Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
Entidad de Certificación y Evaluación
Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales,
Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de
la Sociedad Civil, e Instituciones
Servicio de evaluación con propósitos de
habilitación, acreditación y certificación
Resultados 2016
Ciudad de México, octubre de 2017.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Este trabajo se publica bajo la responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Evaluación
y Certificación; los datos presentados provienen de los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación-acreditación-certificación. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial del INCA Rural.
Vigencia del documento en la Página Web del INCA Rural: 2017-2018.
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación
Janitzio Enrique Durán Ortegón
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Elaboró:
Arturo Galicia Sanjuán
Se agradecen las aportaciones de datos del
Equipo de Evaluación y Certificación
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 4
MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................... 5
Una mirada al pasado ................................................................................................................... 5
Alineación de la certificación en el ámbito público .................................................................... 8
El servicio sustantivo de evaluación .......................................................................................... 10
RESULTADO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN, 2016 ....................................................... 12
Número de personas físicas evaluadas ...................................................................................... 12
Número de personas habilitadas ................................................................................................ 15
Número de personas acreditadas ............................................................................................... 15
Número de personas certificadas ............................................................................................... 16
REFLEXIONES FINALES ............................................................................................................ 21
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 24
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PRESENTACIÓN “Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos es el océano.” Isaac Newton
l Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada
a la SAGARPA, tiene la alta responsabilidad de impulsar y
coordinar procesos de desarrollo de capacidades, extensionismo y
evaluación de competencias laborales en beneficio de la población
rural. Cuenta con dos servicios sustantivos, uno de ellos es el
denominado “Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales,
Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad
Civil, e Instituciones”, a través del cual se reconocen las competencias
de los extensionistas, productores agrícolas, pescadores y
trabajadores del campo.
Este documento, publicado por la Dirección General Adjunta de
Evaluación y Certificación del INCA Rural, tiene el propósito de
presentar los resultados del Servicio de Evaluación, correspondiente
al ejercicio 2016. La información se integró en dos apartados, el
primero constituye un marco referencial en el cual se exponen los
antecedentes e importancia del servicio; en el segundo, se integran los
resultados obtenidos en el proceso sustantivo de evaluación-
acreditación-certificación, en las modalidades de habilitación,
acreditación y certificación.
Se espera que la información enriquezca los conocimientos de los
lectores y permita en el ámbito de la gestión pública –si así fuera el
caso– a la toma de decisiones de los servidores públicos vinculados
al desarrollo rural sustentable. Con esta modesta contribución se
fortalecen los objetivos del Instituto y se refrenda el compromiso de
continuar trabajando a favor del desarrollo del campo mexicano.
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MARCO DE REFERENCIA
“Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.”
Inmanuel Kant
Una mirada al pasado
n la década de los setentas del siglo pasado, algunos países
desarrollados –principalmente del continente europeo–
identificaron el agotamiento de los modelos de organización del
trabajo orientados al incremento de la productividad. Se dieron
cuenta, entre otros aspectos, de la desvinculación entre el sistema
educativo y el sistema productivo. Era necesario, por lo tanto, buscar
nuevas soluciones.
Se genera así una corriente de pensamiento social a favor de la
vinculación entre lo educativo y lo productivo, liderada por el Reino
Unido, seguido de Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania,
Estados Unidos y Canadá. <<El problema que estos países
visualizaron no era solamente de tipo cuantitativo; era también y
sobre todo cualitativo: una situación en donde los sistemas
prevalecientes de educación-formación ya no correspondían a los
nuevos signos de los tiempos. La respuesta era la competencia
laboral.>> (Mertens:1996:1).
México adaptó el enfoque de competencia laboral a partir de las
experiencias del Reino Unido, fundamentalmente. A principios de la
década de los noventas se puso en marcha el Proyecto de la
Modernización de la Educación Técnica y Capacitación (PMETyC) y
en 1995 se constituyó el Consejo de Normalización y Certificación
(CONOCER); éste último, vigente hasta la fecha, se le ha
encomendado la directriz de la normalización y la certificación de
competencias laborales en el país.
