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ECONOMÍA LEGISLACIÓN

Llega a España la directiva de servicios

D espués de varios años sembrados de polémica, la directiva comunitaria de servicios llega a Espa-ña para quedarse y con el

objetivo de convertirse en una de las principales armas del Gobierno para mejorar la competitividad del sector más importante de nuestra economía. Los servicios son responsables de dos terceras partes del Producto Interior Bruto (PIB) español, del 66% del va-lor añadido bruto de nuestra econo-mía, y de más del 60% del volumen de empleo. Han sido uno de los grandes creadores de empleo en los años de bonanza, a pesar de que también es uno de los que sufre con más fiereza la destrucción de puestos de trabajo por la crisis.

Según el secretario general de Po-lítica Económica del Ministerio de Economía, Ángel Torres, “el objetivo de la directiva es convertirse en un instrumento para mejorar la integra-ción económica en la Unión Europea, pero para el Gobierno supone también un programa ambicioso de mejora de un sector clave en la economía”. El Ministerio de Economía ha afrontado la transposición de la directiva con el objetivo de ampliar al máximo sus po-tenciales efectos positivos. La decisión contrasta con la evolución seguida por la norma, porque la directiva Bolkes-tein no ha sufrido nada más que re-cortes desde la publicación del primer borrador. La directiva se convirtió en su día en el “ejemplo del mal”, como explica Fernando Fernández, rector de

la Universidad Nebrija, para algunos partidos políticos, los sindicatos y los grupos antiglobalización. Utilizando la imagen simplificadora de “el fonta-nero polaco”, se alimentó el miedo a la llegada de trabajadores de los nuevos países comunitarios de Europa Cen-tral y del Este, que desbancarían a los profesionales nacionales al prestar el mismo servicio a un precio más bajo. Llegó incluso a ser una de las razones clave del rechazo de los franceses a la Constitución europea y del abandono de la primera versión del tratado.

Lo que pudo haber sidoMás que mermas al texto original, los dirigentes comunitarios han optado por excluir varios sectores para evitar suspicacias. Por ello, el nuevo marco

La transposición de la polémica Directiva Bolkestein a la legislación española pretende agilizar los trámites relacionados con la actividad empresarial, pero ha despertado algunos recelos en el sector

Ventajas e inconvenientesLa directiva puede corregir la fragmentación normativa del mercado nacional, pero a las agencias de viajes les preocupa la ausencia de mecanismos de control en el acceso a la actividad profesional.

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El origen de un nombreEl comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi, Frits Bolkestein, presentó y defendió en 2004 esta directiva, aprobada en 2006.

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lobbies de Bruselas”, asegura el rector de la Universidad.El objetivo esencial de la directiva es crear un mercado libre de prestación de servicios en la Unión Europea, es decir, la desregulación del sector. Se-gún el texto de la directiva, la frag-mentación del mercado repercute de forma negativa en el conjunto de la economía europea y en la competi-tividad de las empresas, por lo que la supresión de las barreras dará un nuevo impulso al empleo y la riqueza generados por el sector clave de la economía comunitaria.Ello resulta aún más evidente en la economía española, que cuenta con graves problemas de competitividad. Según la Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económi-co (OCDE), los principales obstáculos al comercio en nuestro país son los monopolios públicos y las restriccio-nes para el establecimiento libre de locales. Igualmente, cita las licencias y los colegios profesionales. La nueva directiva acaba con muchas de estas cortapisas. Desaparecerán las autori-zaciones previas para prestar un servi-cio y se sustituirán por declaraciones. También elimina determinados requi-sitos discriminatorios y prevé que to-dos los trámites se realicen a través de una ventanilla única. Los prestadores de otros Estados miembros también podrán ejercer su actividad en España, sometidos a un régimen especial, y también contempla una mayor protec-ción para los consumidores.Javier Millán, director general de la Asociación Nacional de Grandes Em-presas de Distribución (ANGED), ex-plica: “Uno de los grandes avances de la directiva de servicios es que prohíbe la planificación del sector servicios”. Ya no se puede supeditar la prestación de un servicio a una licencia, a la pre-sentación de un estudio económico, o a cualquier otro requisito. “Sólo habrá autorización para ciertas actividades si se cumplen tres condiciones: que obedezca al interés general, que no sea discriminatoria y que sea propor-cional al requisito que se pretende conseguir”, añade Millán.

