elecciones 2015 con miras a la construcciÓn de paz ......de los comicios, para la implementación...
TRANSCRIPT
1
Noviembre de 2015
ELECCIONES 2015 CON MIRAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Introducción
La Constitución de 1991 fue un proyecto político nacional que buscó consolidar el sistema
democrático, combatir las prácticas clientelistas y acabar con la violencia. Para lograr tan
loable proyecto, los diseñadores de éste nuevo andamiaje institucional buscaron, no sólo
garantizar una serie de derechos individuales y sociales, sino también generar un pacto de
paz a través de la inclusión de terceras fuerzas, la promoción de una sociedad responsable y
comprometida con los asuntos públicos y acercar el Estado al ciudadano.
Si bien algunos de estas apuestas se han cumplido en un menor o mayor grado, lo cierto es
que las ideas fundacionales, que iban a darle una nueva cara al país, quedaron relegadas, en
tanto que la acción participativa se convirtió en un campo de disputa entre diferentes
actores armados en donde se combina la violencia, las micro negociaciones y la puesta en
marcha de planes de desarrollo personalistas (Uribe, 2002). Esto aunado a que, en los
últimos años, ha habido una proliferación de grupos criminales, más difíciles de identificar,
hace que el proyecto político quede, aún más, rezagado por las lógicas del clientelismo y la
violencia en las regiones.
Por lo anterior, frente a un escenario de post acuerdos de la Habana, es un imperativo
inaplazable del Estado colombiano fortalecer la democracia electoral, especialmente, en las
regiones más afectadas por el conflicto, promoviendo un compromiso total de respeto con
los procedimientos democráticos locales, las autoridades establecidas y las decisiones que
los ciudadanos toman a través del sufragio o de los mecanismos de participación ciudadana
como son el referendo o la consulta popular.
Asimismo, en la conquista de una paz sostenible y duradera, el sistema electoral y los
partidos políticos tienen la responsabilidad de respetar las reglas de juego, re
institucionalizar su labor alcanzado plena autonomía sin la tutela de actores criminales e
ilegales y garantizar la inclusión de diferentes actores del escenario político.
No obstante, a pesar del anterior panorama, las pasadas elecciones regionales del 25 de
octubre estuvieron marcadas, como lo dice el profesor Javier Duque Daza de la Universidad
del Valle, por mandatarios cuestionados por sus nexos con grupos ilegales, corrupción,
despilfarro y/o apropiación indebida de recursos públicos; por partidos políticos poco
disciplinados y debilitados y por alianzas no programáticas y más forjadas en relación al
reparto burocrático.
2
Con todo, el presente documento tiene como objetivo hacer un balance sobre el procesos
electoral que recién termina, con el fin de hacer una aproximación al ambiente político para
la implementación de los acuerdos derivados del proceso de la Habana, durante los
próximos 4 años. En este orden de ideas, durante el primer capítulo se va a trabajar
puntualmente en los riesgos y fraudes electorales que se pudieron percibir a lo largo de los
3 meses de campaña (Agosto – Octubre). El segundo capítulo, tiene como objetivo mostrar
a grandes rasgos la composición del mapa electoral nacional después de los resultados
electorales del pasado 25 de octubre. Finalmente el tercer capítulo, tiene el propósito de
realizar un análisis electoral en clave del ambiente político regional, que nos queda luego
de los comicios, para la implementación de los acuerdos en el territorio.
1. RIESGO ELECTORAL 2015
Desde el pasado agosto y lo largo de los tres meses de campaña, se presentaron diferentes
situaciones que incrementaron el riesgo frente al fraude y otros delitos políticos en el
territorio nacional, este apartado pretende analizar sus causas e implicaciones. Para esto se
profundizara en temas como la trashumancia, los candidatos cuestionados por tener
investigaciones en curso y, al final del capítulo se presenta y analiza el mapa de riego
electoral presentado por la Misión de Observación Electoral – MOE.
1.1. Trashumancia
Según la Resolución 215 de 2007 del Consejo Nacional Electoral se entiende por
trashumancia:
a) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban
su cédula, con fines de participación en los procesos electorales de carácter local.
b) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obtengan
su cédula de ciudadanía y éstas sean incorporadas al censo electoral de ese
municipio.
c) Nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las personas
cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 316 de la
Constitución Política.
d) Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía correspondientes a ciudadanos
que no residan en el respectivo municipio, con desconocimiento de la zonificación.
e) Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un Municipio distinto a
aquel en el cual reside y como consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en
anteriores procesos electorales de carácter local.
