educacion ambiental, ecologÍa polÍtica...
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EDUCACION AMBIENTAL, ECOLOGÍA POLÍTICA, CONFLICTO ARMADO Y
POSACUERDO EN COLOMBIA
Darío Alonso Carvajal Aranda1
ABSTRACT
El momento histórico que vive Colombia implica para sus habitantes, no solo dar por superada la
confrontación armada, sino hacer un ejercicio de memoria de los factores de la guerra. Dentro de
esos generadores de conflicto está la dimensión ecológica, ya que los ecosistemas estratégicos de
Colombia benefician a sus habitantes, pero se debe reconocer que en esos lugares se ha
focalizado el conflicto armado y el de los intereses de multinacionales. La paz implica una
protección de la riqueza ecológica colombiana, desde la memoria social y el buen vivir.
The historical moment that Colombia lives implies for its people, not only to overcome the armed
confrontation, they will make an exercise of memory of the factors of the war. Within those
generators of conflict is the ecological dimension, since Colombia's strategic ecosystems benefit
its people, but it must be recognized that in those places has focused the armed conflict and the
interests of multinationals. The peace implies a protection of the Colombian ecological wealth,
from the social memory and the “Buen Vivir”.
PALABRAS CLAVES: Conflicto, Ecología Política, Posacuerdo, Ecosistemas Estratégicos,
Grupos Armados, Recursos Naturales.
El conflicto armado y prolongado que ha sufrido Colombia, ha tenido consecuencias de orden
ecológico que no se pueden desconocer. La ecología política, se refiere de manera primigenia a
los conflictos de distribución ecológica, el acceso y control de los recursos naturales. El objetivo
de este escrito es relacionar el conflicto y el posacuerdo en Colombia desde el horizonte de la
ecología política, y dentro de la conclusión se busca presentar alternativas frente a la
problemática ambiental consecuencia de este proceso de paz que está viviendo el pueblo
colombiano.
1 Licenciado y Magister en Teología Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Estudiante de II Semestre del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental. Universidad Surcolombiana. Director Administrativo Colegio Claretiano Neiva. Dirección: Calle 44 No. 1-109 Barrio Cándido Leguizamo (Neiva) Teléfono: (57 8) 8746000. E-mail: [email protected]
La ponencia presentara los siguientes tópicos, en primer lugar, se buscará tener una mirada
planográfica del conflicto armado Colombiano y como se llegó a la urgencia de un proceso de
cese del conflicto. En segundo lugar, tendremos en cuenta las consecuencias y urgencias
ecológicas que deja este proceso del conflicto y el posacuerdo. En tercer lugar, se hará la
presentación sucinta hacia una posible racionalidad de la ecología política, y como conclusión se
expondrá algunas posibles propuestas de mejoramiento ambiental desde el horizonte de
construcción de la paz en el que se está Colombia.
CONFLICTO ARMADO Y PROCESO DE POSACUERDO.
Un esquema básico para exponer los tópicos del conflicto armado en Colombia, es entender tres
aristas de la confrontación, una es la comprensión del conflicto ampliado, otra es la de un
conflicto prolongado, y por último la de un conflicto degradado.
El conflicto armado prolongado, se comprende desde la comprensión de los conflictos
domésticos, con influencia de debilidad estatal, en muchas ocasiones se transforman en violencia
interestatal, con la implicación del crecimiento de los riesgos para la seguridad humana, la
seguridad nacional y el orden global. En el campo internacional, se tiende a traspasar las
externalidades asociadas con los conflictos internos y la posible contribución de los estados
vecinos a las guerras. Por lo general, “otras estados en otras latitudes y organizaciones
internacionales también se pueden involucrar en problemas de seguridad doméstica”. (Mason,
2000)
En el caso colombiano, los estados vecinos están siendo afectados por su inseguridad y violencia
y por la poca capacidad de gobierno central para detener el conflicto y controlar sus fronteras.
Existe un gran número de refugiados colombianos en muchas partes del mundo, consecuencia de
la confrontación armada en Colombia, del tráfico de armas y actividades criminales. Por eso
mismo, encontramos que los países fronterizos en Colombia han fortalecido su presencia militar
en las fronteras e incentivan a una solución regional a la crisis de seguridad en Colombia. La
dimensión regional de los conflictos internos es doble, ya que por un lado la seguridad del
entorno es amenazada por el problema de seguridad en Colombia, y por otro lado del modo como
responden los países fronterizos, podría exacerbar la inestabilidad de Colombia y empeorar el
conflicto.
