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El proceso de interamericanización de los ordenamientos jurídicos nacionales en América Latina* Mariela Morales Antoniazzi** Pablo Saavedra Alessandri*** SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los fundamentos de la interamericanización. 3. El impacto de la interamericanización a la luz de las reparaciones orde- nadas por la Corte IDH. 4. Conclusión 1. INTRODUCCIÓN La reconfguración de la relación entre el derecho internacional y nacional juega un papel esencial en el constitucionalismo transformador en América Latina. Desde la perspectiva de algunos autores, en la era de la globaliza- ción del derecho, la disputa irreconciliable del siglo XX entre las teorías del monismo (Kelsen) y el dualismo (Triepel) es un mero zombi: una disputa que está muerta pero se resiste a descansar en paz. 1 Consideramos que un debate de este tipo es estéril en el ámbito de los derechos humanos en la región. El presente trabajo se centra en la existencia de un nuevo fenómeno jurídico que ha emergido de la interacción y la confuencia entre el derecho nacional y el derecho internacional respecto al derecho de los derechos hu- * Este capítulo está basado en el texto de los mismos autores con el título “Inter-America- nization: Its legal bases and political impact”, en A. von Bogdandy; E. Ferrer Mac-Gregor; M. Morales Antoniazzi; F. Piovesan y X. Soley (eds.), Transformative Constitutionalism in Latin America: the emergence of a new Ius Commune (Oxford: OUP, 2017), pp. 255-276. ** Mariela Morales Antoniazzi, investigadora y “Referentin” para América Latina del Insti- tuto Max-Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Público Comparado. *** Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bogdandy, Armin von, Hacia un nuevo derecho público. Estudios de derecho público com- parado, supranacional e internacional, IIJ-UNAM, 2011, pp. 285 y ss., citado recientemen- te por Alejandro Saiz Arnaiz, “Derechos sin soberano: algunos elementos de comparación de los dos sistemas”, en Santolaya Machetti, Pablo y Wences, Isabel (eds.), La América de los derechos,CEPC, 2016, p. 528. | 591 | 1 Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/xSHgcH DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro

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Page 1: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicos nacionales en Ameacuterica Latina

Mariela Morales Antoniazzi Pablo Saavedra Alessandri

SUMARIO 1 Introduccioacuten 2 Los fundamentos de la interamericanizacioacuten 3 El impacto de la interamericanizacioacuten a la luz de las reparaciones orde-nadas por la Corte IDH 4 Conclusioacuten

1 INTRODUCCIOacuteN

La reconfguracioacuten de la relacioacuten entre el derecho internacional y nacional juega un papel esencial en el constitucionalismo transformador en Ameacuterica Latina Desde la perspectiva de algunos autores en la era de la globaliza-cioacuten del derecho la disputa irreconciliable del siglo XX entre las teoriacuteas del monismo (Kelsen) y el dualismo (Triepel) es un mero zombi una disputa que estaacute muerta pero se resiste a descansar en paz1 Consideramos que un debate de este tipo es esteacuteril en el aacutembito de los derechos humanos en la regioacuten

El presente trabajo se centra en la existencia de un nuevo fenoacutemeno juriacutedico que ha emergido de la interaccioacuten y la confuencia entre el derecho nacional y el derecho internacional respecto al derecho de los derechos hu-

Este capiacutetulo estaacute basado en el texto de los mismos autores con el tiacutetulo ldquoInter-America-nization Its legal bases and political impactrdquo en A von Bogdandy E Ferrer Mac-Gregor M Morales Antoniazzi F Piovesan y X Soley (eds) Transformative Constitutionalism in Latin America the emergence of a new Ius Commune (Oxford OUP 2017) pp 255-276

Mariela Morales Antoniazzi investigadora y ldquoReferentinrdquo para Ameacuterica Latina del Insti-tuto Max-Planck de Derecho Internacional Puacuteblico y Derecho Puacuteblico Comparado

Pablo Saavedra Alessandri Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bogdandy Armin von Hacia un nuevo derecho puacuteblico Estudios de derecho puacuteblico com-parado supranacional e internacional IIJ-UNAM 2011 pp 285 y ss citado recientemen-te por Alejandro Saiz Arnaiz ldquoDerechos sin soberano algunos elementos de comparacioacuten de los dos sistemasrdquo en Santolaya Machetti Pablo y Wences Isabel (eds) La Ameacuterica de los derechosCEPC 2016 p 528

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manos y que se distingue por ostentar un impulso especiacutefco y propio tal como se describe con la construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina (ICCAL)2 Se trata de una nocioacuten parecida al concepto del derecho comuacuten europeo y similares son tambieacuten las conceptualizacio-nes que sustentan defniciones como derecho de la humanidad3 derecho cosmopolita4 derecho global5 derecho mundial6 transconstitucionalismo7

derecho transnacional8

En cuanto al impacto de dicho fenoacutemeno juriacutedico introducimos el nue-vo concepto de la interamericanizacioacuten de los ordenamientos nacionales

2 Este concepto se viene gestando paulatinamente mediante el intercambio entre el Ins-tituto Max Planck de derecho puacuteblico comparado y derecho internacional puacuteblico y otras instituciones asiacute como expertos ibero- y latinoamericanos Entre tantas publica-ciones ver solamente Bogdandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia constitucional y su internacionalizacioacuten Hacia un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIIJ-UNAM 2010 t II) Bogdandy A von Fix-Fierro H Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (eds) Construccioacuten y papel de los derechos sociales fundamentales iquestHacia un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2011 Bogdandy A von Fix Fierro H y Morales Antonia-zzi M (eds) Ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina rasgos potencialidades y desafiacuteos IIJ-UNAM 2014 Bogdandy A von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicio-nais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III Bogdandy A von Ferrer Mac-Gregor E Morales Antoniazzi M Piovesan F y Soley X (eds) Trans-formative Constitutionalism in Latin America the emergence of a new Ius Commune Oxford OUP 2017

3 Wilfred Jenks C The Common Law of Mankind Londres Frederick A Praeger 1958 Tomuschat C ldquoInternational Law Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Centuryrdquo 281 Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1999 p 88

4 Benhabib S ldquoThe Philosophical Foundations of Cosmopolitan Normsrdquo en Benhabib S y Post R (ed) Another Cosmopolitanism Berkeley Tanner Lectures 2004 Oxford Oxford University Press 2006 p 13 Brunkhorst H Solidaritaumlt Von der Buumlrgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft Frankfurt Suhrkamp 2002 Como concepto flosoacutefco Kant I ldquoZum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurfldquo en Vorlaumlnder K (ed) Klei-nere Schriften zur Geschichtsphilosophie Ethik und Politik Leipzig Felix Mainer Verlag 1964 p 115

5 R Domingo The New Global Law Cambridge Cambridge University Press 2010 S Casse-se ldquoThe Globalization of Lawrdquo 37 New York University Journal of International Law and Politics 2005 p 973

6 Delmas-Marty M Trois deacutefs pour un droit mondial Pariacutes Seuil 1998 Emmerich-Frits-che A Vom Voumllkerrecht zum Weltrecht Berliacuten Duncker und Humblot 2007 Di Fabio U ldquoVerfassungsstaat und Weltrechtldquo 39 Rechtstheorie 2008 p 399

7 Neves M Transconstitucionalismo Satildeo Paulo WMF Martins Fontes 2009 p 115 y ss 8 Jessup P C Transnational Law New Haven Yale University Press 1956 Zumbansen

P ldquoTransnational Lawrdquo en Smits J M (ed) Elgar Encyclopedia of Comparative Law Cheltenham Edward Elgar Pub 2006 p 738

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bajo una proteccioacuten multinivel de los derechos humanos9 En este contexto la interaccioacuten y diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los tribunales nacionales juega un papel fundamental para confgurar un ldquoconstitucionalismo transformadorrdquo y generar la ldquointerame-ricanizacioacutenrdquo especialmente a la luz de las sentencias de la Corte IDH10

Los ordenamientos juriacutedicos nacionales muestran una transformacioacuten en tanto se adoptan gradualmente los estaacutendares interamericanos por parte de los Estados que han ratifcado los diversos instrumentos interamericanos de derechos humanos y han reconocido la competencia de la Corte IDH y que aplican su jurisprudencia en su derecho puacuteblico nacional Por ello la interamericanizacioacuten representa un proceso de interaccioacuten y diaacutelogo de estaacutendares interamericanos a nivel domeacutestico que se manifesta no solo en reformas constitucionales y legislativas sino tambieacuten en la adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un debate acadeacutemico-juriacutedico como sus rasgos predo-minantes11

En el Sistema Interamericano se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos que incluso se ha involucrado en la creacioacuten de un sistema de control difuso de convencionalidad12 Si a los jueces nacionales les corresponde verifcar la compatibilidad entre las normas juriacutedicas sus-ceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos (CADH) incluyendo la jurisprudencia de la Corte Inte-ramericana se produce la progresiva interamericanizacioacuten de los oacuterdenes

9 Acosta Alvarado P A Diaacutelogo judicial y constitucionalismo multinivel El caso interame-ricano (Universidad Externado de Colombia Bogotaacute 2015) idem Red judicial interameri-cana y constitucionalizacioacuten multinivel consulta 15 jul 2016 disponible en httpwww academiaedu4008891Red_judicial_Interamericana_y_constitucionalizaciC3B3n_ multinivel

10 Cfr Morales Antoniazzi M ldquoInteramericanizacioacuten como mecanismo del Ius Constitutio-nale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitu-cionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 p 417

11 Saavedra Alessandri P ldquoAlgunas refexiones en cuanto al impacto estructural de las de-cisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E Construccioacuten de un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM Corte IDH-MPI 2016 pp 353 y ss

12 Cfr Negishi Y ldquoConventionality Control of Domestic lsquoAbuse of Powerrsquo Maintaining Human Rights and Democracyrdquo Italian Yearbook of International Law vol XXVI 2017 Ferrer Mac-Gregor E (coord) El control difuso de convencionalidad Diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales Quereacutetaro FUNDAP 2012

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nacionales Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios ju-risprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados en particular sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH13

A los fnes de aproximarnos al proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicos nacionales nuestro anaacutelisis abarca en la prime-ra parte sus fundamentos tanto constitucionales como convencionales asiacute como el discurso acadeacutemico que ha acompantildeado esta gestacioacuten progresi-va de estaacutendares comunes mientras que en la segunda parte se ofrecen ejemplos concretos de sentencias de la Corte IDH que han permitido dicha interamericanizacioacuten y que evidencian el impacto de la mismas por la uti-lizacioacuten del derecho internacional de los derechos humanos que hacen los jueces y otros funcionarios puacuteblicos en el ejercicio de sus mandatos dentro de sus propias jurisdicciones Unas breves liacuteneas de conclusioacuten se dedican a subrayar la interaccioacuten el diaacutelogo y el control de convencionalidad como caminos para avanzar en la interamericanizacioacuten

2 LOS FUNDAMENTOS DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN

21 Fundamentos constitucionales de la interamericanizacioacuten

El proceso de apertura del Estado en Ameacuterica Latina se distingue por tres cambios de paradigmas el surgimiento del pluralismo normativo14 la inter-nacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten15 y la apertura en el marco

13 Cfr Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos Un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM disponible en httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

14 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662 Bustos R Pluralismo constitucional y diaacutelogo jurisprudencial Meacutexico Porruacutea 2012 pp 13 y ss

15 Garciacutea Ramiacuterez Sergio La tutela de los derechos humanos en la jurisdiccioacuten interameri-cana Aportaciones recepcioacuten y diaacutelogo Meacutexico Porruacutea 2014 Distintos aportes sobre el impacto de los tribunales en derechos humanos se encuentran en Ferrer Mac-Gregor E y Herrera Garciacutea (eds) A Diaacutelogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales In memoriam Jorge Carpizo generador incansa-ble de diaacutelogos Meacutexico Tirant lo Blanch 2013 Ejemplos en el aacutembito interamericano Medelliacuten X ldquoThe normative impact of the Inter-American Court of Human Rights on Latin-American national prosecution for mass atrocitiesrdquo Israel Law Review vol 3 nuacutem 43 2013 p 405 Haeck Y Ruiz-Chiriboga O y Burbano Herrera C The Inter-American Court of Human Rights Theory and practice present and future Drawing on the case law of the Court Cambridge Intersentia 2015

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de la erosioacuten del concepto de soberaniacutea16 El fundamento constitucional de la interamericanizacioacuten surge justamente vinculado a estas transforma-ciones y se encuentra plasmado en las claacuteusulas de apertura que se fueron adoptando a raiacutez de las reformas constitucionales yo nuevas constitucio-nes si bien las foacutermulas de recepcioacuten constitucional son heterogeacuteneas17

Concretamente el paradigma de la internacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten se ha encauzado tanto por el rango constitucional que se le asigna a los tratados de derechos humanos18 su primaciacutea sobre el derecho interno incluso sobre el derecho constitucional mediante las claacuteusulas de ldquoprevalenciardquo19 asiacute como por la interpretacioacuten de los derechos fundamen-tales constitucionales a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos20

Gracias a los llamados momentos de apertura constitucional se ha ido ampliando y reforzando dicha apertura Entre 1988 y 1998 se regulan enun-ciados relativos a la prevalencia de los derechos humanos (Constitucioacuten de Brasil de 1988) y otorgan rango constitucional a los tratados de derechos hu-manos Incluyen igualmente claacuteusulas de interpretacioacuten conforme al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo Colombia 199121 Peruacute

16 Bogdandy A von y Serna de la Garza J M (eds) Soberaniacutea y Estado abierto en Ameacuterica Latina y Europa Meacutexico IIJ-UNAM 2014

17 Rango constitucional a los tratados claacuteusulas de interpretacioacuten conforme claacuteusulas de los derechos inherentes a la persona humana por mencionar algunos

18 Fix-Zamudio Heacutector ldquoLa creciente internacionalizacioacuten de las constituciones ibe-roamericanas especialmente en la regulacioacuten y proteccioacuten de los derechos humanosrdquo UNAM Biblioteca Juriacutedica Virtual disponible en httpbibliojuridicasunammxli-bros6289520pdf Laurence Burgorgue-Larsen ldquoLes standards normes imposeacutees ou consentiesrdquo en Fatin-Rouge Stefanini (ed) Existe-t-il une exception franccedilaise en ma-tiegravere de droits fondamentaux Presses Univ drsquoAix Marseille Cahiers de lrsquoInstitut Louis Favoreu 2013 pp 15-30

19 Cfr Goacutengora-Mera M E Inter-American judicial constitutionalism on the constitutional rank of human rights treaties in Latin America through national and inter-American adju-dication San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2011 p 91

20 Carpio Marcos E ldquoInterpretacioacuten conforme con la Constitucioacuten y las sentencias inter-pretativas (con especial referencia a la experiencia alemana)rdquo en Zaldiacutevar Lelo de Larrea A Ferrer Mac-Gregor E (coords) La ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en homenaje a Heacutector Fix Zamudio en sus cincuenta antildeos como investigador del derecho Interpretacioacuten constitucional y jurisdiccioacuten electoral Meacutexico IIJ-UNAM 2008 t VI pp 155-174

21 El Art 931 dispone que ldquolos tratados y convenciones internacionales ratifcados por el Congreso prevalecen en el orden internordquo y tambieacuten establece que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados inter-nacionales ratifcados por Colombia seguacuten el Art 932 Esta norma ha dado lugar a la distincioacuten entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu Pero otras normas son tambieacuten defnitorias del alcance de la regulacioacuten del Estado abierto en Colombia

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 2: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

manos y que se distingue por ostentar un impulso especiacutefco y propio tal como se describe con la construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina (ICCAL)2 Se trata de una nocioacuten parecida al concepto del derecho comuacuten europeo y similares son tambieacuten las conceptualizacio-nes que sustentan defniciones como derecho de la humanidad3 derecho cosmopolita4 derecho global5 derecho mundial6 transconstitucionalismo7

derecho transnacional8

En cuanto al impacto de dicho fenoacutemeno juriacutedico introducimos el nue-vo concepto de la interamericanizacioacuten de los ordenamientos nacionales

2 Este concepto se viene gestando paulatinamente mediante el intercambio entre el Ins-tituto Max Planck de derecho puacuteblico comparado y derecho internacional puacuteblico y otras instituciones asiacute como expertos ibero- y latinoamericanos Entre tantas publica-ciones ver solamente Bogdandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia constitucional y su internacionalizacioacuten Hacia un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIIJ-UNAM 2010 t II) Bogdandy A von Fix-Fierro H Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (eds) Construccioacuten y papel de los derechos sociales fundamentales iquestHacia un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2011 Bogdandy A von Fix Fierro H y Morales Antonia-zzi M (eds) Ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina rasgos potencialidades y desafiacuteos IIJ-UNAM 2014 Bogdandy A von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicio-nais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III Bogdandy A von Ferrer Mac-Gregor E Morales Antoniazzi M Piovesan F y Soley X (eds) Trans-formative Constitutionalism in Latin America the emergence of a new Ius Commune Oxford OUP 2017

3 Wilfred Jenks C The Common Law of Mankind Londres Frederick A Praeger 1958 Tomuschat C ldquoInternational Law Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Centuryrdquo 281 Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1999 p 88

4 Benhabib S ldquoThe Philosophical Foundations of Cosmopolitan Normsrdquo en Benhabib S y Post R (ed) Another Cosmopolitanism Berkeley Tanner Lectures 2004 Oxford Oxford University Press 2006 p 13 Brunkhorst H Solidaritaumlt Von der Buumlrgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft Frankfurt Suhrkamp 2002 Como concepto flosoacutefco Kant I ldquoZum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurfldquo en Vorlaumlnder K (ed) Klei-nere Schriften zur Geschichtsphilosophie Ethik und Politik Leipzig Felix Mainer Verlag 1964 p 115

5 R Domingo The New Global Law Cambridge Cambridge University Press 2010 S Casse-se ldquoThe Globalization of Lawrdquo 37 New York University Journal of International Law and Politics 2005 p 973

6 Delmas-Marty M Trois deacutefs pour un droit mondial Pariacutes Seuil 1998 Emmerich-Frits-che A Vom Voumllkerrecht zum Weltrecht Berliacuten Duncker und Humblot 2007 Di Fabio U ldquoVerfassungsstaat und Weltrechtldquo 39 Rechtstheorie 2008 p 399

7 Neves M Transconstitucionalismo Satildeo Paulo WMF Martins Fontes 2009 p 115 y ss 8 Jessup P C Transnational Law New Haven Yale University Press 1956 Zumbansen

P ldquoTransnational Lawrdquo en Smits J M (ed) Elgar Encyclopedia of Comparative Law Cheltenham Edward Elgar Pub 2006 p 738