Tramitación complicadaCumplir este mandato comunitario requiere la revisión de multitud de normas en todos los niveles de la Ad-ministración: central, autonómica

trabajadores pueden acogerse a las normas nacionales y cuándo no. “Al ser los funcionarios de la Comisión los que interpretan la normativa, las decisiones que se tomen en Bruselas se verán afectadas por la presión de

regulador no se aplicará a los servi-cios sanitarios, los financieros, los de transporte, a las empresas de trabajo temporal, el sector audiovisual, a de-terminados servicios sociales y a la seguridad privada.Según el rector de la Universidad Nebrija, “la directiva murió con el fontanero polaco”. Este experto con-sidera que la norma podría haber ido mucho más lejos en la creación de un mercado único de servicios, pero no pudo hacerlo al no llegar a aplicarse el principio de país de origen. Éste consistía en que el profesional que cumple las normas de un país para prestar un servicio podría hacerlo en todos los demás. En lugar de este principio, se decidió que la Comisión Europea interpretaría cuándo los

Impacto en la economía española en tres años ◗ PIB: +1,20%◗ Inflación: –0,40%◗ Empleo: +0,24%◗ Consumo: +1,19%◗ Inversión: +0,82%◗ Salario real: +1,33%

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

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y local. Alrededor de 40 leyes ten-drán que ser modificadas y se verán afectados unos 7.000 procedimientos administrativos, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda. Conscientes de ello, las autoridades comunitarias ampliaron el plazo habi-tual de transposición de esta directiva de dos a tres años. Blanca Fernández, de la Secretaría General de Competen-cia y Regulación Económica, cree que los preparativos están algo atrasados, pero afirma que la directiva se prevé que entre en vigor en España dentro de plazo.La puesta de largo de la directiva tuvo lugar el pasado 27 de marzo en el Con-sejo de Ministros. En esta reunión se aprobó la primera parte de la directi-va, conocida como Ley Paraguas, que establece los principios de actuación que deberán seguir a partir de ahora las administraciones públicas cuando legislen sobre la prestación de servi-cios. El siguiente paso será la apro-bación de la Ley Ómnibus, donde se incluyen todas las leyes que deben ser modificadas para acoplar la legisla-ción española a la comunitaria.

Mecanismos de controlEl informe Efectos macroeconómicos potenciales de la directiva de servi-cios para España, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, establece que todas las actividades de nuestra economía dependen de los servicios; por ello, toda la economía

se beneficiará de su flexibilización. Además, la directiva también ayudará a superar la fragmentación del merca-do interior. Algunos expertos critican que la cesión de competencias a las comunidades autónomas ha creado un enjambre de normas en el que los empresarios que prestan servicios en varias comunidades tienen dificulta-des para desenvolverse.En la misma línea, las asociaciones del sector han hecho llegar al Gobier-no sus alegaciones respecto de este sistema de transposición al considerar que la directiva “no va a suponer una

oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, debido a la ausencia de mecanismos de control efectivos”. En un comunicado firma-do por AMAVE, UCAVE, AGAVI, AVIBE, AEVAV, AEDAV y ACAV, las asociaciones consideran que la elimi-nación de trámites y de los regímenes de autorizaciones facilitará que profe-sionales de toda índole accedan a la prestación de servicios turísticos “sin conocimientos ni especialización”, lo que contribuirá al “desprestigio de la actividad desarrollada por los agentes de viajes”. ■

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Agencias de viajesLas agencias de viajes serán, dentro del sec-tor turístico, las más afectadas por la nueva normativa. El turismo es competencia de las comunidades autónomas y son los gobier-nos regionales los que legislan esta materia. Tendrán que adaptar sus leyes a la directiva de servicios y, al mismo tiempo, deberán estable-cer las excepciones a su cumplimiento.

Actualmente, para abrir una agencia de viajes se requiere una autorización que sólo permite operar en la comunidad au-tónoma donde se solicita. De esta forma, si una agencia de viajes española quiere cubrir todo el territorio nacional, tiene que solicitar 17 autorizaciones y cumplir con los requisitos que le plantea cada una de las administracio-nes, porque el proceso es diferente en cada una de ellas, según expone un informe elabo-rado por la Universidad de Alcalá.Por otra parte, las agencias de viajes des-empeñan esta actividad en exclusiva, lo que les impide asociarse con otros negocios para innovar. Algo que cambiará con la nueva direc-tiva, que permitirá a los empresarios prestar diferentes servicios. La nueva regulación tam-poco obliga, en teoría, a la compulsa de los diferentes documentos, al dejar de ser nece-

saria la autorización previa. Pero José Manuel Maciñeiras, presidente de la Asociación Em-presarial de Agencias de Viajes Españolas (AE-DAVE), espera que las condiciones de apertura de una agencia de viajes, relacionadas con el depósito de avales y capital y la contratación de seguros, se mantengan y asegura que el cumplimiento de las cláusulas que permiten el acceso a una autorización representa una garantía de calidad para los clientes. Añade que la directiva de servicios dará lugar a acti-vidades reguladas y desreguladas, y opina que la libertad de acción total no es aconsejable para el sector. Según Maciñeiras, los servi-cios de las agencias de viajes requieren cualificación y no pueden ser prestados por empresas de otro sector. Por este motivo, ha pedido a los gobiernos autonómicos que mantengan las autorizaciones.

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