguientes:
Respecto de don José Ayala Opazo demanda daño emergente,
lucro cesante y daño moral. Sus hijas y cónyuge demandan sólo daño
moral.
En relación al lucro cesante, sostienen que este tiene su
antecedente en el artículo 1.556 del Código Civil, referido a los
contratos, como ocurriría en general con las normas del título sobre los
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Foja: 1efectos de las obligaciones. No obstante, “… la doctrina está de
acuerdo en que se aplica en materia de daños extracontractuales y la
jurisprudencia no discute que “dada la generalidad de los términos en
que está concebido el artículo 1556, puede regir no sólo las
obligaciones derivadas de los contratos, sino también las que nacen
de un delito o cuasidelito” (sic).
Afirman que, aun cuando el lucro cesante no está definido por la
ley, prácticamente todos los autores lo definirían como la pérdida de
una ganancia o utilidad derivada del hecho dañoso o del
incumplimiento de una obligación. Por consiguiente, cuando existe
lucro cesante se afectaría directamente la posibilidad de incrementar o
aumentar el patrimonio de la víctima, a diferencia del daño emergente
que importa la disminución o menoscabo de aquél que ya se posee.
Añaden que, como expresaría la doctrina moderna, el lucro
cesante para ser indemnizado debería ser “cierto”, pero esta certeza,
por la naturaleza de este capítulo indemnizatorio, sería de carácter
“relativo”. En su concepto, no sería posible exigir certeza absoluta allí
donde no pueda haberla. Si así fuera, dicen que prácticamente nunca
habría lugar a obtener la reparación del daño futuro. A causa del alea
del espacio, del tiempo y del ámbito fenoménico, la certeza funciona
de manera relativa y sólo la ley de las probabilidades permite afirmarlo.
De allí que el derecho daría por satisfecha la exigencia de certidumbre
del daño si existe una probabilidad suficiente de que éste se vaya a
producir, esto es, que exista un grado de certeza razonable. Si la
víctima de un hecho ilícito o culposo acredita que percibía ingresos y
que, salvo excepcionales circunstancias, era racional que los siguiera
percibiendo, la existencia del lucro cesante se encontrará probada y
los jueces deberán regular su monto, desde que no puede exigirse a
su respecto una prueba de certeza absoluta. Estiman que tal exigencia
erosionaría el principio de reparación total del daño, pues muchas
veces y por mínimas dudas, no en cuanto a la ''existencia del perjuicio”
sino en cuanto a su “monto exacto”, se dejaría sin reparar un daño
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Foja: 1cierto y determinable sobre bases bastante objetivas, olvidándose que
no debería confundirse aquí la certidumbre del daño con la de su
cuantía, lo que constituye una cuestión diametralmente distinta. Para
que exista un fallo condenatorio, concluyen que bastaría la prueba de
que la víctima ha sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción
lesiva del demandado, no pudiendo abstenerse de condenar so
pretexto de que dicho perjuicio no aparece suficientemente
cuantificado.
En cuanto al lucro cesante propiamente tal que se demanda,
aseguran que el señor Ayala cumplía el rol de jefe de hogar,
generando sostenidamente ingresos para la mantención propia y la de
su familia, siendo su único mantenedor y proveedor.
Explican que, hasta el día del accidente don José Ayala prestaba
servicios para el sindicato de la Compañía Minera Inés de Collahuasi
como supervisor de mantención, por los que recibía un sueldo
mensual base pactado de $ I.000.000.-
Afirman que estos Ingresos correspondían al curso ordinario de
los acontecimientos conforme ofrecen acreditar, proceso que brusca e
Intempestivamente se habría visto abortado con el accidente que
motiva la demanda. En efecto, sostiene que de no mediar éste, sería
legítimo presumir que dicho curso ordinario de los acontecimientos
habría continuado desarrollándose a futuro tal cual venía ocurriendo
con anterioridad y desde hace muchos años, esto es, desde que el Sr.
Ayala Opazo accedió al mundo laboral.
Sin embargo, afirman que como consecuencia de las graves
lesiones producidas por el accidente materia del proceso, el Sr. José
Ayala se habría visto imposibilitado de volver a trabajar, situación que
se mantendría inalterable en el tiempo atendido el alto grado de
incapacidad que le afectaría.
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Foja: 1A objeto de determinar cuáles eran los ingresos que
sostenidamente habría percibido don José Luis Ayala Opazo hasta el
día del accidente, que lo habría incapacitado de por vida, realizan el
siguiente cálculo: A la época del hecho materia de autos, el Sr. Ayala
tenía 44 años de edad, con un sueldo mensual de $ 1.000.000.-
restándole aun 21 años para cumplir 65 años de edad, época en que
habría podido jubilar.
Víctima Edad Renta o ingreso mensual
actualizado
Lucro Cesante
hasta los 65
añosJosé Luis
Ayala Opazo
44
S1.000.000.-
$252.000.o00.-
En consecuencia, la cantidad que demanda- don José Luis Ayala
Opazo
a título de lucro cesante sería la suma de $ 252.000.000.-
Desde el punto de vista extrapatrimonial el accidente de tránsito
materia de este juicio, habría causado perjuicios de esta índole a cada
uno de los demandantes.
Respecto del actor, don José Ayala Opazo, dicho daño lo
estiman en la suma de $ 200.000.000.- Esta estimación no sólo se
funda en lo que ya habrían expresado precedentemente a propósito de
sus lesiones, su incapacidad permanente, sus secuelas, etc., sino que
además en la propia experiencia vivida en el accidente. En efecto, el
Sr. Ayala habría sido sometido a complejas intervenciones quirúrgicas
que habrían dejado cicatrices en su cabeza y rostro. A su vez y como
ya habrían dicho, habría sufrido la amputación total de su brazo
izquierdo, incluida toda su articulación, lo que le impediría utilizar una
prótesis, lo que lo tendría sumido en una severa depresión.
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Foja: 1En el caso de doña María José y doña Millaray Alejandra, ambas
Ayala Huck, la suma de $ 100.000.000.- para cada una, por la
experiencia de ver sufrir a su padre, teniendo que asumir los cambios
que habría generado toda la situación en su familia, sobre todo por las
lesiones que el accidente le habría provocado a su padre y la
imposibilidad de éste para trabajar.
En relación a doña Rossana del Carmen Huck Benavides,
cónyuge y madre de los anteriores actores respectivamente,
demandan la suma de $100.000.000.-, por la experiencia de ver sufrir
a su marido, padeciendo con él cada momento de dolor, frustración y
angustia, teniendo que asumir nuevos roles frente a su familia para
apoyarlos y contenerlos emocionalmente. El estrés en el caso de la
Sra. Huck Benavides sería mayor toda vez que habría debido
transformarse en el único sustento de su familia, ante la imposibilidad
de su marido para trabajar y de valerse por sí mismo en múltiples
actividades de carácter familiar y /o doméstico. En el fondo, explican
que la Sra. Huck Benavides se habría debido convertir en la enfermera
de su marido para asistirlo para vestirlo, ducharse, etc., a una
temprana edad.
Por otro lado, aseguran que desde el punto de vista
extrapatrimonial, las lesiones sufridas por el señor José Ayala Opazo
le habrían ocasionado un grave daño moral que no desaparece, pues
día a día iría en incremento al tener que constatar la deficiente calidad
de vida que enfrenta en comparación a la que llevaba antes del día 19
de enero de 2012. Este daño se materializaría a través de un intenso
dolor, pesar, pena, impotencia y frustración, que no sólo habría estado
en la época inmediata al accidente, sino que lo acompañaría día a día.