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bajo una proteccioacuten multinivel de los derechos humanos9 En este contexto la interaccioacuten y diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los tribunales nacionales juega un papel fundamental para confgurar un ldquoconstitucionalismo transformadorrdquo y generar la ldquointerame-ricanizacioacutenrdquo especialmente a la luz de las sentencias de la Corte IDH10

Los ordenamientos juriacutedicos nacionales muestran una transformacioacuten en tanto se adoptan gradualmente los estaacutendares interamericanos por parte de los Estados que han ratifcado los diversos instrumentos interamericanos de derechos humanos y han reconocido la competencia de la Corte IDH y que aplican su jurisprudencia en su derecho puacuteblico nacional Por ello la interamericanizacioacuten representa un proceso de interaccioacuten y diaacutelogo de estaacutendares interamericanos a nivel domeacutestico que se manifesta no solo en reformas constitucionales y legislativas sino tambieacuten en la adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un debate acadeacutemico-juriacutedico como sus rasgos predo-minantes11

En el Sistema Interamericano se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos que incluso se ha involucrado en la creacioacuten de un sistema de control difuso de convencionalidad12 Si a los jueces nacionales les corresponde verifcar la compatibilidad entre las normas juriacutedicas sus-ceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos (CADH) incluyendo la jurisprudencia de la Corte Inte-ramericana se produce la progresiva interamericanizacioacuten de los oacuterdenes

9 Acosta Alvarado P A Diaacutelogo judicial y constitucionalismo multinivel El caso interame-ricano (Universidad Externado de Colombia Bogotaacute 2015) idem Red judicial interameri-cana y constitucionalizacioacuten multinivel consulta 15 jul 2016 disponible en httpwww academiaedu4008891Red_judicial_Interamericana_y_constitucionalizaciC3B3n_ multinivel

10 Cfr Morales Antoniazzi M ldquoInteramericanizacioacuten como mecanismo del Ius Constitutio-nale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitu-cionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 p 417

11 Saavedra Alessandri P ldquoAlgunas refexiones en cuanto al impacto estructural de las de-cisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E Construccioacuten de un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM Corte IDH-MPI 2016 pp 353 y ss

12 Cfr Negishi Y ldquoConventionality Control of Domestic lsquoAbuse of Powerrsquo Maintaining Human Rights and Democracyrdquo Italian Yearbook of International Law vol XXVI 2017 Ferrer Mac-Gregor E (coord) El control difuso de convencionalidad Diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales Quereacutetaro FUNDAP 2012

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nacionales Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios ju-risprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados en particular sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH13

A los fnes de aproximarnos al proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicos nacionales nuestro anaacutelisis abarca en la prime-ra parte sus fundamentos tanto constitucionales como convencionales asiacute como el discurso acadeacutemico que ha acompantildeado esta gestacioacuten progresi-va de estaacutendares comunes mientras que en la segunda parte se ofrecen ejemplos concretos de sentencias de la Corte IDH que han permitido dicha interamericanizacioacuten y que evidencian el impacto de la mismas por la uti-lizacioacuten del derecho internacional de los derechos humanos que hacen los jueces y otros funcionarios puacuteblicos en el ejercicio de sus mandatos dentro de sus propias jurisdicciones Unas breves liacuteneas de conclusioacuten se dedican a subrayar la interaccioacuten el diaacutelogo y el control de convencionalidad como caminos para avanzar en la interamericanizacioacuten

2 LOS FUNDAMENTOS DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN

21 Fundamentos constitucionales de la interamericanizacioacuten

El proceso de apertura del Estado en Ameacuterica Latina se distingue por tres cambios de paradigmas el surgimiento del pluralismo normativo14 la inter-nacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten15 y la apertura en el marco

13 Cfr Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos Un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM disponible en httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

14 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662 Bustos R Pluralismo constitucional y diaacutelogo jurisprudencial Meacutexico Porruacutea 2012 pp 13 y ss

15 Garciacutea Ramiacuterez Sergio La tutela de los derechos humanos en la jurisdiccioacuten interameri-cana Aportaciones recepcioacuten y diaacutelogo Meacutexico Porruacutea 2014 Distintos aportes sobre el impacto de los tribunales en derechos humanos se encuentran en Ferrer Mac-Gregor E y Herrera Garciacutea (eds) A Diaacutelogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales In memoriam Jorge Carpizo generador incansa-ble de diaacutelogos Meacutexico Tirant lo Blanch 2013 Ejemplos en el aacutembito interamericano Medelliacuten X ldquoThe normative impact of the Inter-American Court of Human Rights on Latin-American national prosecution for mass atrocitiesrdquo Israel Law Review vol 3 nuacutem 43 2013 p 405 Haeck Y Ruiz-Chiriboga O y Burbano Herrera C The Inter-American Court of Human Rights Theory and practice present and future Drawing on the case law of the Court Cambridge Intersentia 2015

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de la erosioacuten del concepto de soberaniacutea16 El fundamento constitucional de la interamericanizacioacuten surge justamente vinculado a estas transforma-ciones y se encuentra plasmado en las claacuteusulas de apertura que se fueron adoptando a raiacutez de las reformas constitucionales yo nuevas constitucio-nes si bien las foacutermulas de recepcioacuten constitucional son heterogeacuteneas17

Concretamente el paradigma de la internacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten se ha encauzado tanto por el rango constitucional que se le asigna a los tratados de derechos humanos18 su primaciacutea sobre el derecho interno incluso sobre el derecho constitucional mediante las claacuteusulas de ldquoprevalenciardquo19 asiacute como por la interpretacioacuten de los derechos fundamen-tales constitucionales a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos20

Gracias a los llamados momentos de apertura constitucional se ha ido ampliando y reforzando dicha apertura Entre 1988 y 1998 se regulan enun-ciados relativos a la prevalencia de los derechos humanos (Constitucioacuten de Brasil de 1988) y otorgan rango constitucional a los tratados de derechos hu-manos Incluyen igualmente claacuteusulas de interpretacioacuten conforme al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo Colombia 199121 Peruacute

16 Bogdandy A von y Serna de la Garza J M (eds) Soberaniacutea y Estado abierto en Ameacuterica Latina y Europa Meacutexico IIJ-UNAM 2014

17 Rango constitucional a los tratados claacuteusulas de interpretacioacuten conforme claacuteusulas de los derechos inherentes a la persona humana por mencionar algunos

18 Fix-Zamudio Heacutector ldquoLa creciente internacionalizacioacuten de las constituciones ibe-roamericanas especialmente en la regulacioacuten y proteccioacuten de los derechos humanosrdquo UNAM Biblioteca Juriacutedica Virtual disponible en httpbibliojuridicasunammxli-bros6289520pdf Laurence Burgorgue-Larsen ldquoLes standards normes imposeacutees ou consentiesrdquo en Fatin-Rouge Stefanini (ed) Existe-t-il une exception franccedilaise en ma-tiegravere de droits fondamentaux Presses Univ drsquoAix Marseille Cahiers de lrsquoInstitut Louis Favoreu 2013 pp 15-30

19 Cfr Goacutengora-Mera M E Inter-American judicial constitutionalism on the constitutional rank of human rights treaties in Latin America through national and inter-American adju-dication San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2011 p 91

20 Carpio Marcos E ldquoInterpretacioacuten conforme con la Constitucioacuten y las sentencias inter-pretativas (con especial referencia a la experiencia alemana)rdquo en Zaldiacutevar Lelo de Larrea A Ferrer Mac-Gregor E (coords) La ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en homenaje a Heacutector Fix Zamudio en sus cincuenta antildeos como investigador del derecho Interpretacioacuten constitucional y jurisdiccioacuten electoral Meacutexico IIJ-UNAM 2008 t VI pp 155-174

21 El Art 931 dispone que ldquolos tratados y convenciones internacionales ratifcados por el Congreso prevalecen en el orden internordquo y tambieacuten establece que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados inter-nacionales ratifcados por Colombia seguacuten el Art 932 Esta norma ha dado lugar a la distincioacuten entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu Pero otras normas son tambieacuten defnitorias del alcance de la regulacioacuten del Estado abierto en Colombia

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 3: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

bajo una proteccioacuten multinivel de los derechos humanos9 En este contexto la interaccioacuten y diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los tribunales nacionales juega un papel fundamental para confgurar un ldquoconstitucionalismo transformadorrdquo y generar la ldquointerame-ricanizacioacutenrdquo especialmente a la luz de las sentencias de la Corte IDH10

Los ordenamientos juriacutedicos nacionales muestran una transformacioacuten en tanto se adoptan gradualmente los estaacutendares interamericanos por parte de los Estados que han ratifcado los diversos instrumentos interamericanos de derechos humanos y han reconocido la competencia de la Corte IDH y que aplican su jurisprudencia en su derecho puacuteblico nacional Por ello la interamericanizacioacuten representa un proceso de interaccioacuten y diaacutelogo de estaacutendares interamericanos a nivel domeacutestico que se manifesta no solo en reformas constitucionales y legislativas sino tambieacuten en la adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un debate acadeacutemico-juriacutedico como sus rasgos predo-minantes11

En el Sistema Interamericano se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos que incluso se ha involucrado en la creacioacuten de un sistema de control difuso de convencionalidad12 Si a los jueces nacionales les corresponde verifcar la compatibilidad entre las normas juriacutedicas sus-ceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos (CADH) incluyendo la jurisprudencia de la Corte Inte-ramericana se produce la progresiva interamericanizacioacuten de los oacuterdenes

9 Acosta Alvarado P A Diaacutelogo judicial y constitucionalismo multinivel El caso interame-ricano (Universidad Externado de Colombia Bogotaacute 2015) idem Red judicial interameri-cana y constitucionalizacioacuten multinivel consulta 15 jul 2016 disponible en httpwww academiaedu4008891Red_judicial_Interamericana_y_constitucionalizaciC3B3n_ multinivel

10 Cfr Morales Antoniazzi M ldquoInteramericanizacioacuten como mecanismo del Ius Constitutio-nale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitu-cionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 p 417

11 Saavedra Alessandri P ldquoAlgunas refexiones en cuanto al impacto estructural de las de-cisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E Construccioacuten de un ius constitutionale commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM Corte IDH-MPI 2016 pp 353 y ss

12 Cfr Negishi Y ldquoConventionality Control of Domestic lsquoAbuse of Powerrsquo Maintaining Human Rights and Democracyrdquo Italian Yearbook of International Law vol XXVI 2017 Ferrer Mac-Gregor E (coord) El control difuso de convencionalidad Diaacutelogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales Quereacutetaro FUNDAP 2012

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nacionales Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios ju-risprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados en particular sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH13

A los fnes de aproximarnos al proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicos nacionales nuestro anaacutelisis abarca en la prime-ra parte sus fundamentos tanto constitucionales como convencionales asiacute como el discurso acadeacutemico que ha acompantildeado esta gestacioacuten progresi-va de estaacutendares comunes mientras que en la segunda parte se ofrecen ejemplos concretos de sentencias de la Corte IDH que han permitido dicha interamericanizacioacuten y que evidencian el impacto de la mismas por la uti-lizacioacuten del derecho internacional de los derechos humanos que hacen los jueces y otros funcionarios puacuteblicos en el ejercicio de sus mandatos dentro de sus propias jurisdicciones Unas breves liacuteneas de conclusioacuten se dedican a subrayar la interaccioacuten el diaacutelogo y el control de convencionalidad como caminos para avanzar en la interamericanizacioacuten

2 LOS FUNDAMENTOS DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN

21 Fundamentos constitucionales de la interamericanizacioacuten

El proceso de apertura del Estado en Ameacuterica Latina se distingue por tres cambios de paradigmas el surgimiento del pluralismo normativo14 la inter-nacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten15 y la apertura en el marco

13 Cfr Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos Un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM disponible en httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

14 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662 Bustos R Pluralismo constitucional y diaacutelogo jurisprudencial Meacutexico Porruacutea 2012 pp 13 y ss

15 Garciacutea Ramiacuterez Sergio La tutela de los derechos humanos en la jurisdiccioacuten interameri-cana Aportaciones recepcioacuten y diaacutelogo Meacutexico Porruacutea 2014 Distintos aportes sobre el impacto de los tribunales en derechos humanos se encuentran en Ferrer Mac-Gregor E y Herrera Garciacutea (eds) A Diaacutelogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales In memoriam Jorge Carpizo generador incansa-ble de diaacutelogos Meacutexico Tirant lo Blanch 2013 Ejemplos en el aacutembito interamericano Medelliacuten X ldquoThe normative impact of the Inter-American Court of Human Rights on Latin-American national prosecution for mass atrocitiesrdquo Israel Law Review vol 3 nuacutem 43 2013 p 405 Haeck Y Ruiz-Chiriboga O y Burbano Herrera C The Inter-American Court of Human Rights Theory and practice present and future Drawing on the case law of the Court Cambridge Intersentia 2015

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de la erosioacuten del concepto de soberaniacutea16 El fundamento constitucional de la interamericanizacioacuten surge justamente vinculado a estas transforma-ciones y se encuentra plasmado en las claacuteusulas de apertura que se fueron adoptando a raiacutez de las reformas constitucionales yo nuevas constitucio-nes si bien las foacutermulas de recepcioacuten constitucional son heterogeacuteneas17

Concretamente el paradigma de la internacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten se ha encauzado tanto por el rango constitucional que se le asigna a los tratados de derechos humanos18 su primaciacutea sobre el derecho interno incluso sobre el derecho constitucional mediante las claacuteusulas de ldquoprevalenciardquo19 asiacute como por la interpretacioacuten de los derechos fundamen-tales constitucionales a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos20

Gracias a los llamados momentos de apertura constitucional se ha ido ampliando y reforzando dicha apertura Entre 1988 y 1998 se regulan enun-ciados relativos a la prevalencia de los derechos humanos (Constitucioacuten de Brasil de 1988) y otorgan rango constitucional a los tratados de derechos hu-manos Incluyen igualmente claacuteusulas de interpretacioacuten conforme al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo Colombia 199121 Peruacute

16 Bogdandy A von y Serna de la Garza J M (eds) Soberaniacutea y Estado abierto en Ameacuterica Latina y Europa Meacutexico IIJ-UNAM 2014

17 Rango constitucional a los tratados claacuteusulas de interpretacioacuten conforme claacuteusulas de los derechos inherentes a la persona humana por mencionar algunos

18 Fix-Zamudio Heacutector ldquoLa creciente internacionalizacioacuten de las constituciones ibe-roamericanas especialmente en la regulacioacuten y proteccioacuten de los derechos humanosrdquo UNAM Biblioteca Juriacutedica Virtual disponible en httpbibliojuridicasunammxli-bros6289520pdf Laurence Burgorgue-Larsen ldquoLes standards normes imposeacutees ou consentiesrdquo en Fatin-Rouge Stefanini (ed) Existe-t-il une exception franccedilaise en ma-tiegravere de droits fondamentaux Presses Univ drsquoAix Marseille Cahiers de lrsquoInstitut Louis Favoreu 2013 pp 15-30

19 Cfr Goacutengora-Mera M E Inter-American judicial constitutionalism on the constitutional rank of human rights treaties in Latin America through national and inter-American adju-dication San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2011 p 91

20 Carpio Marcos E ldquoInterpretacioacuten conforme con la Constitucioacuten y las sentencias inter-pretativas (con especial referencia a la experiencia alemana)rdquo en Zaldiacutevar Lelo de Larrea A Ferrer Mac-Gregor E (coords) La ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en homenaje a Heacutector Fix Zamudio en sus cincuenta antildeos como investigador del derecho Interpretacioacuten constitucional y jurisdiccioacuten electoral Meacutexico IIJ-UNAM 2008 t VI pp 155-174

21 El Art 931 dispone que ldquolos tratados y convenciones internacionales ratifcados por el Congreso prevalecen en el orden internordquo y tambieacuten establece que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados inter-nacionales ratifcados por Colombia seguacuten el Art 932 Esta norma ha dado lugar a la distincioacuten entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu Pero otras normas son tambieacuten defnitorias del alcance de la regulacioacuten del Estado abierto en Colombia

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 4: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

nacionales Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios ju-risprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados en particular sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH13

A los fnes de aproximarnos al proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicos nacionales nuestro anaacutelisis abarca en la prime-ra parte sus fundamentos tanto constitucionales como convencionales asiacute como el discurso acadeacutemico que ha acompantildeado esta gestacioacuten progresi-va de estaacutendares comunes mientras que en la segunda parte se ofrecen ejemplos concretos de sentencias de la Corte IDH que han permitido dicha interamericanizacioacuten y que evidencian el impacto de la mismas por la uti-lizacioacuten del derecho internacional de los derechos humanos que hacen los jueces y otros funcionarios puacuteblicos en el ejercicio de sus mandatos dentro de sus propias jurisdicciones Unas breves liacuteneas de conclusioacuten se dedican a subrayar la interaccioacuten el diaacutelogo y el control de convencionalidad como caminos para avanzar en la interamericanizacioacuten

2 LOS FUNDAMENTOS DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN

21 Fundamentos constitucionales de la interamericanizacioacuten

El proceso de apertura del Estado en Ameacuterica Latina se distingue por tres cambios de paradigmas el surgimiento del pluralismo normativo14 la inter-nacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten15 y la apertura en el marco

13 Cfr Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos Un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM disponible en httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

14 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662 Bustos R Pluralismo constitucional y diaacutelogo jurisprudencial Meacutexico Porruacutea 2012 pp 13 y ss

15 Garciacutea Ramiacuterez Sergio La tutela de los derechos humanos en la jurisdiccioacuten interameri-cana Aportaciones recepcioacuten y diaacutelogo Meacutexico Porruacutea 2014 Distintos aportes sobre el impacto de los tribunales en derechos humanos se encuentran en Ferrer Mac-Gregor E y Herrera Garciacutea (eds) A Diaacutelogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales In memoriam Jorge Carpizo generador incansa-ble de diaacutelogos Meacutexico Tirant lo Blanch 2013 Ejemplos en el aacutembito interamericano Medelliacuten X ldquoThe normative impact of the Inter-American Court of Human Rights on Latin-American national prosecution for mass atrocitiesrdquo Israel Law Review vol 3 nuacutem 43 2013 p 405 Haeck Y Ruiz-Chiriboga O y Burbano Herrera C The Inter-American Court of Human Rights Theory and practice present and future Drawing on the case law of the Court Cambridge Intersentia 2015

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

de la erosioacuten del concepto de soberaniacutea16 El fundamento constitucional de la interamericanizacioacuten surge justamente vinculado a estas transforma-ciones y se encuentra plasmado en las claacuteusulas de apertura que se fueron adoptando a raiacutez de las reformas constitucionales yo nuevas constitucio-nes si bien las foacutermulas de recepcioacuten constitucional son heterogeacuteneas17