Además se considera que el conflicto colombiano es una guerra irregular, la guerrilla de las
FARC-EP se originó en el departamento del Tolima en 1966. El ELN nace en el municipio de
Simacota en el departamento de Santander. Con el paso del tiempo, el conflicto armado se
extendió en diversas regiones. En algún momento, las regiones con mayor influencia de los
grupos armados insurgentes fueron denunciadas como “Repúblicas Independientes” que
escapaban de la soberanía nacional (Vélez, 2001) y a finales del siglo pasado existían en el país
“zonas rojas”, que son lugares donde se agudizaba el conflicto entre las fuerzas del Estado y las
guerrillas.
El traspaso y ampliación de la guerra que traspasó las fronteras de Colombia, incluye que “por
motivos de la guerra irregular, hay un número indeterminado de personas que están exiliadas en
Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países. Pero no solamente
están los exiliados, los que pidieron protección o asilo en otro país sino que existen refugiados o
desplazados que cruzaron las fronteras hacia Venezuela, Panamá y Ecuador”. (Flórez, 2015)
Con respecto al conflicto prolongado, se constata que la guerra en Colombia no ha sido de corta
duración. En el momento que nacieron los movimientos guerrilleros en los años sesenta, se buscó
desde el inicio de la confrontación armada una respuesta en el plano militar, que se prolongó por
más de 50 años. Dentro de las dificultades de este conflicto prolongado, están los obstáculos para
el desarrollo de los procesos integradores en el ámbito del reconocimiento de los derechos
humanos y ciudadanos y la formación de la conciencia nacional. De la misma manera, la
desintegración social, la fragmentación de la sociedad y la desconfianza ayuda a la pervivencia
del conflicto. También, el estado de guerra incide en el tejido social, en los sentidos de identidad
y pertinencia, en las maneras de vivir las diferencias y las exclusiones.
La vivencia de un conflicto prolongado, se manifiesta en las prácticas sociales, las cosmovisiones
de las personas afectadas, los aprendizajes y los aprestamientos para afrontar los momentos
puntuales de violencia, que de manera directa o indirecta afectan una misma región y/o familia.
Muchas generaciones de nacionales han vivido sin ver un solo día la paz por el conflicto armado
prolongado. Una terminación del conflicto por la vía armada es una quimera, se pudo haber
llegado a un dialogo por parte del Estado Colombiano para buscar una solución para las
reclamaciones de las guerrillas, pues por la vía militar no ha logrado la derrota de ninguno de los
bandos.
Un conflicto armado y prolongado, ha creado condiciones para ser degradado, debido al
surgimiento de otros participantes en la confrontación violenta nacional como el nacimiento de
otras guerrillas, la creación de grupos paramilitares que atacaron a la población civil, y la
consolidación del narcotráfico en Colombia que permeó a grupos armados y a instituciones del
Estado, que se beneficiaron económicamente con la conservación de la misma degradación del
conflicto armado. Un conflicto de más de sesenta años, que en Colombia ha transitado entre la
lucha partidista a la guerra insurgente, llegando a un conflicto degradado, donde pasan a un plano
minusvalorado de las normas mínimas, enfatizando la lucha por el control territorial, político y
económico en las regiones y desde allí llega al poder central.
Debido a la prolongación y degradación del conflicto armado colombiano, la población civil
queda cautiva en medio de las disputas libradas entre el Estado, los grupos insurgentes y
contrainsurgentes. De ahí surge el desplazamiento forzado. La población civil al encontrar
amenazada su integridad física o su libertad o su vida, la gente está abocada a abandonar su
hogar, su entorno vital huyendo a las urbes. El desplazamiento es el resultado de prácticas que
trasgreden el derecho internacional humanitario como operaciones militares en áreas densamente
pobladas, el lanzamiento de cilindros bomba, la contaminación de aguas, lo ataques contra
oleoductos y torres de energía. El desplazamiento es un comportamiento degradante al obligar a
un individuo a huir del sitio en el que había decidido residir y construir su vida laboral, social y
familiar, llegando a una lesión al derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos.
Otro de los aspectos del conflicto degradado, es que su ciclo de violencia se genera y se perfila
alrededor de un modelo de sociedad intrínsecamente conflictivo, que trae como consecuencia la
generación de movimientos sociales y políticos de todo orden de carácter no violento. Las sin-
salidas y baños de sangre en que estos movimientos se ven ahogados, generan a su vez las
variadas expresiones de rebeldía armada que todavía se prolongan y se acrecientan. De una
manera concreta, en el ámbito de las cifras, a junio de 2015 el conflicto armado interno de
Colombia ha dejado 7’643.282 víctimas, de las cuales 6’213.989 son desplazados. El dato
anterior conlleva a entender que por lo menos el 16% de la población colombiana ha sufrido
secuelas de la guerra. Estos datos son reportados de la Unidad Nacional de Victimas.
