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Revista Memoria Política. Nueva Etapa Vol. 2, Nro. 1/2012: 51-83

EL CONSENSO Y LA CONFRONTACIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO VENEzOLANO.

(1958-2008)

José Aro*

RESUMEN

A partir de 1958, en Venezuela, con la caída del régimen perezjimenista, se instauró, en el modo de gestión de la élite gobernante, el consenso como herramienta para la resolución de conflictos políticos, económicos, militares y sociales. A finales de los 80´con “El Caracazo”, la quiebra del sistema bancario del 94’ y los intentos de golpe de Estado, en los 90’, primero en el 92’, y después en el 2002, han puesto en jaque el sistema populista de conciliación de élites, y la confrontación inició su ciclo, no ya para la garantizar la estabilidad, que se supone dada, sino en la pugnacidad por el poder político.

Esa es la hipótesis que manejaremos en este ensayo, intentando enmarcar, los distintos momentos en los que, la coyuntura política, económica, militar y social, ha hecho mella en el sistema político venezolano y ha llevado a la clase dirigente a optar por el consenso o la confrontación para garantizar sus cuotas de poder y las garantías sociales de paz y bienestar.

Palabras claves: Democracia, consenso, conciliación, confrontación, pugnacidad.

* Licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1994. Ha desarrollado estudios en filosofía, planificación y gestión locales, gerencia para organizaciones sin fines de lucro y gobernabilidad democrática. Actualmente está culminando su carga académica del Doctorado en Ciencias, Mención Ciencias Políticas en la UCV, donde realiza Investigaciones en temas relacionados con el poder, gobernabilidad, instituciones, conflicto social, negociaciones, teoría de los juegos y toma de decisiones.

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josé arorevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012

Revista Memoria Política. Nueva Etapa Vol. 2, Nro. 1/2012: 51-83

CONSENSUS AND CONFRONTATION IN THE VENEzUELAN POLITICAL SYSTEM. (1958-2008)

SUMMARY

Since 1958, Venezuela, with the fall of Pérez Jiménez, was established in the administration of the ruling elite, consensus as a tool for resolving political conflicts, economic, military and social. In the late 80’ whit “The Caracazo” the bankruptcy of the banking system 94 ‘and coup attempts in the 90’s, first in 92’ and then in 2002, have jeopardized the populist system of elites, and the confrontation began its cycle, not to ensure stability, which is given, but in the pugnacity for political power.

That is the hypothesis that handle in this essay, trying to frame, the different times that, the political, economic, military and social juncture, has taken a toll on the Venezuelan political system and has led to the ruling class to opt for consensus or confrontation to secure their share of power and social guarantees of peace and prosperity.

Key words: Democracy, consensus, compromise, confrontation, pugnacity.

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el Consenso y la ConFrontaCión en el sisteMa PolítiCo Venezolano.(1958-2008)

I.- A modo de presentación.

La contemporaneidad política en América Latina ha puesto a los gobiernos, desde la década de los 50’ del siglo pasado, en un péndulo entre democracias por un lado y dictaduras por el otro.

A partir de 1958, en Venezuela, con la caída del régimen perezjimenista, se instauró, en el modo de gestión de la élite gobernante, el consenso como herramienta para la resolución de conflictos políticos, económicos, militares y sociales. A finales de los 80’ con “El Caracazo”, la quiebra del sistema bancario del 94’ y los intentos de golpe de Estado, en los 90’, primero en el 92’, y después en el 2002, han puesto en jaque el sistema populista de conciliación de élites, y la confrontación inició su ciclo, no ya para la garantizar la estabilidad, que se supone dada, sino en la pugnacidad por el poder político.

Esa es la hipótesis que manejaremos en este ensayo, intentando enmarcar, los distintos momentos en los que, la coyuntura política, económica, militar y social, ha hecho mella en el sistema político venezolano y ha llevado a la clase dirigente a optar por el consenso o la confrontación para asegurar sus cuotas de poder y las garantías sociales de paz y bienestar. En el período que va desde 1958 hasta el 2008, a propósito de los primeros 50 años de la democracia venezolana contemporánea.

Vamos a basar nuestra argumentación, en los supuestos teóricos de Juan Carlos Rey1, sobre la “conciliación de élites” y el golpe de estado, y, en la revisión empírica y teórica sobre el Sistema Político Venezolano (SPV), de Miriam Kornblith, entre otros.

Finalmente presentaremos nuestras conclusiones sobre el arribo de la hipótesis en la realidad venezolana del momento político, intentando hilarlo con los autores presentados.

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II. Caracterización del Sistema Político Venezolano, entre 1958 y 2008

1. Introducción

La caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, marcó el comienzo de uno de los períodos más interesantes e importantes de la historia política contemporánea de Venezuela. Que parte con la formación de una Junta de gobierno que asume el poder y dirige el proceso político del país hacia el establecimiento de un régimen constitucional democrático. Durante este período provisional que va desde 1958 hasta 1960, asciende al primer plano la actividad política de los partidos; se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, que devino en el “sistema populista de conciliación de élites” 2 y fue el signo dominante durante la vida política de Venezuela hasta 1998.

Luego del perezjimenismo3, la prioridad para los actores políticos era la legitimación de la democracia y la estabilidad política. Si a los inicios de la democracia, la amenaza venía de sectores conservadores que veían con poco agrado el ascenso del partido cabeza del gobierno Acción Democrática (AD), durante los años 60 las amenazas vendrían del lado contrario: la insurrección de la izquierda armada.

