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AGUA CO2 FRACKING MEDIO AMBIENTE Y SALUD RESIDUOS - RECICLADOS SOSTENIBILIDAD Del 1-ene-14 al 31-ene-14 ECONOTICIAS www.ugt.es - Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente ECONOTICIAS

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AGUA

CO2

FRACKING

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

RESIDUOS - RECICLADOS

SOSTENIBILIDAD

Del 1-ene-14 al 31-ene-14

ECONOTICIAS

www.ugt.es - Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente

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ECO

NO

TIC

IAS

Sección:

CO2

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Noticia publicada: 08/01/2014

Sección: CO2

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido exigen a la

UE que fije un recorte del 40% en emisiones para

2030

La solicitud de un objetivo de al menos el 40% -que daría continuidad al del

20% ya decidido para 2020- figura en una carta dirigida a la comisaria de

Acción por el Clima, Connie Hedegaard, que tiene previsto presentar sus

propuestas para 2030 el próximo 22 de enero.

Las cuatro mayores economías de la UE -Alemania, Francia, Reino Unido e Italia- han

pedido a la Comisión Europea que fije un objetivo de reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero de al menos 40% para 2030 con el objetivo de atenuar el

impacto del cambio climático e impulsar las inversiones en tecnologías de bajas

emisiones de CO2.

La solicitud de un objetivo de al menos el 40% -que daría continuidad al del 20% ya

decidido para 2020- figura en una carta dirigida a la comisaria de Acción por el Clima,

Connie Hedegaard, que tiene previsto presentar sus propuestas para 2030 el próximo

22 de enero.

La misiva está firmada por los ministros de Energía y Medio Ambiente de Alemania,

Sigmar Gabriel y Barbara Hendricks; el secretario de Estado británico de Energía y

Cambio Climático, Ed Davey; el ministro de Ecología y Energía de Francia, Philippe

Martin; y el ministro de Medio Ambiente de Italia, Andrea Orlando.

"Un objetivo ambicioso de al menos un 40% de reducción de las emisiones

domésticas de gases de efecto invernadero sería central para desbloquear las

inversiones de decenas de miles de millones en tecnologías con bajas emisiones de

carbono que necesitamos con urgencia", resalta la carta, a la que ha tenido acceso

Europa Press.

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Los cuatro países sostienen que este objetivo impulsaría además la innovación, el

crecimiento y el empleo en la economía europea y contribuiría a reducir la

dependencia energética respecto a combustibles fósiles con precios cada vez más

caros y volátiles.

En su política de lucha contra el cambio climático, la UE se ha marcado como

objetivos para 2020 reducir un 20% las emisiones de efecto invernadero respecto a

los niveles registrados en 1990, aumentar hasta el 20% la proporción de energía de

fuentes renovables y mejorar un 20% la eficiencia energética.

El Ejecutivo comunitario prepara ahora las nuevas metas para 2030 y sopesa un

objetivo del 40% de reducción de emisiones y una meta del 30% para renovables,

según las filtraciones de las que se ha hecho eco la prensa europea.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 16/01/2014

Sección: CO2

Madrid: persiste el dióxido de nitrógeno, y ahora

llega el ozono

Un año más, la calidad del aire de la capital sigue sin cumplir valores límite

de contaminación marcados por la legislación vigente, así como los valores

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ciertos

contaminantes, que son más estrictos y acordes con una adecuada

protección de la salud humana.

Ecologistas en Acción publica su informe anual sobre la calidad del aire en la ciudad de

Madrid a lo largo de 2013. Las principales conclusiones del estudio, elaborado a partir

de datos oficiales, son:

El ozono troposférico (O3) irrumpe como el contaminante más problemático en

la capital. 13 de las 14 estaciones que lo miden registraron superaciones del

umbral de información a la población. La gran incidencia de contaminación por

O3 ocurrida durante el verano de 2013 no tiene precedentes en los registros de

la red municipal de calidad del aire.

Un año más se rebasan los valores límite legales establecidos para el dióxido de

nitrógeno (NO2), exigibles desde 2010. En 2013, 8 de las 24 estaciones de la

red superaron el límite legal anual establecido por la legislación europea.

Madrid lleva ya cuatro años consecutivos (2010-2013) vulnerando los límites

legales de contaminación por NO2.

En mayo de 2013 la Comisión Europea rechazó la prórroga de cinco años (hasta

2015) solicitada por el Ayuntamiento para cumplir con los valores límite de

contaminación por NO2. La Comisión considera necesarias “medidas de

reducción de la contaminación más estrictas”, que las planteadas en el Plan de

Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015 municipal. Los responsables

del consistorio aún no han reaccionado ante el varapalo de la Comisión.

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Un año más, la calidad del aire de la capital sigue sin cumplir valores límite de

contaminación marcados por la legislación vigente, así como los valores recomendados

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ciertos contaminantes, que son

más estrictos y acordes con una adecuada protección de la salud humana.

La legislación europea (Directiva 2008/50) establece, en el caso del dióxido de

nitrógeno (NO2), un valor límite anual fijado en 40 microgramos/metro cúbico

(µg/m3), exigible desde 2010. Durante el año 2013 dicho valor límite se superó en 8

de las 24 estaciones de la red. La normativa también establece un valor límite horario

de NO2 (200 µg/m3), que no debe superarse más de 18 horas al año. Ese límite legal

se rebasó en 3 estaciones: Barrio del Pilar (39 superaciones), Fernández Ladreda (37)

y Ramón y Cajal (29).

Pero sin duda lo más destacable en relación con la calidad del aire en la ciudad de

Madrid durante el año 2013, ha sido la enorme incidencia de los episodios de

contaminación por ozono troposférico (O3) ocurridos durante el verano, sin

precedentes en los registros de contaminación atmosférica de la capital. La legislación

europea establece un valor límite para O3 de 120 µg/m3, que no debe superarse en

períodos de ocho horas más de 25 días al año en promedios trianuales. Durante 2013,

8 de las 14 estaciones de la red que miden este contaminante rebasaron dicho límite

legal. Por su parte la OMS recomienda no sobrepasar un valor más estricto, 100

µg/m3, en los períodos octohorarios Atendiendo a este criterio, las 14 estaciones que

miden O3 rebasaron ampliamente las 25 superaciones del valor recomendado por la

OMS durante el año pasado.

La legislación establece fija un umbral de información a la población (180 µg/m3

durante una hora), así como un umbral de alerta (240 µg/m3 durante una hora), para

proteger a la población de exposiciones a altos niveles de este contaminante, aunque

sea por cortos periodos de tiempo. En 2013, 13 de las 14 estaciones que miden O3

registraron superaciones del umbral de información a la población, y la estación del

parque Juan Carlos I llegó a los 226 µg/m3 en la tarde del 8 de julio, un valor muy

cercano al umbral de alerta. Por comparación, en el año 2012 no se produjo ni una

sola superación del umbral de información a la población (180 µg/m3) en toda la red.

Esta situación de mala calidad del aire en la capital se da a pesar de que se mantiene

la tendencia a la baja del tráfico, motivada por la crisis, y unas condiciones

meteorológicas favorables a la dispersión de la contaminación. Así, el primer semestre

de 2013 se caracterizó por abundantes días de lluvias e inestabilidad atmosférica en la

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capital, destacando el mes de marzo, que marcó registros históricos de precipitaciones

en toda España.

En mayo de 2013 la Comisión Europea rechazó la prórroga de cinco años que había

solicitado el Ayuntamiento, que hubiera permitido seguir excediendo los límites de

contaminación por NO2 hasta 2015 sin consecuencias legales, es decir sin multas. El

escrito de denegación aducía argumentos muy similares a los que viene planteando

Ecologistas en Acción. Fundamentalmente que son necesarias “medidas de reducción

de la contaminación más estrictas” que las planteadas en el Plan de Calidad del Aire

de la Ciudad de Madrid 2011-2015 municipal. Hasta el momento, las autoridades

municipales no han reaccionado ante el varapalo que supuso la denegación de la

prórroga, y no se ha planteado realizar ningún cambio en el citado plan, que ha

quedado severamente cuestionado. La realidad, además, muestra que no ha

conseguido reducir la contaminación por debajo de los límites legales.

En conclusión, los datos correspondientes al balance anual sobre calidad del aire del

año 2013 implican que Madrid lleva ya cuatro años consecutivos (2010-2013)

incumpliendo los límites legales de contaminación por NO2. Apuntan además a un

nuevo problema de cara al futuro, con la irrupción de la contaminación por ozono

provocando superaciones generalizadas de los valores límite legales. En estas

condiciones, nada hay sobre la mesa que permita pensar en un cambio favorable de la

situación. Por lo tanto, si se sigue sin adoptar medidas eficaces de reducción del

tráfico en la capital, como viene reclamando Ecologistas en Acción desde hace más de

una década, no solo sufrirán nuestros pulmones, muy probablemente acabará

repercutiendo también en nuestros bolsillos por las multas que nos impondrá la

Comisión Europea.

A continuación se puede ver tabla resumen de la contaminación del aire en Madrid

durante 2013 para NO2 y O3:

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Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (MADRID)

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Noticia publicada: 20/01/2014

Sección: CO2

La ONU en un informe sobre el cambio climático

pide actuaciones inmediatas

Postergar la resolución de un problema puede hacer que se vuelva peor y

más caro, esa es una verdad conocida y que también es válida cuando se

habla del cambio climático, concluye un nuevo reporte de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU advierte en el borrador de un nuevo reporte, obtenido por CNN, sobre los

riesgos y el costo de postergar las acciones.

Postergar la resolución de un problema puede hacer que se vuelva peor y más caro,

esa es una verdad conocida y que también es válida cuando se habla del cambio

climático, concluye un nuevo reporte de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU).