Concretamente el paradigma de la internacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten se ha encauzado tanto por el rango constitucional que se le asigna a los tratados de derechos humanos18 su primaciacutea sobre el derecho interno incluso sobre el derecho constitucional mediante las claacuteusulas de ldquoprevalenciardquo19 asiacute como por la interpretacioacuten de los derechos fundamen-tales constitucionales a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos20

Gracias a los llamados momentos de apertura constitucional se ha ido ampliando y reforzando dicha apertura Entre 1988 y 1998 se regulan enun-ciados relativos a la prevalencia de los derechos humanos (Constitucioacuten de Brasil de 1988) y otorgan rango constitucional a los tratados de derechos hu-manos Incluyen igualmente claacuteusulas de interpretacioacuten conforme al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo Colombia 199121 Peruacute

16 Bogdandy A von y Serna de la Garza J M (eds) Soberaniacutea y Estado abierto en Ameacuterica Latina y Europa Meacutexico IIJ-UNAM 2014

17 Rango constitucional a los tratados claacuteusulas de interpretacioacuten conforme claacuteusulas de los derechos inherentes a la persona humana por mencionar algunos

18 Fix-Zamudio Heacutector ldquoLa creciente internacionalizacioacuten de las constituciones ibe-roamericanas especialmente en la regulacioacuten y proteccioacuten de los derechos humanosrdquo UNAM Biblioteca Juriacutedica Virtual disponible en httpbibliojuridicasunammxli-bros6289520pdf Laurence Burgorgue-Larsen ldquoLes standards normes imposeacutees ou consentiesrdquo en Fatin-Rouge Stefanini (ed) Existe-t-il une exception franccedilaise en ma-tiegravere de droits fondamentaux Presses Univ drsquoAix Marseille Cahiers de lrsquoInstitut Louis Favoreu 2013 pp 15-30

19 Cfr Goacutengora-Mera M E Inter-American judicial constitutionalism on the constitutional rank of human rights treaties in Latin America through national and inter-American adju-dication San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2011 p 91

20 Carpio Marcos E ldquoInterpretacioacuten conforme con la Constitucioacuten y las sentencias inter-pretativas (con especial referencia a la experiencia alemana)rdquo en Zaldiacutevar Lelo de Larrea A Ferrer Mac-Gregor E (coords) La ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en homenaje a Heacutector Fix Zamudio en sus cincuenta antildeos como investigador del derecho Interpretacioacuten constitucional y jurisdiccioacuten electoral Meacutexico IIJ-UNAM 2008 t VI pp 155-174

21 El Art 931 dispone que ldquolos tratados y convenciones internacionales ratifcados por el Congreso prevalecen en el orden internordquo y tambieacuten establece que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados inter-nacionales ratifcados por Colombia seguacuten el Art 932 Esta norma ha dado lugar a la distincioacuten entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu Pero otras normas son tambieacuten defnitorias del alcance de la regulacioacuten del Estado abierto en Colombia

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 5: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

de la erosioacuten del concepto de soberaniacutea16 El fundamento constitucional de la interamericanizacioacuten surge justamente vinculado a estas transforma-ciones y se encuentra plasmado en las claacuteusulas de apertura que se fueron adoptando a raiacutez de las reformas constitucionales yo nuevas constitucio-nes si bien las foacutermulas de recepcioacuten constitucional son heterogeacuteneas17

Concretamente el paradigma de la internacionalizacioacuten entendida como humanizacioacuten se ha encauzado tanto por el rango constitucional que se le asigna a los tratados de derechos humanos18 su primaciacutea sobre el derecho interno incluso sobre el derecho constitucional mediante las claacuteusulas de ldquoprevalenciardquo19 asiacute como por la interpretacioacuten de los derechos fundamen-tales constitucionales a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos20

Gracias a los llamados momentos de apertura constitucional se ha ido ampliando y reforzando dicha apertura Entre 1988 y 1998 se regulan enun-ciados relativos a la prevalencia de los derechos humanos (Constitucioacuten de Brasil de 1988) y otorgan rango constitucional a los tratados de derechos hu-manos Incluyen igualmente claacuteusulas de interpretacioacuten conforme al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo Colombia 199121 Peruacute

16 Bogdandy A von y Serna de la Garza J M (eds) Soberaniacutea y Estado abierto en Ameacuterica Latina y Europa Meacutexico IIJ-UNAM 2014

17 Rango constitucional a los tratados claacuteusulas de interpretacioacuten conforme claacuteusulas de los derechos inherentes a la persona humana por mencionar algunos

18 Fix-Zamudio Heacutector ldquoLa creciente internacionalizacioacuten de las constituciones ibe-roamericanas especialmente en la regulacioacuten y proteccioacuten de los derechos humanosrdquo UNAM Biblioteca Juriacutedica Virtual disponible en httpbibliojuridicasunammxli-bros6289520pdf Laurence Burgorgue-Larsen ldquoLes standards normes imposeacutees ou consentiesrdquo en Fatin-Rouge Stefanini (ed) Existe-t-il une exception franccedilaise en ma-tiegravere de droits fondamentaux Presses Univ drsquoAix Marseille Cahiers de lrsquoInstitut Louis Favoreu 2013 pp 15-30

19 Cfr Goacutengora-Mera M E Inter-American judicial constitutionalism on the constitutional rank of human rights treaties in Latin America through national and inter-American adju-dication San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2011 p 91

20 Carpio Marcos E ldquoInterpretacioacuten conforme con la Constitucioacuten y las sentencias inter-pretativas (con especial referencia a la experiencia alemana)rdquo en Zaldiacutevar Lelo de Larrea A Ferrer Mac-Gregor E (coords) La ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en homenaje a Heacutector Fix Zamudio en sus cincuenta antildeos como investigador del derecho Interpretacioacuten constitucional y jurisdiccioacuten electoral Meacutexico IIJ-UNAM 2008 t VI pp 155-174

21 El Art 931 dispone que ldquolos tratados y convenciones internacionales ratifcados por el Congreso prevalecen en el orden internordquo y tambieacuten establece que todos los derechos fundamentales constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados inter-nacionales ratifcados por Colombia seguacuten el Art 932 Esta norma ha dado lugar a la distincioacuten entre bloque de constitucionalidad strictu y lato sensu Pero otras normas son tambieacuten defnitorias del alcance de la regulacioacuten del Estado abierto en Colombia

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 6: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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199322 Argentina 199423) Estas reformas constitucionales tambieacuten fueron acompantildeadas por decisiones importantes de los tribunales nacionales todo en consonancia con el auge de la doctrina del bloque de constitucionalidad24

Ahora bien la interamericanizacioacuten es un proceso que cuenta con fun-damento constitucional no solo por las disposiciones in concreto de la ldquoclaacuteu-sula de primaciacuteardquo yo de la ldquoclaacuteusula de interpretacioacuten conformerdquo y por ello es clave propiciar el entendimiento del Estado abierto25 Efectivamente los oacuterdenes constitucionales establecen como la Carta Poliacutetica de Colombia por ejemplo que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratifcados hacen parte de la legislacioacuten interna (Art 534)26 y toman-do como ejemplo el mismo paiacutes tambieacuten cabe mencionar el Art 44 de la Constitucioacuten que establece que los nintildeos gozaraacuten tambieacuten de los derechos consagrados en los tratados internacionales ratifcados por Colombia27 Otro caso ilustrativo de la dimensioacuten de la apertura lo ofrece la Constitucioacuten de Paraguay de 1992 que cualifca jeraacuterquicamente a los tratados de de-rechos humanos al no poder ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda constitucional (Art 142) y donde la protec-cioacuten internacional de los derecho humanos se determina como uno de los principios que orienta las relaciones internacionales (Art 143) En el caso argentino se interpreta que por voluntad del poder constituyente debe

22 La cuarta disposicioacuten fnal y transitoria se perfla por la claacuteusula de interpretacioacuten con-forme de inspiracioacuten espantildeola y portuguesa que dispone ldquoLas normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucioacuten reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las mismas materias ratifcados por el Peruacuterdquo

23 El Art 75 Nr 22 de la Constitucioacuten de Argentina de 1994 enumera una serie de tratados a los que asigna rango constitucional y deja ldquoabiertardquo la posibilidad de extender este rango a otros instrumentos siguiendo un procedimiento especiacutefco

24 Por ejemplo la decisioacuten de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 9 de mayo de 1995 No 2312-95 Accioacuten Inconstitucional especialmente parte VII Sentencia C-225-95 MP Alejandro Martiacutenez Caballero Posicioacuten reiterada en sentencia C-578-95 MP Eduardo Cifuentes Muntildeoz Sentencia C-358-97

25 Morales Antoniazzi M ldquoEl estado abierto y el cambio de paradigma de la soberaniacutea objetivo y desafiacuteo del Ius Constitutionale Communerdquo en Bogdandy Armin von Morales-Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Derechos Humanos en Ameacuterica Latina Meacutexico Porruacutea 2013 pp 65-144

26 Botero destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el concepto doble del bloque desde la sentencia C-35897 y consolidada desde la decisioacuten C-19198 Cf C Botero La accioacuten de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano Bogotaacute Consejo Superior de la Judicatura 2006 pp 18 y ss

27 Reina Garciacutea O M ldquoLas claacuteusulas de apertura o reenviacuteo hacia las fuentes externas previstas en la Constitucioacuten colombiana como criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidadrdquo en 29 Revista Derecho del Estado 2012 pp 192 y ss

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 7: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procurarse la concordancia entre los tratados y la Constitucioacuten de modo tal que la esfera de proteccioacuten internacional complementa la constitucional28

No obstante en 2017 se dictan sentencias que adoptan una interpretacioacuten restrictiva del Art 7522 de la Constitucioacuten de Argentina29 La doctrina ya ha aportado voces a favor y en contra de esta uacuteltima decisioacuten que modifcoacute la trayectoria de apertura de la Corte Suprema de Argentina30

La incorporacioacuten de este acervo hace surgir obligaciones para los Es-tados En tal sentido la Constitucioacuten de Chile por ejemplo en su artiacuteculo 6 obliga a todos los oacuterganos del Estado a adecuar su comportamiento a las normas constitucionales dentro de las cuales se encuentra no solo el cataacute-logo de derechos constitucionales sino tambieacuten las normas internacionales en materia de derechos humanos a partir de la claacuteusula que permite atri-buir rango constitucional a los tratados de derechos humanos (Art 52) en concordancia con el artiacuteculo 11 y 14 Afrma Claudio Nash que este es el fundamento de la obligatoriedad de las normas internacionales31

Otro momento constitucional de apertura se ubica entre 1999 y 2009 Se refere a las reformas de Venezuela en 199932 Ecuador en 200833 y Boli-via en 200934 las cuales tienen implicaciones en la expansioacuten de las claacuteu-

28 Sentencia de la CSJN Argentina de fecha 26121996 en el caso Monges Analiacutea M vs Universidad de Buenos Aires considerandos 20-22 A Gordillo ldquoJurisprudencia de 1997 Elogio a la Justiciardquo 1997-F LA LEY p 1318

29 Una nueva interpretacioacuten de esta norma se encuentra en el reciente caso de 2017 CSJ 3681998 (34-M)CSl Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y DrsquoAmico vs Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

30 La Ley antildeo LXXXI nuacutem 39 Buenos Aires Argentina 23 de febrero de 2017 31 Nash Rojas C Derecho internacional de los derechos humanos en Chile Recepcioacuten y apli-

cacioacuten en el aacutembito interno Chile Universidad de Chile-Facultad de Derecho-Centro de Derechos Humanos 2012 p 33

32 Art 23 ldquoLos tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratifcados por Venezuela tienen jerarquiacutea constitucional y prevalecen en el orden inter-no en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio maacutes favorables a las establecidas por esta Constitucioacuten y la ley de la Repuacuteblica y son de aplicacioacuten inmediata y directa por los tribunales y demaacutes oacuterganos del Poder Puacuteblicordquo

33 En el Art 113 estipula que ldquolos derechos y garantiacuteas establecidos en la Constitucioacuten y en los instrumentos internacionales de derechos humanos seraacuten de directa e inmediata aplicacioacuten por y ante cualquier servidora o servidor puacuteblico administrativo o judicial de ofcio o a peticioacuten de parterdquo Por otra parte contempla una variedad de foacutermulas en los artiacuteculos 417 y 424

34 El Art 13IV regula que ldquolos tratados y convenios internacionales ratifcados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohiacuteben su limitacioacuten en los Estados de Excepcioacuten prevalecen en el orden interno Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucioacuten se interpretaraacuten de conformidad con los Trata-

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sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 8: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

sulas de apertura Estas constituciones tuvieron en cuenta el progreso de las reformas anteriormente mencionadas y extendieron algunas foacutermulas como el rango constitucional de todos los ldquoinstrumentosrdquo internacionales de derechos humanos sin limitarse a los tratados En la doctrina se ha ar-gumentado que la Constitucioacuten ecuatoriana que adopta como modelo un ldquoEstado Constitucional de Derechos y Justiciardquo introdujo como innovacioacuten utilizar en distintas normas el teacutermino ldquoinstrumentosrdquo en lugar de aludir a convenios y tratados a fn de incluir tanto el hard law como el soft law35

Una manifestacioacuten de la amplitud de la apertura se concretiza tambieacuten en la regulacioacuten expresa de que los derechos fundamentales constitucionales sean interpretados a la luz del corpus iuris en la materia lo que hace pre-sumir vaacutelidamente que ldquoel grado de adhesioacuten al estaacutendar establecido en el nivel internacional seraacute importanterdquo36 El reconocimiento de la multicultu-ralidad37 es un rasgo caracteriacutestico de este momento de apertura Incluso se argumenta en la doctrina que hay un paradigma constitucional de protec-cioacuten a la diversidad todo ello en relacioacuten directa con los estaacutendares de la Corte IDH sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas38

Un reciente momento de apertura constitucional es el caso de Meacutexi-co en 201139 que incluye el otorgamiento del rango constitucional a los

dos internacionales de derechos humanos ratifcados por Boliviardquo Tambieacuten el Art 256 I y II se referen a la apertura en derechos humanos

35 Caicedo Tapia D A ldquoEl bloque de constitucionalidad en el Ecuador Derechos humanos maacutes allaacute de la Constitucioacutenrdquo en Escobar Garciacutea C (ed) Teoriacutea y praacutectica de la justicia constitucional Quito Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2010 pp 504 y 521

36 Burgorgue-Larsen L ldquoLos estaacutendares iquestnormas impuestas o consentidasrdquo en Bogdandy A von Ugartemendia J I Saiz Arnaiz A y Morales Antoniazzi M (coords) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 375-411

37 Roman Andrade P W ldquoPluralismo juriacutedico y deslinde constitucionalrdquo en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano antildeo XXII KAS Bogotaacute 2016 p 662

38 Yrigoyen Fajardo R ldquoEl horizonte del constitucionalismo pluralista Del multiculturalis-mo a la descolonizacioacutenrdquo en Rodriacuteguez Garavito C (ed) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires Siglo Veintiuno Edito-res 2011 pp 139 y ss Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo en 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss

39 Art 1 ldquoEn los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favo-reciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia Todas las autoridades en el aacutembito de sus competencias tienen la obligacioacuten de promover respetar proteger

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 9: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tratados de derechos humanos La reforma ha signifcado un gran avance aunque queden todaviacutea regulaciones criacuteticas40 La clave en este caso fue que la reforma constitucional coincidioacute con una reforma del amparo y con importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Una premisa es cierta ha sido un proceso de reforma apalancado por una re-lacioacuten dinaacutemica entre la Corte Suprema de Justicia de Meacutexico y la Corte IDH En Meacutexico se ha producido una transformacioacuten de la justicia a partir de una construccioacuten dialoacutegica con la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH muy particularmente a partir del caso Rosendo Radilla vs el Estado Mexicano mediante el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte en el sentido de que todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad41 En este sentido cabe destacar entre otros aspectos la prohibicioacuten constitucional de suscribir ldquoconvenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Art 15)rdquo42

El proceso de interamericanizacioacuten trae consigo una ampliacioacuten de la proteccioacuten que se deriva de la incorporacioacuten de la fuente normativa de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales creando con ello un bloque de constitucionalidad ampliado en materia de derechos huma-nos43 Facilita asimismo la interpretacioacuten bajo la premisa del principio pro

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado deberaacute pre-venir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los teacuterminos que establezca la leyhelliprdquo

40 Por ejemplo en relacioacuten al Art 29 de la Constitucioacuten mexicana Veacutease Salazar Ugarte P ldquoDel estado de excepcioacuten a la suspensioacuten constitucionalizada Refexiones sobre la reforma al artiacuteculo 29 de la Constitucioacuten mexicanardquo en Carbonell Saacutenchez M y Salazar Ugarte P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradig-ma Meacutexico UNAM 2011 pp 257-291

41 Cfr Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Prelimina-res Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 339 Rivera Leoacuten M A ldquoConversando sobre derechos iquestUna nueva actitud dialoacutegica de la Suprema Corterdquo en Bogdandy A von Morales Antoniazzi M y Ferrer Mac-Gregor E (coords) Construccioacuten de un Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Contexto estaacutendares e impacto a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Puebla BUAP-UNAM-Corte IDH-MPI 2016 pp 485-501

42 No se analiza en este trabajo el debate acerca del alcance del art 133 de la Constitucioacuten mexicana

43 Maacutes detalles en Ferrer Mac-Gregor E ldquoInterpretacioacuten conforme y control difuso de con-vencionalidad El Nuevo paradigma para el juez mexicanordquo en Carbonell M y Salazar P (coords) La reforma constitucional de derechos humanos Un nuevo paradigma Meacutexico IIJ-UNAM 2011 p 365

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 10: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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persona44 y permite tener como eje la reparacioacuten de los dantildeos causados a las viacutectimas

Al margen de los diferentes momentos constitucionales de apertura en Ameacuterica Latina se observa que hay una claacuteusula maacutes generalizada y que denota la convergencia y simetriacutea en el espectro normativo constitucional que es la denominada claacuteusula de los derechos innominados La conver-gencia material en esta apertura se manifesta en incorporar en teacuterminos similares que la declaracioacuten o enunciacioacuten de los derechos contenida en la Constitucioacuten no debe ser entendida como la negacioacuten de otros no enumera-dos en el texto constitucional que sean inherentes a la ldquopersona humanardquo o ldquoa la dignidad humanardquo45

Como afrma Eduardo Ferrer Mac-Gregor un elemento comuacuten al recibir el infujo del derecho internacional mediante las diversas claacuteusulas consti-tucionales es que las normas convencionales adquieren caraacutecter constitu-cional46 La ubicacioacuten de los tratados de derechos humanos en la supremaciacutea constitucional produce efectos a nivel nacional Dicho rango les otorga ri-gidez en la medida en que una reforma constitucional solo podraacute modifcar un tratado en materia de derechos humanos cuando implique una mayor proteccioacuten y garantiacutea de tales derechos estando vedado desmejorar su si-tuacioacuten juriacutedica como opina Humberto Nogueira47

