Download - Evolución Nº 17 - Setiembre 2013
El Estado del Arte*de la RSE
El Compromiso empresarial en la
Construcción de Ciudadanía (*) Su origen se le atribuye a Aristóteles en su primer libro de Metafísica. Hace referencia al nivel más alto de desarrollo
conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo científico plural.
SEPTIEMBRE Año 2 – Número 17 – Edición 2013
GESTIÓN LA VISIÓN DE LOS GERENTES Y RESPONSABLES DE RSE Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS
“Lo público y lo privado deben interactuar en forma permanente” Por Agustín del Castillo, Coordinador de RSE de Banco Patagonia.
Por Elsa Zorrilla, Gerente de Desarrollo Sostenible de Randstad Argentina.
Por Jorge Polo, Gerente de Marketing y Productos de Tersuave.
Por Claudio Moreno, Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de
Transportadora de Gas del Norte.
SUMARIO
El valor del diálogo para promover relaciones constructivas
y sustentables
“Las acciones público-privadas nacen con el desafío de
estrechar vínculos a largo plazo”
“Son las diferencias intersectoriales las que aportan al éxito
de las iniciativas”
ESCENARIOS Y TENDENCIAS
PorCristina Monge, Directora de conversaciones de ECODES de España.
Por Carlos March, Responsable de Saber Social de la Dirección de
Comunicación Estratégica de la Fundación Avina.
Por María del Carmen Tamargo, Docente Universitaria y Presidenta de la
Asociación Iniciativas y Estrategias.
DESTACADOS
Por Virginia Romanutti, Coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba
Por Lucio Scardino, Responsable de Prensa y Comunicación de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba
La cuidad, una empresa colectiva
El aporte de la RSE en procesos de Articulación Público-
Privada
La Cooperación es la Respuesta
La RSE como Economía de Causa
TEMAS TRANSVERSALES El compromiso del Gobierno Corporativo en el ejercicio de la RSE Por Santiago Chaher, Coordinador del Círculo de Compañías de
Gobiernos Corporativo de América Latina.
Por Juan Cruz Díaz, Managing Director de Cefeidas Group
Construir e incidir desde la gestión empresarial para un mundo sustentable Por Andrés Suárez, Académico del Centro de Ética de la Universidad
Alberto Hurtado de Chile
Referencias bibliográficas sobre RSE & Sustentabilidad
identificadas por el Programa de Capacitación Ejecutiva de
RSE de la Universidad de San Andrés:
Alianzas público-privadas como estrategias nacionales de desarrollo a
largo plazo.Devlin, Robert y Moguillansky, Graciela. Revista Cepal n° 97, Abril.
Chile. Año 2009. Código de mejores prácticas de gobierno de las organizaciones para la
República Argentina.Instituto Argentino para el Gobierno de las
Organizaciones (IAGO). Argentina. Año 2004.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SITIOS DE INTERÉS Movimento Nossa Säo Paulo
Nuestra Mendoza
Nuestra Córdoba
DOCUMENTOS RECOMENDADOS Guía metodológica para la formación y gestión de alianzas
público-privadas para el desarrollo.ALIARSE. Costa Rica, Año 2010.
Guía para el Desarrollo de Procesos de Articulación Público
Privada.Tamargo, María del Carmen. Argentina, Año 2012. Guía Práctica de Gobierno Corporativo. Experiencias del
Círculo de Empresas de la Mesa Redonda
Latinoamericana.Corporación Financiera Internacional. Estados Unidos,
Año 2010.
Bogotá Cómo Vamos
Luis Ulla
Director Ejecutivo IARSE
Jimena mercado
Directora Editorial IARSE
Laura Massari
Directora de Relaciones Institucionales IARSE
Alicia Rolando
Colaboradora Externa – Experta en Reportes y Fundadora del IARSE
COMITÉ EDITORIAL
Los artículos y opiniones vertidas en esta publicación son de absoluta y exclusiva responsabilidad de los
autores.Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la visión y el espíritu del IARSE.
Desde su creación, Banco Patagonia ha estado
presente en áreas como la educación, el
deporte, la cultura y el medio ambiente. Estos
ámbitos no se pueden disociar en público o
privado excluyentemente, ya que abarcan a
toda la comunidad. Entonces, lo público y lo
privado deben interactuar en forma
permanente. En ambos segmentos debe haber
ideas y propuestas que se complementen.
En donde esto se puede apreciar con claridad,
es en los Concursos para Emprendedores que realizamos en el interior junto a
Fundación Impulsar y con la activa participación de los gobiernos municipales.
Trabajar en Villa La Angostura (Neuquén) y Tres Arroyos (Buenos Aires), fue para
nosotros una experiencia enriquecedora, donde lo público y lo privado se articulan
con el tercer sector, para dar herramientas a la comunidad que busca nuevas
oportunidades de cara al futuro.
Cuando me preguntan porqué decidimos desarrollar una iniciativa en articulación con
el Estado, la respuesta no es tan compleja. Somos parte de ese Estado, y como tal,
tenemos la obligación de acompañar políticas sustentables para toda la comunidad.
Somos parte de la misma sociedad, trabajamos para un objetivo común. Involucrarse
es comprometerse responsablemente. Eso es lo que hacemos en todos los lugares
donde actuamos.
En las alianzas estratégicas que se generan con el sector público, el rol de la empresa
es estar siempre acompañando. En nuestro caso, dos claros ejemplos son el Programa
de Crédito Fiscal del INET, donde financiamos proyectos educativos de escuelas
GESTIÓN
“LO PÚBLICO Y LO PRIVADO DEBEN
INTERACTUAR EN FORMA PERMANENTE”
Por Agustín del Castillo, Coordinador de
RSE de Banco Patagonia
www.bancopatagonia.com.ar
técnicas y agrotécnicas para establecimientos terciarios no universitarios y se fomenta
la capacitación y adquisición de equipamiento para los mismos, a través de proyectos
que vinculan educación y trabajo. Y, por otra parte, la participación en el
financiamiento de actividades culturales a través de la Ley de Mecenazgo de la
Ciudad de Buenos Aires. De la experiencia desarrollada en estos años, hemos aprendido que trabajar en
equipo (aunque vengamos de falsas dicotomías como lo público y privado y dejando
afuera los prejuicios), podemos construir una sociedad mejor. Sólo hay que saber dar el
primer paso. Adelante hay una comunidad que necesita de todos.
Por último, y concretamente en el caso de Banco Patagonia, nuestro desafío es seguir
acompañando políticas que resignifiquen el valor de la articulación público-privada.
En realidad, que resignfiquen el valor de una comunidad que se sabe solidaria e
inclusiva.
“CUANDO ME PREGUNTAN PORQUÉ DECIDIMOS DESARROLLAR
UNA INICIATIVA EN ARTICULACIÓN CON EL ESTADO, LA
RESPUESTA NO ES TAN COMPLEJA. SOMOS PARTE DE ESE
ESTADO, Y COMO TAL, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE
ACOMPAÑAR POLÍTICAS SUSTENTABLES PARA TODA LA
COMUNIDAD”
Agustín del Castillo
Licenciado en Administración. Ha cursado estudios de
Posgrado en Desarrollo Local y Economía Social (FLACSO),
Comunicaciones Institucionales (Universidad Austral),
Economía y Derecho Ambiental (USAL) y Gerenciamiento de
Sistemas de Calidad (USAL). Lleva más de 10 años
trabajando en temas de Sustentabilidad. Es Coordinador de
RSE de Banco Patagonia, posición que ocupa desde hace
cinco años cuando llegó al Banco para armar el startup del
área, implementar el primer Informe de RSE del banco (hoy
van por el séptimo informe) y desarrollar el voluntariado
corporativo. Además, desde Enero del 2013 sumó a su
gestión la Coordinación de Comunicaciones Internas.
¿Es necesaria la articulación público privada?No nos es
ajeno –y de esto venimos hablando desde hace más de
una década- que en un complejo contexto de
inequidad social en nuestra región, es absolutamente
indispensable la acción articulada de todos los sectores
de la sociedad. La imagen de la sociedad mirando
hacia arriba y esperando que las soluciones a las
problemáticas que la aquejan provengan
exclusivamente del Estado es algo que quedó en el
pasado. Es por eso que las expresiones como un ―Estado
presente o ausente‖ ya están pasadas de moda. La
participación intersectorial en la construcción colectiva
de la sociedad es el único camino hacia la sostenibilidad
de la misma.
Todas las organizaciones, sea cual fuere su procedencia
(gubernamentales, privadas, sindicales y sociedad civil) tienen su propia visión de
territorio, factores preponderantes, cultura, actores locales, intereses, alcances y
complejidades de sus propias gestiones, etc. Es justamente por eso que valorando y
preservando sus propias identidades, pueden definir los roles que les competen
cuando se deciden a intervenir para mejorar o mitigar determinados problemas
sociales.
Son justamente las diferencias intersectoriales las que aportan al éxito de las iniciativas
que se emprenden, y en Argentina ya hay muchas experiencias exitosas al respecto,
inclusive aquellas que pueden provenir del sector privado y que terminan impulsando
políticas de Estado.