Entre más esperamos para reducir los niveles de dióxido de carbono que se tiran a la

atmósfera más difícil será luchar contra el incremento de las temperaturas, señala el

borrador de un reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las

Naciones Unidas obtenido por CNN.

“Se trata de automóviles y carbón”, dijo Marilyn Brown, profesora de políticas públicas

del Instituto de Tecnología de Georgia, que fue una de las editoras del reporte.

“Necesitamos reducir nuestra dependencia en los combustibles fósiles y encontrar una

forma de transportarnos a nosotros y los bienes que consumimos de forma más

económica y eficiente”.

Los expertos en temas ambientales han modelado una variedad de escenarios sobre

cómo las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera afectarán las

temperaturas.

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Si para 2,100 los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están entre 430 y 480

partes por millón, la temperatura en el mundo aumentaría dos grados centígrados en

comparación a la de mediados de 1800.

Un cambio de temperatura mayor se espera si los niveles de dióxido de carbono

exceden 530 partes por millón para 2100.

Ya en 2013, el dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó un máximo histórico de

400 partes por millón como registró el observatorio de la Administración Oceánica y

Atmosférica de Estados Unidos en Mauna Loa, Hawai.

“Retrasar la reducción hasta 2030 incrementará los retos y reducirá las opciones para

reducir los niveles de concentración en la atmósfera a 530 partes por millón o menos

para el fin del siglo”.

Dos grados centígrados puede parecer poco, pero un reporte de septiembre de las

Naciones Unidas señaló que este tipo de incremento puede llevar a que para final de

este siglo el Océano Ártico prácticamente no tenga hielo en el verano.

El cambio en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera lleva a la

acidificación del océano. Las temperaturas mayores elevan los niveles del mar e

incrementan la probabilidad de tormentas extremas. La agricultura, los ecosistemas y

la salud humana sufrirán las consecuencias como resultado de los cambios en el clima.

El reporte de septiembre del Panel Intergubernamental de Cambio Climático señala

que hay una certeza del 95% de que los cambios en la temperatura se deben a la

actividad humana.

El reporte que aún se encuentra en borrador tiene fecha del 17 de diciembre y su

redacción podría cambiar cuando se dé a conocer en Yokohama, Japón, a finales de

marzo.

Los dos principales motivos del incremento en las emisiones de dióxido de carbono

entre 2000 a 2010 son la economía y el crecimiento de la población, se señala en el

borrador del reporte.

Si no hay esfuerzos explícitos para reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero se proyecta que su crecimiento continúe.

Son 10 los países responsables del 70% de las emisiones a la atmósfera debido al uso

de combustibles fósiles y a los procesos industriales, señala el reporte.

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Un problema para lograr la reducción en el uso de los combustibles fósiles son los

subsidios, se señala en el borrador. Brown señala que países como Rusia, Nigeria y

varios en el Medio Oriente venden gasolina y gas natural con descuento a sus

ciudadanos.

“La reducción en el subsidio de los combustibles fósiles puede significar reducciones

en las emisiones aunque a un negativo costo social”, dice el reporte.

Con los Acuerdos de Cancún firmados en 2010, las naciones que han ratificado la

Convención sobre el cambio climático se comprometieron a reducir las partículas de

dióxido de carbono en la atmósfera a 430 y 530 partes por millón para 2100, así como

a reducir su emisión para 2020, pero retrasarlos para 2030 sería aún más costoso

económicamente y en términos de crear un impacto sustancial a favor del medio

ambiente con la tecnología actual.

El mensaje es claro: entre más se tarde, más se pagará, o tal vez se vuelva

demasiado tarde.

Fuente: CANALAZUL24 (MADRID)

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Noticia publicada: 20/01/2014

Sección: CO2

Asturias, un año más Oviedo sigue muy

contaminado

La contaminación en partículas PM10 está asociada a la aparición y el

agravamiento de múltiples patologías. Las partículas pueden entrar en el

sistema respiratorio, llegando y adosándose en los alvéolos, impidiendo un

intercambio adecuado de oxígeno entre los pulmones y la sangre.

Con los datos de estaciones de control de la contaminación del Gobierno de Asturias

del año 2013, podemos comprobar como sigue subiendo la contaminación en algunas

estaciones de Oviedo.

- En cuanto a la contaminación por partículas PM10:

Es significativo que todas las estaciones del Principado superan el valor de 20 µg/m3

para partículas PM10 de menos de 10 micras, valor recomendado como máximo de

promedio anual por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Concretamente, las

medias anuales son 37 µg/m3 en la estación de Palacio de los Deportes, 31 µg/m3 en

Plaza los Toros, 27 µg/m3 en Purificación Tomas. Estos datos[1] ponen de manifiesto

que la contaminación en partículas PM10 sigue siendo un grave problema.

Además, en la estación del Palacio de los Deportes no se cumple el valor límite diario

de protección a la salud establecido por la norma española, que prevé un límite de 35

superaciones al año del valor de 50 µg/m3: se produjeron 63 superaciones.

La contaminación en partículas PM10 está asociada a la aparición y el agravamiento

de múltiples patologías. Las partículas pueden entrar en el sistema respiratorio,

llegando y adosándose en los alvéolos, impidiendo un intercambio adecuado de

oxígeno entre los pulmones y la sangre. Lla exposición crónica a las partículas

aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de

cáncer de pulmón. Asimismo la OMS afirma que la mortalidad en ciudades con niveles

elevados de contaminación supera entre un 15% y un 20% la registrada en ciudades

limpias[2], de ahí los beneficios de toda índole, incluidos los económicos, que se

producen con la inclusión de políticas reductoras de la contaminación.

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Hay que recordar que la zona central asturiana es la única zona de España que

supera desde hace varios años el umbral de protección de la salud en partículas todo

el año que esta fijado en una media anual de 40 µg/m3.

La OMS estableció en 2005 unos valores límite para partículas PM10 aún más

restrictivos que los vigentes en la Unión Europea, en sus Guías de Calidad del Aire.

Así, mientras España considera un valor límite promedio anual de 40 µg/m3 la OMS lo

establece en 20 µg/m3.

- En cuanto a la contaminación por Dióxido de Azufre SO2:

La O.M.S. recomienda no superar una media de 20 µg/m3 de S02 en 24 horas. Todas

las estaciones de Oviedo superaron esta media al año varios días, destacando la

estación de Plaza de Toros con 53 superaciones (la mayor de Asturias), le siguen 40

superaciones en el Palacio de los Deportes y 35 superaciones en el Parque Purificación

Tomas.

La exposición al SO2 se ha correlacionado con un mayor número de muertes

prematuras asociadas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares. El efecto

imitativo continuado puede causar una disminución de las funciones respiratorias y el

desarrollo de enfermedades como la bronquitis.

- En cuanto a la contaminación de Óxidos Nitrógeno NO2:

La O.M.S. recomienda no superar una media anual de 40 µg/m3 para proteger a la

población de los efectos nocivos para la salud del NO2 gaseoso. Se superó ese límite

numerosos días en todas las estaciones destacando: 94 días en la estación de Palacio

de los Deportes, 62 días en Plaza los Toros.

Estudios epidemiológicos han revelado que la exposición a largo plazo al NO2 provoca

una disminución de la función pulmonar y aumenta el riesgo de aparición de síntomas

respiratorios como bronquitis aguda, tos y flema, especialmente en los niños. También

se ha asociado a un menor peso fetal.

Las Administraciones competentes, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de

Oviedo con sus competencias, deben asumir sus responsabilidades ante esta situación,

para reducir la contaminación y prevenir y evitar afecciones a la salud de la

población.

Hay que recordar que el Gobierno de Asturias oculta desde hace años los datos de las

estaciones de control de las empresas privadas que son el triple de las estaciones

públicas, lo que impide hacer una valoración más acertada de la presencia de la

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contaminación, Hay que recordar que la Consejería de Fomento anuncio el pasado 14

de diciembre que pondría a disposición en su Web estos datos a partir del 1 de enero,

lo que todavía no hemos visto, lo que demuestra la falta de políticas de

transparencia.

Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (ASTURIAS)

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Noticia publicada: 20/01/2014

Sección: CO2

Denuncian que la UE abre la puerta al fracking

La Comisión europea anunciará el próximo miércoles, 22 de enero, un paquete de

medidas para regular los combustibles no convencionales. Se esperaba una exigente

directiva sobre fracking, en consonancia con informes encargados por instituciones

comunitarias. Pero la presión de varios países, ha rebajado las medidas hasta

convertirlas en no vinculantes. Trescientos colectivos de toda Europa, entre ellos

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, han dirigido una carta abierta a la

Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo que alerta del error energético,

climático y ambiental que supone apostar por esta técnica extractiva.

El Ejecutivo detectó en otoño de 2012 hasta 11 vacíos legales en materia de residuos

mineros, de agua, de evaluación ambiental, etc que deberían ser subsanadas. Estos

hallazgos están en línea con otro informe anterior del parlamento europeo. En Octubre

pasado se filtró el rumor de que la Comisión preparaba, en consonancia con estas

deficiencias detectadas y con los resultados de el análisis de impacto preceptivo a toda

nueva legislación, una exigente directiva que convirtiera las nuevas normas en

vinculantes.

Sin embargo la presión de los Estado miembro más favorables al desarrollo de esta

actividad, como el Reino Unido o Polonia, han logrado tras una intensa campaña de

presión, convencer al presidente de las Comisión, Joao Manuel Durán Barroso, de que

poner trabas regulatorias a las empresas espantaría la inversión. Consecuentemente la

Comisión anunciará apenas unas medidas orientativas que según Ecologistas en

Acción y Amigos de la Tierra carecerán de toda efectividad al no ser de obligado

cumplimiento.

