Download - Diario Brecha de Uruguay Nota a Despouy
34 Brecha 11 de abril de 2014
Con el experto internaCional argentino leandro despouy
“La deuda de Obama con los derechos humanos es enorme”Actual presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina, el abogado Leandro Despouy
fue en 2006 uno de los autores del primer informe internacional que denunció los horrores del
campo de concentración montado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.1 En esta
entrevista Despouy abunda sobre ese documento, se refiere a la realidad actual en Guantánamo
y respalda la postura del gobierno uruguayo de recibir a detenidos de ese campo sin exigirles
contrapartidas. “Mujica está respondiendo, en realidad, a nuestro pedido en ese sentido”, dijo.
—La exceLente disposición del gobierno uruguayo anunciada a fines de marzo de 2014, de recibir a seis detenidos del penal de Guantánamo, es coherente con la política activa de derechos humanos del presidente José Mujica. Como a eso se suma el encuadramiento que les brindará el acnur como refugiados, se da salida, en parte, a la muy grave situación de detenidos en condiciones oprobiosas y a la encrucijada en que se encuentra el gobierno de Estados Unidos.
Ese país ejerce una violencia inaudita sobre unos 155 prisioneros de guerra –la cifra es incierta, y ese estatus no les es reconocido–, la mayoría sin proceso, sin la debida asistencia jurídica, aislados y sometidos a un régimen de torturas. Bien sabe el presidente Mujica lo que es estar en esa situación por tiempo indefinido, y ha sido muy claro en sus expresiones. Uruguay ha sido además contundente al rechazar la petición de Estados Unidos de obligar a la radicación por dos años de los detenidos que finalmente puedan salir de aquel infierno.
La deuda del presidente Obama con los derechos humanos es enorme, ya que se comprometió a cerrar el penal y resolver la situación de los detenidos en su primer período de gobierno. En la actualidad, la situación en ese campo de concentración, creado por el presidente George W Bush en 2002, lejos de mejorar, ha empeorado. En 2013 Obama anunció una nueva política de defensa para su país que daba por innecesario el modelo de prisión de Guantánamo. Dijo que no había justificación “fuera de la política” para que el Congreso no permitiera cerrar “una instalación que nunca debió abrirse”, y decidió iniciar una negociación con países dispuestos a recibir a los presos.
—Hace unos años usted, que por entonces era relator especial sobre la independencia de los ma-gistrados y abogados de la onu, iba a formar parte de una comi-sión de expertos de las Naciones Unidas que irían a Guantánamo a inspeccionar la cárcel. No pudie-ron hacerlo, porque el gobierno de Bush se los impidió. De todas maneras elaboraron un informe que fue lapidario para Estados Unidos…
—Sí, fue en 2006, cuando cinco relatores especiales de la onu tuvimos la responsabilidad de
elaborar el primer informe sobre la situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. En ese momento comprobamos el carácter arbitrario de las detenciones, debido a la ausencia de tribunales independientes y la privación absoluta del derecho de defensa y demás garantías del debido proceso; la utilización de técnicas de interrogatorio contrarias a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre las que se incluían prácticas lesivas de las convicciones religiosas de los detenidos.
Las recomendaciones del informe fueron concluyentes. Solicitamos entonces al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato de estas prácticas, el juzgamiento adecuado de los detenidos o su li
beración, y la urgente clausura del centro de detención. Intentamos visitar el penal, pero el gobierno de Bush negó la visita. El informe igual se hizo, recogiendo las diversas evidencias y pruebas –por entonces secretas– sobre lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Se basó en múltiples fuentes, entre otras los horrorosos testimonios de ex detenidos, abogados y familiares de detenidos, y las respuestas del gobierno a un detallado cuestionario que le remitimos.
En pocas palabras: el informe –que tuvo enorme aceptación de diferentes gobiernos y fue destacado por el secretario general de la onu– demostraba que el de bahía de Guantánamo era un campo de concentración que debía ser cerrado de inmediato, que los responsables de esas prácticas debían ser
juzgados, y que las más altas autoridades del país, por ejemplo el secretario de Estado Donald Rumsfeld, tenían pleno conocimiento de esa situación y habían participado en su implementación y control. Ello fue motivo suficiente para que, con posterioridad, Rumsfeld no pudiera viajar a muchos países donde víctimas y ong reclaman su detención por considerarlo responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad.