La trashumancia es un fenómeno que poco a poco, de forma muy fuerte, ha ido calando y
desplazando a los factores de violencia en términos de factores de riesgo electoral. Por lo
3
tanto, se ha constituido como un indicador de irregularidad en las campañas políticas,
dejando entre ver cómo el proceso electoral queda viciado por la presión sobre el ciudadano
para corromper el procedimiento a través de la residencia electoral.
Igualmente, la MOE ha estipulado que es determinante establecer si las actividades
asociadas a la residencia electoral responden a fenómenos económicos, a migraciones de
tipo laboral, académico o familiar, ya que de no ser así se está frente al ejercicio de trasteo
de votos, el cual va acompañado de la compra de votos y financiación ilegal de las
campañas políticas para favorecer a un candidato o partido político.
No obstante, para la Registraduría Nacional del Estado Civil, la trashumancia es un delito
que además de afectar los resultados de las elecciones, atenta contra la eficacia del voto,
puesto que puede causar la nulidad de la elección si la cantidad de votos trasteados son
determinantes en el proceso electoral.
El primer aviso dado sobre este fenómeno, lo dio la MOE, en su informe del mes de
Septiembre de 2015, en el cual llamo la atención sobre 139 municipios que tienen al menos
el doble de la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas. Encabezan la lista
municipios del Vaupés, Meta, Cundinamarca y la Costa Caribe, en donde la tasa de
inscripción de cédulas llega hasta 212,96 por mil habitantes, mientras que el promedio
nacional está en 78,72.
En el siguiente mapa se puede observar como éste fenómeno ha afectado a diferentes zonas
del país. Vale la pena resaltar algunos casos concretos como lo es Puerto Gaitán en el Meta,
municipio especializado en la extracción del petróleo y en donde se presentó una
inscripción de cédulas superior a tres veces su población. La misma situación se presentó
en el municipio de Taraira en el Vaupés.
4
Fuente: MOE
1.2. Candidatos cuestionados
Otro de los factores que permiten analizar el riesgo electoral es el número de candidatos
cuestionados, señalados o investigados por algún nexo criminal o disciplinario. En las
pasadas elecciones regionales de 2011, 15. 920 candidatos habían sido sancionados al
menos una vez, de los cuales 835 se trató de sanciones disciplinarias y 37 sanciones
penales. Adicionalmente hubo 17 candidatos electos que tenían tanto sanciones
disciplinarias como sanciones penales y 3 más con faltas disciplinarias y fiscales. En la
siguiente Tabla se puede evidenciar estas sanciones.
ANTES DEL CARGO DURANTE EL CARGO
CARGO No.
SANCIONADOS
No.
SANCIONES
No.
SANCIONADOS
No.
SANCIONES
CONCEJO 367 893 230 656
5
Fuente: MOE.com
Los partidos que más avalaron candidatos con alguna sanción en 2011 fueron: Partido
Liberal con 186 (20.8%), Partido de la U con 179 (20%), Partido Conservador con 173
(19%), Cambio Radical 121 (13.5%). Antioquia, Cundinamarca y Boyacá concentran el
35.5% de los sancionados.
Es importante resaltar que pese a la información que reciben los partidos en el periodo
preelectoral, hay un considerable número de avales entregados a personas que ya habían
tenido algún tipo de sanción y esto es aún más grave cuando se compara con la cifra de los
candidatos que en ejercicio del cargo fueron sancionados. Así mismo, Bogotá encabeza la
lista con 19 funcionarios sancionados, seguido de Riohacha con 14.
Tabla Top 20 de municipio con mayor número de sancionados.
Municipio TOTAL
SANCIONADOS
BOGOTA, D.C. 19
RIOHACHA 14
NECOCLI 13
PALESTINA 12
RIO DE ORO 12
HATONUEVO 11
YONDO-CASABE 11
CALI 10
SUTAMARCHAN 10
PUERTO BERRIO 9
SOACHA 9
SAN FRANCISCO 8
GARAGOA 7
IBAGUE 7
EL CARMEN 6
FLORENCIA 6
ALCALDIA 128 467 49 245
JAL 48 80 11 28
ASAMBLEA 35 81 11 26
GOBERNACION 8 28 5 15
TOTAL 586 1549 306 970
6
PALMIRA 6
YARUMAL 6
YUMBO 6
CHIA 5
Total General 187
Fuente: MOE.com
Es importante destacar, que antes de ser elegidos 527 candidatos ya estaban sancionados, y
entre ellos, ya sumaban 1.414 sanciones, lo que quiere decir que cada candidato podría
llegar a tener entre dos y tres sanciones, y aun así, recibieron el aval por parte de los
partidos.
