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El 21 y 22 de septiembre el MADJ llevó a cabo su Asamblea intermedia en la ciudad de El Progreso, con la participación de delegados de los

núcleos organizados en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Comayagua.

En esta reunión se debatió sobre la respuesta comunitaria a los desafíos que representan los proyectos de explotación minera y construcción de represas hidroeléctricas, así como la persecución a que son sometidos los líderes comu-nitarios que se oponen a tales proyectos.

El MADJ ha asumido la defensa legal de los líderes y miembros de base perseguidos por su compromiso con la defensa de los bienes naturales de sus territorios, como los indígenas lencas y tolupanes, acusados por el supuesto de-lito de rechazar proyectos que atentan contra los intereses comunitarios en los departamentos de Intibucá y Yoro.

La Asamblea intermedia aprobó varias resoluciones orientadas a fortalecer las luchas comunitarias, la defensa territorial y la protección de líderes y activis-tas perseguidos por las grandes empresas, con la complicidad de las autoridades policiales y judiciales, en dichos departamentos.

Este encuentro concluyó con una convocatoria a la Asamblea Nacional del MADJ, que se llevará a cabo en diciembre para aprobar un nuevo plan anual de trabajo y adoptar resoluciones que darán continuidad a los temas tratados en la Asamblea intermedia.

El MADJ realizó su Asamblea intermedia

Dignidad y justicia San Pedro Sula, Año 1, No. 3, octubre 2013

Publicación trimestral delMovimiento Amplio por laDignidad y la Justicia (MADJ).Su contenido pude serreproducido total o parcialmente,citando la fuente.

© MADJ Barrio Barandillas, 6 calle, 6ave., Edificio Noriega, San Pedro Sula, Cortés. movxladignidadylajusticia@ yahoo.com www.madj.org

S u m a r i o

Debate / 2

Nueva masacre contrael pueblo indígena tolupán

Nuestra opinión / 3

Editorial

Nuevas autoridadesdel Ministerio Públicovinculadas a la entregadel territorio nacional

Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción

y la impunidad

Destapando la olla / 4

Historias de un Estado infidente.La chatarra que valía millones

Corrupción e impunidad:algunos botones de muestra

Noticias / 8

El MADJ víctimade persecución judicial

El legado de Morazánsigue vigente

2

El pueblo tolupán continúa pagando con su sangre la defensa de su tierra y bienes naturales. El 25 de

agosto de 2013, alrededor de las 4:30 de la tarde, en San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro, fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Medina y María Enriqueta Matute.

Se les asesinó por oponerse a la extracción ilegal de madera en los bosques de su tribu, a la instalación ilegal de una represa hidroeléctrica que no cuenta con el libre consentimiento de este pueblo, y a la extracción de anti-monio en yacimientos explotados al margen de la ley en las montañas de la tribu.

Sus asesinos, Selvin Matute y Carlos Matute, los ma-taron a sangre fría. Ambos forman parte de una banda de matones que opera en la zona y ofrece sus servicios a los empresarios que quieren apoderarse de los recursos natu-rales del pueblo tolupán.

La criminal banda de Los Matute opera impune y li-bremente en la zona. Se les ve desplazándose en parejas en sus motos, con armas colgadas al hombro, haciendo tiros al aire y custodiando los pick ups que salen cargados de broza con antimonio. La policía no hace nada para detenerlos. Son intocables porque cuidan los intereses de los grandes saqueadores de este pueblo.

¿Negligencia o complicidad del Estado?El Estado hondureño afirma que el pueblo tolupán es

la etnia más martirizada entre todos los pueblos originarios del país. Así lo reconoce la Secretaría para el Desarro-llo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes1, pero las autoridades no hacen nada para impedir que se les siga martirizando.

Desde el 12 de agosto los miembros de la tribu San Francisco iniciaron una nueva acción en defensa de su te-rritorio, bloqueando la carretera que comunica al sector de Locomapa con su tribu. En ese punto solo detenían a los camiones que transportaban madera cortada ilegal-mente, y a los pick ups cargados con broza de antimonio no autorizada por el Estado ni avalada por los tolupanes.

