EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

Los derechos humanos, como principios y normas jurídicas reconocidas en los

instrumentos internacionales y en las constituciones de los estados, influyen en

todas las ramas del derecho. No obstante, desempeñan un papel especialmente

importante en el derecho penal con el que conserva una doble relación. El

ordenamiento penal debe ser una garantía para el respeto de los derechos humanos

y constituir una defensa para el ciudadano frente a la transgresión o violación de

sus derechos por parte de cualquier individuo, sea un Agente del Estado o un

ciudadano particular. Aquí confluyen el derecho a la justicia de toda persona y el

deber jurídico del Estado de investigar estas transgresiones, procesar y sancionar a

los autores y en su caso, indemnizar a las víctimas, este aspecto concebido como el

derecho de las víctimas prescrito en el art.78 de nuestra Constitución de la

República del Ecuador, que en su parte pertinente prescribe “Las víctimas de

infracciones penales gozarán de atención especial, se les garantizará su no

revictimización..”

La aplicación de la normativa penal conlleva a la posibilidad de restringir los

derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de quienes posiblemente

han incurrido en conductas penalmente sancionadas, cuando existe regímenes

autoritarios como instrumento del poder estatal para cubrir de legalidad la

persecución y represión de ciudadanos. Por esta situación, el derecho penal no solo

tiene la función de garantía de los derechos humanos, sino que tales derechos

respecto del imputado, le imponen orientaciones y restricciones. Las garantías

judiciales que se encuentran enmarcadas dentro del derecho al debido proceso,

suponen la existencia de un órgano judicial independiente, así como de la

existencia de un conjunto de normas y principios que garanticen un proceso

equitativo, expedito, real, en donde el imputado o acusado disponga de los medios

adecuados para hacer uso del derecho a su defensa establecida en el art. 76 de la

Constitución de la República del Ecuador.

El debido proceso busca garantizar la vigencia de los derechos humanos en el

sistema de justicia, apareciendo de esta manera las, instituciones, garantías y

normas internacionales que se aplican a todas las materias sean estas, materia

penal, civil, laboral, etc, cuyo fin específico es la protección de las personas, el

respeto a su dignidad, vida, libertad, integridad, para de esta manera evitar una

posible ejecución extrajudicial.

Respecto de los derechos al debido proceso, podemos citar los siguientes:

1. El derecho a la gratuidad de la justicia el mismo que se encuentra

garantizado en el art. 75 de nuestra Constitución, así como en el art.1.4.3.d.f

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el cual se ha

logrado integrar a la justicia a todas las personas sin discriminación de

ninguna naturaleza.

2. El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial que vele

por los derechos de las víctimas, del procesado y de todos los partícipes de

un proceso penal, con la finalidad de obtener una justicia equitativa, real y

transparente.

3. El derecho a ser escuchado públicamente por el tribunal en un juicio público,

el mismo que se encuentra respaldado por el principio de Publicidad y

contradicción, evitando de esta manera que un ciudadano sea juzgado por

tribunales de excepción que violen principios Constitucionales.

4. El derecho a la presunción de inocencia que respalda nuestra Carta Magna,

mediante el cual a toda persona se le respetará su condición de inocencia y

será tratada como tal mientras no sea vencido en juicio.

5. El derecho a la defensa que reúne varios aspectos, dentro del cual nadie

puede ser aislado de su abogado en ninguna etapa del proceso, con el fin de

velar por una justa defensa en méritos de la presunción de su inocencia.

El derecho penal es el mecanismo idóneo para determinar las posibles

infracciones y mediante la aplicación de un juicio justo y en observancia del

debido proceso, corregir conductas y propiciar la defensa de personas que han

sufrido actos de arbitrariedad por parte de agentes del Estado o de particulares,

en atribución de la fuerza o del cargo que ostenta, así como la reparación

integral de las víctimas y familiares por causa de una conducta reprochable.

AUTORES

ABOGADO WALTER HERRERA AMAN

ABOGADO JUAN MARTINEZ SANCHEZ