empresarios & paz_informe fip 17_agst_2012.doc

7/29/2019 Empresarios & Paz_Informe FIP 17_Agst_2012.Doc

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Mara Victoria LlorenteJuan Carlos Palou

ngela RivasCarlos Andrs Prieto

Camila MirandaCarlos Mario Navarrete

Lderes empresariales

hablan de la paz con

las FARC

Agosto de 2012


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Fundacin Ideas para la paz

Mara Victoria LlorenteJuan Carlos Paloungela RivasCarlos Andrs PrietoCamila MirandaCarlos Mario Navarrete

Bogot, agosto de 2012Serie Informes No. 17

Lderes empresarialeshablan de la paz conlas FARC


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Contenido

Lderes empresariales hablan de lapaz con las FARC

Contenido

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27

Presentacin

Antecedentes

1. Empresarios y preferencias frente a la salida del

conficto armado con las FARC

1.1 Visiones sobre el conicto y la guerrilla

2. Condiciones previas para la negociacin

3. Empresarios y agenda de negociacin con las FARC

3.1 De las precondiciones a la mesa de negociacin3.2 Narrativas alrededor de la agenda de negociacin

3.3 El contenido de la agenda

4. Modelo de negociacin con las FARC

5. Participacin del sector empresarial en un eventual

proceso de paz con las FARC

5.1 Espectro de participacin

5.2 Pagar o no un impuesto para la paz?

5.3 Razones detrs de los tipos de participacin

6. Conclusiones


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Lderes empresariales hablan de la paz con las FARC agosto de 2012 5

Presentacin

Desde su creacin como centro de pensamiento en

1999, la Fundacin Ideas para la Paz (FIP) ha tenido como

mandato apoyar las polticas pblicas orientadas a superar

el conicto armado interno del pas. Por su compromiso y

cercana con los pasados procesos de negociacin con gru-

pos guerrilleros, y a pesar de los resultados adversos que

el pas conoce, la FIP conserva la conviccin de que el con-

icto armado se superar a travs de un proceso de paz.

Sin desconocer el rol de la Fuerza Pblica como factor

de contencin militar y de coaccin legtima para forzar a

los grupos subversivos a tomar el camino de la negociacin,

la FIP considera que la preparacin para el dilogo y la ne -

gociacin es un propsito poltico que requiere de promo-

cin, preparacin y asistencia tcnica.

El giro discursivo por parte del gobierno Santos y el

trmite en el Congreso del denominado Marco Jurdicopara la Paz, ha estimulado un amplio debate sobre la po-

sibilidad de una paz negociada. Por eso, la FIP ha consi-

derado pertinente hacer una contribucin a dicho debate

explorando las percepciones y opiniones que sobre el tema

tienen algunos lderes empresariales. Sin duda se trata de

un sector estratgico para el exitoso desarrollo de cualquier

poltica de paz.

Apelando a su origen fundacional y al contacto perma-

nente con el sector empresarial en Colombia, la FIP ade-

lant el estudio Visin y opinin de lderes empresariales

en Colombia ante una eventual negociacin con las FARC,para el cual cont con el apoyo del gobierno de Suecia. Este

estudio se bas en una serie de entrevistas a 32 lderes

empresariales, adems de un grupo focal con altos ejecu-

tivos de nueve reconocidas empresas multinacionales que

operan en el pas. El trabajo se realiz entre septiembre de

2011 y marzo de 2012, en las ciudades de Bogot, Mede-

lln, Cali, Barranquilla y Santa Marta. Para los propsitos de

este proyecto, entendemos por lder empresarial a aquellos

fundadores y presidentes de compaas de gran reconoci-

miento dentro del mundo empresarial y econmico del pas,

y que gozan de cierto grado de vocera y capacidad de orien-

tacin frente a asuntos pblicos del orden nacional.A travs de estas entrevistas sondeamos los siguien-

tes tpicos: a) la visin sobre las posibilidades de una paz

negociada o militarmente impuesta (por la razn o por la

fuerza); b) los requisitos previos exigibles para iniciar una

negociacin; c) los alcances considerados como legtimos

de la agenda de negociacin (amplia que incluya reformas

estructurales o restringida al desarme, desmovilizacin y

reintegracin de combatientes) y d) el rol de los empresa-

rios dentro de un eventual proceso de paz con las FARC tan-

to en la negociacin como en el postconicto.

En este informe presentamos los resultados del estudioen cinco secciones. La primera plantea algunos anteceden-

tes en materia de percepciones de la sociedad colombiana

frente a la posibilidad de adelantar una negociacin con los

grupos guerrilleros, y hace un breve repaso sobre algunos

aspectos tericos y empricos relativos a la participacin del

sector empresarial en procesos de paz.

En la segunda seccin se identican las posiciones ms

frecuentes entre los empresarios entrevistados, en cuanto

a su clculo o preferencia por una salida militar o negocia-

da al conicto armado con las FARC.

En la tercera seccin se analizan algunas de las pre-condiciones o seales de conanza que los lderes em-

presariales consideran imperiosas en aras de viabilizar un

escenario de negociacin.

En la cuarta seccin se identican algunas posiciones

predominantes y otras minoritarias, respecto a posibles te-

mas a incorporar en una agenda de negociacin con las

FARC. Y en la ltima seccin se describen los roles que

estaran dispuestos a desempear los empresarios en un

escenario de negociacin y postconicto, como la viabilidad

de pagar impuestos y otras frmulas de contribucin.

La FIP agradece a los lderes empresariales y represen-

tantes de empresas que amablemente accedieron a ser

entrevistados con lo cual hicieron posible cumplir con los

objetivos de este estudio.1

1 La FIP agradece de igual forma a Miguel Ortega y Sebastian Zuleta, investigadores de la FIP hasta enero de 2012, por sus contribuciones a la realizacin

de este estudio.


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6 www.ideaspaz.org/publicaciones

Antecedentes

Durante la ltima dcada, la apuesta gubernamental

frente a la superacin del conicto armado en Colombia ha

estado soportada sobre la idea de que el debilitamiento mi-

litar de las guerrillas es un requisito fundamental para una

posible negociacin poltica con estos grupos. En la actuali-

dad, este principio se complementa al menos en el discur-

so ocial con una posicin abierta hacia la negociacin,

la cual se sustenta en la consideracin de la paz como n

ltimo2 y est sujeta al cumplimiento de unas precondicio-

nes puntuales (cese al fuego, renuncia al secuestro, a la

extorsin, al narcotrco, entre otras).

El ms reciente estudio del Latin American Public Opi-

nion Project (LAPOP)3 junto con el ltimo anlisis de percep-

cin de la empresa GALLUP Colombia,4 demuestran que un

nmero creciente de colombianos creen que la seguridad

ha empeorado desde principios de 2011: su mencin comoproblema pas de un 7% en el 2010 a un 12% en el 2011,

siendo ste el mayor porcentaje desde el 2005.5 Paradji-

camente en los ltimos tres aos el conicto armado y la

seguridad han dejado de ser el tema que ms preocupa al

pas. De acuerdo con LAPOP, el conicto armado ha pasa-

do a ocupar el segundo lugar en las preocupaciones de los

colombianos (28,5%), por debajo de la situacin econmi-

ca (30,9%) y muy cerca de la categora otros que incluye

temas como corrupcin, desigualdad, desnutricin, educa-

cin, acceso a servicios pblicos, impunidad y medio am-

biente, (28,2%), mientras que la seguridad pas a un lejanocuarto lugar (12,4%) (Ver Grca 1).6

Esta percepcin del conicto est a su vez acompaada

por dos elementos aparentemente contradictorios: la des-

conanza que hay frente a los grupos armados y la persis-

tencia de la negociacin como salida preferida al conicto

armado interno. Con respecto a los grupos armados ilegales,

segn LAPOP, si bien entre 2005 y 2008 los porcentajes de

conanza ya eran bajos, en los ltimos tres aos estos se

En cuanto a la salida que los colombianos preeren al

conicto con la guerrilla, si bien de 2008 a 2011 hubo una

reduccin del porcentaje de personas que preeren la ne -

gociacin (pas de 67,1% a 54,6%), esta sigue siendo la

opcin con mayor apoyo, en contraposicin a la solucin

militar (37,3%) y a la combinacin de ambas estrategias

(8,2%) (Ver Grcas 3 y 4).8

La experiencia de procesos de paz alrededor del mun-

do muestra que la posibilidad de negociacin llega en

han reducido todava ms, de manera que la conanza pbli-

ca frente a las FARC, el ELN y las autodefensas no supera los

cinco puntos porcentuales para 2011 (Ver Grca 2).7

2 La paz debe ser un n ltimo: Juan M. Santos. Diario El Espectador, edicin online, 24 de mayo de 2012. Disponible en el sitio web: http://www.elespec-

tador.com/noticias/politica/articulo-348456-paz-debe-ser-un-n-ultimo-juan-m-santos3 Esta encuesta fue realizada en noviembre de 2011 a 1.500 personas de diferentes zonas de Colombia y distintos estratos. Ver Juan Carlos Rodrguez-Raga

y Mitchel A. Seligson, Cultura poltica de la democracia en Colombia, 2011: actitudes democrticas en la sucesin (Bogot: Universidad de los Andes, Fa-

cultad de Ciencias Sociales; Vanderbilt University, Latin American Public Opinion Project (LAPOP); Centro Nacional de Consultora; y Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2011), p. 14.4 Esta encuesta realizada en febrero de 2012, aborda un total de 1.200 personas repartidas por toda Colombia. Disponible en el sitio web: http://www.

caracol.com.co/docs/20120229_EncuestaOpinionPublica.pdf5 Juan Carlos Rodrguez-Raga y Mitchel A. Seligson, Op. Cit., p. 98.6 Ibd.7 Ibd., p. 123.8 Ibd., p. 122.

