DEL PRINCIPIODE LA ADICIONALIDAD

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¿Cómo el sector social privado complementa las políticas públicas a través de las

Alianzas para el Desarrollo?

Documentos de Reflexión y Análisis de AFE

La Asociación de Fundaciones Empresariales, en su afán permanente por generar conoci-mientos y reflexiones de utilidad para sus asociados, se ha impuesto en la tarea de elaborar documentos breves y didácticos relacionados con temas transversales y de plena vigencia para las fundaciones mismas.

Damos a conocer nuestro primer documento, el cual está centrado en plantear una postura respecto del concepto y alcance de las alianzas público -privadas, en cuyo propósito las fun-daciones empresariales, como actores activos de la sociedad, pueden complementar la oferta del Estado y de esta manera abrir nuevas posibilidades en el rol que deben cumplir las fun-

daciones dentro del marco de trabajo conjunto con el Estado.

Por tratarse de un documento de reflexión y análisis, debe interpretarse su contenido como un trabajo susceptible de ser adaptado, mejora-do, o modificado, con miras a recoger las obser-vaciones válidas que deben tenerse en cuenta por parte de las fundaciones que AFE congrega.

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El principio de adicionalidad: ¿Cómo el sector social

privado complementa las políticas públicas a través de

las Alianzas para el Desarrollo?

The World Summit on Sustainable Deve-lopment realizado en septiembre de 2002 en Johannesburgo, identificó claramente que el sector privado es uno de los actores claves en alcanzar la reducción de la po-breza. Alianzas entre los gobiernos, la so-ciedad civil y el sector privado fueron pro-puestos como uno de los medios para al-canzar la reducción de la pobreza. A pesar de esta retórica, no se consideró como estas alianzas podían funcionar en la práctica, los resultados que debían ser alcanzados o los méritos de la alianzas.

Por este motivo la consolidación y ejecu-ción de las alianzas público-privadas –APP- representa un reto enorme. The Uni-ted Nations Foundation entiende las Alian-zas Público-Privada como la confluencia de actores -estatales, privados, sociedad civil- sobre una agenda compartida de in-terés público (que por cierto no excluye el interés de cada sector), que implica: i) Vo-luntariedad. ii)Optimización del empleo de recursos. iii) Acuerdos lo mas explícitos posibles sobre sus propósitos. iv) Asunción compartida de riesgos. v) Establecimiento de adecuados incentivos. vi) Construcción de confianza y legitimidad. vii) Propósito de sostenibilidad. viii) Obtención de mu-tuos beneficios para los sectores intervi-nientes. ix) Participación dirigida a resol-

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ver un problema común pero no se delega la responsabilidad de cada actor.

Es reconocido el importante rol que cumple el llamado “tercer sector” en las alianzas con el Estado. Algunos se atreven incluso a dis-tinguir entre las puras APP, como formato exclusivo para la relación público-privado, de aquellas alianzas en las que participa el Estado con el tercer sector, caso en el cual se decide denominarlas “alianzas para el desa-rrollo”. 1

En efecto la Constitución Política de Colom-bia reconoce la potencialidad de realizar alianzas con el tercer sector, al prever en su artículo 355 la posibilidad del Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de celebrar contratos con “enti-dades privadas sin ánimo de lucro y de reco-nocida idoneidad con el fin de impulsar pro-

gramas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes sectoriales de Desarrollo”.2 Es claro que en ese grupo de entidades que señaló el Constituyente se encuentran las fundacio-nes que integran la AFE, todas ellas con un alto compromiso social, principios técnicos y experiencias que las hacen merecedoras de ser reconocidas como aliados claves del Gobierno para promover el desarrollo so-cial del País.

En 2005, la Comisión sobre el Sector Pri-vado y el Desarrollo de Naciones Unidas presentó al Secretario General su Informe El Impulso del Empresariado, con el objetivo de ofrecer recomendaciones sobre el modo en que los gobiernos, las instituciones pú-blicas que trabajan para el desarrollo, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil pueden modificar sus actua-

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1 CASADO CAÑEQUE, Fernando. “Alianzas público-privadas para el Desarrollo”. Fundación Carolina CeALCI, Documento de Trabajo No. 9. 1ª edición, 2007, España.