La consecuencia juriacutedica del rango constitucional y por tanto que dichos tratados integren el conocido bloque de la constitucionalidad es que permean a todo el derecho interno y a todos los poderes puacuteblicos los cuales deben sujetarse a ellos en igual medida que a la propia Cons-titucioacuten Se aduce que una de las consecuencias de la jerarquiacutea consti-tucional de los tratados sobre derechos humanos es su incorporacioacuten in totum es decir implica todas sus normas y todo su contenido incluidos los oacuterganos de proteccioacuten internacional previstos en dichos tratados Por

44 Cfr Cruz Parcero J A ldquoEl control difuso de constitucionalidad y convencionalidad Hacia un meacutetodo de trabajordquo en Carbonell M Fix-Fierro H Gonzaacutelez Peacuterez L R y Va-ladeacutes D (coords) Estado constitucional derechos humanos justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo Meacutexico IIJ-UNAM 2015 t V vol 1 p 464

45 Constituciones de Argentina (Art 33) Bolivia (Art 13II) Brasil (Art 5 sect 2ordm) Colombia (Art 94) Ecuador (Art 117) Paraguay (Art 45) Peruacute (Art 3) Uruguay (Art 72) y Vene-zuela (Art 22)

46 Ferrer Mac-Gregor E ldquoRefexiones sobre el control difuso de convencionalidad A la luz del caso Cab rera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexicordquo en Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado nuacutem 131 2011 p 931

47 Noriega Alcalaacute H ldquoLos tratados internacionales en el ordenamiento juriacutedico internordquo 22 Revista Ius et Praxis 1997 p 27

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 11: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

esta razoacuten se rechaza que pueda exigirse un exequaacutetur de constituciona-lidad 48

Respecto a las claacuteusulas de interpretacioacuten Neacutestor Saguumleacutes afrma que en tales hipoacutetesis ldquohay una lsquotransferencia de responsabilidades interpreta-tivasrsquo de sumo intereacutes el constituyente nacional se somete al documento y al oacutergano jurisdiccional inter o supranacional seguacuten como se lo quiera verrdquo y encuentra que la ldquolegitimidad de dispositivos de aquella iacutendole se explica principalmente por la necesidad de construir un Ius Constitutiona-le Commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario El inteacuterprete inter o supra nacional ademaacutes puede gozar (aunque no siempre) de una cierta presuncioacuten de mayor calidad y objetividad que el inteacuterprete nacional de vez en cuando maacutes comprometido con intereses sectoriales domeacutesticosrdquo49 Caballero Ochoa partiendo del supuesto del Estado consti-tucional como receptor de la norma internacional opina que la adopcioacuten de la claacuteusula pro persona que sirve a tiacutetulo de referencia reguladora de la conformidad del derecho interno con los tratados sobre derechos humanos debe utilizarse ldquocomo el criterio interpretativo para discernir la aplicacioacuten de uno u otro espacio normativo maacutexime en el caso de antinomias y si-guiendo criterios de proporcionalidadrdquo50

En liacuteneas generales los polos para pronunciarse a favor o no de la recepcioacuten en el orden interno de los estaacutendares de los otros sistemas nor-mativos de derechos humanos se estaacuten perflando con las posturas inter-nacionalistas (favorables) y los nacionalistas (resistentes a tal recepcioacuten)51

Como indica Jorge Carpizo el reconocimiento de la supremaciacutea del derecho internacional en especial del convencional respecto al derecho interno se dibuja como una tendencia del constitucionalismo latinoamericano con-temporaacuteneo52 La tendencia hacia el proceso de interamericanizacioacuten y la

48 Carlos Ayala Corao mantiene una postura criacutetica frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que desconoce las sentencias del oacutergano interamerica-no lo cual representa no soacutelo una violacioacuten de la CADH sino tambieacuten de la Constitucioacuten venezolana de 1999 Ayala Corao C ldquoLa doctrina de la lsquoinejecucioacutenrsquo de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999ndash2009)rdquo en Bog-dandy A von Ferrer Mac-Gregor E y Morales Antoniazzi M (eds) La justicia consti-tucional y su internacionalizacioacuten iquestHacia un ius constitucionale commune en Ameacuterica Latina Meacutexico IIJ-UNAM 2010 t II p 106

49 Saguumleacutes N P ldquoEl poder constituyente como inteacuterprete de la Constitucioacutenrdquo en XVI16 Pensamiento Constitucional Lima 2012 pp 191 y ss

50 Caballero Ochoa J L La incorporacioacuten de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Espantildea y Meacutexico Meacutexico Porruacutea 2009 p 62

51 Serna J M Impacto e implicaciones constitucionales de la globalizacioacuten en el sistema juriacutedico mexicano Meacutexico UNAM 2012 pp 243 y ss

52 Carpizo J ldquoDerecho constitucional latinoamericano y comparadordquo 114 Boletiacuten Mexicano de Derecho Comparado 2005 p 980

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 12: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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confguracioacuten progresiva del Ius Constitutionale Commune cuenta con dis-posiciones constitucionales expliacutecitas Evidentemente hay oscilaciones53 o resistencias54 pero en la actualidad se comprueba coacutemo la gran mayoriacutea de ordenamientos constitucionales latinoamericanos participan en la construc-cioacuten del Ius Commune en la regioacuten

22 Fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten

Una aproximacioacuten al concepto del corpus iuris interamericano de derechos humanos indica que el Sistema Interamericano es un sistema juriacutedico-poliacutetico construido a partir de voluntades soberanas con sustento en valo-res y principios compartidos normas comunes y dos oacuterganos de control de la proteccioacuten de los derechos humanos Los valores y principios compartidos constan expliacutecita o impliacutecitamente en el tratado de derechos humanos por excelencia del SIDH a saber la Convencioacuten Americana55 Ademaacutes el corpus iuris del SIDH tambieacuten comprende los demaacutes protocolos y convenciones56

que muestran los consensos de los Estados al menos normativos en cuanto a la proteccioacuten de derechos humanos Tal como argumenta Sergio Garciacutea Ra-miacuterez las ratifcaciones de los instrumentos por parte de todos los Estados permiten un doble objetivo por una parte se busca alcanzar una regionali-dad plena en el sentido de la vigencia de los instrumentos en todos los paiacute-

53 Por ejemplo las tensiones con la Corte Suprema de Justicia de Uruguay sobre el cumpli-miento del caso Gelman o el Tribunal Constitucional de Repuacuteblica Dominicana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

54 Por ejemplo Venezuela denuncioacute la CADH en 2012 55 Ibaacutentildeez J M Manual auto-formativo para la aplicacioacuten del control de convencionalidad di-

rigido a operadores de justicia San Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2015 p 33 Disponible en httpiidhedcrIIDHmedia3164manual-auto-formativo-control-convencionalidad-webpdf

56 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Drechos Humanos en Derechos Eco-noacutemicos Sociales y (ldquoProtocolo de San Salvadorrdquo) 17 de noviembre de 1999 el Protocolo a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolicioacuten de la Pena de Muerte (Pacto de San Joseacute) 6 de agosto de 1990 Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la Convencioacuten Interamericana sobre la Desaparicioacuten Forzada de Personas la Convencioacuten Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencioacuten de Beleacutem do Paraacute) 9 de junio de 1994 Convencioacuten Intera-mericana para la Eliminacioacuten de todas las formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad 7 de junio de 1999 Convencioacuten Interamericana contra el Racismo la Discriminacioacuten Racial y Formas Conexas de Intolerancia 5 de junio de 2013 A-68 Con-vencioacuten Interamericana contra toda forma de Discriminacioacuten e Intolerancia 5 de junio de 2013 Convencioacuten Interamericana sobre la Proteccioacuten de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 15 de junio de 2011 Es muy importante la reciente Declaracioacuten sobre los derechos de los pueblos indiacutegenas de 2016

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ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 13: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ses y por otra parte se continuacutea el traacutensito hacia el acogimiento de otros temas auacuten no regulados en el sistema57 En este sentido en el proceso de interamericanizacioacuten las bases convencionales juegan un rol fundamental al ser el elemento en comuacuten que comparten los diferentes Estados

A nivel convencional se observa una tendencia hacia la consolidacioacuten progresiva de un constitucionalismo regional orientado a la salvaguardia de los derechos humanos sobre la base de la CADH como ldquoConstitucioacutenrdquo latinoamericana los otros instrumentos interamericanos y la jurisprudencia de la Corte IDH que ha ido dotando de contenido el corpus iuris interame-ricano

La CADH como totum obliga a los Estados Sin embargo algunas dis-posiciones son clave y desempentildean un papel esencial en la integracioacuten del derecho nacional e internacional y en la promocioacuten de la interamerica-nizacioacuten del derecho a nivel de los Estados Los artiacuteculos 1158 y 259 de la CADH preveacuten las obligaciones generales para los Estados parte El art 11 exige a los Estados 1) que se abstengan de violar los derechos y libertades contenidos en ella (deber de respetar) lo que implica el deber de prevenir investigar y sancionar cualquier violacioacuten de los derechos previstos en la CADH y reparar su violacioacuten 2) garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (deber de garantiacutea) reconocidos en la Convencioacuten que exige a los Estados ldquoque se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanosrdquo y 3) adoptar las medidas legis-lativas o de otra iacutendole que sean necesarias para dar efecto a esos derechos o libertades en el derecho interno Por su parte el art 2 de la CADH que obliga a los Estados a adecuar su legislacioacuten interna a la Convencioacuten y a la interpretacioacuten de la misma realizada por la Corte IDH es una caracteriacutestica particular del Sistema Interamericano su homoacutelogo europeo no cuenta con

57 Garciacutea Ramiacuterez S ldquoAdmisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Garciacutea Ramiacuterez S y Hernaacutendez C (coords) Recepcioacuten na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisioacuten de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana Meacutexico IIJ-UNAM 2009 p 28

58 Art 11 CADH ldquoLos Estados Partes en esta Convencioacuten se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esteacute sujeta a su jurisdiccioacuten sin discriminacioacuten alguna por motivos de raza color sexo idioma religioacuten opiniones poliacuteticas o de cualquier otra iacutendole origen nacio-nal o social posicioacuten econoacutemica nacimiento o cualquier otra condicioacuten socialrdquo

59 Art 2 CADH ldquoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesrdquo

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 14: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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una claacuteusula similar60 Estas normas son claves en el proceso de interamerica-nizacioacuten del derecho domeacutestico dado que obligan a los Estados a adecuar su ordenamiento y praacutecticas a la norma ldquosupranacionalrdquo del derecho de los dere-chos humanos Esto uacuteltimo ha permitido a la Corte IDH en numerosas ocasio-nes ordenar a los Estados la reforma de sus ordenamientos juriacutedicos internos para reparar una violacioacuten de dicho artiacuteculo 2 como se mostraraacute maacutes adelante

Ademaacutes los artiacuteculos 29b y 29c de la CADH contienen reglas para la interpretacioacuten del derecho que contribuyen a perflar y orientar el rumbo de la interamericanizacioacuten Ninguna disposicioacuten de la Convencioacuten puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convencioacuten en que sea parte uno de dichos Estados c) excluir otros derechos y garantiacuteas que son inherentes al ser humano La doctrina ha sostenido que el artiacuteculo 29b entendido como claacuteusula de apertura facilita la labor de la Corte IDH en su diaacutelogo con la jurisprudencia internacional (universal penal regional nacional y comparativa) y tambieacuten permite la incorporacioacuten de hard y soft law De esta manera la Corte IDH participa de un enfoque ldquocosmopolitardquo al igual que su homoacuteloga la Corte Europea de Derechos Humanos61

De este modo con la ratifcacioacuten de la CADH los Estados se han abierto a la aplicacioacuten directa del derecho interamericano obligaacutendose a adaptar su legislacioacuten e instituciones nacionales a estas normas supranacionales La CADH es la piedra angular para la interamericanizacioacuten de la legislacioacuten interna de los Estados Y maacutes especiacutefcamente como la Corte IDH lo ha de-sarrollado en su jurisprudencia los Estados estaacuten vinculados por el corpus iuris interamericano

Asimismo el artiacuteculo 44 de la CADH ampliacutea el horizonte del acceso a la justicia al incorporar el llamado ldquoAmparo Interamericanordquo62 y regula el acceso a esta Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gu-bernamental legalmente reconocida en uno o maacutes Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisioacuten peticiones que contengan denuncias o quejas de violacioacuten de la CADH u otro instrumento internacional por un

60 Medina Quiroga C The American Convention on Human Rights crucial rights and their theory and practice Cambridge Intersetia 2016

61 Veacutease al respecto Burgorgue-Larsen L ldquoInterpreting the European Convention What Can the African Human Rights System Learn from the Case of the European Court of Human Rights on the Interpretation of the European Convention rdquo 5 Inter-American amp European Human Rights Journal 2012 pp 90-123

62 Ayala Corao C M Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la proteccioacuten de los derechos humanos CaracasSan Joseacute Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Juriacutedica Venezolana 1998

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 15: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

Estado parte La Corte IDH ha entendido que este acceso a la justicia inte-ramericana como parte de los recursos disponibles para el examen judicial de cualquier decisioacuten interna que pueda violar los derechos humanos Desde una perspectiva procesal los mecanismos judiciales a los que se refere la CADH son un instrumento para la interamericanizacioacuten del derecho puacuteblico interno ya que obligan al Estado mediante una decisioacuten fnal (cosa juzgada internacional) de la Corte IDH en aplicacioacuten de la CADH

Dicha intervencioacuten de la Corte IDH es de caraacutecter subsidiario puesto que el Sistema Interamericano le ofrece a las viacutectimas la posibilidad de acudir a eacutel cuando sus derechos han sido vulnerados y el propio Estado no ha brindado la proteccioacuten ni garantiacuteas a nivel nacional En el marco de este entendimiento se argumenta que los oacuterganos de proteccioacuten en particular la Corte IDH intervienen ldquoporque un Estado no cumple y por lo tanto no debe considerarse una intromisioacuten sino un complemento o correccioacuten de aquellos sistemas legales domeacutesticos que de cumplir no hariacutean factible ni necesaria la intervencioacutenrdquo63 En la doctrina se argumenta recientemente que es conveniente desarrollar tambieacuten la dimensioacuten positiva del principio de subsidiariedad Yota Negishi se pronuncia a favor de un modelo hiacutebrido que combina el control de convencionalidad centralizado y el difuso en atencioacuten al papel del principio de subsidiariedad en la asignacioacuten de com-petencias entre los tribunales regionales de derechos humanos y los Estados parte El principio de subsidiariedad regula la asignacioacuten de la autoridad puacuteblica en los sistemas de gobernanza multinivel y muestra una preferencia por las funciones en el nivel maacutes bajo de la gobernabilidad Igualmente la subsidiariedad reasigna inversamente autoridad al nivel maacutes alto siacute y en la medida que el nivel maacutes alto estaacute en mejores condiciones para cumplir con la tarea en cuestioacuten De ese modo la subsidiariedad incluye tanto el aspec-to ldquonegativordquo de limitar la competencia de entidades superiores en favor de los inferiores en funcioacuten de mayor deferencia mientras que el aspecto ldquopositivordquo permite que la autoridad superior para interferir en la autoridad inferior y en ese sentido hay una mayor interferencia La faceta positiva debe ser reforzada para el buen entendimiento de la fgura del control de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH64

63 Contesse Singh J ldquoConstitucionalismo interamericano Algunas notas sobre las dinaacutemi-cas de creacioacuten e internalizacioacuten de los derechos humanosrdquo en Garavito R (coord) El derecho en Ameacuterica Latina Un mapa para el pensamiento juriacutedico del siglo XXI Buenos Aires 2011 p 252

64 Negishi Y ldquoThe Subsidiarity Principlersquos Role in Allocating Competences between Hu-man Rights Courts and States Parties The Hybrid Model of Centralized and Diffused Conventionality Control of Domestic Lawrdquo en Bogdandy A von Piovesan F y Morales Antoniazzi M (eds) Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador Ius Constitutionale Commune na Ameacuterica Latina Brasil 2015 (en edicioacuten)

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 16: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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Se interpreta que las decisiones de la Corte IDH repercuten en el ldquofor-talecimiento de la vitalidad democraacutetica de autoridades nacionales en el reforzamiento de la capacidad institucional al interior de los Estados y en particular de los tribunales65 Incluso advierte Sergio Garciacutea Ramiacuterez que si la tutela del ser humano es la decisioacuten fundamental primordial en las constituciones nacionales y en los textos internacionales los dilemas se diluyen y la coincidencia surge sin generar confictos66 Heacutector Fix Zamu-dio considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idoacuteneo y deseable para impulsar la garantiacutea efcaz de los derechos humanos67 Se afrma que el control complementario permite la fjacioacuten de estaacutendares comunes para que los jueces nacionales los utilicen como paraacutemetros de interpretacioacuten originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante el diaacutelogo interjudicial68

23 Interamericanizacioacuten del discurso juriacutedico-puacuteblico

La interamericanizacioacuten envuelve el uso de los estaacutendares jurisprudenciales en el debate puacuteblico69 en la actividad jurisdiccional70 y extrajudicial (defen-soriacuteas del pueblo por ejemplo)71 pero tambieacuten encierra el litigio estrateacutegi-

65 Discurso del Presidente de la Corte IDH Juez Diego Garciacutea-Sayaacuten ante la XLI Asamblea General de Estados Americanos San Salvador El Salvador 7 de junio de 2011

66 Informe del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Asam-blea General de la OEA Sergio Garciacutea Ramiacuterez Panamaacute 06062007 p 3 Disponible en httpwwwCorte IDHorcrdocsdiscursosgarcia_06_06_07pdf

67 Fix-Zamudio H ldquoRelaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Interna-cional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 599-695 y 670

68 Toro Huerta M I del ldquoEl diaacutelogo interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos Especial referencia al sistema intera-mericanordquo en Corzo Sosa E (ed) I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional Meacutexico 2009 pp 531-575 y 537

69 Por ejemplo en el caso del proceso de paz en Colombia veacutease por ejemplo Bernal Pulido Carlos ldquoTransitional Justice within the framework of a permanent constitution The case study of the legal framework for peace in Colombiardquo Cambridge Journal of International and Comparative Law nuacutem 3 2014 pp 1136-1163

70 Se pueden mencionar tres decisiones emblemaacuteticas Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Sala Constitucional (9 may 1995) No 2312-95 Accioacuten de Inconstitucionalidad es-pecialmente parte VII Tribunal Constitucional de Peruacute (21 jul 2006) No 2730- 2006-PA TC Fundamentos para 12 Corte Suprema de Justicia de El Salvador Sala Constitucional (10 jul 2015) No 323-2012ac