Añade seguidamente que, las dos hijas del matrimonio
compuesto por don José y dona Rossana, actualmente de 18 y 7 años
de edad, habrían debido resignarse a ver a su papá imposibilitado de
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Foja: 1trabajar, con constantes dolores y limitaciones, sufriendo de esta
forma también ellas las consecuencias del accidente.
Aclara que, si bien por la naturaleza misma del perjuicio moral no
sería posible repararlo en la especie, dada la imposibilidad de volver
las cosas al estado anterior al hecho ilícito de que da cuenta esta
demanda, este daño moral no puede ser mitigado o satisfecho sino
con una suma total y no inferior a $200.000.000.- tratándose de don
José Luis Ayala Opazo; de $100.000.000.- tratándose de doña María
José Ayala Huck.; de $100.000.000.- tratándose de la menor Millaray
Alejandra Ayala Huck; y de $100.000.000 - en el caso de doña
Rossana del Carmen Huck Benavides.
En suma, el monto total demandado por daño moral ascendería
a $500.000.000.-, conforme explicita en el cuadro siguiente:
Nombre demandante Relación Monto demandado
José Luis Ayala Opazo Víctima directa $200.000.000,-
María José Ayala Huck Hija $100,000.000.-
Millaray Alejandra Ayala Huek Hija $100.000.000.-
Rossana del Carmen Huck Cónyuge $100,000.000.-
Benavides
Por todo ello, solicitan que se tenga por interpuesta demanda en
juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de la empresa
TUR BUS LIMITADA, en su condición de propietaria del vehículo
causante del accidente, acogiéndola, y declarar lo que sigue:
1.- Que, la empresa TUR BUS LIMITADA, en su condición de
propietaria del bus P.P.U. BKXL-55, es responsable del pago de los
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Foja: 1perjuicios que sufrió cada uno de los demandantes, por concepto de
lucro cesante y moral.
2.- Que, como consecuencia de lo anterior, la empresa TUR
BUS LIMITADA, debe ser condenada al pago de la suma de
$252.000.000.-, por concepto de lucro cesante; y de $200.000.000.-,
por concepto de daño moral en el caso de don JOSÉ LUIS AYALA
OPAZO; de la suma de $100.000.000.-, por concepto de daño moral
en el caso de doña MARÍA JOSÉ AYALA HUCK; de la suma de
$100.000.000.- por concepto de daño moral en el caso de la menor
MILLARAY ALEJANDRA AYALA HUCK; y de $100.000.000.- por
concepto de daño moral, en el caso de doña ROSSANA DEL
CARMEN HUCK BENAVIDES.
3.- Que, en subsidio de la sumas referidas en el punto anterior,
se condene a la demandada al pago de las cantidades antes referidas,
en la forma y por los montos que el Tribunal determine conforme a
Derecho y de conformidad al mérito del proceso.
4.- Que las sumas que el Tribunal ordene pagar, deban serlo con
el reajuste correspondiente a la variación del índice de precios al
consumidor (IPC) entre la fecha del accidente y la fecha del pago
efectivo, o en su caso, en la forma y por el período que el Tribunal
determine.
5.- Que las sumas que el Tribunal ordene pagar, devengarán
intereses corrientes por tratarse de capitales exigibles a cuyos frutos
civiles los demandantes tendrían derecho, cuya tasa, régimen y
período determine el Tribunal.
6.- Que se condene a la demandada al pago de las costas de la
causa.
A fs. 44, consta que con fecha 21 de noviembre del año 2013, se
notificó en forma personal subsidiaria, a don Fernando Rafael
Fernández García, en representación de la demandada TUR BUS
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Foja: 1LIMITADA, en su domicilio de calle Jesús Diez Martínez N° 800,
comuna de Estación Central, diligencia llevada a cabo por el receptor
judicial don Patricio Pizarro Lara.
A lo principal de fs. 60, la parte demandante subsana su
demanda, en virtud de que a fs. 57, el Tribunal acogió las excepciones
dilatorias opuestas por la parte demandada a lo principal de fs. 47.,
principalmente relacionados con señalar la individualización completa
del actor, don José Luis Ayala Opazo, así como indicar el actual
representante legal de la demandada, don Víctor Ide Benner, así como
su nombre legal, esto es, EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES
LIMITADA.
A fs. 62, se tuvo por subsanados los defectos de que adolecía la
demanda, ordenándose su contestación derechamente de
conformidad al artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
A lo principal de fojas 69, se presenta don José Ricardo Cabrera
Rojas, abogado, en representación judicial de la demandada,
Sociedad Empresa de Transportes Rurales Limitada (en adelante Tur
Bus), sociedad del giro de su denominación, domiciliados en calle
Jesús Diez Martínez N° 800, comuna de Estación Central, y dentro de
plazo legal, contesta la demanda deducida en contra de su
representada en los siguientes términos.
En relación a la descripción de los hechos que efectúan los
actores, sostiene que de conformidad al artículo 1698 del Código Civil,
el peso de la carga de la prueba recaería íntegramente en la parte
demandante, quien no debería limitarse a probar en forma única la
existencia de un evento dañoso, sino que debería demostrar la culpa
aquiliana del conductor del móvil, esto es, la infracción de
reglamentos, no bastando una simple declaración de parte en dicho
sentido y mucho menos la sola descripción realizada en el parte
policial, que sería lo acompañado por la parte demandante.
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Foja: 1En relación a los actores, se refiere a las fotografías
incorporadas en el libelo de demanda, sosteniendo que no son en
realidad prueba legal de nada y debieran ser desestimadas por el
Tribunal, reiterando en lo demás lo que antes argumentó en torno al
peso de la prueba.
En cuanto al acápite derecho y el tercero responsable civilmente,
sosteniendo en contrario que no basta con indicar un hecho dañoso,
sino que debería acreditarse además el nexo causal entre la actitud
imprudente y el daño, como asimismo que el daño sea evitable con
una conducta ajustada a derecho.
Se refiere luego, a las declaraciones que habría efectuado en su
oportunidad la Sra. Evelyn Matthei, en su carácter de Ministra del
Trabajo, citando textualmente parte de dos declaraciones distintas
efectuadas por dicha persona, para luego referirse a al Dictamen 1268
de 1994 y al Ordinario 4057 de 2006, ambos de la Dirección del
Trabajo, señalando que el primero de ellos, permitía que el descanso
de 8 horas ininterrumpidas, se realizara al interior del bus, cuando se
tratara de servicios superiores a 24 horas de duración y siempre y
cuando se lleven tres conductores, en tanto que en los servicios
inferiores a 24 horas y superiores a 16 horas de duración, en el
Ordinario 4057 de 2006, se aceptaría que los dos conductores puedan
ir sobre el bus hasta 12 horas, pero asegurando el descanso en tierra
antes de partir y con posterioridad a su llegada al punto de destino.
En relación al servicio del cual hablarían los demandantes, esto es
Santiago-Iquique, se trataría de un servicio de duración inferior a 24
horas, haciendo presente al Tribunal que el Ordinario 4057 del año
2006 habría sido dejado sin efecto por Ordinario 0464 de fecha 30 de
enero del año 2012, en consecuencia se habría encontrado
plenamente vigente al 19 de enero de 2012, y por ende las jornadas
de los conductores se habrían encontrado absolutamente en regla
respecto del punto destacado por los demandantes.