Según el informe Basta ya, en Colombia debido al conflicto armado hubo 220.000 muertos, de
las cuales 179.300, que representan al 81.5% fueron no combatientes o civiles y 40.700,
equivalentes al 18.5% fueron combatientes guerrilleros, paramilitares y fuerza pública. Es decir la
mayoría de las muertes violentas hacen parte de la población civil, de campesinos, indígenas,
afrocolombianos y demás personas que no han tomado las armas. Por tanto, la necesidad de
acabar con la guerra es reducir el número de muertes de civiles.
Este horizonte del conflicto armado en Colombia, presenta la necesidad de una salida negociada y
no militarista y se puede concretar en tres causas a saber, en primer lugar la conciencia de la
derrota militar, en segundo lugar la necesidad del gobierno de normalizar el país y en tercer lugar
un cambio de estrategia. A propósito de estos planteamientos, constatamos que el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) negó la existencia de un conflicto armado en Colombia, y que
más bien existía una “amenaza terrorista” donde el estado era víctima y no actor del conflicto y
de ahí que el deber de la sociedad era respaldar al gobierno en una lucha contra “terroristas”. A
consecuencia de esto, se incrementó la acción militar con el apoyo del Gobierno de los Estados
Unidos por medio del plan Colombia y se representaron los más llamados “falsos positivos” que
eran ejecuciones extrajudiciales y a sangre fría de ciudadanos comunes, primero secuestrados o
levantados, cuyo cadáveres después se disfrazaban y se pretendía pasar como si fueran de
guerrilleros, paramilitares o traficantes caído en Colombia (Reveles, 2012). Por lo tanto, el
incremento de la acción militar reciente no disminuyo el conflicto, ms bien refuerza la necesidad
de una salida negociada.
Con respecto a la conciencia de la derrota militar que genera la pertinencia de un proceso de paz,
se reconoce que cada una de las partes no puede vencer militarmente a la otra. Esto no quiere
decir que el Ejército, el ELN, o las FARC estén derrotados, pero cada parte sabe que esta guerra
se puede prolongar por muchos más años pero no se va a lograr la derrota y el sostenimiento del
otro. Además considerar que el conflicto interno armado se resuelve si se logra “derrotar” al
adversario, se puede diluir la naturaleza especifica que conlleva la violencia política expresada en
el conflicto interno armado (Vargas, 2003).
En cuanto a la necesidad del Gobierno de normalizar el país, el punto de partida es la paradoja de
Colombia al proclamarse “la democracia más antigua de America Latina” y declararse “Estado de
Derecho” tener casi 8.000.000 de víctimas de violaciones de derechos humanos y un despojo de
tierras de más de 8.000.000 de hectáreas. Por tanto, el país tiene una inestabilidad jurídica,
negando la esencia de la democracia, que es respeto a los derechos humanos y la garantía al
derecho de propiedad. Esta estabilización nacional, crea una situación de intranquilidad para los
grandes inversionistas, que necesitan hacer negocios que les brinde una seguridad jurídica y por
antonomasia que no tenga conflicto armado.
El cambio de estrategia, viene por los cambios políticos que se han presentado en los últimos
años en America Latina, las guerrillas como las FARC- EP, han tomado la decisión de finalizar
con la estrategia de la acción armada para la toma de poder, sin embargo esperan seguir haciendo
políticas sin armas integrados a la vida civil, y se deciden realizar este proceso de paz. “El
acuerdo en participación política considera hacer realidad la aplicación de estatuto para la
oposición, garantías efectivas para la actuación política de las organizaciones sociales y las
iniciativas ciudadanas y una circunscripción electoral especial territorial a favor de la población
de las zonas afectadas por el conflicto durante las últimas décadas” (Villaraga, 2016).
ECOLOGÍA Y CONFLICTO.