71 CNDH Meacutexico Recomendacioacuten No 3VG2015 relacionada con el caso de ejecuciones ex-trajudiciales en Tanhuato Michoacaacuten lthttpwwwcndhorgmxsitesalldocRecomen-dacionesViolacionesGravesRecVG_004pdfgt

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 17: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

co72 y el discurso acadeacutemico73 Particularmente en relacioacuten a la interameri-canizacioacuten del discurso vale la pena resaltar las afrmaciones que Leonardo Garciacutea Jaramillo toma de la propuesta de Jack Balkin y Sanford Levinson74

para introducir la utilidad de los ldquocaacutenones juriacutedicos que han empezado a construirse en la regioacuten a partir de normas teoriacuteas dogmaacutetica y ciencia juriacutedica que se reciben creativamente desde caacutenones trasnacionalesrdquo Dichos caacutenones se destinan a primero ldquocuaacuteles casos y materiales juriacutedicos impor-tantes deberiacutean ensentildearse y difundirse en las facultades de derecho (canon pedagoacutegico)rdquo luego sobre queacute casos claves y materiales deben hacerse del conocimiento puacuteblico respecto a cuestiones centrales del desarrollo cons-titucional (canon de cultura general) y por uacuteltimo cuaacuteles casos claves y materiales deberiacutean ser del conocimiento de los acadeacutemicos sobre las teoriacuteas del derecho constitucional (canon teoacuterico-acadeacutemico)75

En el aacutembito del canon de la teorizacioacuten se encuentran diversos aportes desde la academia para defnir los impactos de lo que defno como inte-ramericanizacioacuten Por ejemplo la nocioacuten de lsquoconstitucioacuten convencionali-zadarsquo (Neacutestor Sagueacutes)76 lsquoconvencionalizacioacuten del derechorsquo (Eloy Espinosa-Saldantildea Barrera)77 o lsquoconstitutionalization of Inter-American law (Ludovic

72 Herencia Carrasco Salvador ldquoPublic Interest Litigation in the Inter-American Court of Human Rights The Protection of Indigenous Peoples and the Gap between Legal Victories and Social Changerdquo en Revue Queacutebeacutecoise de Droit International 2015 ed especial pp 199-220 Baluarte David C ldquoStrategizing for Compliance The Evolution of a Compliance Phase of Inter-American Court Litigation and the Strategic Imperative for Victimsrsquo Repre-sentativesrdquo en American University International Law Review nuacutem 27 2012 pp 263-319

73 Sobre el ius constitutionale commune veacuteanse recientes publicaciones a saber Caldas R en A Saiz Arnaiz (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 Torres Zuacutentildeiga N ldquoControl de normas constitucionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Santolaya P y Wences I La Ameacuterica de los derechos Madrid CEPC 2016 Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

74 Balkin J Levinson S ldquoThe Canons of Constitutional Lawrdquo 111 Harvard Law Review 963 1998

75 Garciacutea Jaramillo L ldquoDe la lsquoconstitucionalizacioacutenrsquo a la lsquoconvencionalizacioacutenrsquo del ordena-miento juriacutedico La contribucioacuten del ius constitutionale communerdquo 2016 Revista Derecho del Estado nuacutem 36 pp 163 y ss

76 Sagueacutes N ldquoDe la Constitucioacuten Nacional a la Constitucioacuten lsquoConvencionalizadarsquordquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo Martiacutenez Ramiacuterez Fabiola y Figueroa Mejiacutea Giovanni A (coords) Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico UNAM 2014

77 Espinosa-Saldantildea Barrera E Notas sobre la aplicacioacuten del principio de legalidad en el es-cenario internacional y su incidencia en la labor de las diversas administraciones puacuteblicas disponible en httpderechoydebatecomadminuploadsESPINOSA-SALDANA-ELOYpdf

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Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 18: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Hennebel)78 Precisamente bajo este enfoque del constitucionalismo trans-formador en Ameacuterica Latina Armin von Bogdandy califca al discurso juriacute-dico-puacuteblico en torno a los derechos humanos como un elemento comuacuten79

Igualmente no cabe duda a nivel regional que casos emblemaacuteticos como la desaparicioacuten de los 43 estudiantes en Iguala Meacutexico asiacute como el proceso de paz en Colombia han estado impregnados del debate sobre el cumplimiento de los estaacutendares analizados en las discusioacuten teoacuterico-juriacutedica con un eco en la esfera puacuteblica de manera creciente y progresiva

3 EL IMPACTO DE LA INTERAMERICANIZACIOacuteN A LA LUZ

DE LAS REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH

Aunado a los fundamentos convencionales de la interamericanizacioacuten ese es el que se refere a la reparacioacuten integral ordenada por la Corte IDH En este sentido debe tenerse en cuenta que desde los inicios del litigio ante tribunales internacionales se ha considerado como principio general del de-recho internacional que el incumplimiento de una obligacioacuten internacional trae consigo la correlativa obligacioacuten de reparar el dantildeo de forma adecuada80

Una de las contribuciones maacutes importantes del desarrollo jurispruden-cial de la Corte Interamericana ha sido la reparacioacuten integral por violaciones de derechos humanos81 La Convencioacuten Americana dispone en su artiacuteculo 631 que ldquola Corte dispondraacute que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Dispondraacute asimismo si ello fuera pro-cedente que se reparen las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de esos derechos y el pago de una justa indem-nizacioacuten a la parte lesionadardquo

La Convencioacuten Americana le ha dado competencia a la Corte para or-denar a los Estados paraacutemetros destinados a reparar ldquolas consecuencias de

78 Hennebel L ldquoThe Inter-American Court of Human Rights The Ambassador of Universa-lismrdquo Quebec J Intrsquol L ed especial 2011 pp 71 y ss

79 Bogdandy Armin von Ferrer Mac Gregor Eduardo Morales Antoniazzi Mariela Piovesan Flavia y Soley Ximena ldquoIus Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina A Regional Approach to Transformative Constitutionalismrdquo Max Planck Institute for Comparative Pu-blic Law amp International Law (MPIL) Research Paper No 2016-21 disponible en https papersssrncomsol3paperscfmabstract_id=2859583

80 Corte Permanente de Justicia Internacional Caso Factory at Chorzow jurisdiccioacuten 26 de julio de 1927 p 21

81 Para este anaacutelisis se toma como referencia la contribucioacuten del autor Pablo Saavedra Ales-sandri en la obra iquestHacia una globalizacioacuten de los derechos El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana Garciacutea Roca J y Carmona Cuenca E (eds) Aranzadi 2017

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la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 19: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la medida o situacioacuten que ha confgurado la vulneracioacuten de derechosrdquo y a su vez con las disposiciones generales antes indicadas relativas al deber de respeto y garantiacutea asiacute como a la obligacioacuten de adoptar medidas se le abrioacute un camino para que dicte medidas que busquen por un lado atender las necesidades de las viacutectimas tanto en una dimensioacuten individual como en una colectiva y por el otro atender cuando corresponda el problema estructural que originoacute la violacioacuten

Desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha sido pionera en promover y asegurar una reparacioacuten integral a las viacutectimas de violacio-nes de derechos humanos lo cual ha favorecido la adopcioacuten de medidas de naturaleza pecuniaria y no pecuniarias para atender no solo los dantildeos ocu-rridos a las viacutectimas sino tambieacuten las falencias estructurales que sirvieron como causas a dichas violaciones a los derechos humanos Para efectos de comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH como reparaciones de caraacutecter integral una posible agrupacioacuten de las mismas es la siguiente medidas de restitucioacuten de rehabilitacioacuten de satisfaccioacuten obligacioacuten de investigar y sancionar a los responsables garantiacuteas de no repeticioacuten e indemnizacioacuten y pago de costas y gastos82

Especial atencioacuten queremos asignar a las denominadas garantiacuteas de no repeticioacuten La Corte IDH ha sentildealado que cuando se ha culminado el pro-ceso internacional y se dicta sentencia es necesario que el Estado evite la reiteracioacuten de las conductas que llevaron al litigio La sentencia y las re-paraciones en ella ordenadas deberiacutean proporcionar un nuevo marco y una nueva visioacuten que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identifcados Es por ello que la Corte IDH ha incorporado al cataacutelogo de las reparaciones mdashen su sentido maacutes ampliomdash distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas en el caso asiacute como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modifcaciones necesarias para adecuar el derecho interno o praacutecticas la Convencioacuten Americana Estas medidas tienen un alcance o repercusioacuten que trasciende el caso en particular y en muchas ocasiones resuelven problemas

Londontildeo Laacutezaro M C Las garantiacuteas de no repeticioacuten en la jurisprudencia interamericana derecho internacional y cambios estructurales del Estado Tirant lo Blanch Universidad de la Sabana 2014 En aacutembitos especiacutefcos Russo A M ldquoEl lsquoderecho transconstitucional de la diversidadrsquo La lsquoespecialidad indiacutegenarsquo en el desarrollo interamericano del derecho de propiedadrdquo 9 Inter-American amp European Human Rights Journal 2016 pp 94 y ss Bajo el enfoque del ius commune Garciacutea Ramiacuterez S ldquoLa lsquonavegacioacuten americanarsquo de los derechos humanos hacia un ius commune Ius Constitutionale Commune en derechos humanos en Ameacuterica Latinardquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Ferrer Mac-Gregor Eduardo (coords) Ius Constitutionale Commune en Ameacuterica Latina Textos baacutesicos para su comprensioacuten Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro-Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 2017 pp 55 y ss

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 20: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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estructurales vieacutendose benefciadas no solo viacutectimas del caso sino tambieacuten otros miembros y grupos de la sociedad es decir tienen efectos generales

De este modo la Corte IDH al conocer de un caso puede ordenar al Estado como garantiacutea de no repeticioacuten que repare la violacioacuten a traveacutes de reformas de caraacutecter legislativo adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas o cambio de praacutecticas en los casos en los que la norma juriacutedica o ausencia de la misma la poliacutetica puacuteblica implementada el deacutefcit institucional o praacutectica existen-te fueron quienes sirvieron de cimiento para que se generara la violacioacuten evidenciando una falencia estructural

La reparacioacuten que conlleva un cambio normativo la adopcioacuten de po-liacutetica puacuteblica o cambio de praacutectica busca que la falencia estructural que permitioacute o sirvioacute para que se generara la violacioacuten sea transformada o des-articulada de manera tal que se evite que hechos de la misma naturaleza vuelvan ocurrir y de ese modo puedan garantizarse efectivamente el goce de los derechos y libertades protegidos en la CADH

Las garantiacuteas de no repeticioacuten se pueden dividir en tres grupos seguacuten su naturaleza y fnalidad a saber en primer lugar la adopcioacuten de medidas de derecho interno en segundo lugar la capacitacioacuten a funcionarios puacute-blicos yo educacioacuten a la sociedad en materia de derechos humanos y en tercer lugar otro tipo de medidas generales

ndash Adopcioacuten de medidas de derecho interno de caraacutecter transformador Se trata de medidas legislativas o de adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas dirigidas a cambiar alguna situacioacuten estructural de origen normativo praacutectica exis-tente o deacutefcit institucional que tiene lugar en el Estado responsable de la violacioacuten Estas medidas estaacuten orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir asegurando que en el futuro el Estado cumpla con sus deberes de prevencioacuten y garantiacutea de los derechos humanos y que adopte las medidas legislativas o poliacuteticas puacuteblicas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos En este aacutembito la Corte IDH ha ordenado a los Estados adecuar su legislacioacuten interna en diversas materias que a su vez han conllevado actos de diversa naturaleza Algunos ejemplos de oacuterdenes con caraacutecter estructural son la reforma a la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile en materia de libertad de expresioacuten de manera que se eliminara la fgura de censura cinematograacutefca establecida en esta y se pasara a un reacutegimen de califcacioacuten cinematograacutefca83 la declaracioacuten de invalidez y de carencia de efectos de las leyes de autoamnistiacutea de Peruacute84 la adecuacioacuten de las normas

83 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

84 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C nuacutem 162

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procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 21: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

procesales y sustantivas en materia de combate al terrorismo en Peruacute85 ga-rantizar el derecho de acceso a la informacioacuten en cuestiones de intereacutes puacute-blico en Chile86 crear un mecanismo efcaz de reclamacioacuten y demarcacioacuten de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indiacutegenas en Nicaragua87

el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior en materia penal88

la tipifcacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada de personas89 la restric-cioacuten de la jurisdiccioacuten penal militar para la investigacioacuten de violaciones de derechos humanos90 modifcar la regulacioacuten del coacutedigo penal respecto del delito de asesinato en lo relativo a la peligrosidad del agente91 esta-blecer un recurso judicial sencillo que permita controlar las decisiones del maacuteximo oacutergano electoral que afecten a derechos humanos92 eliminacioacuten de la prohibicioacuten de practicar fecundacioacuten in vitro para aquellas personas que lo requieran93 restriccioacuten del servicio militar para menores de edad en Paraguay94 regulacioacuten de la declaratoria de los estados de emergencia y suspensioacuten de garantiacuteas a los estaacutendares internacionales95 adecuacioacuten de la normativa interna para que se dejen hacer cobros por el depoacutesito y manejo de los bienes que son aprehendidos a personas que no han sido condenadas

85 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C nuacutem 52

86 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

87 Corte IDH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C nuacutem 79

88 Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C nuacutem 107

89 Corte IDH Caso Trujillo Oroza vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de fe-brero de 2002 Serie C nuacutem 92

90 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

91 Corte IDH Caso Fermiacuten Ramiacuterez vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005 Serie C nuacutem 126

92 Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C nuacutem 184

93 Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (ldquoFecundacioacuten in vitrordquo) vs Costa Rica Excepcio-nes Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C nuacutem 257

94 Corte IDH Caso Vargas Areco vs Paraguay Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 155

95 Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros vs Ecuador Fondo Reparaciones y Costas Sen-tencia de 4 de julio de 2007 Serie C nuacutem 166

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 22: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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por sentencia frme96 la reforma de la normativa sobre injuria y calumnia en Argentina97 dejar sin efecto la ley de amnistiacutea en El Salvador98 la pro-teccioacuten de la nintildeez en Guatemala99 Es interesante observar que todas estas reformas aludidas fueron efectivamente implementadas por los Estados

Cuando la Corte IDH ordena una reforma legislativa no se satisface con el hecho que el Estado anuncie o presente un proyecto de ley sino que es necesario que este efectivamente se transforme en ley en los teacuterminos indicados en la sentencia

ndash Capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos y educacioacuten a la sociedad en derechos humanos Debido a que la gran mayoriacutea de violaciones de derechos humanos son producidas por la actuacioacuten u omisioacuten de funcionarios estata-les (fuerzas armadas policiacutea operadores de justicia personal penitenciario profesionales de la salud etc) resulta de vital importancia ordenar a los Estados que fortalezcan sus capacidades institucionales brindando capacita-cioacuten especializada y permanente a sus funcionarios en materia de normas y principios de proteccioacuten de derechos humanos Estas capacitaciones buscan brindar a los funcionarios puacuteblicos nuevos conocimientos desarrollar sus capacidades y prepararlos para desempentildear sus funciones en apego a los derechos humanos que estaacuten obligados a proteger y garantizar El tipo y destinatarios de la capacitacioacuten depende de la violacioacuten declarada en la sentencia de manera que el objeto de la capacitacioacuten puede ser en general la normativa internacional en materia de proteccioacuten a los derechos o puede tratarse de capacitaciones maacutes especiacutefcas Hay ejemplos de capacitacioacuten al personal con funciones migratorias100 con funciones en materia de solicitu-des sobre acceso a la informacioacuten101 sobre materia del derecho a la salud102

y sobre derechos humanos a las fuerzas armadas103

96 Corte IDH Caso Chaparro Aacutelvarez y Lapo Iacutentildeiguez vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de noviembre de 2007 Serie C nuacutem 170

97 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177

98 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledantildeos vs El Salvador Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C nuacutem 252

99 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) vs Guatemala Re-paraciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C nuacutem 77

100 Corte IDH Caso Veacutelez Loor vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 218

101 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151

102 Corte IDH Caso Ximenes Lopes vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C nuacutem 149 Corte IDH Caso Suaacuterez Peralta vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 21 de mayo de 2013 Serie C nuacutem 261

103 Corte IDH Caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C nuacutem 163

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 23: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

ndash Otro tipo de medidas de repercusioacuten general Hay otro tipo de medidas de no repeticioacuten que puede dictar la Corte IDH dependiendo de las falen-cias estructurales que observe en cada caso en particular Estas medidas pueden ser de muy diversa iacutendole pudiendo sentildealar a modo de ejemplo la implementacioacuten de un registro de detenidos que permita controlar la lega-lidad de las detenciones en donde se identifque al detenido los motivos de la detencioacuten autoridad competente diacutea y hora del ingreso y liberacioacuten e informacioacuten sobre la orden de detencioacuten (Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras)104 la realizacioacuten de un programa de registro y documentacioacuten de los miembros de la comunidad con el objeto que puedan obtener documen-tos de identifcacioacuten105 la estandarizacioacuten de protocolos manuales criterios ministeriales de investigacioacuten utilizados para investigar los delitos que se re-lacionen con desapariciones violencia sexual y homicidios contra mujeres106

A continuacioacuten expondremos con mayor detalle algunos ejemplos de medidas de caraacutecter legislativo antes enunciadas y que son un buen refejo de este proceso de interamericanizacioacuten

a) La modifcacioacuten constitucional derivada del caso la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo en Chile

El caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile se referiacutea a la censura cinematograacutefca de la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo como consecuencia de una decisioacuten judicial de la Corte Suprema amparada en la Constitucioacuten Poliacutetica de Chile de 1980107

La Constitucioacuten Poliacutetica en su artiacuteculo 19 nuacutemero 12 reconociacutea el derecho a la libertad de expresioacuten y a su vez consagraba un sistema de censura cinematograacutefca108 Conforme a la legislacioacuten chilena el oacutergano en-cargado de determinar la procedencia de la censura cinematograacutefca era el Consejo de Califcacioacuten Cinematograacutefca En 1996 dicho Consejo revisoacute una decisioacuten que previamente habiacutea adoptado en 1988 donde se habiacutea

104 Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C nuacutem 99

105 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C nuacutem 146

106 Corte IDH Caso Gonzaacutelez y otras (Campo Algodonero) vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 16 de noviembre de 2009 Serie C nuacutem 205

107 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C nuacutem 73

108 En efecto la referida disposicioacuten preveiacutea que ldquoLa ley estableceraacute un sistema de censura para la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca y fjaraacute las normas gene-rales que regiraacuten la expresioacuten puacuteblica de otras actividades artiacutesticasrdquo Vid Texto de la Cons-titucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica de Chile 24 de octubre de 1980 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=17039ampidVersion=1980-10-24