Así como en el 2011, las elecciones de 2015 también se caracterizaron por la existencia de
algunos candidatos muy cercanos a políticos o contratistas con serios cuestionamientos
judiciales, algunos con investigaciones en curso. Alrededor de 140 candidatos de los
departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia
y Santander, con presuntos nexos con la ilegalidad, investigaciones en curso y uso indebido
de recursos públicos, tiene un 78% de probabilidad de salir elegidos. Entre los
departamentos con más candidatos cuestionados aparecen: Sucre (30 candidatos),
Antioquia (26), Magdalena (15), Cesar (13) y Santander (10). También están Valle del
Cauca, Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.
Fuente: Fundación Paz y Reconciliación
7
En el anterior mapa, se puede ver que de los 32 departamentos que tiene el país 20, es decir
más de la mitad, cuentan con mafias de corrupción política y administrativa en la que se
han tejido alianzas entre clanes políticos regionales, actores ilegales y agentes contratistas.
Estas alianzas se pueden ver reflejadas en la zona Caribe del país, en la cual es constante y
al parecer inacabable, la formación de redes vinculadas a la parapolítica, ya que, sin
importar las condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia, estas “asociaciones”
siguen vigentes gracias a que familiares y amigos han venido ocupando cargos de elección
popular que les han permitido continuar en el juego político. Sin importar el grado de
influencia que tuvieron en el pasado, la idea es no desaparecer del mapa político con el fin
de ir recuperando la capacidad de influencia poco a poco (Fundación Paz y Reconciliación,
2015). Así mismo, la historia se repite en la región de la Amazonia y la Orinoquia. No
obstante, en la región Andina se han creado grupos político-económicos que, apoyados por
capitales privados en las regiones, financian campañas, con el ánimo de que, al ganar el
candidato, les asegure contratos para sus empresas.
Por lo tanto, en este orden de ideas los candidatos cuestionados se pueden dividir en cuatro
grupos. El primer grupo lo componen los candidatos que son herederos de la parapolítica,
es decir aquellos “apadrinados” por un político involucrado en vínculos con el
paramilitarismo. El segundo grupo, está compuesto por los candidatos vinculados a
organizaciones criminales, es decir, aquellos que pertenecieron a organizaciones criminales
y después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos
comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Un tercer grupo de candidatos son
aquellos que tienen investigaciones preliminares por parte de la Procuraduría, la Contraloría
o la Fiscalía. Por último encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se
han beneficiado del desfalco del erario público.
Fuente: Confidencialcolombia.com, 2015
Otras características a tener en cuenta es que, al contrario de las elecciones pasadas, la gran
mayoría de los candidatos cuestionados están dentro de los partidos tradicionales y no por
medio de firmas o nuevos movimientos políticos. De los 152 candidatos cuestionados en
8
todo el país, 24 han conseguido el aval de partidos regionales propios, 22 del Partido
Conservador y 16 avales del Partido de La U y del Partido Liberal cada uno. En cuanto a
los partidos Polo Democrático y Alianza Verde, se puede decir que procuraron mantener,
dentro de sus militantes, candidatos que no tuvieran vínculos con la parapolítica y con la
criminalidad, ya que sólo se conocieron cuatro avales en los dos partidos. (Fundación Paz y
Reconciliación, 2015)
Ahora bien, frente al 2011 se puede establecer que Sucre se mantiene como el
departamento con mayor número de candidatos cuestionados, y que en el 2011 contaba con
30 y para estas elecciones su cifra subió a 47. Antioquia también subió el número de
candidatos cuestionados, de 26 pasó a 31. Un cambio favorable se presentó en el
Magdalena y en el Cesar donde el número de candidatos cuestionados disminuyó en ambos
departamentos en 4 candidatos, es decir que en el Magdalena de 15 se pasaron a 11 y en el
Cesar de 13 se pasó a 9. Finalmente, cabe destacar que el departamento de Santander se
mantuvo con 10 candidatos cuestionados.
Finalmente se puede concluir que muchos de estos candidatos tienen su caudal electoral en
los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia paramilitar. Además estas
elecciones se han caracterizado por sus altos costos de campaña, lo cual ha forzado a
muchos candidatos a hacer política por medio de clanes políticos, que usan su maquinaria
política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar campañas. (Fundación Paz y
Reconciliación, 2015)
1.3. Mapa consolidado de riego electoral.
La MOE (Misión de Observación Electoral) publicó el siguiente mapa del riesgo electoral,
en el que se muestran las zonas del territorio nacional que tienen un alto riesgo a sufrir
delitos electorales y otras ilegalidades durante el proceso electoral. Como se ha señalado
anteriormente, el riesgos electorales se determina mediante el abanico de posibilidades de
fraudes electorales como: situaciones de orden público relacionadas con el conflicto
armado, iniciar campañas fuera de tiempo, el trasteo de votos, el constreñimiento al
electorado, candidatos con vínculos o pasados oscuros, falta de preparación de las
instituciones encargadas de hacer la vigilancia y control, entre otras.