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Foja: 1En relación a los perjuicios, refiere que lo expuesto por los
demandantes respecto de la certeza, resulta ser contradictorio
estimando que la argumentación de los actores termina relativizando
el término, para reiterar que la carga de su acreditación corresponderá
a los demandantes.
En cuanto al daño moral, opina que la demanda no hace más
que indicar las circunstancias en que se basa, lo que no haría variar
las exigencias del legislador en torno a la calidad de culpa que debiera
perseguirse al respecto.
En subsidio, en el evento que se acredite responsabilidad
respecto de la demandada y daños a resarcir, solicita tener presente
que su representada habría asumido desde el primer momento los
gastos médicos y otros que habrían sido necesarios, tales como
traslados aéreos del actor y demás pasajeros del bus, acompañando
a un otrosí de su presentación, comprobantes de dichos gastos.
Por todo ello solicita se tenga por contestada “las demandas”
(sic), y en definitiva rechazarlas, por no existir responsabilidad
extracontractual de parte de su representada, y en subsidio, por no
corresponder a la realidad, ni los daños señalados, ni los montos
solicitados como compensación por los mismos o fijar indemnizaciones
muy inferiores a las solicitadas, de acuerdo al mérito del proceso, y
con las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, al
efecto.
A fs. 73, los demandantes evacuan el trámite de la réplica,
reiterando los hechos y el derecho invocado en el libelo de demanda,
agregando eso sí, que la referencia a que el conductor de la
demandada lo hacía sin el descanso mínimo exigido legalmente, era
un dato anexo y no se señalaba necesariamente como causa basal de
la acción.
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Foja: 1Señala en relación a la carga de la prueba, que la forma en que
se presentan los hechos trasladarían la responsabilidad a quién
ejecutó los hechos, recordando el artículo 2329 del Código Civil. Cita
para estos efectos al profesor Alessandri, en los siguientes términos
“Hay hechos que denotan por sí mismos la culpabilidad de su autor
porque provienen ordinariamente de descuido o negligencia; según las
probabilidades humanas, es razonable atribuirlos al dolo o a la sola
culpa; su sola realización induce a pensar que no ha podido realizarse
sin ellos, como un choque de trenes o de otros vehículos (tranvías,
automóviles), la caída de un ascensor, etc. En tales casos, la sola
existencia del hecho perjudicial basta para presumir que ha existido
culpa … es lo que nos dice la razón natural.” (SIC). Cita igualmente al
profesor Ducci Claro, en el siguiente sentido “…Por lo tanto, una
interpretación adecuada del artículo 2329 del Código Civil, debe llevar
a la conclusión que él contiene una presunción de responsabilidad con
relación a las actividades peligrosas y a las cosas que causan daño. “
(Sic). También cita al profesor Barros Bourie, de la siguiente manera
“…se atribuye responsabilidad a otro cuando la experiencia indica que
el daño provocado en tales circunstancias se debe usualmente a culpa
o dolo de quien lo causa. Es lo que en derecho anglosajón se conoce
con la expresión latina res ipsa loquitor (¡dejad que las cosas hablen
por sí mismas!).” (Sic).
Desde otro ángulo, afirma que habría un incumplimiento de las
obligaciones que le impondría a la demandada el contrato de
transporte, específicamente cita el artículo 1.546 del Código Civil, esto
es, restituir al pasajero sano y salvo al final del transporte, siendo de
cargo del transportista los daños provenientes de un evento adverso
en la ejecución del contrato, por lo que sería su carga probatoria
acreditar que no se ha infringido la obligación de seguridad.
Hace presente igualmente que la demandada no refutó los
hechos, ni las consecuencias sufridas por el actor José Luis Ayala
Opazo; tampoco habría desconocido que sea propietaria del vehículo
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Foja: 1que habría causado el accidente; tampoco habría invocado alguna
causal exculpatoria de tercero civilmente responsable. En relación a
los perjuicios, ofrece acreditar los que ha demandado en la etapa
pertinente.
A fojas 78, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica, en
rebeldía de la demandada.
A fojas 80, hay constancia de haberse llevado a efecto la
audiencia de conciliación, con la asistencia de los apoderados de las
partes, sin que se arribara a ella.
A fojas 81 se recibió la causa a prueba, interlocutoria que fue
repuesta por las partes del juicio.
A fojas 93, previa resolución de las reposiciones de la parte
demandante, se fijaron los puntos definitivos de la prueba.
A fojas 311, se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO
En cuanto a la excepción de pago
PRIMERO: Que, a lo principal de fs. 294, la parte demandada opone a
la demanda la excepción perentoria de pago, sosteniendo en concreto
que el Juzgado de Garantía de Tocopilla, con fecha 05 de agosto del
año 2014 se habría decretado la suspensión condicional del
procedimiento, encontrándose presente un mandatario del actor José
Ayala, acordándose el pago de la suma de $15.000.000.- (quince
millones de pesos) a dicho actor, suma que habría sido pagada
íntegramente al Sr. Ayala, según constaría de los documentos que
acompaña al efecto.
Seguidamente, cita el artículo 240 del Código Procesal Penal,
por lo que sostiene que éste pago debe imputársele a la
indemnización que eventualmente pudiere conceder al Tribunal a éste
actor.
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Foja: 1Por ello, solicita se tenga por interpuesta excepción de pago
respecto de los perjuicios demandados por el Sr. José Ayala, y para el
evento de estimar que su representada es responsable civil de los
perjuicios que se pudieren acreditar, establecer que estos se
encuentran pagados por el deudor principal, o en subsidio, imputar la
cantidad de $15.000.000.- (quince millones) pagadas al actor, a la
suma que en definitiva se determine le corresponde a título de
indemnización.
SEGUNDO: Que, a lo principal de fs. 298, la parte demandante
solicita el rechazo de la excepción opuesta por la parte demandada,
sosteniendo que al no encontrarse aun determinada la existencia de la
deuda (los perjuicios que eventualmente pudieren determinarse por el
Tribunal en favor del demandante Ayala Opazo), la suma a que haría
referencia la parte demandada no podría tener el carácter de pago
total y ni siquiera podría estimarse como pago parcial, confiriéndole a
lo mucho, el carácter de abono a la eventual indemnización que
pudiere fijar el Tribunal.
TERCERO: Que, la excepción de pago, en cuanto excepción
perentoria, es de aquellas que miran a la extinción del proceso en
caso de ser acogida, y para su estudio es necesario atender a su
naturaleza. En este sentido, el artículo 1.568 del Código Civil dispone
que el pago es “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
Entonces, en términos generales, para que pueda pagarse una
obligación, es menester que la obligación se encuentre determinada,
para así poder determinar si el pago efectuado puede tener un efecto
liberatorio, ya sea total o parcial.
Esta conclusión se confirma con el análisis de lo que prescribe el
inciso 1° del artículo 1.569 del Código de Bello, en los siguientes
términos: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales
dispongan las leyes”.
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Foja: 1Resulta claro, entonces, que es menester para que pueda operar
el pago, que la obligación se encuentre determinada al tiempo en que
éste se efectúa, cuestión que no acaece en esta causa, por lo que, en
cuanto excepción perentoria y los efectos que ésta tiene sobre la
acción y pretensiones en ellas envuelta, no puede prosperar.