¿Cómo participar? El Estado, garantizando y promoviendo la no vulneración de los
derechos de las personas a través de las reglamentaciones, controles y gestiones
“SON LAS DIFERENCIAS INTERSECTORIALES
LAS QUE APORTAN AL ÉXITO DE LAS
INICIATIVAS”
Por Elsa Zorrilla, Gerente de Desarrollo
Sostenible de Randstad Argentina
www.randstad.com.ar
“LA PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL EN LA CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA DE LA SOCIEDAD ES EL ÚNICO CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA MISMA”
pertinentes; las organizaciones de la sociedad civil aportando su profundo
conocimiento de las temáticas que se traten; y las empresariales que en el marco de
sus estrategias para el Desarrollo Sostenible de sus propias organizaciones, necesitan
apostar a permanecer en forma más competitiva, rentable, transparente y verde en
un mercado con una sociedad cada vez más justa y equitativa, que es la misma a la
que quieren ofrecerle sus servicios o productos. El rol de los sindicatos por ejemplo, no
debiera confundirse con ningún otro. Están creados exclusivamente para velar por el
cumplimiento de los derechos laborales de las personas y no debiera en ningún caso,
mimetizarse con objetivos políticos de terceras organizaciones en la que actúen. Cada
perfil tiene un peso muy importante a la hora de las intervenciones sociales.
Implementar políticas de articulación público privada no es fácil, pero está
demostrado que es posible, siempre y cuando haya una verdadera decisión de actuar
y una actitud socialmente responsable de todos los actores de la sociedad. Creo que
las iniciativas que se desarrollan en este marco, tienen garantizado un impacto real
justamente por las diferentes miradas que cada sector puede aportar, lo que nos
permitirá dar un giro real hacia el acceso a una sociedad más avanzada, transparente
y sostenible.
Siguiendo esta línea, Randstad Argentina es una empresa pionera en el desarrollo de
programas en el marco de la articulación público privada como una instancia que
garantiza la sostenibilidad de sus acciones. Son muchas y variadas lasintervenciones
que desarrolla permanentemente la compañía por la inclusión delas personas, la no
discriminación, prevención del trabajo infantil, promoción del trabajo regulado y
decente, la capitalización de la diversidad en la gestión, y también la difusión del
concepto de desarrollo sostenible basado en una actitud socialmente responsable de
sus líderes. Estas acciones son posibles por ir de la manode otras empresas,
incluidos sus competidores, con organizaciones
gubernamentales, tanto locales, provinciales, nacionales e internacionales, así como
con ONG’s relacionadas con los ejes estratégicos de su plan de negocio y que son
consideradas buenas prácticas por la impronta sostenible e innovadora de las mismas.
“IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA
NO ES FÁCIL, PERO ESTÁ DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE...”
Elsa Zorrilla
Gerente de Desarrollo Sostenible de Randstad Argentina (ex
SesaSelect), una de las empresas fundadoras de MoveRSE.
Actual Presidenta de MoveRSE. Miembro de la Comisión
Directiva de la Red Empresaria Nacional por la Erradicación
del Trabajo Infantil. Miembro de la Comisión de Trabajo
Decente y Prevención del Trabajo Infantil de la provincia de
Santa Fe. Miembro promotor del Club de Empresas
Comprometidas con la Discapacidad. Miembro promotor de
la gestión en Equidad de Género. Miembro de la Comisión
Directiva del Pacto Global de Naciones Unidas.
Las acciones relacionadas con la
articulación público–privado nacen
con el desafío de estrechar vínculos a
largo plazo con organizaciones que
poseen una fuerte presencia cultural
para preservar y potenciar el valor
arquitectónico, cultural e histórico de
sus edificaciones y monumentos de
orden público. Nuestros propósitos y
decisiones son tomados de manera
independiente, es decir, trabajamos
junto a las organizaciones para la
preservación y el mantenimiento de
obras sin otro propósito más que
trabajar en ese único sentido.
La intención de Tersuave es mantener y preservar edificios, monumentos y sitios
culturales que exceden las gestiones de los gobiernos de turno. El programa de
―Preservación del Patrimonio Histórico - Cultural‖ se materializa a través de la firma de
convenios y/o acuerdos de cooperación a largo plazo que generalmente superan los
períodos de gestión de quienes están a cargo. Cada uno de los acuerdos incluye,
además de los productos que comercializa la firma, capacitaciones técnicas y
asesoramientos para gestar un buen marco de referencia y mejorar día a día la
calidad de los trabajos en ejecución.
La experiencia acumulada en este campo de acción, nos permite declarar cuáles
han sido los aprendizajes más relevantes. Los mismos hacen referencia a la
comunicación clara, detallando específicamente nuestro ámbito de trabajo,
compromiso y responsabilidades; y por otro lado mantener un diálogo abierto con los
referentes de las instituciones para adaptar sus necesidades a nuestras posibilidades.
“LAS ACCIONES PÚBLICO–PRIVADAS NACEN
CON EL DESAFÍO DE ESTRECHAR VÍNCULOS A
LARGO PLAZO”
Por Jorge Polo, Gerente de Marketing y
Productos de Tersuave
www.tersuave.com.ar
“LA INTENCIÓN DE TERSUAVE ES MANTENER Y PRESERVAR
EDIFICIOS, MONUMENTOS Y SITIOS CULTURALES QUE EXCEDEN
LAS GESTIONES DE LOS GOBIERNOS DE TURNO”
El abanico de intervenciones es sumamente amplio desde la variedad de las tipologías
hasta el carácter federal de las acciones:
Repintado Bº La Boca – Buenos Aires
Silos del Museo Macro – Rosario
Salas de Exposición Museo Superior de
Bellas Artes Evita – Córdoba
Casa de la Cultura – Salta
Casa de Gobierno de Corrientes -
Corrientes
Centro Cultural España – Córdoba
Preservación de los faros del litoral
marítimo argentino
Museo Nacional de Bellas Artes – Buenos
Aires
Teatro María Castaña – Córdoba
Niños Urbanos – Esculturas Urbanas de
Antonio Seguí - Córdoba
El programa de "Preservación de Patrimonio Histórico - Cultural‖ lleva intervenidos más
de 301 museos, iglesias, edificios históricos, casas emblemáticas, entre otros espacios
culturales e históricos del país. Durante el 2012, se destinó un total de 11.858 litros de
pintura para la reparación de las instalaciones y mantenimiento de las estructuras con
las cuales se realizan y mantienen convenios.
Una vez más, Tersuave a través de estas acciones reafirma su sentido federal,
asumiendo un compromiso con la comunidad a través de sus edificios patrimoniales y
de valor arquitectónico en el territorio nacional.
Jorge Polo Gerente de Marketing y Productos de Tersuave. Miembro del
Comité Interno de Responsabilidad Social Externa de la
misma empresa.
Desde Transportadora de Gas del Norte (TGN)la
relación con el sector público se fue construyendo
en base a la experiencia, a prueba y error. Un
ejemplo de las iniciativas que llevamos a cabo fue
el programa de articulación público privada que
pusimos en marcha junto a la Municipalidad de
Embarcación (provincia de Salta), el cual redundó
en mejoras en el hábitat de tres comunidades de
pueblos originarios de Misión La Loma. A través de
este emprendimiento conjunto, familias de las
etnias Toba, Wichi y Guaraní pudieron mudarse a
una zona sin riesgos de derrumbe y con acceso al
agua potable.
Los motivos que nos llevaron a trabajar en este programa fueron varios. En primer lugar,
las comunidades de pueblos originarios son poblaciones vecinas que viven a una
distancia muy corta de la traza de los gasoductos. En ese mismo lugar pasan el
gasoducto de Gas Atacama y el poliducto de Refinor. La empresa debe mantener
una relación con las poblaciones allí asentadas porque es necesario pasar por ese
predio para hacer mantenimientos o en caso que sea relevante realizar alguna obra.
Por lo tanto, construir una relación de buenos vecinos es bueno para TGN y para la
comunidad.
En este caso, en febrero de 2009 un aluvión de barro dejó anegados varios barrios de
la ciudad de Tartagal. El río se salió de su cauce y derribó un antiguo puente
ferroviario, inundando varias cuadras a la redonda. Las copiosas lluvias de verano
originan torrentes de agua que arrastran barro y copiosos restos de vegetación desde
las laderas de las montañas hacia los centros urbanos –ubicados en zonas bajas- de
todo el departamento San Martín. El asentamiento de Misión La Loma, de la ciudad de
Embarcación, al estar en un área un poco más alta es afectado doblemente: los
cauces de agua cruzan con velocidad el terreno y dejan a su paso profundos
carcavamientos que ponen en riesgo a los asentamientos humanos que los circundan.
EL VALOR DEL DIÁLOGO PARA PROMOVER
RELACIONES CONSTRUCTIVAS Y
SUSTENTABLES
Por Claudio Moreno, Jefe de
Responsabilidad Social Empresaria de
Transportadora de Gas del Norte
www.tgn.com.ar
Luego de un programa de identificación de riesgos que TGN llevó a cabo durante
2008 y 2009 con las comunidades indígenas, se llegó a la conclusión de que alrededor
de 25 familias corrían riesgo de derrumbe por las erosiones del terreno. La
municipalidad de Embarcación inició desde entonces la diagramación de un nuevo
barrio, trazó nuevas calles y montó unidades habitacionales totalmente nuevas. TGN
aportó financiamiento para la construcción del sistema de distribución de agua
potable. El trabajo conjunto entre empresa y municipio posibilitó que más de 100
familias se trasladaran a un sitio seguro dentro del mismo predio de Misión La Loma, y
que cuenten con nuevas unidades habitacionales con servicio de agua potable.