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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prohibido la exhibicioacuten de la peliacutecula aludida y autorizoacute su exhibicioacuten para mayores de 18 antildeos Un grupo de ciudadanos en nombre propio de la iglesia catoacutelica y Jesucristo interpusieron un recurso de proteccioacuten ante los tribunales internos (Corte de Apelaciones) para que se prohibieran la exhibicioacuten de la peliacutecula toda vez que se sintieron agraviados al haberse permitido la exhibicioacuten de la misma El recurso fue acogido en noviembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Santiago dejoacute sin efectos dicha resolu-cioacuten del oacutergano administrativo decisioacuten que fue luego confrmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile109

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana dictoacute sentencia en dicho caso declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haber incumplido con la obligacioacuten establecida en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana y violado el artiacuteculo 13 (derecho a la libertad de expresioacuten) de la misma Convencioacuten al haber mantenido y aplicado la censura cinematograacute-fca prevista en el ordenamiento juriacutedico chileno y dispuso que ldquoel Estado debe modifcar su ordenamiento juriacutedico interno en un plazo razonable con el fn de suprimir la censura previa para permitir la exhibicioacuten de la peliacutecula lsquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristorsquordquo110 La Corte ademaacutes sentildealoacute que

las normas de derecho interno chileno que regulan la exhibicioacuten y publicidad de la produccioacuten cinematograacutefca todaviacutea no han sido adaptadas a lo dispuesto por la Convencioacuten Americana en el sentido de que no puede haber censura previa [hellip] En consecuencia Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar [hellip] su ordenamiento juriacutedico interno de manera acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresioacuten111

El 10 de junio de 2001 el Congreso Nacional chileno aproboacute el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre crea-cioacuten artiacutestica y a la eliminacioacuten de la censura cinematograacutefca sustituyeacuten-dola por un sistema de califcacioacuten cinematograacutefca que seriacutea regulado por ley112 En el mismo orden ideas se adoptoacute la Ley 19846 sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca la cual establecioacute un sistema para la ca-

109 Chile era parte de la Convencioacuten Americana desde 1990 110 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile resolutivo 4 111 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile supra

paacuterr 98 112 En efecto el texto constitucional previoacute desde ese momento que ldquo[l]a ley regularaacute un sis-

tema de califcacioacuten para la exhibicioacuten de la produccioacuten cinematograacutefcardquo y eliminoacute toda referencia a su censura Reforma Constitucional que elimina la censura cinematograacutefca sustituyeacutendola por un sistema de califcacioacuten y que consagra el derecho a la libre creacioacuten artiacutestica 25 de agosto de 2001 artiacuteculo 19 nuacutemero 12 disponible en httpwwwleychile clNavegaridNorma=188827ampidVersion=2001-08-25

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 25: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

lifcacioacuten de la produccioacuten cinematograacutefca de acuerdo a la edad113 Incluso previoacute que las peliacuteculas que hayan sido previamente rechazadas dejaraacuten de estarlo114 Maacutes auacuten es relevante tener en cuenta que en el debate parla-mentario ante la Caacutemara de Diputados y el Senado chileno se refrioacute a la necesidad de dar cumplimiento con la decisioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos115

En cuanto a la peliacutecula ldquoLa Uacuteltima Tentacioacuten de Cristordquo se observa que fue recalifcada por el recieacuten creado Consejo de Califcacioacuten y quedoacute com-prendida dentro de la categoriacutea correspondiente a mayores de 18 antildeos y fue exhibida al puacuteblico desde el antildeo 2003116 Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana declaroacute en el 2003 que el Estado de Chi-le habiacutea dado pleno cumplimiento a la referida sentencia117 De igual modo otras peliacuteculas que habiacutean sido censuradas pudieron ser exhibidas

Se puede identifcar que en el presente caso la falencia estructural que generoacute la violacioacuten de derechos humanos y consecuentemente la res-ponsabilidad internacional de Chile se encontraba prevista en su Cons-titucioacuten Poliacutetica la cual teniacutea una norma manifestamente incompatible con la Convencioacuten Americana como era la censura cinematograacutefca Si bien los tribunales chilenos tuvieron la posibilidad de enmendar esta situacioacuten de manifesta incompatibilidad entre el ordenamiento juriacutedico nacional e internacional no lo hicieron sino maacutes bien lo avalaron lo que llevoacute a una consolidacioacuten del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Chile La Corte Interamericana identifcoacute dicha falencia normativa y ordenoacute su adaptacioacuten a las normas del derecho internacional de los de-rechos humanos en su sentencia del caso de la Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo y le ordenoacute como parte de sus reparaciones la reforma de su Constitucioacuten y leyes secundarias En efecto Chile procedioacute a eliminar la censura cine-matograacutefca constitucionalmente contemplada y cambioacute su reacutegimen por el de califcacioacuten cinematograacutefca permitiendo garantizar efectivamente el

113 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca 4 de enero de 2003 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=206396

114 Ley sobre Califcacioacuten de la Produccioacuten Cinematograacutefca disposicioacuten transitoria 1 115 Al respecto durante el debate y aprobacioacuten de dicha ley se hizo en numerosas ocasiones

referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del caso Vid Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 19846 sobre califcacioacuten de la produc-cioacuten cinematograacutefca pp 117 120 379 384 y 396 disponible en httpwwwleychilecl NavegaridNorma=206396

116 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003 visto 20

117 Corte IDH Caso La Uacuteltima Tentacioacuten de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile Supervi-sioacuten de Cumplimiento de Sentencia resolutivo 1

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 26: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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derecho a la libertad de expresioacuten y corrigiendo la falencia estructural que aquejaba a la sociedad en su conjunto

Este caso quizaacutes se ha trasformado en uno de los casos maacutes emblemaacuteti-cos en cuanto a garantiacuteas de no repeticioacuten ya que la Corte le ordenoacute a Chile reformar nada maacutes y nada menos que su Constitucioacuten Poliacutetica lo que en otros tiempos podriacutea haber parecido una intromisioacuten indebida en asuntos propios de la soberaniacutea estatal como lo es una enmienda constitucional la sentencia de la Corte fue bien recibida y sirvioacute como una nueva herramienta para impulsar el cambio que deseaban las fuerzas democraacuteticas sobre el particular y que por diversos motivos no habiacutea prosperado

b) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para garantizar el acceso a la informacioacuten puacuteblica y educacioacuten de funcionarios puacuteblicos en Chile a raiacutez del caso Claude Reyes

El caso de Claude Reyes vs Chile se refrioacute a la negativa parcial del Co-miteacute de Inversioacuten Extranjera de brindar la informacioacuten requerida por tres ciudadanos sobre la empresa forestal Trillium y el Proyecto Riacuteo Condor el cual era un proyecto de deforestacioacuten que se llevariacutea a cabo en el Sur de Chi-le y seguacuten los requirentes de la informacioacuten ldquop[odiacutea] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chilerdquo118 Contra dicha negativa del oacutergano administrativo de entregar la informacioacuten requerida los afectados ejercieron un recurso de proteccioacuten impugnando dicho acto y argumentando entre otros que se afectaba el control social sobre los oacuterga-nos del Estado al no permitirse el acceso a informacioacuten en asuntos de inte-reacutes puacuteblico El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chile

Debe sentildealarse que el Comiteacute de Inversioacuten Extranjera referido mantuvo como praacutectica ldquono entregar informacioacuten relativa a los estados fnancieros y a los nombres de los socios de una compantildeiacutea inversora y consideraba que era de lsquocaraacutecter reservado la informacioacuten referida a tercerosrsquordquo119 En el mis-mo orden de ideas mediante Resolucioacuten Exenta No 113 del Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten se establecioacute que ldquotendraacuten el caraacutecter [de] secretos o reservados los actos documentos y antecedentes en aten-cioacuten a que su conocimiento o difusioacuten podriacutea afectar el intereacutes puacuteblicordquo120

La Corte Interamericana dictoacute sentencia en el antildeo 2006 y determino que Chile habiacutea violado el derecho al acceso a la informacioacuten toda vez que

118 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C nuacutem 151 paacuterr 3

119 Ibidem paacuterr 5721 120 Ministerio de Economiacutea Fomento y Reconstruccioacuten Resolucioacuten Exenta No 113 24 de

marzo de 2003 art 1 citada en Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile supra paacuterr 5722

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la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 27: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

la informacioacuten que no fue entregada por el Estado era de intereacutes puacuteblico ya que por el impacto ambiental que podiacutea tener generoacute gran discusioacuten puacuteblica y que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en su gestioacuten lo que permite el control democraacutetico de sus gestiones de forma tal que los ciudadanos puedan cuestionar indagar y considerar si se estaacute dando un adecuado cumplimiento de las funciones puacute-blicas Asimismo la Corte sentildealoacute que el derecho de acceso a la informacioacuten debe guiarse por el principio de maacutexima divulgacioacuten el cual establece la presuncioacuten de que toda la informacioacuten bajo el poder del Estado es accesible De igual modo indicoacute que el Estado puede poner restricciones al acceso a determinada informacioacuten siempre y cuando cumpla con los requisitos de necesidad en una sociedad democraacutetica de modo que se encuentren orien-tadas a satisfacer un intereacutes puacuteblico imperativo de proporcionalidad en la medida que se restrinja lo menos posible el ejercicio del derecho protegido y debe ser razonable en cuanto es un medio conducente para alcanzar el obje-tivo que se busca en relacioacuten con la injerencia en el goce del otro derecho121

Ademaacutes la Corte determinoacute que Chile violoacute las garantiacuteas judiciales y el derecho a la proteccioacuten judicial en tanto que el Comiteacute de Inversiones Ex-tranjeras no adoptoacute una decisioacuten escrita debidamente fundamentada que jus-tifcara la negacioacuten parcial de suministro de la informacioacuten solicitada por las viacutectimas122 y en tanto que el recurso de proteccioacuten ejercido no resultoacute como recurso judicial efectivo para atender a la denegatoria de informacioacuten123

En atencioacuten a lo anterior la Corte le ordenoacute a Chile

adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convencioacuten [hellip] ello implica que la normativa que regule restricciones al acce-so a la informacioacuten bajo el control del Estado debe cumplir con los paraacutemetros convencionales y soacutelo pueden realizarse restricciones por las razones permiti-das por la Convencioacuten [hellip] lo cual es tambieacuten aplicable a las decisiones que adopten los oacuterganos internos en dicha materia124

Por las razones antedichas la Corte ordenoacute entre sus medidas de re-paracioacuten que ldquoChile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccioacuten al derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estado dentro de los cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento ad-ministrativo adecuado para la tramitacioacuten y resolucioacuten de las solicitudes de

121 Cfr Caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas supra nota 3 paacuterrs 91 a 93

122 Ibidem paacuterr 122 123 Ibidem 137 a 139 124 Ibidem paacuterr 101

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 28: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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informacioacuten que fje plazos para resolver y entregar la informacioacutensrdquo125 En el mismo orden de ideas ordenoacute la ldquocapacitacioacuten a los oacuterganos autoridades y agentes puacuteblicos encargados de atender las solicitudes de acceso a infor-macioacuten bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho que incorpore los paraacutemetros convencionalesrdquo ya que las pruebas aportada en el expediente ldquocoinciden en afrmar que los funcionarios puacuteblicos no res-ponden efectivamente a solicitudes de informacioacutenrdquo126 La Corte observoacute que no era sufciente la trasformacioacuten institucional si esta no estaba acompantildea-da de un cambio cultural y para esto uacuteltimo era necesario la capacitacioacuten de los funcionarios puacuteblicos

En agosto de 2008 se promulgoacute y publicoacute la Ley No 20285 sobre ldquoTransparencia de la Funcioacuten Puacuteblica y Acceso a la Informacioacuten de la Admi-nistracioacuten del Estadordquo tomando en consideracioacuten la sentencia de la Corte Interamericana al caso Claude Reyes127 donde se ldquoregula el principio de transparencia de la funcioacuten puacuteblica el derecho de acceso a la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la informacioacutenrdquo128 y preveacute que ldquolos actos y resoluciones de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado sus fundamentos los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictacioacuten son puacuteblicos salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quoacuterum califcadordquo129

Asimismo la referida ley creoacute y establecioacute las facultades del Consejo para la Transparencia institucioacuten que tiene por objeto ldquopromover la transparencia de la funcioacuten puacuteblica fscalizar el cumplimiento de las normas sobre trans-parencia y publicidad de la informacioacuten de los oacuterganos de la Administracioacuten del Estado y garantizar el derecho de acceso a la informacioacutenrdquo130 Teniendo esto en cuenta la Corte concluyoacute que el Estado ldquocumplioacute con la obligacioacuten de adoptar [hellip] las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la informacioacuten bajo el control del Estadordquo131

125 Ibidem paacuterr 163 126 Ibidem paacuterrs 164 y 165 127 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Historia de la Ley No 20285 sobre acceso a la

informacioacuten puacuteblica pp 166 175 275 277 343 344 350 351 353 y 384 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

128 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica 20 de agosto de 2008 art 1 disponible en httpwwwleychileclNavegaridNorma=276363

129 Ley sobre Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica art 5 130 Ibidem art 32 131 Corte IDH Caso Claude Reyes y otros vs Chile Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia

Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008 paacuterr 14

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 29: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

En cuanto a la medida de capacitacioacuten a funcionarios puacuteblicos con relacioacuten al acceso a la informacioacuten la Corte consideroacute acreditado que ldquola capacitacioacuten en materia de acceso a la informacioacuten puacuteblica se ha venido desarrollando en forma regular desde el dictado de la sentencia [y que] existe una planifcacioacuten de actividades incluyendo la correspondiente asig-nacioacuten presupuestaria aprobada para continuar con dichas tareas en el futurordquo por lo cual consideroacute que Chile dio cumplimiento a su obligacioacuten de capacitacioacuten dispuesta en la sentencia132 En efecto la Corte observoacute acciones de capacitacioacuten llevadas a cabo por la Agencia para la Probidad y la Transparencia creada en Chile en 2008 diversos seminarios brindados a los funcionarios puacuteblicos la incorporacioacuten en el presupuesto nacional del antildeo 2008 de recursos para iniciar un Plan Quinquenal de Capacitacioacuten en Probidad y Transparencia y la elaboracioacuten de un Manual de Transparencia y Probidad de la Administracioacuten del Estado entre otras133

Como se ha podido observar en el presente caso la falencia estructu-ral se encontraba por un lado en la falta de un mecanismo que regulara efectivamente el acceso a la informacioacuten puacuteblica en manos del Estado y de un recurso efectivo que resolviera las solicitudes de informacioacuten y por otro lado en que habiacutea una cultura o praacutectica del servicio puacuteblico de reserva de la informacioacuten que le era requerida Al igual que el caso previamente analizado los tribunales de justicia tuvieron la posibilidad de enmendar la situacioacuten y no lo hicieron sino maacutes bien la ampararon consolidando de este modo el incumplimiento de Chile a sus obligaciones internacionales Como consecuencia de esto la garantiacutea de no repeticioacuten de la Corte se orientoacute a la creacioacuten de un mecanismo o procedimiento claro que canalizara y resolviera las solicitudes de informacioacuten esto necesariamente debiacutea ir acompantildeado de un cambio cultural en los funcionarios puacuteblicos a traveacutes de programas de capacitacioacuten

Es interesante destacar que el Estado fue maacutes allaacute de lo ordenado por la Corte de crear solamente un procedimiento que regulara el acceso a la informacioacuten sino que ademaacutes creoacute un oacutergano de proteccioacuten y promocioacuten del derecho al acceso a la informacioacuten como fue el Consejo de la Transparencia Estas medidas han tenido un gran impacto en el fortalecimiento de la vida democraacutetica de Chile y en la correccioacuten de las mencionadas falencias es-tructurales ya que se ha permitido que se articule un sistema que permite un mayor control social de la gestioacuten puacuteblica a traveacutes del empoderamiento efectivo de los ciudadanos de su derecho al acceso a la informacioacuten y por otro lado que la transparencia y publicidad de la gestioacuten puacuteblica prime sobre la reserva de la misma

132 Ibidem paacuterrs 20 y 21 133 Ibidem paacuterr 15

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 30: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

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c) La expulsioacuten del ordenamiento juriacutedico de las leyes de auto amnistiacutea en Peruacute a raiacutez de la sentencia al caso Barrios Altos

El caso Barrios Altos vs Peruacute se refere a la ejecucioacuten extrajudicial de 15 personas y a la violacioacuten de la integridad personal de otras 4 por parte de 6 miembros del Ejeacutercito peruano que actuaban en el ldquoescuadroacuten de elimina-cioacutenrdquo llamado ldquoGrupo Colinardquo durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori En particular en el presente artiacuteculo se haraacute referencia especial a la aplicacioacuten de las leyes de auto-amnistiacutea vigentes a esa fecha en Peruacute como obstaacuteculos al acceso a la justicia de las viacutectimas de los hechos y su incompatibilidad con la Convencioacuten Americana134

En este sentido se debe sentildealar que el 15 de junio de 1995 entroacute en vigor la ley 26479 ldquoque exoneraba de responsabilidad a los militares policiacuteas y tambieacuten a civiles que hubieran cometido entre 1980 y 1995 violaciones a derechos humanos o participado en esas violaciones la cual concedioacute una amnistiacutea ldquoa todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias investigaciones procedimien-tos o condenas o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisioacuten por violaciones a derechos humanosrdquo Visto que una jueza decidioacute desaplicar dicha ley de amnistiacutea a los procesos penales en su juzgado entre ellos el correspondiente a Barrios Altos porque violaba garantiacuteas constitucionales y obligaciones internacionales del Peruacute el Congreso decidioacute emitir la ley 26492 en 1995 con el fn de interferir con las actuaciones judiciales del caso bajo estudio e incluso amplioacute el alcance de la amnistiacutea declarando que no era revisable en sede judicial su contenido y que la amnistiacutea se aplicaba incluso en los casos en los que no hubieren sido denunciadas las violaciones a derechos humanos incurridas En este sentido la Sala de la Corte Superior decidioacute el archivo defnitivo del proceso en el caso Barrios Altos resolviendo que la ley de amnistiacutea no era antagoacutenica con la Consti-tucioacuten ni con los tratados internacionales de derechos humanos que los jueces no podiacutean decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso por-que ello iriacutea contra el principio de separacioacuten de poderes y ordenoacute que la jueza fuera investigada por el oacutergano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente135 Peruacute era parte de la Conven-cioacuten desde 1978

En el antildeo 2001 la Corte Interamericana emitioacute sentencia de fondo en el caso bajo estudio declarando entre otros la responsabilidad internacional del Peruacute por violacioacuten del derecho a la vida del derecho a la integridad