En el sector rural, el enfoque de competencia laboral comenzó a
mediados de la década de los noventas, a partir del desarrollo del
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“Proyecto Piloto para la Emergencia de Competencias Laboral en
Microempresas Rurales” en los sistemas de producción más
representativos de tres entidades federativas del país (Yucatán,
Coahuila y Oaxaca). Los resultados de este proyecto piloto,
publicados en 1997, más la generación de la Metodología de Trabajo-
Aprendizaje –configurada a partir de las orientaciones de Bertrand
Schwartz, pensador francés a quien se le atribuye la teorización de la
formación a partir del trabajo–, fueron el parteaguas para la
concepción del sistema de normalización y certificación aplicable al
sector rural, así como el inicio de la elaboración de normas técnicas
de competencia laboral (actualmente denominados estándares de
competencia laboral), a partir del uso del análisis funcional.
Más adelante, con la publicación de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable a principios de la década del dos mil, se abre un nuevo
capítulo en materia de certificación de competencias laborales. Con
las disposiciones del Capítulo III de la citada Ley, así como la puesta
en marcha del SINACATRI, se impulsa por primera vez por parte del
gobierno federal la certificación de competencias laborales de los
extensionistas, fortalecido con un esquema de acreditación para
elevar la calidad de los servicios profesionales. La SAGARPA y el
INCA Rural fueron parte de las instituciones que, en coordinación con
las secretarías de desarrollo rural de los gobiernos de los estados,
comenzaron un proceso de alternancia para formar a los
extensionistas a través de diplomados, y evaluarlos con propósitos de
acreditación y certificación.
Así, la certificación impulsada por la SAGARPA y el INCA Rural
inicia con el uso de las primeras Normas Técnicas de Competencia
Laboral, emitidas por el Sistema de Certificación del CONOCER. En
ese entonces la demanda de certificación y acreditación se focaliza
principalmente en la formulación del diseño de proyectos de
inversión, puesta en marcha y consultoría a empresas rurales. Años
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más tarde, avanza el servicio institucional al incorporar a los
productores, pescadores y trabajadores del campo.
En el 2013, el INCA Rural obtiene la acreditación del CONOCER
para desempeñarse como Entidad de Certificación y Evaluación,
función que le ha permitido conjugar hasta la fecha las acciones de
formación y las acciones de evaluación en un mismo grupo de
beneficiarios, promoviendo así el desarrollo de capacidades de
extensionistas, productores, pescadores y trabajadores del campo.
La experiencia en materia de certificación en el sector rural a lo largo
de casi dos décadas, representa un esfuerzo institucional para
contribuir al reconocimiento de las competencias laborales de
aquellos habitantes –hombres y mujeres- que viven en el sector rural
y que, de alguna manera, participan o están vinculados con las
actividades propias del campo. Se refrenda así el compromiso del
Gobierno Federal, conforme a las disposiciones del párrafo XX del
Artículo 27 constitucional.
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Alineación de la certificación en el ámbito público
“El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt
on la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
en mayo de 2013, se da continuidad al proceso de la
administración pública federal, a partir de las metas nacionales
y las estrategias transversales definidas en este documento rector. El
INCA Rural, en su carácter de empresa de participación estatal
mayoritaria sectorizada a la SAGARPA, circunscribe su actuación en
la Meta Nacional IV, México Próspero.
La meta nacional antes señalada tiene que ver con el crecimiento
sostenido de la productividad, identificándose al campo como un
sector estratégico. Por lo tanto, para avanzar en los aspectos de
productividad, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y Alimentario 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 13 de
diciembre de 2013, integró como parte de la estrategia
agroalimentaria, los pilares del cambio, entre los que se encuentra el
referido a “impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico aplicado
y la asistencia técnica con un nuevo extensionismo” (SAGARPA,
2013:64).
El INCA Rural conforme a su marco normativo y atribuciones,
elaboró el Programa Institucional 2014-2018, especificando los
objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas al PND 2013-2018
y al Programa Sectorial 2013-2018. Como Objetivo 1 se estableció
“Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la
articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados
en la materia”, y como Objetivo 2 se propuso “Desarrollar
capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la
integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los
pequeños productores” (INCA Rural, 2015: 19,25).