Lo importante a destacar es que si no hubiésemos contado con un proceso de
diálogo previo las partes nunca hubiesen visualizado la oportunidad de coordinar
esfuerzos para ver materializados esos intereses convergentes. En este sentido, son
múltiples los aspectos que se ponen en juego. La transparencia, el respeto por el otro,
la actitud de escucha activa, y la búsqueda de oportunidades ganar–ganar son
fundamentales. Considero que los valores y las motivaciones más importantes se
juegan en las etapas iniciales de un proyecto, hay que estar muy convencido en el
valor del diálogo cuando no se ve una salida y parecen más importantes los
desencuentros que las coincidencias.
Los beneficios de la articulación público-privada
El proyecto no nació con los resultados que se obtuvieron como objetivo. Ésta sería
una reconstrucción abstracta y de laboratorio. Todo comenzó porque sabíamos de las
relaciones de conflicto que había con las comunidades y porque la empresa necesita
llevar adelante operaciones, mantenimientos, y viabilizar proyectos que hacen a la
prestación del servicio de transporte de gas.
Así, comenzó a diseñarse desde 2007 una estrategia proactiva con la intención de
promover relaciones constructivas y sustentables entre TGN y las comunidades de La
Loma. Esta forma de relacionamiento respondió además a la decisión política de
vincular los programas de Responsabilidad Social con la prevención y gestión de
conflictos. Como parte de ese enfoque integral, se trabajó sobre los siguientes ejes:
“LO IMPORTANTE A DESTACAR ES QUE SI NO HUBIÉSEMOS
CONTADO CON UN PROCESO DE DIÁLOGO PREVIO, LAS PARTES
NUNCA HUBIESEN VISUALIZADO LA OPORTUNIDAD DE
COORDINAR ESFUERZOS PARA VER MATERIALIZADOS ESOS
INTERESES CONVERGENTES”
En este caso prevaleció un criterio de inversión social por sobre la idea de
compensación por impactos negativos. La metodología empleada fue decidida
atendiendo a demandas y pautas culturales de las etnias involucradas y buscando un
fuerte involucramiento del municipio de Embarcación.
Otro aprendizaje es que, más allá de que esto se narre como caso, en la práctica no
se trata de una experiencia que funciona en forma autónoma. El entramado de
relaciones y la experiencia desarrollada en el territorio a través de otros programas de
RSE contribuyeron a la comprensión y también a la articulación de acciones entre
actores. Programas como Gobernabilidad del Riesgo, Cadena de Valor, y el
monitoreo de los conflictos permitieron transferir experiencias para interactuar y
negociar a otros actores internos de la organización.
Un balance en el que todos ganan
El nuevo sistema de distribución de agua cuenta con 1.800 metros de cañerías, dos
cisternas y un equipo de bombeo. Este diseño garantiza el normal abastecimiento de
agua pese a las pronunciadas pendientes del terreno. La construcción fue dirigida por
la Municipalidad de Embarcación con mano de obra local. En la fase inicial del
proyecto se montaron las viviendas nuevas y se procedió a derrumbar las antiguas
unidades con riesgo de derrumbe. Luego comenzó la obra de la red de agua.
Las comunidades adquirieron el acceso al agua potable a través de una red de
distribución, provisión de energía eléctrica y mejores condiciones de vida tras alejarse
de la zona de derrumbes, en tanto que el Gobierno local obtuvo mayor legitimidad
social y una fuente de financiamiento para la concreción de un proyecto relegado
por años.
Por su parte, TGN mejoró su conocimiento acerca de los actores sociales y su
comportamiento, desarrolló de una red de vínculos en su esfera de influencia local,
disminuyó los riesgos de conflicto y fortaleció las condiciones de permiso de paso
social.
Desarrollar estrategias de prevención con los gobiernos locales.
Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales.
Definir canales de diálogo para recepción de las demandas y búsqueda de
resolución constructiva de los conflictos.
Promover la planificación de acciones internas coordinadas, entre
departamentos y con contratistas.
Promover la acción empresarial colectiva (con empresas que operan en la
misma zona).
Monitorear de manera permanente las variables de conflictividad social para
evaluar riesgos y adoptar medidas de prevención antes de cada instancia de
interacción con la comunidad.
Claudio Moreno
Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional
de Rosario). Especialista en Dirección Estratégica de
Recursos Humanos (Universidad de Buenos Aires). Profesor
titular de RSE en la Maestría de Recursos Humanos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. Docente en la materia Administración de
Personal y Relaciones Laborales en la misma facultad.
Coautor de los libros ―El comportamiento de las personas en
las organizaciones‖ (capítulo de responsabilidad social) y ―La
gestión moderna en recursos humanos‖. Actualmente se
desempeña como Jefe de RSE en Transportadora de Gas
del Norte. Se desempeñó en distintos roles en el área de
recursos humanos, entre ellos, capacitación, desarrollo,
empleos, comunicación interna y relaciones laborales.
En las democracias líquidas en que vivimos los
problemas planteados y los retos que
tenemos por delante no pueden encasillarse
en un único ámbito de responsabilidad. La
complejidad de nuestras sociedades exige
una visión holística sobre cada fenómeno que
ayude a entender todos los matices y todas
sus repercusiones. Por eso, lejos de
compartimentos estancos, los problemas
actuales requieren de la colaboración entre
las administraciones públicas, el ámbito
empresarial y la sociedad en su conjunto para
poder ser abordados con éxito.
Esto supone cambiar las reglas del juego de muchos de los procedimientos de toma
de decisiones que conocemos hasta ahora y con ello, el rol de muchos de los actores.
Entender este cambio desde las Administraciones Públicas, implica articular procesos
de nueva gobernanza donde, sin hacer abandono de responsabilidades, se puedan
articular mecanismos deliberativos entre todos los actores que hagan posible la
optimización de los resultados.
Esto, a su vez, exige una sociedad civil articulada, formada, informada y con voluntad
de diálogo y acuerdo, capaz de expresar y defender sus puntos de vista.
ESCENARIOS Y
TENDENCIAS
LA COOPERACIÓN ES LA RESPUESTA
Por Cristina Monge, Directora de
conversaciones de ECODES
www.ecodes.org
“(...) LOS PROBLEMAS ACTUALES REQUIEREN DE LA
COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL
ÁMBITO EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO PARA
PODER SER ABORDADOS CON ÉXITO”
Asociaciones, ONG’s, movimientos sociales y medios de comunicación -entre otros-
tienen un papel esencial en la construcción exitosa de estos procesos.
Y en este nuevo escenario, ¿qué papel tiene la empresa del siglo XXI? Como siempre,
la definición del rol de cada actor se irá construyendo con acciones concretas que
demuestren sobre el terreno qué supone cada iniciativa, pero podemos avanzar
algunas ideas de partida: la transparencia y buen gobierno, la actitud de diálogo y el
convencimiento de que su éxito depende de la medida en que sean capaces de
brindar soluciones útiles a los problemas planteados.
La transparencia y el buen gobierno de una empresa van mucho más allá de los
reportes habituales: implica una actitud de rendición de cuentas, una apuesta por la
integridad. En el informe Negocios limpios, desarrollo global: el rol de las empresas en
la lucha contra la corrupción, referido a las empresas españolas del Ibex 35, realizado
por Ecodes en 2009, seafirma que: "En general, podemos observar una mejora en la
evolución de las políticas y sistemas de integridad corporativa de las empresas del
IBEX35 en el periodo 2005-2009. Esta mejora es muy considerable en la formalización
depolíticas, lo es un poco menos en la implantación de algunos elementos delsistema
de integridad corporativa y sigue siendo algo residual en la información pública de
evidencia y resultados de ese sistema1".
La actitud de diálogo se impone en los tiempos de las políticas 2.0. Sólo conociendo
las inquietudes e intereses del entorno podrán las empresas entender el contexto en el
que se mueven y reaccionar de una manera favorable. Esto supone establecer
procesos de diálogo continuo con todos los grupos de interés, y no sólo con aquellos
más accesibles o a priori más favorables a la actuación de la compañía. Cuanto más
lejanas sean las posiciones, más interesante es el diálogo como herramienta para
conocer las opiniones del otro, los motivos que le llevan a ello y las razones profundas
de su posición.
Finalmente, y aunque forme parte, teóricamente al menos, del business as usual, es
importante recordar que sólo si la empresa es capaz de dar respuesta a los desafíos de
cada sociedad en cada momento podrá llevar a cabo su misión con éxito. Eso implica
disponer deconocimiento, de relaciones con las personas que proporcionan ese
conocimiento -que no son otros que la sociedad en que se actúa- y la adecuación de
la actuación de la empresa a esas necesidades.
La clave del momento actual es que todo este planteamiento debe hacerse desde el
más escrupuloso respeto al rol de cada cual, conjugando el difícil arte de cooperar sin
“LA ACTITUD DE DIÁLOGO SE IMPONE EN LOS TIEMPOS DE LAS
POLÍTICAS 2.0. SÓLO CONOCIENDO LAS INQUIETUDES E
INTERESES DEL ENTORNO PODRÁN LAS EMPRESAS ENTENDER EL
CONTEXTO EN EL QUE SE MUEVEN Y REACCIONAR DE UNA
MANERA FAVORABLE”
usurpar y desde el convencimiento de que cada organización debe hacer aquello
para lo que ostenta legitimidad y que constituye su área de expertise. Los problemas
actuales son excesivamente complejos para dejarlos en manos de un sólo sector social
-el que sea-, así que se impone la cooperación y la complementariedad desde la
deliberación, la búsqueda del acuerdo y el respeto al otro. Todo un reto para este
convulso siglo XXI que no ha hecho más que empezar.