Seguridad Conicto Economa Otro

GRFICA 1PERCEPCIN SOBRE PRINCIPAL PROBLEMA

DEL PAS (2011)

Fuente: LAPOP, Cultura poltica de la democracia en Colombia, 2011: Actitu-

des democrticas en la sucesin, noviembre 2011, p. 98.

12,40%

28,50%30,90%

28,20%

GRFICA 2CONFIANZA FRENTE A ACTORES ARMADOS

ILEGALES (2005-2011)



14

12

10

8

6

4

2

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FARC 9,8 8,9 7,3 9,6 6,1 5,4 5,1

ELN 8,7 7,7 6,9 8,6 4,7 4 3,9

Autodefensas 12,6 8,8 7,4 9,6 5,6 4,3 4,2

Porcentaje


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9 Gerson Ivn Arias, Carlos Andrs Prieto y Milena Peralta, Qu quieren las FARC? Agendas de negociacin en los procesos de paz, (Bogot: Informe FIP

No.11, Fundacin Ideas para la Paz, octubre de 2010).10 Se entiende el sector empresarial como la parte de la economa legal que es controlada por individuos o grupos privados y est diseada para generar

ganancias, incluyendo tambin a aquellas empresas del Estado o con capital mixto que operan bajo la misma lgica. Jan Joel Andersson, Tobias Evers y

Gunnar Sjstedt. Private sector actors & peacebuilding(Estocolmo: The Swedish Institute of International Affairs, 2011).11 Allan Gerson y Nat J. Colleta. Privatizing peace, from conict to security, (Nueva York: Transnational Publishers, 2002).12 Ibd.13 Maria Prandi y Josep Lozano. La RSE en contextos de conicto y postconicto: de la gestin del riesgo a la creacin de valor, (Barcelona: Escola de Cultura

de Pau y el Instituto de Innovacin Social, 2010).

GRFICA 3PREFERENCIA POR UNA SOLUCIN AL CONFLICTO

CON LA GUERRILLA



67,10%

54,60%

28,00%37,30%

4,90%8,20%

2008 2011

Negociacin Uso de la fuerzamilitar

Ambas

GRFICA 4PERCEPCIN DE SEGURIDAD Y PREFERENCIA

POR LA SALIDA AL CONFLICTO ARMADO

Fuente: GALLUP, Gallup Poll, febrero 2012, p. 119.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Porcentaje

Jun-01

Abr-02

Ene-03

Oct-03

Jul-04

Abr-05

Ene-06

Oct-06

Jul-07

Abr-08

Ene-09

Oct-09

Jul-10

Abr-11

Ene-12

Insistir en los dilogos hasta lograr un acuerdo de paz

No dialogar y tratar de derrotarlos militarmente

Sensacin de que la seguridad est empeorando

circunstancias siempre diversas y stas claramente condi-

cionan la actitud de las partes, el tiempo de negociacin yla posibilidad de intermediacin de terceros,9 por lo cual

parece indispensable que se denan ciertos mnimos fun-

damentales sobre los cuales debera construirse cualquier

proceso de negociacin con grupos armados ilegales.

Estos mnimos generalmente se traducen en la deni-

cin de: Qu se negocia? Quin lo negocia? Cmo lo

negocia? Cundo se negocia? Como parte de ello, la dis-

tribucin de roles y responsabilidades entre los diferentes

actores locales, regionales y nacionales se convierte en un

imperativo a la hora de denir los espacios, las agendas y

los compromisos dentro y como consecuencia de la nego -

ciacin. Entre esos actores, el sector empresarial juega un

papel fundamental,10 no slo desde la perspectiva tradicio-

nal que restringe su intervencin en un proceso de paz a

los recursos que puede aportar, sino tambin en funcin

de la legitimidad y viabilidad que su participacin le puede

otorgar tanto a la negociacin como al postconicto.

Sin duda, un efecto de la transformacin de los conic-tos armados desde el nal de la Guerra Fra ha sido la am-

pliacin de los actores que se contemplan como parte de la

solucin de dichos conictos. La idea de que slo los actores

armados, los gobiernos y los organismos multilaterales pue-

den intervenir en procesos de paz ha perdido validez. Esto

ha abierto espacio al debate sobre el rol que otros actores

pueden y estn llamados a tener dentro de las distintas eta -

pas de un proceso encaminado a lograr una paz sostenible.

Uno de estos actores, claramente, es el sector empresarial.11

Los debates actuales en torno a la responsabilidad

de las empresas que operan en pases en conicto y msprecisamente sobre su rol en la superacin del mismo y la

construccin de una paz duradera, parecen moverse en

direccin al abandono de una visin limitada del sector

empresarial en la que ste, como proveedor de bienes y

servicios, tambin acta como generador de ambientes fa-

vorables a la paz.12 Si bien esto sigue siendo importante,

hoy se espera que el sector empresarial tambin intervenga

en otros frentes de trabajo en el marco de un proceso de

paz tales como intermediacin, apoyo logstico y construc-

cin de conanza dentro de las negociaciones, actividades

de vericacin o apoyo a la investigacin acadmica sobre

conicto y paz, y que al hacerlo, lo haga de manera ms

activa como un verdadero constructor de paz.13

Lo anterior, no implica ni el desconocimiento ni la disolu-

cin de la responsabilidad que frente a la seguridad, la paz

y el desarrollo recae de forma prioritaria en el gobierno. El

respaldo a la participacin activa del sector empresarial en

los procesos de paz se enmarca en el reconocimiento de la

pertinencia del trabajo conjunto del gobierno y otros sectores

en la consecucin de la paz. Como lo muestran experiencias

recientes, la privatizacin de algunas funciones relaciona-

das con la paz (intermediacin, vericacin, apoyo al DDR,


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etc.), es decir la ejecucin de dichas funciones de manera

compartida entre Gobierno y sector empresarial o Gobierno

y sociedad civil, hoy parece ser la opcin ms acertada para

dar n a los conictos violentos de manera duradera.14

Ahora bien, para dimensionar la pertinencia y los efectos

probables de la participacin del sector empresarial en proce-

sos de paz, varios autores han subrayado la importancia deabordar dichos procesos en trminos de sus diferentes eta-

pas y momentos.15 Esto permite empezar a dilucidar en qu

actividades y funciones la participacin del sector empresa-

rial puede resultar ms eciente y crtica de cara a un proceso

de paz. Al respecto, lo que muestran algunos trabajos recien-

tes es que si bien existen varios ejemplos de dicha participa-

cin en lo que seran aspectos de corto plazo (peacemaking

y peacekeeping), tal participacin parece ser ms eciente y

crtica en los aspectos de largo plazo (peacebuilding).16

Esto, si bien da luces sobre el rol del sector empresarial,

no puede entenderse como una regla que aplicara a todoslos casos. Como lo sealan esos mismos trabajos, la ecien-

cia y carcter crtico de la participacin del sector empresarial

tambin se relacionan con las caractersticas de dicho sector,

su relacin con el conicto, las particularidades del contex-

to (econmico, social y poltico) y las maneras en las que el

proceso de paz en cuestin se ha dado. Al respecto cabe re-

cordar que si bien las etapas de un proceso de paz pueden

seguir una secuencia lineal que va desde la terminacin de

la violencia, pasando por mantener la paz hasta la consolida-

cin de la misma, la experiencia de muchos pases ha demos-

trado que pueden coexistir situaciones propias del conicto y

del postconicto, como resulta ser el caso colombiano.

Las estrategias que los distintos gobiernos han disea-

do e implementado en Colombia a propsito de procesos

de paz con grupos armados ilegales y en los cuales el sec -

tor empresarial se ha involucrado como asesor y participe

directo, pueden ser rastreadas desde tiempos de Belisario

Betancur (1982-1986).17 Con la creacin de la Comisin

14 Allan Gerson y Nat J. Colleta, Op. Cit.15 En trminos generales se puede hablar de tres etapas o momentos: 1) Peacemaking(hacer la paz): comprende las medidas que se toman para dar n a la

violencia (ej. negociaciones formales o informales entre las partes) y donde los resultados esperados son los acuerdos de cese al fuego, tratados de paz yacuerdos sobre DDR; 2) Peacekeeping(mantener la paz): busca asegurar la completa implementacin de los acuerdos o tratados a los que se ha llegado en

la etapa anterior, pero tambin incluye el diseo y desarrollo de planes para lograr la estabilizacin econmica, poltica y social del pas; y 3) Peacebuilding

(construir la paz): incluye medidas que apoyan la transformacin de la sociedad, de modo que se pase de una sociedad en conicto a una en paz, lo que

usualmente se equipara con el postconicto. Cabe anotar que las tres etapas mencionadas anteriormente estn interconectadas aunque no siempre de

forma lineal e involucran a distintos actores en la prevencin, manejo o solucin de un conicto violento. Ver Jessica Baneld, Canan Gndz, Nick Killick.

Local Business, local peace: the peacebuilding potential of the domestic private sector (Londres: International Alert, 2006) y Jan Joel Andersson, Tobias

Evers & Gunnar Sjstedt, Op. Cit.16 Ver, por ejemplo, el modelo analtico al respecto, propuesto en Andersson, Evers & Sjstedt, 2011.17 Gerson Ivn Arias, Una mirada atrs: procesos de paz y dispositivos de negociacin del gobierno colombiano , (Bogot: Working Paper No.4, Fundacin

Ideas para la Paz, octubre de 2008).18 Ibd.

Asesora de Paz en 1982, importantes representantes del

sector empresarial han sido parte de los diversos y numero-

sos dispositivos puestos en marcha en el marco de escena-

rios de negociacin y postconicto.