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Correspondiente a la certificación de competencias laborales
impulsada y desarrollada por la Dirección General Adjunta de
Evaluación y Certificación, se vincula con los dos objetivos. En el
primer objetivo se integran las acciones de certificación orientadas a
la profesionalización de los extensionistas, mientras que en el
segundo objetivo se sitúan las acciones de certificación vinculadas a
los productores agrícolas, pescadores y trabajadores del campo.
Cuadro 1. Alineación de la certificación de competencias a la planeación nacional.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMA SECTORIAL
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
INCA RURAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN
CON PROPÓSITOS DE
HABILITACIÓN,
ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del
Programa Sectorial
Programa Transversal
para Democratizar la
Productividad
Objetivo del Programa
IV.
México
Próspero
Objetivo 4.10
Construir un
sector
agropecuario y
pesquero
productivo
que garantice
la seguridad
alimentaria del
país.
Estrategia 4.10.1
Impulsar la
productividad en el
sector
agroalimentario
mediante la inversión
en el desarrollo de
capital físico,
humano y
tecnológico.
Objetivo 1. Impulsar
la productividad en el
sector
agroalimentario
mediante inversión
en capital físico,
humano y
tecnológico que
garantice la seguridad
alimentaria.
Estrategia Transversal
Democratizar la
Productividad 1.3.
Promover el uso
eficiente del territorio
nacional tanto en las
ciudades como en el
medio rural.
1. Desarrollar
capacidades para la
innovación rural,
mediante la articulación
de organismos
gubernamentales y
sociales especializados
en la materia.
Habilitación, Acreditación y
Certificación de extensionistas
para el fortalecimiento de las
redes territoriales y la innovación.
Certificación de extensionistas de
organizaciones sociales y
económicas para la
profesionalización de sus cuadros
técnicos.
Estrategia 4.10.2
Impulsar modelos de
asociación que
generen economías
de escala y mayor
valor agregado de los
productores del
sector
agroalimentario.
Objetivo 2. Impulsar
modelos de
asociación que
generen economías
de escala y mayor
valor agregado en el
sector
agroalimentario.
Línea de acción 1.3.2.
Fomentar la
organización y las
asociaciones
productivas de los
pequeños productores
que les permitan generar
economías de escala.
2. Desarrollar
capacidades sociales,
productivas y
empresariales,
promoviendo la
integración de cadenas
de valor que articulen
territorialmente a los
pequeños productores.
Acreditación y Certificación de
productores para propiciar la
asociatividad y productividad.
Acreditación y Certificación de
pescadores y trabajadores del
campo para fortalecer las
capacidades sociales, productivas
y empresariales.
Fuente: Adaptado de la Alineación del Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018 con el Programa Sectorial y el PND 2013-2018.
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El servicio sustantivo de evaluación
“Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo paso.” Lao Tsé
on la puesta en marcha del Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno 2013-2018, integrado como una de las tres
Estrategias Transversales en el PND 2013-2018, el INCA Rural
asume el compromiso de la administración pública vigente,
declarando su participación en doce temas. Estos temas son 1)
participación ciudadana; 2) acceso a la información; 3) política de
transparencia; 4) archivos; 5) presupuesto basado en resultados; 6)
inversión e infraestructura; 7) contrataciones públicas; 8)
optimización del uso de los recursos de la APF; 9) procesos; 10)
recursos humanos; 11) mejora regulatoria; y 12) tecnologías de la
información, mismos que se asentaron en las Bases de Colaboración
firmadas entre la SHCP y la SAGARPA en noviembre de 2013.
Correspondiente al tema de Procesos, se inicia en el 2014 el mapeo
de los procesos sustantivos y administrativos del Instituto. En la parte
sustantiva, donde se ubica la certificación de competencias laborales,
comienza la tarea de optimizar el proceso de evaluación-acreditación-
certificación, conforme a los propósitos del PGCM y posteriormente
de acuerdo con las directrices establecidas en la Guía para la
Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos,
publicada por la SFP en febrero de 2016.
Uno de los resultados obtenidos en materia de Procesos Priorizados,
fue la declaración del “Servicio de Evaluación de Pobladores
Rurales, Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de la
Sociedad Civil, e Instituciones”, actualmente registrado en la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Este servicio
es uno de los dos categorizados por el Instituto como sustantivos,
integrado por las modalidades de habilitación, acreditación y
certificación.