El día del crimen —según relato de sobrevivientes y vecinos—, cerca de las 4:30 de la tarde, llegaron al lugar de la toma los hermanos Selvin y Carlos Matute. Luego de exigir a los indígenas que se retiraran, les arrebataron la bandera nacional, discutieron y luego dispararon contra Ricardo Soto Medina, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Medina.

A más de un mes de este crimen, y a pesar de que los asesinos han sido plenamente identificados, no han sido capturados y continúan amedrentando a la población indígena. El último amedrentamiento se produjo el 2 de septiembre, cuando los sicarios dejaron el siguiente mensaje en casa de uno de los líderes de la tribu, José María Pineda:

Hoy sí, prepárense porque se ha encendido el fuego, por no medirse esa lengua pájaro cucú. Ya sabemos dónde estás, pero te vamos a dar donde más te duele. No sabes con quienes te has metido, esto va a arder, así que mejor prepárense. Se los advertimos con tiempo, nosotros para eliminar a alguien no pensamos, peor ratas que sólo para joder son buenos. Atentamente sus enemigos!

Debido a la negativa de las fuerzas policiales y el Mi-

nisterio Público para frenar la criminalidad de la banda de los Matute, el MADJ optó por proteger la vida de los líderes indígenas y de seis personas más, entre estas testigos clave para resolver el crimen.

La ONU ha exigido medidas especialesEl informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre

la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras destacó, el 13 de diciembre de 2012, el peligro a que están expuestos los tolupanes y demás pueblos indíge-nas: “Hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como… los indígenas, los afrohondureños, ambientales y de derechos sobre la tierra”2. En otro apartado, señala que:

Se han registrado casos de defensores de los derechos humanos que protegen recursos naturales (bosques, tierras y agua) y que han sido reiteradamente deteni-dos, golpeados y, en algunos casos, asesinados en razón de sus actividades. Otros que denuncian problemas ambientales e instruyen a los ciudadanos acerca de sus derechos a la tierra y a los alimentos han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes3.

Si el Estado hubiese intervenido a tiempo, la masacre de San Francisco de Locomapa no habría tenido lugar, como tampoco el asesinato del indígena lenca Tomás García, acribillado por ejercer su derecho al libre consentimiento comunitario ante el proyecto hidroeléctrico que se ejecuta en el sector de Río Blanco en el municipio indígena de Intibucá.

Nueva masacre contra el pueblo indígena tolupánJuan Mejía Guerra*

Debate

* Miembro de la Coordinación Nacional del MADJ.1. Léase la página oficial de la SEDINAFROH, http://www.

sedinafroh.gob.hn/index.php/tolupanes. consultada el 29 de agosto de 2013 a las 7:00 p.m.

2. ONU (2012), Informe de la Relatora Especial Sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos en Hon-duras, Margaret Sekaggy, párr. 64.

3. Ibíd., párr. 82.

3

EditorialNuevas autoridades del Ministerio Público

vinculadas a la entrega del territorio nacional

Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción y la impunidad

Ahora resulta evidente que la depuración del sistema de justicia y seguridad, en el caso del

Ministerio Público, fue solo un argumento para elegir anticipadamente a los fiscales generales, violentando la Ley Orgánica de esta institución, al elegirlos por un periodo de cinco años.

Legalmente, la elección de las nuevas autoridades del MP correspondía al próximo Congreso Nacional; pero, ante la posibilidad de que después de las elecciones generales de noviembre este sea integrado por fuerzas políticas que amenazan el monopolio bipartidista, adelantaron la elección para asegurar la impunidad de grupos económicos y políticos responsables de actos de corrupción vinculados a la entrega y saqueo del territorio y los bienes naturales.

Por eso no es casual que el nuevo Fiscal General sea Óscar Chinchilla, uno de los magistrados de la Corte Su-prema de Justicia que votó a favor del decreto para crear las “Ciudades Modelo” y que, demagógicamente, renunció a su cargo de magistrado bajo acuerdos políticos con la bancada del Partido Nacional.

