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ENCUENTRO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS
Madrid, 28 de mayo de 2012
Señor Secretario General, Don Enrique Iglesias,
Señoras y señores:
En primer lugar quería agradecer a Don Enrique Iglesias la invitación que me ha hecho para
hablar en esta sesión de cierre y, desde ya, felicitarlo por el gran éxito de este importante
Encuentro Empresarial.
Hoy, durante el día, hemos hablado sobre los planes de desarrollo y sobre las necesidades de
inversión para llevarlos a cabo.
La primera cuestión que se plantea, en el tema que estamos tratando, son las alianzas público‐
privadas:
¿Por qué hoy en día, por todo el mundo, se están implementando o se está reflexionando
sobre la implementación de las alianzas público‐ privadas?
En mi opinión, existen tres principales razones:
En primer lugar porque una de las principales funciones de los Estados es dotar a las
sociedades de bienes y servicios que satisfagan las necesidades colectivas de sus
conciudadanos;
En segundo lugar, como la mayoría de los Estados no tienen hoy los medios financieros
necesarios que les permitan alcanzar ese objetivo, se refuerza la necesidad de encontrar un
modelo de inversión que les permita lograr dicho objetivo;
En tercer lugar, esta incapacidad financiera de los Estados se alió a una política liberal de
desintervención de los mismos en las economías, dejando así, de ser un promotor de bienes y
servicios, para asumirse como un regulador, lo que le dio la oportunidad a los privados de que,
con el modelo de alianza público‐ privadas, substituyeran al Estado en dichas funciones.
Como sabemos, el historial de alianzas ya es grande, sobre todo en el área de las
infraestructuras de transporte. Sin embargo, es a partir de los años 90 que la denominación y
el modelo empezaron a tener más notoriedad.
Pero, sin querer menospreciar el papel que han tenido las alianzas público‐ privadas en el
desarrollo de muchos países, debemos prestar atención a dos cuestiones importantes:
En primer lugar, el hecho de que el modelo de las alianzas público‐ privadas genere deuda,
diferida en el tiempo, y como tal en los modelos que se desarrollen tendrá que existir un gran
rigor y control.
Pero, en segundo lugar, esta premisa también se deberá contrabalancear con el hecho de que
la inversión en infraestructuras origina:
Crecimiento económico;
Desarrollo sostenible;
Eficiencia;
Promoción de la equidad social.
Así que, un plan de alianzas público‐ privadas, en cualquier país, deberá corresponder a una
visión prospectiva de la evolución de esa misma sociedad, a la aplicación de criterios de
eficiencia económica en su análisis y a la evaluación de las externalidades y de las necesidades
sociales que las infraestructuras pretenden eliminar.
Y es aquí que surge la primera cuestión central que debemos observar: Este modelo financiero
‐ las alianzas público‐ privadas – nunca podrá poner en causa la sostenibilidad, sobre todo
financiera, de los países implicados.
Es necesario tener siempre en cuenta el equilibrio generacional. Es necesario asegurar la
sostenibilidad del crecimiento económico del país para permitir el cumplimiento de los
compromisos asumidos sin poner en causa la salud de las finanzas públicas.
En este sentido, porque el rigor es central en dicho proyecto, la promoción de la alianza
público‐ privada requiere el cumplimiento de un conjunto de reglas distintas, en línea con las
reglas de contratación pública, en concreto la exigencia de procesos de concurso para asegurar
una contratación competitiva y con las mejores condiciones de mercado.
Además de estas condiciones, también es determinante la demostración del interés público de
la inversión y la demostración de la asequibilidad de costes para el Estado ante toda la
exigencia financiera, así como es fundamental concebir una garantía de riesgo compartido.
El socio privado asume el papel del Estado, pero el Estado no se puede alejar del proceso, ya
que está presente en todas sus fases (preparación, concurso, fiscalización del proyecto y
construcción y monitorización permanente en la fase de explotación). Asume el papel de
regulador.
Un instrumento fundamental para evaluar la opción es el coste público comparable que tiene
como objetivo evaluar si la opción por la alianza público‐ privada presenta una plusvalía real
respecto a las opciones de contratación pública alternativas.