134 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo Sentencia de 14 de marzo de 2001 Serie C nuacutem 75 paacuterr 2

135 Cfr Caso Barrios Altos vs Peruacute Fondo supra nota 16 paacuterr 2n

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 31: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

personal de las garantiacuteas judiciales y de la proteccioacuten judicial previstas en la Convencioacuten Americana en perjuicio de las viacutectimas del caso En este sentido la Corte sentildealoacute que

[L]as leyes de amnistiacutea adoptadas por el Peruacute impidieron que los familiares de las viacutectimas y las viacutectimas sobrevivientes en el presente caso fueran oiacutedas por un juez [hellip] impidieron la investigacioacuten persecucioacuten captura enjuiciamiento y sancioacuten de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos [hellip] y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso

[hellip] Las leyes de autoamnistiacutea conducen a la indefensioacuten de las viacutectimas y a la perpetuacioacuten de la impunidad por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espiacuteritu de la Convencioacuten Americana Este tipo de leyes im-pide la identifcacioacuten de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigacioacuten y el acceso a la justicia e im-pide a las viacutectimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacioacuten correspondiente136

Teniendo en cuenta lo anterior se declaroacute que las leyes de amnistiacutea 26479 y 26492 ldquoson incompatibles con la Convencioacuten [hellip] y en conse-cuencia carecen de efectos juriacutedicosrdquo137 La Corte posteriormente en sen-tencia de interpretacioacuten dispuso que ldquo[l]a promulgacioacuten de una ley mani-festamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convencioacuten constituye per se una violacioacuten [y por lo tanto dadas las violaciones perpetradas por las leyes de amnistiacutea referidas] lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generalesrdquo138 es decir lo sentildealado por la Corte teniacutea efectos erga omnes

La Corte consideroacute cumplido lo correspondiente al efecto general de inefcacia de las leyes de amnistiacutea en el antildeo 2005139 Las sentencias (fondo e interpretacioacuten) correspondientes al caso de Barrios Altos tuvieron un impacto directo en los distintos operadores de justicia peruanos El fscal de la Nacioacuten emitioacute una resolucioacuten mediante la cual dispuso solicitar a la Sala o Juzgado correspondiente ldquola ejecucioacuten de las sentencias suprana-cionalesrdquo y poner dicha resolucioacuten en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica fscales supremos presidente

136 Ibidem paacuterrs 42 y 43 137 Ibidem Fondo resolutivo 4 138 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Interpretacioacuten de la Sentencia de Fondo Sentencia

de 3 de septiembre de 2001 Serie C nuacutem 83 paacuterr 18 139 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Reso-

lucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005 resolutivo 1

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del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

del Consejo Supremo de Justicia Militar y fscales superiores decanos a nivel nacional140

Esto llevoacute al reinicio de investigaciones de procesos penales e incluso de condenas contra los perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conficto peruano entre 1980 y 2000 Se debe destacar la condena a 25 antildeos de prisioacuten al expresidente Alberto Fujimori ldquolsquoen su condicioacuten de autor mediato de los delitos de homicidio califcado bajo la circunstancia agravante de alevosiacutea en agravio de las viacutectimas mortalesrsquo y lsquolesiones graves en agravio de cuatro viacutectimasrsquo del presente casordquo141

En el mismo orden de ideas en el caso La Cantuta vs Peruacute conocido por la Corte Interamericana poco despueacutes del caso Barrios Altos y en donde se siguioacute la misma liacutenea jurisprudencial la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar declaroacute ldquoNULA en todos sus extremos la ejecutoria suprema de dieciseacuteis de junio de mil novecientos noventa y cinco que resolvioacute apli-car el benefcio de amnistiacutea [hellip y] que los presentes autos vuelvan al estado procesal anterior a la aplicacioacuten del benefcio de amnistiacutea al haber quedado sin efectos juriacutedicos la aplicacioacuten de benefcio de amnistiacuteardquo donde se cons-tatoacute que la incompatibilidad de dichas leyes con la Convencioacuten ldquose ha visto concretada en general en el Peruacuterdquo desde la emisioacuten de la sentencia al caso Barrios Altos142 El presidente Alberto Fujimori tambieacuten fue sentenciado a pena privativa de libertad como consecuencia de los hechos de La Cantuta

Se observa que la falencia estructural en este caso consistiacutea en que el Estado a traveacutes de la emisioacuten de las leyes de autoamnistiacutea renunciaba ex-presamente al ejercicio de su potestad punitiva en casos de violaciones de derechos humanos lo que traiacutea aparejado la imposibilidad de las viacutectimas de acceder a la justicia generando en consecuencia su total indefensioacuten De este modo el propio Estado deliberadamente se transformoacute en el crea-dor y propiciador de la impunidad de violaciones a los derechos humanos Como consecuencia de ello la Corte sentildealoacute enfaacuteticamente que las leyes de autoamnistiacutea no podiacutean tener efecto alguno y que no podiacutean seguir siendo un obstaacuteculo para las investigaciones De este modo la sentencia de la Corte desarticuloacute el andamiaje de la impunidad estructural y todo lo que ellos conlleva consigo y dio paso a una nueva realidad que permi-tioacute que se reabrieran o iniciaran cientos de investigaciones las viacutectimas tuvieran acceso a la justicia los responsables de violaciones de derechos

140 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia supra considerando 15

141 Corte IDH Caso Barrios Altos vs Peruacute Supervisioacuten Cumplimiento Sentencia Resolucioacuten de la presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2009 considerando 10

142 Corte IDH Caso La Cantuta vs Peruacute supra paacuterr 187

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 33: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

humanos pudieran ser efectivamente juzgados y se conociera la verdad de lo ocurrido

Esta sentencia de la Corte es quizaacutes una de las maacutes emblemaacuteticas en cuanto al combate a la impunidad y la perpetuidad de la misma en el tiem-po sobre los deberes y liacutemites que tienen los Estados respecto a la investi-gacioacuten de casos de graves violaciones de derechos humanos Es interesante traer a colacioacuten coacutemo esta sentencia de la Corte en el caso Barrios Alto fue utilizada posteriormente por la Corte Suprema de Argentina para dejar sin efecto las denominadas leyes de amnistiacutea de ese paiacutes

La Corte Suprema Argentina conociendo un recurso de hecho en el caso Simoacuten Julio Heacutector y otros dejoacute sin efecto las denominadas leyes de obediencia debida y de punto fnal a la luz a del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana Esta indicoacute en su razonamiento que el legislador en el momento de aprobar las leyes de obediencia debida y de punto fnal buscoacute amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el reacutegimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conficto de intereses que enfrentaba la sociedad Argentina Es asiacute que indicoacute que en ese entonces ldquola armoniacutea socio-poliacutetica era valorada por el legislador como un bien juriacutedico sustan-cialmente maacutes valioso que la continuidad de la persecucioacuten penal de los benefciarios de la leyrdquo143

Asimismo la Corte Suprema de Argentina indicoacute

hellip que desde entonces hasta el presente el derecho argentino ha sufrido modi-fcaciones fundamentales que imponen la revisioacuten de lo resuelto en esa ocasioacuten Asiacute la progresiva evolucioacuten del derecho internacional de los derechos huma-noshellip ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esas caracteriacutesticas cuya consecuencia sea la renuncia a la persecucioacuten penal de delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social paciacutefca en el olvido de hechos de esa naturalezahellipEl Estado argentino ha asumido frente al derecho inter-nacional y en especial frente al orden juriacutedico interamericano una serie de deberes de jerarquiacutea constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolucioacuten claramente limitativa de las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecucioacuten de hechos que conlleven criacutemenes de lesa humanidad

Continuoacute diciendo que ldquotal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades la jurisprudencia de la Corte Interamericanahellip

143 Veacutease Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

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constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 34: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

constituye una imprescindible pauta de interpretacioacuten de los deberes y obli-gaciones derivados de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanosrdquo y en consecuencia ldquolashellip dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relacioacuten a las leyes de punto fnal y obediencia debida han quedado establecidas a partir de la decisioacuten de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altoshelliprdquo ya que ldquola traslacioacuten de (sus) conclusiones al caso argentino resulta imperativahelliprdquo144 La sentencia en comento ademaacutes sentildealoacute que

desde ese punto de vista a fn de dar cumplimiento a los tratados internaciona-les en materia de derechos humanos la supresioacuten de las leyes de punto fnal y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de aqueacutellas obstaacuteculo normativo alguno para la persecucioacuten de hechos como los que constituyen la presente causa

Hemos querido a traer a colacioacuten este caso resuelto por la Corte Su-prema Argentina en relacioacuten a las leyes de amnistiacutea de ese paiacutes y sobre el cual la Corte Interamericana no ha conocido caso alguno sobre esa materia para mostrar coacutemo el contenido y alcance de su jurisprudencia tienen un impacto directo en jurisdicciones diferentes sobre la cuales se pronuncioacute a traveacutes de lo que se ha denominado diaacutelogo jurisprudencial145 En este caso la jurisprudencia interamericana fue uno de los principales insumos o he-rramientas que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de Argentina para poner liacutemites al ejercicio de la potestad soberana del Estado en cuanto a la investigacioacuten de graves violaciones de derecho humanos y de ese modo levantar el manto de impunidad en que se encontraban muchas violaciones de derechos humanos

d) La creacioacuten de un procedimiento administrativo para poder delimitar las tierras indiacutegenas en Nicaragua a raiacutez del caso Awas Tingni

El caso Awas Tingni vs Nicaragua se refere a la concesioacuten que otorgoacute el Estado nicaraguumlense a la compantildeiacutea Sol del Caribe (SOLCARSA) con el objeto de realizar en las tierras de la comunidad indiacutegena Awas Tingni trabajos de construccioacuten de carreteras y explotacioacuten de madera sin el consentimiento de esta Esta situacioacuten fue posible como consecuencia de la inexistencia de

144 Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten de Argentina 14 de junio de 2005 Recurso de hecho en la causa Simoacuten Julio Heacutector y OtrosPrivacioacuten Ilegiacutetima de Libertad Causa nuacutem 17778

145 Al respecto veacutease Ayala Corao C (2012) Del Diaacutelogo Jurisprudencial al Control de Con-vencionalidad pp 68 a 102 y Dulitzky A (1997) La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales un estudio comparado en Abregu M et al La aplicacioacuten de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales Buenos Aires Centro de Estudios Legales y Sociales 1997 pp 66 a 73

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un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 35: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

un procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indiacutegena146

La Corte concluyoacute que en Nicaragua no existiacutea un procedimiento efecti-vo para delimitar demarcar y titular las tierras comunales indiacutegenas y que el Estado no habiacutea adoptado las medidas adecuadas de derecho interno para tales efectos con respecto a las tierras de comunidades indiacutegenas Como consecuencia de lo anterior la Corte pudo constatar que en el caso en con-creto de la comunidad Awas Tingni no se habiacutea delimitado su propiedad y que la misma estaba siendo afectada por concesiones forestales situacioacuten que creaba un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la comunidad Awas Tingni en cuanto no sabiacutean con certeza hasta doacutende se extendiacutea geograacutefcamente su derecho de propiedad comunal y consecuen-temente desconociacutean hasta doacutende pueden usar y gozar libremente de la misma

A raiacutez de lo anterior y haciendo una interpretacioacuten evolutiva del dere-cho de propiedad privada protegido por la Convencioacuten Americana en cuanto a que esta protege la propiedad comunal la Corte concluyoacute que la falta de un procedimiento para la demarcacioacuten y titulacioacuten afectaba el derecho de propiedad comunal que teniacutean los miembros de la comunidad Awas Tingni sobre su tierra toda vez que las concesiones dadas por Nicaragua a terceros para la explotacioacuten de bienes y recursos podriacutean encontrarse dentro del territorio de esta Al respecto indicoacute que

entre los indiacutegenas existe una tradicioacuten comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los indiacutege-nas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia econoacutemica

Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras El derecho consuetudinario de los pueblos indiacutegenas debe ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que se trata

Como producto de la costumbre la posesioacuten de la tierra deberiacutea bastar para que las comunidades indiacutegenas que carezcan de un tiacutetulo real sobre la propiedad

146 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 36: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

de la tierra obtengan el reconocimiento ofcial de dicha propiedad y el consi-guiente registro

La Corte le ordenoacute al Estado como reparacioacuten que adoptara las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro caraacutecter que fueran nece-sarias para crear un mecanismo efectivo de delimitacioacuten demarcacioacuten y titulacioacuten de la propiedad de los miembros de la comunidad Mayagna Awas Tingni acorde con el derecho consuetudinario valores usos y costumbres de esta Asimismo indicoacute que mientras no se delimitaraacute el territorio Ni-caragua o terceros que actuaraacuten con su aquiescencia o su tolerancia se deberiacutean abstener de realizar actos que puedan afectar la tierra reclamada por la comunidad Awas Tingni

El 23 de enero de 2003 se aproboacute en Nicaragua la Ley No 445 sobre el Reacutegimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indiacutegenas y Comunidades Eacutetnicas de las Regiones Autoacutenomas de la Costa Atlaacutentica de Nicaragua y de los Riacuteos Bocay Coco Indio y Maiacutez la cual tiene por objeto regular el reacutegimen comunal de las tierras indiacutegenas de dichas zona y establecioacute un procedimiento especiacutefco y las competencias institucionales en materia de demarcacioacuten y titulacioacuten de tierras indiacutegenas

En diciembre de 2008 el Estado entregoacute a la comunidad Awas Tingni el tiacutetulo de propiedad por 73394 hectaacutereas Es interesante destacar lo sentildeala-do por el liacuteder de la comunidad ldquo[l]a comunidad por lo general [se encon-traba] content[a] con la titulacioacuten y not[aba] que represent[aba] un logro importante tanto para Awas Tingni como para los otros pueblos indiacutegenas en Nicaragua asiacute como para los pueblos indiacutegenas en todo el mundordquo147 Es importante destacar que esta ley permitioacute que al menos 87 comunidades indiacutegenas se hayan benefciado de esta ley

Asimismo es interesante destacar que en el presente caso la Corte pudo constatar que la falencia estructural se encontraba en un deacutefcit institucio-nal por la inexistencia de un mecanismo o procedimiento que permitiera delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indiacutegenas situacioacuten que afectaba ademaacutes de la propiedad comunal de estas sus usos y costumbres por su estrecha relacioacuten con la tierra y era a su vez fuente de conficto social ante la incertidumbre de hasta donde se extendiacutea su territorio y empezaba el de terceros Por eso la reparacioacuten de la Corte se orientoacute a que se creara un mecanismo efectivo que permitiera la demarcacioacuten de las tierras indiacutegenas el cual debiacutea tener en cuenta valores usos y costumbres ancestrales

147 Cfr Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingnis vs Nicaragua Supervisioacuten de Cum-plimiento de Sentencia Resolucioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril de 2009 considerando 9

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e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 37: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

e) La supresioacuten de la jurisdiccioacuten militar para el juzgamiento de civiles en Meacutexico

Otro tema a desarrollar es el correspondiente a la jurisdiccioacuten militar en Meacutexico al cual la Corte hizo referencia en los casos Radilla Pacheco Fernaacuten-dez Ortega y Otros Rosendo Cantuacute y Otros y Cabrera Garciacutea y Montiel Flores

En el caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana debioacute conocer de la presunta desaparicioacuten forzada del sentildeor Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejeacutercito en el es-tado de Guerrero Meacutexico148 En particular el asunto relevante a los efectos del presente artiacuteculo se refere a la competencia de la jurisdiccioacuten militar para conocer de aquellos delitos que califcan como violaciones de derechos humanos en perjuicio de civiles perpetrados por funcionarios militares149

Dicha competencia se encontraba prevista entre otros en el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar mexicano el cual preveiacutea que ldquo[s]on delitos contra la disciplina militar [hellip] II los del orden comuacuten o federal cuando en su comisioacuten haya concurrido cualquiera de las circunstancias que segui-da se expresan a) [q]ue fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]rdquo150

En este caso con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte en ca-sos relacionados con Peruacute Chile Colombia y Guatemala la Corte afrmoacute que

reiteradamente ha establecido que la jurisdiccioacuten penal militar en los Estados democraacuteticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desapare-cer por lo cual en caso de que un Estado la conserve su utilizacioacuten debe ser miacutenima seguacuten sea estrictamente necesario y debe encontrarse inspirada en los principios y garantiacuteas que rigen el derecho penal moderno En un Estado democraacutetico de derecho la jurisdiccioacuten penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccioacuten de intereses juriacute-dicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares Por ello el Tribunal ha sentildealado anteriormente que en el fuero militar soacutelo se debe juzgar a militares activos por la comisioacuten de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juriacutedicos propios del orden militar151

Aunado a ello la Corte invocoacute su jurisprudencia previa para afrmar que ldquotomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien juriacutedico lesionado la jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para investigar y en

148 Corte IDH Caso Radilla Pacheco vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 23 de Noviembre de 2009 Serie C nuacutem 209 paacuterr 2

149 Ibidem paacuterr 271 150 Idem 151 Ibidem paacuterr 272

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su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 38: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-nos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinariardquo antildeadiendo fnalmente que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso el cual a su vez se encuentra iacutentimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia152 Con base en lo anterior la Corte concluye que ldquosi los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes juriacutedicos de la esfera castrense dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios En este sentido frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna cir-cunstancia puede operar la jurisdiccioacuten militarrdquo153

A la luz de dichos estaacutendares la Corte declaroacute la responsabilidad inter-nacional del Estado ya que la detencioacuten y desaparicioacuten de la viacutectima Radilla Pacheco ldquono guardan relacioacuten con la disciplina castrenserdquo antildeadiendo que ldquoen un Estado de derecho la comisioacuten de actos tales como la desaparicioacuten forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada como un medio legiacutetimo y aceptable para el cumplimiento de la misioacuten castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y proteccioacuten de los derechos humanos y por lo tanto estaacuten excluidas de la competencia de la jurisdiccioacuten militarrdquo154 Frente a lo anterior visto que el artiacuteculo 57 referido del Coacutedigo de Justicia Militar la Corte IDH declaroacute la incompatibilidad de dicho artiacuteculo con la Convencioacuten Americana155 Sobre el particular ordenoacute como reparacioacuten ldquoque las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdic-cioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la juris-prudencia de este Tribunalrdquo156 y que ldquodebe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar [el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar] con los estaacutendares internacionales de la materia y de la Convencioacutenrdquo157

La ratio antes descrita fue reiterada en los casos Fernaacutendez Ortega y Otros y Rosendo Cantuacute y Otros donde se declaroacute la responsabilidad internacional del Estado por la intervencioacuten de la jurisdiccioacuten militar en la investigacioacuten