CUARTO: Que, sin embargo, los documentos aportados al otrosí
de fs. 294, que no fueron objetados por la parte demandante, permiten
tener por acreditado que en la Audiencia del día 05 de agosto del año
2014, celebrada ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla, se acordó
como pago de indemnización de perjuicios a favor de José Luis Ayala
Opazo, la suma de $15.000.000.- (quince millones de pesos), en tres
cuotas iguales, mensuales y sucesivas pagaderas los últimos cinco
días de cada mes, a contar del mes de agosto del 2014, acordándose
además que dichos pagos debían efectuarse mediante depósitos en la
Cuenta Corriente personal del abogado don Winston Montes Vergara,
del Banco Itaú N° 200243402 (fs. 286). A su turno, los documentos
que rolan agregados a fs. 289 a 293, dan cuenta que los cheques de
la Cuenta Corriente de la demandada, (a) número 000-52405-00, Serie
TUB 0130737, girado nominativamente a nombre de Winston Montes
Vergara, con fecha 20 de agosto de 2014, por la suma de
$11.000.000.-, y (b) número 000-52405-00, Serie TUB 0130988,
girado nominativamente a nombre de Winston Montes Vergara, con
fecha 16 de septiembre de 2014, por la suma de $05.000.000.-, fueron
efectivamente depositados en la cuenta del mandatario judicial del
demandante, al que antes se ha hecho alusión, como se comprueba
con los documentos agregados a fs. 290 y 292 respectivamente.
Debe dejarse debida constancia además, que el pago de dicha
suma no ha sido negada abiertamente por el actor, sino que más bien
éste apunta a la naturaleza del mismo, en el sentido de estimarlo un
simple abono.
C-14023-2013
Foja: 1Finalmente, debe dejarse constancia de dos circunstancias: 1)
que la obligación de pago de indemnización establecida en la
audiencia antes referida, se vincula al chófer de la máquina siniestrada
y no la demandada de autos. En efecto se señala a fs. 286 que “La
obligación del imputado Mario Osvaldo Muñoz Jérez de pagar a título
de indemnización de perjuicios a favor de las siguientes víctimas: …”.
Sin embargo, ni demandante, ni demandada han hecho cuestión de
esta circunstancia por la que el Tribunal la obviará; y, 2) las sumas que
se acreditan haber depositado en la cuenta del apoderado del
demandante Sr. Ayala Opazo, alcanzan a la cantidad de
$16.000.000.-, sin embargo, la excepción opuesta se efectúa por la
suma de $15.000.000.-, por lo que será ésta la suma que se
considerará para los efectos de esta sentencia.
QUINTO: Que, con lo expuesto y relacionado precedentemente,
se rechazará la excepción de pago opuesta, por la parte demandada a
lo principal de fs. 294. Sin embargo, se considerará en carácter de
abono, la suma de $15.000.000.- (quince millones de pesos) en
relación a la indemnización que el Tribunal pueda acordar en esta
sentencia a favor del actor don José Luis Ayala Opazo, debiendo
descontarse de aquella en la liquidación que pudiere ordenarse en su
oportunidad.
En cuanto al fondo
SEXTO: Que, a lo principal de fs. 27, don Winston Montes
Vergara y don Jaime Gatica Illanes, en representación convencional
de don JOSÉ LUIS AYALA OPAZO, y éste por sí y en representación
de su hija doña MILLARAY ALEJANDRA AYALA HUCK, de doña
MARÍA JOSÉ AYALA HUCK y de doña ROSSANA DEL CARMEN
HUCK BENAVIDES, deducen demanda de indemnización de
perjuicios en sede extracontractual en contra de TUR BUS LIMITADA,
representada por don Fernando Rafael Fernández García, todos ellos
C-14023-2013
Foja: 1debidamente individualizados con anterioridad, solicitando que se
declare en definitiva:
1.- Que, la empresa TUR BUS LIMITADA, en su condición de
propietaria del bus P.P.U. BKXL-55, es responsable del pago de los
perjuicios que sufrió cada uno de los demandantes, por concepto de
lucro cesante y moral.
2.- Que, como consecuencia de lo anterior, la empresa TUR
BUS LIMITADA, debe ser condenada al pago de la suma de
$252.000.000.-, por concepto de lucro cesante; y de $200.000.000.-,
por concepto de daño moral en el caso de don JOSÉ LUIS AYALA
OPAZO; de la suma de $100.000.000.-, por concepto de daño moral
en el caso de doña MARÍA JOSÉ AYALA HUCK; de la suma de
$100.000.000.- por concepto de daño moral en el caso de la menor
MILLARAY ALEJANDRA AYALA HUCK; y de $100.000.000.- por
concepto de daño moral, en el caso de doña ROSSANA DEL
CARMEN HUCK BENAVIDES.
3.- Que, en subsidio de la sumas referidas en el punto anterior,
se condene a la demandada al pago de las cantidades antes referidas,
en la forma y por los montos que el Tribunal determine conforme a
Derecho y de conformidad al mérito del proceso.
4.- Que las sumas que el Tribunal ordene pagar, deban serlo con
el reajuste correspondiente a la variación del índice de precios al
consumidor (IPC) entre la fecha del accidente y la fecha del pago
efectivo, o en su caso, en la forma y por el período que el Tribunal
determine.
5.- Que las sumas que el Tribunal ordene pagar, devengarán
intereses corrientes por tratarse de capitales exigibles a cuyos frutos
civiles los demandantes tendrían derecho, cuya tasa, régimen y
período determine el Tribunal.
C-14023-2013
Foja: 16.- Que se condene a la demandada al pago de las costas de la
causa.
Funda estas pretensiones en que la demandada sería
responsable civilmente, en cuanto propietaria del vehículo que habría
causado el accidente, el que habría sido conducido negligentemente
por el conductor del bus, mismo en que habría viajado el actor Ayala
Opazo en calidad de pasajero, sufriendo éste diversos perjuicios,
entre los que se cuentan la pérdida de un brazo, desde su
articulación, así como un tec abierto, producto de lo cual tendría
secuelas psicológicas, en tanto que las demás demandantes,
demandan por el daño moral que habrían sufrido a raíz de ver a su
padre y cónyuge, en su caso, sufrir el accidente y las secuelas, todo lo
que con mayor detalle se ha consignado en lo expositivo de esta
sentencia y que por economía procesal se tendrá por expresamente
reproducido.
A lo principal de fs. 60, la parte demandante subsana su
demanda, en virtud de que a fs. 57 el Tribunal acogió las excepciones
dilatorias opuestas por la parte demandada a lo principal de fs. 47,
principalmente relacionados con señalar la individualización completa
del actor, don José Luis Ayala Opazo, así como indicar el actual
representante legal de la demandada, don Víctor Ide Benner, así
como su nombre legal, esto es, EMPRESA DE TRANSPORTES
RURALES LIMITADA.
SÉPTIMO: Que, a lo principal de fs. 69, comparece don José
Ricardo Cabrera Rojas, y en representación convencional de la
demandada, quien contesta la demanda solicitando su completo
rechazo, fundamentalmente en base a señalar que la carga probatoria
de los hechos, daños y monto recae íntegramente en los
demandados, negando que sus empleados chóferes no descansen el
período que las autoridades pertinentes han fijado y en subsidio de
todo ello, solicitó tener presente que su representada se hizo cargo de
C-14023-2013
Foja: 1los gastos médicos y de otra naturaleza que el accidente le ocasionó
al actor Ayala Opazo y a otros pasajeros.