El conflicto armado colombiano, también ha tenido consecuencias ecológicas que se pueden
ubicar desde los ecosistemas estratégicos y los megaproyectos extractivitas que se desarrollan en
el país. En cuanto a los ecosistemas estratégicos, a finales del siglo pasado el Ministerio de
Medio Ambiente de Colombia reconoció como regiones ecológicas de importancia para el país la
Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Cocuy, el Eje Cafetero, el Piedemonte Amazónico
y el Macizo Colombiano. Por regiones aparecen: Cuenca de río Sinú, La Mojana del río San
Jorge, en la región caribe; cuenca del río Atrato, Serranía Baudó Darién y el cañón de Dagua, en
la región pacifica; humedales y madres viejas del río cauca, valle geográfico del rio cauca,
Paramo Las Hermosas y Cerro de Patascoí, en la región andina occidental; Páramo de Sumapaz,
cuenca del alto Magdalena y Laguna de Totas, en la región andina oriental; cuencas de loso ríos
Arauca y Cusiana y corredor del río Guaviare, en la región de la orinoquía; lo mismo de la
Macarena, Trapecio Amazónico, Medio y Bajo Putumayo, Medio Caquetá y Medio Bajo Caguán,
en la región de la Amazonia.
Estos ecosistemas estratégicos han sido afectados por la violencia suscitada por el narcotráfico,
los grupos armados de la guerrilla y paramilitares y la violación de los derechos humanos, las
instituciones, la infraestructura física y los ecosistemas estratégicos. Ecosistemas como el Macizo
Colombiano, el Nevado del Huila, la Cordillera oriental y las selvas Amazónicas, son de gran
importancia por su producción hídrica y biodiversidad, pero son más conocidas porque sufren el
conflicto armado. Otro de los ejemplos recientes es el Cerro de Patascoí, que es famoso en el
ambiente nacional e internacional por las tragedias que se desencadenaron por el conflicto
armado.
El conflicto armado sumado al fenómeno del narcotráfico, desestabiliza la paz y genera fuertes
impactos ambientales contra los ecosistemas. El cultivo de la amapola constituye una de las
principales causas de deforestación en la cuenca del Alto Magdalena, en zonas que abarca los
parques nacionales naturales y alrededores, importantes por su producción hídrica y la
biodiversidad. También la erradicación de coca y amapola mediante la fumigación genera
problemas de contaminación hídrica y afecta de forma negativa los bosque nativos y la
biodiversidad, “situación que se agrava más con el deterioro del ecosistemas acuáticos debido a
los derrames de crudo producido por actos terroristas contra la infraestructura petrolera (Olaya,
2003)”
Es decir, a consecuencia directa o indirecta del narcotráfico y el conflicto armado, la producción
agrícola merma de manera cuantitativa y cualitativa el aporte de los beneficios, funciones,
servicios ecológicos, económicos y sociales de los ecosistemas estratégicos, que se expresan en
formas de escasez que agudizan la violencia de los departamentos y regiones del país. Los grupos
armados guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares tienen sus propósitos como grupo y su
territorialización es una base de su existencia y elemento integrante de sus directrices.
Los ecosistemas estratégicos de mayor relevancia ecológica, económica y social en Colombia son
escenarios directos e indirectos de varias formas de violencia. Se podría dibujar el mapa de los
ecosistemas estratégicos de Colombia en donde se encuentra estos lugares ecológicos de
importancia, aparecerían también el mayor control militar en bases, campamentos y movilización
tanto de guerrilleros, paramilitares, y narcotraficantes. Pero también podemos colegir que
teniendo en cuenta la importancia en el desarrollo ecológico y ambiental de los ecosistemas
estratégicos, están asociados con la confrontación armada que afectan la paz y la ecología del
país.
Buena parte del mapa del desplazamiento forzado en Colombia ubica que las zonas de donde se
expulsan colombianos de manera violentas, son aquellas en las que se ubican megaproyectos.
Algunos de ellos son:
- El canal seco Atlántico, Pacifico, las interconexiones con el ferrocarril Medellín –
Buenaventura y las carreteras del Pacifico a Medellín y Pereira.
- La carretera Urabá – Maracaibo.
- La inter comunicación Rio de la Plata, Amazonas – Napa – Putumayo que comunicaría a
Tumaco con Manaos y Belén del Para conectando las costas Pacificas y Atlántica.
- La hidroeléctrica de Ituango en el nudo de Paramillo.
- La troncal del llano que se uniría con la carretera marginal de la Selva para comunicar por
tierra las fronteras venezolanas y ecuatorianas.
- En el Magdalena Medio troncal del Magdalena, zona franca industrial fluvial, tecnología
ambiental y un puente entre Barranca y Honda.