La carta firmada por colectivos de 22 países, advierte de las amenazas de esta

actividad y subraya que imponer esta técnica contra la voluntad de la gran mayoría de

la población europea supone una quiebra democrática. Las protestas se han sucedido

en los los ultimos meses en lugares sobre los que planeaban planes de perforación

como Zurawlow (Polonia), Balcombe y Barton Moss (RU) o Pungesti (Rumanía) con

duras represiones policiales.

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La Comisión europea ignora así el resultado de la consulta pública que realizó en

2013, donde el 64% de los europeos se mostraron contrarios a las explotación de los

gases no convencionales y un 20% opinión que solo debería explotarse bajo una

estricta regulación.

Este movimiento antidemocrático de la Comisión europea está en linea con las

negociaciones de los tratados de libre comercio entre la UE y EEUU y Canadá, que se

están llevando a cabo con un absoluto secretismo, y donde favorece a las grandes

empresas en detrimento de la sociedad europea. Todo parece indicar que estas

negociaciones darán vía libre a proyectos de fracking y establecerán un marco aún

más favorable a las empresas gasísticas americanas.

Otro elemento importante en el proceso es la revisión de la Directiva de Evaluación de

Impacto ambiental. Mientras el Parlamento europeo logró en otoño de 2013 introducir

una enmiendas exigentes para obligar a someter a este procedimiento a todos los

proyectos de fracking, el Consejo europeo ha forzado la exclusión de las más

importantes en otra vuelta de tuerca para debilitar la regulación.

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, son dos de las trescientas organizaciones

que han enviado el documento escrito a la Comisión, al Consejo y al Parlamento

Europeo, junto al Presidente Rajoy, el Ministro de Industria y distintos eurodiputados

españoles. Las organizaciones reclaman la necesidad de abandonar la senda de los

combustibles fósiles y de avanzar hacia unas políticas energéticas basadas en las

energías renovables.

Carta abierta a las instituciones europeas

A la atención de:

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y Comisarios de Medio

ambiente, Energía, Clima y Empresas

A los miembros del Consejo Europeo y Jefes de Estado (Presidentes, Primeros

Ministros y Ministerios afectados).

A los miembros del Parlamento Europeo

Asunto: Combustibles fósiles no convencionales / Directiva de Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) y otros proyectos de las instituciones europeas.

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Nosotros, grupos de ciudadanos y organizaciones medioambientales interesados,

movilizados contra el desarrollo de los combustibles fósiles no convencionales en

Europa, estamos extremadamente preocupados por los últimos acontecimientos

relacionados con la revisión de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

y los planes sobre un marco europeo para los combustibles fósiles no convencionales,

así como por los acuerdos y proyectos transatlánticos de la Comisión Europea.

Para extraer gas de esquisto, petróleo de esquisto bituminoso, gas de arenas

compactas (tight gas) y gas metano de vetas de carbón se utiliza una técnica llamada

fracturación hidráulica o "fracking", que va acompañada de múltiples e inevitables

impactos sobre el medio ambiente, el clima, la salud de la población y sobre una serie

de derechos humanos fundamentales.

Las principales razones para oponernos a esta industria son:

La extracción de estos hidrocarburos afectará negativamente a nuestra huella

de carbono, comprometiendo incluso los objetivos energéticos y climáticos de la

UE. En lugar de alejarse de las fuentes energéticas fósiles, desarrollar nuevas

fuentes de energías renovables y mejorar las políticas de eficiencia energética,

esta industria nos arrastraría a un nuevo ciclo contaminante de combustibles

fósiles.

El funcionamiento de la industria extractiva implica un enorme sistema de

tuberías, instalaciones reguladoras de presión y centros de transporte. Esto

supone inevitablemente fugas de metano, estimadas por diferentes estudios

entre un 4% y un 11% del total del volumen de metano producido. En un plazo

de 20 años, el metano es 86 veces más potente como gas invernadero que el

CO2, por lo que la quema de combustibles fósiles no convencionales podría ser

más perjudicial para el clima que el mismo carbón.

Las técnicas de extracción causan un efecto destructivo e irrevocable en los

ecosistemas y entornos locales.

Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles no convencionales

utilizan una cantidad desproporcionada de recursos primarios fundamentales:

tierra, agua y aire.

Esta industria requiere un gran número de vehículos de transporte, por lo que

sus proyectos suponen una carga adicional para la economía europea como,

por ejemplo, la depreciación de infraestructuras públicas (carreteras, puentes,

etc.). La mayoría de las carreteras de la Unión Europa no se han diseñado para

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soportar el peso adicional de los "megacamiones" o "trenes de carretera" que

utiliza esta industria, especialmente en las zonas rurales.

Un importante número de habitantes, incluyendo a quienes viven

exclusivamente de la agricultura, se verá afectado por este tipo de explotación.

La extracción generaría un incremento de la pobreza.

Promover políticamente estas actividades es completamente contradictorio con

la creciente necesidad de sistemas económicos locales basados en el patrimonio

cultural y natural, así como en las energías renovables.

Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles no convencionales

implican un modelo de industrialización a gran escala, que tiene enormes

consecuencias para la planificación regional y afecta a un gran número de

zonas densamente pobladas y medioambientalmente delicadas, tal como se ha

podido observar en Estados Unidos, Canadá y Australia.

Las autoridades europeas ya han publicado estudios que demuestran estos riesgos, y

son conscientes de que numerosas investigaciones científicas revisadas por expertos

alertan sobre los múltiples y preocupantes impactos vinculados a esta industria. A

pesar de ello, algunos responsables políticos parecen haberse puesto de acuerdo para

ignorar todos estos hechos significativos. Del mismo modo, la opinión de las

poblaciones directamente afectadas se está ignorando brutalmente.

La situación jurídica actual en la Unión Europea no garantiza la exigencia de estudios

de impacto ambiental para la investigación y explotación de combustibles fósiles no

convencionales, lo que representa una violación permanente de los principios de la

política europea de medio ambiente, los objetivos de planificación regional y los

valores democráticos europeos fundamentales. Este requerimiento básico habría

supuesto la elaboración de estudios de referencia previos al inicio de nuevos proyectos

y garantizaría una mayor participación de las comunidades locales en los procesos de

toma de decisiones.

El marco sobre combustibles fósiles no convencionales anunciado por la Comisión

Europea es simplemente un conjunto de recomendaciones no vinculantes que, incluso,

contradice los resultados de la evaluación de impacto que requieren las acciones

legislativas como esta. Gracias a la acción conjunta del Sr. Barroso y países como el

Reino Unido, Polonia, la República Checa y Hungría, la Unión Europea está abriendo

sus puertas a una industria altamente contaminante y escasamente regulada. Las

promesas de "desarrollar un marco europeo para la extracción de hidrocarburos no

convencionales de manera segura y sin riesgos" no se van a mantener.

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Los grupos de ciudadanos y organizaciones medioambientales interesados han

expresado en múltiples ocasiones estos argumentos, apoyados con pruebas,

particularmente en relación con la Resolución Korbach . Sin embargo, parece que

nuestros políticos no quieren o no están preparados para tomar en consideración

estos razonamientos.

Esto constituye una grave ausencia de democracia y una señal clara de que la balanza

se está inclinando a favor de beneficios cortoplacistas inciertos y perjudiciales para el

medioambiente, a costa de la salud pública y del medio ambiente sostenible a largo

plazo. Además, hemos observado que existe corrupción a nivel local, las comunidades

locales se han visto atrapadas en la angustia y la inseguridad por la violación de

derechos humanos y la represión –como ocurrió recientemente en Pungesti

(Rumanía), Zurawlow (Polonia) y Barton Moss (Reino Unido)– y la confianza en la

Unión Europea se está desvaneciendo a gran velocidad.

Estas circunstancias deben ser tomadas en cuenta en la revisión de la Directiva EIA,

así como en las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA)

y con Estados Unidos (TAFTA). Estas negociaciones se están llevando a cabo con

absoluto secretismo, y el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión

Europea no pueden tolerarlo. La comisión ha anunciado un "marco no vinculante"

sobre el gas de esquisto. ¿Qué flexibilidad se tendrá a la hora de valorar la enorme

presión de los inversores y de la industria energética?

Respecto al CETA y el TAFTA, resulta cada vez más evidente que están poniendo su

mira en el Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias

químicas (REACH), a pesar de que es la herramienta para evitar que las industrias

puedan hacer lo que quieran, especialmente en el sector químico, que elabora

productos para la industria minera. También observamos que el reglamento de

arbitraje entre empresas y Estados, promovido por la Carta

Europea de la Energía, resulta muy adecuado para los inversores. Los inversores

pueden oponerse a la legislación medioambiental simplemente porque representa un

obstáculo a sus inversiones y, por tanto, a sus beneficios. Todo esto puede dar lugar

a:

Pagos considerables por compensaciones económicas a las empresas, cubiertos

por los presupuestos particulares de los Estados miembro.

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Un sistema de libre comercio basado en la Carta Europea de la Energía, que

favorezca totalmente al sector privado y a los inversores, por encima del interés

público y de la soberanía de los Estados miembros.

Por todas las razones anteriormente mencionadas, instamos solemnemente a los

miembros del Consejo Europeo, Comisarios y miembros del Parlamento Europeo a que

actúen ya, en el interés superior de la población de sus Estados y de toda la

ciudadanía europea. Negar los hechos descritos significaría que los responsables

políticos europeos están dispuestos a aceptar los efectos perjudiciales de la fractura

hidráulica en un futuro inmediato y para las próximas generaciones.