Así, podemos identificar 4 ítems para la buena contratación de una alianza público‐ privada:
1. Estabilidad y sostenibilidad económica del país;
2. Marco legal y normativo claro;
3. Plena integración del proyecto en el Programa Nacional de Infraestructuras;
4. Rentabilidad socioeconómica.
Para que estos principios se materialicen, permítanme dejar aquí un conjunto de
recomendaciones:
Preparación adecuada de los proyectos de alianza público‐ privada; incluyendo una
clara definición de los resultados a alcanzar, la búsqueda de soluciones innovadoras y
cuantificación de costes; previsión de las necesidades de estudios previos, como por
ejemplo, ambientales y urbanísticos;
Coste público comparable; límite máximo de los compromisos a asumir por el Estado,
con vista a validar la consistencia del proyecto;
Inscripción del presupuesto previo de los gastos con cada alianza público‐ privada,
garantizando la disponibilidad de recursos compatibles a los gastos, reduciendo los
riesgos de lanzamiento precipitado de concursos fundados apenas en la oportunidad
política y sin la preparación adecuada de la documentación previa necesaria;
La opción alianza público‐ privada deberá justificar el value for money, esto es,
destacar las ventajas añadidas respecto a la opción tradicional de financiación directa y
no ser basada en motivaciones presupuestarias relacionadas apenas con el cálculo off‐
balance sheet de la deuda pública;
En las cláusulas contractuales, asegurar que se compartan los riesgos:
a través de un análisis juicioso y limitar, en el ámbito de los procesos de “Reposición
del equilibrio financiero”, las imposiciones del sistema financiero (los “efectos Caso
Base”), así como todos los demás costes indirectos;
En los sectores de la administración pública que pretendan implementar una alianza
público‐privada, con poca experiencia en dicha implementación, realizar el diagnóstico
y la planificación formal y participada de las capacidades de implementación de los
organismos sectoriales involucrados, teniendo en cuenta las respectivas funciones, así
como la necesidad de articulación, a lo largo del ciclo de gestión pública asociado a la
alianza público‐ privada;
En dichos casos, en la implementación de modelos innovadores y complejos de alianza
público‐ privada, o cuando se pretenda implementar los trámites procesales de
contratación no probados anteriormente, se deberá ajustar la gestión del flujo de
proyectos de alianza público‐ privada, comenzando, preferentemente, por recurrir a la
implementación de un proyecto‐piloto;
Probar previamente en el terreno las capacidades de gestión de las entidades públicas
involucradas;
Captación del interés y de la colaboración del sector privado, gestionadas sin crear
falsas expectativas, que impliquen costes innecesarios y menor credibilidad del Estado,
como socio de las alianza público‐ privada;
Si se cumplen con rigor los ítems referidos, si la salud económica y financiera de cada país es
buena, no tengo ninguna duda al afirmar que estamos ante un modelo de inversión que
anticipa la concreción de un proyecto, dotando así a las sociedades de bienes y servicios que
satisfacen sus necesidades colectivas, muchos años antes de lo que le permitiría el desarrollo
económico normal.
Añadiéndolo a esta realidad, el modelo de alianza público‐ privada es, por sí mismo, un claro
inductor de crecimiento económico y de inversión sostenible.
Pero, como es obvio, el resultado global sólo será totalmente positivo si el marco legal y su
implementación resguardan las capacidades financieras de los países y defienden la salud del
presupuesto durante todos los años que dure el modelo.
Existe así, en el modelo de alianzas público‐ privadas, un gran deseo:
Si aplicar este modelo significa, por un lado, anticipar la concreción de infraestructuras,
creando así mejores condiciones de vida a los ciudadanos de cada país, este modelo deberá
cumplir totalmente con los principios enunciados, de forma a que se asegure el equilibrio
generacional a medio y largo plazo y por ello nunca implique la hipoteca de las generaciones
futuras.
Muchas gracias.
Jorge Coelho
Presidente de la Comisión Ejecutiva de Mota‐Engil