9
Es importante analizar que las zonas en las cuales se encuentra el mayor índice de riesgo
electoral, son zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. Un ejemplo de esto
es el Pacifico colombiano, en donde la presencia de las FARC, el ELN y las BADCRIM,
post-desmovilización paramilitar, se ha acentuado, incrementando el índice de riesgo
electoral.
Ahora bien, la siguiente tabla demuestra que si bien es cierto el conflicto armado ha
golpeado duramente el análisis del riesgo electoral, en lo corrido de los últimos años ha
venido disminuyendo. Una primera hipótesis sobre esta situación podría darse en torno a la
disminución en los ataques violentos por parte las FARC. Situación que demuestra en parte,
que los ceses unilaterales y el proceso de Paz en La Habana han tenido un fuerte impacto en
el territorio.
10
2. RESULTADOS ELECCIONES 2015
2. RESULTADOS ELECCIONES 2015
El presente capitulo tiene como objetivo mostrar a grandes rasgos la composición del mapa
electoral nacional después de los resultados electorales del pasado 25 de octubre. En este
orden de ideas, en un primer momento se enfatiza en las estrategias utilizadas por los
partidos y en un segundo momento la composición y análisis del nuevo mapa electoral, así
como los hechos más relevantes de estas elecciones.
2.1. Elecciones 2015
Las pasadas elecciones regionales estuvieron caracterizadas, como se ha venido
evidenciado desde hace un buen tiempo, por partidos debilitados, sin cohesión, sin perfiles
programáticos y diferenciados, con políticos oportunistas que saltan de partido a partido
dependiendo de la conveniencia del momento.
El nuevo mapa electoral muestra unos partidos tradicionales que cada vez más se difuminan
de la contienda política. Por un lado el Partido Liberal obtuvo cuatro gobernaciones sin
coaliciones (Atlántico, Bolívar, Santander y Caquetá), que representa el 12.8% del total de
gobernaciones posibles. Por otro lado, el Partido Conservador sólo obtuvo la gobernación
de Risaralda, convirtiéndolo en lo que se conoce en un partido-remora, que se adhiere a un
partido más grande.
Según información oficial de la Registraduría Nacional, en cuanto a los nuevos partidos se
puede evidenciar que Cambio Radical fue el gran ganador con cinco gobernaciones: La
Guajira, Magdalena, Sucre, Vaupés y Amazonas, abonando un escenario político muy
propició para su líder el vicepresidente German Vargas Lleras, si decidiera lanzarse en las
próximas elecciones presidenciales de 2018. Por el contrario, el partido de la U sólo ganó
dos gobernaciones (Valle y Cesar), el Centro Democrático con una gobernación (Casanare)
y el Partido Verde con ninguna gobernación, a excepto de algunas gobernaciones por
coalición.
El Partido Polo Democrático, que representa la izquierda en Colombia, desde sus inicios no
ha tenido éxito en las elecciones de gobernadores, a excepción del 2007 cuando fue elegido
el hoy congresista Antonio Navarro Wolf en el departamento de Nariño.
Como se dijo anteriormente el nuevo escenario político se caracteriza por una serie de
partidos que hacen coaliciones para ganar las plazas públicas, dejando a un lado las
propuestas programáticas e inclusive ideológicas.
11
En ese sentido, encontramos a: Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Jorge Emilio Rey
Ángel (Cundinamarca), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico), Dadier Tavera (Norte de
Santander), Luis Perez (Antioquia), Ricardo Álvaro (Arauca) y Carlos Eduardo Osorio
(Quindío), quienes obtuvieron apoyo de casi todos los partidos, pues aquí la prioridad son
los beneficios económicos y políticos que le pueden generar éstas coaliciones más que las
ideas partidistas.
Así, se puede evidenciar que en las pasadas elecciones regionales los partidos políticos de
nuevo postergaron la reinstitucionalización de sus organizaciones, en tanto que se
identificaron por hacer alianzas coyunturales, por otorgar avales a candidatos cuestionados,
por tener una actitud pasiva frente a los caciques políticos que trastean y/o compran votos y
por no tener una disciplina en su estructura organizacional.
3. ANÁLISIS ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL
POSTCONFLICTO
En este apartado se analizarán los resultados electorales en el marco de los acuerdos de La
Habana, para lo cual se realizará una aproximación conceptual sobre lo que se entiende por
posconflicto y sus diferentes etapas. En un segundo momento, se enfatizará sobre los
municipios priorizados para el posconflicto y la implementación de los acuerdos y,
finalmente, en un tercer momento se realizará un análisis electoral regional en clave del
ambiente político que queda para la aplicación de los compromisos de La Habana.
