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abril / 201221
Conflicto y solucin polticaSolucin finalo soucin poticaRgimen
poltico y discursola efoma de a justicia y a cisis de a accinde tutea Vctimas y tieas: Un campo en disputa E retono
a a Tiea: Conocimiento popua y oganizacin socia en os
campos de CoomiaCapitalismo en crisisla cisis capitaista ye patn de acumuacinLuchas populares Que en Coomia no
hay pesos poticos?: la fe en a autoidad es una cosa, hechos
que se tocan con a mano, son ota las ias de Tansmienio
Nuestra Amrica boivia: En euicin un nuevo
evantamiento sociaCrticacultural
E peso de vacoEditorial E 9 de ai: pesente continuo
iSSn- 2215-8332bogoT, Colombia
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Todo e cotedo deest pucc puede
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vo Vsquez de re, De leos Ccedo, Cs gdo gdo,
Fk moo Co, Joe gtv Sv, m Tees Cfuetes Tsv,neso Fjdo mud, Ptc az, rcdo Schez e, Seo DeZu Spe, Vcto mue mocyo Cuz Cosejo edto
betz Stoowcz (mxco), Juo g (aet), rcdo atues (bs),atoo Es (Uuuy) Cosejo seso teco
Las opiniones emitidas por los autores no comprometen
al Consejo Editorial de la Revista.
Tt Cst o reyes Dseo y dc
Espco Ctco EdcoesPucc uspcd po Espco Ctco Ceto de Estudoswww.espcoct co.co
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SolUCin Finalo SolUCin PolTiCaJairo Estrada lvarez 4
la rEForma DE la JUSTiCia y la CriSiS DE la aCCin DE TUTElaMarino Canizales Paltar 12VCTimaS y TiErraS: Un CamPo En DiSPUTaOscar AndrsEspitia Lombo 20El rETorno a la TiErra: ConoCimiEnTo PoPUlar yorganiZaCin SoCial En loS CamPoSDE ColombiaJuan Camilo Daz M. 26
la CriSiS CaPiTaliSTa y El PaTrn DE a
CUmUlaCinEdwin Andrs Martnez Casas 32
QUE En Colombia no hay PrESoS PolTiCoS?:la FE En la aUToriDaD ES Una CoSa, hEChoSQUE SE ToCan Con la mano, Son oTraMiguel
ngel Beltrn V. 40laS iraS DE TranSmilEnioRicardoSnchez ngel 46
boliVia: En EbUlliCin
Un nUEVo lEVanTamiEnTo SoCialPabloMamani Ramrez 52
El PESo DEl VaCoAndrsGualdrn Ramrez 60
El 9 DE abril: PrESEnTEConTinUoJess Gualdrn 64
Editorial
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enpoltico
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CrticaCulturalL
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populares
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lucinpoltic
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Solucin finalo
solucin poltica
Jairo
Estrada lvarEz
Profesor del
Departamento deCiencias Polticas
Universidad Nacionalde Colombia
La retrica gubernamental acerca de la paz, inclui-da la metfora de la llave (est en mi bolsillo,
no me da miedo sacarla, etctera), as como los
reiterados rumores sobre contactos secretos entre voce-
ros del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP,
parecieran mostrar la existencia de una voluntad poltica
gubernamental para considerar la posibilidad de una sa-
lida poltica al conicto social y armado. Tal posibilidad se
encuentra atrapada, en realidad, por los clculos de una
solucin militar. Y a juzgar, por los anuncios y los planes
militares gubernamentales, se encuentra en curso la solu-
cin fnal, entendida como la reduccin defnitiva y el exter-
minio masivo del enemigo armado interno, con todo y sus
retaguardias rurales y urbanas. Esa presunta solucin fnal
tiene un nombre: el Plan Espada de honor. En ese sentido,
todo indica que la retrica de la paz es la materialidad de la
guerra, y que se aspira a producir una pax romana, la paz
de los vencidos.
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Debe s reconocerse que, a diferencia de otros anuncios en otros momentosde nuestra historia de los ltimos cincuenta aos, en esta ocasin no hay plazos
denidos. En efecto, en reciente entrevista concedida al diario El Tiempo(12.03.2012),
el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, armaba:
Hemos llegado a la ltima etapa del conicto. Lo que pasa es que no sabemos cunto
va a durar. Pero generalmente esta es la etapa ms corta y la ms empinada, la que
ms tiene dicultades.
No obstante, si el clculo militar se acompasara con el clculo poltico, bien
podra armarse que la actual estrategia de guerra es, al mismo tiempo, la estrategia
de la reeleccin presidencial. Segn se ha dicho, el Plan Espada de honores un plan
concebido a dos aos. Ello signica que a ms tardar en los primeros meses de
2014 se estaran dando los anuncios sobre el n de la guerra. Momento por dems
propicio, pues se estar en plena campaa presidencial, tambin de reeleccin.
Imagino una retrica presidencial demandando la prolongacin del tiempo para
la prosperidad democrtica que no alcanz a llegar, por los esfuerzos que habra
sido necesario destinar para la empresa de la solucin fnal. Y ello, me traera a la
El 23 de enero de 1903, en el Barrio Egipto al sur de Bogot, nace Jorge Elicer Gaitn, quienes considerado como el lder ms emblemtico del pueblo colombiano.Imagen: Javier J. Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin
Mapfre: Taurus, 2010.
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memoria la campaa reeleccionista de 2006. Slo que ya
habran pasado ocho aos ms, con todo lo que representa
una intensifcacin de la guerra en trminos humanos,
polticos, sociales, culturales y socioambientales.
En medio de todo esto que pareciera ser un clculo gu-
bernamental, se desatiende lo fundamental para pensar
cualquier consideracin acerca de la superacin de la guerra
y del accionar insurgente en Colombia: las races histricas y
la naturaleza poltica y social del conicto colombiano. Ahest el por qu de su persistencia y, sobre todo, de su capaci-
dad de producirse y reproducirse, desplegando una continua
capacidad adaptativa que atiende la tendencia y la dinmica
de la conictividad social y de clase, con lgicas intensivas y
de expansin, desiguales y diferenciadas, segn el momen-
to histrico. Estamos en presencia de un conicto social y
armado que no puede ser reducido a una mera contienda
militar. Su solucin, por tanto, no se encuentra en ese ex-clusivo mbito. Mucha razn le asiste a las voces que desde
diferentes campos de la vida social y poltica han planteado
la necesidad de retomar la agenda de la solucin poltica.
Por lo pronto, empero, se viene imponiendo la idea de
la solucin fnalque, adems de sustentarse en primersima
instancia en el escalonamiento del accionar militar del Estado,
el mencionado Plan Espada de honor, se fundamenta en una
creciente y preocupante profundizacin de la estrategia de
militarizacin de la poltica y, en general, de la vida social.
El Plan Espada de honor
El Plan Espada de honor est concebido como la
respuesta al cambio de tctica de la guerrilla y, sobre todo,
para producir la derrota militar que conlleve la rendicin
y la desmovilizacin. Se sustenta, en primer lugar, en una
redefnicin geogrfca de los teatros de operacin militar
a partir de la ubicacin de las diez principales reas de
Si el clculo militar
se acompasara con
el clculo poltico,
bien podra
afirmarse que la
actual estrategia
de guerra es, al
mismo tiempo,
la estrategia dela reeleccin
presidencial. Segn
se ha dicho, el Plan
Espada de honores
un plan concebido
a dos aos. Ello
significa que a
ms tardar en losprimeros meses de
2014 se estaran
dando los anuncios
sobre el fin de la
guerra. Momento
por dems propicio,
pues se estar en
plena campaa
presidencial,
tambin de
reeleccin.
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concentracin de la actividad insurgente (se tratara del ochenta por ciento de su
accionar), lo cual implica, en palabras del general Navas, reacondicionar las fuerzas
estatales para ejercer presin adecuada a esos sitios, como el Cauca, el sur del
Valle, el Catatumbo y el Arauca. En segundo lugar, en el debilitamiento del mando
poltico-militar de la insurgencia con base en el resquebrajamiento de su estructura
organizativa, en tanto la poltica de eliminacin de objetivos de alto valor se acompaa
de la eliminacin de mandos intermedios y de operaciones de ataque masivo a bases
guerrilleras. Lo anterior, en tercer lugar, con fundamento en una combinacin del uso
intensivo de tecnologa con operaciones de consolidacin territorial mediante el usoextensivo del pie de fuerza.
Particularmente en el uso de alta tecnologa se aprecia la posibilidad de la solucin
fnal, que militarmente se apoya en un concepto de guerra vertical que, por su parte,
se basa en la superioridad area. En efecto, la identicacin de objetivos con recursos
de inteligencia tecnolgica y humana se constituye en la antesala de bombardeos de
exterminio, cuyo rasgo principal es el uso desproporcionado e indiscriminado de
la fuerza1. A estos les sigue, luego, la operacin de desembarco de tropas para la
constatacin de resultados y las inspecciones judiciales del caso.A juzgar por noticias recientes, todo indica que el gobierno tiene la decisin
poltica de transitar el costoso camino de la sosticacin del dispositivo tecnolgico
de la guerra. Se ha pedido el apoyo de Estados Unidos para la utilizacin de vehculos
areos no tripulados, conocidos como drones, utilizados en las intervenciones
imperialistas en Irak, Afganistn y, ms recientemente, en Libia. Se ha anunciado
igualmente la adquisicin de diez helicpteros black hawk, que se sumara a la otilla
area de helicpteros y aviones Tucano ya existente.