1ECODES, 2009. Negocios limpios, desarrollo global: en rol de las empresas en la lucha contra la corrupción.
Cristina Monge
Directora de conversaciones de ECODES. Profesora asociada
de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de distintos
medios de comunicación de manera habitual. Licenciada
en Ciencias Políticas y de la Administración, Postgrado en
Unión Europea, Participación ciudadana, Función Gerencial
de ONG y Comunicación socio política.
El principal beneficio de la interacción entre empresa,
sociedad civil y Estado es salir de la lógica de
acumulación sectorial (la empresa acumula ganancias,
el consumidor acumula bienes y el Estado acumula
impuestos) para pasar a incidir en la generación de
riqueza social desde la lógica de brecha, es decir, desde
aquellas acciones que se desarrollan en el espacio
existente entre los sectores, para convertirlos en los
espacios de colaboración que potencian sinergias y
resiliencias.
La construcción e incidencia pública desde la
articulación público-privada es una de las condiciones
claves para poder definir y llevar adelante la agenda
estratégica de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de los próximos años, pues
sus desafíos, no pueden ser enfrentados de manera unilateral por ninguno de los tres
sectores de la sociedad.
Esa agenda de RSE debe dar respuesta a tres preguntas: ¿cómo se genera riqueza?,
¿cómo se regula la riqueza? y ¿cómo se distribuye riqueza?
Y como son respuestas integrales y entrelazadas, requiere un marco donde la RSE no
sea la excepción desde donde se impulsa una causa social dentro de una economía
sin valores, sino que debe ser la base de la ECONOMIA DE CAUSA.
La ECONOMÍA DE CAUSA es aquella que orienta a la sociedad a generar riqueza a
partir de la producción de bienes útiles, que regulada a través de estructuras y reglas
de juego que aseguren impactos sustentables en el plano ambiental e inclusivos en el
aspecto social; permite distribuir la riqueza generada garantizando el acceso
equitativo a las oportunidades a todos los miembros de una comunidad.
LA RSE COMO ECONOMÍA DE CAUSA
Por Carlos March, Responsable de
Saber Social de la Dirección de
Comunicación Estratégica de la
Fundación Avina
www.avina.net
“EL PRINCIPAL BENEFICIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE EMPRESA,
SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO ES SALIR DE LA LÓGICA DE
ACUMULACIÓN SECTORIAL (...)”
¿Cómo ayuda la RSE a la producción de riqueza? Apostando a la innovación científica
y tecnológica y a las nuevas arquitecturas sociales y económicas que den impulso a la
ECONOMÍA DE CAUSA, que deje de lado la producción de bienes basada en la lógica
de la rentabilidad y la protección del capital, para asumir la lógica de producir bienes
útiles a partir de la recuperación del sentido virtuoso de la actividad productiva: crear
bienes y prestar servicios que mejoren las condiciones de vida (Biología) y garanticen
dignidad humana (Ética), desde andamiajes legales que protejan la causa de la
sustentabilidad (Justicia),en marcos de políticas que promuevan el progreso (Política)
desde un sistema económico que garantice su producción y distribución (Economía).
¿Cómo colabora la RSE en la regulación de la riqueza? Creando una nueva
institucionalidad donde los marcos normativos que regulan las empresas no solo
contemplen como bien a proteger el capital (formato de sociedad anónima y
sociedad de responsabilidad limitada) o el trabajo (cooperativas de trabajo), sino que
avance sobre formatos legales donde el bien protegido en las figuras jurídicas con
fines de lucro, sean las causas de la sostenibilidad ambiental y la inclusión social (como
por ejemplo Sistema B donde en el propio estatuto de la empresa se explicita la causa
para la cual producirá bienes o prestará servicios, acumulará ganancias y generará
riqueza). Similar criterio debería utilizarse en el sistema de registro de patentes, donde
se establezcan sistemas que liberen las posibilidades de desarrollar creatividad y
protejan al inventor frente al lucro de terceros, entendiendo a la patente como un
bien público que permita garantizar las condiciones de lucro pero al mismo tiempo,
asegurar el fin público de la innovación. Desarrollar un sistema financiero que
garantice el acceso al crédito a los vastos sectores que quedan al margen de los
inalcanzables estándares que fija la banca comercial es un andamiaje legal que debe
ser construido para que el crédito se convierta en una herramienta de progreso a la
que accedan las empresas y emprendimientos Mipymes y no como un recurso de
acumulación por parte de los agentes económicos más poderosos. Las bolsas
ambientales, los mercados de carbono, son ejemplos de nuevos espacios que fijan
pautas y reglas de juego que regulan y controlan la etapa de producción cotizando
los esfuerzos de mitigación y reparación de los impactos ambientales negativos
ocasionados por las empresas en su etapa de generación de riqueza. También existen
mecanismos de certificación en algunos sectores de la actividad industrial y comercial
que definen estándares medioambientales y sociales que las empresas deben cumplir
para poder certificar su operación y acceder a un sello de calidad que refuerza la
licencia social para operar.
” LA CONSTRUCCIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA DESDE LA
ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ES UNA DE LAS CONDICIONES
CLAVES PARA PODER DEFINIR Y LLEVAR ADELANTE LA AGENDA
ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
(RSE) DE LOS PROXIMOS AÑOS (...)”
¿Cómo colabora la RSE en la distribución de riqueza? La pobreza, en la actualidad, no
se relaciona con la carencia de recursos sino con tener negado el acceso a las
oportunidades. No vivimos en sociedades pobres con recursos escasos, vivimos en
sociedades de recursos finitos y sistemas inequitativos de distribución de riqueza.
Latinoamérica es la región con menos potencial de pobreza (cuenta con recursos
humanos y naturales) y la de mayor desigualdad del mundo. La concentración de
riqueza exige nuevas estructuras para una distribución más equitativa, que cambie la
ecuación en cuanto al acceso a los recursos.
En los últimos años se han consolidado diversos tipos de formato que dan sentido a las
empresas generando lucro a partir de impulsar causas sociales (Empresas sociales,
negocios de impacto, negocios en la base de la pirámide) o de pensar estructuras
más democráticas para la administración de recursos (cooperativas de agua) o la
prestación de servicios (cooperativas de recicladores), o de poner en manos de los
trabajadores las estructuras industriales o empresariales quebradas por sus dueños
(empresas recuperadas).
La RSE debe ser la plataforma que articule los recursos de un Estado dedicado a la
generación de bienes públicos (todo bien o servicio que está a disposición de todos
en igual cantidad y calidad) con los recursos de la ECONOMÍA DE CAUSA focalizada
en producir bienes útiles (todo bien o servicio que aporta al mejoramiento de la vida y
a la dignidad humana).
Carlos March
Coordinador de Saber Social de la Dirección de
Comunicación Estratégica de la Fundación Avina. Fue
responsable en Argentina de la Fundación Avina. Integró las
Comisiones Directivas de diferentes entidades sociales como
Help Argentina, Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE),
FUNDES y Poder Ciudadano. Es periodista y autor del libro
―Dignidad para Todos‖.
La potencialidad de la estrategia de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y de
sus aportes en el marco de procesos de
articulación Público-Privada, requieren
pensarse en una dimensión más amplia que
remite al objetivo último de toda acción social,
que es lograr mayores niveles de bienestar
para el conjunto de la sociedad, en el marco
de un proceso de desarrollo sustentable con
equidad e inclusión social.
En la actualidad no parece haber dudas respecto a que los procesos de desarrollo
requieren de la participación comprometida de la totalidad de los actores sociales en
la definición de una visión de sociedad (presente y futura), de una orientación
valorativa, de una finalidad y de unas estrategias concertadas para poner en acción
esa visión común.
Esto supone asumir -por parte de cada actor social- la incertidumbre de no conocerlo
todo, así como la necesidad de integrar diferentes campos de conocimiento y de
provocar un diálogo entre las miradas, intereses y posiciones de los distintos sectores:
sociales, culturales, económicos, productivos. Alejarse de los modos simplificadores de
pensar el mundo, sin generar puntos ciegos en el análisis de la realidad, para definir
DESTACADOS
EL APORTE DE LA RSE EN PROCESOS DE
ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Por María del Carmen Tamargo
Presidenta de la Asociación Iniciativas y
Estrategias
”(...) LOS PROCESOS DE DESARROLLO REQUIEREN DE LA
PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS
ACTORES SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DE UNA VISIÓN DE
SOCIEDAD (PRESENTE Y FUTURA)...”
objetivos comunes y esfuerzos compartidos en procura del logro de desarrollo
sustentable con equidad social, son metas deseables.