Por su parte, el nuevo Fiscal General Adjunto, Ri-goberto Cuéllar, al momento de su nombramiento se desempeñaba como ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) institución que, bajo su dirección, autorizó muchas licencias ambientales para la explotación minera, la construcción de represas hi-droeléctricas y la explotación maderera.

A los nuevos peones del MP les toca garantizar que las industrias explotadoras de los recursos naturales, estrechamente vinculadas con los intereses privados que representan los diputados en el Congreso Nacional, sigan sacando ventaja de la criminalización de las luchas comunitarias y del monopolio que ejercen sobre las ins-tituciones públicas y los poderes del Estado.

Así, a los procesos judiciales contra Berta Cáceres, Tomás Gómez, Aureliano Molina y Magdalena Hernán-dez, se suman ahora las denuncias ante la Fiscalía contra el Patronato Comunal de Nueva Esperanza y nuestros compañeros Víctor Fernández y Martín Fernández, miembros de la Coordinación Nacional del MADJ.

Uno de los legados positivos de la Comisión Interventora

al Ministerio Público, fue el nom-bramiento de personas honestas y comprometidas con la legalidad como coordinadoras de fiscalías especiales claves en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Así, nombró a Luis Javier San-tos como Fiscal Especial contra la Corrupción, y a John César Mejía como Fiscal Especial de Derechos Humanos. Desde la Fiscalía contra la Corrupción se comenzó a investigar la corrupción en la municipalidad de San Pedro Sula, la relación de un familiar del presidente Lobo con un supuesto lavado de activos, la destitu-ción ilegal de los cuatro magistrados

de la Sala de lo Constitucional y la venta irregular de medicinas al Estado.

La Fiscalía de Derechos Humanos promovió un requerimiento fiscal contra el pastor Evelio Reyes por el delito de discriminación, y presentó un recurso de amparo colectivo contra el Estado por la falta de medicamen-tos, oxígeno, camillas y deficiencias en la prestación del servicio de salud en los principales hospitales estatales. También se preparaban otros requeri-mientos fiscales sobre casos graves de violaciones a derechos humanos.

Pero las reacciones no se hicieron esperar. En la última semana de octu-bre, las autoridades del MP decidieron trasladar, entre otros, a los fiscales Luis Javier Santos, John César Mejía,

Edy Tábora y Rosa Seaman; los dos últimos interpusieron el recurso de amparo colectivo y el requerimiento fiscal contra el pastor Reyes, respec-tivamente. En total, son 17 traslados que, según entendidos, buscan desar-ticular las acciones emprendidas por los fiscales honestos.

No se discute que la ley faculta al Fiscal General y al Adjunto a realizar estos cambios. No obstante, desarticu-lar fiscalías cuyos coordinadores han impulsado casos importantes, solo muestra que Óscar Chichilla y Rigo-berto Cuéllar ya comenzaron a jugar su papel de nuevos custodios de la impunidad y de los intereses de quie-nes los impusieron en una elección ilegítima y fuertemente cuestionada.

Nuestra opinión

4

Antes de contar la historia…Los actos de corrupción del Estado casi siempre los

revela el mismo Estado. Nadie como él tiene la capacidad de adentrarse en la documentación, sustraerla si le es ne-cesario, escudriñarla cuando le conviene, denunciarla si quiere afectar a los involucrados, o simplemente volverla a enterrar.

La ciudadanía puede avanzar con las denuncias, pero encuentra muchas trabas para investigar a fondo la corrupción. De ahí el desencanto que provocan las audi-torías sociales a muchos líderes comunitarios que abogan por la transparencia en la gestión municipal y pública: los actos ilícitos son visibles, con frecuencia también sus responsables, pero a la hora de ajustar cuentas, es común que el Estado mire de reojo las malogradas obras y dé su bendición a los culpables.

La transparencia es una demanda que da poder a la ciudadanía y esta comienza a ser consciente de ese poder. Sin embargo, poco se discute sobre la ética que debe llevar aparejada. Muchas acciones públicas son transparentes, pero están revestidas de tan alta dosis de cinismo, que provocan la desmovilización de la sociedad o, con suerte, solo su asombro.