Todo esto se explica por el papel estructurante que juega el intervencionismo del
imperialismo estadounidense en la poltica del rgimen de la prosperidad democr-
tica. El viaje del Ministro de Defensa colombiano al Pentgono, la reciente visita del
Comandante de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, Martin Dempsey, a Colom-
bia, y el anuncio de la asistencia de altos mandos estadounidenses de la ocupacin
1 ElrelatosobrelarecienteoperacinenlaveredaElSilencio,enelMeta,essufcientementeilustrativo al respecto: En el suelo, que ola a plvora y metralla despus de la explosin dediez toneladas de bombas arrojadas por una decena de aviones de la Fuerza Area, yacan 34
cadveres de guerrilleros (Revista Semana, 31 de marzo de 2012). Para cada guerrillero, enpromedio algo ms de 294 kilos de bombas.
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Luego de estudiar Derecho en la Universidad Nacionalde Colombia, Gaitn viaja a Italia para especializarse en
jurisprudencia y derecho penal, bajo la tutela de Enrico Ferri.Imagen: Javier J. Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa:
1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.
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en Irak y Afganistn no es solamente un asunto de trmite.
La poltica contrainsurgente debe ser examinada en un senti-
do geopoltico y geoeconmico. Desde la perspectiva impe -
rialista se trata de garantizar, el acceso a recursos naturales
estratgicos (hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad),
de proteger las inversiones de empresas transnacionales y de
la contencin de cualquier amenaza frente a esos propsitos,
provenga sta de movimientos sociales o insurgentes, o de
Estados soberanos. La reactivacin de la IV Flota que navegahoy en las aguas del Mar Caribe no es una mera casualidad.
En todo ello, el Estado colombiano es un aliado estratgico y
coincide con los propsitos propios de mantenimiento de un
rgimen de privilegios.
An est por verse, en el plano estrictamente militar,
si el Plan Espada de honor puede cumplir su cometido. Al
n y al cabo se trata de dos fuerzas en contienda que en
guerras irregulares, asimtricas y de largo aliento, modicande manera permanente su tctica y estrategia. Hasta ahora,
la historia colombiana ha estado plagada de soluciones
militares desde la entrada de la segunda mitad del siglo XX,
sin que ninguna de ellas haya logrado producir el desenlace
inicialmente anunciado.
La guerra integral
Por otra parte, la tendencia reciente de la acumulacin
capitalista, basada en el modelo de reprimarizacin nancia-
rizada de la economa, as como la conguracin autoritaria,
criminal y maosa del rgimen poltico, han extendido la lgi-
ca de la guerra al conjunto de la vida poltica y social. Y desde
el entendimiento de la solucin fnal.
En efecto, el pas vive una marcada tendencia a la mili-
tarizacin consistente en la tendencia a la imposicin de un
tratamiento militar de tierra arrasada a la regulacin y la so-
lucin de los conictos, matizada por la retrica presidencial
Son mltiples
las expresiones
que an bajo el
predominio de la
idea de la solucin
finalclaman
por la solucin
poltica. Hacer de
esas expresionesun movimiento
representa la
tarea poltica del
momento. No es
una tarea fcil
considerando ante
todo el poder y la
fuerza de quienesse empean en la
solucin militar.
Cambiar el balance
actual es un
imperativo tico
y poltico para la
construccin de la
paz democrtica
con justicia social.
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de restablecimiento del orden del derecho. La poltica econmica y social ha deveni-
do en guerra econmica y social contra las clases subalternas; el modelo econmico
basado en economas extractivas ha asumido los rasgos de una guerra socioam-
biental; el descontento y la protesta social son tratados como prcticas terroristas;
el exterminio y la liquidacin del contradictor como forma de superacin de las dife-
rencias se encuentran entronizados socioculturalmente; los medios de comunicacin
alientan la retrica marcial; plumas enardecidas de seudointelectuales y analistas de
escritorio taen los tambores de la guerra; desarrollos normativos, constitucionales
o legales, se conciben para darle trmites ms tranquilos a la solucin fnal.En suma, una especie de cultura fascista quisiera invadir y copar todos los poros de
la vida poltica y social para imponer un disciplinamiento social que permita preservar
y reproducir a mayor escala el rgimen de privilegios de las clases dominantes. Todo
ello se ve adicionalmente alimentado por una macroeconoma de la prosperidad
cticia que est produciendo la explotacin intensiva de los recursos naturales,
en una de las operaciones de despojo de riqueza social ms grandes de la historia
nacional a favor de empresas trasnacionales y de poderosos grupos econmicos.
Crece la audiencia por la solucin poltica
Al tiempo que se encuentra en curso la idea de una solucin fnal, se advierte un
creciente clamor por la solucin poltica. Los anuncios de la insurgencia en ese sen-
tido, si bien son importantes, resultan insucientes, pues la posibilidad real de una
solucin poltica, adems de contar con manifestaciones de voluntad de las partes
comprometidas directamente en la contienda, requiere ser apropiada socialmente.
La exigencia poltica del momento consiste precisamente en desatar las posibilidades
de una solucin poltica que posibilite trmites distintos a los de la contienda militar,
a las mltiples conictividades que atraviesan la sociedad. Ex presidentes de la Re -
pblica, como Ernesto Samper y Andrs Pastrana, se han expresado favorablemente
en ese sentido; sectores del empresariado en consultas de opinin han sealado
la conveniencia de una solucin poltica; intelectuales demcratas han insistido en
transitar los caminos del dilogo; sectores de la Iglesia se han pronunciado en ese
sentido; partidos polticos, como el PDA, han advertido que la paz est en su orden
de prioridades; diversas organizaciones sindicales y populares han sealado que la
superacin de las causas de la guerra y la guerra misma estn dentro de sus prin-
cipales preocupaciones; organizaciones no gubernamentales se han manifestado a
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favor del dilogo y la negociacin pol-
tica; Colombianos y colombianas por la
pazhan adelantado una valiossima la-
bor humanitaria; el Congreso de los Pue-
blostiene en su agenda la realizacin de
un Congreso de Paz, la Marcha Patritica
ha hecho suya la propuesta del Encuen-
tro de Barrancabermeja de comunidades
campesinas, indgenas y afrodescendien-tes de realizacin de constituyentes re-
gionales que conuyan en una Asamblea
nacional de constituyentes regionales por
la solucin poltica y la paz.
En suma, son mltiples las expresiones
que, an bajo el predominio de la idea de
la solucin fnal, claman por la solucin
poltica y se unen a las diversas iniciativasen el mismo sentido en Amrica Latina y
el Caribe y en la comunidad internacional
en general. Hacer de esas expresiones un
movimiento representa la tarea poltica
del momento. No es un propsito fcil
considerando no slo los entendimientos
acerca del conicto social y armado
colombiano, sino, ante todo, el poder
y la fuerza de quienes se empean en
la solucin militar. Cambiar el balance
actual constituye un imperativo tico y
poltico para la construccin de la paz
democrtica con justicia social.
En Italia, el gobierno del dictadorMussolini impact fuertemente aGaitn. Las masivas movilizacionesorganizadas por el caudillo colombiano,su transformacin y su estilo oratorio sonejemplo evidente de esa experiencia.
Imagen: El saqueo de una ilusin: el 9 de abril,
50 aos despus. Bogot: Nmero Ediciones,
Corporacin Revista Nmero, 1997.
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Abogado laboralista
Magster en Filosofa
Profesor universitario
Marino
Canizales Palta
Diferencias, anidades y un proyecto comn
Se suele armar, en un contexto de opinionesencontradas, que el presidente Juan ManuelSantos es distinto del ex presidente lvaro Uribe Vlez.Otros, en igual mar de confusiones, lo presentan como suigual en el ejercicio del poder. Desde el punto de vista delestilo de gobierno, es apenas obvio que son diferentes,
as Juan Manuel Santos haya sido Ministro de Defensa enel segundo gobierno de Uribe Vlez por ms de tres aos,y en sus manos, o, en las manos de ambos, haya estalladoel escndalo de los crmenes de Estado, llamados enforma lightfalsos positivos. Tambin aparece asociadoa sonados casos de similar naturaleza, tales como laschuzadas del DAS y la persecucin contra Magistradosde la Corte Suprema de Justicia, periodistas, y guras dela oposicin. Los alcances y los efectos de todo esto en
La reforma de lajusticia y la crisis de
la accin de tutela
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trminos jurdicos y polticos, y tambin ticos, son harto conocidos dentro yfuera del pas.
Esa falsa discusin, de si son iguales o distintos, se evitara si el debate se
planteara en otros trminos. Quiere esto decir, que Juan Manuel Santos gobier-
na como jefe de Estado dentro de un rgimen poltico que responde a unas
demandas especicas de las clases dominantes, el cual tiene jadas metas y
propsitos tanto a nivel nacional como internacional. De ah que sea necesario,
a n de evitar equvocos, caracterizar dicho rgimen poltico. Olvidan tanto los
defensores como los detractores del actual Gobierno nacional que es, justa-
mente, la gura presidencial la que vertebra y da cuerpo a tal rgimen poltico,
congurndose en el ejercicio del poder como un rgimen presidencial bona -
partista de signo reaccionario. Arbitra y decide polticamente, pero expresando
sus decisiones por medio de normas jurdicas, en funcin y para los intereses de
las clases en el poder, slo que lo hace a nombre del pas como un todo.
En tal sentido, el actual Gobierno nacional es continuista en relacin con el
anterior, pero con programas, directrices y decisiones jurdico-polticas muchas
veces distintas de las de su antecesor. Continuar no es lo mismo que actuar en
igual forma a lo anterior desde el punto de vista de la personalidad poltica y
Regres a Colombia y lider en septiembre de 1929 en el Congreso de la Repblica un debatepor el asesinato a manos del ejrcito oficial de trabajadores de la United Fruit Company en laregin de Cinaga, Magdalena, conocido como la Masacre de las Bananeras.Imagen: Javier J.Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.