Existen ecosistemas dentro de la misma dinámica de guerra irregular del resto de Colombia,
zonas catalogadas como corredores, los cuales refieren a tránsito de armas, paso de ejército,
circulación de mercancía ilícita, zonas para repliegue de los grupos armados y aledañas a los
centros de decisión política. Los territorios que son ricos en recursos mineros y energéticos, son
lugares donde conviven diversos intereses y se convierten en primer momento en zonas de
disputa y en segundo momento, después de confrontación armadas en territorio de dominio del
grupo armado que se impuso.
Cabe resaltar, que dentro de la estrategia de lucha antisubversiva de militares y paramilitares, las
zonas en donde tradicionalmente se ubica la guerrilla con sus respectivas bases sociales de apoyo,
fueron objeto de enfrentamientos armados y de hostigamientos y masacres contra la población
civil por considerarlas como simpatizantes y colaboradoras de la guerrilla. “En este sentido, los
territorios son despoblados y repoblados al antojo de los actores armados. Las acciones de
expulsión no cesan sin embargo, pues las guerrillas intentan volver a ganar el centro de sus
antiguas zonas y continuamente despliegan acciones en este sentido (Bello, 2003)”.
Otro de los aspectos problemáticos dentro del conflicto armado colombiano es la instalación y
desarrollo de proyectos extractivistas mineros, con las implicaciones económicas, culturales,
políticas o ambientales. Las propuesta extractivistas entran en conflicto con las dinámicas
sociales de pueblos indígenas y campesinos, convirtiéndolos en víctimas de los emprendimientos
mineros, porque afectan sus derechos territoriales, políticos, culturales y los sistemas legales
propios de los indígenas reconocidos por la Constitución Colombiana. Otra de las dificultades
son las consecuencias propias de su extracción como conflictos nuevos por la tenencia de la
tierra, apogeo de grupos armados ilegales por capturar una parte de la renta minera, demanda
crecimiento por el agua, contaminación de los suelos y del agua, daños al paisaje y al suelo entre
otros.
La economía colombiana ha incrementado la exportación de recursos naturales no renovables,
con un deterioro incontrolable del medio ambiente, debido al consumo doméstico de materiales
tratando de equipararse al de los países industriales. Esta supuesta aceleración económica, trae
consecuencias en la biodiversidad nacional, la contaminación de las aguas y el cambio climático.
En el año 2010 Colombia ya era el tercer país más afectado del mundo por los efectos del cambio
climático. “En el ensamble multimodelo de escenario de cambio climático se estima que para el
periodo 2011- 2040 Colombia tendrá una disminución de la precipitación entre el 10% y el 30%
en cerca del 20% del territorio nacional. La disminución se daría en la zona Andina y Caribe, que
son las regiones del país con mayor concentración de la población. Para el periodo 2017- 2100 se
acentuara la situación especialmente en la zona Caribe y con mayor énfasis en los departamentos
del Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. Además se preven algunas zonas en donde la precipitación
incluso podría disminuir más del 30% (Leal, 2013). Los proyectos extractivistas están dentro de
los factores de desplazamiento forzado en Colombia.
Por último el tema de ecología y conflicto debe tener en cuenta la coyuntura nacional del
posacuerdo. El pueblo colombiano por varias generaciones estuvo en medio de la violencia, y
quizá no aceptamos vivir sin ella. Por lo que es importante la justicia, la verdad, el perdón y la
reparación, con el fin de lograr una reconciliación posible dentro de la sociedad expresada en
actos de generosidad y de bondad para lograr el perdón y exigir de los victimarios ciertas
responsabilidades.
De una manera concreta, el Acuerdo de Paz con Las FARC-EP comprende la construcción de una
paz estable y duradera, que implica la participación del pueblo colombiano. Sin embargo no se
puede desconocer que estamos en un modelo que profundiza la inequidad y pobreza, que llega a
disuadir la convergencia interna entre los ámbitos urbano y rural hacia el desarrollo
socioeconómico, y es excluyente porque beneficia los grandes capitales que concentran la
propiedad. En el ámbito social, desconoce la participación productiva y de estabilización local de
los grupos sociales minoritarios y la mujer, no ofrece posibilidad de participación política con
una institucionalidad débil y poca legitimidad democrática.