Con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, se instaura un proceso de refundación de la República y se instala, en 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, la cual redactó una nueva constitución, que fue aprobada en referendo aprobatorio por la mayoría del pueblo venezolano en diciembre de ese año. Dicho proceso devino primero en la “V República”, dando al traste con el “Pacto de Punto Fijo” originando un proceso de transformaciones y cambios democráticos, que aunado al propio devenir de la sociedad y su conjunto está en plena ebullición de un nuevo orden económico, social, militar

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y político, es decir, un nuevo sistema político, nuevas reglas y modos de relacionamiento entre los actores y la canalización de sus demandas e intereses.

Los cambios de la última década en el sistema político venezolano y las manifestaciones de crisis de los años recientes cobijan tendencias contradictorias. En la crítica al modelo que se instauró desde 1958 hay indicios de maduración democrática en la ciudadanía y ciertas organizaciones –nuevas y viejas– que pugnaban en la búsqueda de un orden justo y pluralista. Diversos intentos de reforma socioeconómica e institucional apuntan en ese sentido, junto con la aparición de nuevas organizaciones societales.

No obstante la critica a las reglas comportamientos y estructuras que sirvieron de soporte al llamado “sistema populista de conciliación de élites”, ha llevado al cuestionamiento de la democracia per se y a la búsqueda, de manera más o menos abierta, de opciones no democráticas. Los intentos golpistas de 1.992 y del 2.002, junto a las expresiones de simpatía que recibieron por parte de una parte de la población, con especial énfasis de los medios privados de comunicación y algunos personeros del liderazgo político y militar, forman parte de esta tendencia, aunque, aún en tales casos, el discurso predominante y la valoración de la mayoría de la población, reconoce a la democracia como el régimen político más valioso y deseable4.

2. El asentamiento de las bases democráticas

Tras la muerte del dictador Juan Vicente gómez, acaecida en diciembre de 1936, comienza un nuevo proceso de abanderamiento del acontecer político nacional. La llegada al poder de los generales Eleazar López Contreras (1935-1941), primero e Isaías Medina Angarita (1941-1945) después, sobrevino a una visión común positivista de modernización y democracia tutelada por el estamento militar, proveniente del

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gomecismo. El auge y presencia de la intelectualidad de la época en el gobierno, devino en un proceso dedicado a pensar el país y estuvo en posiciones de poder específicas para poner en práctica sus ideas5 modernizadoras en salud, educación, economía, política, militar y cultura. Se amplían los espacios de libertad, tolerancia y progreso social. Se sanearon las finanzas públicas gracias al petróleo, lo cual dinamizó la economía. y se legalizaron los partidos políticos.

Mas la oposición política le objetaba a Isaías Medina Angarita, una escasa confianza en la voluntad popular, por ende, se le criticaba la ausencia de la reforma política fundamental: el voto directo, universal y secreto para la elección del Presidente de la República6. Situación esta que devino en el golpe militar de 1.948, dada su renuencia a esta exigencia. Medina Angarita sostuvo la tesis de la designación del Presidente por el Congreso, como ya era recurrente en esos años. El ejército se había convertido en la más importante institución del país para conservar la estabilidad del Estado y el poder, pero no para decidir sobre los destinos de la nación. Más temprano que tarde el sector profesional anhelaría participar en las decisiones, sin cambiar el papel en el poder de los hombres en armas; es decir, sin permitir la participación de los civiles en el Estado7.

En resumidas cuentas y en un claro lenguaje:

“...el Estado y la sociedad habían tomado el camino hacia la democracia. Con altibajos, López Contreras, sorteó los obstáculos que le fueron apareciendo, y a pesar de ser una democracia restringida logró impulsarla hacia el civilismo, aun cuando su sucesor fue un militar, sólo que ese militar tenía una marcada vocación democrática y hacia el desarrollo económico. De hecho, el petróleo profundizó su presencia en la vida nacional y ejerció influencia prácticamente determinante en el hacer del país, la democracia

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se profundizó y la apertura permitió elevar la beligerancia que había sido reprimida por López Contreras., por lo que la conflictividad política se deriva entonces de la profundización de la participación del venezolano en ese hacer político. y aun cuando parece una paradoja, el gobierno democrático de Medina es víctima de la apertura y derribado por los jóvenes, que el año 28 insurgieron contra gómez, aliados con la juventud militar enfrentada al medinismo. y si bien es cierto que este golpe de Estado ha sido calificado como revolución, lo que hubo realmente fue una aceleración del proceso dentro de la primera fase del postgomecismo. Se ampliaron los derechos políticos, pero al final fue víctima de confrontaciones internas que culminaron, luego de unas elecciones democráticas, en un nuevo golpe de Estado que devolvió el poder a los militares” (Suzzarini, 2005: 5)8.

3. La búsqueda del consenso9

La fragilidad de la experiencia democrática que se vivió en el trienio adeco (1945-1948), junto a la insurrección armada, colocó a los partidos políticos venezolanos frente al reto de lograr, antes que cualquier cosa, un acuerdo para estabilizar la democracia. El aprendizaje del trienio era que la conducción sectaria y el enfrentamiento con los sectores conservadores no era la vía para la estabilidad del régimen; sino todo lo contrario, era la fórmula para generar enfrentamientos que terminarían por debilitar todos los intentos.