Bajo tales preceptos, las investigaciones oficiales mu-chas veces terminan siendo simples infidencias, historias contadas desde un escritorio que revelan nombres y apelli-dos, actos irregulares, actuaciones siniestras de funcionarios públicos que, sin ningún recato, promueven legitimarlas ante los poderes del Estado y convertirlas en decretos, re-soluciones, ordenanzas o leyes de carácter obligatorio, sin responsabilidades ulteriores para sus autores.

Un vertedero de esas infidencias es el Tribunal Supe-rior de Cuentas (TSC). Aún con lo incompleto que suelen ser sus informes, revelan interioridades del poder público, escritas a veces como ingredientes complementarios, pero que obligan a repasar la lectura o hacerlo entre líneas. Los informes del TSC profundizan hasta la frontera de la con-veniencia; rara vez incluyen los anexos que anuncia dentro de las investigaciones y que suenan más interesantes aún que las investigaciones mismas.

Esa cantera de historias convertidas en informes, unida con lo que publica La Gaceta o lo que trasciende por los portales de transparencia de las instituciones del Estado son las fuentes oficiales disponibles, y de ellas —dicho con transparencia— buscará alimentarse esta columna. La au-tora completa la información oficial encontrada con otros datos que también obtiene por medio de internet, cuidando de garantizar la credibilidad de la fuente.

El informe Nº P-033/2012-DPC-DCSDde la denuncia Nº 0801-12-133El 22 de abril de 2013 el magistrado presidente del TSC,

Miguel Ángel Mejía Espinoza envió, a quien todavía fungía

Historias de un Estado infidente. La chatarra que valía millonesLucila Funes Valladares*

como Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí Ávila, un informe con indicios de responsabilidad penal, para su investigación.

Se trataba del Informe Nº P-033/2012-DPC-DCSD, elaborado a partir de una denuncia —la Nº 0801-12-133— sobre una investigación efectuada del 4 al 9 de octubre de 2012 en el Congreso Nacional, acerca de un decreto emi-tido en 2011 para donar máquinas y chatarra del Instituto de Conservación Forestal (ICF) a la empresa cibertec (Centro de Investigación Científica y Tecnológica). Como es de suponer, ni la chatarra era chatarra ni cibertec era en realidad una empresa que existía.

¿Quiénes estaban detrás de esto?El 7 de diciembre de 2011 el diputado nacionalista por

el departamento de Intibucá, Miguel Ángel Gámez, solicitó al Congreso Nacional aprobar un proyecto de decreto para “autorizar la donación del material descrito en los párrafos anteriores al señor Agustín Martínez Perdomo”.

La moción fue girada, en carácter de “urgente”, a la Co-misión de Legislación —cuyos integrantes no aparecen en el informe— para que emitiera el respectivo dictamen. Seis días después, la comisión dictaminó a favor de que “los ma-teriales que se encuentran en abandono en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (icf), ubicado en el antiguo local de Casisa en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comaya-gua, se les daría un uso adecuado al ser donados al Centro de Investigación Científica y Tecnológica (cibertec) ya que las instituciones gozan de un carácter permanente y esta comisión considera que fortaleciendo las instituciones que incentivan y que impulsan la investigación en Honduras fortaleceremos el desarrollo del país”.

Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, median-te Decreto Nº 46-2012 del 10 de abril de 2012, lo siguiente:

Conceder al Centro de Investigación Científica y Tecnológica (cibertec), las mejoras o bienes muebles que se encuentran en el inmueble de las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (icf), ubicado en el antiguo local de casisa, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, y que a continuación se detalla:1) Galeras Metálicas; 2) Tanque Metálico de Almacena-miento de Agua; 3) Máquina cargadora marca komatsu (mal estado fundida); 4) Estructuras Metálicas; 5) Todo material metálico y chatarra ubicado dentro y fuera de las galeras.

El Decreto entró en vigencia el 31 de mayo de 2012, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,834.