En febrero de 2006 el informe, que iba a ser debatido y publicado en marzo en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sorpresivamente fue dado a conocer por el diario The New York Times.
—¿Quién lo habría filtrado?—Una sospecha no confirma
da indica que habrían sido los servicios de inteligencia de una potencia occidental involucrada en la invasión a Irak. Ya se conocían las alarmantes revelaciones sobre centros clandestinos de detención en diferentes países bajo control de Estados Unidos, y la actuación perversa de soldados estadounidenses en el centro de detención iraquí de Abu Gjraib, lo cual habría indicado la inconveniencia de continuar aceptando la presión de Estados Unidos para aumentar el contingente de tropas en Irak.
—Usted ha dicho que el infor-me sobre Guantánamo fue uno de los más importantes en que inter-vino como experto de la onu.
—Probablemente fue uno de los más delicados y trascendentes. Decir que en “el país de la libertad” había campos de con
centración donde se practicaban torturas, y que el secretario de Estado Rumsfeld –el más duro de los “halcones”– tenía que ser juzgado por su responsabilidad en esos crímenes no era una decisión sencilla, pero había que hacerlo. Y lo hicimos.
En 2008, siendo relator especial de la onu por la independencia de la justicia, me dirigí al entonces presidente electo, Barack Obama, y le expresé que si –como había prometido– cerraba Guantánamo, eso permitiría a Estados Unidos transitar por el camino abierto por su propia Corte Suprema de Justicia, que reconoció el derecho de hábeas corpus para los detenidos sospechosos de terrorismo, dejando muy atrás la antigua jurisprudencia que les negaba ese derecho por considerarlos “extranjeros en territorio extranjero”. Se trataba del tercer fallo contrario a la voluntad de la administración Bush de impedir la aplicación de la ley estadounidense a las personas identificadas como “enemigos combatientes”. Los fallos anteriores ya habían declarado la ilegalidad de las comisiones especiales creadas para juzgar a los detenidos en Guantánamo, por ser violatorias de las convenciones de Ginebra y del Código de Justicia Militar estadounidense. El fallo del 12 de junio de 2008 avanzaba a su vez sobre un tema crucial, como es admitir la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para que esos detenidos puedan invocar garantías como el hábeas corpus.
El intento de legitimar la práctica de la tortura en determinadas circunstancias, como la calificación de “enemigo combatiente” y las instrucciones a los fiscales coartando su independencia, dañaron fuertemente la imagen de Estados Unidos, y Guantánamo demostró, una vez más, que las detenciones secretas son siempre fuente de gravísimas violaciones de los derechos humanos y, además de su ilegalidad, también son penalmente inconducentes. El régimen aplicado en Guantánamo no permitió la condena de los culpables ni la liberación de los inocentes.
Resultaría arriesgado suponer que los impedimentos que levanta el Partido Republicano en el Congreso estadounidense para cerrar este penal podrían convertir al presidente Obama en un rehén más del entramado de intereses ligados a la cárcel de Guantánamo.
De hecho, el presidente Mujica está también respondiendo a la legalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En informes posteriores al de 2006, los expertos en derechos humanos de la onu solicitamos que los países democráticos acogieran a los detenidos de Guantánamo, y criticamos fuertemente la política de entrega de detenidos a países donde podría estar en juego su vida o su seguridad, tal como había acontecido en varios casos detectados y denunciados públicamente. n
1. “Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo”, e/cn.4/2006/120, 27II06.
Un jurista de primer plano
graduado en derecho en la Universidad de Buenos Aires y especializado en políticas públicas, control gubernamental, reforma del Estado, cooperación y negociación internacional, Despouy preside desde 2002 la Auditoría General de su país. En el plano internacional fue representante argentino ante la oea y la onu. En 1975 realizó ante el Tribunal Russell, en Roma, y junto a Julio Cortázar, la primera denuncia internacional sobre el accionar de la Triple A argentina y las nacientes operaciones del Plan Cóndor. Un año después estuvo entre los fundadores –en París, donde estaba exiliado– del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay. Ya de regreso a su país, en 1984 integró los equipos del presidente radical Raúl Alfonsín y gestionó la presencia de personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Entre 1985 y 2009 fue relator especial de derechos humanos de la onu sobre extrema pobreza, personas con discapacidad, estados de excepción e independencia de jueces y abogados. En 2001 estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2008 la Unión Internacional de Magistrados le concedió el premio Justicia en el Mundo. n
D a n i e l G a t t i
Foto Oscar Bonilla