3.1. El posconflicto, aproximación conceptual
El posconflicto se entiende como una etapa, que va desde el momento en que finaliza el
conflicto armado interno y se avanza hacia una etapa de “normalización”, la cual en sentido
estricto debería permitir superar una serie de condiciones que en años anteriores sirvieron
como factores detonantes de la violencia. Esa “normalización” se medirá en
transformaciones institucionales, en desarrollo social, en garantía para el ejercicio de los
derechos, en reconciliación y en una nueva cultura política más democrática. (Ávila, 2015)
El posconflicto se puede dividir en cuatro periodos de tiempo. El primero va desde el inicio
de las negociaciones de paz hasta la firma de los acuerdos. Este periodo también conocido
como alistamiento, es donde el Estado prepara toda una estrategia de intervención para
evitar la reaparición de nuevas olas de violencia y profundizar procesos de consolidación
estatal.
El segundo periodo, comienza con el anuncio de un cese al fuego bilateral, pasando por la
firma de los acuerdos de paz para terminar con el proceso de refrendación, sea cual sea el
mecanismo de apoyo popular que se utilice. Esta etapa generalmente es muy importante
12
debido a que la sociedad re-afianza la confianza ya que se involucra de una forma más
directa con el proceso.
El tercer periodo de tiempo, empieza con la firma de los acuerdos y dura alrededor de un
año, y es conocido como el “Plan de choque”, en el cual se realizan una serie de acciones
institucionales que permiten crear confianza en la población, ganar legitimidad al Estado en
diferentes territorios e impedir el desarrollo de factores que promuevan una nueva ola de
violencia. Esta primera estrategia de intervención busca abonar el terreno para las futuras
transformaciones estructurales a mediano y largo plazo. Finalmente, el último periodo el
cual comienza también con la firma de los acuerdos y dura alrededor de 10 años, busca
generar transformaciones estructurales a mediano y largo plazo en todo el país, pero sobre
todo, en los territorios que sufrieron las olas de violencia más intensas.
Es importante que para que el periodo del postconflicto tenga legitimidad, se logre el apoyo
popular a los acuerdos y a la aplicación de los mismos, en donde la pedagogía para la paz
es fundamental, con el propósito de alcanzar una victoria contundente durante el proceso de
refrendación, y un apoyo que permita aplicar los acuerdos de paz y sus diferentes
estrategias de intervención para lograrlos. (O`Donnel citado por Ávila, 2015)
Por otro lado, el postconflicto no se puede confundir con la agenda de desarrollo del país,
que aunque deben coincidir y articularse en varios temas y en los diferentes niveles, el
postconflicto tiene como principal objetivo que es solucionar aquello que se denomina las
causas estructurales del conflicto. Así las cosas, el posconflicto plantea numerosos retos
para los próximos candidatos que sean elegidos, ya que si bien una parte de los acuerdos
del conflicto son del nivel nacional la gran mayoría son del nivel territorial.
El principal reto a nivel local al que se deberán enfrentar los candidatos elegidos, será el de
desarticular por un lado la economía de guerra fundamentada en cultivos de coca, minería
criminal, redes de extorsión, entre otros, además de reconstruir el tejido social e
institucional. Estas economías de no controlarse traerían nuevas olas de violencia y
bloquearían los esfuerzos por reconstruir el tejido social e institucional.
3.2. Municipios Priorizados para la implementación de los acuerdos.
Inicialmente las dinámicas de posconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá,
Medellín, Cali o Barranquilla, sino en alrededor de los 281 municipios más golpeados por
el conflicto. Actualmente, el grupo guerrillero de las FARC hace presencia en 242
municipios del país, de los cuales en 112 hay una capacidad importante de injerencia en la
vida política y social. Así mismo, el grupo guerrillero del ELN opera en 99 municipios, en
donde más de la mitad tienen influencia en las esferas sociales. A continuación se presenta
13
el mapa en donde se deben priorizar las acciones de implementación de los acuerdos y
salvaguarda de la paz estable y duradera.
Fuente: Informe “Lo que hemos ganado”, Fundación Paz y Reconciliación, 2015.
Estos 281 municipios en los cuales las FARC y el ELN han tenido presencia en los últimos
30 años, han estado relacionados además con otros grupos armados ilegales, que operan
con base a las actividades ilegales de cultivos de coca, minería criminal, redes de extorsión.
Estos municipios adicionalmente presentan características tales como: ausencia estatal,
limitaciones en sus vías de comunicación, aislamiento de la economía y de la integración
política nacional, lo que implica una ausencia de infraestructura social, entre muchos otros.