Es decir que, los actores estratégicos del desarrollo (Estado, empresas, organizaciones
sociales, políticas, académicas, gremiales, religiosas, etc.) y la ciudadanía tienen la
―responsabilidad social‖ de aportar a la construcción de gobernabilidad sobre la base
de amplios consensos que impulsen políticas sustentables. Se requieren -por tanto–
espacios de trabajo compartido basados en el diálogo, la negociación y la
coordinación para generar sinergias y complementar las capacidades y los recursos
(políticos, económicos, de capital humano, social y cultural) de los distintos actores.
Estos nuevos desafíos no están exentos de conflictos, sino que el conflicto es inherente
al proceso, y por lo tanto exige un mayor compromiso de los actores sociales
gubernamentales, no gubernamentales y de l@sciudadan@s, en las decisiones sobre el
presente y futuro, en un marco de respeto y de reconocimiento y valoración de las
diferencias (en las visiones, en las propuestas) para encontrar ―la zona de lo común‖.
Las empresas en su rol social y productivo, al participar en un proceso de articulación
Público- Privada, ponen en acción su capacidad para incidir en los objetivos de las
políticas y programas para el desarrollo local, sobre la base de sus visiones e intereses,
aportando sus recursos (económicos, de conocimiento, de gestión, de producción, de
capital humano, de logística, etc.). Pero también pueden aportar sus conocimientos y
experiencias derivadas de uno de los campos de la RSE, como es el apoyo a
intervenciones sociales llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil.
Mucho se ha hecho desde las áreas de RSE de las empresas en relación a apoyar y
fortalecer acciones de organizaciones sociales destinadas a trabajar en torno a
situaciones de vulneración de derechos de grupos diversos, de exclusión social y
económica y/o de discriminación.
Estas experiencias acuñadas desde la RSE, no siempre son reconocidas por las propias
empresas, como un ―capital‖ de experiencias de intervención en el campo social, que
constituyen un aporte sustantivo a compartir, en un proceso de concertación en pos
del desarrollo con equidad.
Ahora bien, ese ―capital de experiencias‖ requiere transformarse en un ―capital de
conocimientos‖, a través del cual sea posible identificar y reconocer lecciones
aprendidas y las mejores prácticas, en el sentido de su adecuación y pertinencia a los
”LAS EMPRESAS EN SU ROL SOCIAL Y PRODUCTIVO, AL
PARTICIPAR EN UN PROCESO DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA, PONEN EN ACCIÓN SU CAPACIDAD PARA INCIDIR EN
LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO LOCAL...”
contextos y de su potencialidad para lograr efectos y resultados que resuelvan las
problemáticas para las que fueron pensadas.
Cabe preguntarse entonces ¿cómo se puede generar ese conocimiento?, y allí
aparece la idea de la evaluación como una de las respuestas a esta pregunta.
La evaluación es una fuente de aprendizaje para
el conjunto de los actores comprometidos en la
acción. Es una ―herramienta de transformación‖,
que identifica los qué, los porqués y los cómo,
aportando a la mejora permanente de las
intervenciones. Por lo tanto, requiere de una
actitud abierta a la revisión y retroalimentación
permanente sobre los puntos de partida y sobre
las estrategias de intervención.
Evaluar en la RSE significa construir conocimiento sobre la acción (expresada en
programas, proyectos, iniciativas), proporcionando evidencias que re-orienten o
ratifiquen los cursos de acción, a partir de relevar, medir y observar los efectos que
éstos tienen o han tenido en la población y en la propia gestión interna de la empresa.
Evaluando, se podrán emitir juicios sobre el mérito o valor de las intervenciones en
forma fundamentada; se podrán conocer con mayor profundidad los resultados
alcanzados por proyectos, programas, iniciativas sociales, ambientales, productivas,
etc. Así como también, identificar cuáles son aquellas estrategias que tienen mayor
capacidad de transformación social y que por ello, son más efectivas socialmente
para dar respuesta a los problemas o asuntos que son cruciales resolver para el logro
de la visión compartida de desarrollo.
A través de la evaluación se podrán identificar las mejores prácticas para las distintas
problemáticas o asuntos; esto sin duda permitirá contar con criterios fundamentados
para orientar la inversión social de la empresa. Pero también posibilitará aportar
metodologías y estrategias de intervención social que potencialmente puedan ser
aplicadas en una mayor escala y ser sugeridas e incorporadas al diseño de las
políticas.
De este modo y teniendo como norte aportar a procesos de articulación Público-
Privada para contribuir al desarrollo sostenible y con equidad, la evaluación de la RSE
se presenta como un desafío a asumir y/o profundizar.
Para ello es necesario estar dispuestos a poner en revisión lo hecho (ya sea para
ratificar o para cambiar) y a desarrollar capacidades (conceptuales metodológicas y
operativas) para la evaluación.
Impulsar procesos de evaluación de RSE con calidad y pertinencia, tanto dentro de
cada empresa, como en todos aquellos espacios de trabajo colaborativo y de
articulación Público-Privada en los que se participe, contribuirá al logro de mejores
políticas para un mejor desarrollo.
María del Carmen Tamargo
Licenciada en Sociología (Universidad de Belgrano). Magister
en Género, Sociedad y Políticas (FLACSO). Consultora
independiente con amplia experiencia en diseño, gestión y
evaluación de programas y proyectos sociales, tanto en el
sector público, como el ámbito no gubernamental. También
es consultora externa del BID, en el área de Capacidades
Institucionales. Actualmente está a cargo del monitoreo y
evaluación de los proyectos del 4° Concurso de Proyectos
Sociales de Petrobras Argentina. Es docente en la Maestría
de Gestión Cultural de la UBA, la Maestría de Economía de
laSalud y Administración de las Organizaciones de Salud, de
la UNLP, y del Seminario de Especialización ―ElEnfoque de
Género en la Evaluación de Políticas y Programas‖, en la
Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas de FLACSO-
PRIGEPP. Es presidenta de la Asociación Iniciativas y
Estrategias (www.iniciativasyestrategias.org).
Más de la mitad de la población mundial vive
en ciudades y, de acuerdo a las proyecciones
del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), en el año 2050 la tasa de urbanización
en el mundo llegará a 65%. En América Latina,
una de las regiones más urbanizadas del
planeta, esa cifra alcanza al 80% de la
población.
Las ciudades de nuestro continente son
territorios de grandes contrastes. Concentran
potencialidades únicas pero también problemas
estructurales que presentan a la región como una de los más desiguales del planeta.
En ellas conviven una gran riqueza y diversidad económica, ambiental y cultural, con
espacios donde la falta de acceso a derechos y servicios básicos es parte de la
realidad cotidiana. Nuestras ciudades pueden ser lugares de inclusión y participación,
pero también de exclusión y marginalización. Son potencialmente espacios para el
pleno desarrollo humano pero también de grandes desigualdades para disfrutar del
espacio urbano.
Pobreza, desigualdad, hacinamiento, contaminación, corrupción, son algunos de los
principales problemas que enfrentan las ciudades de América Latina. Superar estas
problemáticas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes es el desafío
que enfrentan las gestiones locales con el compromiso de todos los sectores de la
sociedad.
Abordar la cuestión urbana en el marco del Derecho a la Ciudad implica reconocer a
ésta como un bien colectivo cuyo usufructo debe ser equitativo para todos los
ciudadanos, dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Esto implica
repensar la relación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil entendiendo que todos
los ciudadanos tienen el derecho de participar en la construcción de la ciudad, y que
todos los actores que forman parte de ella tienen -en diversos grados-, una
corresponsabilidad en dicha construcción.
Con el objetivo de reunir a los diversos sectores de la sociedad para contribuir al
desarrollo de una Córdoba justa, democrática y sustentable, un grupo de
LA CIUDAD, UNA EMPRESA COLECTIVA
Por Virginia Romanutti, Coordinadora
Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba
www.nuestracordoba.org.ar
Por Lucio Scardino, Responsable de
Prensa y Comunicación de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba
www.nuestracordoba.org.ar
organizaciones, empresas y ciudadanos impulsó en 2009 la creación de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba que nuclea a actores locales no gubernamentales
diversos: representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, centros
de investigación, colegios profesionales, medios de comunicación, empresas,
dirigentes vecinales y ciudadanos, que no adoptan banderas partidarias y que
articulan esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Córdoba.
Trabajan e interactúan construyendo diálogo con los gobiernos locales a través de la
producción y sistematización de información de la ciudad, la promoción de espacios
de participación y deliberación, y la incidencia en las políticas públicas.
Ciudades sustentables e inclusivas: las empresas también son responsables
En marzo de 2012, en uno de sus viajes a la Argentina, OdedGrajew, un empresario
brasilero fundador del Instituto Ethos, el Foro Social Mundial y el Movimiento Nossa São
Paulo, visitó la ciudad de Córdoba y destacó la gran responsabilidad que tiene el
sector empresario en la promoción de modelos más sustentables de desarrollo y en la
construcción de ciudades más justas y sustentables.
En este sentido, un empresario con sentido de responsabilidad es aquel que no sólo se
preocupa por el impacto de su compañía, sino que adopta prácticas como
ciudadano en su labor cotidiana, que superan aquellas que competen a su rol como
empresario. ―Una empresa socialmente responsable es aquella cuya actuación supera
su cadena productiva y se extiende a la comunidad a la que pertenece, es la que
trabaja activamente para lograr una sociedad justa y sostenible, invitando a otras a
convertirse en aliados de esta obra colectiva, e incluso promueve acciones que se
reflejan en el municipio en el que opera, estimula a la ciudadanía, incluido el
seguimiento de la ejecución de la política pública‖ (Ethos; 2009).