No era posible gobernar a espaldas del resto de los sectores de la sociedad, a pesar de contar electoralmente con una base tan amplia como la de AD. Es así como la construcción

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de la estabilidad del programa democrático pasaba por la obtención de consensos y de apoyos de los actores clave de la vida venezolana.

En otras palabras, la democracia, debía dar rendimientos positivos a los intereses de aquellos actores que, a finales de los años 50, tenían sus dudas sobre este programa, y que habían participado en el derrocamiento del régimen perezjimenista. Tal es el caso de los trabajadores, estudiantes universitarios y las autoridades universitarias, militares y la jerarquía de la Iglesia Católica.

La agenda pública consistió en una serie de políticas y programas que, si bien se dirigían a las múltiples necesidades de la población venezolana, tenían por objetivo el logro de estos apoyos hacia el sistema. La cuestión iba más allá de la programación de políticas; el mismo modo de hacer política debía convencer fácticamente al resto de la sociedad de que la democracia era un sistema que rendía frutos, es decir, que todos podían salir ganando o que salir del juego democrático podía acarrear grandes costos. Es bajo esta filosofía que puede entenderse el inicio de la insurgencia armada: el Partido Comunista fue el único actor político que fue excluido explícitamente de la firma del Pacto de Punto Fijo10, cerrando así su posible participación política. Tal como lo describe Urbaneja11, la consecución de apoyos para la democracia se convierte luego en una búsqueda obsesiva de la estabilidad del sistema. Se termina asociando la estabilidad con el consenso y, finalmente, con la aversión al conflicto.

La construcción de todos estos apoyos tenía claramente una fuente material: la renta petrolera. Por ello, el consenso se logra prometiendo a unos actores que el Estado no sacrificará sus intereses ni sus recursos y a otros que el Estado responderá a sus demandas. ya no se trataba entonces sólo de convencer a los adversarios del sistema democrático, sino de hacer entrar en el juego democrático a toda la sociedad, y como parte de ella, al

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pueblo. El elemento rentístico es importante a la hora de entender el acoplamiento de intereses y las respuestas a las demandas en la búsqueda del consenso. La renta petrolera permite, por un lado, obtener abundantes recursos para la satisfacción de las demandas y, por el otro lado, hacerlo sin tener que imponer sacrificios materiales a otros sectores de la sociedad.

El punto de partida de esta búsqueda del consenso y rechazo al conflicto es la firma del Pacto de Punto Fijo en 1958. Éste tiene, más que nada, orientaciones relacionadas con las elecciones libres y la gobernabilidad fundada en la unidad nacional, pero presenta también un programa mínimo común de orientaciones de política. Para esto los candidatos presidenciales acuerdan el respeto de los resultados electorales y el reconocimiento del nuevo gobierno. El programa mínimo común que se obtiene de este pacto contempla en sus aspectos sociales el mejoramiento de las condiciones educativas y sanitarias de la población a través del apoyo financiero del Estado, con miras a establecer un mínimo de condiciones igualitarias entre la población.

Dentro de la lógica de generación del consenso el programa suavizaba asperezas que habían creado conflictos durante el trienio adeco, dejando claro el respeto al orden capitalista y la búsqueda de canales para el ascenso social de las masas. Al parecer, uno de los temores de los sectores conservadores durante el trienio adeco era el ascenso descontrolado de las capas populares a los estilos y espacios de vida de los sectores más acomodados. Por eso, para el nuevo ensayo del programa democrático era importante que la movilidad social no representase una amenaza a los sectores sociales altos. Pero el programa mínimo común encerraba algo más que el problema de la movilidad social. Las condiciones sociales a la salida del perezjimenismo, dejaban una brecha considerable entre el desarrollo industrial y el desarrollo social, con un claro rezago de este último.

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En consecuencia, el descontento de las poblaciones marginales en torno a las grandes ciudades, así como sucedió con los sectores campesinos del postgomecismo, fue captado por AD, que ya sus líderes venían dando la pelea desde ese entonces.

El aumento de las necesidades sociales diferidas y la ausencia de canales de participación social y política, eran las principales emergencias sociales de la nueva democracia: la primera, se resolvía por la acción del Estado, y la segunda, por la acción de los partidos. A su vez eran elementos que podían alimentar las filas de la izquierda insurgente que empezaba a manifestarse en los primeros años de la década de los 60.

4. De las reglas de juego a la crisis del Pacto de Punto Fijo

Como evidenciamos, las reglas de juego fundamentales de nuestra organización sociopolítica fueron propuestas a mediados de los años 40 y ratificadas con modificaciones más o menos significativas a partir de 1958. En el trienio 1945-48 se consolidó la idea de la centralidad del Estado en el moldeado de la sociedad venezolana y en la definición de los principales rasgos de nuestro desarrollo socioeconómico. Igualmente se establecieron las bases para el funcionamiento de un orden pluralista en lo político, consagrándose en la Constitución de 1947 los preceptos relativos a la ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones; siendo éste uno de los aspectos más problemáticos de ese lapso.

El retorno a la democracia, luego del decenio dictatorial, significó retomar la senda del pluralismo político, pero también supuso cuestionar la forma como el mismo había sido comprendido y puesto en marcha entre 1945 y 1948. A partir de 1958 se solidificó el acuerdo entre diversos sectores en torno a algunas reglas fundamentales. La regla de la mayoría como criterio absoluto para la toma de decisiones fue sustituida

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o complementada, según las circunstancias, por la regla de la unanimidad para los casos en los cuales estaban involucrados los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos, con capacidad para vetar decisiones o amenazar la estabilidad del sistema. Se le atribuyó al Estado un papel central en la estructuración de las principales coordenadas de la nación; la economía tuvo como factor dinamizador la renta petrolera; al sector privado se le asignó un papel secundario en la activación de la vida económica.