Miembros del Parlamento Europeo, ustedes deben actuar con decisión y claridad para

evitar que la ley de Evaluación de Impacto Ambiental sea ambigua. Es necesario que

se realicen estudios de impacto ambiental para todo el ciclo de vida de los pozos, y

estos deberían realizarse antes de iniciar cualquier actividad de exploración o

construcción (construcción de plataformas, perforación, cimentación, entubado, toma

de registro, etc.). Teniendo en cuenta sus múltiples consecuencias, el uso de técnicas

de fracking en la investigación y explotación de las fuentes de energía de combustibles

fósiles debería estar sujeto a evaluaciones de impacto ambiental obligatorias.

Miembros del Consejo Europeo, Sr. Presidente de la Comisión Europea, y Comisarios y

Jefes de Estado y ministerios afectados, ustedes deberían actuar decididamente para

eliminar cualquier mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS) del CETA

y del TAFTA porque echan por tierra nuestros sistemas jurídicos y pueden utilizarse en

contra de las leyes promulgadas sobre los objetivos de política medioambiental, las

metas sobre cambio climático y energía, la protección a los consumidores y los

principios jurídicos de la Unión Europea, y con la excepción del reglamento REACH,

que, en todo caso, debería fortalecerse.

Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (MADRID)

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Noticia publicada: 21/01/2014

Sección: CO2

En Cantabria se producen graves deficiencias en la

transposición de la Directiva de Emisiones

Industriales

La mencionada norma introduce sustanciales modificaciones en la Directiva

de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) cuya

aplicación afecta a unas 5.000 instalaciones industriales de ámbito estatal

Ecologistas en Acción denuncia la deficiente transposición de la Directiva de Emisiones

Industriales (2010/75/CE) y las irregularidades en el proceso de adaptación. Esta

transposición evidencia de nuevo la intención de las administraciones españolas de

degradar la legislación ambiental. Paradigmático es el caso de Cantabria, que de un

plumazo ha decidido que no necesita hacer ninguna modificación en la autorización de

sus instalaciones industriales, a pesar de los graves problemas de contaminación que

generan algunas de ellas.

La mencionada norma introduce sustanciales modificaciones en la Directiva de

Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) cuya aplicación afecta a

unas 5.000 instalaciones industriales de ámbito estatal, las cuales tuvieron que

obtener en su día la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la

aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Todo lo cual hace que tengan

que revisarse todas las AAI correspondientes a esas empresas y cuya adaptación

debería haber finalizado antes del pasado 7 de enero.

El proceso de adaptación y revisión, como ocurriera en su día con la Directiva IPPC, ha

incurrido en los mismos vicios pero agudizados, con la circunstancia agravante de que

las carencias se arrastran y acumulan. Todo lo cual derivará en graves consecuencias

puesto que las deficiencias en este proceso de modernización se traduce en menor

eficiencia en el aprovechamiento de los escasos recursos y por tanto en una pérdida

de competitividad, a la vez que es una oportunidad perdida para reducir la carga

contaminante de su actividad.

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Pero también se ve comprometida la seguridad jurídica de muchas instalaciones en el

medio plazo, dado que hasta ahora la aplicación de las denominadas Mejores Técnicas

Disponible se ha relativizado por parte de las administraciones y empresas al

considerar que eran meramente indicativos. Pero en estos momentos se están

publicando los documentos de conclusiones cuya prescripción es de carácter

vinculante en el plazo máximo de 4 años, y los que no hayan hecho los deberes o los

lleven retrasados les exigirá un esfuerzo adicional que no todos podrán cumplir.

Cantabria como mal ejemplo

Cantabria ha salvado todo el proceso de adecuación de 55 Autorizaciones Ambientales

con una simple resolución conjunta para todas ellas, en la que determina que no es

preciso realizar ninguna modificación de las mismas. Esperpéntica resolución que

omite el importante calado introducido por dicha Directiva a la vez que la enorme

diversidad y complejidad de las 55 instalaciones industriales afectadas.

Por otro lado Cantabria, como el resto de CC AA, debería tener operativos planes y

programas de inspección medioambiental para estas instalaciones antes del pasado 7

de enero, instrumentos de los cuales carece y, a día de hoy, nada se sabe de ellos.

Pero además se ha obviado la más elemental publicidad y trasparencia de todo el

proceso, sin el menor atisbo siquiera de simulacro de participación pública en la toma

de decisiones, lo cual constituye una vulneración flagrante de principios básicos

establecidos en la legislación Comunitaria en general y en la propia Directiva en

particular.

Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (MADRID)

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Noticia publicada: 21/01/2014

Sección: CO2

La UE quiere reducir un 40% las emisiones de CO2

en 2030

Habrá una cuota obligatoria de hasta el 27% de renovables para la UE, pero

sin metas individuales para los Estados miembros.

La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 22 de enero fijar un objetivo

obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la UE de hasta el 40% en 2030

(respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra

el cambio climático. Bruselas pedirá además una cuota obligatoria de renovables de

hasta el 27% para la UE, pero sin metas individuales para cada Estados miembros, y

prescindirá del objetivo de eficiencia energética en 2030.

El Ejecutivo comunitario ha renunciado también a presentar una directiva

para regular la extracción de gas no convencional mediante fracturación

hidráulica (fracking), y se limitará de momento a dirigir una recomendación a los

Estados miembros sobre la evaluación de impacto y las consultas públicas que deben

hacer antes de autorizar estos proyectos, según han informado a Europa Press fuentes

comunitarias.

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático que presentará la

semana que viene, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al triple objetivo

obligatorio que la UE se fijó para 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de

cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que ha vivido la UE en los últimos años ha

dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente

la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en

particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a

empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta.

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Así, incluso dentro del propio Ejecutivo comunitario persiste una discusión "muy

intensa" sobre cuál debe ser el objetivo de reducción de emisiones para 2030. La

comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, defiende un recorte del 40% y

cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda -que

firmaron una carta conjunta-; pero también de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia,

Portugal o Finlandia.

Sin embargo, algunos comisarios reclaman rebajar el objetivo hasta el 35%

alegando que debe preservarse la competitividad de la industria europea. Entre ellos

se encuentran el de Industria, el italiano Antonio Tajani, o el de Energía, el alemán

Günther Oettinger. Pero también otros procedentes de los países del este -más

dependientes del carbón- como el de Presupuestos, el polaco Janusz Lewandowski; el

de Administración, el eslovaco Maros Sefcovic; o el de Agricultura, Dacian Ciolos,

según las fuentes consultadas. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao

Barroso, todavía no ha zanjado el debate y es probable que prosiga hasta el mismo 22

de enero.

La patronal europea, BusinessEurope, ya ha dicho que un recorte del 40% sería

excesivo porque el resto de socios internacionales de la UE no están haciendo

esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas creen que el

objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

CAMBIO DE POSTURA EN RENOVABLES

En la última semana, el Ejecutivo comunitario ha cambiado de posición sobre una

nueva cuota obligatoria para las renovables, que hace unos días parecía descartada.

La opción que se está imponiendo en el colegio de comisarios, según las fuentes

consultadas, consistiría en fijar un objetivo jurídicamente vinculante para la UE en

2030, que sería del 25% si el recorte de emisiones es del 35% o del 27% si es del

40%.

Sin embargo, no habría metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre

en la actualidad, algo que Bruselas justifica por la necesidad de respetar las

importantes diferencias en la cesta energética de cada país. Mientras Alemania y

Francia han firmado una carta con otros seis países - Austria, Bélgica, Dinamarca,

Irlanda, Italia y Portugal- en la que piden a la Comisión un nuevo objetivo de

renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, otros países con

Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la

energía nuclear o al gas pizarra.

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Tampoco España -donde las primas a las renovables son uno de los factores que ha

disparado el déficit de tarifa eléctrica- quiere que la UE fije un nuevo objetivo para

2030, según las fuentes consultadas.

De acuerdo con la propuesta que prepara la Comisión, los Estados miembros

deberán elaborar planes de acción obligatorios, en los que expliquen qué pretenden

hacer en materia de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son

suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir

medidas adicionales o incluso legislar.

Lo que sí está claro es que el Ejecutivo comunitario renuncia a fijar ningún nuevo

objetivo para 2030 en materia de eficiencia energética, aunque dejará la puerta

abierta para hacerlo en el futuro cuando se revise la directiva que se ocupa de esta

cuestión. La Eurocámara había reclamado una cuota de ahorro energético del 40%.

Los nuevos objetivos deberán ser refrendados por los jefes de Estado y de Gobierno

de los 28 en la cumbre que celebrarán a finales de marzo.

PRECIOS DE LA ENERGÍA

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, y las

recomendaciones sobre fracking, la Comisión presentará un estudio comparativo sobre

los precios de la energía en los Estados miembros y una propuesta para reformar el

mercado de emisiones de CO2.

El estudio sitúa a España como el país de la Unión Europea con mayores costes en

la actividad de distribución de electricidad por kilovatio hora (kWh), según el borrador

al que ha tenido acceso Europa Press. Pero las eléctricas aseguran que las

conclusiones de este informe son "erróneas y alejadas de la realidad". Según Bruselas,

estos costes ascienden a 6 céntimos, muy superiores a los países más baratos, Reino

Unido y Bulgaria, con apenas 0,5 céntimos, y lideran la clasificación de la UE, por

delante de Eslovaquia, Bélgica o Suecia, donde el coste ronda los 5 céntimos.

En cuanto al sistema de comercio de emisiones, la Comisión plantea que en

momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para

evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen. Estos permisos, que

quedarían en una especie de reserva, volverían al mercado cuando la economía vaya

bien y aumente el consumo energético.

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Bruselas propone que los criterios para determinar cuándo deben retirarse permisos

de CO2 del mercado estén predefinidos -teniendo en cuenta las previsiones

económicas de la Comisión o los índices de producción industrial- y se apliquen de

forma automática, sin una autoridad central de regulación.