La construcción de la ciudad no es competencia exclusiva del Estado, sino que
involucra a todos los sectores que conforman una sociedad. La abstracción se
convierte en realidad mediante el compromiso y la participación de todos, más allá
de cualquier interés partidario. El filósofo Bernardo Toro desarrolla las posibles
conexiones entre los actores de la ciudad y las consecuencias que de ellas se derivan,
concluyendo que sólo la articulación de los tres sectores hace posible la concreción
de los derechos humanos para todos.
―La cooperación de las empresas a la sostenibilidad de las ciudades requiere no sólo
la realización de iniciativas relacionadas con su negocio o la comunidad de su
entorno, sino también mediante la participación en los movimientos de la sociedad
civil que actúan sobre el sector público y la sociedad para garantizar el correcto
desarrollo de la gestión de los municipios, con el objetivo de un verdadero desarrollo
sostenible‖ (Ethos; 2009).
“(...) SÓLO LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES SECTORES HACE
POSIBLE LA CONCRECIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA
TODOS”
La asociación comprometida entre empresas, organizaciones de la sociedad civil,
movimientos sociales, universidades, centros de investigación, centros vecinales y
ciudadanos, ha posibilitado que Nuestra Córdoba -un espacio de participación
ciudadano que reúne a representantes de más de 60 organizaciones de la ciudad de
Córdoba- haya mantenido un crecimiento sostenido en relación a la generación y
socialización de información e insumos para la deliberación pública y la participación
ciudadana; el monitoreo y control ciudadano de la acción estatal, y la presentación
de propuestas de normativas y de políticas públicas que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los cordobeses y posibiliten avanzar hacia una ciudad más justa,
democrática y sustentable. La promulgación y puesta en práctica de la Ordenanza
11.942 de Plan de Metas de Gobierno; el monitoreo en materia de Acceso a la
Información Pública, la producción de los Indicadores Ciudadanos que relevan
información sobre 10 áreas de la ciudad; la realización de jornadas y/o mesas inter-
actorales para el análisis y debate de temas sensibles de la ciudad (Transporte,
Educación, Desarrollo Urbano, Ambiente, Salud, Seguridad, Desarrollo
Socioeconómico) son algunas de las acciones emprendidas por este espacio desde su
lanzamiento público en mayo de 2010.
Una experiencia inspiradora de Nuestra Córdoba fue el Movimiento Nossa São Paulo,
que reúne organizaciones sociales, empresas, universidades, que establecen alianzas
con los gobiernos locales, sin vincularse partidariamente, para contribuir al
desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable de la ciudad de San
Pablo, Brasil. Este movimiento, en alianza con la Red Brasilera por Ciudades Justas y
Sustentables promueve el control social de las políticas públicas e impulsa el Programa
―Ciudades Sustentables‖, un proyecto que en 12 ejes propone indicadores y
herramientas para que los gobiernos locales puedan plantearse metas para alcanzar
ciudades sostenibles.
―Hoy en día no es posible gestionar una empresa pensando solamente en los
resultados inmediatos del negocio. Es necesario analizar los impactos sociales y
ambientales, por lo cual incorporarse a iniciativas que trabajan sobre la ciudad en
toda su complejidad resulta muy interesante. Los propios consumidores están
exigiendo a las empresas participar activamente en la vida de la comunidad en la
que operan‖, sostiene Claudio Giomi, Gerente corporativo de Sustentabilidad de
ARCOR y miembro del Grupo Coordinador de Nuestra Córdoba.
Apoyan la Red Ciudadana Nuestra Córdoba Fundación AVINA, ARCOR, IBM Argentina, TELECOM y Fundación HOLCIM son empresas que confían en
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y se han transformado en aliados estratégicos.
Referencias Ethos (2009) Cidades sustentáveis: como as empresas podem contribuir.
Red Argentina por Ciudades Justas, democráticas y Sustentables (2013) Acceso a la Información Pública
en 7 ciudades de Argentina.
Banco Interamericano de Desarrollo, (2001), Lo público es lo que conviene a todos, de la misma
manera, para la dignidad de todos. La Comunicación y la movilización social en la construcción de
bienes públicos, Washington, p.21.
Virginia Romanutti
Licenciada en Sociología, cursa el doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora
Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, docente e
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba. Es miembro investigadora de proyectos orientados
hacia la reflexión en torno a la democracia deliberativa, y los
institutos de participación ciudadana. Coordinó el proyecto
―Acceso a la Información Pública en 6 ciudades de
Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Maipú, Rosario
y San Martín de los Andes‖, realizado por la Red Argentina
por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.
Lucio Scardino
Licenciado en Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Córdoba. Experto en Comunicación y Desarrollo
Local por la Universidad de Sevilla y actualmente realiza su
tesis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad
de Malmö, Suecia. Actualmente es responsable de Prensa y
Comunicación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Consultor en comunicación institucional y desarrollo para
diversas organizaciones de la sociedad civil. Se ha
desempeñado como Docente de Comunicación Gráfica y
Periodismo Gráfico en la Carrera de Comunicación Social de
la Universidad Nacional de San Luis y de Lengua y
Comunicación en el Instituto tecnológico Superior de la
provincia de San Luis.
El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual
las emprsas son dirigidas y controladas. Según la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), es el conjunto de procesos y
procedimientos que determinan la distribución de los
derechos y las responsabilidades del Directorio,
Gerencia, accionistas y otros grupos interesados;
como también define las reglas y procedimientos
para la toma de decisiones.
Poniendo más el foco en los problemas de agencia,
David Larcker y Brian Tayan de la Universidad de
Stanford definen al gobierno corporativo como el
conjunto de mecanismos de control que una organización adopta para prevenir o
disuadir que la gerencia, en su propio interés, realice actividades en perjuicio de los
accionistas u otras partes interesadas. En este caso, la atención está puesta
principalmente en el Directorio supervisando y controlando la gestión y en los auditores
externos dando su opinión sobre los estados financieros.
Los sistemas y las estructuras de gobierno corporativo son complejos, dinámicos y
dependen de muchos factores. Para el profesor Larcker, la combinación de esos
distintos factores afecta la prevalencia de los problemas de agencia en una empresa
y los mecanismos de control establecidos para prevenirlos.
Algunos de los factores que determinan el gobierno corporativo son: la estructura de la
empresa, el perfil de los fundadores y de los accionistas, la madurez y la eficiencia del
TEMAS TRANSVERSALES
EL COMPROMISO DEL GOBIERNO
CORPORATIVO EN EL EJERCICIO DE LA RSE
Por Santiago Chaher, Coordinador del
Círculo de Compañías de Gobierno
Corporativo de América Latina
Por Juan Cruz Díaz, Managing Director
de Cefeidas Group
mercado donde opera, el sistema legal, los sistemas contables, el tipo de negocio,
clientes y empleados, los grupos de interés que rodean a la empresa, y
fundamentalmente las leyes y regulaciones a las que se encuentra sujeta. Pero
también, los sistemas de gobierno corporativo están determinados por la misión, la
visión y la estrategia de la empresa y por el rol que ella pretende ocupar en la
sociedad.
Otro factor que ha avanzado en los últimos años es la existencia de estándares
internacionales o de buenas prácticas generalmente aceptadas sobre gobierno
corporativo. Principalmente, el trabajo de la Comisión Cadbury de 1992 en el Reino
Unido y los documentos de la OCDE han influido considerablemente en las exigencias
de inversores, reguladores y legisladores en ciertos estándares que se requieren en los
mercados y países. Si bien estos estándares han contribuido mucho al desarrollo de
mecanismos efectivos y a aumentar el conocimiento práctico sobre temas
importantes del gobierno y el control de las empresas, se corre el peligro de asignarle
más importancia a las formas que a la complejidad y al dinamismo de los temas de
fondo de gobierno corporativo. Esta complejidad y dinamismo hace que sea
deseable no abarcar el tema de gobierno corporativo desde la óptica del ―one-size-
fits-all‖ y tener siempre en cuenta el contexto y las particularidades de cada empresa
antes de tomar decisiones.
En América Latina el desarrollo de este tema ha sido considerable en los últimos años.
Para ello ha sido muy importante el trabajo llevado a cabo por la Corporación
Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial a través tanto de sus
inversiones como de sus estudios. En particular, su iniciativa del Círculo de Compañías
de Gobierno Corporativo de América Latina ha tenido un impacto positivo en el sector
privado de la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) han hecho contribuciones muy importantes en
estudiar y contextualizar el gobierno corporativo a las realidades concretas de
América Latina. La OCDE a través de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno
Corporativo, fue pionera en sensibilizar a empresas, reguladores, bolsas de valores y
otros grupos de interés en el tema. La Red Latinoamericana de Institutos de Gobierno
Corporativo (IGCLA), junto con varios institutos locales, fue un último eslabón
importante en el trabajo de sensibilizar y contextualizar el estudio del gobierno
corporativo en la región. A nivel local, el desarrollo del mercado de capitales en países
como Brasil y el lanzamiento del Novo Mercado en BM&F Bovespa marcó un hito
regional. Todavía queda mucho camino en América Latina, pero los avances han sido
enormes y concretos.