Con el Pacto de Punto Fijo se garantizó la plena vigencia del juego político electoral; los partidos políticos fungieron como principales –y casi únicos– canales de agregación y articulación de intereses societales, y como agentes privilegiados de mediación entre el Estado y la sociedad. En la Constitución de 1961 se consagraron muchos de estos principios y reglas, y sobre esas bases se diseñó un proyecto sociopolítico de largo alcance12.

Para Juan Carlos Rey, las transformaciones actuales del sistema político venezolano radican en la crisis del sistema populista de conciliación de élites:

“Debido a razones históricas y culturales diversas, [ ] durante todo el siglo XX los venezolanos pusieron grandes esperanzas en la acción del gobierno como el medio capaz de resolver muchos de sus problemas y necesidades. Desde los orígenes del sistema democrático, en 1958, la mayoría de los ciudadanos creyeron que el voto era la herramienta adecuada para hacer que el gobierno se interesase en tales problemas y pusieron sus esperanzas en tal instrumento y en la competencia electoral entre partidos, como los recursos idóneos para su mejoramiento y progreso, tanto colectivo como personal”. (Rey, 2002:5).

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Tanto que quedó en boca del venezolano y de los estudiosos de la cultura política la frase de “el voto castigo”, para precisamente caracterizar, cuando el partido en ejercicio del gobierno, perdía el proceso electoral siguiente.

Pero, poco a poco, se fue generando un sentimiento creciente de que los diferentes gobiernos eran incapaces de responder a los deseos y demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo se desarrolló sobre los partidos políticos, una sensación de que eran impotentes para influir en las decisiones gubernamentales, dando lugar a una progresiva frustración y abstención electoral.

La crisis a la que acabamos de aludir, se inicio desde finales de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez y se desarrolló al principio en gran parte en forma latente o larvada, en los años siguientes. Decimos esto por las grandes expectativas que le hiciera el gobernante a la población en el mejoramiento de sus condiciones de vida, con el proceso de endeudamiento público que se empezó confiando en los altos ingresos petroleros.

En la presidencia de Luis Herrera Campíns (1979-1984), los recursos de la bonanza petrolera se emplearon para el acrecentamiento de la burocracia gubernamental y poco en la resolución de las necesidades de la población. El 18 de febrero de 1983 se produjo el denominado “Viernes Negro”, que consistió en la devaluación del Bolívar, pasando el Banco Central de Venezuela a controlar la compra y venta del Dólar Estadounidense, dando paso al “mercado negro” de la divisa, donde se cotiza a precios más de libre mercado y especulación, así como a la “fuga de capitales” al exterior. Caso que se repetirá en las décadas de los 90’ y 2000. Situación esta que ha marcado un hito en las controversias económicas del SPV, que aún hoy se mantiene. El gobierno de Caldera II13, hizo intentos por liberal la adquisición de la divisa norteamericana, utilizando incluso sistemas de bandas. El control de divisas trajo como

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consecuencias entre otras, la corrupción de los funcionarios para su venta. El caso emblemático se da en el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) conocido como el famoso caso del chinito de RECADI.

Con Jaime Lusinchi, al cierre de la década de los 80’, se establece el Pacto social, como programa de gobierno que busca, entre otras cosas, restablecer las ya deterioradas relaciones entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Se visualiza ya, la crisis de la conciliación, y se crea, en 1984, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (CoPRE), desde donde se empiezan a vislumbrar propuestas para adecentar el Estado y ponerlo a tono con los cambios que está exigiendo la sociedad venezolana. De esta manera se eligen por primera vez, en 1988, alcaldes y gobernadores de estados, que venían siendo designados “a dedo” desde los espacios de poder, básicamente, la Presidencia de la República; los cuales sirvieron de bastión y contención a los fenómenos sociales y políticos que devinieron después.

La crisis estalló en forma espectacular al inicio del período de Carlos Andrés Pérez (CAP II)14, con el Caracazo del 27 de febrero de 1989 y las constantes movilizaciones de protesta que le siguieron y que prepararon al ambiente para los dos intentos de golpe de Estado de 1992 (febrero y noviembre).

El sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa, que era común en muchos ciudadanos, se concentró en un rechazo de los partidos y de los políticos profesionales. Se acusó a los partidos de estar controlados por políticos profesionales, que después de ganar las elecciones actuaban exclusivamente en su provecho personal, sin preocuparse por sus electores y se propusieron, aunque con poco éxito, reformas electorales tendientes a corregir o incluso a eliminar la mediatización de los partidos, por ejemplo, mediante la personalización del sufragio y la eliminación de la representación proporcional. Inclusive se elaboraron, aunque

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no fueron aprobadas, propuestas de reformas constitucionales que incluían mecanismo de democracia directa, con una gran variedad de referenda de todo tipo, que superaban en mucho los conocidos en cualquier otro país. La introducción de un referéndum revocatorio (recall) para el presidente en funciones, fue uno de los instrumentos con los que se quiso superar la crisis durante la segunda presidencia de Pérez. Inclusive se constituyó un Consejo de Notables, constituido por la intelectualidad de la época, que estructuró un plan consensuado sobre la situación del país. Fracasado tal intento y habiendo sobrevivido el presidente a los dos golpes de Estado de 1992, finalmente fue destituido de su cargo mediante un procedimiento judicial, aparentemente legal, que en realidad era un juicio político, aunque bajo la forma de un proceso penal.