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de las decisiones tomadas en el ejercicio del poder. Sepuede ser continuista dentro de una perspectiva polticadeterminada, pero gobernar con nfasis y acentos dife-rentes en la valoracin y apreciacin de las dinmicas yprocesos que constituyen la realidad nacional, lo mismoque las relaciones a escala internacional. Son esos nfa-sis, acentos y prioridades en el uso del poder, articuladosa un concepto de Estado y de sociedad, en el marco de
una especca relacin de fuerzas entre las clases, lo quemarca la diferencia y dene un estilo de gobierno, ascomo el carcter de un rgimen poltico. Por eso, entrelvaro Uribe Vlez y Juan Manuel Santos existen seme-janzas, pero tambin diferencias. En un gran punto coin-ciden, o, mejor, se identican: su posicin abyecta antelos dictados del gobierno norteamericano, y la entregade la economa nacional a la voracidad de las multinacio-
nales. Sin embargo es necesario matizar y, por lo tanto,reconocer la actitud diferente del gobierno de Santos enla relacin con los pases vecinos, particularmente conEcuador y Venezuela. Lo mismo debe predicarse en lorelativo al problema de la legalizacin de las drogas y ladespenalizacin de su consumo, como asunto que debeser tratado a nivel internacional buscando convergenciasy acuerdos al respecto. Uribe triunfa en la consolidacin
de la segunda contrarreforma agraria iniciada en la dca-
da de los 80 del siglo pasado por el paramilitarismo y elnarcotrco. Fracasa, en trminos relativos, en el forta-lecimiento de un Estado policiaco en Colombia y en suspretensiones de una segunda reeleccin a la presidencia.
Juan Manuel Santos, si no quiere fracasar tambin,debe resolver, pues est ante varios frentes, no slo elconicto armado cuya existencia neg tercamente elgobierno anterior , sino tambin los efectos explosivos y
disolventes de dicha contrarreforma agraria, y promover,
La reforma de la
justicia, concebida
por el Gobierno
como una reforma
constitucional, no
solo es revanchista
contra las altas
Cortes, en especial
contra la CorteSuprema de
Justicia, sino que
igualmente adolece
de los mismos o
peores vicios de
otros intentos de
reforma en la misma
direccin, dondeel punto central
ha sido y es el
fortalecimiento del
poder presidencial y
de la rama ejecutiva
que lo sustenta.
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como si fuere poco, la reforma a las estructuras del Estado con el n deconsolidar su sionoma neoliberal, siendo una de ellas la reforma de la justicia,donde tambin fracas Uribe. Los aliados para enfrentar tales desafos puedenser, igualmente, los de este ltimo, pero as mismo, sern necesarios otros. Lasrelaciones entre las clases nunca son iguales y lineales, como tampoco sonhomogneas en su conformacin interior y, menos an, cuando los de abajoempiezan a movilizarse de nuevo por sus derechos.
Reforma o sometimiento de la justicia?La reforma de la justicia, concebida por el Gobierno como una reforma
constitucional, no solo es revanchista contra las altas Cortes, en especial contra laCorte Suprema de Justicia, sino que igualmente adolece de los mismos o peoresvicios de otros intentos de reforma en la misma direccin, donde el punto centralha sido y es el fortalecimiento del poder presidencial y de la rama ejecutiva quelo sustenta. No pretende resolver en modo alguno los graves problemas de laadministracin de justicia a nivel nacional. Es ms bien, a pesar de los eufemismos
y esguinces tanto del presidente como de los ministros del Interior y de Justicia,una respuesta a la posicin republicana y democrtica asumida por la CorteSuprema de Justicia ante los atropellos y desafueros del anterior gobierno deUribe Vlez por establecer, como ya se dijo antes, un Estado policiaco y legalizarlos paraestados. La independencia de la Rama Judicial representada por lasaltas cortes y los jueces no puede ser quebrada. La citada Corte enarbol e hizopblicas posiciones democrticas y de defensa de los derechos humanos y delos derechos de las vctimas de la violencia estatal y paraestatal. Hizo valer, a
pesar de la jaura meditica y los ataques sistemticos de los validos del poder,el principio del Estado Social Constitucional de derecho. Hoy, muchos de lospromotores de ese Estado policiaco y criminal, estn investigados, otros, tras lasrejas, y su promotor, lvaro Uribe Vlez, en la picota pblica.
Con el mencionado proyecto de reforma a la justicia, nuevos nubarronesse ciernen sobre la Rama Judicial, ya que se pretende debilitar sus funcionesy competencias all donde el poder presidencial ha sido objeto de control yvigilancia. Sus defensores simulan buscar con su aprobacin que se hagarealidad una pronta y cumplida justicia que, bien se sabe, es clamor nacional;
sin embargo, el ministro de Justicia ex candidato del anterior gobierno de
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En 1933 se fund el movimiento poltico Unin NacionalIzquierdista Revolucionaria (UNIR), con la que Gaitn promoviun programa de reformas para democratizar la propiedad agraria yreconocer los derechos de los trabajadores del campo, as comopara la implementacin de un Estado interventor.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un
buick. Bogot: Graficsa, 1998
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Uribe Vlez para el cargo de Fiscal General junto con el ministro del Interior,
se niegan a incrementar el presupuesto para la Rama. En cambio, proponen
privatizar la administracin de justicia trasladando funciones jurisdiccionales a
notarios y abogados. La eliminacin del Consejo Superior de la Judicatura, otro
reclamo nacional, debido a su rotundo fracaso y prcticas clientelistas, se aplaza
de nuevo, y termina quedndose en el articulado probado en la primera vuelta
de su trmite en el Congreso. La postulacin de candidatos para los cargos de
Procurador, Contralor y Fiscal General se invierte, con el claro propsito de que
sea el presidente de la Repblica quien designe sus titulares, so pretexto deque la Corte Suprema de Justicia est politizada. As, los rganos de control
quedaran bajo el redil del ejecutivo. Para los mentores de dicha reforma, la
derrota sufrida por Uribe Vlez en el intento de controlar la designacin del
Fiscal General de la nacin no puede repetirse. Como si lo anterior si fuese
poco, a este proyecto se le colg a ltima hora la reforma y fortalecimiento del
fuero militar, con el claro respaldo del gobierno nacional, a pesar del rechazo
de amplios sectores de opinin, dentro y fuera del pas, en particular de Human
Rights Watch. A ltima hora, tambin, pero con ms altanera, el Gobierno retiradicho engendro del articulado aprobado, el cual amenaza con hundir dicha
reforma en la segunda vuelta, slo que, para presentarlo nuevamente y aparte
con mayores alcances, como una reforma constitucional, en la que el Estado de
excepcin asoma sus orejas.
Son estas y otras razones que, por limitaciones de espacio no es posible
comentar, las que llevaron a las altas cortes a retirarse de la discusin y
trmite del citado proyecto de reforma. Adems, sus propuestas al respecto,
presentadas con antelacin y en forma oportuna antes de su trmite en elCongreso de la Repblica, fueron desatendidas por el Gobierno nacional y sus
dos ministros del ramo. Por el lado que se lo mire, dicho proyecto de reforma
de la justicia es burocrtico, y est hecho a la medida de las ambiciones de
una presidencia bonapartista. El modelo de acumulacin capitalista sustentado
en la sobreexplotacin y empobrecimiento de la clase trabajadora dentro del
contexto de una economa y una institucionalidad de naturaleza neoliberal,
donde los TLC con Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, entre otros,
ocuparn un lugar central, as lo requiere.
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El valor de la tutela
De ah la necesidad que tiene el rgimen de limitar los alcances y el valor
de la tutela, que goza de la aceptacin y reconocimiento de los dbiles ante
los abusos de los poderosos y dueos del poder. Es necesario regularla para
que haya seguridad jurdica, exclaman a voz en cuello los ministros del Interior
y de Justicia. A lo que hay que responder: para qu regular una institucin-
instrumento que se encuentra regulada desde 1991, y que ha demostrado ser
ecaz en la garanta y cumplimiento de los derechos fundamentales de los
colombianos durante ms de veinte aos? Lo que no impide sealar que, porlas vas de hecho, se viene consolidando en forma alarmante la conversin de
la accin de tutela en proceso ordinario, anulando la ecacia antes referida. No
son pocos los casos que as lo demuestran, principalmente dentro de algunas
secciones del Consejo de Estado. Desafortunadamente y en la misma lnea de
accin, est inscrita una providencia dictada por la Corte Constitucional en
relacin con un fallo de tutela dictado por un juez de la ciudad de Cali que
protega los derechos fundamentales de ms de treinta trabajadores aliados
a Simtraemcali, que reclamaban el cumplimiento de una Sentencia que ordensu reintegro a las Empresas Municipales de Cali. Igualmente dej sin efecto
otra providencia que declar en desacato al gerente de dicha empresa por no
cumplir tanto el fallo que orden el reintegro de dichos trabajadores, como la
sentencia de tutela en mencin, actitud que los llev a adelantar una huelga de
hambre en la Plaza de Caicedo, desde nales de noviembre del ao pasado. Por
solicitud expresa de la Procuradura General de la Nacin, y por fuera de dicho
proceso, la Sala Quinta de Revisin de la Corte Constitucional suspendi en
forma indenida los efectos jurdicos del fallo de tutela ya mencionado, con el nde evitar un supuesto perjuicio al inters pblico. De permitir el cumplimiento
efectivo, se dice en tal decisin, se pagaran un sinnmero de acreencias
laborales con recursos provenientes de una empresa industrial y comercial del
Estado. Adems considera que tal fallo a favor de los trabajadores se debe
suspender, ya que se encuentran en trmite varios recursos extraordinarios
de casacin ante la Corte Suprema de Justicia, los que deben ser tenidos en
cuenta, lo que no es cierto en relacin con los trabajadores que invocaron la
citada proteccin constitucional.