Al interior de espacios como la Ocina del Alto Comisiona-

do para la Paz, la Comisin Nacional de Vericacin (creada

durante el gobierno de Belisario Betancur), la Comisin Na-cional de Negociacin y Dilogo y la Comisin de Paz, Dilogo

y Reconciliacin (creadas tambin en el gobierno de Betan-

cur), la Comisin de Notables (instaurada en el gobierno de

Virgilio Barco e invocada nuevamente en las negociaciones

del Cagun), entre otros, el sector empresarial ha participado

en el asesoramiento, acompaamiento y negociacin de los

procesos de paz propuestos por el gobierno colombiano.18

La intervencin del sector empresarial en estos pro-

cesos tambin ha incluido su participacin en asuntos de

reintegracin. Por ejemplo, en el marco de las iniciativas

implementadas por el gobierno de Csar Gaviria (1990-1994) en materia de paz, se incluye la creacin de la Co -

misin Asesora de Reinsercin, como iniciativa orientada

a materializar y focalizar el inters del sector empresarial

en apoyar los procesos de reinsercin y reconciliacin. En

los ltimos aos, bajo distintas modalidades y con algunas

intermitencias, este sector ha resultado ser un aliado es-

tratgico importante y con mucho potencial de cara a los

programas del gobierno y particularmente de la Agencia

Colombiana para la Reintegracin (ACR), orientadas a la

reintegracin socioeconmica de excombatientes.

Teniendo en cuenta tanto las percepciones existentes so-

bre el conicto y la paz en Colombia, como la importancia y

experiencia del sector empresarial frente a estos temas, a con-

tinuacin se presentan los principales hallazgos del estudio

realizado por la FIP, que se reeren a la posicin y expectativas

de los lderes empresariales con respecto a una posible ne-

gociacin con las FARC, a las formas de participacin y a los

aportes del sector empresarial frente a dicho proceso.


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1. Empresarios y preferencias frente a la salidadel conficto armado con las FARC

La primera pregunta formulada a los lderes empresariales estuvo relaciona-

da con su percepcin y preferencia respecto a una posible salida al conicto ar -

mado en Colombia. A partir de las respuestas obtenidas, la FIP identic algunasposiciones dominantes entre los lderes empresariales.

La fuerza de la razn. La mayora de los lderes empresariales considera que

la negociacin es la salida ms probable y deseable al conicto armado en Co -

lombia. En primer lugar, por la improbable ecacia de la salida militar: la solu -

cin militar, entendida como la aniquilacin del grupo armado, no parece realista

para los lderes empresariales. La prueba de que esa opcin es poco factible se

evidencia en la prolongada duracin del conicto. Finalmente, los grupos guerri-

lleros han demostrado a lo largo de la historia gran capacidad de resistencia y

adaptacin.

Otra consideracin de peso es la de las consecuencias humanas y polticas

de la solucin militar: los altos costos humanos de la solucin militar y el resen -

timiento que genera, pueden atentar contra la futura sostenibilidad de la paz

cuando es lograda en forma violenta. una salida negociada podra ser ms

sostenible y dejar menos heridos que hagan que el pas pueda reconstruir las re-

laciones con unos niveles que generan una mayor conanza entre las partes.

Aunque de manera un tanto reticente, muchos lderes empresariales en-

trevistados le reconocen carcter poltico a las FARC. As, algunos empresarios

sugieren que para iniciar un dilogo es necesario que las FARC reconozcan el

agotamiento de la va militar para el logro de su propsito poltico. El hecho que

ms dudas genera para reconocerles la condicin poltica es su involucramiento

en actividades de narcotrco.

A pesar de ello, parece subsistir entre los entrevistados un rescoldo de la tra-

dicin cultural colombiana que tiende a abrirle espacio a la negociacin polticacon la guerrilla sobre la base de que son delincuentes polticos y no comunes.

Pero este reconocimiento como ya dijimos, reticente no incluye aceptar que

la subversin exprese la legtima insatisfaccin de algunos sectores de la pobla-

cin, derivada de las injusticias e inequidades sociales y econmicas existentes.

Otros empresarios muy pocos se inclinan por la negociacin poltica en razn

de sus convicciones personales.

Salvo contadas excepciones como la de quienes creen en la salida nego-

ciada por conviccin los partidarios de la negociacin parten de un presupues-

to que puede leerse en clave del lmite poltico a la aceptacin de una posible

negociacin con la guerrilla: el Estado slo puede negociar en condiciones de

superioridad militar y poltica.

En ese sentido, la experiencia del Cagun percepcin de debilidad militar

y poltica del Estado es un paradigma negativo que los empresarios no estn

en disposicin de aceptar. La accin militar debe ser permanente, los xitos mi-

litares contra la subversin son paradjicamente una fuente de oxgeno para

las posibilidades de la negociacin poltica. Por el contrario, bajar la guardia en

esa materia es quitarle piso poltico a la negociacin. Por lo dems, tal como lo

recuerda uno de los entrevistados, los presidentes que se la han jugado por la so-

lucin poltica negociada han sufrido serias crisis de popularidad. De manera que

pensar que la fuerza legtima

termine por aniquilar la

subversin es una hiptesis, a mi

modo de ver, muy improbable

Mejor un mal arreglo que una

buena pelea

Las FARC deben reconocer

que su aspiracin de tomarse

el poder por la va armada

fracas

Por experiencia, por formacin

y por conviccin, creo en la

solucin poltica del conicto

armado. Creo en la negociacin

poltica desde hace 50 aos


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los partidarios de la negociacin, en ltimas, coinciden con los que consideran

que debe aplicarse una combinacin permanente entre fuerza y razn. Procede-

mos a explicar dicha opinin.

La combinacin de la fuerza y la razn. Dentro del grupo de lderes empresa-

riales que est a favor de la negociacin, se identica un subgrupo representativo

de empresarios que considera explcitamente que el conicto armado colombia-

no se superar por una combinacin de fuerza y razn. La accin militar tiene elobjetivo de sentar a la guerrilla en la mesa del dilogo, en condiciones favorables

al Estado.

Debilitar a la guerrilla militarmente no slo incrementa la probabilidad de una

negociacin sino que disminuye los costos potenciales de la misma. Incluso los

empresarios que maniestan su apoyo irrestricto a la negociacin con la guerrilla,

consideran que la accin militar es una obligacin del Estado. En general, hay un

reconocimiento a lo alcanzado por el gobierno Uribe en materia de debilitamiento

militar de las guerrillas y es ese reconocimiento el que le abre espacio a la posible

negociacin poltica. El uso de la fuerza puede inducir a la razn.

La razn de la fuerza. Los partidarios de la solucin de fuerza o predomi -

nantemente militar que son una minora poco representativa entre los entre-vistadosfundamentan su opinin en el realismo poltico: no hay otra opcin.

Uno de ellos arm: si ellos estn matando, de todas maneras toca acabar con

esos lderes, no veo otra situacin, s siento que la nica manera de sacar

adelante esto es, desafortunadamente, liquidarlos. Otro de los entrevistados

seal que yo no creo que eso sea cuestin de preferencias Yo no creo que

uno pueda escoger y decir: me gustara que fuera por la fuerza o que sea por la

razn Entonces me parece como estn hoy las cosas () muy difcil que

sea por la razn. En sntesis, no hay nada que evaluar, la fuerza se impone, en-

tre otras cosas porque no hay interlocutores vlidos en el campo de la guerrilla.

Otros, desde una perspectiva ms ideolgica y radical, consideran que slo los

aliados de la guerrilla pueden ser partidarios de la negociacin.

1.1 Visiones sobre el conficto y la guerrilla

La imagen de la organizacin guerrillera. Ahora bien, hay un conjunto de ar-

gumentos que es comn tanto entre quienes se inclinan por la solucin de fuerza,

como aquellos que, aunque partidarios de la solucin negociada, tienen dudas

sobre la viabilidad o ecacia de la misma (estos dos grupos juntos no constituyen

una mayora entre los entrevistados). Existe una opinin difundida entre estos l-

deres segn la cual los rasgos organizacionales de las FARC demuestran que sus

comandantes han perdido comando y control, comunicacin y unidad interna.

Luego, la negociacin, si se diera, sera cticia o cuando mucho, parcial. La

parte de la organizacin involucrada en el narcotrco sera resistente a cual -

quier negociacin. Otros entrevistados, dentro de este grupo, consideran que lasFARC han sido federadas o feudales desde siempre y por tanto la dicultad de

negociar con una organizacin disgregada siempre ha existido. Para stos, tal

situacin podra haberse agudizado en los ltimos aos, con lo cual la organi -

zacin se habra degradado en mayor proporcin, haciendo ms difcil cualquier

escenario de negociacin.

Para algunos de estos empresarios, la cpula guerrillera tiene una mentali-

dad y unas limitaciones intelectuales que obligan a la solucin militar o dicultan

sobremanera la solucin negociada. Algunos de estos entrevistados tienen una

La accin militar tiene la

funcin de imponer la va de

la negociacin, no dejarle

alternativa a la guerrilla. El

Gobierno debe saber bien

cundo usar cada una de las

opciones

No hay con quin hablar

Yo creera que por ms que

llegramos a unas negociaciones

de paz, (debido al narcotrco)

llegaramos solo con algunas

fracciones de las FARC y no con

las FARC en pleno

No tienen la capacidad

intelectual para enfrentar la

complejidad del pas


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imagen muy negativa de los comandantes de las FARC. Segn estas opiniones,

los comandantes estn aferrados a un status quo en el que tienen poder, pero

si se llegara a disolver la organizacin militar, perderan esos privilegios. Uno de

los entrevistados que tuvo contacto directo con la cpula de las FARC durante

las negociaciones del Cagun, comentaba la ancdota de que Briceo deca

que para l el riesgo es la paz (pues) l pasaba de ser un comandante muy

beligerante y con mucho poder y mucho mando ha convertirse en un conductor

de tractomula.