Tras el enjuiciamiento de Pérez, el país vivió momentos de tensa calma política, sobrevenida por el proceso de transición que marcaron los años 93 y 94, con la presidencia interina de Ramón José Velásquez, político e intelectual venezolano, y Senador para ese entonces, quien tomó las riendas del país, designado por el congreso, para sustituir a Pérez. En su breve mandato comenzó la crisis bancaria con la quiebra del Banco Latino y se implantó el Impuesto al Valor Agregado. Su breve período fue opacado por el indulto al Narco traficante, Larry Tovar Acuña.

Las elecciones presidenciales de 1993, significaron la ruptura definitiva del bipartidismo AD-CoPEI, que ya venía dándose con el advenimiento de nuevos partidos y liderazgos a nivel regional y municipal, desde las elecciones del 88. De hecho, marcó el ascenso al poder de uno de los más connotados líderes del puntofijismo, Rafael Caldera, quien ya había sido presidente, pero esta vez del partido Convergencia, el cual fue una escisión del partido CoPEI, que el mismo fundara, en los albores de la democracia. De estas elecciones quedaron muchos sin sabores en el imaginario político del venezolano por los

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resultados, según la cual dichas elecciones habrían sido ganadas por Andrés Velásquez, del partido Caura Radical en ascenso desde el sector laboral. Con ello se profundizó la crisis de los partidos, que aún perdura hasta hoy, con otros matices.

En el gobierno de Caldera II, se forma una coalición en el gabinete y el Congreso, con los partidos que apoyaron su candidatura y algunos personeros independientes, lo cual le dio además, mayoría parlamentaria y así aprobar planes y leyes fundamentales. Por primera vez, se rompe el Pacto institucional y el Presidente del Senado no pertenece al partido de gobierno, como venía sucediendo desde 1961.

Caldera enfrenta la peor crisis financiera que haya pasado por la economía nacional en el siglo xx, que empezó en tiempos de J. Velásquez y culminó con la fuga de capitales de los auxilios financieros que el Estado otorgó a la Banca Privada y la quiebra de medianas y pequeñas empresas por el control de cambio que dificultó la adquisición de divisas. Dado lo extraordinario de la situación, las medidas fueron toleradas por los medios de comunicación y la comunidad internacional, pero no por el pueblo venezolano, que tuvo que enfrentar un férreo control de precios y una híper inflación

“Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hace que Caldera anuncie el programa llamado Agenda Venezuela, en 1996, que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación. Aplicando medidas tildadas por sus detractores como “de corte neoliberal” de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar. Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambio fue

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levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. Está medidas fueron bien acogidas en el exterior, pero no en el país, en donde fueron frecuentes las manifestaciones y disturbios de la población venezolana que se sentía afectada negativamente.

En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.

También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento de petróleo y gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.

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Debido a diferencias con partidos de la coalición gubernamental como el MAS, Caldera buscó el apoyo de la principal fuerza legislativa el partido AD, donde algunos de sus miembros entraron en su gabinete.

Durante el gobierno de Caldera fueron sobreseídos y salen en libertad los militares responsables de los intentos golpistas de 1992, que se agruparon en el partido político Movimiento V República (MVR), dirigido por Hugo Chávez, para lograr el apoyo de los grupos de izquierdas a su precario gobierno de minoría parlamentaria.

El segundo período de gobierno de Caldera sentó las bases del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república. La caída de los partidos tradicionales y el movimiento populista iniciado por Caldera, dieron pie a Chávez para iniciar su propio movimiento, el cual se cristalizó al legalizar el partido MVR proveniente del MBR-200, que logró una clara victoria en las elecciones presidenciales de 1998”. (wikipedia, Rafael Caldera)

En resumidas cuentas, y parafraseando a la profesora Kornblith, pareciera que justamente aquellos rasgos que permitieron que se consolidara el sistema de partidos y se asegurara la representatividad y legitimidad de los mismos, mostraron sus aristas más negativas y fueron motivo de rechazo por parte de la población, que produjo el denominado voto castigo, en las elecciones presidenciales de 1998, para llevar a la primera magistratura nacional, a un candidato representante del sector progresista y de izquierda, contra el cual se aglutinaron los partidos del sistema que aún se niega a morir, pese a sus defenestrados síntomas de decadencia.

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5.- Del Proceso de Transformación y Cambios a la Revolución Socialista.

A comienzos del siglo xxI, la crisis ha estado marcada por vientos de cambio pero también por vientos de confrontación que hasta el presente no han cesado, ni se disipan signos de consenso, aún cuando la mayoría de la población está en búsqueda de soluciones que permitan salir del conflicto político, ideológico y económico; y enrumbar satisfactoriamente al país hacia derroteros de paz social.

Con la llegada del Presidente Chávez al poder, en 1999, se inicia el proceso de refundación de la república, tal cual lo prometió en la campaña presidencial y convoca la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva constitución, en cuyo proceso se recogieron propuestas de todos los sectores y rincones del país, y la alianza política del gobierno contó con la mayoría absoluta de los escaños. Como hecho inédito, y como parte de los cambios, la población electoral votó en un referendo aprobatorio la nueva constitución, conocida como la Bolivariana15, y en un epíteto más popular, como “la bicha”, signado por el propio presidente, como parte de una estrategia comunicacional directa para vincularse más con el pueblo llano, que hasta hoy le ha dado excelentes resultados en la consolidación de su liderazgo personal.