¿Quién es quién?¿Quién es el mocionante? Miguel Ángel Gámez fue

nombrado por el presidente Porfirio Lobo como ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda a comienzos de

Destapando la olla

* Periodista.

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Historias de un Estado infidente. La chatarra que valía millonesLucila Funes Valladares*

marzo de 2012, cargo al que renunció en mayo de 2013 por ser candidato a diputado para los próximos comicios electorales. Su nombre saltó a la palestra pública cuando, en 2006, hizo comentarios racistas a la periodista de Proceso Digital, Ivonne Rodríguez, quejándose por la presencia de seis diputados negros ante el Congreso, lo que consideró como un atropello a su dignidad.

¿Quiénes eran los miembros de la Comisión Legislativa que dictaminó a favor de la moción? Gracias a que en la página web del Congreso Nacional no se ha actualizado este dato desde el 17 de febrero de 2012 —fecha muy próxima a la emisión del dictamen— se constató que los integrantes eran: Mario Alonso Pérez (PN, presidente); Olman Danery Maldonado (PL, vicepresidente, y uno de los que votó re-cientemente contra la decisión de su partido a favor de los nuevos fiscales); Oswaldo Ramos Soto (PN, secretario, de conocida trayectoria); como miembros: Erick Rodríguez (PL), German Leitzelar (PINU), Donaldo Reyes Avelar (PN), Daniel Flores Velásquez (PN); y como miembros al-ternos: Marco Antonio Gosselin (PL) y Agapito Alexander Rodríguez (PN).

¿Quién es Agustín Martínez Perdomo? Entre los con-siderandos que fundamentaron el decreto a favor de la donación se expresó: “Que el investigador Agustín Martínez Perdomo, del Centro de Investigación Científica y Tecnoló-gica (cibertec), ha realizado la invención de una máquina denominada Recolector de Agua (reda), la cual tiene como función la recolección de agua. Que las Naciones Unidas tiene un programa mediante el cual al país que presenta una invención, recibe un aporte de Cien Mil Dólares anuales durante veinte (20) años, por lo que se hace necesario que este Congreso Nacional brinde apoyo a quienes se dedican a la ciencia y a la invención, como en el caso del Inventor Agustín Martínez Perdomo”.

El 4 de junio de 2012 Martínez Perdomo solicitó al secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, “dejar sin valor y efecto dicho decreto mediante el cual se me estaría beneficiando con tal material de desecho”. Su deci-sión fue falsa, pues catorce días después notificó al director del ICF el retiro del material metálico, y el TSC encontró que el retiro de los materiales se estaba efectuando desde el 2 de mayo de 2012, antes de la emisión del decreto.

¿El Estado contra el mismo Estado?El TSC confirmó que desde el 8 de abril de 2010, el ICF

emitió una resolución declarando sin lugar una solicitud de donación del referido equipo. Asimismo, en julio de 2011, este instituto procedió a realizar una valoración de los bie-nes, concluida por la empresa ahinco Inversiones S.A. de C.V. en octubre de ese año, que la estimó en 4,789,292.50 lempiras como precio base para una subasta pública. El 4 de enero de 2012 el ICF envió un oficio al Congreso Nacional, señalando que:

…si bien es cierto el material a que se hace referencia en el proyecto de Ley constituye por su naturaleza y ca-racterísticas como chatarra que en su esencia no puede

ser reutilizada, no es menos cierto que la misma está comprendida dentro de los planes de este Instituto para lograr de ella un provecho o utilidad, todo mediante un procedimiento de subasta que genere recursos econó-micos que coadyuven a sufragar los compromisos que la institución mantiene…

El Congreso desconoció los oficios enviados por el ICF y, aunque el TSC no hace señalamientos directos, deja traslucir que esta omisión es responsabilidad del secretario de la Cámara Legislativa, Rigoberto Chang Castillo.