Por todo ello solicita se tenga por contestada “las demandas”
(sic), y en definitiva rechazarlas, por no existir responsabilidad
extracontractual de parte de su representada, y en subsidio, por no
corresponder a la realidad, ni los daños señalados, ni los montos
solicitados como compensación por los mismos o fijar indemnizaciones
muy inferiores a las solicitadas, de acuerdo al mérito del proceso, y
con las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, al
efecto.
OCTAVO: Que, el escrito de réplica no aporta nuevos
antecedentes a los que ya se habían expuesto en la demanda, salvo
alegar que no se habría señalado como causal o basamento del
accidente la circunstancia que los chóferes de la demandada no
descansaran de conformidad a la Ley, agregando que en su concepto
la carga de la prueba le correspondería a la demandada de
conformidad a las normas del contrato de transporte.
La parte demandada no evacuó el trámite de la dúplica.
NOVENO: Que, no resultan controvertidas las siguientes
circunstancias de hecho:
1.- Que, el día 19 de enero del año 2012, se produjo un
accidente protagonizado por un Bus de transporte de pasajeros, en la
Ruta B 1.
2.- Que, dicho Bus era conducido por el Sr. Muñoz Jerez.
3.- Que, la demandada es propietaria del bus antes referido.
4.- Que, el Sr. Muñoz Jerez era, al menos a la fecha del
accidente, empleado de la demandada.
5.- Que, el actor José Luis Ayala Opazo, viajaba en dicho bus, en
calidad de pasajero.
C-14023-2013
Foja: 1DÉCIMO: Que, para los efectos de acreditar los hechos en que
sustenta sus pretensiones, la parte demandante aportó los siguientes
elementos probatorios:
I. DOCUMENTOS
A.- Documentos aportados al primer otrosí del libelo de demanda
rolante a fs. 27:
1.- Certificado de inscripción y anotaciones vigente del R.N.V.M.
respecto del bus PPU BKXL-55.
Corre agregado a fs. 26.
Atendido su naturaleza se le dará el valor probatorio señalado en
el artículo 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación al
artículo 1.700 del Código Civil.
2.- Fotocopia simple del Parte Policial N° 079, de fecha 19 de
enero del año 2012, con fecha de ingreso en la Fiscalía Local de
Tocopilla de 20 de enero del año antes señalado.
Corre agregado a fs. 7 a 25.
Atendido su naturaleza se le dará el valor probatorio señalado en
el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, en relación al
artículo 1.700 del Código Civil.
B.- Documento aportado a fs. 113:
3.- Informe psicológico privado elaborado por el psicólogo don
Rodrigo Ruz López.
Corre agregado materialmente a fs. 98 a 112.
A fs. 276 y siguientes consta que el psicólogo antes referido,
compareció a la causa, reconociendo y ratificando el informe antes
aludido, por lo que se le tendrá por reconocido en juicio al tenor de los
artículos 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación al
artículo 1702 del Código Civil.
C-14023-2013
Foja: 1C.- Documentos aportados a fs. 150:
4.- Fotocopia simple de Informe Policial elaborado por la SIAT de
Carabineros N° 09-A-2012.
Corre materialmente a fs. 118 a 127.
5.- Fotocopia simple de Parte Policial N° 79, emitido por la
Cuarta Comisaría de Tocopilla, de Carabineros de Chile.
Corre agregado materialmente a fs. 128 a 146.
6.- Fotocopia simple de Resolución Multa de fecha 20 de enero
del año 2012 aplicada a la demandada por la Inspección Comunal del
Trabajo Santiago Poniente N° 1132/12/4.
Corre materialmente a fs. 147 a 149.
No fueron impugnados, ni observados por la parte demandada
que era contra quien se hacían valer.
Se les dará el valor probatorio señalado en los artículos 342 N° 3
del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1700 del
Código Civil.
D.- Documentos aportados a fs. 176:
7.- Certificado de matrimonio de doña Rossana del Carmen Huck
Benavides y don José Luis Ayala Opazo.
Corre agregado materialmente a fs. 154.
8.- Certificado de nacimiento de doña María José Ayala Huck.
Corre agregado a fs. 155.
9.- Certificado de nacimiento de doña Millaray Alejandra Ayala
Huck.
Corre agregado a fs. 156.
C-14023-2013
Foja: 110.- Certificado de discapacidad de don José Luis Ayala Opazo
emitido por el Compin.
Corre agregado a fs. 157
No fueron objetados, ni observados por la demandada, que es
contra quien se hacían valer.
Atendida su naturaleza, se les dará el valor probatorio señalado
en el artículo 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación
al artículo 1.700 del Código Civil.
11.- 12 liquidaciones de sueldo de don José Ayala Opazo por las
remuneraciones que percibía de su empleador, entre los meses de
diciembre de 2010 y noviembre de 2011.
Corren agregadas a fs. 158 a 169.
9.- Set de 6 fotografías tomadas al actor José Ayala Opazo.
Corren agregadas a fs. 170 a 175.
No fueron objetados, ni observados por la demandada, que es
contra quien se hacían valer.
Atendida su naturaleza, esto es ser instrumentos privados
emanado de un tercero (liquidaciones) o de la propia demandante
(fotografías) que no ha concurrido a los autos a reconocerlo, en el
caso del tercero, circunstancias todas que impiden que puedan
tenérseles por reconocidos en juicio, sólo resta a su respecto, rescatar
su eventual valor presuncional indiciario.
Debe señalarse además que a fs. 150, bajo el número 4.- se
ofrece acompañar una copia de un acta de audiencia de
reformalización de la investigación y suspensión condicional del
procedimiento celebrada ante el Juzgado de Garantía de Toocopilla,
documento que materialmente no fue aportado, por lo que no se
tomará en cuenta en esta causa.
C-14023-2013
Foja: 1II. TESTIMONIAL
A fs. 276 Y 277, se encuentran consignadas las declaraciones de
don RODRIGO EUGENIO RUZ LÓPEZ.
A fs. 277 (parte final) a 279, se encuentran consignadas las
declaraciones de don WALTERIO VIVANCO QUEZADA.
A sus declaraciones se les dará el valor probatorio contemplado
en el artículo 384 regla 2ª del Código de Procedimiento Civil, por reunir
sus declaraciones los requisitos que en dicha disposición legal se
señalan.
Otros medios de prueba fueron solicitados a fs. 115 y a fs. 116,
pero no se aportaron finalmente al proceso, por lo que no serán
considerados en esta sentencia.
UNDÉCIMO: Que, a su turno, la parte demandada aportó al
proceso los siguiente elementos probatorios:
I. DOCUMENTOS
A.- Al otrosí de libelo de contestación de demanda de fs. 69 y
siguientes:
1.-Impresión de Noticia de prensa, obtenida del sitio web
www.terra.cl, de fecha 27 de enero del año 2012.
Corre materialmente a fs. 63.
2.- Impresión de Noticia de prensa, obtenida del sitio web
www.cambio21.cl, de fecha 27 de enero del año 2012.
Corre materialmente a fs. 64.
3.- Impresión de Noticia de prensa, obtenida del sitio web
www.radiobiobio.cl, de fecha 27 de enero del año 2012.
Materialmente se encuentra agregada a fs. 65 y 66
C-14023-2013
Foja: 1No fueron objetadas, ni observadas por la parte demandante,
que era contra quien se hacían valer.
4.- Fotocopia simple de factura N° 95662 emanada de la Mutual
de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción, con fecha
19/07/2012.
Materialmente se encuentra agregada a fs. 67.
No fue objetada, ni observada por la parte demandante, que era
contra quien se hacían valer.