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Dicha suspensin de sentencia
de tutela no slo es funesta por sus
consecuencias jurdicas y morales,
sino que se convertir en adelante en
una va de hecho como recurso para
burlar o dejar sin efecto la proteccin
constitucional que se decrete dentro
de una accin de tutela, cuando en su
cumplimiento estn comprometidosdineros pblicos. Esto ltimo, que no
tiene antecedentes, lo mismo que la
aprobacin del acto legislativo que
consagr la gura de la sostenibilidad
scal, conguran un derrotero que
pone en crisis la importancia y valor
de la accin de tutela. Por tal motivo
los abogados laboralistas de nuestraasociacin, lo mismo que las centrales
obreras y organizaciones defensoras
de los Derechos Humanos, as como
tambin dirigentes sociales y polticos
y personalidades democrticas, deben
expresar pblicamente su rechazo a
tales hechos y prcticas.
Gaitn expone sus ideas en laconvencin liberal.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar
tuvo un caballo blanco, mi pap un
buick. Bogot: Graficsa, 1998
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Economista
osCar andrsesPitia loMbo
En el marco de la aplicacin de la Ley deVctimas y Restitucin de Tierras (ley 1448 de
2011), el gobierno de Juan Manuel Santos, las expresiones
polticas y armadas de la extrema derecha nacional, el
colectivo de vctimas de la violencia rural y la sociedad civil
en general con sus partidos polticos y organizaciones
sociales personican un tinglado de aspiraciones y
proyectos poltico-econmicos en pugna permanente.
Los resultados ms sobresalientes son el retorno de lostemas agrarios a la agenda de la democracia colombiana
y la reconguracin de la lucha por la tierra y los derechos
en la Colombia rural.
Una larga luchaLas demandas por la reforma agraria de las dcadas
del sesenta y setenta dominaron el debate pblico y
la agenda poltica nacional de aquel entonces. Tales
reivindicaciones fueron derrotadas y criminalizadas. Estos
Vctimas y tierras:
Un campo en disputa
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hechos, sumados a la gestin de los gobiernos de Lpez Michelsen y MisaelPastrana, formalizaron y legitimaron la contrarreforma agraria en marcha, cuya
expresin institucional fue el Pacto de Chicoral y la rma de la posterior ley.
As se inaugura un extenso ciclo de repliegue y desarticulacin de la
movilizacin social, doliente de la pauperizacin de la ruralidad colombiana.
Como smbolo de dicho ocaso se encuentra la experiencia de lucha de la
Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), hito organizativo de los
movimientos agrarios de la segunda mitad del siglo XX en Amrica Latina, as
como el posterior surgimiento y expansin del andamiaje paramilitar.El desplazamiento forzado y la expropiacin generalizada de los campesinos
y de los pequeos productores rurales vinieron a profundizar la desarticulacin
de las organizaciones campesinas y, en el mejor de los casos, su fragmentacin
o atomizacin.
A la par de esta dinmica siniestra se produjo una reconguracin de las
luchas por la tierra, centradas desde entonces en la defensa del derecho legtimo
de los campesinos, los indgenas y los afrodescendientes a permanecer o retornar
al territorio y a la resistencia contra el avance y consolidacin del paramilitarismo.
Agosto 7 de 1930: posesin presidencial de Enrique Olaya Herrera. La victoria de Olaya,candidato nacional pero de filiacin liberal, sobre el dividido partido conservador puso fina la hegemona conservadora e inaugur el periodo de la repblica liberal.Imagen: Ingnacio Gaitn. Coleccin museo Nacional de Colombia, Bogot. En Javier J. Bravo Garca.
Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.
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La eleccin de lvaro Uribe Vlez como presidente de Colombia, y laconguracin del uribismo como proyecto poltico referente del paramilitarismo,represent una amarga derrota para las vctimas, quienes vieron como selegitimaba y legalizaba el despojo.
No obstante, el desplazamiento forzado, con sus millones de vctimasdeambulando como parias por las ciudades colombianas, y la precariedadde la Ley de Justicia y Paz promovida por Uribe Vlez, hicieron evidentes laconnivencia gubernamental para con estas circunstancias.
Es as como los reclamos y las denuncias de las vctimas empezaron a tenereco en amplios crculos de la academia, la opinin pblica y de la comunidadinternacional. A la incredulidad y el desinters de antao les siguieron la indig-nacin y la solidaridad crecientes para con la realidad de las vctimas, a medidaque empezaban a conocerse los testimonios de los paramilitares desmovilizadossobre las descomunales magnitudes de la expropiacin y la barbarie.
De esta manera, la lucha del colectivo de vctimas por el retorno a la tierraobtiene un fuerte respaldo social y poltico, nacional e internacional, fortalecin-
dose su papel como anttesis del engranaje paramilitar y del uribismo. El puntoculminante de esta gesta es la obtencin del reconocimiento de la legitimidad desus demandas en el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de la expedicinde la ley 1448 de 2010, conocida como Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras.
Santos y Uribe: Sintonas y desencuentros en torno a las vctimasy las tierras
Desde la eleccin de Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia,
la frmula Santos I igual a Uribe III ha operado como axioma incontestable, de-
terminante de la praxis poltica de colectivos comprometidos con la causa de latierra, la verdad y la justicia en la Colombia rural, desde organizaciones campe -sinas, hasta sectores varios de la opinin pblica y de la izquierda democrtica.
El horizonte comn de los programas agrarios de uno y otro sustenta dichapremisa: perl empresarial y agroexportador de la produccin, concentracin yextranjerizacin de la propiedad y debilitamiento de la produccin campesina,con base en una poltica pblica centrada en el fomento a la competitividad, laproductividad y la acumulacin capitalista.
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En efecto, el gobierno de Juan Manuel Santos
tiende a facilitar la consolidacin del ms reciente ciclo
de acumulacin que tiene a la tierra como eje espacial
en Amrica Latina, ciclo que en Colombia tuvo como
impulso inicial la expropiacin violenta de la propiedad
rural, orquestada y perpetrada por la extrema derecha
nacional en su expresin poltica y militar.
No obstante el capital, en su dinmica actual de
expansin, viene requiriendo en Colombia una atmsferade claridad sobre la titulacin de la propiedad rural en aras
de reactivar el mercado de tierras, libre de distorsiones
en los precios y de cuestionamientos legales sobre su
tenencia y usufructo. Se trata de brindarle seguridad
jurdica al gran capital nacional y extranjero.
Son estas circunstancias las que motivan el apoyo
institucional del gobierno de Juan Manuel Santos a la for-
mulacin e implementacin de la Ley de Vctimas y Resti-
tucin de Tierras, imposible de concretarse sin un cuestio-
namiento explcito de las estructuras de poder ligadas al
crimen y la expropiacin en el campo, desarrolladas por el
paramilitarismo y defendidas celosamente por el uribismo.
As las cosas, el gobierno de Juan Manuel Santos no
representa una simple prolongacin del legado de Uribe,
dado que existen modulaciones con respecto al manejo
del asunto agrario, que, aunque secundarias, no por elloson menos importantes ni dejan de marcar una diferencia.
Es el despliegue de las contradicciones interburguesas,
las mismas que se observan en el estilo de gobierno y en
el manejo de la poltica internacional.
El porvenir de la lucha por la tierraDesde la perspectiva de las vctimas, la aprobacin
de la ley 1448 de 2011 representa un avance sobresaliente
en su larga lucha. Esta ley, aunque incompleta en
Desde la
perspectiva de
las vctimas, la
aprobacin de
la ley 1448 de
2011 representa
un avance
sobresaliente en su
larga lucha. Esta ley,aunque incompleta
en sus disposiciones
y mediocre en sus
metas, permite
avanzar en el
reconocimiento
y legitimacin
social de lasreivindicaciones
de campesinos,
indgenas y
afrodescendientes,
abriendo un
extenso abanico
de posibilidades
para su movilizacin
y organizacin.
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Como funcionario pblico se desempeo en los ministerios de Trabajo y Educacin, enlos que emprendi campaas de alfabetizacin, restaurantes escolares, extensin culturalmasiva y apoyo los derechos de la mujer.Imagen: Ingnacio Gaitn. Coleccin museo Nacional de Colombia, Bogot. En Javier J. Bravo Garca.
Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.
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sus disposiciones y mediocre en sus metas, permite
avanzar en el reconocimiento y legitimacin social
de las reivindicaciones de campesinos, indgenas y
afrodescendientes, abriendo un extenso abanico de
posibilidades para su movilizacin y organizacin.
En ese plano, las movilizaciones del pasado 11 de fe-
brero en Necocl (Urab antioqueo) y del 6 de marzo en
varias ciudades del pas deben interpretarse como mani-
festaciones de un punto de inexin en la dialctica de lalucha por la tierra y en la dinmica de las organizaciones
de las vctimas de la violencia, que de a poco pasan a la
ofensiva luego de dcadas enteras en la retaguardia.
Esto lo saben y le temen de antemano los militantes
de la derecha reaccionaria, que con infundios, bravatas
y paros armados pretenden obstaculizar impedir
cualquier intento de organizacin que aspire a corregir,
aunque en poco fuere, las iniquidades que priman en elcampo. Por eso han convertido el ataque y el descredito
de la ley en el cascaron de proa de su proyecto poltico.
Por tanto, la defensa de las aspiraciones de las
vctimas, por la restitucin, la verdad y la justicia, pasa,
en primer lugar, por una condena decidida y abierta
del paramilitarismo y de sus expresiones polticas
representadas en el uribismo.