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Con este breve recuento se quiere exponer que el Servicio de
Evaluación arriba señalado, forma parte de un proceso de mejora de
la gestión pública, a través del cual se reconocen las competencias
laborales de los extensionistas y pobladores rurales
(independientemente de la forma en que fueron adquiridos), en el
ámbito de la política sectorial orientada a elevar la productividad en
el campo mexicano.
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RESULTADO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN,
2016
“Lo que se mide se puede mejorar.” CONEVAL
l Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores
de Servicios Profesionales, e Instituciones está asociado a los
procesos sustantivos del Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades del Sector Rural, A.C. en el marco de los proyectos,
programas y estrategias nacionales de desarrollo de capacidades,
innovación y/o extensionismo rural (INCA Rural, 2017). A partir de
este servicio se reconocen las competencias laborales que poseen las
personas físicas, conforme a criterios y estándares previamente
determinados.
En el 2016 el servicio sustantivo se desarrolló conforme a los
convenios de colaboración suscritos con la SAGARPA, STPS y
Conapesca. El Instituto desde su función de “Instancia Ejecutora” y
responsable del SENACATRI, proporcionó el Servicio de Evaluación
con propósitos de acreditación y certificación de competencias
laborales en diferentes zonas del país.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el 2016,
desglosados en las modalidades de acreditación y certificación. La
información y datos se presentan por entidad federativa.
Número de personas físicas evaluadas
En el 2016 el INCA Rural proporcionó el Servicio de evaluación con
propósitos de acreditación y certificación, a través de su Entidad de
Certificación y Evaluación, a más de 65 mil beneficiarios, de los
cuales el 92.4% de ellos fueron pobladores rurales, y el porcentaje
restante correspondió a extensionistas.
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Conforme a las modalidades del servicio, de cada 10 personas, 7 de
ellas participaron en la acreditación, 3 en la certificación y ninguna en
la habilitación. Cabe mencionar que la acreditación se fortaleció en
el 2016 a partir del trabajo desarrollado por el Instituto en su carácter
de Instancia Ejecutora, en apoyo a la Conapesca para capacitar y
evaluar a los pescadores en el marco del Propesca. En el caso de la
modalidad de certificación, se proporcionó principalmente a los
extensionistas contratados con recursos en concurrencia, en
coordinación con los gobiernos de los estados, así como a los técnicos
de las organizaciones económicas y sociales interesadas en
profesionalizar a sus equipos de soporte técnico.
Cuadro 2. Resultado del Servicio de Evaluación en el 2016.
Modalidad Número de
extensionistas
Número de
pobladores
rurales*
Total Porcentaje
Habilitación 0 0 0 0
Acreditación 0 48,643 48,643 69
Certificación 4,940 11,597 16,537 31
Total 4,940 60,240 65,180 100
Porcentaje 7.6 92.4 100
* Integra a los productores agrícolas, pescadores-acuicultores y trabajadores del campo.
El Servicio de Evaluación se concentró en cuatro entidades
federativas: Sinaloa, Veracruz, Puebla y Oaxaca, representando el
45% del total de personas evaluadas.
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Figura 1. Número de personas físicas evaluadas en el 2016, por entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
El número de personas evaluadas se incrementó sustantivamente
comparada con el resultado del 2015, al pasar de 37,551 a 65,180
beneficiarios, incremento que representa el 73%.
En lo que va de la presente administración se ha registrado un
aumento sustantivo en el número de beneficiarios evaluados con
propósitos de acreditación y certificación, derivado esencialmente de
la estrategia institucional para profesionalizar los servicios de
extensionismo rural, así como al interés de las organizaciones por
certificar las capacidades de sus integrantes y equipos de soporte
técnico, como una vía para ser más competitivos en los mercados.