Pero la cpula no es solamente un problema por los intereses creados para

mantener su posicin de poder, sino tambin porque la situacin jurdica de los

comandantes, despus de una negociacin de paz, se percibe mucho ms di-

fcil de resolver en la actualidad que durante la dcada de los noventas. Los

empresarios son conscientes del rigor que imponen los estndares jurdicos in -

ternacionales para enjuiciar a los perpetradores de crmenes de guerra y de lesa

humanidad. En esas condiciones consideran que es muy difcil ofrecer a los co -

mandantes la posibilidad de indultos y amnistas como incentivo.

El marchitamiento del conicto. Una posicin minoritaria pero digna de te-

nerse en cuenta es aquella que sugiere que el conicto no se resolver ni porla victoria militar ni por la va negociada, sino a travs del desarrollo del Estado

Social de Derecho en el territorio nacional. Si el Estado proporciona los bienes

pblicos que le corresponden incluyendo la seguridad y se aleja del asistencia-

lismo individualista, la paz ser posible y la negociacin poltica con la guerrilla no

ser necesaria. Esta aproximacin coincide con la que sostienen otros sectores

del pas, que consideran que se pregura en el futuro inmediato la degradacin

inercial de las guerrillas, su conversin en seores de la guerra o en criminales

de base local o regional.

Segn esta opinin, la estrategia de seguridad del Estado punitivo/policial

debe ir acompaada de inversin pblica que le garantice oportunidades a los

ciudadanos, incluidos los que hoy estn vinculados a los grupos armados. Un

punto de vista cercano al descrito es el de quienes proponen que el Estado siga

haciendo reformas (ley de restitucin de tierras, de reparacin vctimas, etc.) que

le quiten a la guerrilla sus banderas de justicia social, frente a las cuales carece

de legitimidad.

pero cuando se habla ya

de los jefes hay problemas

de crmenes que son

verdaderamente contra la

humanidad


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2. Condiciones previas para la negociacin

La segunda pregunta hecha a los lderes empresariales se plante en estos

trminos: suponiendo que la salida escogida por el gobierno sea la negociada,

cules cree que son las condiciones necesarias para iniciar un dilogo?, cu-

les son las tres que Usted considera claves?, liberacin de secuestrados, entre-

ga y erradicacin de cultivos ilcitos, entrega de menores de edad combatientes,

entrega de mapas de minas o cese al fuego o de hostilidades?

Como se puede observar, la pregunta propona o sugera una serie de pre-

condiciones que son las ms invocadas tanto por expertos como por polticos y

ciudadanos en general, cuando se plantea la posibilidad de entablar un proceso

de negociacin con la guerrilla. Aun cuando no est explcito en la pregunta, en

principio se trata de acciones o actos que se exigiran de las FARC. Esto no impi-

di que algunos pocos empresarios consideraran que las precondiciones debe -

ran ser recprocas, es decir, tambin exigidas al Estado como muestras de su

voluntad de paz.

En todo caso, una opinin compartida por la mayora de empresarios es que

a las FARC les corresponde, mediante el cumplimiento de las precondiciones,demostrar que tienen un compromiso con la terminacin negociada del conicto.

En esa particular representacin, el Estado aparece dispuesto a la negociacin

poltica, siempre que la guerrilla demuestre su buena voluntad con actos de paz.

Tambin est el elemento compartido por la mayora de lderes empresariales

entrevistados que ya se mencion y es que la negociacin con la guerrilla debe

darse en condiciones de superioridad militar y poltica del Estado. Aunque no

siempre se diga de manera explcita, prevalece la nocin de que la simetra de

poder Estado/guerrilla alejara las posibilidades de negociacin. Por ello se pue-

de armar que frente a los lderes empresariales, la percepcin de ecacia en la

accin militar es una condicin de posibilidad para lograr su apoyo a la alternati-

va de negociacin poltica del conicto.Solo un empresario considera que no debe hablarse de precondiciones sino

que las partes deben acordar desde el principio los temas de la agenda. Las

precondiciones, segn esta opinin, obstaculizan la negociacin. Para este em -

presario, los actos, que en la pregunta de la FIP se presentan como precondicio-

nes, son vistos como resultados que podran producirse durante o despus de la

negociacin.

El rechazo al secuestro. Los empresarios entrevistados recogen la opinin y

el sentir de la mayora de los colombianos, en la medida en que es casi unnime

la exigencia de abandono del secuestro por parte de las FARC como condicin

para iniciar un proceso de negociacin, aunque no profundizan mucho en las

razones de esa opinin. Esto puede ser debido a que se trata de un delito cla -

ramente rechazado por la sociedad, que no requiere mayor justicacin ponerlocomo precondicin. Ahora bien, hay posiciones diversas respecto del alcance de

esta precondicin que van desde la entrega de todos los secuestrados hasta la

promesa y el abandono efectivo del secuestro como arma de guerra y fuente

de nanciacin.19 Para casi todos los entrevistados es la precondicin que tiene

mayor importancia.

Ms que precondiciones, hay

que crear conanza entre las

partes Las precondiciones

previas, por lo general, se

rompen y hay que levantarse de

la mesa

Yo creo que lo ltimo que

ellos entregaran seran los

cultivos ilcitos y los menores

uniformados

19 Vale recordar que el periodo en que se realizaron las entrevistas fue anterior a la liberacin de los ltimos 10 policas y militares secuestrados por las FARC.

El Estado tiene que ganarse la

conanza y las FARC y el ELN ()

y todos los actores tienen que

ganarse la conanza. La nica

manera es con hechos


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Negociaciones en un escenario

de enfrentamiento no son

posibles Un cese al fuego

con una vigilancia clara y con

compromiso del Estado de evitar

que () se rompa por terceros

que estn en el conicto...

Cese al fuego y de hostilidades. La siguiente precondicin en importancia es

la del cese al fuego o de hostilidades.20 Sin duda, esta exigencia, que en ltimas

cobija a los dos contendientes (nunca se plante como un cese al fuego unila -

teral), tiene su fundamento en la experiencia del Cagun. La importancia que

algunos de los empresarios entrevistados le coneren al cese al fuego es tal que

consideran que podra ser la nica precondicin. Es claro que este cese al fuego

no presupone la existencia de zonas desmilitarizadas. Algunos de los entrevista-dos plantearon la posibilidad de un congelamiento de posiciones de las fuerzas y

frentes para efectos de vericacin del mencionado cese al fuego. En todo caso,

varios entrevistados reconocen la necesidad de ofrecer condiciones de seguridad

a las fuerzas guerrilleras y de suspender las operaciones de persecucin a la

guerrilla por parte de la Fuerza Pblica.

Sin embargo, uno de los entrevistados manifest que no crea posible que las

FARC fueran a negociar prematuramente un cese al fuego y que si se diera, sera

producto de un avance importante en el proceso de negociacin. Otro empresario

consider que el cese al fuego como precondicin slo se puede exigir si el Esta-

do ha derrotado militarmente a la guerrilla.

El abandono del narcotrfco. En cuanto a la posibilidad de exigir el abandonodel narcotrco por parte de la guerrilla (cultivos ilcitos, laboratorios, trco) como

precondicin para iniciar una negociacin poltica, la mayora de los empresarios

consultados mostraron una opinin realista. No creen viable que las FARC vayan

a reconocer fcilmente su participacin en el negocio ilegal y en consecuencia,

tampoco se van a comprometer a abandonarlo. Un compromiso de ese calibre se

alcanzara ms bien como producto de la negociacin y no como exigencia previa a

la misma. Por lo dems, en opinin de algunos de los entrevistados, la guerrilla tie-

ne en el narcotrco una fuente de nanciacin menos letal que aquellas que even-

tualmente la remplazaran si se vieran forzadas a abandonarla prematuramente:

secuestro, extorsin, robo, etc. Adicionalmente, consideran que el retiro del control

de la guerrilla sobre los cultivos ilcitos puede ser fcilmente reemplazado por otros

grupos armados ilegales como, por ejemplo, las bandas criminales.

Un dato interesante que se recoge en las entrevistas es la opinin generali -

zada de que las polticas antidrogas deben ser objeto de revisin. La mayora de

lderes empresariales que mencionaron el tema piensan que hay que buscar sali-

das diferentes a las aplicadas en los ltimos aos basadas en el prohibicionismo.

Algunos maniestan que el narcotrco y el consumo de estupefacientes deben

dejar de ser un problema penal y judicial para volverse uno de salud pblica. En

todo caso la mayora de ellos es consciente de que se trata de una decisin difcil,

pues el narcotrco no es un problema slo de Colombia sino internacional.

La derrota militar y negociacin de la rendicin. Un grupo minoritario de l-

deres empresariales, que se corresponde obviamente con la de quienes apoyan

la va militar como salida al conicto armado, considera que la derrota militar esla precondicin para cualquier negociacin. Con ello, en todo caso, reconocen

que an la rendicin militar amerita una negociacin sobre el cese al fuego y el

proceso posterior de desmovilizacin, desarme y reintegracin (DDR).

20 Es necesario aclarar que en las entrevistas no se hizo la distincin tcnica entre cese al fuego (suspensin de la accin militar entre estructuras armadas)

y el cese de hostilidades (suspensin de actos destructivos contra la infraestructura, los bienes privados y la poblacin civil). Por lo tanto, los dos conceptos

se deben entender como un cese de la violencia fsica en cualquiera de sus formas.

El pas y el mundo tienen que

migrar hacia un esquema distinto

donde el narcotrco sea un

problema de salud pblica

Una eventual negociacin

tiene que partir de la base de

hacerla de forma diferente a las

anteriores, en una geografa no

colombiana, cero espectculo y

con un movimiento, llammoslo

negociador, mucho ms discreto,

mucho ms asertivo


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Otras precondiciones. Las respuestas sobre otras precondiciones sugeridas

en nuestra pregunta (abandono del uso de minas antipersona y gua para el des-

minado, no ms reclutamiento de menores de edad y entrega de menores que

estn en las las), reejan que los empresarios estn menos familiarizados con

ellas. Esto posiblemente se deba a que se trata de aspectos del conicto menos

visibles o de ms reciente reconocimiento. Entre las dos precondiciones, la que

tiene mayor importancia es la de entregar mapas de minas, quizs porque losdaos producidos por stas aparentemente son difundidos con cierta asiduidad

por los medios de comunicacin.