Fuente: EUROPA PRESS (BRUSELAS)

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ECO

NO

TIC

IAS

Sección:

FRACKING

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Noticia publicada: 02/01/2014

Sección: Fracking

PP asegura que será "imposible" hacer fracking en

Cantabria mientras esté en el Gobierno

Además de la ley, el Ejecutivo tiene "una batería de argumentos" para

afirmar que se cumplirá la "voluntad" de los cántabros

El Partido Popular (PP) de Cantabria ha asegurado que será "imposible" hacer fracking

en la región mientras esté en el Gobierno y ha afirmado que, además de la ley, el

Ejecutivo tiene "una batería de argumentos" para aseverar que se cumplirá la

"voluntad" de la "mayoría de los cántabros".

El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier

Fernández, y el diputado 'popular' Iñigo Fernández lo han manifestado este jueves en

una rueda de prensa en la que han ensalzado la postura "rotunda, clara y

contundente" tanto del Ejecutivo como del PP en contra de la fractura hidráulica.

Este pronunciamiento se produce tres días después de que el Gobierno central haya

publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la autorización a Repsol para la

realización de estudios sísmicos en el permiso Luena, que afecta a la zona de los

Valles Pasiegos de Cantabria y a la provincia castellanoleonesa de Burgos.

El titular de Medio Ambiente ha explicado que estos estudios "no tienen efectos

significativos sobre el medio ambiente" y no sólo se realizan en zonas donde hay

permisos de fracking sino que también se utilizan para medir el impacto ambiental de

otras actividades.

Además, ha indicado que estos estudios sísmicos son un trámite del permiso de

extracción Luena que el Gobierno cántabro "esperaba" que saliese publicado por

"estas fechas" pero que no impedirá que el Ejecutivo "defienda y siga defendiendo

que en Cantabria no se puede hacer fracking".

Por ello, ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a todos los cántabros que no se

utilizará la fractura hidráulica en territorio regional porque hay una Ley que "lo

impide", así como "voluntad política" para mantener esa prohibición.

El consejero ha dirigido este mensaje no sólo a los ciudadanos sino también a las

empresas energéticas que cuentan con permisos en suelos de Cantabria, a quienes ha

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señalado que el Gobierno hará "todo lo que sea necesario para impedir el fracking en

nuestra región". "Nuestro límite es la ley", ha apostillado.

DEBATE ABIERTO CON EL ESTADO

En este sentido, Fernández se ha referido al debate que Cantabria mantiene abierto

con el Estado por la Ley que prohíbe esta técnica de extracción de gas en la región y

que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico.

El Gobierno central estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad a esta Ley

que hace que en Cantabria sea "absolutamente ilegal" usar el fracking. "Nosotros

defenderemos la constitucionalidad de nuestra ley porque mientras esté en vigor será

imposible hacer fracking en Cantabria", ha dicho el consejero.

No obstante, ha asegurado que, aunque se declarase inconstitucional esta ley, el

Ejecutivo regional tiene "una batería de argumentos" para afirmar que en Cantabria

no habrá fracking.

Así, Fernández ha indicado que la Comunidad Autónoma tiene "competencias

exclusivas" sobre el suelo y sólo está permitido hacer extracciones en el suelo

catalogado como 'rústico de especial protección minera', que sólo abarcar el 5% del

territorio y ya está ocupado por diversas actividades mineras.

"Con este argumento ya es muy difícil, por no decir imposible, hacer fracking en

Cantabria", ha aseverado el titular de Medio Ambiente, que ha insistido en que el

Ejecutivo "utilizará todos los argumentos en su mano" y "se enfrentará a quien sea

necesario" para que "la voluntad de los cántabros sea realidad".

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

Por su parte, el diputado del PP Iñigo Fernández ha anunciado que el Grupo

Parlamentario Popular va a pedir la comparecencia en el Parlamento del consejero de

Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio para que explique la situación

actual y se "visualice" en el Pleno el "compromiso claro y rotundo" del Gobierno y del

PP en contra de la fractura hidráulica.

El diputado 'popular' ha criticado que fueron "otros" quienes "trajeron" el fracking a

Cantabria y ha apuntado al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla,

asegurando que él "autorizó" esta técnica en la región. "Pero no quiere hablar de esto

aquí aunque sí que acude a Lanzarote hablar de las prospecciones petrolíferas", ha

apostillado.

Fuente: EUROPA PRESS (CANTABRIA)

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Noticia publicada: 03/01/2014

Sección: Fracking

El PP cántabro cierra la puerta al fracking

mientras gobierne

El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier

Fernández, y el diputado 'popular' Iñigo Fernández lo han manifestado este jueves

en una rueda de prensa en la que han ensalzado la postura "rotunda, clara y

contundente" tanto del Ejecutivo como del PP en contra de la fractura hidráulica.

El Partido Popular (PP) de Cantabria ha asegurado que será "imposible" hacer fracking

en la región mientras esté en el Gobierno y ha afirmado que, además de la ley, el

Ejecutivo tiene "una batería de argumentos" para aseverar que se cumplirá la

"voluntad" de la "mayoría de los cántabros".

El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier

Fernández, y el diputado 'popular' Iñigo Fernández lo han manifestado este jueves en

una rueda de prensa en la que han ensalzado la postura "rotunda, clara y

contundente" tanto del Ejecutivo como del PP en contra de la fractura hidráulica.

Este pronunciamiento se produce tres días después de que el Gobierno central haya

publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la autorización a Repsol para la

realización de estudios sísmicos en el permiso Luena, que afecta a la zona de los

Valles Pasiegos de Cantabria y a la provincia castellanoleonesa de Burgos.

El titular de Medio Ambiente ha explicado que estos estudios "no tienen efectos

significativos sobre el medio ambiente" y no sólo se realizan en zonas donde hay

permisos de fracking sino que también se utilizan para medir el impacto ambiental de

otras actividades.

Además, ha indicado que estos estudios sísmicos son un trámite del permiso de

extracción Luena que el Gobierno cántabro "esperaba" que saliese publicado por

"estas fechas" pero que no impedirá que el Ejecutivo "defienda y siga defendiendo

que en Cantabria no se puede hacer fracking".

Por ello, ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a todos los cántabros que no se

utilizará la fractura hidráulica en territorio regional porque hay una Ley que "lo

impide", así como "voluntad política" para mantener esa prohibición.

El consejero ha dirigido este mensaje no sólo a los ciudadanos sino también a las

empresas energéticas que cuentan con permisos en suelos de Cantabria, a quienes ha

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señalado que el Gobierno hará "todo lo que sea necesario para impedir el fracking en

nuestra región". "Nuestro límite es la ley", ha apostillado.

DEBATE ABIERTO CON EL ESTADO

En este sentido, Fernández se ha referido al debate que Cantabria mantiene abierto

con el Estado por la Ley que prohíbe esta técnica de extracción de gas en la región y

que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico.

El Gobierno central estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad a esta Ley

que hace que en Cantabria sea "absolutamente ilegal" usar el fracking. "Nosotros

defenderemos la constitucionalidad de nuestra ley porque mientras esté en vigor será

imposible hacer fracking en Cantabria", ha dicho el consejero.

No obstante, ha asegurado que, aunque se declarase inconstitucional esta ley, el

Ejecutivo regional tiene "una batería de argumentos" para afirmar que en Cantabria

no habrá fracking.

Así, Fernández ha indicado que la Comunidad Autónoma tiene "competencias

exclusivas" sobre el suelo y sólo está permitido hacer extracciones en el suelo

catalogado como 'rústico de especial protección minera', que sólo abarcar el 5% del

territorio y ya está ocupado por diversas actividades mineras.

"Con este argumento ya es muy difícil, por no decir imposible, hacer fracking en

Cantabria", ha aseverado el titular de Medio Ambiente, que ha insistido en que el

Ejecutivo "utilizará todos los argumentos en su mano" y "se enfrentará a quien sea

necesario" para que "la voluntad de los cántabros sea realidad".

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

Por su parte, el diputado del PP Iñigo Fernández ha anunciado que el Grupo

Parlamentario Popular va a pedir la comparecencia en el Parlamento del consejero de

Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio para que explique la situación

actual y se "visualice" en el Pleno el "compromiso claro y rotundo" del Gobierno y del

PP en contra de la fractura hidráulica.

El diputado 'popular' ha criticado que fueron "otros" quienes "trajeron" el fracking a

Cantabria y ha apuntado al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla,

asegurando que él "autorizó" esta técnica en la región. "Pero no quiere hablar de esto

aquí aunque sí que acude a Lanzarote hablar de las prospecciones petrolíferas", ha

apostillado.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 15/01/2014

Sección: Fracking

Cantabria dice que hay indicios de yacimientos

‘rentables’ de gas esquisto pero se niega a usar el

fracking

Fernández se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre las

declaraciones que realizó este lunes en Miera respecto a que Cantabria

podría ser una zona muy rica en gas esquisto.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier

Fernández, ha afirmado este martes que en Cantabria hay "indicios" de yacimientos de

gas esquisto "económicamente rentables", pero ha asegurado que no se utilizará la

técnica del fracking para realizar estudios al respecto porque para el Gobierno "prima"

la defensa del territorio, el paisaje, los acuíferos y la voluntad ciudadana frente a

criterios economicistas.

Fernández se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre las declaraciones

que realizó este lunes en Miera respecto a que Cantabria podría ser una zona muy rica

en gas esquisto.

El titular de Medio Ambiente ha matizado que esta conclusión deriva de mapas

geológicos y "estudios preliminares" que se realizan desde hace bastante tiempo.

Aunque ha reconocido que cuando las empresas están "dando pasos más avanzados"

para poder extraer este tipo de gas es porque hay "indicios" de que Cantabria --junto

con otras zonas de Álava o La Rioja-- podría contener yacimientos "rentables"

económicamente.