3399113114147149194295302
513523532660695
9191310
15271622
182418471941
23302405
255826502709
36763727
50835637
811610930
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
NUEVO LEONAGUASCALIENTES
TLAXCALACOAHUILA
ZACATECASGUANAJUATO
DURANGOMORELOS
CHIHUAHUASAN LUIS POTOSI
QUERETAROQUINTANA ROO
BAJA CALIFORNIACIUDAD DE…
TABASCOBAJA…
ESTADO DE…COLIMA
CAMPECHEYUCATÁN
TAMAULIPASNAYARIT
GUERREROMICHOACAN DE…
CHIAPASJALISCO
HIDALGOSONORAOAXACAPUEBLA
VERACRUZ DE…SINALOA
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Número de personas habilitadas
Como se señaló en párrafos anteriores, la modalidad de habilitación
no se aplicó en el 2016 ante la falta de convocatorias emitidas por el
Instituto. No obstante, es importante destacar que bajo esta modalidad
se evalúan a los extensionistas que tienen interés en participar en
procesos de desarrollo de capacidades, innovación o extensionismo
rural, aspecto que permite fortalecer la calidad de los servicios
profesionales.
Esta modalidad sigue vigente y como tal se podrá aplicar en los
siguientes años en la medida en que el Instituto establezca los
acuerdos con las instituciones del sector para atender las demandas
que se lleguen a identificar.
Número de personas acreditadas
En los términos señalados en la página Web del Instituto, la
acreditación consiste en evaluar al poblador rural (productor,
pescador, acuicultor o trabajador del campo) interesado en obtener un
incentivo especificado en las Reglas de Operación, o bien evaluar al
extensionista para que éste sea proveedor de un determinado servicio
en un proyecto, programa o estrategia de desarrollo de capacidades,
innovación o extensionismo rural. La persona física evaluada que
resulta competente recibe una constancia de acreditación, con validez
oficial en el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica
Rural Integral (SINACATRI).
En el 2016 se acreditaron a 48,643 personas, cifra mayor a la del 2015
que ascendió a 32,987; representando un incremento del 47%. Del
total acreditado, el 76.2% se realizó con pescadores que fueron
beneficiarios del Propesca, y el 23.8% correspondió a trabajadores del
campo, derivado de los acuerdos suscritos con la STPS.
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La acreditación se concentró en los estados de Sinaloa y Veracruz,
con 10,802 y 6,714 beneficiarios, respectivamente, suma que
representa el 36% del total.
Figura 2. Número de personas físicas acreditadas en el 2016, por entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
Número de personas certificadas
En la página Web del Instituto se describe que la certificación
consiste en evaluar a la persona en un determinado estándar de
competencia laboral, conforme los lineamientos y procedimientos de
la Entidad de Evaluación y Certificación; si el candidato resulta
competente, obtiene un certificado de competencia laboral,
documento oficial expedido por el CONOCER, dependiente de la
Secretaría de Educación Pública.
122419287794178231260349422
688880887
123215461606167618151857193519402050
227727702791
35106714
10802
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
NUEVO LEON
DURANGO
ZACATECAS
GUANAJUATO
AGUASCALIENTES
TLAXCALA
CIUDAD DE MEXICO
MORELOS
CHIHUAHUA
SAN LUIS POTOSI
QUERETARO
BAJA CALIFORNIA
QUINTANA ROO
ESTADO DE MEXICO
TABASCO
COLIMA
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIAPAS
YUCATÁN
CAMPECHE
HIDALGO
GUERRERO
JALISCO
TAMAULIPAS
MICHOACAN DE OCAMPO
NAYARIT
PUEBLA
OAXACA
SONORA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SINALOA
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En el 2016 se certificaron a 16,537 beneficiarios, de los cuales 10,310
fueron productores agrícolas, 931 trabajadores del campo y 356
pescadores, más 4,940 extensionistas. La certificación se concentró
en los estados de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, con
el 57.6% del total.
Figura 3. Número de personas físicas certificadas en el 2016, por entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
Del total de personas certificadas, 11,602 son hombres y 4,935 son
mujeres, cifras que representan el 70.2% y 29.8%, respectivamente.