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Gente que ha estado toda su

vida dispuesta a matar o a que la

maten, necesita una buena raznpara dejar las armas y el monte

Es mejor un mal arreglo que una

buena pelea. Yo creo que aplica

para este tema y cuando se trata

de salvar vidas humanas, con

mayor razn

3. Empresarios y agenda de negociacin con lasFARC

Una vez resueltas las preguntas sobre las opciones para la resolucin del con-

icto armado con las FARC y sobre la denicin de las precondiciones necesarias

para posibilitar la negociacin, se les pregunt a los lderes empresariales acercade sus preferencias y percepciones frente a una agenda de negociacin y en ese

sentido, sobre qu debera ser objeto de negociacin.

Alrededor de este punto, la FIP identic tres lneas de anlisis sobre las cua-

les se organizaron las respuestas de los empresarios: el alcance de la agenda,

los discursos alrededor de la agenda y el contenido de la agenda de negocia-

cin. Cada una de estas lneas da cuenta de posiciones encontradas dentro del

empresariado, aunque de igual forma, es posible identicar algunas posiciones

predominantes en la mayora de temas que arrojan algunos indicios sobre lo que

estos lderes consideraran legtimo como materia de negociacin.

3.1 De las precondiciones a la mesa de negociacinConicto, precondiciones y agenda. Sin duda, las respuestas de los lderes

empresariales sobre la agenda de negociacin estn condicionadas en gran me-

dida por la percepcin que tienen sobre el conicto armado y sobre el balance de

fuerzas entre los actores involucrados. La amplitud y el alcance de los temas a

negociar dependen del anlisis que hacen los empresarios sobre la evolucin del

conicto y sobre la posicin de poder en la que se encuentran sus actores. As las

cosas, en la medida en que la percepcin de los empresarios sobre el conicto

destaca los logros del Estado y el debilitamiento de la guerrilla, el contenido de la

agenda tiende a hacerse ms limitada, en el entendido en que el Estado goza de

una mejor posicin para negociar.

Se evidencia entonces una relacin inversa entre la percepcin que se tiene

de la dinmica del conicto y la generosidad de la agenda: en la medida en que elbalance de fuerza sea ms favorable al Estado, tal y como lo conciben la mayora

de empresarios en la actualidad, se asume que ste tiene una mejor posicin

para denir los trminos y condiciones de la negociacin y por esa va, se presu-

me que el contenido de la agenda tender a ser mucho menos generoso con la

guerrilla.

De manera implcita, las respuestas de un gran nmero de lderes empre-

sariales entrevistados delinean el siguiente escenario: mientras el Estado lleve

la delantera en materia de orden pblico, cualquier gobierno actual o futuro-

contara con el suciente capital poltico para adelantar una negociacin con las

FARC. Sin embargo, este capital poltico no representa un cheque en blanco

para denir los trminos de la negociacin. Como se ver ms adelante, la dis -

crecionalidad de cualquier gobierno para denir la agenda de negociacin estar

acotada a una serie de temas y propuestas de alcance restringido.

Aunque en las respuestas de los empresarios consultados existen pocas

alusiones directas al gobierno de Juan Manuel Santos, la denicin de la agen-

da para la mayora de estos empresarios parte del principio de que el gobierno

actual cuenta con dicha capacidad para concebir un escenario de negociacin,

denir una hoja de ruta de esa negociacin e imponer las condiciones y temas

sobre los cuales dicho proceso eventualmente se mover.

Hay que hacerlo en dos etapas.

La primera de construccin de

conanza y una segunda de

negociacin, pero no se puede

negociar sin haber construido

conanza, que es lo que hadicultado el proceso


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De otro lado, de las respuestas de la mayora de empresarios se inere una

segunda lnea de argumentacin relacionada con las precondiciones, la genera-

cin de conanza y la agenda de negociacin. Si bien las precondiciones parecen

ser la pieza fundamental sobre la cual se hace viable cualquier escenario de ne-

gociacin, aparentemente no es posible identicar algn tipo de relacin causal

entre altos niveles de conanza entre las partes (producto de un eventual cumpli-

miento de las precondiciones) y el contenido y alcance de la agenda.Experiencias pasadas. Adicionalmente, es importante sealar que dentro de

las variables relevantes que condicionan el alcance de la agenda, aparece como

factor recurrente en las respuestas de los lderes empresariales la alusin a

experiencias de negociacin pasadas con grupos guerrilleros y paramilitares, lo

cual termina por moldear las respuestas frente a la pregunta sobre la agenda.

Tres experiencias de negociacin son recurrentes en las entrevistas: el proceso

de paz con el M-19, el Cagun y la desmovilizacin de las AUC.

Cada una de estas experiencias condiciona las propuestas y comentarios de

los empresarios respecto a puntos especcos de la agenda: el caso del M-19 es

invocado como una experiencia exitosa susceptible de ser replicada en cuanto a

la generacin de espacios polticos para excombatientes; el proceso del Cagunarroja lecciones sobre los inconvenientes de abordar una agenda de negociacin

demasiado amplia; mientras que el proceso con los paramilitares es una muestra

de las falencias en cuanto al cumplimiento de los compromisos alcanzados res-

pecto de ciertos temas, principalmente la reintegracin y la justicia.

De estos tres casos, empero, el proceso del Cagun parece inuir de manera

ms contundente en las preferencias de los empresarios sobre la agenda. Como

es la experiencia ms cercana de negociacin con las FARC, este proceso y su

fracaso restringe el alcance que la gran mayora de lderes empresariales le otor-

gan a la agenda: la posibilidad de abordar una agenda amplia, donde se discuten

reformas estructurales y de Estado a travs de una negociacin abierta e inclu -

yente a una multiplicidad de actores, tal y como se plante durante ese proceso

de paz, queda fuera de discusin frente a un eventual proceso de negociacin

con las FARC.

Restricciones en tres dimensiones. De acuerdo con las respuestas de los

lderes empresariales, al hablar de la agenda de negociacin, el discurso sobre

lo que es posible negociarparece volverse ms fuerte y recurrente que el discur-

so sobre lo deseable o preferible para negociar. Este discurso est atravesado

por una serie de restricciones que los lderes empresariales entienden tiene el

Estado en materia de negociacin y que responden a tres razonamientos. El pri-

mero tiene que ver con el contexto internacional, en donde encuentran una serie

de condicionamientos jurdicos y legales que restringen el alcance de la agenda

frente a temas concretos como la posibilidad de establecer una amnista o indul-

to para los excombatientes.Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia penal

as como el funcionamiento de instancias internacionales con competencias in-

vestigativas y sancionatorias en materia de violaciones de derechos humanos,

segn algunos lderes empresariales, limitan el margen de maniobra del Estado

para ofrecer algn tipo de benecio en trminos de favorabilidad penal.

El segundo razonamiento se relaciona con el capital poltico con que cuenta

el gobierno para llevar a cabo una negociacin. En este caso, tal y como se expli-

c anteriormente, algunos de los empresarios entrevistados reconocen implcita-

Yo no creo que eso sea

cuestin de preferencias. Igual

que la poltica, que es el arte

de lo posible, yo creo que lanegociacin, si es que llega a

haber una negociacin, es el arte

de lo posible

Obvio, en una negociacin habr

que escuchar cules son los

puntos de la guerrilla y pensara

que no son necesariamente que

el Estado tiene que volverse

comunista. Pero con seguridad

tendrn sus planteamientos que

dentro de una democracia se

pueden escuchar


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mente que si bien existe un capital poltico suciente para plantear un escenario

de negociacin, ste no alcanza para viabilizar una agenda con temas estructu-

rales o con capacidad transformadora del orden constitucional existente. El costo

poltico de repetir un esquema como el Cagun, delimita el rango de temas sobre

el cual se debera mover la negociacin.

El ltimo razonamiento que incide en la forma como algunos de los empre-

sarios entrevistados conciben la agenda de negociacin tiene que ver con la per-cepcin que tienen sobre la guerrilla. En particular parece incidir el que se le

vea como militarmente disminuida pero con capacidad para afectar regiones y

poblaciones (costo humano) y con nexos con el narcotrco, y al mismo tiempo

se le considere incapaz de abordar temas de actualidad y mucho menos aquellos

relacionados con sus reivindicaciones histricas, dadas sus posturas que son

calicadas de anacrnicas.

3.2 Narrativas alrededor de la agenda de negociacinA partir de las entrevistas realizadas es posible identicar una serie de discur-

sos y narrativas que demarcan la naturaleza y el carcter que los empresarios le

asignan a la negociacin y a su agenda.Los discursos de la oferta y del dilogo. Hay dos vertientes sobre lo que

los empresarios entienden por negociacin y agenda de negociacin. Por un lado,

se encuentran aquellos que son la mayora de entrevistados- que consideran la

negociacin como un proceso en el que el Estado plantea una oferta frente a la

cual espera una respuesta positiva por parte de la organizacin guerrillera; esta

oferta normalmente est denida en trminos de incentivos que los empresarios

consideraran aceptables y sucientes para propiciar concretamente la desmovi-

lizacin y reintegracin de los combatientes.

Este discurso de la oferta est atravesado por varios tipos de justicaciones

recurrentes en respuestas anteriores. La imposibilidad de la derrota militar de

las FARC y el costo humano de la guerra (argumento del sacricio y concesin

frente a la guerrilla), el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la

reproduccin de condiciones de desigualdad y pobreza que alimentan el conicto

armado (argumento de la mea culpa) o en menor medida, el reconocimiento de la

lucha histrica y de las reivindicaciones esgrimidas por el grupo guerrillero desde

sus orgenes (argumento de la compensacin), entre otros, suelen ser narrativas

que refuerzan la idea de ofrecer un paquete de incentivos sobre el cual girar el

proceso de negociacin.