La nueva constitución, amplió los poderes del Estado de 3 a 5, reconociendo los poderes ciudadano y electoral. En el Ejecutivo amplió el período presidencial de 5 a 6 años, reconoció a las gobernaciones y municipios como ramas del poder público nacional y estableció la promulgación de leyes orgánicas para su establecimiento; en el Legislativo estableció un régimen unicameral y cambio la denominación del Congreso por Asamblea Nacional; en el Judicial, cambió la denominación de la Corte Suprema de Justicia por el de Tribunal Supremo de Justicia, ampliando las salas, los números de magistrados y su temporalidad en el cargo.

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La nueva constitución estableció la relegitimación de los poderes, por lo que en mayo del 2000 se convocaron elecciones generales, conocidas como las “mega elecciones”, de todos los cargos de elección popular. Estas elecciones fueron suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de una oNg, que demostró que el Consejo Nacional Electoral, no estaba preparado para la realización de las mismas. Sin embargo no se realizaron sino hasta julio del mismo año. Este hecho marcó una pauta en la responsabilidad ciudadana en los procesos electorales, que hasta hoy se mantiene, con veedores, observadores y surgimiento de organizaciones de la sociedad en torno al hecho electoral.

De igual manera, la Bolivariana16 amplió el reconocimiento de derechos ciudadanos en lo civil, educación, salud, social, político, cultural y económico entre otros; y reconoció la beligerancia política del estamento militar, manteniendo el sesgo en su filiación política partidista.

En lo económico, se desarrolló lo que algunos autores denominan el Neopopulismo, cuyo sustento continuó siendo la renta petrolera. Se impulsó el cooperativismo y se emplearon términos como el desarrollo endógeno para marcar el inicio de un nuevo ciclo económico. Tanto que, en la formulación del presupuesto nacional, se estableció el régimen de presentación de proyectos para acceder a los recursos, así como la elaboración del presupuesto participativo, cuyo arranque aún no se vislumbra, salvo excepciones como en el Municipio Caroní, del estado Bolívar, que contaba ya, desde los noventa con un proceso inédito en esa materia.

En el 2001, la nueva Asamblea Nacional, de mayoría Chavista17, le otorgó, al Presidente de la República, plenos poderes para que, en una Ley Habilitante, dictara leyes que pusieran a tono al país con la nueva carta magna, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas

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unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país, la Federación Venezolana de Cámaras (FEDECáMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se concentran en luchar contra las tres leyes antes mencionadas e inician el paro de diciembre 2001, para intentar frenar el paquete de leyes. Ello trajo como consecuencia el inicio de la confrontación beligerante en el país, que condujo al golpe de estado y al paro petrolero del 2002, en abril y diciembre respectivamente.

Cabe destacar que después del paro del 2001, comienzan las deserciones de personeros del gobierno y de la oficialidad militar. La cúpula de la Iglesia católica, Fedecámaras y la CTV, firman un pacto contra Chávez, en el 2002 y siguen protestas, después del golpe de estado, en apoyo al despido masivo de altos ejecutivos de la estatal petrolera, PDVSA y en la continuidad de la búsqueda del derrocamiento del gobierno.

Durante el paro y antes, durante y después del golpe, los medios de comunicación se comportaron de una forma atípica en comparación con otros países: todas las televisoras privadas de alcance nacional y los periódicos más importantes le dieron apoyo irrestricto, sin disimulo. Los primeros suspendiendo toda su programación de entretenimiento y sus anuncios comerciales para dar paso a programación política e informativa durante 18 ó 20 horas al día. Situación que aún hoy se mantiene, en unos más que en otros y no con la misma intensidad. Situación que llevó al gobierno a no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), toda vez que feneció su tiempo, dando paso a la nueva televisora estatal TEVES. No sin el debido acompañamiento de protestas a favor y en contra de dicha medida.

Como alternativa para detener la crisis fue la promovida por el Secretario general de la oEA, el colombiano César gaviria, en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela, establecida en el 2002, que permitía el diálogo entre los sectores enfrentados. Dicha mesa estaba establecida

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después del golpe y antes del paro petrolero, pero no pudo evitar el inicio del mismo, y culminó semanas después con la firma de un documento contra la violencia, pero no con la culminación del paro debido a que la petición central del bando opositor era la renuncia del Presidente, o la realización de un referendo presidencial sobre la continuidad de Chávez, el cual se realizó en la fecha que le correspondía, según la constitución y no en el inmediatismo de la oposición. Ese referéndum fue ganado por el Presidente Chávez y la oposición decretó un fraude que nunca pudo comprobar.

En el 2003, siguen las protestas sociales conocidas como “guarimbas” y la oposición se monta, además, en un sabotaje alimentario de quitar de los anaqueles, de abastos y supermercados los alimentos básicos. Por su parte el gobierno crea las misiones sociales, que es un programa social muy activo de amplia cobertura y alternancia burocrática, en las áreas de salud, educación, alimentación, producción de bienes y servicios, vivienda, entre otras, que al día de hoy ya suman 33.