Al respecto, ha concretado que no hay "estudios específicos", puesto que éstos son

los que "teóricamente se están haciendo" y los que se quieren hacer con los permisos

de investigación, pero que no serán posibles en Cantabria en tanto supongan la

utilización de la técnica de la fractura hidráulica.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno tiene "una postura muy clara"

respecto al fracking puesto que la "opinión mayoritaria" de los cántabros es apostar

por la defensa de su territorio y evitar los riesgos que "a día de hoy" puede tener la

utilización de esta técnica y su incompatibilidad con los modos de vida tradicionales de

la tierra.

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Ha subrayado además que "no es una cuestión económica" sino de "defensa del

paisaje, el entorno, los acuíferos subterráneos y los recursos hidráulicos", aspectos

que "no tienen precio". Por lo tanto, la decisión del Ejecutivo de prohibir el fracking no

se tomó desde un punto de vista "meramente economicista" sino "defendiendo la

opinión mayoritaria de los cántabros".

Además, la Administración regional cree que la técnica de la fractura hidráulica debe

tener todavía "un recorrido" en el que se vayan eliminando "los riegos" que conlleva.

"A día de hoy entendemos que no es una actividad que queremos en nuestra

comunidad y por tanto, nos vamos a oponer a ello".

Para eso, Cantabria cuenta con una ley que prohíbe el fracking y el consejero ha

advertido que el Gobierno utilizará "todas las herramientas legales, que son muchas",

para impedirlo mientras que mantengan los "riesgos inherentes a día de hoy".

RESPUESTA A LOS GEÓLOGOS

En cuanto a la petición del Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) de que no se cierre la

puerta a la investigación y exploración de los permisos de fracking en Cantabria si

éstos se realizan mediante una "adecuada" evaluación del impacto ambiental, el

consejero ha insistido en que esta técnica de inyección de productos químicos no se

ha utilizado ni se utilizará en la comunidad "mientras las circunstancias sean las que

son a día de hoy".

El fracking es una técnica para la extracción de gas de esquisto no convencional y

por lo tanto "nada tiene que ver" con las técnicas mineras que se vienen desarrollando

de forma "casi centenaria" en la región. "Aquí no hay ninguna explotación de gas

esquisto no convencional ni en la que se inyecten productos químicos para llevar a

cabo la fracturación hidráulica", ha zanjado Fernández.

El consejero ha realizado estas declaraciones antes de reunirse en el Gobierno con

las 24 asociaciones que participan en el programa PROVOCA de voluntariado

ambiental.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 21/01/2014

Sección: Fracking

300 colectivos de toda Europa denuncian que la

UE abre la puerta al fracking

El Ejecutivo detectó en otoño de 2012 hasta 11 vacíos legales en materia

de residuos mineros, de agua, de evaluación ambiental, etc que deberían

ser subsanadas.

La Comisión europea anunciará el próximo miércoles, 22 de enero, un paquete de

medidas para regular los combustibles no convencionales. Se esperaba una exigente

directiva sobre fracking, en consonancia con informes encargados por instituciones

comunitarias. Pero la presión de varios países, ha rebajado las medidas hasta

convertirlas en no vinculantes. Trescientos colectivos de toda Europa, entre ellos

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, han dirigido una carta abierta a la

Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo que alerta del error energético,

climático y ambiental que supone apostar por esta técnica extractiva [1].

El Ejecutivo detectó en otoño de 2012 hasta 11 vacíos legales en materia de residuos

mineros, de agua, de evaluación ambiental, etc que deberían ser subsanadas. Estos

hallazgos están en línea con otro informe anterior del parlamento europeo. En

Octubre pasado se filtró el rumor de que la Comisión preparaba, en consonancia con

estas deficiencias detectadas y con los resultados del análisis de impacto preceptivo a

toda nueva legislación, una exigente directiva que convirtiera las nuevas normas en

vinculantes.

Sin embargo la presión de los Estado miembro más favorables al desarrollo de esta

actividad, como el Reino Unido o Polonia, han logrado tras una intensa campaña de

presión, convencer al presidente de las Comisión, Joao Manuel Durán Barroso, de que

poner trabas regulatorias a las empresas espantaría la inversión. Consecuentemente la

Comisión anunciará apenas unas medidas orientativas que según Ecologistas en

Acción y Amigos de la Tierra carecerán de toda efectividad al no ser de obligado

cumplimiento.

La carta firmada por colectivos de 22 países, advierte de las amenazas de esta

actividad y subraya que imponer esta técnica contra la voluntad de la gran mayoría de

la población europea supone una quiebra democrática. Las protestas se han sucedido

en los los ultimos meses en lugares sobre los que planeaban planes de perforación

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como Zurawlow (Polonia), Balcombe y Barton Moss (RU) o Pungesti (Rumanía) con

duras represiones policiales.

La Comisión europea ignora así el resultado de la consulta pública que realizó en

2013, donde el 64% de los europeos se mostraron contrarios a las explotación de los

gases no convencionales y un 20% opinión que solo debería explotarse bajo una

estricta regulación.

Este movimiento antidemocrático de la Comisión europea está en línea con las

negociaciones de los tratados de libre comercio entre la UE y EEUU y Canadá, que se

están llevando a cabo con un absoluto secretismo, y donde favorece a las grandes

empresas en detrimento de la sociedad europea. Todo parece indicar que estas

negociaciones darán vía libre a proyectos de fracking y establecerán un marco aún

más favorable a las empresas gasísticas americanas.

Otro elemento importante en el proceso es la revisión de la Directiva de Evaluación de

Impacto ambiental. Mientras el Parlamento europeo logró en otoño de 2013 introducir

unas enmiendas exigentes para obligar a someter a este procedimiento a todos los

proyectos de fracking, el Consejo europeo ha forzado la exclusión de las más

importantes en otra vuelta de tuerca para debilitar la regulación.

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, son dos de las trescientas organizaciones

[2] que han enviado el documento escrito a la Comisión, al Consejo y al Parlamento

Europeo, junto al Presidente Rajoy, el Ministro de Industria y distintos eurodiputados

españoles. Las organizaciones reclaman la necesidad de abandonar la senda de los

combustibles fósiles y de avanzar hacia unas políticas energéticas basadas en las

energías renovables.

Notas:

[1] Carta firmada por 300 organizaciones europeas:

[2] Listado de organizaciones firmantes http://www.sosclima.org/wp-

content/uploads/2014/01/Lista-firmantes-16-enero.pdf

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 22/01/2014

Sección: Fracking

Posicionamiento de Colegio Oficial de Geólogos

sobre el ‘fracking’

El ICOG no se opone a la exploración, investigación y aprovechamiento de

recursos energéticos con utilización la técnica denominada fracturación

hidráulica (‘fracking’), siempre y cuando los trabajos se realicen: 1)

Ante la creciente incertidumbre que la información aparecida en diferentes medios de

comunicación sobre la fracturación hidráulica (fracking’) ha creado a los ciudadanos, la

Junta de Gobierno del ICOG en su reunión del pasado 18 de febrero de 2013 aprobó

el siguiente posicionamiento sobre la utilización de la técnica conocida como

fracturación hidráulica.

El ICOG no se opone a la exploración, investigación y aprovechamiento de recursos

energéticos con utilización la técnica denominada fracturación hidráulica (fracking’),

siempre y cuando los trabajos se realicen: 1) en estricto cumpliendo de la normativa

legal (medioambiental y de cualquier otro tipo) que sea de aplicación y que se

encuentre actualmente vigente y/o que en el futuro sea aprobada, y 2) utilizando

escrupulosamente los más altos estándares y las mejores prácticas de la industria de

exploración y producción de hidrocarburos, basados en la muy dilatada experiencia

que con respecto al empleo de la fracturación hidráulica ya existe.

En cuanto a la normativa medioambiental, la legislación vigente exige el cumplimiento

de los principios de cautela y de acción preventiva previstos en el artículo 191.2 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del Real Decreto Legislativo 1/2008,

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de

Impacto Ambiental de Proyectos y la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del

mismo, así como otras normas en vigor en el ámbito de la Unión Europea, estatal y

autonómico que son de aplicación.

En cuanto a la puesta en práctica de las mejores praxis de la industria, el ICOG

considera que los proyectos de investigación y/o explotación de recursos energéticos

que empleen la fracturación hidráulica deberán incluir una planificación detallada de

todos los trabajos a desarrollar, incluyendo los diseños precisos que garanticen:

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1).- Que los emplazamientos se construyan de forma adecuada para que, tanto los

trabajos de perforación, los de estimulación mediante fracturación hidráulica, como el

resto de las actividades relacionadas, puedan realizarse en condiciones de ‘vertido

cero’, evitando cualquier tipo de derrame contamínate a la superficie del terreno y/o a

los cauces fluviales.

2).- Que en los trabajos de perforación, entubado, cementación, estimulación

mediante fracturación hidráulica y cualesquiera otras labores relacionadas que se

desarrollen en el interior del pozo, se realicen de forma que se garantice la integridad

del pozo y la no afección a los acuíferos que hayan sido atravesados por el sondeo.

Así mismo, el ICOG considera necesario que se realice un seguimiento detallado de los

trabajos de perforación y de estimulación mediante fracturación hidráulica y que se

diseñe e implemente un programa de vigilancia ambiental dotado de los medios

técnicos y humanos necesarios para realizar un seguimiento continuo durante el

desarrollo de los trabajos de perforación y fracturación hidráulica.

Finalmente, en el caso que los poderes públicos consideren que el actual marco

regulatorio no sea suficiente para regular de forma adecuada el empleo de la

fracturación hidráulica y que, en su opinión, deba desarrollarse normativa específica,

el ICOG se pone a disposición de la Administración General del Estado y de las

Comunidades Autónomas y organismos y poderes públicos con competencias en la

materia para asesorar en la realización de dicha normativa, especialmente en los

aspectos que tengan relación con el conocimiento del subsuelo y del medio natural

(geología de superficie, geología del subsuelo, hidrogeología, contaminación de

acuíferos, riesgos de afección, etc).