De otro lado, se identica un discurso de dilogo en donde algunos empre-

sarios consideran que la negociacin incluye un proceso de interlocucin entre

las partes en dos niveles: en el primero se discuten y ajustan los trminos del

desarme, la desmovilizacin y reintegracin de excombatientes (DDR), y en el

segundo nivel habra discusin y acuerdo sobre reformas de mayor calado a nivelinstitucional, jurdico y socioeconmico. La mayora de empresarios combinan el

discurso de la oferta con el de dilogo sobre los trminos del DDR.

Adicionalmente, respecto al margen de maniobra y exibilidad con la que se

espera cuente un eventual proceso de paz, un gran nmero de empresarios en -

trevistados concuerda al visualizar un proceso de negociacin que cuente con un

margen de error mnimo, es decir, lo sucientemente calculado de manera que

est exento de retrocesos, impasses o improvisaciones por parte de cualquier

actor involucrado. Al mismo tiempo, dicho abordaje no podra ser susceptible a la

La agenda sera para denir las

condiciones de desmovilizacin,

desarme y reintegracin. Pero

eso no debe impedir que el

Estado o el Gobierno tome

decisiones no negociadas

encaminadas a ofrecer apertura

poltica a la guerrilla


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accin de cualquier agente externo a la negociacin o a cualquier accin militar

o hecho de violencia que quebrante alguna de las precondiciones o acuerdos

previos a la negociacin.

Acerca del reconocimiento y las expectativas. A partir de las respuestas apor-

tadas por los lderes empresariales es posible identicar una variable que afecta

la denicin de la agenda y est referida a los actores y a la forma como se

reconocen las partes entre s, en el momento de negociar. Sobre este punto seconrman dos ideas anteriormente sugeridas. La primera es entender efectiva-

mente que la negociacin como tal no est trazada entre iguales, especialmente

si se tienen en cuenta variables como poder militar, legitimidad y capital poltico,

razn por la cual la mayora de empresarios termina apostndole a la idea de una

oferta de negociacin.

Al mismo tiempo consideran que dicha oferta debera responder y balan-

cear las expectativas del grupo guerrillero y del Estado y prometer un paquete de

negociacin sucientemente sustancioso que permita la negociacin pero que

no comprometa la institucionalidad existente. Varios empresarios se reeren a

que la agenda debera responder a las expectativas de los actores (ms a las del

Estado que a las de la guerrilla), en funcin de garantizar la sostenibilidad delproceso de paz.

En ltimo trmino, desde la perspectiva de algunos empresarios, la agenda

estar delimitada en gran parte por la necesidad de dar un incentivo real a la

guerrilla, pero ser mucho ms efectiva en la medida en que pueda garantizar

la estabilidad institucional y al mismo tiempo responder a ciertas expectativas

colectivas e individuales de los guerrilleros.

3.3 El contenido de la agendaEn cuanto al contenido de la agenda se abordaron tres campos temticos

con los entrevistados: los aspectos socioeconmicos, los polticos y los penales.

Temas socioeconmicos: agenda restringida vs. amplia. En esta materia se

les pregunt acerca de su postura respecto a una agenda de negociacin amplia

que incluya reformas estructurales o una restringida al desarme, desmoviliza -

cin y reintegracin (DDR). Los lderes empresariales son precisos en denir los

lmites de lo que para ellos es negociable en este campo y en su mayora optan

claramente por la agenda restringida. Ahora bien, se observa alrededor de esta

postura una serie de consideraciones sobre las cuales es importante detenerse.

Por un lado, est el reconocimiento que hacen buena parte de los empresa -

rios entrevistados sobre la existencia de desigualdades sociales en Colombia,

entendidas por ellos como factores generadores de violencia, y a la vez, como

caballito de batalla de los grupos guerrilleros activos. Aun cuando la mayora de

los empresarios consultados coincide en que la discusin sobre modelo econ -

mico, modelo de estado y posibles reformas estructurales es inadmisible en unamesa de negociacin con las FARC, tambin reconocen que el Estado colombiano

debera de manera paralela avanzar y discutir en escenarios democrticos,

reformas de fondo que le apunten a mejoras concretas en materia de pobreza, re-

distribucin de la riqueza, oportunidades laborales y de ascenso social y acceso

a servicios pblicos, entre otros. En esta medida, ven a la par de una negociacin

con una agenda recortada en materia socioeconmica, el impulso a reformas

que generen condiciones econmicas y sociales aceptables y que garanticen una

paz duradera.

No s qu tan fcil sea

tragarse ese sapo, pero

me parece que el gran

reto, como lo ha sido

con los paramilitares, es

saber qu se hace con lapoblacin

El presidente Santos lo que

est haciendo es quitndole

legitimidad a las banderas de las

FARC antes de la negociacin,

mejor dicho, abonando el

terreno


18/30


Entre las ideas que gozan de consenso entre los lderes empresariales para

apoyar esta postura estaran: la prdida de norte ideolgico por parte de las

FARC, la nocin de que el tema de la desigualdad debe ser causa de reivindica-

cin de toda la sociedad y no slo de un grupo guerrillero, y el reconocimiento de

que parte de esa agenda estructural o bien puede ser discutida al interior de las

instituciones democrticas o ya est siendo asumida como parte de la agenda

poltica del actual gobierno.Vale hacer la salvedad de que unos pocos empresarios, en virtud de la enor-

me inequidad que caracteriza a Colombia y con el nimo de darle algn recono -

cimiento al grupo guerrillero, aceptaron la posibilidad de incluir en la agenda de

negociacin la discusin sobre reformas en este campo.

Por otro lado estn las observaciones alrededor del DDR y en particular sobre

la reintegracin. La posibilidad de ofrecer un plan slido de reintegracin econ-

mica y social a los desmovilizados de grupos guerrilleros, que incluya oportunida-

des laborales y condiciones de inclusin con el sector productivo, acceso a salud

y educacin, entre otros, es entendida por los empresarios como uno de los es-

pacios donde el gobierno tiene mayor margen de maniobra para negociar y puede

ser generoso con los grupos guerrilleros. Por lo dems, la mayora de los lderesentrevistados entiende que es en esta parte del proceso donde el sector empre-

sarial tiene mayor espacio para participar, aun cuando ven con mucha reserva

la posibilidad de involucrar directamente en sus empresas a los desmovilizados

como se discutir ms adelante.

Hay que decir que los empresarios consultados no visualizan otras alterna-

tivas de reintegracin como, por ejemplo, la incorporacin de excombatientes

dentro de la Fuerza Pblica. Ms an, esta opcin slo la consideran cuando se

les pregunta directamente por ella y en general la reaccin es adversa. Les pa -

rece que habra riesgos grandes de corrupcin en la Fuerza Pblica al incorporar

desmovilizados que han delinquido y que no son profesionales. Tambin les pare-

ce inviable debido a las posibles cuentas pendientes que puedan existir entre

miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y guerrilleros.

Asuntos polticos: concesin vs. reconocimiento. Asumiendo que la posibi-

lidad de plantear grandes reformas al Estado est descartada, los empresarios

entrevistados en esencia no tienen presente temas como el de la favorabilidad

poltica, entendida como la posibilidad de que los desmovilizados ejerzan (bajo

un rgimen especial) funciones pblicas o de representacin popular, como parte

de la agenda de negociacin. Slo lo consideran cuando se les pregunta direc-

tamente sobre el particular. Al respecto, identicamos hasta el momento tres

posiciones.

La primera que es denitivamente la mayoritaria y la de mayor consenso a lo

largo de este estudio segn la cual los empresarios estaran de acuerdo con que

se incluya en la agenda de negociacin la posibilidad de que los desmovilizadosaccedan a cargos de representacin popular. En este caso, los lderes empre-

sariales apoyan la idea de que los desmovilizados participen en poltica pues

consideran que la inclusin de estos actores dentro del escenario democrtico

es una forma de revalidar la institucionalidad y los mecanismos de participacin

poltica existentes.

Invocando recurrentemente la experiencia del M-19, la mayora de estos

empresarios asume que la ganancia de las FARC con la negociacin estara re -

presentada en la posibilidad de que ellos pudieran tramitar sus demandas y pro-

Las reivindicaciones sociales

ya no necesitan organizaciones

guerrilleras, ni las armas, para

lograr los cambios. Si usted

habla con el empresariado,

todos estarn de acuerdo en que

deben darse profundos cambios

sociales, tiene que haber una

redistribucin de la riqueza. Es

posible

Tiene que ser una cosa

temporal, una legislatura o una

cosa por el estilo. Que sea la

democracia la que se encargue

de denir si se ganan esos

espacios o no


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puestas a travs de los canales democrticos establecidos. Con ello sugieren que

la negociacin sobre reformas al sistema poltico con las FARC es innecesaria,

pues parten de la base de que el sistema actual otorga garantas plenas para la

satisfaccin y participacin de los diferentes actores y de los intereses y secto -

res que representan. Paradjicamente tienen como referente exitoso el caso del

M-19 cuya participacin poltica democrtica se inici mediante una frmula de

favorabilidad poltica.Un subgrupo de empresarios considera, sin embargo, que sera vlida una

frmula de conceder espacios de participacin y representacin poltica de ca -

rcter transitorio. Esto es, garantizando acceso en un primer momento, pero sin

alterar permanentemente las reglas de juego existentes.

Finalmente y de manera marginal, estn aquellos empresarios que rechazan

la negociacin con las FARC y sostienen que no sera aceptable ofrecerle espa-

cios polticos debido a su prontuario delictivo.