”(...) LOS SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTÁN
DETERMINADOS POR LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LA ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA Y POR EL ROL QUE ELLA PRETENDE OCUPAR EN LA
SOCIEDAD”
¿Cuánto impacta el Gobierno Corporativo en el desarrollo de una empresa
socialmente responsable? Nosotros creemos que mucho.
El desafío de los sistemas de gobierno corporativo es lograr alinear los intereses para
que una empresa sea gobernada y controlada en interés de sus accionistas. Pero
también que vaya un poco más allá, y—cumpliendo con sus accionistas—tenga un rol
virtuoso en la sociedad a través de un comportamiento ético, comprometido con su
entorno, responsable y ajustado a sus obligaciones legales. En definitiva, creemos que
es posible cuestionar la sostenibilidad de una empresa si funciona aislada de la
sociedad donde opera.
Una empresa que cuente con sistemas sólidos de gobierno corporativo, está mejor
equipada para enfrentar exitosamente los desafíos y las demandas que implican ser
una empresa socialmente responsable. Es más, los Directorios actuales son cada vez
más permeables a los temas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Vamos a mencionar solo algunos temas de gobierno corporativo que —a nuestro
juicio— son centrales para la actuación de cualquier empresa socialmente
responsable:
Transparencia y divulgación de la información
Definición de valores y estrategia
Gestión de riesgos
Compliance
Sostenibilidad
Rol del directorio
Transparencia y divulgación de la información
Son elementos necesarios para el establecimiento de un marco de gobierno
corporativo robusto, que permita equilibrar la asimetría de información generada en
los diferentes niveles de administración. Establece las bases para que se puedan
tomar decisiones informadas en cuanto a las transacciones de la empresa, la
asignación de capital y el monitoreo y control de actividades por parte no sólo de sus
accionistas y administradores sino también de los grupos de interés. Las prácticas de
gobierno corporativo deben entonces establecer los requisitos, recursos y procesos
para que existan los canales y sistemas de información que aseguren la divulgación
activa de información que sea relevante –financiera y no financiera- de manera
accesible, completa, oportuna y precisa.
La información bajo estos parámetros otorga el punto de partida para establecer un
diálogo constructivo con los grupos de interés que se benefician con las prácticas
“UNA EMPRESA QUE CUENTE CON SISTEMAS SÓLIDOS DE
GOBIERNO CORPORATIVO, ESTÁ MEJOR EQUIPADA PARA
ENFRENTAR EXITOSAMENTE LOS DESAFÍOS Y LAS DEMANDAS QUE
IMPLICA SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE”
sociales de la empresa. El Directorio debe establecer y revisar constantemente los
parámetros y sistemas bajo los cuales se divulga la información, ejerciendo así su deber
de monitoreo y control, y aprovechando su capacidad de visión integrada, amplia,
completa y estratégica en la empresa.
Valores, estrategia y gestión de riesgos
El Directorio, como órgano designado por los accionistas para la administración de la
empresa, tiene el poder de establecer los valores corporativos y guiar la estrategia, y el
deber legal y fiduciario de supervisar la gestión de los riesgos a los que ésta se expone.
Tales actividades permiten no solo el alineamiento de intereses entre accionistas, el
Directorio y la Gerencia (de haber sido designada por este último), sino también el
alineamiento de la empresa con los grupos de interés.
Un Directorio activo y en ejercicio de sus funciones podrá establecer los lineamientos y
valores bajo los cuales la empresa desarrollará sus actividades. En otras palabras,
cómo la empresa quiere comportarse con sus empleados y otros grupos de interés,
creando así su cultura de trabajo (creencias, costumbres y prácticas). El
establecimiento –expreso o implícito- de valores es el primer paso para determinar
cómo la compañía se orienta hacia el mercado y sus competidores, o sea cómo
planea su estrategia.
El Directorio guía la estrategia que desarrolla la Gerencia. Debe además asegurar que
existan los recursos y los procesos mediante los cuales esa estrategia se pueda medir,
monitorear, revisar y modificar de ser necesario. Más aún, los directores tienen el deber
de estar informados y preparados para gestionar los riesgos de la empresa a través de
su función como supervisores de la Gerencia. Para ello deben establecer el apetito de
riesgo de la empresa y asegurar que la Gerencia implemente un sistema de gestión
que identifique, evalúe, mitigue, monitoree y comunique los riesgos.
La responsabilidad de la empresa hacia la sociedad puede verse así reflejada tanto a
nivel de valores, estrategia o directamente como una manera de gestionar riesgos de
mediano y largo plazo. Al establecer valores y una estrategia alineada con los
intereses de la sociedad o al hacer una gestión efectiva de aquellos riesgos que
puedan afectar a la empresa en su relación con sus empleados, su cadena de valor o
la comunidad; ésta puede evitar riesgos operacionales o reputacionales, contribuir en
el valor de la marca y en algunos casos desempeñarse mejor financieramente.
Compliance
Es deseable que las empresas cuenten con políticas y mecanismos para identificar,
evaluar, monitorear y asesorarse sobre si el comportamiento de toda la compañía
(Directorio, Gerencia y empleados) está alineado con la ley y regulaciones, políticas
internas, valores y estándares de la industria. Es más, en algunos casos esos
mecanismos deben analizar también el comportamiento de clientes y la cadena de
valor asociada a la empresa.
El Directorio puede entonces asegurar que existan herramientas como una ―política de
denuncias‖, una ―política para transacciones entre partes relacionadas‖ o la
existencia de un ―departamento u oficial de compliance‖ que opere con
independencia. Ello permitirá evitar los altos costos a largo plazo -tanto para la
empresa como para la sociedad- de acciones abusivas, criminales, deshonestas o
corruptas. Estas herramientas permiten además desarrollar una cultura de control,
colaboración y confianza con los empleados de la empresa, grupos de interés y
potenciales inversores.
Sostenibilidad
Aquellos Directorios que hayan delegado su
potestad de administración en la Gerencia tienen
como deber incentivar, monitorear y supervisar las
acciones de esta última; asegurar que existan los
controles operativos, contables y financieros
apropiados; y -de ser necesario- reemplazar al
Gerente. Un Directorio efectivo es la herramienta
que permite liderar, desarrollar e implementar los
procesos y prácticas de gobierno corporativo que
aseguran la correcta implementación de los puntos
arriba mencionados.
El Directorio al delegar sus funciones de administración en la Gerencia debe asegurar
también que existan los planes de sucesión necesarios para que la empresa no sufra
cambios de liderazgos imprevistos, disruptivos y repentinos. Es una responsabilidad de
la empresa hacia la sociedad contar con la planificación para que en esos casos la
compañía pueda no solo seguir en funcionamiento, sino seguir haciéndolo en
búsqueda de su máximo potencial de valor.
Asimismo, el Directorio debe establecer las políticas de desempeño, remuneración e
incentivos para la Gerencia que permitirán mantener alineados sus intereses con los de
la empresa y la sociedad a largo plazo, evitando que objetivos de corto plazo pongan
en peligro la existencia misma del negocio.
Además, el Directorio tiene que asegurarse que existan sistemas de control y auditoría
de la empresa y supervisar que sean los apropiados para certificar la integridad y
conformidad con la ley de las operaciones y de los estado financieros y contables. Sin
estos controles la empresa corre grandes riesgos de verse involucrada en casos de
conflicto de interés, fraude o corrupción, faltando así gravemente a las bases de la
responsabilidad de la empresa hacia la sociedad.
El Directorio y la responsabilidad social
Hemos dicho que los Directorios actuales son cada vez más permeables a los temas
de la RSE. En ese sentido, ¿cuáles son las bases para que el Directorio pueda tratar
eficazmente estos temas?
Primero, es importante que la composición del Directorio incluya y promueva la
diversidad de habilidades, conocimiento y experiencias, de manera que las decisiones
que tome sean resultado de un proceso más sofisticado y una discusión más completa
y amplia.
Segundo, no debemos olvidar que las prácticas de gobierno corporativo deben
adecuarse al contexto y a la situación de cada empresa, para que su aplicación sea
efectiva y más eficiente. Como punto de partida, aquellas empresas sin un Directorio
en funcionamiento o con un Directorio ―de papel‖ donde solo se reúnen para cumplir
con las exigencias de la ley, deben trabajar para formar un Directorio –aunque
pequeño- que funcione realmente y que posea la mejor combinación de
experiencias, atributos y destrezas posibles. Aquellas empresas que tengan Directorios
en funcionamiento deben asegurar que éste pueda desempeñar de la mejor manera
posible sus funciones a través de prácticas y procesos como por ejemplo: un sistema
de selección, nombramiento e inducción de nuevos directores; una persona
cumpliendo el rol de Secretaría Corporativa; un plan de educación y capacitación
continuo para Directores; o una estructura de comités coherente con el tamaño y
necesidades de la empresa.
La práctica de establecer comités del Directorio puede resultar ventajosa en aquellos
casos en que el Directorio cuente con la cantidad de miembros suficientes, los recursos
y tiempo como para que los miembros del comité cumplan con ambas funciones. Por
ejemplo, la constitución de un Comité de Prácticas Societarias, permite al Directorio
contar con un órgano auxiliar con la responsabilidad de analizar y dar opinión sobre
temas como los programas de responsabilidad social, el plan estratégico, el código de
ética y sistema de sugerencias, quejas y denuncias, entre otros.