Lo que se encontró en el lugar de los hechosEl TSC se apersonó en las instalaciones del ICF en

Siguatepeque, donde realizó una inspección física y tomó declaraciones de los vecinos de una comunidad aledaña. Entre varios de los hechos anormales ocurridos, encon-tró a nuevos actores involucrados; entre ellos, al diputado por el departamento de Comayagua, Armando Cerros, quien al parecer llevó una orden legal para desmantelar las estructuras metálicas y dirimió a su favor un conflicto con la comunidad, que se oponía a desmantelar el cen-tro, pagándole al presidente del patronato 7,500 lem-piras por cada salida de las rastras, que en total hicieron entre 18 a 22 viajes cargadas con el material.

Armando Cerros es diputado suplente por el Partido Liberal y candidato a la reelección en los comicios de no-viembre de 2013 por el mismo partido; ha sido miembro de la corriente política que encabeza Yani Rosenthal y fue denunciado, junto a siete diputados más, en 2010, por la importación de carros de lujo con dispensas. En su caso, de un Toyota Wagon Prado (24 de mayo de 2010) y un Toyota pick up del año (23 de junio de 2010).

El TSC también investigó que el científico Agustín Martínez Perdomo nunca hizo acto de presencia, sino a través de sus representantes durante las negociaciones pre-vias, pero sí durante el desmantelamiento, junto al menos cuatro personas más que solo fueron identificadas por sus nombres o apellidos.

Se supo también que el hierro fue vendido a comercian-tes de la zona por al menos cinco millones de lempiras, a través de una cuenta del banco Ficohsa a nombre de Mar-tínez Perdomo; no se encontró evidencia de la existencia de la empresa cibertec, ni del invento realizado por el presunto científico, quien habría sido propietario de un taller de mecánica industrial. Tampoco se encontraron rastros de ninguna patente de invento para colectar agua en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, no así en el Instituto de la Propiedad, donde fue inscrita.

Y finalmente, como un toque de buen humor —pues ya no cabe otra cosa que reírse—, el TSC indagó al diputado Gámez sobre la existencia de la máquina colectora de agua que dio origen a su moción, y en respuesta recibió de él un video de una máquina recolectora de agua, ¡bajado por internet de una compañía guatemalteca!

Destapando la olla

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El CNA perdió el rumbo El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) perdió

el rumbo en la lucha contra la corrupción y, lejos de com-batirla, la permite. Así opinaron los representantes de las organizaciones de sociedad civil y de las iglesias Católica y Evangélica que se retiraron de la conducción de este ente gubernamental, afectado por malos manejos y escasos resultados.

La polémica elección de Dulce María Zavala como coordinadora del CNA en septiembre de 2011 —pese a ser empleada de otra institución estatal—, determinó el retiro de estas organizaciones, cuya principal crítica es que fue impuesta por grupos afines al presidente del Congreso Na-cional, Juan Orlando Hernández, y al presidente Lobo Sosa.

La crisis del CNA se agudizó en septiembre de 2013, cuando la abogada Zavala intentó reelegirse, para lo que realizó una serie de maniobras que revelaron el alto grado de politización de este organismo.

A lo anterior hay que agregar el nombramiento de los dos representantes del Presidente de la República ante el CNA —ambos con falsos expedientes de representación social—, avalado por un decreto presidencial. No obstante, la asamblea se instaló y dio por legítima la incorporación de los emisarios presidenciales.

El 30 de septiembre se acordó que el CNA dejará de tener un coordinador o coordinadora, y que será regido por una instancia colectiva, mientras encuentran alternativas a su crisis interna.

Desde la creación del CNA en 2001, la situación de la corrupción en Honduras no ha cambiado; el país se man-tiene en la lista de las diez naciones más afectadas por este flagelo en las Américas y registra un 76.7% de percepción de corrupción entre los 26 países evaluados.

Expedientes de oficiales fueronenviados sin soporte al TSCA mediados de agosto, el Tribunal Superior de Cuentas

(TSC) devolvió ocho expedientes sobre oficiales de policía investigados por enriquecimiento ilícito. El presidente del TSC, Miguel Mejía, informó que la Dirección de Investiga-ción y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) los envió sin soporte documental. Por tanto, el TSC no puede inves-tigar a profundidad para que los casos sean judicializados.