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 23/01/2014

Sección: Fracking

La UE ‘se lava las manos’ y renuncia a legislar

sobre el fracking

Las recomendaciones sobre 'fracking' forman parte del paquete de medidas

sobre clima y energía presentadas este miércoles por el Ejecutivo

comunitario.

La Comisión Europea ha renunciado a legislar sobre la extracción de gas no

convencional mediante fracturación hidráulica ('fracking'), tal y como reclamaban la

Eurocámara y los ecologistas, y se ha limitado a aprobar hoy una serie de

recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros para que estudien el impacto

medioambiental de estas iniciativas y mejoren la transparencia para los ciudadanos.

Las recomendaciones sobre 'fracking' forman parte del paquete de medidas sobre

clima y energía presentadas este miércoles por el Ejecutivo comunitario. Bruselas

justifica la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las

recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de

los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que

rechazaban la intervención de la UE.

A diferencia de Estados Unidos, donde la "revolución" del 'fracking' ha reducido

considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción

comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros han concedido licencias de

prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos

trabajos sólo se han iniciado en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y

Reino Unido, según los datos de Bruselas.

En Polonia ya se han realizado tests pilotos de producción y el Ejecutivo comunitario

cree que la producción podría empezar en 2015-2017 en países como la propia

Polonia o Reino Unido.

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"El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también

es motivo de preocupación entre la opinión pública", ha dicho el comisario de Medio

Ambiente, Janez Potocnik. "La Comisión está respondiendo a los llamamientos para

actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para

abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los

operadores e inversores la predictibilidad que necesitan", se ha justificado.

En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados

miembros a planificar con antelación y evaluar posibles efectos acumulativos antes de

conceder licencias, así como a a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos

medioambientales. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de

extracción se ajusta a las mejores prácticas.

El Ejecutivo comunitario recomienda además a los Gobiernos verificar la calidad del

suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el

objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se

planteen. También plantea controlar las emisiones, incluyendo las de gases de efecto

invernadero, capturando los gases.

Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión

pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción.

Finalmente, deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas

durante todo el proyecto.

Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en

un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas

sobre las medidas que han puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la

aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la

actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque

es suficiente o se requiere legislación.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 23/01/2014

Sección: Fracking

Al PSOE no le gustan los objetivos de clima y

energía para 2030 de la UE

A su juicio, parece que Bruselas ha renunciado a "cualquier atisbo de

política de desarrollo social atrincherada tras la coartada de "todo por una

política de crecimiento económico".

El secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, ha

manifestado que el PSOE "no comparte" los objetivos del nuevo paquete de energía y

clima para 2030 presentado este miércoles por la Comisión Europea, porque considera

que, con ellos, Europa "prefiere optar por aferrarse al pasado, antes que intentar

ganar el futuro y esa es la táctica de perdedores".

Así, recuerda que los objetivos de los socialistas europeos, son una reducción de

emisiones de gases de efecto invernadero del 50 por ciento respecto a los niveles de

1990; un 40 por ciento de ahorro y eficiencia y llegar a un 45 por ciento de energía de

origen renovable.

Morán ha añadido que el grupo de socialistas y demócratas europeos admitió una

rebaja de objetivos respecto a la propuesta del Parlamento Europeo para lograr el

"máximo consenso" pero ha lamentado que la Comisión ha preferido "devaluar" los

objetivos acordados, otorgando así más relevancia a los lobbies de presión, que al

propio Parlamento.

A su juicio, parece que Bruselas a renunciado a "cualquier atisbo de política de

desarrollo social atrincherada tras la coartada de "todo por una política de crecimiento

económico".

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En este contexto, ha criticado el "conservadurismo climático de la derecha que

gobierna en las instituciones comunitarias que está llevando a Europa a perder el

liderazgo sobre la política que decidirá el futuro del planeta".

"Si no somos conscientes de que hay materias en las cuales las oportunidades de

competir con EEUU o China son nulas para la Unión Europea, y renunciamos a aquella

en la cual el Viejo Continente puede seguir siendo referente de desarrollo para el resto

de regiones del Planeta, nuestro riesgo real es el de la irrelevancia, y las

consecuencias de esa pérdida de protagonismo serán a su vez letales para la

economía", ha advertido.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 24/01/2014

Sección: Fracking

El Colegio de Geólogos pide que el Gobierno regule

la explotación del fracking para evitar 17

legislaciones autonómicas

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), tras conocer la postura de la

Unión Europea, considera que el Estado español debe regular la explotación

de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fracturación

hidráulica o fracking para evitar 17 legislaciones autonómicas distintas.

“Es preocupante que no haya un consenso generalizado y que cada

comunidad autónoma lo regule a su manera”. El Colegio considera que las

recomendaciones de la Unión Europea son constructivas para asegurar el

impacto medioambiental.

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), tras conocer la postura de la Unión

Europea, considera que el Estado español debe regular la explotación de

hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fracturación hidráulica o

fracking para evitar 17 legislaciones autonómicas distintas.

“Es preocupante que no haya consenso y que cada comunidad lo regule a su

manera”, explica el presidente del Colegio Luis Suárez. Según el ICOG, en España

están en trámite cien permisos de exploración de hidrocarburos, por lo que “se hace

necesario un marco regulatorio común”.

En ese sentido, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de la postura

del ICOG sobre extremar los requisitos y vigilar el cumplimiento estricto de la

evaluación de impacto medioambiental para que el fracking no produzca efectos sobre

el medio ambiente.

En esa línea, el ICOG piensa que es fundamental en la investigación y explotación de

hidrocarburos no convencionales por fracturación hidráulica (fracking) “asegurar la

integridad de los pozos para evitar contaminar las aguas subterráneas, analizar el

estado previo del agua antes de la fase de exploración, minimizar la posible sismicidad

inducida y procurar que no se produzcan emanaciones de metano que contaminen las

aguas subterráneas y se liberen a la atmósfera.”.

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Por último, para el Colegio de Geólogos, cuanto más avance la técnica la investigación

desarrollo e innovación en el fracking más se pueden y se deben extremar estas

precauciones. “Si dentro de unos años la técnica se consolida más países se apuntaran

al carro”, indica.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Noticia publicada: 30/01/2014

Sección: Fracking

Medio Ambiente garantiza que la evaluación

ambiental del fracking será ‘extremadamente

exigente’

Cañete, que ha comparecido en rueda de prensa con el presidente de

Cantabria, Ignacio Diego, para informar de inversiones en materia

hidráulica

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha garantizado este miércoles

que los proyectos de fracking serán sometidos a una evaluación ambiental "muy

sofisticada, muy exigente y muy dura", una evaluación -ha dicho- "con todas las

garantías", para que "no pueda haber riesgo de contaminación de acuíferos o aguas".

Cañete, que ha comparecido en rueda de prensa con el presidente de Cantabria,

Ignacio Diego, para informar de inversiones en materia hidráulica, ha realizado estas

declaraciones a preguntas de los medios de comunicación sobre el recurso de

inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de Cantabria que

prohíbe la fractura hidráulica en el territorio regional, por considerar que vulnera la

Ley de Hidrocarburos.

El ministro ha destacado que "con mucha anterioridad" a que "estallara esta

polémica", el Gobierno central sometió por ley los proyectos de fracking a una

evaluación ambiental que "va a ser muy exigente, muy sofisticada y muy dura". Arias

Cañete ha añadido que en Cantabria hay "diez proyectos pero ninguno ha llegado a la

fase de que tengamos que empezar el análisis".

El ministro ha considerado que el Gobierno de Cantabria estaba "absolutamente

legitimado" para impulsar la ley que prohíbe el fracking, reflejando en ella "el sentir de

la opinión pública" de la región, pero el Gobierno central "quiere que se respete el

marco competencial" y será el Tribunal Constitucional el que "arbitrará si ha habido

invasión de competencias o no".

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"Doctores tiene la iglesia, yo me limito a evaluar ambientalmente los proyectos que

se coloquen en mi mesa", ha defendido Cañete, quien ha añadido que el paisaje de

Cantabria le parece "maravilloso" pero su responsabilidad es que los proyectos

"tengan todas las garantías medioambientales".

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha añadido que el Gobierno

regional permanecerá "expectante" ante esas evaluaciones ambientales. Diego ha

defendido que "cada uno tiene unas responsabilidades", y el Gobierno de Cantabria

"ha puesto por delante la preservación de unos valores de los que nos sentimos

responsables y que ponemos por encima de otros intereses". "Vamos a seguir

actuando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora", ha asegurado Diego.

Fuente: ECOTICIAS (MADRID)

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Sección:

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Noticia publicada: 01/01/2014

Sección: Sostenibilidad

Los impuestos medioambientales salvan la

recaudación fiscal

Los ingresos tributarios crecen un 0,9% hasta noviembre cuando

estaba previsto un alza del 3,7% para todo el año

Los tributos verdes aportan 2.000 millones

Hace año y medio cuando el huracán de la crisis amenazaba con hacer encallar la

economía española en un rescate, que conllevaba una costosísima hipoteca, Bruselas

entregó un mapa del tesoro con el que España podría dejar atrás la tormenta si seguía

paso a paso las instrucciones. En aquella carta de navegación, la Comisión Europea

sugería a España, entre otras cosas, que tendría que subir los impuestos

medioambientales.