5.- comprobante de pasaje aéreo de fecha 04/05/2012, emitido
por SKY Line.
Materialmente se encuentra agregada a fs. 68.
No fue objetado, ni observado por la parte demandante, que era
contra quien se hacían valer.
En relación a todos ellos y atendida su naturaleza, esto es ser
instrumentos privados emanados de terceros que no han concurrido a
los autos a reconocerlos, circunstancias todas que impiden que
puedan tenérseles por reconocidos en juicio, sólo resta a su respecto,
rescatar su eventual valor presuncional indiciario.
B.- Al otrosí de fs. 294 aportó los siguientes documentos:
6.- Copia de Acta de Audiencia de Reformalización de la
Investigación en causa RIT 60-2012, de fecha 5 de agosto del año
2014, del Juzgado de Garantía de Tocopilla.
Rola agregada a fs. 285 a 288.
Atendida su naturaleza, se le dará el valor probatorio señalado
en el artículo 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación
al artículo 1.700 del Código Civil.
7.- Fotocopia de cheque serie 0130737 cuyo librado es el Banco
de Chile, por la suma de $11.000.000.-
C-14023-2013
Foja: 1Rola agregado a fs. 289.
8.- Fotocopia simple de comprobante de depósito con
documento efectuado en Banco Itaú a nombre de don Winston
Montes.
Rola agregada a fs. 290.
9.- Fotocopia de cheque serie 0130988 cuyo librado es el Banco
de Chile, por la suma de $5.000.000.-
Rola agregado a fs. 291.
10.- Fotocopia simple de comprobante de depósito con
documento efectuado en Banco Itaú a nombre de don Winston
Montes.
Rola agregada a fs. 292.
11.- Fotocopia simple de comprobante de depósito con
documento efectuado en Banco Itaú a nombre de don Winston
Montes.
Rola agregada a fs. 293.
No fueron objetados, ni observados por la parte demandante que
era contra quien se hacía valer.
En relación a todos ellos y atendida su naturaleza, esto es ser
instrumentos privados emanados de terceros que no han concurrido a
los autos a reconocerlos, circunstancias todas que impiden que
puedan tenérseles por reconocidos en juicio, sólo resta a su respecto,
rescatar su eventual valor presuncional indiciario.
DUODÉCIMO: Que, ha resultado acreditado en estos autos que
el día 19 de enero del año 2012 el bus placa patente BKXL.55, marca
Mercedes Benz, MODELO 500 RS, año 2009, de la Empresa de
Transportes Rurales Limitada, también Tur Bus, conducido por don
Mario Osvaldo Muñoz Jerez, transportaba pasajeros por la Ruta B 1,
C-14023-2013
Foja: 1KM 168, entre Iquique y Santiago, en dirección Norponiente, y en este
contexto y siendo aproximadamente las 05:45 horas, el vehículo antes
referido al ingresar al desarrollo de una curva hacia la derecha, se
desestabilizó, impactando la barrera de contención, volcándose en
definitiva.
Estos hechos han resultado acreditados con las fotocopias del
Parte Policial N° 79 y del Informe Pericial emanado de la Siat de
Carabineros Tipo A N° 09-A-2012 (fs. 7, y fs. 119 y 120).
DÉCIMO TERCERO: Que, además ha resultado acreditado en
esta causa, que la causa basal del accidente se encuentra en que el
conductor del bus antes referido, lo hacía desatento a las condiciones
del tránsito del momento, por lo que al ingresar al desarrollo de una
curva hacia la derecha a una velocidad considerada por el perito
policial (SIAT) como no razonable, ni prudente, respecto del diseño
geométrico de la vía, dicho vehículo supera la velocidad crítica de
ésta, lo que lo hizo perder el control del móvil y la maniobrabilidad del
mismo, desviando su desplazamiento hacia la izquierda de forma
tangencial a la calzada, lo que provocó que chocara con la barrera de
contención existente en el lugar, provocando con ello la perdida de la
estabilidad y verticalidad del móvil en su trayectoria, volcando sobre un
costado del bus (Informe de la Siat (fs. 119 y 120).
Resulta destacable en este sentido, que el personal policial que
efectuó la pericia mecánica pudo constatar que los sistemas de
registro de velocidad del bus fueron desalojados de su fijación,
presentándose un empleado de la demandada ante la Unidad
investigadora, para señalar que dichos dispositivos habían sido
desalojados por otro conductor de la demandada y llevados a
Santiago, donde la demandada los habría analizado obteniendo una
velocidad fina de 92 km/hr. para el móvil al momento del accidente, lo
que para el perito policial igualmente constituye una velocidad
imprudente, en relación al diseño de la curva, sin perjuicio de estimar
C-14023-2013
Foja: 1que la velocidad era probablemente superior a aquella que habría
determinado la propia demandada (fs. 122).
DÉCIMO CUARTO: Que, por otro lado, el actor don José Luis
Ayala Opazo, viajaba en el bus accidentado, circunstancia que no ha
sido controvertida en esta causa, pero que además, ha resultado
acreditada con el Parte Policial elaborado por Carabineros de Chile
con ocasión de dicho accidente (el Parte Policial N° 79) y se
desprende además, de los documentos aportados por la propia
demandada al Otrosí de fs. 294, específicamente, el Acta de
Audiencia de Reformalización y fotocopias de cheques y depósitos
efectuados por la demandada (fs. 285 a 293), pues estos últimos dan
cuenta del pago de una indemnización al referido actor, en su calidad
de víctima en el accidente investigado en sede de Garantía.
DÉCIMO QUINTO: Que, en seguida, se ha acreditado
igualmente en esta causa, que en el referido accidente el señalado
demandante sufrió la amputación traumática de su brazo izquierdo (fs.
13, 134 y 143), tec grave, policontuso y politraumatizado (fs. 22, 143).
Por otro lado, con el documento agregado a fs. 157, puede
advertirse que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez,
estableció, en relación al actor don José Luis Ayala Opazo, en base a
los antecedentes médicos contenidos en su ficha médica, que este
demandante es portador de una deficiencia, previsiblemente de
carácter permanente, que le generan una discapacidad psíquica o
mental equivalente a un 70% e igualmente de un 70%, en el aspecto
físico, estableciéndose un diagnóstico de amputación traumática de
brazo izquierdo y daño orgánico cerebral secundario.
Las fotografías que corren agregadas a fs. 174 y 175, permiten
advertir el estado físico en que quedó el actor Sr. Ayala Opazo, en
cuanto a su apariencia física, notándose la ausencia del brazo
izquierdo desde el hombro mismo, así como extensas cicatrices en la
frente del señalado demandante. Sin embargo, estas fotografías no
C-14023-2013
Foja: 1tienen incorporadas la fecha en que se obtuvieron, debiendo
presumirse que fue en el período en que el actor se encontraba
hospitalizado.
DÉCIMO SEXTO: Que, a raíz de las lesiones anteriormente
descritas y acreditadas en la forma antes dicha, el actor Ayala Opazo
demanda los siguientes perjuicios: a) Lucro Cesante: sostiene que el
accidente le ha causado una imposibilidad de generar recursos para el
sustento de su familia, señalando que a la fecha del accidente tenía
44 años de edad, restándole 21 años para cumplir 65 años de edad,
percibiendo la suma de $1.000.000.- como sueldo mensual.