Asuntos penales: castigo vs. sacrifcio. Frente a la posibilidad de que la agen-

da de negociacin incluya algn tipo de benecio jurdico para los combatientes,

se encontr una cierta reticencia de los lderes empresariales por responder so-

bre este tema al considerarlo un asunto muy tcnico; aun as, hubo posicionesdivergentes respecto a la judicializacin propiamente dicha y al mecanismo para

hacerlo.

Alrededor de la posibilidad de judicializar a los miembros de las FARC estn

quienes creen (si bien no son un grupo mayoritario) que debe existir algn tipo de

perdn o benecio penal para darle viabilidad a la negociacin y sostenibilidad

a un eventual acuerdo de paz. De igual forma, se identica otro grupo de em -

presarios (minoritario) que exigen condenas para la totalidad de los combatien-

tes o reconocen la existencia de compromisos y obligaciones internacionales en

la materia que pueden obstaculizar la concesin de cualquier dosis de perdn,

teniendo en cuenta, principalmente, el rol cumplido por los jefes guerrilleros a

propsito del conicto.

Respecto al mecanismo a utilizar se distinguen de nuevo dos grupos no mayo-

ritarios que de alguna forma le otorgan validez a la ley de Justicia y Paz (principal-

mente a partir de los resultados demostrados en el caso de los paramilitares y de

la combinacin que hace entre perdn y castigo), como mecanismo til para el

procesamiento de los combatientes; y quienes, de otro lado, creen que es nece-

saria la construccin de un marco jurdico nuevo y especializado para la guerrilla

que pueda aplicar con efectividad medidas de perdn y castigo.

Estamos dispuestos a hacer los

sacricios que se tengan que

hacer para que las personas

que estn en el conicto puedan

reincorporarse a la sociedad civil

Yo siento, a veces, que

demasiadas manos en la sopa

la terminan daando. Creo

que, honestamente, entre

ms sencilla y directa sea una

eventual negociacin, mejor.

Tanto el Gobierno y la otra

parte del conicto los grupos

armados, en este caso las FARC

tienen suciente conocimiento y

bagaje para saber quines deben

hacer parte de un eventual

acuerdo


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4. Modelo de negociacin con las FARC

A partir de las respuestas obtenidas de los lderes empresariales en materia

de precondiciones y agenda, se identicaron algunas posiciones (no mayoritarias)

sobre el perl de la negociacin a realizar y la participacin de actores dentro de

la misma. Respecto al perl de la negociacin y de manera simple, se distingue

la posicin de aquellos empresarios que con sentido pragmtico le apuestan a

una negociacin rpida y cerrada que involucre slo a las partes en confrontacin

(gobierno-grupos guerrilleros), apuntando, probablemente, ms a la negociacin

de una agenda restrictiva en contraposicin a lo planteado en experiencias nacio-

nales pasadas de negociacin (discurso delegativo).

De otro lado, y de manera menos evidente que la posicin anterior, se en-

cuentran aquellos empresarios que respaldan la idea de un escenario de nego -

ciacin abierto a la interlocucin de todos los actores presentes en la escena

poltica, econmica y social del pas. Entre los actores de mayor mencin por

parte de este grupo de empresarios se destacan la Iglesia, organizaciones no gu-

bernamentales y algn tipo de veedura o intermediacin internacional (discurso

de la participacin incluyente).Dos anotaciones sobre este tema resultan pertinentes para el anlisis de

percepcin de los empresarios. Primero, un nmero mayoritario de lderes em-

presariales entrevistados considera que no se debe conceder participacin a los

militares dentro del proceso de negociacin con las FARC, pues consideran que

el gobierno es quien representa a este sector; no obstante, para stos, las ideas

y propuestas de los militares deben tener algn tipo de asidero dentro de la po -

sicin del gobierno.

En segundo lugar, no es claro el inters de los empresarios por participar

activamente dentro de las negociaciones: en teora, parecen asociar su papel

ms del lado del postconicto y la reintegracin de los excombatientes, que en

el proceso mismo de negociacin. De igual forma como se ver ms adelante,muchos de ellos asumen su compromiso con la paz en trminos de la generacin

de condiciones econmicas y sociales ptimas para los desmovilizados y la socie-

dad en su conjunto, en aras de evitar la reproduccin de la violencia en el pas.

No podramos decir que exista un modelo de negociacin compartido por los

empresarios entrevistados, pero s algunas caractersticas que en esencia dife-

renciaran un eventual proceso de negociacin de procesos del pasado.

Estas caractersticas seran:

Procesos secretos y debidamente protegidos contra la intervencin mediti-

ca, en especial, mientras se consolidan verdaderas voluntades de paz y se

garantiza que al menos no habr hostilidades entre las partes.

Procesos radicados en el exterior, pues segn la experiencia colombiana, las

negociaciones en el territorio nacional generan mucho ruido. La seguridad e integridad de los participantes en la negociacin debe garan-

tizarse por mecanismos diferentes a las zonas de despeje o desmilitarizadas,

frente a lo cual la negociacin en el exterior es una opcin.

Los tiempos de negociacin deben ser breves para evitar prolongaciones que

pueden exasperar a la opinin pblica y erosionar el apoyo poltico al proceso.

En la medida en que todos

esos actores estn, se le dar

ms validez al proceso y esos

actores van a ser parte de la

solucin, porque la solucin no

se va a dar como resultado de las

negociaciones entre el Estado y

los grupos armados al margen de

la ley. Va a ser al nal


21/30


5. Participacin del sector empresarial en uneventual proceso de paz con las FARC

Este captulo aborda la manera como los lderes empresariales perciben el

rol que estaran dispuestos a jugar frente a una eventual negociacin con las

FARC. En este sentido, no slo da cuenta de las actividades en las que serams viable contar con su participacin, sino que tambin revela sus motivaciones

para participar en este tipo de procesos, as como los escenarios, momentos y

recursos (econmicos y no econmicos) que entienden como propios para tal

participacin.

5.1 Espectro de participacinLa visin que tienen los lderes empresariales sobre su rol en una eventual

negociacin con las FARC abarca un espectro amplio de participacin que va des-

de asumir un rol directo dentro de la mesa de negociacin, hasta continuar con

actividades propias del empresariado como generar riqueza y desarrollo y por esa

va, garantizar condiciones para una paz sostenible.

Si bien las opiniones de los lderes entrevistados se ubican a lo largo de este

espectro, se pueden identicar tres tipos de posicin, que sin ser mutuamente

excluyentes, dan cuenta de diferentes estilos en la manera de percibir la partici-

pacin del sector empresarial en una eventual negociacin con las FARC. Por un

lado estaran quienes optan por una participacin amplia y directa tanto dentro

de la negociacin como en el postconicto; por otro lado y de manera mayori -

taria estn quienes preeren una participacin semidirecta acotada a tareas e

iniciativas propias del postconicto, que pueden ser fcilmente articuladas a las

actividades de cada empresa; y por ltimo, se encuentran aquellos que se in-

clinan por una participacin indirecta, asumida en trminos de los benecios

que se derivan de las actividades productivas del empresariado frente a una paz

sostenible. A continuacin se presenta una breve caracterizacin de cada uno deestos estilos.

Participacin amplia y directa a lo largo del proceso. Bajo esta perspectiva,

este grupo de lderes empresariales se ven a s mismos interviniendo en lo que

de acuerdo con la literatura sobre conictos armados se puede entender como

los tres momentos de un proceso de paz: peacemaking, peacekeepingy peace-

building.21

En este sentido, quienes en el sector empresarial ven su participacin de ma-

nera amplia y directa, incluyen en ella actividades que van desde apoyar los es-

fuerzos del Gobierno para dar lugar a las negociaciones y participar directamente

de ellas, hasta apoyar procesos de reintegracin socioeconmica. Cabe anotar

que dentro de este grupo es posible identicar un nmero de empresarios que

asocian este rol a la responsabilidad que creen ha tenido el sector empresarial en

la reproduccin del conicto en Colombia. As mismo, tal y como se expuso en el

captulo anterior, varios de estos lderes empresariales terminan respaldando la

idea de una participacin amplia que incluya a diferentes sectores de la sociedad

tanto en la etapa de negociacin como en la de DDR.

Es el ejemplo que pueden dar

los empresarios en la aceptacin

de que estas personas se

reintegren a la sociedad de

manera productiva. Esta

aceptacin signica tambin

entender el proceso, hacer

parte del proceso, apoyar a

estas personas que se van

reintegrando. Incluso entrar enmodelos de formacin y al nal

aceptarlos dentro de las propias

organizaciones

Desde ya!, desde eso que estn

haciendo de preguntarse qu

estn pensando

Hay que preguntarse cul ha

sido el rol del sector empresarial

en lo que estamos viviendo y ah

la cosa se pone complicada

21 Ver nota al pie de pgina No. 14


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Sin duda, esta forma de percibir el rol del sector empresarial en una eventual

negociacin con las FARC incluye un sinnmero de argumentos de fondo que

respaldan esta modalidad de participacin. Por ejemplo, dentro de este grupo se

encuentran planteamientos sobre cmo todos los sectores sociales deben parti-

cipar y se hace alusin bien sea a experiencias previas de lderes empresariales

que participaron directamente en comisiones creadas en distintos procesos de

paz (ej. en el Cagun), o a elementos como la inequidad y la desigualdad que sonconsiderados como causas del conicto y, de tal forma, merecen una respuesta

efectiva por parte de amplios sectores de la sociedad. Es desde este tipo de diag-

nsticos que algunos de los lderes empresariales entrevistados entienden que

un eventual proceso de paz debe incluir una amplia variedad de actores, siendo

uno de ellos el sector empresarial.