Ahora bien, a través de la construcción de mapas y señalización de los municipios en
riesgo, construido por la Misión de Observación Electoral (MOE), se concluyó que de los
281 municipios 87 están en riesgo extremo, 85 en alto y 104 en medio. Los 87 municipios
con mayor riesgo están ubicados en cuatro regiones: en el Pacífico; en los Llanos Orientales
y la Amazonía; en el corredor entre el noreste antioqueño, pasando por el Magdalena
Medio y llegando al Catatumbo, y en el municipio de Uribia, en La Guajira. La situación
más crítica se vive en Buenaventura, en el Valle del Cauca; El Tambo, López de Micay,
Santander de Quilichao y Timbiquí en el Cauca; Barbacoas y Tumaco, en Nariño; Riosucio,
El Bajo y Medio Baudó, en Chocó; Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba; Anorí y
Urrao, en Antioquia; Tibú, Sardinata, El Carmen y El Tarra, en Norte de Santander.
También están La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico y Vistahermosa, en el Meta;
Miraflores, Calamar, El Retorno y San José, en el Guaviare; Curillo, La Montañita y
Solano, en Caquetá; Orito, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en Putumayo;
Mitú y Taraira, en Vaupés; y Puerto Alegría y La Chorrera, en Amazonas.
14
Por lo tanto, los principales retos en estos territorios serán la conquista del monopolio de
las armas por parte del Estado, el freno a las múltiples ilegalidades y el fortalecimiento de
la institucionalidad.
No obstante, la situación de los 281 municipios distan mucho entre sí, ya que la violencia
no se vivió con la misma intensidad, la capacidad institucional tampoco es la misma, y
mucho menos el predomino de economías ilegales. Por esta razón, se vio la necesidad de
crear un índice compuesto por una serie de indicadores para logran clasificar estos
municipios de acuerdo a tres temas (Fundación Paz y Reconciliación, 2015):
1. Probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados ilegales en estos territorios.
2. Probabilidad de que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de
las guerrillas.
3. Capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la
aplicación de los acuerdos de la Habana.
Así mismo, se construyó un indicador específico que sea capaz de evidenciar el riesgo de
cada municipio de presentar nuevamente ciclos de violencia con presencia de grupos
armados. Este indicador está dado por cuatro componentes (Fundación Paz y
Reconciliación, 2015):
1. Presencia institucional: Responde al porcentaje de recaudo tributario en el total de
ingresos del municipio, número de juzgados por cada 100.000 habitantes, número
de oficinas bancarias por cada habitante, y los hospitales públicos.
2. Factores de violencia: Está dada por la presencia de minería, las áreas de cultivos de
coca, e incautaciones de coca y base de coca.
3. Componente geográfico: Está determinado a partir del índice de ruralidad y la
cobertura de vías terciarias.
4. Componente social: Corresponde al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI).
De igual manera, el informe “La construcción de una paz estable, duradera y sostenible”,
dio a conocer que de 1.122 municipios en el país, 125 están priorizados para el posconflicto
según las distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Los criterios que se
tuvieron en cuenta para dicha priorización fueron: la presencia de las FARC, las acciones
armadas con participación de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y
capacidades locales. Teniendo en cuenta estos criterios se estableció que los departamentos
donde estos municipios se concentran son: Cauca: 20 municipios; Antioquia: 15
municipios; Caquetá: 14 municipios; Chocó y Nariño: con 12 municipios cada uno; Norte
de Santander, Putumayo y Meta: con 8 municipios cada uno; Valle: 6 municipios; Tolima:
5 municipios; Arauca y Huila: 4 municipios cada uno; Bolívar, Casanare, Córdoba y
15
Guaviare: con dos municipios cada territorio, y La Guajira: con un municipio
(Organización de las Naciones Unidas, 2015)
La lista detallada de los municipios priorizados por Naciones Unidas como
territorios donde debe trabajarse arduamente en el proceso del posconflicto, se muestra a
continuación:
Puerto Asís Leiva Amalfi Totoró Saravena
San Andrés de
Tumaco
Suárez Arauca El Rosario La Llanada
Valle del Guamuez Tarazá Policarpa San José del
Fragua
Cantagallo
La Montañita Orito Caldono Yarumal Pasto
San Vicente del
Caguán
Florencia Pradera Nóvita Santa Rosa del
Sur
Barbacoas Curillo Vigía del Fuerte Ataco Villavicencio
El Bagre Guapi Solano Colombia Palermo
Arauquita Roberto Payán Puerto Guzmán Solita Segovia
Leguízamo Mesetas Piamonte Santander de
Quilichao
Puerto
Libertador