Cabe destacar que en este período, la observancia a las leyes ha crecido por parte de la sociedad y en especial por quienes se oponen al gobierno, lo cual ha redundado en la garantía de los derechos consagrados en la constitución, por cuanto el gobierno ha tenido, cuando no revisar y corregir leyes, desestimarlas por la presión y contundencia de los criterios esbozados en su contra. Situación esta que se pone de manifiesto, no solo en las leyes de la habilitante del 2001, que ya mencionáramos arriba, sino también en las promulgaciones de la Ley Resorte, que la oposición llamó, mordaza, en el 2004 y la Ley de Inteligencia y contrainteligencia, llamada sapo, del 2008, que hubo de ser eliminada.

A partir de 2005, El Presidente Chávez ordenó, basándose en la Ley de Tierras, aprobada en 2001 en la Ley Habilitante, la expropiación de latifundios y tierras improductivas, para dársela a quien la quiera trabajar, por la seguridad alimentaria y para

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profundizar el proceso de transformación y cambios. Acción que fue apoyada por los campesinos sin tierras y asalariados, pero criticada por los empresarios, terratenientes y la oposición venezolana en general, considerándolas como medidas de corte comunista.

En ese mismo año la oposición decide retirarse de los comicios electorales para elegir una nueva Asamblea Nacional, como medida de desestimulo al gobierno, perdiendo su presencia en ese órgano de representación popular, con lo cual le permite al gobierno desarrollar, a través de una mayoría absoluta, que sustituye el consenso, el marco de leyes necesarios para la construcción del nuevo modelo socialista que se prefigura con mayor rigor a partir de la presentación por parte del gobierno en el 2007, del Plan Simón Bolívar, Primer Plan Socialista, con el que se inicia el nuevo ciclo del proceso y se transforma en la revolución socialista en la búsqueda del socialismo del siglo xxI, cuyos detalles no fueron claramente expuestos al país, puesto que como dice el presidente, está en proceso de construcción, cuestión que aprovechó la oposición con una campaña mediática intimadora, orientada a generar, miedo y pánico en la población, logrando frenar la reforma constitucional del 2007, que perdiera el gobierno por una “pírrica diferencia”, como la llamara el propio presidente.

Podríamos resumir, parafraseando a la profesora Kornblith, que en un contexto signado por las dificultades socioeconómicas, políticas y militares, un marco jurídico institucional débil, una creciente burocracia, una población desencantada con el liderazgo tradicional y cuyas expectativas de progreso socioeconómico se han visto sistemáticamente frustradas a lo largo del proceso democrático, con un liderazgo aferrado a sus viejos usos y costumbres y con un nuevo liderazgo en definición y con proyección y arraigo popular en altibajos, la opción democrática aún así se mantiene, aunque a la sombra del militarismo, en construcción de nuevos derroteros18.

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IV. A modo de Conclusión

En los albores de la democracia venezolana se establecieron los lineamientos del consenso y el rechazo al conflicto, y las propuestas en materia social quedaron reflejadas en la Constitución de 1961. Con esta Constitución se retoma en parte el Estado social que había sido diseñado en la Constitución del 47. El rescate constitucional que se realiza del modelo de sociedad de 1947 se conservará y ampliará en gran medida hasta la Constitución de 1999; en cuyas propuestas, la población ha puesto su esperanza para el mejoramiento de su bienestar, apostando a una justa y equitativa distribución de la renta petrolera.

Mientras que en la cultura política del venezolano, quedara, después del 58 el consenso como mecanismo de la conciliación y la estabilidad democráticas. Hasta el 92, y después en el 2002, fecha en la que se produce un nuevo golpe de Estado contra el orden democrático, se introduce un punto de inflexión en la estabilidad del régimen. En la cultura del consenso, se produce, dada la situación polarizada política e ideológicamente, no ya el rechazo al conflicto sino, la asunción de la confrontación política como nuevo escenario para dirimir las diferencias sociales y políticas, inaugurando un nuevo estadio en el SPV, pasando de decisiones tomadas por unanimidad durante el consenso, a la mayoría durante la confrontación.

En general, puede decirse que las elecciones relativamente frecuentes, sobre todo en un sistema parlamentario en el que existen las posibilidades de voto de censura, disolución del parlamento y convocatoria a nuevas elecciones, pueden ser un instrumento ideal para satisfacer a los electores, pues el propio interés en ser reelegidos y conservar el cargo, impulsará a los representantes a cumplir sus promesas electorales. Pero, en un sistema presidencialista, como el venezolano, la cuestión es más difícil, no solo por la imposibilidad de celebrar nuevas elecciones hasta que no se haya cumplido el periodo para el que fue elegido

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el Jefe de Estado, sino por la prohibición de reelección inmediata del presidente, que existía en la Constitución de 1961; a lo que había que unir la práctica habitual de los partidos de liberar de la disciplina partidista a quienes eran elegidos como Presidente. Así, el Jefe del Estado no respondía ante sus electores, pues no podía presentarse a la reelección, pero tampoco respondía frente a su partido, que lo había liberado de disciplina, de modo que, al igual que los déspotas clásicos, solo respondía ante Dios, ante su conciencia y ante la historia; o lo que es lo mismo: en la práctica era irresponsable. De modo que, a falta de otros recursos, el golpe de Estado puede parecer a algunos un remedio extremo, pero tentador, para librarse de un presidente que no cumpla con sus responsabilidades, manteniendo con ella una sombra militarista sobre el régimen democrático.

Pero no solo fallaron los principales partidos, negándose obstinadamente a introducir las reformas que corrigieran tales aberraciones; sino que también fallaron la mayoría de los ciudadanos que no pertenecían a partidos, pues en vez de estar interesados en la mejora de los mismos, a lo que aspiraban, más bien, era a que los partidos desaparecieran de la escena política.