Se requiere, adems, adoptar la profundizacin dela ley como un propsito nacional, fundamentado en
la organizacin y unicacin de los distintos esfuerzos
y expresiones de la lucha por la tierra que supere la
fragmentacin actual.
El ataque intestino a la ley y a sus resultados por parte
de los simpatizantes de la causa de las vctimas carece
de eciencia prctica, toda vez que se sintoniza con los
intereses de los terratenientes y refuerza los propsitos
de la extrema derecha ligada al paramilitarismo.
El capital, en sudinmica actualde expansin,viene requiriendoen Colombia unaatmsfera declaridad sobrela titulacin de
la propiedadrural en arasde reactivar elmercado detierras, libre dedistorsiones enlos precios y decuestionamientos
legales sobresu tenencia yusufructo. Setrata de brindarleseguridadjurdica al grancapital nacional yextranjero
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Filsofo
Candidato a Magister
en Historia
Universidad Nacional
de Colombia
Juan CaMilodaz M.
Las races
No es la primera vez que en Colombia sehabla de entrega de tierras, reforma agrariao polticas de desarrollo rural. La tenencia de la tierra ha
sido histricamente uno de los ejes estructurales en la
construccin de la nacin; sin embargo, y a pesar de ser
social y culturalmente un pueblo con vocacin campesina,
el campo y sus habitantes han sufrido el desarraigo acausa de la violencia y la inecaz presencia del Estado,
o, peor an, han tenido que ver cmo sus tierras son
entregadas en manos de grandes multinacionales.
El agro comenz a convertirse en el eje principal de
la economa del pas en la segunda mitad del siglo XIX,
siendo el tabaco y la quina los productos que impulsaron
las exportaciones y la insercin de la nacin en el merca-
do mundial. Aos ms tarde, el caf y la hacienda cafete-
ra se convertiran en el modelo productivo por excelencia
El Retorno a la Tierra:Conocimiento populary organizacin social en
los campos de Colombia
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del pas. La ley de titulacin de baldos y la ley 200 de 1936 seran los primerosintentos por llevar a cabo una reforma social agraria. De ese momento para ac
slo queda evocar las gestas del movimiento campesino en la dcada del seten-
ta. Organizado en la anuC (Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos) y bajo
el lema La tierra para el que la trabaja, el campesinado en Colombia inici un
duro trasegar por la toma de tierras y el retorno al campo, proceso que estuvo
marcado por la divisin que gener al interior del movimiento el gobierno de
Misael Pastrana Borrero con la rma del Pacto de Chicoral. Entre 1971 y 1974,
el territorio colombiano fue regado con las semillas de la lucha por la tierra,una lucha modicada con los aos y que ha encontrado nuevos enemigos, tales
como cacicazgos polticos, nuevas formas de violencia, multinacionales, etc.
A pesar de todos estos intentos y del nuevo proyecto de Desarrollo Rural y
Tenencia de la Tierra que est promoviendo el actual gobierno, en Colombia no
ha sido posible construir una reforma social agraria que responda a los conictos
que se presentan en el campo, pero que, adems, empodere a los campesinos
y le reconozca su valor poltico y social dentro de la sociedad colombiana. Por
qu siendo un pas con una clara vocacin campesina no hemos podido res-
ponder a este desafo histrico, social y poltico? Porque la legislacin sobre
Gaitn rodeado de dirigentes liberales de la corriente adversa a la suya. Despus de ladisolucin de la UNIR (1935), regresa como un caballo de Troya al partido liberal. Imagen:Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un buick. Bogot: Graficsa, 1998
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la tierra en Colombia tiene una caracterstica en comn:
jams en sus procesos de discusin y debate han sido te-
nidos en cuenta los campesinos, los indgenas, los afros,
etc., como conocedores del territorio y sujetos capaces
de promover no slo las polticas sociales con respecto al
campo y su produccin, sino tambin la manera como se
debe organizar nuestro territorio atendiendo a la impor-
tancia de los recursos naturales.
Las semillasEl ao pasado, en la celebracin del Da del Campe-
sino en Sincelejo, frente a casi 3000 campesinos, el presi-
dente Juan Manuel Santos armaba que la nueva Ley de
Desarrollo Rural iba a ser el camino para que el campo
volviera a progresar.1 Pero, cmo pueden progresar el
campo y sus pobladores en Colombia a travs de una ley
que se construye bajo la visin de los grandes gremiosagrarios del pas y con la exclusin de los conocimientos
populares de nuestros campesinos? Cmo se quiere lle-
var progreso al campo, s a la par que se habla de restitu-
cin de tierras, millones de hectreas productivas son en-
tregadas a empresas multinacionales para proyectos de
megaminera y generacin elctrica? Cmo debemos
enfrentar el avance de este tipo de leyes que nada tienen
que ver con las dinmicas del territorio y los sujetos quelo habitan?
Teniendo en cuenta la situacin en la que se encuen-
tran los campesinos en Colombia, el peligro que corren
las Zonas de Reserva y nuestros recursos naturales, pode-
mos identicar que en el pas se est generando a travs
de las polticas agrarias y mineras un cambio de vocacin
productiva, pero tambin social y cultural. El avance de la
1 http://www.urnadecristal.gov.co/index.php?lk=32&cod=33
Ms all de
la protesta
generalizada, todos
consideran que es
necesario caminar
hacia la unidad
en medio de la
diversidad, es decir,
articular fuerzas entorno a un propsito
comn: la defensa
del territorio
y los recursos
naturales; todo
esto, por medio
de la solidaridad y
conanza mutua conel n de crear redes
de afecto basadas
en la amistad, o,
mejor an, redes
de intercambio
afectivo lejanas
de las dinmicas
del capital y
la economa
neoliberal.
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locomotora minero-energtica en gran parte de la geografa nacional evidencia
la forma como se est llevando a cabo este proceso: la construccin de la Re-
presa de El Quimbo y el desvo del Ro Magdalena son una clara ilustracin de la
manera como el gobierno nacional propicia la desaparicin del campesinado. Es
preocupante el cambio al que se ven sometidas las poblaciones con el supuesto
modelo de desarrollo que se quiere imponer, el cual desconoce las dinmicas
propias del territorio y, a su vez, el papel que como sujetos histricos y sociales
cumplen los pescadores, campesinos e indgenas que guardan en sus manos y
atarrayas nuestro conocimiento ancestral sobre la naturaleza y el territorio.Como consecuencia de lo anterior, podemos armar que existe hoy da una
crisis del modelo territorial que desde arriba se quiere imponer a las provincias.
Todava en ellas se reeja la burocracia y el gamonalismo de los gobernantes
de turno que deenden el inters individual y privado por encima del inters
comn. Frente a esto, los campesinos, indgenas, afros y toda esa gran masa
de poblacin colombiana que se siente identicada con sus ros, cordilleras,
bosques, mares, etc., comienzan a plantear desde sus movilizaciones y discur-
sos la necesidad de reformular la idea de territorio a partir de un ordenamientodel mismo que promueva la paz, la vida y la soberana alimentaria. Para ello
proponen articularse en redes colectivas basadas en su conocimiento popular
con el n de crear tejidos de conanza y afecto; as, pues, el compromiso con el
territorio y su ordenamiento debe partir desde los valores de solidaridad y resis-
tencia que caracterizan a nuestros pueblos originarios. En palabras de Orlando
Fals Borda: Una indiscutible prioridad para estos fnes es el retorno a la tierra y
valorar el mundo rural con todo su entorno y su historia. Es el cosmos verde que
nos ha alimentado como nacin desde que el mundo es mundo. Ignorar el tr-
pico es suicida y miope. Entregarlo en manos de intereses de otros contornos,
es traicin.2
Traicin, miopa o ignorancia, males comunes de la clase dirigente en Co-
lombia. Poco o nada conocen nuestros gobernantes el territorio nacional y sus
mltiples conictos y dinmicas sociales, histricas y culturales. La entrega de
concesiones a megaproyectos mineros en zonas como el Quimbo, el Pramo
2
Fals Borda, Orlando, Ante la crisis del pas. Ideas-accin para el cambio, El ncora Editores/ Panamericana Editorial, Bogot, 2003, p. 40.
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de Pisba, Santurban y Sumapaz reeja la traicin que se est cometiendo en
contra de ese cosmos verde, del campo, de la tierra, del agua, del aire, de nues-
tra naturaleza. Una locomotora del desarrollo que no busca otra cosa diferente
que entregar la tierra y los recursos naturales poniendo en riesgo la seguridad
agrcola, alimentaria y ambiental de nuestro territorio. Sin embargo, frente a la
locomotora, el pueblo colombiano comienza su caminar como forma de resis-
tencia poltica y social, aunque tambin como una manera de demostrarle a la
sociedad que el desarrollo no se encuentra determinado por lo que las grandes
multinacionales puedan hacer en nuestro pas, sino, ms bien, por la forma comonosotros, los habitantes de este territorio nos empoderamos de l y comenza-
mos a generar el retorno al campo. Un retorno a la vocacin campesina, carac-
terstica histrica y cultural de nuestros pueblos. Frente al avance de las grandes
multinacionales se debe sentir la fuerza de la marcha y de la palabra que con -
voca a las mltiples organizaciones sociales a la defensa y reordenamiento de
nuestro territorio, se debe sentir el fervor por la Pacha Mama, fervor que slo
puede surgir a travs de todo ese conocimiento popular y ancestral que guarda
entre sus arados, cauces, siembras, cordilleras
Redes de afecto y comunicacinCmo promover esta articulacin y el retorno al campo desde el conoci -
miento popular de nuestros pueblos originarios? Cmo evitar que se presente un
cambio de vocacin de lo agrcola a lo minero en nuestras regiones? El da que
llego la multinacional al pueblo, nuestra tranquilidad se acabo, as expresaban
su descontento algunos campesinos de la regin cundiboyacense: el desarrollo
traa con sus mquinas y capital el conicto entre hermanos, la violencia, el au-
mento de bares, discotecas, etc. Pero ms all de la protesta generalizada, todos
consideran que es necesario caminar hacia la unidad en medio de la diversidad,
es decir, articular fuerzas en torno a un propsito comn: la defensa del territorio
y los recursos naturales; todo esto, por medio de la solidaridad y conanza mu -
tua con el n de crear redes de afecto basadas en la amistad, o, mejor an, redes
de intercambio afectivo lejanas de las dinmicas del capital y la economa neo-
liberal. Estas redes de comunicacin permiten que los diversos actores sociales
se comuniquen y movilicen alrededor de un objetivo comn, p.ej., el agua; as
pues, sin importar la diferencia de identidades, los movimientos sociales actan
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Como resultado de laeleccin de Alfonso
Lpez Pumarejo y delfracaso electoral de laUNIR, Gaitn regresa alpartido liberal y se des-empea como alcaldede Bogot, magistradode la corte Suprema deJusticia, parlamentario yministro.Imagen: Arturo
Alape. El bogotazo: me-
morias del olvido. Bogot:
Crculo de Editores, 1985.