2 Constitución Política de Colombia: Art. 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donacio-nes en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y mu-nicipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de recono-cida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes sectoriales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

ciones y estrategias, con el fin de mejorar no-tablemente la capacidad del sector privado promoviendo el desarrollo. Una de las prin-cipales recomendaciones del Informe fue que se fomentaran acciones en la esfera público-privada a través de alianzas.3

Las Alianzas para el desarrollo “tienen el po-tencial de multiplicar el impacto en los obje-tivos de desarrollo, conseguir beneficios fi-nancieros, fortalecer las instituciones y ase-gurar la transparencia y buena gestión tanto entre las inversiones realizadas como en los resultados obtenidos en términos de desarro-llo, así como centrar las políticas en la erradi-cación de la pobreza y garantizar el apoyo político y de la sociedad civil”. 4

Partiendo de la importancia de las alianzas5, es importante tener claridad acerca del rol que tiene cada uno de los actores que en ella participan.

Por una parte, el Estado, debe contar con gobiernos e instituciones públicas fortaleci-

das, eficaces, y capaces de promover las competencias y contribuciones del resto de los actores, incluyendo la productividad, la innovación, la investigación y la promoción de un desarrollo económico equitativo que no excluya comunidades o grupos particu-lares. En ese sentido, previo a convocar la realización de una alianza, el Estado debe definir sus políticas públicas y dar el norte de la actuación. Adicionalmente, se debe partir de la premisa que la provisión de los bienes o servicios objeto de la alianza es una responsabilidad estrictamente pública y que la colaboración de las entidades pri-vadas en una determinada alianza no pre-tende suplantar esa obligación.6

El sector público, como lo señala Fernando Casado, “es el responsable de garantizar el acceso a servicios y bienes públicos y, por lo tanto, el principal responsable en fomen-tar un entorno favorable que potencie los beneficios de la globalización y el desarro-llo, sobre todo en las áreas más desfavore-cidas donde no suele llegar. Pero sin una

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3 Organización de las Naciones Unidas (2005): El impulso del empresariado: el potencial de las empresas al servicio de los pobres. Comisión sobre el sector privado y el desarrollo, Nueva York.

4 CASADO CAÑEQUE, Fernando. Ob cit.

5 Para efectos del presente documento, cuando nos refiramos al término Alianza, entenderemos que estamos haciendo referencia a las alianzas entre el Estado y el tercer sector, en particular las fundaciones empresariales.

6 CASADO CAÑEQUE, Fernando. Ob cit.

intervención activa por parte del sector pri-vado y las organizaciones de la sociedad civil no será́posible lograr los objetivos de desa-rrollo propuestos ni garantizar una vida dig-na para todos”. 7

Las alianzas están fundamentadas en un cri-terio de voluntariedad y complementariedad del sector social que busca aliarse con el sec-tor público para encaminar acciones que permitan superar la pobreza. Las acciones públicas, en este sentido, se potencializan con las privadas y la forma concreta de unir fuer-zas es, precisamente, a través de alianzas.

Por lo tanto, la responsabilidad de atender las causas sociales siempre recae en el sector público y el rol de las fundaciones empresa-riales, no puede confundirse como las enti-dades llamadas a reemplazar, asumir la res-ponsabilidad o financiar iniciativas públicas, función que le compete estrictamente al sec-tor público.

En ese sentido, la actuación de las fundacio-nes empresariales está enmarcado en el ámbi-

to de la colaboración. Estas entidades, con su conocimiento y eficacia en la gestión se convierten en un “generador de innovación que alimenta las políticas públicas”, como lo señaló Francisco Tancredi en su presen-tación sobre Inversión Social Privada, en el marco del Foro IV Foro Internacional de RedEAmérica.8

Las Fundaciones como entes organizados y con experiencia en la implementación de proyectos sociales e identificación de nece-sidades locales, las convierte en “un agente imprescindible a la hora de garantizar bue-nos resultados”. 9

Tancredi resalta que el papel de la Inver-sión Social Privada es “invertir en innova-ción social para iluminar nuevos caminos para la sociedad y no el de suplementar y corregir déficits de acciones de políticas públicas”. Agrega que, “el resultado del trabajo de la ISP debe ser el alimentar polí-ticas públicas y el arsenal de buenas prácti-cas. No debería ser, nunca, de remediar los

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7 Ibidem.

8 TANCREDI, Francisco. “ISP Estratégico, reflexiones sobre los fundamentos”. IV Foro Internacional RedEAmérica, Brasil, 2012.

9 “Putting Partnerships to Work. Strategic Alliances for Development between Government, the Private sector and civil society” , Michael Warner and Rory Sullivan, 2004

resultados mediocres de los sistemas sociales”.10

“El trabajar en afinidad y armonía con las políticas públicas no significa subsidiar, com-plementar o remediar los resultados de ac-ciones de son típicamente gubernamentales. Consonancia y alineación con las políticas públicas no significa que los programas so-ciales de las fundaciones corporativas deban buscar una réplica mejorada (no siempre tan mejoradas) de programas gubernamenta-les”11

Por esa razón el Estado se debe valer del sector privado para aprender alternativas efectivas y eficientes que le presente la ISP. En otras palabras, el Estado utiliza el know-how del sector privado que de otra forma no dispondría.

