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Economa, el de Industrias, el de Trabajo y el

resto del gabinete que ese dinero ser usado en

reinversin productiva? No lo aseguran ni

pueden asegurarlo; simplemente lo asumen

como artculo de fe.

De por s los costos laborales en el Per no son

altos como aducen los fundamentalistas de los

sobrecostos. Una hora de trabajo en la

industria peruana cuesta US$2,50, US$ 3,60 en

Chile, US$ 4,10 en Brasil y Argentina, US$ 24 en

Estados Unidos y US$ 33 en Alemania. Aun as

los empresarios invierten lo que invierten.

El Gobierno insiste en favorecer la inversin

por la va de conceder a los empresarios

golleras laborales, ambientales y tributarias en

vez mejorar la capacidad de demanda interna.

Su esperanza es que con ello tanto empresarios

como trabajadores se vern motivados a dejar la

informalidad.

Olvida que polticas de este tipo se vienen

intentando desde hace por lo menos 25 aos, en

Leyes como la 28015, de Promocin y

Formalizacin de la Micro y Pequea

Empresa(2003), el D.S. N 003-97-TR (Ley de

Productividad y Competitividad Laboral), el

Decreto Legislativo N 1086 (Ley de

P r o m o c i n d e l a C o m p e t i t i v i d a d ,

Formalizacin y Desarrollo de la Micro y

Pequea Empresa y del Acceso al Empleo

Decente, 2008).

El Propio Humala ha recordado, sin sonrojarse,

que lo dispuesto por la ley 30288 ya lo haba

intentado Garca en su segundo gobierno.

El discurso de la flexibilizacin laboral se viene

usandodesde los aos de Bologna el Ministro

del golpe de 1992-, y a pesar de todo eso la

informalidad se mantiene en rangos que van del

70 al 80% del empleo.

Lo que propiamente hace la ley 30288 como

las otras medidas de reactivacin y las

pretenciosamente llamadas de reduccin de

costos de transaccin laboral- es favorecer al

empresariado rentista que prefiere vivir del

cholo barato, del medio ambiente gratuito y

del Estado neoliberal dadivoso. Hacer plata

fcil a costas de todo esto sin tener que arriesgar

verdadera inversin.

En trminos del Chapuln Colorado

verdadero hroe recientemente desaparecido al

que hay que venerar,aunque sea por no sumarse

a la industria idiotizante de Hollywood- lo que

est pasando es que cierto empresariado

aprovecha que pande el cnicoen el Gobierno, y

usa la ley para obtener de l todo lo que se le

antoja:

Como estamos en desaceleracin, y si quieres

que invierta en llevarme tus recursos naturales,

elimina esos costosos derechos laborales,

olvdate del ambiente y en lo posible qutame

esos impuestos. O me concedes eso o me llevo

la plata para otro lado.

No se sabe si el chantaje funcionara y si el

empresariado rentista realmente volara en

busca de otros muertos, si el Gobierno

digamos- decide gobernar y hacer cumplir la

C o n s t i t u c i n , l a s l e y e s , l a g r a n

transformacin y todo eso que dijo defender.

Pero lo cierto es que el chantaje viene

funcionando eficaz y fcilmente con el

comandante.

Es un verdadero exceso sino una

desvergenza- que la ley 30288, sea llamada

Ley que promueve el acceso de jvenes al

mercado laboral y a la proteccin social,

cuando no hace ni lo uno ni lo otro.

Empezando porque la proteccin social se

reduce drsticamente. Los jvenes mantienen

slo el derecho a estar en planillas y a gozar del

seguro de salud y de pensiones (pagados el

primer ao por cuenta del Estado). En cambio

se eliminan las gratificaciones de julio y

diciembre, las asignaciones familiares, el seguro

de vida, el reparto de utilidades, la CTS; y se

recortan las vacaciones de 30 a 15 das, as como

la indemnizacin por despido injustificado con

un tope de 4 sueldos mensuales.

En cuanto al acceso al mercado laboral, el

supuesto del oficialismo es que el recorte de

derechos incentivar a los jvenes a laborar bajo

este rgimen, lo que resulta un claro

contrasentido. Como cualquier persona, los

jvenes quieren y necesitan- condiciones

adecuadas para trabajar y eso es lo que las leyes

deben garantizarles, si se quiere que opten por

alternativas diferentes a los de la informalidad,

la migracin o la ilegalidad.

Lo que s es cierto es que el recorte de derechos

reducir los costos empresariales, aumentando

por tantolas utilidades. Alrededor de

1,050'000,000 soles pasarn de los trabajadores

jvenes a los empresarios, a lo que debe

sumarse el crdito tributario contra el Impuesto

a la Renta que el estado les facilitar,hasta por

un monto del 2% de la planilla de trabajadores,

para gastos de capacitacin.

Cmo aseguran el Presidente, el Ministro de

En cualquier pas civilizado dice el magistrado Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional- , una protesta como la vivida (contra la ley

pulpn) obliga a la autoridad al dilogo y a la reflexin. Sera un error si el Gobierno se comporta como si estuviera en un cuartel, donde uno manda y

los dems obedecen. El magistrado aade que tanto la demanda de inconstitucionalidad como los retoques reglamentarios a la 'Ley Pulpn' que

promete el Ministro de Trabajo, son una verdadera maniobra 'engaa muchachos'. Lo nico que procede es que la presidenta del Congreso, Ana Mara

Solrzano, convoque de inmediato a una sesin extraordinaria del Congreso, para que la norma, aprobada apresuradamente por la mayora oficialista y

fujimorista, sea derogada.