con base en el reconocimiento y la diver-
sidad, construyendo tejidos por medio de
los cuales es posible recuperar los saberes
y las prcticas tradicionales que histrica-
mente convocaban a las comunidades en
el pasado. Ejemplo de este tipo de arti-
culacin y procesos en contra del avance
multinacional son los Mercados Campesi-
nos3, los proyectos agro-comunitarios enlas zonas rurales de Bogot4, el proceso y
adecuacin de acueductos comunitarios5,
la defensa del Quimbo y el Magdalena,
el intercambio de semillas que se lleva a
cabo en algunas regiones del pas, entre
otras. Todas ellas formas de organizacin
y movilizacin social que nacen desde el
seno de la comunidad y se construyen atravs de ese gran conocimiento popular
que guardan entre sus territorios nuestros
pueblos originarios.
3 ht tp : / /prensamercadoscampes inos .blogspot.com/search/label/quienes
4 http://soches.blogspot.com/5 http://www.periferiaprensa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=622:acueductos-comunitarios-veredales-y-barriales-una-apuesta-de-autogestion-
y - sobe ran i a&ca t i d=99 :ed i c i on -59 -febrero-2011&Itemid=60
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Con la crisis econmica de largo alcance vividapor el capitalismo desde finales de la dcadade los sesenta y comienzos de los setenta, se inauguraun nuevo patrn de acumulacin de capital que va cam-
biando el tipo de polticas econmicas necesarias para el
sostenimiento de la hegemona norteamericana (Harvey,
El Nuevo Imperialismo, 2003), y se promueve una aper-
tura sin precedentes de los mercados, en especial de los
mercados financieros. En este nuevo escenario, la finan-
ciarizacin de la economa juega un papel importante en
la dinmica de la acumulacin de capital. Detrs de la im-
plantacin de este modelo est la derrota histrica sufri-
da por la clase trabajadora y los movimientos populares.
Lo que se ha denominado como el modelo neoliberal
inaugura una serie de transformaciones de fondo en el
capitalismo mundial que van ms all de los procesos
de liberalizacin y desregulacin de la economa. El
neoliberalismo implic transformaciones sustanciales en
la relacin salarial, las formas de organizacin del trabajo,
la organizacin del comercio internacional, el auge del
Edwin Andrs
Martnez Casas
Economista
Profesor
Universidad La
Gran Colombia
La crisis capitalista y elpatrn de acumulacin
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consumismo, entre otros elementos. Esto explica que la naturaleza y el carcter
de las crisis bajo el neoliberalismo sean diferentes a las de periodos anteriores.
En este contexto, la hipertrofia financiera juega un papel central en el desarrollode las crisis.
Refleja la crisis en general pero en especial la actual crisis simplemente
el carcter cclico de la economa capitalista, una onda larga depresiva ligada a la
cada de la tasa de ganancia o una crisis estructural del rgimen de acumulacin?
Autores como Ernest Mandel (1986) sealan que existe una especie de regularidad
en el comportamiento de los grandes ciclos de la economa mundial; en particular,
este enfoque hace nfasis en que las crisis deben ser entendidas desde lo que
sucede en las esferas de la produccin y la circulacin. Usando esta metodologa,
Mandel realiza una periodizacin del desarrollo capitalista en el siglo XX, en que
desde 1968 se asiste a una fase descendente.
Para otros la crisis tambin corresponde a un periodo de onda larga depresiva
al estilo de las expuestas por Kondratiev, la cual se da en el marco de una crisis
de sobreproduccin que ha conducido a un declive de la tasa de ganancia, si se
la compara con el periodo de la belle poque del capitalismo entre los aos
cuarenta y sesenta.
No obstante, estas crisis no necesariamente estn asociadas a una
tendencia decreciente en la tasa de ganancia mundial. De hecho, en la actualidad
Gaitn en las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, cuando el gaitanismo venceel oficialismo liberal.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap unbuick. Bogot: Graficsa, 1998.
N 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Capitalismo en crisis Volver
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existe un intenso debate a propsito de cules han sido los resultados del
neoliberalismo en esta materia. As, por ejemplo, en Robert Brenner (2010), la
actual crisis capitalista se explica por el declive econmico de las economas ms
importantes, fenmeno ligado a la cada en la tasa de ganancia. Para ello seala
que precisamente la ltima dcada ha sido el periodo de menor crecimiento desde
la posguerra. A su turno, el economista latinoamericano Orlando Caputo llama la
atencin de que en el periodo que comprende el final de la dcada de los ochenta
hasta 2007 cuando empieza la crisis en Estados Unidos hubo una tendencia
creciente de la tasa de ganancia, en que el sector real financi las actividades delsector financiero-especulativo.
Sin embargo, a pesar de que es cierto que la dinmica de crecimiento parece
ser menor en la ltima dcada, esto no necesariamente conduce a una baja en
la tasa de ganancia. Katz (2010) seala que el patrn neoliberal de acumulacin
ha conducido a revertir la cada en la tasa de ganancia que se present en el
periodo 1974-1975. Esta ltima hiptesis tiene como ventaja poder explicar que,
ante el escenario actual de crisis en Estados Unidos y en Europa, las alternativas
de poltica para salir de la crisis se han caracterizado por la profundizacin dealgunas medidas de corte neoliberal y no por su desmonte.
Para David Harvey (2010) la actual crisis tiene como rasgo fundamental la
sobreacumulacin, lo cual explicara algunas modificaciones en la espacialidad
del capitalismo y el flujo de capitales a pases asiticos y de Amrica del Sur.
La utilizacin de la categora patrn de acumulacin o rgimen de acumulacin
proviene fundamentalmente de los aportes tericos realizados por la escuela
regulacionista, en especial los anlisis de Aglietta (1979) y Boyer (1987), aunque
ya en Marx existe un anlisis de las fases histricas de la acumulacin, que van
desde la cooperacin simple, pasando por el periodo de la manufactura hasta
llegar al periodo de la revolucin industrial. En este enfoque, la acumulacin de
capital adquiere unas formas especficas predominantes en cada periodo del
desarrollo histrico, a las cuales corresponden unos instrumentos de regulacin
del sistema y unas formas institucionales propias, entre las que se encuentran
la moneda, el Estado, las formas de competencia, la insercin del sistema
productivo nacional en la divisin internacional del trabajo, la relacin salarial y
las formas de organizacin de la produccin y el trabajo (Neffa, 2000, pg. 49).
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Proclamacin de la candidatura popular de Gaitn el 23 de septiembre de 1945 en la Plazade Toros de Bogot. Impulsaremos la unin del pueblo liberal-conservador contra laoligarqua liberal-conservadora....Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/
fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/
Proclamacin de la candidatura popular de Gaitn el 23 de septiembre de 1945 en la Plazade Toros de Bogot. Impulsaremos la unin del pueblo liberal-conservador contra laoligarqua liberal-conservadora....Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/
fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/
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En la teora de la regulacin el anlisis de las crisis ocupa un campo especial
de estudio, pues stas dependiendo de su magnitud, carcter y alcance pueden
conducir a cambios sustanciales en el rgimen de acumulacin y en las formas
de regulacin de una economa. De acuerdo con este enfoque, las crisis podran
ser de 5 tipos: i) crisis exgenas, derivadas de catstrofes naturales; ii) pequeas
crisis que depuran el rgimen de acumulacin de desequilibrios anteriormente
generados; iii) crisis del modo de regulacin, que se presentan cuando la relacin
salarial vigente ya no es capaz de resolver los desequilibrios estructurales
del sistema, iv) crisis del rgimen de acumulacin como consecuencia decontradicciones internas insalvables con las formas institucionales vigentes
para ese rgimen de acumulacin y que requiere el paso a uno nuevo, y v) crisis
del modo de produccin dominante.
En la actualidad, los pases de la zona euro y los Estados Unidos padecen
los rigores de una crisis que algunos analistas comparan con la Gran Depresin
de los aos treinta. Independientemente de si esta comparacin es vlida o no,
es claro que se asiste a una crisis profunda del capitalismo desarrollado que
ha conducido a cambios sustanciales en la poltica econmica de estos pases.Pero, adems, podran estar presentndose transformaciones en el patrn de
acumulacin como consecuencia de esta crisis, aunque vale la pena resaltar
que algunas de las transformaciones se venan gestando incluso desde la crisis
norteamericana de 2000-2001, en el marco del atentado a la Torres Gemelas
y el inicio de la ofensiva imperial de la lucha contra el terrorismo y la guerra
defensiva. Las tpicas medidas de corte neoliberal y sobreexplotacin del trabajo
que caracterizaban solamente a la periferia del sistema capitalista empiezan a
ser aplicadas con fuerza en los pases metropolitanos. Severos ajustes fiscales,
reformas laborales y pensionales, privatizacin de los servicios de salud y
educacin, entre otros, caracterizan la situacin actual.