Tame Chaparral San Calixto Rovira Hato Corozal
Timbiquí Cartagena del
Chairá
Mocoa Buenos Aires Medio Atrato
Puerto Caicedo Briceño Tadó El Charco Jamundí
El Tambo El Paujil Bagadó Cáceres Apartadó
Quibdó Sardinata Jambaló Neiva El Litoral del
San Juan
El Tarra Corinto Teorama Ipiales Puerto Rico
Tierralta Miranda Carmen del
Darien
San Andrés de
Cuerquía
El Carmen de
Atrato
Caloto López Buenaventura Bojaya Toribio
Vistahermosa Convención Magüi Planadas Cajibío
Ituango Puerto Rico Tuluá Florida Belén de Los
16
Andaquies
San José del
Guaviare
Mutatá Popayán Villagarzón La Macarena
Anorí Argelia Algeciras Palmira Medellín
El Doncello Lejanías Patía Bahía Solano Istmina
Milán Samaniego El Carmen Calamar Paz de Ariporo
Tibú Uribe Rioblanco Riohacha Valparaíso
Riosucio Valdivia Hacarí Puerto Gaitán Morales
Fuente: Elaboración propia, información del Sistema de las Naciones Unidas, 2014
De acuerdo a estas priorizaciones es posible determinar 5 grandes zonas, donde
principalmente se van a implementar los acuerdos. La primera zona sería la región
Noroccidental donde estarían los municipios priorizados de los departamentos de la
Guajira, Norte de Santander y Cesar. La segunda zona seria la región Centro-Norte donde
estarían los municipios priorizados de los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia
(Urabá), y el sur de Bolívar. La tercera zona seria la región Occidental y comprende los
municipios priorizados de los departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
La cuarta zona sería la región Oriental, la cual agruparía los municipios priorizados de los
departamentos de Arauca, Casanare, Tolima, Vichada y Meta. Finalmente, la quinta zona
denominada la región sur, agruparía los municipios priorizados de los departamentos de
Putumayo, Huila, Caquetá, Guaviare y Vaupés. En este orden de ideas es posible ver que
las zonas menos afectadas por el conflicto han sido los departamentos concentrados en el
centro el país y en menor medida los de la región Caribe.
3.3. Candidatos electos en los municipios priorizados para el posconflicto, panorama
político para la implementación de los acuerdos
En este apartado se relacionará la información del mapa político con los municipios
priorizados para el posconflicto. Para ello se indagó sobre la viabilidad política de la
implementación de los acuerdos de La Habana; se establecieron cinco indicadores que
pueden evidenciar peligros o riegos en el posible escenario de posconflicto. Finalmente,
estos indicadores se cruzaron con la información dada por la Fundación Paz &
Reconciliación acerca de los candidatos cuestionados y de la misma forma se contrastó con
otras fuentes secundarias. Desafortunadamente no se cuenta con fuentes de las pastorales
sociales diocesanas u otras fuentes eclesiales. Es importante señalar que este documento
presenta el análisis general resultado de los cruces de información que se encuentran
anexos. A continuación se relacionarán los indicadores seleccionados.
17
Grupo 1.
Candidatos electos que son herederos de la parapolítica, es decir son “apadrinados”
por un político involucrado con el escándalo de la parapolítica.
Grupo 2.
Candidatos electos que están vinculados a organizaciones criminales, es decir
pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están
intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a
un cargo de elección popular.
Grupo 3.
Candidatos electos que tienen investigaciones preliminares por parte de la
Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía.
Grupo 4.
Candidatos electos que se encuentran ligados con redes de contratistas, que se han
beneficiado del desfalco del erario.
Grupo 5.
Candidatos electos que por su filiación política que no están de acuerdo con el
proceso de paz.
De esta comparación de información se pudo evidenciar que el total de candidatos electos a
la alcaldía de estos 125 municipios, que se encuentra en alguno de los indicadores, que
podrían afectar la implementación de los acuerdos en los escenarios del posconflicto son
24, de los cuales 11 están en más de dos grupos de indicadores. De la misma forma 6 de
los candidatos electos a las gobernaciones priorizadas tienen relación con alguno de los
indicadores y 5 de ellos se relaciona con más de dos grupos de indicadores.
Encabeza el listado como el departamento con más alto riesgo al momento de
implementación de los acuerdos, el Valle del Cauca, con 4 de los 7 alcaldes asociados a
estas categorías y con la Gobernadora en 3 de los 5 grupos de indicadores. Seguido de ello
se encuentra el Tolima y Antioquia.
Para el análisis detallado, a continuación, se relaciona la comparación de la información por
departamento.