Debe recordarse al efecto que, el Sr. Ayala Opazo acreditó haber
sufrido la amputación traumática de su brazo izquierdo, desde el
hombro mismo en adelante (no tiene un muñón), además de sufrir un
tec grave que le ocasionó un daño orgánico cerebral.
En este sentido, los documentos que corren agregados a fs. 158
a 169, permiten tener por acreditado que el actor trabajaba para la
Cía. Minera doña Inés de Collahuasi SCM, habiendo ingresado a
trabajar para dicha empresa el 26 de diciembre del año 2007.
Además, estos mismos documentos, permiten determinar, así
como los que rolan a fs. 158 a 163, que el sueldo o remuneración
mensual promedio del actor Ayala Opazo, ascendía a una suma
cercana a los $962.000.- (novecientos sesenta y dos mil pesos).
Sin embargo, y atendido el carácter de certeza que debe reunir
el daño a indemnizar, no puede suponerse que el demandante
hubiera seguido trabajando con su empleador otros 25 años, como
postula en su demanda. Es efectivo que el curso ordinario de las
cosas podría hacer suponer que el actor hubiera podido seguir
trabajando, pero, lamentablemente, también forma parte del curso
ordinario de las cosas, el hecho de que los países experimenten
vaivenes económicos, que el precio de las materias primas que Chile
C-14023-2013
Foja: 1exporta bajen de precio, que la actividad industrial se resienta y en
paralelo, eso produzca un fenómeno de aumento de la cesantía, que
es precisamente el fenómeno que hoy en día sufre el país.
Además, la parte demandante no acompañó durante el término
probatorio o dentro de las oportunidades que la Ley establece al
efecto, antecedentes que permitan determinar si a la época del
accidente efectivamente se encontraba ligado a su empleador por un
vínculo de subordinación y dependencia, pues los documentos que
rolan agregados a fs. 158 a 169, corresponden a remuneraciones
percibidas entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, debiendo
recordarse que el accidente se produjo en enero del año 2012, por lo
que podría resultar plausible que en el mes de diciembre del año
2011, antes del accidente, el demandante se encontrara desvinculado
de la empresa para la que trabajaba.
Por ello, el Tribunal carece de elementos objetivos que le
permitan determinar con certeza el valor a que podría alcanzar este
item demandado.
Por esta razón, en este punto, la demanda será rechazada.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación a la indemnización por
daño moral, el actor José Luis Ayala Opazo como ya se ha señalado
reiteradamente en esta sentencia, sufrió a raíz del choque, lesiones
de gravedad. Estas lesiones no pueden sino atribuirse a la ocurrencia
del accidente, por cuanto si se suprime dicho evento, necesariamente
las lesiones no se habrían producido.
Ahora bien, la indemnización que solicita el actor recién aludido a
título de daño moral, no sólo se funda en el padecimiento de las
lesiones, el grado de incapacidad que éstas le habrían provocado, sus
secuelas, etc., sino que también, en el haber debido soportar
complejas intervenciones quirúrgicas, que dejaron cicatrices físicas en
C-14023-2013
Foja: 1su rostro, la amputación total de su brazo, izquierdo, razones todas
que lo tendrían sumido en una severa depresión.
En este sentido, resulta lógico estimar que la amputación de una
extremidad en un accidente debe resultar traumática. El común de las
personas se afectaría si sufre un tipo de lesión como la sufrida por el
actor Ayala Opazo.
Pero, en el caso en concreto, además, el actor aportó al proceso
un informe psicológico elaborado por don Rodrigo Eugenio Ruz López
(fs. 98 a 112), psicólogo, quien además, ratificó dicho informe en
calidad de testigo (fs. 276 y 277).
En este informe, el profesional antes citado señala que el
accidente sufrido por el demandante impactó la dinámica familiar, los
roles asumidos por cada uno de los integrantes de la familia del
núcleo social y su funcionamiento (fs. 102), consignando un cambio
en la actitud del actor, pasando a tener incluso impulsos suicidas,
destacando su irritabilidad, manifestando que los dolores que padece
aún, lo obligan a aplicarse corriente con una “maquinita” (fs. 103 y
104). También el profesional antes referido, destaca que el actor
padece de síntomas ansiosos y estrés post trauma, lo que se traduce
en la adquisición de hábitos de fumador y sentir vergüenza de su
actual apariencia física, así como percibir el futuro como
desalentador, experimentando dolor por el paulatino alejamiento que
advierte con sus hijas (fs. 105, 106 , 107 y 108). Finalmente, la
angustia se extiende a su imposibilidad de encontrar trabajo en su
actual condición física (fs. 109).
En tanto como testigo, el psicólogo señalado refirió que el actor
experimenta “…depresión, riesgo suicida y stress post traumático…”
(fs. 276, parte final) reiterando que éste aún sufre dolores físicos
importantes (fs. 277) y el problema familiar que el accidente y las
lesiones sufridas por el actor en el mismo, habrían causado en el
núcleo familiar.
C-14023-2013
Foja: 1Debe recordarse que el accidente se produjo en enero del año
2012, en tanto que el informe a que antes se hizo referencia data de
julio del año 2014, en tanto que con el documento rolante a fs. 157, se
ha acreditado que el actor Ayala Opazo ha sido declarado incapaz por
el COMPIN pertinente, en un 70 % de sus capacidades físicas y
psíquicas o mentales. Este último punto debe concordarse con el
informe psicológico antes analizado, pues en este se señala por el
profesional, que lo ratificó en la causa, que el actor padece de “ …
fallos cognitivos (olvidos frecuentes) …” (fs. 106).
A su turno, el testigo don Walterio Vivanco Quezada, declaró
expresamente que el actor cambió su carácter, pasando de ser una
persona sociable, alegre, deportista, a una persona que no saluda,
descontrolada , con cambios de humor (fs. 278), afectando con ello
además, la armonía familiar.
Por ello, puede concluirse que el actor es la víctima directa del
daño que sufre.
Que, además, el sufrimiento y angustia que padece a raíz de la
pérdida de su extremidad lo acompañará el resto de su vida, pues
ésta no puede regenerarse, y el uso de prótesis, en el estado actual
de la ciencia parece no posible, por haber perdido la extremidad
desde el hombro.
Que, asimismo, los padecimientos experimentados por el actor
son profundos, al punto de haber afectado sus características
personales, pasando a ser una persona descontrolada, con cambios
de humor, irritable, todo lo que lo ha afectado socialmente y en sus
relaciones familiares, al punto incluso de sentir asco por su propia
apariencia física, lo que incluso lo ha llevado a pensar que no existen
soluciones para sus problemas, estimando que la única posibilidad
que le queda es autoeliminarse.
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Foja: 1Por ello, encontrándose acreditado los múltiples padecimientos,
angustias y problemas que las lesiones y las secuelas del accidente le
han producido al actor, así como su extensión y profundidad, estima
esta sentenciadora que ello no puede sino resarcirse con la suma
íntegra que se demanda por este concepto.
DÉCIMO OCTAVO: Que, además, en la presente causa, han
demandado por el propio daño moral experimentado, las dos hijas del
actor Ayala Opazo (Millaray Alejandra y María José) así como la
cónyuge del mismo (Rossana del Carmen Huck Benavides).
Al respecto se dirá que la filiación entre las actoras Millaray
Alejandra y María José, con el demandante Ayala Opazo, ha resultado
acreditada con los certificados de nacimiento que rolan agregados a
fs. 155 y 156.
A su vez, la actora Rossana del Carmen Huck Benavides, ha
acreditado encontrarse casada con el actor Ayala Opazo, con el
certificado de matrimonio que rola agregado a fs. 154.