Participacin directa pero acotada. Los lderes empresariales que se en-

cuentran en este grupo que son el grupo mayoritario- entienden que el papel

que pueden jugar los empresarios est abocado a la reintegracin econmica de

excombatientes, entendida como un elemento crtico para consolidar la paz. La

idea de una participacin atada a la reintegracin econmica se relaciona con la

manera cmo, quienes hacen parte de esta perspectiva, reconocen que el sectorempresarial est llamado a jugar un papel una vez haya concluido la etapa de

negociacin con las FARC. En este sentido, se ven ms fcilmente participando

en tareas que puedan articular la operacin propia de sus empresas y la reinte -

gracin de los desmovilizados.

Bajo esta perspectiva, los lderes empresariales se ven mayoritariamente in-

volucrados con el momento del peacebuilding. Quienes abogan en este sentido

por una participacin del sector empresarial directa pero acotada, estaran dis-

puestos a apoyar proyectos de reintegracin econmica bajo dos modalidades

bsicamente: el empleo de excombatientes y el apoyo a proyectos productivos

desarrollados por excombatientes. Quienes comulgan con esta forma de partici-

pacin an si plantean crticas lo hacen a travs de consideraciones prcticas

muchas veces ligadas a experiencias previas exitosas y no exitosas (referidas

principalmente a la desmovilizacin colectiva de AUC e individual de FARC y ELN);

sobre este punto, los empresarios hacen referencia a las lecciones derivadas de

iniciativas de empleo directo a desmovilizados o polticas de apoyo a proyectos

productivos implementadas en el pasado.

Entre quienes abogan por una participacin puntual en la reintegracin pero

problematizan la posibilidad de emplear excombatientes, existen dos grandes

preocupaciones. Por un lado, los lderes empresariales que comparten esta pers-

pectiva maniestan que la desconanza es el obstculo ms grande a la hora

de tomar la decisin de incluirlos dentro de sus fuerzas laborales. Para superar

esa desconanza, algunos se reeren de manera genrica a la necesidad de de-

sarrollar programas de reconciliacin que permitan incrementar los niveles deconanza entre el empresariado y los excombatientes y por esa va, posibiliten,

entre otras cosas, su empleabilidad.

Por otro lado, algunos de estos lderes empresariales anotan que emplear

directamente a excombatientes puede enviar un mensaje equivocado a la socie-

dad, pues se estara apoyando y en alguna medida premiando a los victimarios

por encima de las vctimas y los dems ciudadanos que no han participado en el

conicto. Esto, para algunos, podra generar incentivos perversos y resentimien-

tos en contrava directa al objetivo de la reconciliacin.

Yo creo que el sector

empresarial y el sector productivo

tienen respuestas distintas.

El sector agropecuario, el

agroindustrial, posiblemente

tienen mayor capacidad de

adopcin de excombatientes deorigen rural


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Una alternativa a este tipo de dicultades es visualizada por estos empresa-

rios a travs del apoyo a proyectos productivos que involucren excombatientes.

Este apoyo incluira elementos como la disposicin del sector empresarial a

colaborar con recursos para la creacin de fondos especiales, la inclusin de

algunos de estos proyectos en las cadenas productivas de las empresas y el

respaldo a proyectos educativos que respalden y den fuerza a las iniciativas de

reintegracin.Adems de ser una alternativa menos problemtica en comparacin con el

empleo directo, para los lderes empresariales que abogan por esta forma de par-

ticipacin, el apoyo a proyectos productivos resulta una alternativa mucho ms

acorde a lo que ellos consideran es la naturaleza rural de las FARC y de sus miem-

bros. Bajo esta lgica, el tipo de actividades que desempearan los miembros de

las FARC una vez materializada la desmovilizacin, estaran ligadas al campo, por

lo cual el apoyo a proyectos productivos resultara en ltimo trmino mucho ms

viable que la vinculacin directa a empresas en donde el riesgo de desaprovechar

el potencial de eventuales desmovilizados podra ser mayor.

Participacin indirecta. Este grupo de lderes empresariales sostiene que el

rol que el sector empresarial estara llamado a jugar est asociado a conservar supapel como generador de riqueza y desarrollo, funcin que se entiende, garanti-

zara las condiciones necesarias para un proceso de paz viable a futuro.

Este subgrupo de empresarios considera que sus operaciones pueden tener

un impacto positivo en la consolidacin de la paz en trminos de su contribucin

al crecimiento econmico, a la inversin de capital como forma de recuperar anti-

guas zonas en conicto y al apoyo que podran brindar a programas de desarrollo

econmico local.

Dentro de las discusiones que proponen este grupo de empresarios se hace

mencin a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como otra forma de par-

ticipacin indirecta, la cual permite tener impactos positivos en un eventual pro-

ceso de paz, en la medida en que la RSE tiene como objetivo garantizar que las

operaciones empresariales colaboren con el respeto y promocin de los derechos

humanos en los lugares donde opera la empresa, as como colaborar con el cre-

cimiento social y econmico a nivel local, regional y nacional.

Estas estrategias de participacin nos llevan a la identicacin de dos su -

puestos dentro de este subgrupo de empresarios: el primero tiene que ver con el

inters de los empresarios de colaborar a travs de actividades que no se salgan

de la naturaleza propia de su negocio y el segundo, que su visin de participacin

no pretende adquirir responsabilidades directas dentro del proceso de paz.

Ms all de la caracterizacin de estas tres posiciones, a lo largo del espectro

de participacin que describen los lderes empresariales entrevistados sobresale

como elemento comn el apoyo al Gobierno en esta materia, o en palabras de

algunos de ellos, el espaldarazo que le dara el sector empresarial frente a unasalida negociada al conicto armado con las FARC.

5.2 Pagar o no un impuesto para la paz?Siguiendo la lgica del impuesto al patrimonio que buscaba apoyar la estra-

tegia militar del Gobierno, se piensa que la salida negociada necesitara tambin

la inversin de recursos, por lo que esta investigacin tambin indag sobre cul

es la posicin de los lderes empresariales frente a la posibilidad y pertinencia

del pago de un impuesto extra, que tenga como objetivo apoyar los esfuerzos del

Yo lo veo como un rol indirecto,

porque ya no cabe lo que pasen el Cagun, pues all se

estaba hablando de discusin

poltica, haban esas temticas.

El sector empresarial se hizo

presente en ese paseo. Hasta

donde yo recuerdo se opinaba,

se participaba, hoy qu espacio

hay para eso? Yo creo que no

mucho, que el rol ms importante

del sector empresarial sera darle

apoyo al Gobierno, apoyo poltico,

expresar su respaldo


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Gobierno por alcanzar la paz por medio de una negociacin con las guerrillas y en

particular con las FARC.

Por un lado se identic a un grupo de lderes empresariales que no estn

de acuerdo con el pago de este impuesto desde un criterio tcnico: el argumento

dominante son las deciencias en el diseo del sistema tributario en el pas, por

lo que las respuestas frente al pago de un impuesto para la paz terminan dirigin-

dose hacia una reexin sobre la necesidad de ampliar la base tributaria y corre-gir las fallas en el sistema, sin que esto implique necesariamente una oposicin

a la salida negociada como opcin. A pesar de que la posicin negativa frente al

pago no es la mayoritaria dentro de las respuestas obtenidas, este argumento es

ms frecuente en las intervenciones de aquellos que respaldan la participacin

directa pero acotada y de aquellos que favorecen la participacin indirecta.

Las respuestas positivas frente a la posibilidad y pertinencia de este impues-

to que resulta ser la posicin que comparten la mayora de entrevistados- se

basan en dos argumentos centrales: el primero, utilizado con mayor frecuencia

por el grupo de empresarios que le apuestan a la participacin amplia y directa,

determina que la paz es un objetivo ulterior bajo el cual se justica el esfuerzo

econmico. El segundo argumento va de la mano de un anlisis costo-beneciode la paz, en el que los lderes empresariales apoyan el pago de un impuesto

como una inversin necesaria para el progreso de sus actividades productivas.

As, en la medida en que la paz est asegurada, mayor probabilidad de xito ten-

dr cada una de sus empresas.

Otro punto a considerar y que aparece repetidamente en las conversaciones

que se sostuvieron con los lderes empresariales en el marco de esta investiga -

cin, es que como resultado de la desconanza a los procesos de paz, la gran

mayora de empresarios condicionan su participacin y el pago de un impuesto

de esta naturaleza, a la existencia de pruebas fehacientes de la voluntad legtima

de las guerrillas para negociar. En lo que tiene que ver con el pago del impuesto,

particularmente, piden procesos de vericacin estrictos y ecientes para la ad-

ministracin de los recursos, y en algunos casos se considerara necesario que el

pago se hiciera una vez la negociacin se compruebe como exitosa.

5.3 Razones detrs de los tipos de participacinLa manera directa en la que el sector empresarial intervino en el pasado en

procesos de paz, a travs de la participacin de lderes empresariales como parte

de dispositivos de asesoramiento, negociacin y vericacin, en trminos gene-

rales, diere de la visin que hoy tienen los empresarios sobre su papel en una

eventual negociacin con las FARC. Como se presentaba anteriormente, frente a

la pregunta sobre cul sera el rol del sector empresarial en un eventual proceso

de paz con las FARC, la mayora de los entrevistados identican que el lugar que

el sector empresarial ocupara est situado en el postconicto o en las postnego-ciaciones. La idea de hacer parte de las negociaciones de manera directa ya no

corresponde a las expectativas que tienen los lderes empresariales.

El argumento que soporta esta posicin de participar ms en procesos de

peacebuildingque directamente en las negociaciones, parece responder tam -

bin a la manera en la que leen la forma en la que se desarrollara el proceso.

Contrario a las experiencias del pasado, la necesidad de un papel de mediacin

o participacin directa de los empresarios no resulta prioritaria en la medida en

que se tiende a apoyar ms la idea de una negociacin cerrada

empresarios & paz_informe fip 17_agst_2012.doc

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