18
3.3.1. Antioquia
3.3.2. Arauca
3.3.3. Bolívar
19
3.3.4. Caldas
3.3.5. Caquetá
3.3.6. Casanare
20
3.3.7. Cauca
3.3.8. Chocó
21
3.3.9. Córdoba
3.3.10. Guajira
3.3.11. Guaviare
22
3.3.12. Huila
3.3.13. Meta
3.3.14. Nariño
23
3.3.15 Norte de Santander
24
3.3.16. Putumayo
3.3.17. Tolima
3.3.18. Valle del Cauca
25
3.3.19. Cesar
4. CONCLUSIONES
A manera de conclusión es importante resaltar algunos aspectos relevantes que dejó este
ejercicio de análisis electoral:
Si bien prácticas ilegales como: iniciar campañas fuera de tiempo, el trasteo de
votos, el constreñimiento al electorado o los candidatos con vínculos o pasados
oscuros, no son nuevas ni propias de estas elecciones; es necesario erradicarlas con
el objetivo de construir un país con paz y equidad. Uno de los principales objetivos
del proceso de paz, es eliminar definitivamente el vínculo entre la ilegalidad, la
violencia y la política. Por lo tanto, prácticas políticas que aplican candidatos
cuestionados, reproducen este modelo de corrupción, ilegalidad y política,
impidiendo que nuevos actores e ideas políticas surjan, además de no permitir la
reconstrucción del tejido social e institucional que se ha visto tan afectado por los
más de 60 años de conflicto armado.
26
Cuando se comparó el mapa de la izquierda (sobre zonas de priorización para el
postconflicto) y el mapa de la derecha (sobre riesgo electoral), se encontró
importantes coincidencias. Las regiones de la Guajira y Norte de Santander, el
Urabá Antioqueño, el sur de Sucre, Bolívar y Córdoba, el Pacifico Colombiano y la
región sur que involucra los departamentos de Putumayo, Huila, Caquetá, Guaviare
y Vaupés así como la región oriental con los departamentos de Arauca, Casanare,
Tolima, Vichada y Meta, están con un alto nivel de priorización en ambos mapas.
Por lo cual se pudo establecer que los lugares que han sido más golpeados por el
conflicto, es en donde más delitos electorales se realizan. Es importante, para
efectos de la implementación de los acuerdos y un futura construcción de paz
territorial en estas regiones, buscar maneras efectivas por parte de la
institucionalidad local y nacional, para que estas prácticas ilegales no se sigan
reproduciendo y abonando el camino para la llegada de personas malintencionadas
al poder.
Vale la pena resaltar dentro del análisis del nuevo mapa político regional, que el
Vicepresidente German Vargas Lleras aseguró una maquinaria suficientemente
robusta para enfrentar las elecciones presidenciales del 2018, mientras que la
oposición, principalmente el Centro Democrático al perder todas sus grandes
apuestas quedó bastante debilitado.
27
Es importante resaltar que en éstas elecciones triunfaron los políticos
independientes que no contaban con apoyos de maquinarias, lo cual demuestra un
electorado cada vez más serio y que exige nuevos liderazgos y formas de hacer
política.
Luego de hacer el análisis de los resultados electorales en clave del ambiente
político regional que queda para la implementación de los acuerdos, es posible
dividir en 3 grupos los departamentos.
o El primer grupo estaría compuesto por los departamentos en donde la
mayoría de los nuevos gobernantes departamentales y municipales, son
cercanos al gobierno nacional, y no tiene antecedentes de importancia que
pudieran afectar la refrendación e implementación de los acuerdos de paz en
sus territorios. Por lo tanto, este es grupo que con mayor fuerza
posiblemente apoyaría la refrendación e implementación de los acuerdos de
paz en sus territorios. Dentro de este grupo estarían los departamentos de:
Sucre, Nariño, Putumayo, Huila, Vaupés y Cauca.
o El segundo grupo estaría integrado por los departamentos en donde algunos
de los nuevos dirigentes son cercanos al gobierno nacional y no tienen
antecedentes de importancia que pudieran afectar significativamente la
refrendación e implementación de los acuerdos de paz en sus territorios. Sin
embargo, la otra porción de los nuevos dirigentes debido a su alineación
política e ideológica o su pasado político, posiblemente no apoyarían con
fuerza la refrendación e implementación de los acuerdos de paz en sus
territorios. Este grupo estaría conformado por los departamentos de:
Córdoba, Antioquia, Bolívar, Arauca, Tolima, Vichada, Meta y Guaviare.
o Finalmente, el tercer grupo estaría compuesto por los departamentos en
donde la mayoría de los nuevos dirigentes debido a su alineación política e
ideológica o su pasado político, posiblemente no apoyarían con fuerza la
refrendación e implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.
Dentro de este grupo estarían los departamentos de: Choco, Valle del Cauca,
Casanare y Caquetá.