Colombia ocupa el séptimo lugar en el ranking internacional de desigualdad, con un coeficiente
Gini de 53,5 según los datos del Banco Mundial a febrero de 2016. El 27,8% es el índice de
pobreza nacional y en el interior ese dato se constata que el 7% de los colombianos se encuentran
en la pobreza extrema. La pobreza urbana alcanza el 24.1% de los habitantes y la rural el 40.3%
de la población. Al analizar 318 fuentes hídricas que abastecen las cabeceras municipales, el
índice de vulnerabilidad hídrica al desabastecimiento presentó una alta probabilidad (IDEAM,
2015)
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, el modelo de desarrollo colombiano lleva a un uso no
apropiado de los recursos naturales que pone en riesgo la biodiversidad, la conservación, el uso y
el manejo del agua, elemento transversal de la vida sobre el que se sustenta toda perspectiva
actual y futura de progreso económico y cultural. Pero la coyuntura neoliberal permite su
explotación y contaminación de manera indiscriminada y desconoce los derechos humanos que
aluden al recurso del agua. Lo construcción de una paz estable y duradera pasa por erradicar las
causas estructurales del conflicto (Correa y Nova, 2016)
El proceso de posacuerdo debe tener en cuenta la importancia del ordenamiento territorial
democrático que suscite la preservación y la conservación de los recursos naturales, y la
protección de las culturas. La paz estable y duradera abarca la construcción de políticas de
redistribución de la tenencia de la tierra y acceso al agua. Es urgente repensar la explotación
minera energética, y potenciar la producción y la seguridad alimentaria. También se debe dar
reconocimiento político a las comunidades marginadas, víctimas de la violencia socioeconómica
por medio de la participación política y su derecho jurídico. Es pertinente la creación de
condiciones de una verdadera paridad participativa, siguiendo los principios de reconocimiento
de la pluralidad y de distribución equitativa de los recursos económicos.
El objetivo de considerar la relación entre posacuerdo y ecología, es por una parte reconocer la
relación que existe entre el modelo económico y la violencia y por otra parte, abogar por una
perspectiva comprensiva que integre las dimensiones ambientales económica, cultural, y social
del conflicto. El tema ecológico debe incluirse en una reforma rural integral, en la consolidación
de una sociedad democrática y en la reparación a las víctimas del conflicto armado. En el
momento que se propicien las “garantías de no repetición” se establecen las condiciones para la
realización autentica del derecho y del deber constitucional de la paz en Colombia.
La naturaleza es víctima del conflicto, debido a que en el capitalismo y la colonialidad, están
presentes la explotación y mercantilización de la naturaleza que se expresa en la biodiversidad,
seres humanos, fuentes hídricas, entre otras, es explotada, arrasada, industrializada, urbanizada, y
reconfigurada. La naturaleza aparte de ser el escenario donde se libra el conflicto, hace parte del
botín de la confrontación. Comprender la dinámica de extracción, apropiación y mercantilización
de los bienes comunes es muy importante para entender el desarrollo del conflicto armado
colombiano y para entender la conflictividad que vendrá en el posacuerdo o posconflicto
(Avendaño y Urrea, 2013).
POSIBLES APORTES DE LA REFLEXION DE ECOLOGIA POLÍTICA AL
HORIZONTE DEL CONFLICTO ARMADO
Después de presentar la urgencia de un proceso de paz, y algunas implicaciones del conflicto en
el ámbito ecológico colombiano, en este apartado se busca interrelacionar algunos aspectos de la
ecología política que podrían dar pistas a la dimensión ambiental del conflicto armando y
posacuerdo. En el conflicto armado colombiano, encontramos la falta de la valoración ética
dentro de las valoraciones de la naturaleza, tanto en el daño ecológico de las confrontaciones
armadas, como en las víctimas y desplazamiento de indígenas y campesinos por megaproyectos y
el extractivismo.
Los daños ecológicos se derivan en una parte por la expansión de los cultivos ilícitos y por los
mecanismos aceptados para destruirlos como la fumigación de glifosato. También en Colombia,
la extracción de petróleo implica conflictos con las instituciones y las poblaciones, ya que los
daños ambientales y la invasión de territorios étnicos propicia la violación de los derechos
humanos por la respuesta opresiva a la resistencia de comunidades indígenas y poblaciones
campesinas. En cuanto a lo minero, en Colombia ejercen influencia en la política económica
minera las corporaciones mineras, agencias de cooperación internacional e instituciones
financieras internacionales.