Se creó, así, un ambiente político general hostil a los partidos y a los políticos profesionales, en el que se realzaba el papel de las personalidades sin partido, de los grandes grupos de presión, de la Iglesia, de los mass media, oNg’s y de los militares, creyendo que tales actores podían sustituir con ventaja a los desprestigiados partidos y políticos profesionales. Pero el tipo de democracia que cabe esperar, cuando esta clase de actores sustituyen a los partidos y a los políticos profesionales, es la que el país pudo apreciar con el gobierno provisional instaurado el 12 de abril”19, que encontró en la población civil una contención que pugnó por la restitución del régimen constitucional.

En todo ello soplan vientos de civilidad y ciudadanía, que, más por la tenacidad y pugnacidad que por la institucionalidad, logran garantizar derechos constituidos en

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la norma suprema y el marco legal, para adecentar el proceso democrático.

Es precisamente, esa valoración y reconocimiento de la población sobre el régimen democrático, que sostiene la estabilidad del mismo. Creemos que los momentos de consenso y de confrontación, como hemos titulado este ensayo, se corresponden con la fenomenología típica de los procesos democráticos latinoamericanos en general y venezolanos en particular. Con la variante que el liderazgo venezolano deviene de procesos históricos del caudillismo y militarismo, que aún pululan en el ideario como salvaguardas de la institucionalidad, lo cual hace que el militarismo y la autocracia se haga presente como una sombra, sobre todo en los momentos de mayor pugnacidad por el poder, en el seno del Sistema Político Venezolano. Más aún hoy día, cuando un militar está al frente del gobierno electo por votación popular, revive con más fuerza la pugnacidad por el poder político en un ambiente de polarización nunca antes vivido en el país tendiendo al conflicto por crear una hegemonía política versus la vuelta a la democracia liberal del consenso.

V. REFERENCIAS

Camero, ysrrael, Historia personal del Partido del Pueblo. Acción Democrática, eclipse de una vocación de poder. Miércoles, 13 de septiembre de 2000.

Kornblith, Miriam, La crisis del sistema político venezolano. Revista Nueva Sociedad. Editorial Nueva Sociedad Nro.134 Noviembre-Diciembre. Caracas, 1994, Pp. 142-157.

Manrique, Miguel. Las virtudes democráticas del sistema político venezolano. 2005. En http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7836700.asp.

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Lacruz, Tito. Balance sociopolítico: Una ciudadanía social inacabada. En “Balance y perspectiva de la política social en Venezuela”. ILDIS. Caracas. 2006 (pag.111-184).

Profeballa. http://venezuelaysuhistoria.blogspot.com/2008/05/el-18-de-octubre-de-1945-el-mito_27.html

Rey, Juan Carlos. La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación. Revista de Estudios Políticos Nº 74, Caracas, 1991, pp. 533-78.

Rey, Juan Carlos. Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado. Julio 2002. En http://www.analitica.com/bitblio/juan_carlos_rey/insolito_golpe.asp

Segnini, yolanda. Las luces del postgomecismo. Tesis Doctorado de Historia, Facultad de Humanidades y Educación. UCV, 1990.

Suzzarini Manuel y Ferrer Dilian, Para aproximarse al siglo XXI venezolano. Revista ágoRA -Trujillo. Venezuela. ISSN 1316-7790-AÑo 8- N° 15 -ENERo-JUNIo -2005.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Caldera#Segundo_per.C3.ADodo_presidencial

Notas:

1 Juan Carlos REy, 1991.2 Término acuñado por el politólogo venezolano Juan Carlos Rey (v. Rey:

1991).3 Dícese del período de gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, 1952-

1958, en lo formal. Autores aducen su influencia desde 1948, tras el golpe de estado, y otros desde 1950, vinculándolo con la muerte de Delgado Chalbaud, quien era el Jefe de la Junta de gobierno. (v. Anexo 2)

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4 Miriam Kornblith, 1994 , Pág. 142.5 yolanda Segnini, Las luces del postgomecismo. 1990.6 ysrrael Camero, Historia personal del Partido del Pueblo. Acción Demo-

crática, eclipse de una vocación de poder. Miércoles, 13 de septiembre de 2000.

7 Profeballa, 2008.8 Las negrillas son nuestras.9 Aquí seguiremos, en principio, los planeamientos de Tito Lacruz en “Ba-

lance y perspectiva de la política social en Venezuela”. ILDIS. Cara-cas.2006 (pag.111-184) (v. Anexo 1)

10 Nombre devenido de la casa en la que se firmara el acuerdo, propiedad de Rafael Caldera.

11 Citado por Tito Lacruz, op. cit. Pág. 130.12 Miriam Kornblith, op. Cit.13 Dícese del 2do período constitucional de Rafael Caldera entre 1994 y

1999.14 Dícese del 2do período presidencial de Carlos Andrés Pérez, 1989-1993.15 Por haber agregado la denominación Bolivariana al nombre de la Repú-

blica.16 Dícese de la Constitución de 1999.17 Dícese, en el argot popular, de los seguidores al Presidente Chávez.18 Kornblith, op. Cit, P. 153.19 Rey, 2002:5

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ANExO 2

Cuadro N° 2Periodos de gobierno en el Sistema Político Venezolano

1936-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos históricos, Julio 2010

el consenso y la confrontaciÓn en el...

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