Es de destacar que en todas las entidades federativas se registró la
participación de las mujeres; sin embargo, se reconoce que es
necesario buscar otros mecanismos para lograr un mayor porcentaje
de involucramiento de ellas, toda vez que el fenómeno de la
1323953788085110114124128145145148
192201217241263282311
508548
618735774
8391104
14021861
22922867
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
TAMAULIPAS
NUEVO LEON
TABASCO
NAYARIT
BAJA CALIFORNIA SUR
AGUASCALIENTES
TLAXCALA
QUINTANA ROO
COAHUILA
CHIHUAHUA
SINALOA
ZACATECAS
GUANAJUATO
CAMPECHE
DURANGO
MORELOS
SONORA
YUCATÁN
QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
BAJA CALIFORNIA
MICHOACAN DE OCAMPO
GUERRERO
CIUDAD DE MEXICO
COLIMA
JALISCO
ESTADO DE MEXICO
CHIAPAS
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
HIDALGO
OAXACA
PUEBLA
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feminización sigue avanzando en las áreas rurales, principalmente en
las zonas más marginadas.
Figura 4. Porcentaje de Personas Certificadas por Entidad Federativa, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
Respecto a la edad de las personas evaluadas con propósitos de
certificación, en el siguiente gráfico se observa que el mayor número
se concentra en el rango de edad de 20 a 59 años, equivalente al ciclo
de vida de trabajo en el campo, donde se requiere principalmente de
la fuerza física para realizar las actividades agroalimentarias.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TAMAULIPAS
NUEVO LEON
TABASCO
NAYARIT
BAJA CALIFORNIA SUR
AGUASCALIENTES
TLAXCALA
QUINTANA ROO
COAHUILA
CHIHUAHUA
SINALOA
ZACATECAS
GUANAJUATO
CAMPECHE
DURANGO
MORELOS
SONORA
YUCATÁN
QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
BAJA CALIFORNIA
MICHOACAN DE OCAMPO
GUERRERO
CIUDAD DE MEXICO
COLIMA
JALISCO
ESTADO DE MEXICO
CHIAPAS
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
HIDALGO
OAXACA
PUEBLA
HOMBRE
MUJER
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Figura 5. Edad de hombres y mujeres certificadas en 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
Los estándares de competencia laboral utilizados por la Entidad de
Certificación y Evaluación para certificar a extensionistas,
productores agrícolas, pescadores y trabajadores del campo provienen
del trabajo realizado por el Comité de Gestión por Competencias del
Sector Rural (Agropecuario, Pesquero, Forestal, Ambiental y de
Alimentación), instalado en el 2010 y que hasta la fecha ha
contribuido con más de 40 estándares. De este conjunto de estándares,
en el 2016 se utilizaron 14, de los cuales 10 están vinculados con la
certificación de pobladores rurales y 4 con la certificación de
extensionistas.
Los estándares que concentraron la mayor cantidad de personas
evaluadas, corresponden al EC0272 Cosecha de café y el EC0818
Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva con
personas, grupos sociales y organizaciones económicas, conforme se
ilustra en el siguiente gráfico.
194
2361
2662
23232165
1309
485
96796
1280 1308
1036
727
363
108 16 1
290
3641
3970
3359
2892
1672
593
11280
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
< 20 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 >89
Hombres Mujeres Total
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Figura 6. Personas certificadas por Estándar, 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGAEC, 2016.
Cuadro 3. Nombre de los Estándares de Competencia Laboral utilizados en el 2016.
No. Nombre del Estándar de Competencia Laboral Orientado a
extensionistas
Orientado a
pobladores rurales
1 EC0020 Formulación del Diseño de Proyectos de Inversión del Sector Rural
2 EC0068 Cosecha de hortalizas
3 EC0069 Consultoría a empresas rurales
4 EC0093 Cosecha de cítricos
5 EC0197 Cosecha de caña
6 EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal
7 EC0272 Cosecha de café
8 EC0438 Aplicación del buen uso y manejo de agroquímicos sección campo
9 EC0456 Cosecha de flor de corte
10 EC0481 Cosecha de berries
11 EC0556 Manejo de equinos
12 EC0578 Aplicación de buenas prácticas de manejo de productos pesqueros a
bordo de embarcaciones menores
13 EC0794 Producción de planta de café en vivero
14 EC0818 Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva con personas, grupos sociales y organizaciones económicas
26
113
121
200
356
674
789
868
1255
1336
1769
1802
2809
4419
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
EC0438
EC0456
EC0069
EC0556
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EC0217
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REFLEXIONES FINALES
n México, conforme al Artículo 123 constitucional, a partir de
los 15 años las personas tienen derecho al trabajo digno y
socialmente útil. No obstante, se cree que una persona
incorporada al trabajo desde temprana edad, tendrá mayores
desventajas en el mundo del trabajo comparada con otra persona con
estudios, pues “desde el punto de vista de la educación, así como
desde el punto de vista social y económico, no hay duda de que para
tener un buen nivel de vida, ser un ciudadano responsable y participar
de forma productiva en la economía es necesario adquirir
conocimientos y desarrollar competencias” (CIDAC, 2014:9).