Las alianzas aportan apoyo técnico material y permiten compartir la gestión de riesgos y expectativas, además de ayudarle a mejorar su conocimiento y experiencia en el acceso a comunidades más vulnerables, con las cuales las fundaciones empresariales interactúan permanentemente a través de sus proyectos.

La finalidad última de las alianzas debe ser lograr el mayor impacto posible, debido a la limitación de los Gobiernos para res-ponder por si solos ante los complejos e in-terdependientes problemas que sufre la so-ciedad, los cuales evidentemente no pueden ser gestionados a través de un solo actor de la sociedad. El concepto de las alianzas está en consonancia con alcanzar el desarrollo que integre a los principales agentes en el proceso de toma de decisiones y en la for-mulación de las soluciones necesarias.

El Informe Cardoso, mediante el cual un grupo de personas eminentes, liderado por el expresidente de Brasil, Fernando Henri-que Cardoso, examinaron la relación entre las Naciones Unidas y sociedad civil, des-tacaron que el importante rol de sociedad civil, el cual ya no es una opción, sino una necesidad y destaca “Aunque las alianzas no son la panacea, (...) han de percibirse como alianzas para conseguir objetivos globales, (...) deben ser asociaciones des-centralizadas en función del país y de la dependencia técnica de que se trate, y de-ben responder a necesidades, no a posibili-dades de financiación”12

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10 TANCREDI, Francisco.

11 Ibídem

12 (2004): Nosotros los pueblos: la sociedad civil, las Naciones Unidas y la gobernanza global – Informe del Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar la relación entre las Na- ciones Unidas y la sociedad civil (Informe Cardoso). A/58/817. Nueva York, citado en Casado Fernando.

El Informe Comisión sobre el Sector Priva-do resalta que “para potenciar alianzas para el desarrollo en la erradicación de la pobreza, las organizaciones del trabajo y de la socie-dad civil deben seguir ejerciendo su función como observadores críticos del plan de desa-rrollo y como promotores y facilitadores de enfoques innovadores para cumplir los Obje-tivos de Desarrollo del Milenio y mejorar la calidad de vida de los pobres”.

Debido al impacto que tienen las alianzas, debe analizarse con cautela los fondos que le corresponde asignar al sector privado para promover iniciativas públicas. Para ello, debe partirse del principio de adicionalidad. Este principio implica que es el Estado quien debe mantener la responsabilidad de garantizar la viabilidad del cumplimiento de los programas sociales y no está exenta la participación del sector social, para generar recursos adiciona-les, teniendo siempre presentes los limitados y flexibles recursos del mismo.

Un presidente de una fundación estadouni-dense que participó en la Guía “Working with the Government, guidande for granma-kers”, liderada Grantcraft resaltó: "Es impor-tante que las fundaciones conozcan que no todas las alianzas con el gobierno represen-

tan una oportunidad. A veces lo es y a ve-ces no. La fundación tiene la obligación de hacer una evaluación rigurosa del impacto que se va lograr al final y si se va a cambiar o probar algo, resolver un problema, una necesidad."13

Con lo anterior, queremos concluir la im-portancia de trabajar conjuntamente en alianza las fundaciones empresariales con el Gobierno Nacional y los demás entes te-rritoriales, para hacer frente a los grandes problemas sociales; pero una alianza re-quiere que las partes piensen estratégica-mente lo que quieren lograr mediante la alianza, teniendo presente en todo caso, que el sector social no es el llamado a suplir necesidades públicas que al Estado le co-rresponde financiar.

El compromiso de las fundaciones empre-sariales es de agregar valor y complementar y fortalecer el modelo con sus buenas prác-ticas en gestión y cercanía con la comuni-dad.

La política pública deben plantearse como asuntos estratégicos cuya ejecución no de-penda de la voluntad del gobernante de turno ni de los recursos adicionales que en un momento determinado aporte el sector

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13 Mackinnon Anne y Gibson Cynthia. Working with the Governement, guidance for grantmakers. Grantcraft, Practical Wisdom for Grantmakers. EEUU, 2010

social, pues de lo contrario no se logrará el desarrollo social y económico que Colombia quiere alcanzar. En otras palabras la finan-ciación de los programas sociales no puede ser un tema que se deje al arbitrio de los fun-cionarios públicos, ni se puede trasladar la obligación de mantenerlos, exclusivamente, a cargo de las fundaciones, quienes a diferen-cia del Estado, tienen la flexibilidad para ele-gir y modificar cuando es estratégico apoyar o no un programa público.

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