En lo concerniente a indicadores económicos y socio políticos, Colombia es considerada como
potencia en materia de recursos naturales estratégicos. En la producción de petróleo el país es el
séptimo proveedor de crudo a los Estados Unidos, es la segunda potencia biodiversa del mundo
detrás de Brasil, con un inventario entre 45.000 y 55.000 especies de plantas y 3389 especies de
reptiles, aves, anfibios y mamíferos, es el primer productor de esmeraldas del mundo y de oro en
Latinoamérica. Igualmente se extraen considerables cantidades otros minerales como plata,
platino, cobre, níquel, gas natural y carbón. Además Colombia es uno de los países del mundo
con mayores recursos en materia de bosques tropicales y de agua dulce gracias a su red de
cuarenta y cinco cuencas agrupadas en cinco áreas hidrográficas Caribe, Orinoco, Amazonas,
Pacifico y Catatumbo (Laviaux, 2005)
En simultáneo con la riqueza en recursos naturales encontramos graves problemas de inseguridad
política militar, y humana, esta última desde los énfasis económico, social y ambiental. Cabe
llamar la atención la marginalidad del tema en el tratamiento político, académico e incluso
societal del conflicto armado colombiano. Encontramos que en el tiempo de los gobiernos de
Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe Vélez, el discurso gubernamental ambiental fue débil y
supeditado a la aplicación de la política de seguridad nacional, y a su vez amparaba la política de
seguridad de Estados Unidos. Es de resaltar que el gobierno de Álvaro Uribe Velez, negó la
existencia del conflicto armado en Colombia y se inculcó en los nacionales la idea de una
amenaza terrorista en donde el estado era víctima y no actor del conflicto, y era deber del
conjunto de colombianos respaldar al gobierno en esa “cruzada” contra los terroristas. Es decir
el discurso guerrerista no considero lo ecológico ni mucho menos los daños al medio ambiente.
Dentro del contexto colombiano, encontramos valoraciones de la naturaleza en función de lo
económico de la estrategia militar, en ocasiones con invocación de lo nacional, utilizando
discursos mercantilistas y bélicos para destruir la naturaleza y manipular el entorno. Por una
parte, en un proceso de posacuerdo deben incluirse los valores estéticos, históricos y culturales de
la naturaleza y el reconocimiento de sus derechos. Los derechos de la naturaleza conllevan un
cambio radical en la racionalidad del ambiente, el desarrollo de la justicia. Por otra parte, es
importante llamar la atención, en el aporte de las cosmovisiones indígenas a este aspecto de
reivindicar la naturaleza y se pueden considerar importantes para ese aspecto de los valores de la
naturaleza (Gudynas,2011)
Las diferentes cosmovisiones de los indígenas, reconocen valores propios en el ambiente
inherente, que consideran a los otros seres vivos como agentes morales y políticos análogos a los
seres humanos. Recordemos que no solo se deben escuchar los mercados, ya que estos no son
seres ontológicos, se debe escuchar la tierra. Los indígenas U’wa, según sus creencias, Dios los
eligió para cuidar la tierra, y el hombre con el uso de pesticidas la contaminó y la tala de árboles
estarían planeando un suicidio.
El objetivo de la ecología política es analizar los conflictos socioambientales, y ofrecer
alternativas de solución frente a la perdida de la bioseguridad, el cambio climático y/o las
contaminaciones locales. Tiene su origen en la geografía humana y la antropología social, busca
estudiar como el poder político afecta en los conflictos socioambientales y en el surgimiento de
alternativas productivas locales con una racionalidad ambiental. También la ecología política se
ubica en el estudio del metabolismo social y en el análisis de los flujos de energía y materiales,
un ejemplo concreto es que el poder de las empresas llena un déficit de democracia local.
La relación que existe en la caminada entre sociedad- naturaleza repercute en los imaginarios
sociales. De ahí la pertinencia de tener en cuenta la perspectiva histórica de los pueblos y su
historia ambiental, y las relaciones de poder entre la humanidad y la naturaleza. El poder sobre la
naturaleza implica por antonomasia poder sobre los seres humanos. La ecología política tiene en
cuenta el trinomio relaciones de poder poniendo en evidencia aspectos que el debate político
oculta que son los costos ambientales y la dinámica depredatoria de los recursos naturales. A
continuación en el marco del posacuerdo se podría sistematizar dentro de la ecología política son
la negación de algunas comunidades del Huila a proyectos extractivistas y las Zonas de Reserva
Campesina.
El consejo municipal de San Agustín, en el departamento del Huila, aprobó el acuerdo, por medio
del cual, prohíbe la construcción de proyectos hidroeléctricos, minería e hidrocarburos en su
territorio. Se trata de una decisión basada en la voluntad popular, que gestionó la ciudadanía con
el objetivo de defender un territorio de los daños que ya se ha visto que ocasionan los diversos
tipos de proyectos extractivistas en otros lugares de colombia.