En la actualidad una persona aún con estudios de licenciatura, incluso
con posgrado, no tiene “un cheque en blanco” para salir adelante en
su vida familiar, social y profesional, pues ante las innovaciones
tecnológicas y nuevas formas de organización para trabajo, se
requiere de una actualización permanente y el desarrollo de
competencias. El CIDAC (2014:10) afirma que “la creación de
máquinas y software cada vez más sofisticados han reemplazado a los
trabajadores de industrias en donde los trabajos son repetitivos y por
ende sustituibles por tecnología”, por lo tanto, las personas con
competencias básicas son las más vulnerables.
Nuestro país desde hace dos décadas, derivado del cambio de modelo
económico, viene trabajando fuertemente para competir con las
economías más desarrolladas del mundo. Para ser competitivo, está
llevando a cabo un conjunto de ajustes y cambios en el sector
educativo y el sector productivo, donde las competencias laborales
juegan un papel relevante y trascendente.
Ante una dinámica de competitividad mundial, es necesario buscar
alternativas para mejorar la calidad y la ampliación de los servicios
en los territorios rurales, proporcionándoles a los productores las
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condiciones necesarias para que enfrenten con mayores ventajas los
retos del mercado y se desenvuelvan en un entorno de bienestar social.
Trabajar en esta línea abonaría a fortalecer las disposiciones
establecidas en el Capítulo III de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, particularmente las relacionadas con la evaluación y
certificación de competencias laborales.
Conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
y a la política sectorial, el INCA Rural continúa proporcionando el
“Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de
Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad Civil, e
Instituciones”, uno de los dos servicios sustantivos orientado al
reconocimiento de las competencias de los extensionistas y
productores rurales, con prioridad en zonas marginadas. En el 2016,
como se señaló en el apartado de Resultados del Servicio de
Evaluación, se evaluaron a 65,180 beneficiarios, de 129,101
atendidos por el Instituto, cifra que representa el 50.5% (INCA Rural,
2017: 72).
De las tres modalidades que integran el Servicio de Evaluación, la
acreditación es la más robusta, abarcando el 69% del total, seguida
de la certificación que cubrió el 31%. Estas dos modalidades se han
fortalecido en la presente administración, derivado del interés de las
instituciones del sector y de la sensibilidad de las organizaciones
económicas y sociales para profesionalizar a sus integrantes y cuadros
técnicos, aspecto que de alguna manera, también fortalece el
desempeño de la Entidad de Certificación y Evaluación que, en
cumplimiento de sus funciones, sostiene una coordinación
permanente con el CONOCER, la SAGARPA y la STPS.
El Servicio de Evaluación en el 2016 se proporcionó en todas las
entidades federativas del país; sin embargo, por estar orientado en
función de la demanda, la atención se concentró en Sinaloa, Veracruz,
Puebla y Oaxaca, las cuales se caracterizan por tener índices altos de
marginación.
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De acuerdo con la disponibilidad de información se identificó que en
la modalidad de certificación, de cada diez personas, tres son mujeres;
además, en cuanto a la edad de los beneficiarios, los mayores
porcentajes se concentran en el rango de los 20 a los 59 años, y el
14.4% tienen 60 años o más, aclarando que el Servicio de Evaluación,
al ser un servicio público, no existe una declaración sobre el límite de
edad.
Ante los resultados obtenidos en materia de acreditación y
certificación en los últimos años, y ante una dinámica de
competitividad, es necesario desde el ámbito de la gestión pública,
continuar con el desarrollo de las capacidades y la evaluación de
competencias laborales de los extensionistas, productores agrícolas,
pescadores y trabajadores del campo. El objetivo final es seguir
trabajando a favor del desarrollo rural sustentable, razón de ser de la
Entidad de Certificación y Evaluación, y del propio Instituto.
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BIBLIOGRAFÍA
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