Desde entonces, el Ejecutivo Popular de Mariano Rajoy se ha afanado en tratar de

cumplir las indicaciones marcadas por Bruselas sobre los impuestos verdes sobre todo

para embridar el déficit público. Ha aprobado más de media docena de nuevos

tributos medioambientales, la mayoría vinculados a la energía. Hasta noviembre de

2013, estos impuestos han aportado cerca de 2.000 millones de euros a las arcas

públicas. “La fiscalidad medioambiental más los cambios en el impuesto sobre

Hidrocarburos y en el impuesto sobre el carbón, asociados a la misma, suman 1.932

millones de euros hasta noviembre, casi tanto como las medidas que afectan al IRPF”,

señala el último informe mensual de recaudación de noviembre elaborado por la

Agencia Tributaria difundido el pasado lunes. En concreto, el impuesto sobre el valor

de la producción eléctrica, introducido a principios de 2013, ha reportado en

noviembre un ingreso de 502 millones. Durante los 11 primeros meses este tributo ha

aportado 1.257 millones al fisco.

España era hasta 2013 el país de la Unión Europea (UE) que menos ingresa por estas

tasas verdes en relación con el PIB, según datos de Eurostat. La recaudación por estos

tributos solo representa un 1,62% de la riqueza nacional, un punto menos que la

media europea (2,6%). Pero en el último año y medio el Ministerio de Hacienda ha

aprobado impuestos medioambientales, la mayor parte están destinados a taponar el

déficit eléctrico, como el impuesto a la generación de residuos nucleares, el canon a la

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energía hidroeléctrica, el impuesto especial al gas, el céntimo verde al carbón y otro

céntimo verde para el fuel y el gasóleo. Además, el Departamento que dirige el

ministro Cristóbal Montoro aprobó hace unas semanas un nuevo impuesto sobre los

gases fluorados de efecto invernadero y modificó el que grava el combustible nuclear

gastado pero su impacto en 2013 será limitado.

Pese al impulso de la fiscalidad medioambiental y la subida de otros impuestos, los

ingresos tributarios solo crecen un 0,9% hasta noviembre cuando los Presupuestos de

2013 preveían un alza del 3,7%. Durante los 11 primeros meses de 2013, el fisco solo

ingresó 1.395 millones más que el año anterior. La recaudación por impuestos directos

(IRPF, Sociedades) caen mientras que suben las de los impuestos indirectos (IVA y

Especiales).

Los ingresos por IRPF registran hasta noviembre un leve descenso del 1% debido al

descenso del número de trabajadores y el fin del efecto del gravamen

complementario.

El impuesto de Sociedades presenta una caída del 11% pese a los cambios para

aumentar la recaudación, según el informe de recaudación de la Agencia Tributaria

correspondiente a noviembre. La limitación de la deducción de los gastos de

amortización del impuesto de sociedades que entró en vigor en 2013 permitió ingresar

1.900 millones más. Aún así, la disminución del dinero que las empresas pagan por

sus beneficios será menor que la registrada hasta noviembre porque aún está

pendiente la liquidación del tercer pago fraccionado de diciembre que incluye las

últimas medidas aprobadas por el Gobierno [limitación de las pérdidas de valores en el

extranjero] que mejorarán la recaudación.

El IVA aumenta un 5,1% a pesar de que ya se ha diluido el efecto de la subida de

tipos del año pasado. También crecen los Impuestos Especiales debido al fuerte

crecimiento de Hidrocarburos y a los sucesivos aumentos del gravamen sobre el

tabaco y el alcohol.

El Ejecutivo de Rajoy ha exprimido los impuestos para tratar de enderezar las cuentas

públicas. Montoro es el ministro que más impuestos ha subido desde en las últimos

tres décadas. La Agencia Tributaria valora el impacto que los cambios normativos en

vigor ha supuesto sobre la recaudación. Hasta noviembre las subidas de impuestos

han aportado 11.664 millones aunque muchas de estas medidas no han tenido el

efecto deseado.

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Es el caso del gravamen sobre los premios de Loterías. Este tributo, que entró en

vigor el año pasado, grava con un 20% los premios de Lotería y otras apuestas

superiores a los 2.500 euros, siempre y cuando la apuesta o participación sea igual o

superior a los 50 céntimos. Hacienda estimó que ingresaría unos 825 millones con este

nuevo tributo pero hasta noviembre solo ha ingresado un tercio de lo previsto (250

millones). Aún está pendiente la inyección de la Lotería de Navidad pero aún con esto

no se cumplirán los pronósticos del Ejecutivo. El documento de la Agencia Tributaria

también revela que Hacienda ingresó hasta noviembre 133 millones de euros por las

tasas judiciales aprobadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo que

supone solo el 43% de los 306 millones previstos.

Fuente: EL PAIS (MADRID)

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Noticia publicada: 22/01/2014

Sección: Sostenibilidad

El Consejo de Estado enmienda toda la ley de

Parques Nacionales

El organismo se queja de “la urgencia” con la que ha tenido que

estudiar el texto

Dice que parte del texto podría invadir competencias y que hay puntos

“inconstitucionales”

El Gobierno permitirá usos turísticos en los parques nacionales

Empieza el negocio en los Parques Nacionales

El Consejo de Estado tiene dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Parques

Nacionales que ultima el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

una norma que durante su tramitación ha levantado controversia por autorizar, por

primera vez, usos turísticos en las 15 grandes joyas naturales españolas. El Consejo

de Estado alerta al ministerio de Miguel Arias Cañete de que el anteproyecto podría no

ajustarse a “los parámetros de constitucionalidad” y le insta a reconsiderar “la

totalidad del texto”, según recoge el dictamen de esta institución, de 26 de diciembre,

al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El órgano consultivo señala que hay varios artículos de la nueva ley que podrían

invadir competencias de las comunidades autónomas, especialmente los que tienen

que ver con la regulación del procedimiento de declaración de los parques, la

declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental y la intervención

del Estado en caso de conservación desfavorable. El dictamen recuerda que ha habido

mucha “litigiosidad constitucional” con leyes anteriores que regulaban los parques

nacionales, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, según han

determinado varias sentencias del Tribunal Constitucional, y que hay que “cuestionar

la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente

controversias competenciales”.

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La gestión de los parques nacionales ha generado tradicionalmente muchas fricciones

entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que han elevado sus quejas a los

tribunales. La ley anterior, de 2007, provocó recursos ante el Constitucional que ahora

el Consejo de Estado teme que podrían repetirse puesto que “un porcentaje muy alto

de su texto es simple copia literal de los artículos actualmente vigentes”. Es decir, este

organismo le dice a Cañete que está prácticamente copiando una ley socialista que ya

generó conflicto en los tribunales y señala que “sería muy conveniente” reflejar tal

coincidencia en la exposición de motivos.

El Consejo de Estado menciona en dos ocasiones que “la urgencia” con la que le han

solicitado el dictamen le impide profundizar en el anteproyecto y que se tiene que

limitar a analizar los aspectos “potencialmente más conflictivos”. Uno de ellos es la

declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental, que según el

texto corresponde al presidente del organismo autónomo de Parques Nacionales. El

dictamen señala que es “necesario articular un mecanismo que permita actuar primero

a la comunidad autónoma” y que se debe definir —“debería a toda costa dejarse muy

claro”— qué se entiende por emergencia.

El anteproyecto de ley también faculta al Gobierno para intervenir en caso de

“conservación desfavorable” del parque nacional. El Consejo de Estado considera, en

primer lugar, que “no basta con aludir de manera genérica” a los supuestos en los que

se produciría esa intervención, como que “los mecanismos de coordinación no resulten

eficaces”, sino que es necesario incluir en el texto un “trámite de requerimiento formal

final” a la comunidad autónoma para que sea ella, en el ejercicio de sus competencias,

la que actúe en primer lugar.

Al órgano consultivo también le genera dudas una disposición adicional dedicada a las

zonas sometidas a exigencia de la defensa nacional. El texto habla de “informe

determinante” del Ministerio de Defensa en la toma de decisiones, algo que para el

Consejo de Estado “es simplemente inconstitucional”. “Debe corregirse la redacción de

este párrafo”, asegura. El Consejo también pone pegas a uno de los aspectos más

controvertidos del anteproyecto: el hecho de que por primera vez se autoricen

actividades de ocio en los parques naturales. En concreto, permitir el vuelo sin motor

en el parque de Sierra de Guadarrama. “Es totalmente impropio incluir formalmente

en una ley general aplicable a todos los Parques Nacionales este precepto tan

específico y que solo tiene por objeto la regulación de una actividad de un uso

concreto en uno de los parques”, concluye el dictamen.

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Desde la organización conservacionista SEO/BirdLife aseguran que durante el proceso

de participación de la norma tanto las comunidades como las ONG advirtieron sobre

los puntos que ahora cuestiona el Consejo de Estado. “La posición es unánime entre

las organizaciones. Queremos que se fortalezca la red de parques, porque ahora les

falta coordinación y están en una situación débil, pero ante el riesgo de que la norma

sea anticonstitucional como dice el Consejo de Estado, hay que medir si se debe

seguir adelante o no, puesto que nos jugamos mucho”, señalaron fuentes de la ONG.

“El informe es muy claro y el propio Gobierno es consciente de que hay serias dudas

de inconstitucionalidad. Tanto es así, que sospecho que el fin último no es arrogarse

competencias que un tribunal negará, sino devaluar los contenidos conservacionistas y

flexibilizar los usos permitidos”, señala el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Hugo

Morán. “Ya lo estamos viendo: autorización de cacerías, aprovechamientos turísticos y

de ocio antes no permitidos...”, añade.

Una portavoz del ministerio aseguró ayer que “todas las recomendaciones” del órgano

consultivo se han incorporado en el nuevo texto de la ley, que podría elevarse a

Consejo de Ministros esta misma semana. “España cuenta con 15 Parques Nacionales

y es obligación del Estado conservarlos”, añadió.

Fuente: EL PAIS (MADRID)