Ahora en relación al padecimiento, angustia, pesar, impotencia y
frustración (fs. 36) que el accidente y sus consecuencias les habrían
ocasionado, es necesario recordar que en el informe que rola
aparejado a fs. 98 y siguientes, se señala que el accidente motivó
un cambio en la forma en que se encontraba organizada la familia,
pasando el proveedor principal, a ser una persona que necesita ser
mantenida, por lo que tras 19 años de matrimonio, la cónyuge se vio
en la necesidad de buscar un sustento para su familia (fs. 100, 102 a
104). Incluso la Sra. Rossana señala que le cuesta verlo en las
condiciones físicas actuales. Estas mismas circunstancias han llevado
a la pareja a experimentar peleas “a puro grito”, reiterándose en este
punto la irritabilidad del demandante Ayala Opazo.
En relación a las hijas, también ellas han experimentado un
cambio radical en la dinámica familiar y sus relaciones con sus
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Foja: 1padres. En el informe psicológico, se hace referencia a que “…
Millaray ya no sale sola conmigo, ante yo era el héroe para ella, ahora
no, le da miedo que me pueda pasar algo ..” (fs. 107).
Se señala igualmente en este informe que, “En el caso de los
Ayala-Huck se ha producido un fenómeno de inversión de
expectativas, esto es, su hija María José ha absorbido las
expectativas de sus padres y ya no piensa en dejar el hogar familiar
para emprender desde una perspectiva de desarrollo personal
proyectos personales, al contrario, asume que en el mediano plazo
será ella el principal sostén emocional y económico del grupo familiar
lo que trae aparejado, por cierto, frustración personal y eventuales
problemas psicológicos” (sic, fs. 108) .
En el caso de Millaray, el profesional informante señala que
presenta “…un cuadro clínico denominado “Trastorno Opositor
Desafiante” que, caracterizado por la conducta perturbadora y
desafiante a la autoridad en diversos ámbitos de relacionamiento
social, se origina en la fase frustrada de reorganización familiar post-
crisis …” (sic, fs. 111).
Por todo ello, es posible concluir que las referidas demandantes
han padecido un sufrimiento personal derivado del accidente y sus
secuelas en su padre y cónyuge respectivamente, experimentando
cada una de ellas en forma directa el daño, que este se mantendrá en
tanto vivan con sus padres y/o cónyuge y que este daño tiene un
carácter de significativo, pues ha alterado una relación familiar
establecida por largo tiempo, lo que lleva a esta sentenciadora a
establecer para cada una de ellas una indemnización por la suma
ascendente a $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).
DÉCIMO NOVENO: Que, en relación a la responsabilidad que se
atribuye a la demandada en su carácter de propietaria del móvil y que
ocasionó el accidente, debe señalarse en primer término que
conforme lo dispone el artículo 1.511 inciso 2° del Código Civil, las
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Foja: 1fuentes de la solidaridad son: a) la convención; b) el testamento, o c)
la ley.
A su turno, el artículo 174 inciso 2° de la Ley 18.290, establece
que el conductor infractor es solidariamente responsable de los daños
que ocasione su conducción antirreglamentaria, con el propietario del
vehículo.
Finalmente, con el documento rolante a fs. 26, se ha acreditado
que la demandada, era a la época del accidente, propietaria del
vehículo accidentado, puesto que éste aun aparecía como propietaria
en el Registro pertinente del Servicio de Registro Civil, al mes de
octubre del año 2013, en circunstancias que el accidente se produjo
en enero del año 2012.
VIGÉSIMO: Que, para los efectos de concretar el principio de la
integridad de la reparación del daño, las sumas a las que se ha
condenado a la demandada pagar por concepto de daño a los
actores, deberán ser debidamente reajustadas de conformidad a la
variación que experimente el I.P.C., entre la fecha en que la sentencia
quede ejecutoriada y la fecha en que se produzca el pago efectivo.
Sobre el capital así reajustado, deberán computarse intereses
corrientes, los que deberán calcularse entre la fecha en que la
sentencia quede ejecutoriada y la fecha en que se produzca el pago
efectivo. Esto último, en razón de que el artículo 1.559 regla 1ª del
Código Civil, previene que si la obligación consiste en pagar una suma
de dinero, la indemnización por la mora se sujeta a las reglas que
señala, siendo la primera de ellas la circunstancia de que si no se han
pactado intereses convencionales, superiores al legal, se deben los
intereses legales, salvo disposición legal especial que autorice el
cobro de intereses corrientes. Precisamente la Ley N° 18.010, que
debe aplicarse preferentemente en relación a la norma antes citada
del Código de Bello, por aplicación de especialidad establecido en el
artículo 4° del Código Civil, establece que si no se pactan intereses,
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Foja: 1siempre se deben intereses corrientes (artículo 12 del señalado cuerpo
legal).
Por ello, por sobre la suma debidamente reajustada, deberán
computarse el interés corriente que se devengue, entre la fecha en
que la presente sentencia quede ejecutoriada y la fecha de su pago
efectivo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, los demás antecedentes que obran
en estos autos, en nada alteran lo precedentemente concluido.
Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 3° inciso 2°, 44,
1.437, 1.511 inciso 2°, 1.698, 1.700, 1.702, 2.314 y siguientes del
Código Civil; artículos 144, 160, 170, 174, 176, 254 y siguientes, 342
N° s 2 y 3, 346 N°s 1, 384 regla 1ª, 399 y 427, todos del Código de
Procedimiento Civil; y artículos 114, 129 N° 2 inciso 2°, 142, 170, 171,
172 N°s 2, 12 y 15, y 174 inciso 2° todas disposiciones de la Ley N°
18.290; y Ley N° 18.010, se resuelve:
I. Que, se acoge la demanda, sólo en el sentido de que se
condena a la demandada, Empresa de Transportes Rurales
Limitada (también conocida como Tur Bus), a pagar a los
actores, las siguientes sumas:
A título de daño moral, las siguientes sumas:
a) Para don JOSÉ LUIS AYALA OPAZO, se establecerá a su
favor una indemnización ascendente a la suma de $200.000.000.-
(doscientos millones de pesos).
b) Para doña MILLARAY ALEJANDRA y para doña MARÍA
JOSÉ, ambas AYALA HUCK, y para doña ROSSANA DEL CARMEN
HUCK BENAVIDES, se regulara la indemnización por este tipo de
daño, en la suma de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos),
para cada una de ellas.
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Foja: 1II. Que, las sumas antes dicha, deberán ser pagadas reajustadas y
con intereses corrientes, en la forma señalada en el motivo
Vigésimo precedente.
III. Que, en consecuencia, se rechazan los demás rubros
demandados.
IV. Que, se tendrá como abono a la indemnización establecida para
el actor don José Luis Ayala Opazo, la suma de $15.000.000.-
(quince millones de pesos) pagadas a éste por intermedio de
su apoderado en sede de Garantía, según liquidación que se
practique en su oportunidad.
V. Que, igualmente se impondrán las costas de la causa a la
demandada, por estimar que no ha tenido motivo plausible
para litigar.
ROL N° 14.023-2013
Regístrese y Archívese
Pronunciada por doña MARÍA SOFÍA GUTIÉRREZ BERMEDO,
Juez Titular, autoriza doña LAURA ZAMUDIO MARAMBIO, Secretaria
Subrogante.//
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Foja: 1
Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, diez de Septiembre de dos mil quince
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