La aparente recuperacin de la economa norteamericana deja muchas
dudas sobre la efectividad de las polticas econmicas adoptadas en este pas
para conjurar la crisis. El crecimiento econmico registrado en los Estados Unidos
en los ltimos dos aos es poco satisfactorio si se tiene en cuenta que el apoyo
estatal para afrontar la crisis lleg a casi diez billones de dlares.
En la actualidad, con un dficit fiscal que bordea el 10%, el gobierno de Oba-
ma se ve obligado a desarrollar una serie de polticas de ajuste sin que la eco-
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noma haya mejorado estructuralmente, lo cual puede
conducir a echar por tierra la prrica recuperacin. La in-
minente congelacin del gasto pblico en infraestructura,
salud, educacin y tecnologa puede tener consecuencias
muy negativas para el comportamiento del conjunto de
la economa y, en especial, para el empleo. El dficit fiscal
y la tasa de desempleo al alza, que llega casi a 10%, son
los principales problemas a los que se enfrenta la econo-
ma norteamericana.Por otra parte, el repunte reciente de las agresiones
imperiales se enmarca en estas transformaciones.
El imperialismo contemporneo se est modificando:
Cules son los efectos de esta nueva etapa neoliberal
sobre la dinmica imperial? El impacto ms visible es la
extensin geogrfica del capitalismo y el consiguiente
incremento de la escala en que se desenvuelven las
acciones imperialistas (Katz, 2011, pg. 49). Pero estasagresiones imperiales tienen un comn denominador: la
lucha por asegurar el acceso a materias primas esenciales,
petrleo, carbn, gas, entre otros. Por ello, el centro de las
agresiones es Oriente Medio.
No obstante, Amrica Latina tambin hace parte
de este proceso, tal como se evidencia en el auge
extractivista que vive la regin, incluso en algunos pases
cuyos regmenes polticos han matizado el desarrollo de
polticas neoliberales. Lo que acontece en esta regin del
planeta es la otra cara de la crisis capitalista. Amrica
Latina aparece como estratgica no solo en cuanto a la
provisin de petrleo y dems insumos de produccin;
tambin por ser proveedora potencial de biodiversidad. Es
en este escenario que se entiende cmo los capitales que
estn ingresando a la regin no se destinan al desarrollo
industrial manufacturero como se dio en la dcada de
La clave para
evaluar si estas
transformaciones
en el patrn de
acumulacin
se pueden
consolidar est
en lo que suceda
en el terreno dela lucha de clases;
a pesar de que
la iniciativa del
capital pasa por
la transformacin
del espacio,
la creacin de
nuevas zonas deacumulacin, el
fortalecimiento de
nuevos sectores
y el desarrollo de
nuevas formas
de explotacin
del trabajo y del
ambiente, sus
resultados no
slo dependen
de esta iniciativa,
sino tambin de
la capacidad de
resistencia de los
sectores que se
perjudican por
estos cambios.
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los noventa bajo la primera oleada del neoliberalismo,
sino que se concentran en la minera y los hidrocarburos.
La consecuencia ms visible de este proceso es la
transformacin del espacio que se est presentado en
muchos pases de la regin. Se est configurando una
nueva espacialidad capitalista. Antiguas zonas marginales
que no cumplan un papel decisivo en los procesos de
acumulacin de capital, aparecen ahora como el destino
predilecto de las inversiones del gran capital nacional yextranjero. As mismo, el destino del capital extranjero se
orienta a las inversiones en proyectos de infraestructura
y comunicaciones, en los que se obtienen rendimientos a
mediano y largo plazo.
De qu depende la mayor o menor visibilidad de
estas transformaciones en la regin latinoamericana?
Depende fundamentalmente de las opciones polticas
que estn en juego actualmente en Amrica Latina. Esclaro que las crisis que azotaron a la regin en la segunda
parte de la dcada de los noventa condujeron a soluciones
diferenciadas debido a los distintos proyectos polticos
que surgieron tras la crisis. En el caso ms extremo, la
salida a la crisis colombiana, peruana y mexicana estuvo
signada por la profundizacin de algunas medidas
neoliberales con el surgimiento de otras nuevas, que
en el caso colombiano adquirieron mayor grado de de-
sarrollo, como el establecimiento de zonas francas y los
contratos de estabilidad jurdica, entre otros. Esto explica
por qu el auge extractivista es ms evidente en la eco-
noma colombiana.
La clave para evaluar si estas transformaciones en
el patrn de acumulacin se pueden consolidar est en
lo que suceda en el terreno de la lucha de clases; a pesar
de que la iniciativa del capital pasa por la transformacin
del espacio, la creacin de nuevas zonas de acumulacin,
El neoliberalismo
implic
transformaciones
sustanciales en la
relacin salarial,
las formas de
organizacin
del trabajo, la
organizacindel comercio
internacional,
el auge del
consumismo,
entre otros
elementos. Esto
explica que la
naturaleza y elcarcter de las
crisis bajo el
neoliberalismo
sean diferentes
a las de periodos
anteriores
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el fortalecimiento de nuevos sectores y el desarrollo de nuevas formas de ex-
plotacin del trabajo y del ambiente, sus resultados no slo dependen de esta
iniciativa, sino tambin de la capacidad de resistencia de los sectores que se per-
judican por estos cambios. Las expansiones geogrficas del capitalismo tambin
generan expansiones en los campos de lucha y en los sectores involucrados y
crean nuevas formas de la lucha de clases. La actual situacin muestra una vez
ms que la crisis es un campo de lucha, en el que todo est por decidirse.
Bibliografa
Aglietta, M. (1979). Regulacin y Crisis del Capitalismo. Madrid: Siglo XX editores.
Boyer, R. (1987). La Teora de la Regulacin. Un anlisis Crtico. Buenos Aires: SECYT.
Brenner, R. (2010). Un Anlisis Histrico-econmico Clsico de la actual Crisis.
En: J. Estrada, Crisis Capitalista, economa poltica y movimiento. Bogot: Espacio
Crtico Ediciones.
Estrada, J. (2004). Construccin del Modelo Neoliberal en Colombia 1970-2004.
Bogot: Ediciones Aurora.Harvey, D. (2003). El Nuevo Imperialismo. Barcelona: Akal.
Harvey, D. (2010). Estamos realmente ante el fn del Neoliberalismo? La Crisis y la
Consolidacin del poder de las clases dominantes. En: J. Estrada, Crisis Capitalitsa,
economa, poltica y movimiento. Bogot: Espacio Crtico ediciones.
Katz, C. (2010). Las Tres Dimensiones de la Crisis. Ciclos en la Historia, la Economa
y la Sociedad, XIX(37/38).
Katz, C. (2011). Bajo el Imperio del Capital. Bogot: Espacio Crtico Ediciones.
Mandel, E. (1986). Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista. La Interpretacin
Marxista. Madrid: Siglo XXI Editores.
Neffa, J. C. (2000). Modos de Regulacin, Regmenes de Acumulacin y sus crisis en
Argentina (1880-1996). Buenos Aires: Eudeba.
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Que en Colombia nohay presos polticos?
Miguel ngelBeltrn V.
Profesor AsociadoUniversidad Nacional
Perseguido Poltico
La fe en la autoridad es una cosa, hechos
que se tocan con la mano, son otra*
El presidente de la Repblica le
recibi en pie, la cabeza levantada,
un brazo suelto naturalmentey el otro a la espalda,
y, sin darle tiempo a que lo
saludara, le cant:
-Yo le dir, don Luis, y eso s!,
que no estoy dispuesto a que
por chismes de mediquetes se
menoscabe el crdito de mi
gobierno en lo ms mnimo.
Deberan saberlo mis enemigos
para no descuidarse,
porque a la primera, les boto la cabeza!
El Seor PresidenteMiguel ngel Asturias
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E
n una alocucin televisada, el entonces presidente de la Repblica, Julio
Csar Turbay Ayala (1978-1982), en respuesta al Informe presentado por
Amnista Internacional, en el que se denunciaban graves violaciones a losderechos humanos en Colombia sealaba que:
El gobierno rechaza por inexactas las referidas apreciaciones y arma
que en este pas no hay presos de conciencia. Nadie ha sido detenido
y juzgado por ser sindicalista, mdico, abogado, estudiante, campesino,
artesano o por pertenecer a un determinado partido poltico. Lo que ocurre
es que entre los sindicados por la comisin de delitos muy probablemente
existen personas que ejercen alguna profesin u ocio, pero obviamente
no es en razn de su profesin por los que han sido detenidas, sino por la
comisin de delitos (Turbay Ayala, abril 19 de 1980).
Un cuarto de siglo despus, el vicepresidente de la Repblica, Angelino Garzn,
repite casi textualmente la misma frase:
[En Colombia] Existen presos de organizaciones criminales, de
organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El
Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la
En mayo de 1944, los gaitanistas contaban con su propio peridico: Jornada , comomedio para denunciar las acciones del gobierno. Imagen tomada de: Gloria Gaitn
Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un buick. Bogot: Graficsa, 1998
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existencia de presos polticos, eso sera
aceptar la legalizacin de las organizaciones
armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer
porque son contrarias a la democracia, son
contrarias al derecho de la poblacin a vivir
tranquilamente, en bienestar y en paz (El
Universal, marzo 18 de 2012).