Con esta medida, el departamento del Huila continúa consolidándose como una población que le
dice no a este tipo de actividades que irían en contra de la vocación agrícola propia. Tarqui ,
Pitalito, Oporapa, Acevedo, Altamira, Elias, El Agrado, y Timana, de esa misma región, se han
negado a la realización de actividades de este tipo mediante acuerdos autónomos. Cabe recordar
que la contraloría ha señalado por medios de informes que no existe la cantidad de regalías que
aseguras el gobierno por parte de la minería, y en cambio muchas empresas mineras declaran
renta en 0 pesos. A su vez, en áreas de reparar los graves impactos ambientales, están haciendo
obras públicas que realmente debe proveer el Estado.
Este panorama, debe hacer pensar al gobierno en consensos, ya que son varias las comunidades
que mediante la revisión de planes de ordenamiento territorial, la realización de consulta
populares y los acuerdos autónomos, han encontrados mecanismos constitucionales para defender
sus territorios, ante la negativa del gobierno en cuanto a debatir sobre el futuro y vocación de
diversos lugares del país. El anuncio del municipio de San Agustín de parte del consejo llega
justo cuando el aparato estatal defiende la realización de proyectos mineros en los municipios del
Huila, argumentando su papel en el posconflicto.
Otro aspecto que puede ser alternativo para cuestiones prácticas de la ecología política es lo
concerniente a las zonas de reserva campesina, cuyo punto de partida es una promesa del
presidente Juan Manuel Santos que busca la formalización de pequeña propiedad agraria para que
los campesinos puedan trabajar la tierra. Esta propuesta subyace al reconocimiento que el
conflicto armado destruyó las condiciones productivas de las regiones afectadas que provocaron
el fenómeno del desplazamiento y el temor de los campesinos de volver a sus tierras.
A partir de la inquietud sobre qué hacer para que el retorno de los campesinos no los conviertan
en objetivo para los violentos, existen las zonas de reserva campesina, una figura de
ordenamiento territorial que tiene como finalidad entregar a los campesinos de bajos recursos
tierras del estado cultivables pero ociosas. Estas zonas han surgido en contextos de conflicto, y
buscan fortalecer la economía de la tierra por medio de un control del estado que exige a cada
propietario tener máximo 200 hectáreas.
CONCLUSIONES
En estas conclusiones buscamos presentar alternativas para continuar con la reflexión entre
ecología política y el proceso de posacuerdo colombiano, con miras a dialogar con la temática
propuesta en el seminario de la Dimensión Internacional de la problemática ambiental, se
propondrán tres tópicos de reflexión para presentar una epistemología de los argumentos
presentados en el ensayo. En primer lugar, tener en cuenta el aporte de la Encíclica Laudato si,
en segundo lugar la inserción de la categoría de memoria social, pasado reciente e historia
reciente, y en tercer lugar la nación del buen vivir.
Uno de los riesgos concretos que tiene el horizonte del posconflicto colombiano es que se pase
del daño ecológico de la confrontación armada al daño ecológico de los grupos paramilitares y de
las multinacionales aliadas con el gobierno para sacar adelante proyectos extractivitas
contaminantes.
La noción de buen vivir, que han asumido otros pueblos latinoamericanos es una apuesta
epistemológica para el proceso de posconflicto desde su clave ecológica. Todos los pueblos
indígenas consideran aspectos comunes sobre el “buen vivir”, que tiene en su campo semántico
conceptos como plenitud, armonía con los ciclos de la madre tierra, equilibrio y respeto con el
cosmos. Aunque estos conceptos refieran a ese buen vivir planteado por la sabiduría ancestral de
América Latina, ya que el proceso de extrapolación es reductora con el verdadero significado
para los indígenas.
El buen vivir, dentro de los urgentes reajustes que necesita el país para pasar del posacuerdo al
posconflicto y la paz estable y duradera, conlleva cambios profundos en el desarrollo, no solo
desarrollos alternativos que mantengan las mismas aristas de la racionalidad neoliberal de
concebir el progreso, el uso de la naturaleza y las relaciones con el prójimo. Es decir, pasar de
desarrollo alternativo en palabras de Arturo Escobar a “alternativas al desarrollo”.
En el caso concreto colombiano, en el proceso de participación social y ciudadana que urge un
proceso de paz, no podemos dejar a un lado el papel de tradiciones culturales negras, de los
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en cuanto a la construcción nacional del Buen
Vivir. Además, como Nación inspirados en la memoria social e historia reciente buscar
alternativas de mercado, que no impliquen víctimas y excluidos como las que se han trazado en el
país.
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