En materia de responsabilidad social, el objetivo de este Comité debe ser facilitar al
Directorio la conquista de modelos de integración social empresaria donde se busca
un valor agregado tanto para la empresa como para la sociedad en su conjunto.
Estos párrafos reflejan sólo algunas ideas (de muchas) para analizar la relación entre
los sistemas de gobierno corporativo y la RSE. Como mencionamos antes, en definitiva,
una empresa que cuente con un gobierno corporativo sólido, se encuentra mejor
preparada para velar por los intereses de sus accionistas y para enfrentar
exitosamente los desafíos y las demandas que implican asumir el compromiso de ser
una empresa socialmente responsable.
Santiago Chaher
Coordinador del Circulo de Compañías de Gobierno
Corporativo de América Latina. Managing Director de
Cefeidas Group.
Juan Cruz Díaz
Managing Director de Cefeidas Group.
Para construir e incidir positivamente desde la
gestión empresarial para un mundo
sustentable, los hombres de negocios
precisan de un marco de actuación provisto
por el sector público y estándares industriales
que sean claros, concisos y modernos para
atender los desafíos de las sociedades en
donde despliegan sus actividades. Uno de
estos puntos está vinculado a lo que
llamamos medio ambiente en temas tales
como la gestión de residuos, reciclaje,
contaminación, descontaminación, normas, entre otros. Estos temas son los aludidos
en un concepto que no deja de tener definiciones y alcances: sostenibilidad o
sustentabilidad. Frente a posibles efectos negativos de las actividades industriales en
las comunidades y en la naturaleza se enfrenta el concepto, ya consagrado en la ley
chilena, de reparación ambiental.
El actual escenario de sostenibilidad de los negocios tiene un nuevo punto de inflexión.
Distintos actores impulsaron la creación en 2013 de un Consejo asesor del Ministro de
Economía, Fomento y Turismo denominado Consejo de Responsabilidad Social para el
Desarrollo Sostenible, que, de acuerdo a la ley, tendrá por objeto asesorar en la
elaboración de las políticas públicas relacionadas con la Responsabilidad Social para
el Desarrollo Sostenible del país. Dicha entidad contará con actores múltiples de la
sociedad. Tal como lo describe el Diario Oficial al dar a conocer la creación de este
Consejo el pasado 3 de junio de 2013, Chile reconoce el contexto internacional de la
RSE en el cual su economía está inserta, específicamente, los 10 Principios del Pacto
Global de Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,
la ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, la Declaración Tripartita de Principios
sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y los Principios Rectores
de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Se puede considerar la preparación del ingreso de Chile como miembro pleno a la
OCDE en 2010 como una de las fuerzas motrices para el ejercicio de buenas prácticas
“CONSTRUIR E INCIDIR DESDE LA GESTIÓN
EMPRESARIAL PARA UN MUNDO
SUSTENTABLE”
Por Andrés Suárez, Académico del
Centro de Ética de la Universidad
Alberto Hurtado de Chile.
en temas de gobierno de la empresa, derechos laborales y la resolución de las
tensiones ambientales originadas por perjuicios a colectivos locales y al
medioambiente y el derecho a las generaciones futuras a contar con un lugar para
vivir. Y a los medios de comunicación como una actor que releva las malas prácticas
empresariales.
La estructura ―ambiental‖ del país cuenta condiversas leyesy organismos que
proporcionan un soporte más o menos en marcha, y que tiene su culmen en la
implementación del Ministerio del Medio Ambiente este 2013. Uno marco relevante
para la protección ambiental es la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
Entre los actores se pueden encontrar a la Superintendencia de Medioambiente,
servicio público autónomo, creada en virtud de la ley 20417 y a quien le corresponde
ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de
calificación ambiental, las medidas de los planes de prevención y/o de
descontaminación ambiental, el contenido de las normas de calidad ambiental y
normas de emisión, y los planes de manejo, y de otros instrumentos de carácter
ambiental. Otro actor son los Tribunales Ambientales, órganos jurisdiccionales, sujetos a
la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, que
resuelven las controversias ambientales de su competencia, entre otras funciones.
Analizan reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que
establezcan las normas de calidad ambiental y las normas de emisio ́n; los que
declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes
de prevencio ́n o de descontaminacio ́n, en conformidad con lo dispuesto en la ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Además, deben conocer de las
demandas para obtener la reparacio ́n del medio ambiente dan ̃ado y de las
reclamaciones en contra de las resoluciones de la superintendencia del Medio
Ambiente.
Por otro lado, nos encontramos con la Ley general de residuos, la Ley de reciclaje
industrial, la Norma ISO 14006 para el diseño ecológico o ―ecodiseño‖, que permitiría a
las empresas demostrar que cumple la legislación ambiental, gestiona el diseño y
desarrollo de sus productos y/o servicios bajo el rótulo de mejora ambiental continua y
la reducción ecológica de los costos de producción.
Pudiésemos también dedicar un párrafo a los planes de descontaminación. Sin
embargo, a gran escala, la observación de los hitos de conflictos ambientales tienen
un componente macro, que es la (re)definición de la matriz energética del país. Chile
cuenta con una matriz en donde los recursos hídricos son parte importante del tipo de
energía (42%) del cual se alimentan los dos principales sistemas interconectados de
energía eléctrica, el del Norte Grande y el Central. Hasta 2004, el gas ocupó una
participación importante en la matriz energética, pero la importación de gas desde
Argentina fue sometida a su disminución y cortes en los envíos, y obligó a buscar
nuevos proveedores internacionales, en donde Bolivia no es una alternativa. Por otro
lado, hubo una variación en la participación de las otras fuentes energéticas, no sólo
la del agua, sino también de las fuentes de crudo y carbón. Mientras, en un país
sísmico, el desastre nuclear ocurrido en Japón volvió a posponer la discusión de esta
alternativa energética en nuestro país.
Entre otros hitos ambientales es posible mencionar el proyecto hídrico Ralco (2004),
que obligó a desplazamientos de 500 personas de la etnia pehuenche en la cuenca
del río Bío-Bío, si bien se contaba ya con una estructura jurídica ambiental y de
protección a los pueblos autóctonos. Los efectos del proyecto, entre otros, es que ya
no será posible trasladar personas y llevar a cabo compra-venta de tierras en
condiciones de asimetría de información. Otro hito más reciente fue la suspensión del
proyecto termoeléctrico Barrancones, en Punta Choros, en la región de Coquimbo
(2010). En este caso, las críticas fueron hacia la afectación al hábitat natural de
especies animales marinas y terrestres, el aumento de las temperaturas del mar, y la
lluvia ácida, entre otros. La estructura de evaluación de impacto ambiental de la
autoridad pública dio marcha atrás luego que una serie de protestas en diversas
ciudades hicieron que la presidencia de la república frenara el proyecto y, con ello,
vulneró la aprobación que se le había dado. Más recientemente, el proyecto
HidroAysén, cuyos futuros embalses posibilitarían llevar energía al centro del país,
abasteciendo la creciente demanda energética, no pudo verse materializado y su
construcción quedó paralizada (2012), por diversas protestas de la ciudadanía, en
especial, del movimiento regional de alcance nacional e internacional Consejo de
Defensa de la Patagonia Chilena, por un lado, y por la desconfianza del
empresariado, en especial la de los inversionistas (ENDESA), que afirmaron no contar
con un marco apropiado para llevar a cabo esta inversión, y lo suspendieron.
El dilema ético del desarrollo en Chile se enfrenta, en cierto punto, a cuánta energía
necesitamos para que las mineras, el comercio, las ciudades y, en fin, el país,
funcionen. Y cuáles tipos de energía son los que van a satisfacer dicha demanda. Las
estimaciones para 2020 obligarían a duplicar lo que tenemos. Pero llevar a cabo
proyectos hidroeléctricos tiene un alto impacto ambiental pues conlleva intervenir
zonas de alta biodiversidad, como lo es la Patagonia chilena. Es decir, un impacto
negativo en extensiones de territorio con una gran variedad de especies de flora y
fauna y que, además, constituye el hábitat de especies en peligro de extinción, como
el huemul, símbolo del escudo nacional. Una pregunta que podríamos hacernos en el
futuro sería, habiendo desaparecido esta especie de ciervo, el huemul, ¿qué
reparación ambiental podríamos llevar a cabo?
”PARA CONSTRUIR E INCIDIR POSITIVAMENTE DESDE LA GESTIÓN
EMPRESARIAL PARA UN MUNDO SUSTENTABLE, LOS HOMBRES DE
NEGOCIOS PRECISAN DE UN MARCO DE ACTUACIÓN PROVISTO
POR EL SECTOR PÚBLICO Y ESTÁNDARES INDUSTRIALES QUE SEAN
CLAROS, CONCISOS Y MODERNOS PARA ATENDER LOS
DESAFÍOS DE LAS SOCIEDADES EN DONDE DESPLIEGAN SUS
ACTIVIDADES”
Andrés Suárez
Académico del Centro de Ética de la Universidad Alberto
Hurtado. Administrador Público y Magíster en Gerencia
Pública por la Universidad de Santiago de Chile. Sus áreas de
trabajo son la ética empresarial y la RSE. Junto a Gonzalo
Arroyo, SJ, publicó los libros "Responsabilidad Social
Corporativa: Una mirada global" (2006) y "Responsabilidad
Social Corporativa: Experiencias de la industria en Chile"
(2011).