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BAJANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PATINES

 Así podría titularse la historia del proyecto de ley, llamado de inclusión, aprobado por elCongreso Nacional. Después de ocho meses de tramitación, donde imperó la lógica del se

 “se oye pero no se escucha”, se consagra con su aprobación, la gran verdad que conteníala tan comentada metáfora del Ministro Eyzaguirre para fundamentar el porqué, antes deabordar los temas que a juicio unánime de los expertos eran los que apuntaban almejoramiento de la calidad, primeramente debía ponerse fin al lucro, al financiamientocompartido y a la admisión selectiva, amén de normar restrictivamente la posibilidad decrear nuevos establecimientos particulares subvencionados.

 Vanos fueron los esfuerzos de las principales organizaciones que agrupan a losestablecimientos particulares del país para hacer presente el riesgo que implican las medidascontempladas en el proyecto de ley que lesionan gravemente el derecho a la libertad deenseñanza, entendida como el derecho que tienen los padres a escoger el tipo de educaciónque desean para sus hijos y su complemento indispensable que es el derecho de “abrir,organizar y mantener establecimientos educacionales” .

Imperó la ideología basada en la desconfianza que a juicio del gobierno les merecen lasintenciones y competencias de los distintos estamentos educativos: sostenedores,directores, docentes, apoderados, alumnos y alumnas, para mejorar la calidad del sistemaeducativo en una perspectiva de equidad.

Esta visión ideológica, que coloca a todos los educadores bajo sospecha, es una tendenciaque viene consagrando en Chile, desde hace más de una década, la construcción de unsistema educativo fundado en un modelo de Estado, que para garantizar la calidad y laequidad, debe convertirse en su rector, principal proveedor, fuertemente regulador y severofiscalizador del sistema. No es ajeno a esta visión el que se haya aprobado ya el año 2009la instalación de un “Sistema de Aseguramiento de la Calidad” que implicó la creación de la

 Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación y la redefinición de las funciones delMinisterio de Educación y del Consejo Nacional de Educación.

En síntesis, más de cinco mil establecimientos, deben dejar de ser lo que son y convertirseen colegios pagados, fundaciones o corporaciones, o bien cerrar sus puertas definitivamentey a la totalidad de aquellos que son particulares que reciben la subvención del Estado se lesobliga a convertirse en propietarios de su infraestructura y se les impone una limitada ytaxativa regulación para destinar los recursos bajo la amenaza de severas sanciones.

Se termina con el aporte de los padres, amparado en la falacia de que será reemplazadapor aportes del Estado “peso a peso”, hecho que podemos afirmar no será así para todosaquellos establecimientos que tengan un aporte mensual de los padres que supere los oncemil pesos y que no cuenten en su matrícula con un porcentaje significativo de alumnosprioritarios, mucho de los cuales tendrán en un breve plazo problemas con su gestiónfinanciera y serías dificultades para cumplir compromisos contractuales con sus docentesconsagrados en convenios y contratos colectivos, afectando seriamente su gestióneducativa.

Esto, mientras se destina cuantiosos recursos adicionales para la educación de dependenciamunicipal, que en total, duplican aquellos que recibían por financiamiento compartido los

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establecimientos particulares subvencionados, estableciendo una arbitraria discriminaciónen la distribución de los recursos públicos en perjuicio de los niños y niñas que allí se educan.

Se condiciona la creación de nuevos establecimiento subvencionados a la exigencia de que,en un determinado territorio que no se define, haya demanda insatisfecha y que a juicio delMINEDUC se trate de un proyecto educativo alternativo a los que existen.

Finalmente la elección del colegio que desean los padres para sus hijos, para muchos deellos, queda supeditada al azar de un sorteo que descarta el mérito de la dedicación alestudio y el esfuerzo que supone un buen rendimiento escolar.

 Aun si queda pendiente el juicio del Tribunal Constitucional que debe verificar si lasdisposiciones de este proyecto de ley no afectan el derecho a la libertad de enseñanza.

En resumen, se logró el objetivo contemplado en la metáfora del Ministro, primer paso “debilitar a la educación particular subvencionada”,  “bajarla de sus patines” , afectándola ensu gestión financiera, como condición previa que era necesaria, para “fortalecer la educaciónpública", que como lo dice el expresamente el programa, apunta a recuperar la matrículade aquellos padres, principalmente de clase media, que en un volumen considerable en laúltima década, emigraron buscando la mayor calidad que ofrece la educación particularsubvencionada.

Resulta singularmente curioso, que para terminar con el modelo de mercado que imperabaen el sistema educacional, la estrategia seguida es propia de las peores prácticas de la libreeconomía de mercado, usar el poder político, para combatir a la competencia y apropiarsede la demanda afectando seriamente su gestión financiera.

¿Será esta la razón que explica que se haya escogido a Nicolás Eyzaguirre, economistaexperto en el tema, como Ministro de Educación?

Guido Crino TassaraPrimer Vicepresidente de FIDE