La parodia de Angelino Garzn no deja deevocarnos aquel pasaje de El 18 Brumario de Luis
Bonaparte, tan frecuentemente citado: Hegel
dice en alguna parte escribe Marx que todos los
grandes hechos y personajes de la historia universal
se producen, como si dijramos, dos veces, pero se
olvid de agregar: una vez como tragedia y otra vez
como farsa. Nada ms cierto, pues si ayer la expresin
aoraba del cinismo de un genuino representantede la clase poltica tradicional, hoy la hace suya un
ex aguerrido dirigente sindical que, aunque en ese
entonces lider protestas callejeras contra el Estatuto
de Seguridad, hace tiempo abandon sus ideales
sociales y se inclin ante los poderes hegemnicos,
revistiendo sus desmedidas ansias de fguracin con
un supuesto nuevo lenguaje poltico.
Lo que s comparte esta caricaturesca declaracin
del vicepresidente Garzn es que hoy, como en los
tiempos del presidente Turbay Ayala, no slo las
crceles estn llenas de prisioneros(as) de guerra y
presos(as) polticos* vctimas de montajes judiciales
y falsos positivos, sino que el mismo Cdigo Penal
reconoce dicho delito, por el que arbitrariamente
hemos sido privados de la libertad numerosos
acadmicos, lderes sociales, periodistas y miembros
de la oposicin que disentimos de las polticas
Seguidores de Jorge ElicerGaitn durante su campaaelectoral.Imagen: Gloria GaitnJaramil lo, Bolvar tuvo un caballo
blanco, mi pap un buick. Bogot:
Graficsa, 1998
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ofciales. De manera tal que el propsito comn de
estos pronunciamientos no es otro que el de ocultar
las realidades de un conicto social y armado que se
ha prolongado por ms de medio siglo.
Lo que sucede es que en Colombia como suele
en ocurrir bajo los gobiernos de corte autoritario
se ha proscrito el uso pblico de determinados
conceptos, los cuales han sido anatemizados como
lenguaje subversivo, pues al mejor estilo de loque narra el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos
en su novela Yo el Supremo se pretende crear
nuevas realidades a punta de plumazos (y plomazos).
Recordemos que no hace muchos aos, una circular
dirigida a las representaciones diplomticas en el
exterior, frmada por el Alto Comisionado para la paz
de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, prohiba el
uso de trminos como conicto armado, actoresarmados, comunidades de paz, ya que aceptarlos
era a su juicio legitimar los grupos armados ilegales.
La situacin parece haber cambiado pero
para seguir igual. El presidente Juan Manuel Santos
reconoci hace cerca de un ao en medio de la
euforia inicial que despert en ciertos sectores de
la opinin pblica su promocionado proyecto de
unidad nacional que en Colombia existe un conicto
armado, concepto que fue incorporado al proyecto
de ley de Vctimas de la Violencia, que circulaba en
esos das en el Congreso. Hoy el ex comisionado es
requerido por la justicia y el concepto de conicto
armado interno discurre como si nada por
los diarios nacionales, ocupando la atencin de
reconocidos analistas del mismo, que como hbiles
timoneles acomodan sus naves tericas a los oleajes
de la coyuntura poltica.
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Pero hasta ah no ms. Las consecuencias lgicas que de ese reconocimiento
derivan son todava intangibles. Prueba de ello es que ahora el presidente Santos
(porque aunque parezca callado, silencioso, mudo, su silencio como en la novela del
aludido escritor paraguayo es de mando), niega a travs de su Ministro de Justicia
el ingreso de una comisin de verifcacin de las crceles, encabezada por la doctora
Piedad Crdoba e integrada por reconocidas personalidades polticas y sociales delcontinente, para constatar las condiciones en que se encuentran privados de libertad
los presos polticos, declarando a regln seguido la inexistencia en el pas de presos
y presas polticos, de guerra y de conciencia.
Si como afrma el vicepresidente Garzn a los presos de las FARC se les ha
garantizado y se les sigue garantizando el respeto al debido proceso, el respeto a
los derechos humanos y se les permite la visita de la familia, la asistencia jurdica
y sanitaria, cul es el temor de que haga presencia esta comisin humanitaria?
No sera esta una excepcional oportunidad para dar cuenta de las grandezas de lademocracia ms antigua y estable del continente y a la vez destrabar el proceso de
liberacin de los uniformados retenidos por esta organizacin insurgente, cuya vuelta
a sus hogares anhelamos millones de colombianos?
Seguramente la preocupacin surge de que esta misin de observacin
humanitaria se va a encontrar con una realidad muy diferente: un trato discriminatorio
hacia presos y presas poltico(as) frecuentemente sometidos(as) a aislamientos,
humillaciones y trato degradantes; un rgimen penitenciario violatorio de los derechos
fundamentales de los internos, que se aplica por igual a condenados y sindicados; una
permanente obstruccin a la libre comunicacin de los internos con sus abogados
defensores (cuando los tienen); un continuo maltrato a los familiares que van a visitar
a sus seres queridos presos; en sntesis, unas condiciones denigrantes para miles de
prisioneros(as) que estn all como resultado del conicto interno colombiano.
La actitud del gobierno frente a la contundente realidad de la existencia de
ms de ocho mil presos(as) polticos(a) en el pas, nos hace evocar la incredulidad de
aquellos sabios de la corte orentina a los que Galileo Galilei trataba de demostrar
sus descubrimientos hechos por medio del telescopio que confrmaban las teoras
heliocntricas de Coprnico. Al pedirle a estos eruditos que verifcaran a travs de
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su anteojo la existencia de aquellas estrellas que
stos consideraban inexistentes, uno de ellos
alega que el telescopio al mostrar algo que no
existe, no es un instrumento muy exacto, por
lo que sera mucho ms provechoso, si usted
nos pudiera nombrar las causas [razones] que lomovieron a suponer la existencia de astros que
cuelgan libremente en las esfera superiores del
inmutable frmamento. A lo que el cientfco
italiano responde con estupor: Las razones?
Cuando de una mirada a los mismos astros y con
mis apuntes queda demostrado el fenmeno?
Pero seores, la disputa resultara absurda!
(Bertolt Brecht. Galileo Galilei)
Post scriptumLos inexistentes presos polticos del pas han
manifestado en un reciente comunicado
pblico que a partir del martes 20 de marzo
de 2012 se declaran en desobediencia y
huelga de hambre para exigir del gobierno y
las autoridades penitenciarias la ejecucin de la
visita de verifcacin nacional e internacional.As mismo han reiterado estos fantasmas que
deambulan en los pasillos de las ms de ciento
cincuenta crceles colombianas que: La paz, la
reconciliacin no se logra ocultando la realidad.
Los gestos de paz y de buena voluntad deben
ser bilaterales.
* La condicin de prisioneropoltico de guerra hacereerencia a aquellaspersonas que se han alzado
en armas con la fnalidad detomarse el poder y derrocarel rgimen constitucional ylegal vigente, y en razn deello han sido privadas de sulibertad por su contradictor.Por su parte,prisioneros polticosde conciencia son aquellaspersonas que han ejercido el
derecho a la oposicin poltica alrgimen o al gobierno vigente,de manera individual o colectivaen su calidad de miembrosde organizaciones sociales,barriales, populares, sindicales,polticas, estudiantiles,campesinas, deensoras dederechos humanos, indgenas,
arodescendientes, entre otras,y en razn a ello han sidoperseguidas y privadas de lalibertad por su opositor. (Cr.Traspasa los Muros. Defendersedesde Adentro. Derechos,Tratamiento y Proteccin de las
personas en Reclusin. Bogot,octubre de 2010, p.32)
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Las iras de
Transmilenio
ricardo Snchezngel
Doctor en Historia
Profesor
Universidad Nacional
El motn
El viernes 9 de marzo de 2012 tuvieron lugar enBogot movilizaciones de la juventud y de la
ciudadana en protesta por el mal servicio del
sistema de transporte masivo Transmilenio. Altas tarifas,
hacinamiento de pasajeros, inseguridad, escasez de vehculos,
psima calidad de las losas, incumplimiento de los horarios,
incremento notorio en la contaminacin atmosfrica, son
algunas de las razones que expresan el sentir airado y la
impotencia de los usuarios.
Por supuesto que el mal servicio prestado por Transmile-
nio ha creado unas experiencias de lucha y una conciencia so-
bre el sistema que funciona inadecuadamente y benecia con
ganancias multimillonarias a un puado de doce empresas.
Mientras el gobierno distrital, adems de ser el garante ante
la ciudadana de la ecacia del sistema, asume tambin las
obligaciones de proveer la infraestructura, el mantenimiento,
la seguridad, nuevas troncales y subsidios.
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Debe reconocerse que estas luchas, que reclaman un transporte pblico modernoe integrado para Bogot, tuvieron expresiones espordicas y con repercusiones depoca trascendencia hasta el viernes 9, aunque en los quince das anteriores hubo cincobloqueos que presagiaban un salto cualitativo de la protesta, con sus tomas y susmtines. En los doce aos de vida de Transmilenio, la inconformidad se ha expresadoen varias oportunidades.
El viernes, la protesta se creci y a las 7:45 a.m. el sistema colaps. Una pancartapresentada por City Noticiassintetiza, a mi juicio, la causa del movimiento: UNINDE USUARIOS. TRANSMILLENO NO AGUANT MS1. Se dieron manifestaciones,bloqueos, asambleas de los usuarios en la calle, mtines, uso de las redes sociales deInternet para sintonizar las acciones y una explosin de la ira contenida, lo cual afectde manera sensible el funcionamiento en su conjunto del transporte y del trnsito deBogot. Hubo once estaciones tomadas y cuatro portales, adems de destrozos endichas instalaciones.
1 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/actos-vandlicos-en-los-bloqueos-a-transmilenio _ 11313042-4
7 agosto de