152 Ibidem paacuterr 273 153 Ibidem paacuterr 274 154 Ibidem paacuterr 277 155 Ibidem paacuterrs 287 y 289 156 Ibidem paacuterr 340 157 Ibidem paacuterr 342

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

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Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 39: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados por personal militar en contra de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En dicha senten-cia ratifcoacute la incompatibilidad del artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar con la Convencioacuten Americana158 y ademaacutes sentildealoacute que ldquocuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convencioacuten Americana todos sus oacuterganos incluidos sus jueces tambieacuten estaacuten sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean mermados por la aplicacioacuten de normas contrarias a su objeto y fnrdquo159

Como consecuencia de ello la Corte en adicioacuten a la modifcacioacuten legislativa correspondiente determinoacute que ldquocorresponde a las autoridades judiciales con base en el control de convencionalidad disponer inmediatamente y de ofcio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinariordquo160 En el caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores contra Meacutexico la Corte siguioacute el mismo criterio jurisprudencial y ordenoacute la misma reparacioacuten161

Con base en la jurisprudencia de la Corte IDH la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten inicioacute la incorporacioacuten de dichos criterios en su juris-prudencia constitucional El 30 de agosto de 2012 la Suprema Corte dictoacute sentencia al amparo en revisioacuten 1342012 donde se desaplicoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar en contra del recurrente pues ldquola jurisdiccioacuten penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a la autora de violaciones de derechos humanos de los civiles viacutectimas de tales iliacutecitosrdquo en aplicacioacuten del control de convencionalidad162 En el mismo orden de ideas la Suprema Corte se refrioacute a las limitaciones a la jurisdiccioacuten militar en varias otras oportunidades163 consolidando de esta forma los estaacutendares desarrollados por la Corte Interamericana en su jurisprudencia

158 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Re-paraciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterrs 177 y 179 y Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterrs 161 y 163

159 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 236 160 Ibidem paacuterr 237 161 Corte IDH Caso Cabrera Garciacutea y Montiel Flores vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C nuacutem 220 paacuterr 194

162 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 1342012 decisioacuten de 30 de agosto de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesP12001340 pdf

163 Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Amparo en Revisioacuten 632012 decisioacuten de 3 de septiembre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmpa-roRevision_63_2012pdf y Amparo en Revisioacuten 2522012 decisioacuten de 11 de septiem-bre de 2012 disponible en httpfueromilitarscjngobmxResolucionesAmparoRevi-sion_252_2012pdf

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 40: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Finalmente a raiacutez de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia se observa que el 13 de junio de 2014 se modifcoacute el artiacuteculo 57 del Coacutedigo de Justicia Militar identifcando como delitos sobre los cuales tiene competencia dicha jurisdiccioacuten

II Los del orden comuacuten o federal siempre y cuando no tenga la condicioacuten de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectacioacuten producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien juriacutedico tutelado o puesto en peligro por la accioacuten u omisioacuten prevista en ley penal como delito en los siguientes supuestos a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo [hellip]164

Se observa de esta forma coacutemo a raiacutez de las sentencias de la Corte Inte-ramericana el Estado mexicano en primer lugar mediante sus tribunales y sucesivamente mediante sus oacuterganos parlamentarios procedioacute a adaptar los estaacutendares de la Corte IDH en su ordenamiento juriacutedico interno de tal for-ma que la jurisdiccioacuten penal militar se encuentra ahora limitada a aquellos delitos cometidos por funcionarios militares en ejercicio de su

f) Los avances en la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria en Argentina a raiacutez del cumplimiento a la sentencia del caso Kimel

El uacuteltimo ejemplo se refere al caso Kimel vs Argentina en donde se discutioacute la imposicioacuten de una condena penal a un periodista por el delito de injurias en primer lugar y luego en segunda instancia por el delito de ca-lumnia debido a la publicacioacuten de un libro en el cual critica la actuacioacuten de un juez que tuvo bajo su conocimiento el caso conocido como la matanza de San Patricio o la de los sacerdotes palotinos En efecto en el derecho penal argentino el delito de injurias estaba tipifcado como ldquo[e]l que deshonrare o desacreditare a otro seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisioacuten de un mes a un antildeordquo mientras que el delito de calumnia estaba tipifcado de tal forma que ldquo[l]a calumnia o falsa im-putacioacuten de un delito que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con prisioacuten de uno a tres antildeosrdquo165

En este caso el Estado reconocioacute su responsabilidad internacional en cuanto a ldquola falta de precisiones sufcientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad de expresioacuten importa el incumplimiento de la obligacioacuten de adop-

164 Coacutedigo de Justicia Militar del 13 de junio de 2014 artiacuteculo 57 disponible en httpwww diputadosgobmxLeyesBibliopdf4_130614pdf

165 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C nuacutem 177 paacuterrs 64 y 65

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 41: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

tar medidas contempladas en el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americanardquo por lo cual la Corte determinoacute que ldquola tipifcacioacuten penal correspondiente contraviene los artiacuteculos 9 y 131 de la Convencioacutenrdquo referidos al derecho al principio de legalidad y a la libertad de expresioacuten166 La Corte Interame-ricana establecioacute que el sentildeor Kimel realizoacute una reconstruccioacuten de la inves-tigacioacuten judicial de la masacre y a partir de ello emitioacute un juicio de valor criacutetico sobre el desempentildeo del Poder Judicial durante la uacuteltima dictadura militar en Argentina y del juez que conocioacute la causa sobre la muerte de los sacerdotes palotinos lo que no podiacutea ser objeto de persecucioacuten penal pues trataba de cuestiones de intereacutes puacuteblico

Teniendo eso en cuenta la Corte ordenoacute al Estado ldquoque adecue en un plazo razonable su derecho interno a la Convencioacuten de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado [hellip] se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad juriacutedica y consecuentemente no afecten el ejercicio de la libertad de expresioacutenrdquo167

Poco maacutes de un antildeo despueacutes de la notifcacioacuten de la sentencia de la Corte el 26 de noviembre de 2009 se promulgoacute la ley 26551 mediante la cual se modifcoacute la tipifcacioacuten penal de los delitos de calumnia e injuria Asiacute el delito de injuria quedoacute tipifcado como

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona fiacutesica deter-minada seraacute reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1500-) a pesos veinte mil ($ 20000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas Tampoco confguraraacuten delito de injurias los califcativos lesivos del honor cuan-do guardasen relacioacuten con un asunto de intereacutes puacuteblico168

Por su parte la calumnia quedoacute tipifcada de la siguiente forma

La calumnia o falsa imputacioacuten a una persona fiacutesica determinada de la comisioacuten de un delito concreto y circunstanciado que deacute lugar a la accioacuten puacuteblica seraacute reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3000-) a pesos treinta mil ($ 30000-) En ninguacuten caso confguraraacuten delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de intereacutes puacuteblico o las que no sean asertivas169

166 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina paacuterrs 66 y 67 167 Ibidem paacuterr 128 168 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de

2009 artiacuteculo 2 disponible en httpwwwinfoleggovarinfolegInternetane-xos160000-164999160774normahtm

169 Ley 26551 Modifcacioacuten al Coacutedigo Penal de Argentina 26 de noviembre de 2009 ar-tiacuteculo 1

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Page 42: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Se observa de las nuevas tipifcaciones de los delitos de calumnia e injuria (1) que fueron excluidas de dicha sancioacuten las expresiones que se referan a asuntos de intereacutes puacuteblico y (2) que asigna como penas sancio-nes de naturaleza econoacutemica Teniendo esto en cuenta la Corte advirtioacute que dicha modifcacioacuten legislativa ldquoefectivamente modifca la tipifcacioacuten y sancioacuten de los delitos de calumnia e injuria de forma que no incluyan lsquoexpresiones que no sean asertivasrsquo y asigna como penas por la comisioacuten de dichos delitos multas econoacutemicasrdquo170

El Estado de Argentina acogioacute la decisioacuten de la Corte Interamericana para proceder a la modifcacioacuten de las normas que penalizaban el debate sobre cuestiones de intereacutes puacuteblico con la injuria y la calumnia Asiacute la orden de la Corte Interamericana coadyuvoacute a la reparacioacuten de la falencia estructural en Argentina que consistiacutea en la tipifcacioacuten inconvencional de los delitos de calumnia e injuria al ser extensivo estos tipos penales cuando se trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico con los efectos lesivos que esto teniacutea para el debate democraacutetico y de control social sobre los actos de los funcionarios puacuteblicos especialmente cuando estos trataban cuestiones de intereacutes puacuteblico

4 CONCLUSIOacuteN

La doctrina contemporaacutenea estaacute abordando las nuevas formas de interaccioacuten entre jueces nacionales y regionales especialmente en Europa y Ameacuterica Latina bajo la fgura del diaacutelogo y como expresioacuten del proceso de huma-nizacioacuten171 Es en este contexto donde se genera la interamericanizacioacuten evidenciando dinaacutemicas transnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional y con fundamentos expliacutecitos a nivel nacional e interamericano Se produce un diaacutelogo con el propoacutesito de explorar coacutemo ha sido resuelto un problema juriacutedico comuacuten en el marco del sistema regional de derechos humanos y no solo por reconocerle autoridad a este Tribunal172 Los tribunales constitucionales y altas cortes han venido

170 Corte IDH Caso Kimel vs Argentina Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia Resolu-cioacuten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2010 paacuterr 33

171 Cfr Burgorgue-Larsen Laurence ldquoDe la internacionalizacioacuten del diaacutelogo entre los jue-cesrdquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flaacutevia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacutedica Emergecircncia de um novo direito puacutebli-co Satildeo Paulo-Rio de Janeiro Elsevier 2013 pp 231-264

172 Una visioacuten completa en Goacutengora-Mera M E ldquoInteracciones y convergencias entre la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales un enfoque coevolutivordquo en Bogdandy Armin von Piovesan Flavia y Morales Antoniazzi Mariela (coords) Estudos avanccedilados de direitos humanos democracia e integraccedilatildeo juriacute-dica emergecircncia de um novo direito puacuteblico Riacuteo de Janeiro Elsevier 2013 pp 312-337

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

incorporando en sus decisiones estaacutendares normativos desarrollados por la Corte Interamericana173 a su vez la Corte Interamericana mdashsin estar obli-gada por ninguna normativa interamericanamdash ha mostrado una creciente deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estaacutendares normati-vos desarrollados por cortes nacionales en su jurisprudencia Igualmente se constata el fenoacutemeno de citar jurisprudencia constitucional de cortes de otros paiacuteses de la regioacuten174

Se produce una genuina interaccioacuten entre las cortes derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad juriacutedica de derechos El control de convencionalidad a una deacutecada de la sentencia Almonacid Arellano vs Chile que es califcada como su partida de nacimiento facilita que las au-toridades nacionales en particular los jueces verifquen la compatibilidad entre las normas juriacutedicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos incluyendo la jurispru-dencia de la Corte Interamericana siendo una bisagra para la progresiva in-teramericanizacioacuten de los oacuterdenes nacionales175 Se toman en cuenta normas comunes y se expanden criterios jurisprudenciales y estaacutendares sobre temas sustantivos de derechos humanos y sobre las obligaciones de los Estados especialmente sobre las obligaciones positivas y el deber de adecuacioacuten previsto en la CADH176 Todo ello va confgurando como tambieacuten lo advierte el actual presidente de la Corte IDH Roberto Caldas un ius commune177

173 Se trata de una tendencia Cfr por ejemplo Piovesan Flaacutevia ldquoDerechos humanos y diaacute-logo entre jurisdicciones en el contexto latinoamericanordquo en Bogdandy Armin von et al (coord) La tutela jurisdiccional de los derechos Del constitucionalismo histoacuterico al constitucionalismo de la integracioacuten Ontildeati Instituto Vasco de Administracioacuten Puacuteblica 2012 pp 349-373 Sin embargo hay tensiones y resistencias veacutease al respecto en gene-ral Shelton Dinah l ldquoBreakthroughs Burdens and Backlash What Future for Regional Human Rights Systemsrdquo en Weston Burns H y Grear Anna (eds) Human Rights in the World Community 2016 pp 329-340

174 Dias Roberto y Freitas Mohallem Michael ldquoO Diaacutelogo Jurisdicional sobre Direitos Huma-nos e a Ascensaacuteo da Rede Global de Cortes Constitucionaisrdquo en Bogdandy Armin von Morales Antoniazzi Mariela y Piovesan Flaacutevia (coords) Ius Constitutionale Commune na America Latina Diaacutelogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade Curitiba Juruacutea 2016 vol III pp 249-282

175 Henriquez Vintildeas Miriam y Morales Antoniazzi Mariela (coords) El control de conven-cionalidad un balance a 10 antildeos de Almonacid Arellano vs Chile Santiago de Chile DER 2017

176 Cf Saavedra Alessandri P y Pacheco G Las sesiones itinerantes de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos un largo y fecundo caminar por Ameacuterica Biblioteca Juriacutedica Virtual UNAM httpbibliojuridicasunammxlibros627408pdf

177 Caldas R en Saiz Arnaiz A (dir) Diaacutelogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tirant lo Blanch Valencia 2016 p 62 En la misma liacutenea Ibantildeez Rivas Juana Mariacutea ldquoLa Repuacuteblica del Peruacuterdquo en Burgorgue-Larsen Laurence (coord) Derechos Humanos en contexto en Ameacuterica Latina El impacto del sistema interamericano

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Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juriacutedica Virtual del Instituto de Investigaciones Juriacutedicas de la UNAM wwwjuridicasunammx httpbibliojuridicasunammxbjv

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Page 44: El proceso de interamericanizacin de los ordenamientos ... · ... E. y Morales Antoniazzi, M. (eds.), La justicia constitucional y su ... Se toman en cuenta normas comunes y se expanden

Mariela Morales antoniazzi y Pablo saavedra alessandri

Conforme lo apunta Humberto Nogueira todo juez de un Estado parte sea ordinario o constitucional estaacute llamado a desarrollar el control de con-vencionalidad ldquoen aplicacioacuten del deber juriacutedico de respetar y garantizar los derechos convencionales de conformidad con el artiacuteculo 1 de la CADH y la obligacioacuten de aplicar las medidas jurisdiccionales para asegurar la adecua-cioacuten al Sistema Interamericano exigida por el artiacuteculo 2 de la misma CADH aplicando como estaacutendar miacutenimo los atributos de los derechos y garantiacuteas contenidos en la CADH y el corpus iuris interamericano lo que constituye un control diferente y distinto del control de constitucionalidadrdquo pues obedecen a distintos paraacutemetros de control el primero es ldquoel corpus iuris interamericano cuyo texto central y baacutesico es la Convencioacuten Americana so-bre Derechos Humanos mientras que el control de constitucionalidad tiene como paraacutemetro baacutesico la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblicardquo178 Sobre el auge de esta doctrina y su aplicacioacuten existen posturas a favor179 y en con-tra180 Humberto Sierra Porto afrma que el control de convencionalidad es el paradigma que permite comprender el proceso de incorporacioacuten del derecho internacional al derecho interno y asevera que ldquocomo consecuencia de la efcacia juriacutedica de la Convencioacuten Americana en todos los Estados partes se ha generado un control que es dinaacutemico que es complementario de todas las obligaciones convencionales de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de manera conjunta entre autoridades internas y las instancias internacionalesrdquo181

de derechos humanos en los Estados partes Colombia Ecuador Haitiacute Meacutexico Nicaragua Peruacute Repuacuteblica Dominicana Uruguay Venezuela Meacutexico Tirant lo Blanch 2016 vol 1 pp 621-749

178 Nogueira Alcalaacute HldquoDiaacutelogo interjurisdiccional control de convencionalidad y jurispru-dencia del Tribunal Constitucional en periodo 2006-2011rdquo Estudios Constitucionales vol 10 nuacutem 2 2012 p 64

179 Hitters Juan Carlos ldquoControl de constitucionalidad y control de convencionalidad Com-paracioacuten (Criterios fjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)rdquo Estudios Constitucionales vol 7 nuacutem 2 2009 pp 109-128 Rivas Ibaacutentildeez Juana Mariacutea ldquoControl de convencionalidad precisiones para su aplicacioacuten desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Anuario de Derechos Humanos nuacutem 8 2012 pp 103-113

180 Ruiz-Chiriboga Oswaldo ldquoConventionality Control Examples of (Un) Successful Expe-riences in Latin Americardquo The Inter-Am amp Eur Hum Rts J vol 3 2010 p 200 Dulitzky Ariel E ldquoInter-American Constitutional Court-The Invention of the Conventio-nality Control by the Inter-American Court of Human Rightsrdquo 50 Texas International Law Journal 2015 pp 45-48 Armin von Bogdandy y Ingo Venzke In whose name A public law theory of international adjudication Oxford OUP 2014

181 Sierra Porto H A La construccioacuten compartida del control de convencionalidad Memo-rias del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Universidad del Externa-do Colombia 2016

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El proceso de interamericanizacioacuten de los ordenamientos juriacutedicoshellip

No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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No obstante vale la pena resaltar que este proceso de ajuste a la CADH como se ha sostenido a lo largo de este trabajo ampliacutea el fenoacutemeno de la interamericanizacioacuten al facilitar la expansioacuten de los estaacutendares de la Corte IDH en los respectivos oacuterdenes domeacutesticos Uno de los aportes esenciales y a la vez uno de los desafiacuteos permanentes de la Corte Interamericana se centra precisamente en la capacidad de guiar la actuacioacuten de los Estados democraacuteticos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales182

El corpus iuris interamericano evoluciona constantemente tanto en re-lacioacuten con la creacioacuten de nuevos instrumentos como en su interpretacioacuten por parte de la Corte IDH Resulta interesante observar que el control de convencionalidad con base en la mencionada apertura constitucional sirve como un puente y una herramienta de comunicacioacuten para alcanzar una interaccioacuten convergente entre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos A su vez la Corte IDH actuando en su papel comple-mentario al de las jurisdicciones nacionales facilita la mencionada con-vergencia cuando ordena medidas de reparacioacuten de caraacutecter estructural a traveacutes de reformas legislativas cambio de praacutecticas estatales o desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas

De esta manera las acciones de los Estados tales como la ratifcacioacuten de los instrumentos interamericanos la adopcioacuten de la jurisprudencia de la Corte IDH y el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la misma promueven una intensa confuencia entre el derecho nacional e interna-cional a la vez que enriquece un derecho con su propia identidad un Ius Constitutionale Commune de los Estados latinoamericanos

182 Burgorgue-Larsen L ldquoChronicle of a fashionable theory in Latin America Decoding the doctrinal discourse on conventionality controlrdquo en Yves Haeck Ruiz-Chiriboga Oswaldo y Burbano-Herrera Clara (eds) 35 Years of Inter-American Court of Human Rights Theory and Practice Present and Future Cambridge Intersentia 2015 pp 645-676

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