Las incongruencias detectadas entre ingresos y patri-monio en un grupo de altos jerarcas de la Policía suman más de 74 millones de lempiras, lo que vuelve a los oficiales sospechosos del delito de enriquecimiento ilícito, según los órganos contralores del Estado.

Requerimiento fiscal contrainvolucrados en saqueo de medicamentos El Ministerio Público interpuso, el 30 de julio, reque-

rimiento fiscal contra seis funcionarios denunciados por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en perjuicio del Almacén Cen-tral de Medicamentos del Hospital Escuela y las bodegas de la Secretaría de Salud.

Los funcionarios requeridos son: Maritza Isabel Ramí-rez Vásquez, Hernán Gerardo Rodríguez, Héctor Manuel Flores Canales, Cindy Karina Santamaría, Marco Daneri Figueroa y Leonor Bonilla Landa.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción explicó que estas personas despachaban medicamentos sin seguir los procedimientos establecidos, por lo que se sospecha que los fármacos fueron a parar a manos privadas.

“Fuga de información”impide capturar a narcosEl Designado Presidencial, Víctor Hugo Barnica, in-

formó el 6 de agosto que la filtración de información sobre operaciones antidrogas impide capturar a narcotraficantes, y responsabilizó por tal acción a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público. Según autoridades estadounidenses, por Honduras transita el 79% de la droga que llega a México desde Suramérica, con destino final en los Estados Unidos.

Fuerzas Armadas despilfarran dinero asignado a la protección de los bosques En veinte meses, la Dirección de Apoyo Ecológico y

Protección del Bosque (C-9) de las Fuerzas Armadas gastó 57 millones de lempiras (unos 2.8 millones de dólares) en comprar bebidas, botas, lubricantes, reparar edificios y vehículos, pagar salarios y contratos de publicidad.

La información procede de una auditoría llevada a cabo por el TSC para el periodo que comprende del 1 de julio de 2008 al 28 de febrero de 2010. “Una mala clasificación de los gastos, afecta la disponibilidad presupuestaria y la toma de decisiones administrativas”, advirtió el informe de la auditoría del TSC No. 001-2009-DASSJ-SEDENA-A. 

Congreso Nacional eligió a nuevos fiscales en medio de acusacionesde corrupciónEn una larguísima jornada, rodeada de componendas

políticas y protestas callejeras, el Congreso Nacional eligió en la madrugada del 31 de agosto a Óscar Fernando Chin-chilla y Rigoberto Cuéllar como Fiscal General y Fiscal Adjunto de la República.

Destapando la olla

Corrupción e impunidad: algunos botones de muestra

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Chinchilla es miembro del gobernante partido Nacio-nal y Cuéllar del partido Liberal. La denuncia más grave en torno de esta elección, es la compra-venta de votos entre los diputados, para garantizar las dos terceras partes que la ley exige para nombrar estos funcionarios.

Uno de los aspirantes al cargo de Fiscal General, el abo-gado Ivis Discua Barillas, se retiró del proceso de selección y denunció que este se había viciado por el afán de elegir a candidatos afines al candidato presidencial nacionalista, Juan Orlando Hernández.

Investigan desvío de fondosen municipalidad de San Pedro SulaPor un supuesto desfalco, la Fiscalía Especial Contra

la Corrupción intervino el 2 de septiembre la Oficina de Control de Ingresos, la Tesorería y la sección de Informática de la alcaldía sampedrana, y citó a varios funcionarios a prestar declaración.

La denuncia fue interpuesta por algunos contribuyen-tes y empresas que pagaron sus impuestos de 2009, pero estos nunca ingresaron en las arcas municipales. Desapa-recieron sin dejar rastro.

Millones de lempiras sin respaldo gastaron gobiernos de Kilgorey Padilla Suncery Un informe del TSC reveló que, durante la adminis-

tración de los alcaldes sampedranos Óscar Kilgore (nacio-nalista) y Padilla Sunceri (liberal), se gastaron sin respaldo (fuera de la ley) 1020 millones de lempiras.

El informe estableció 24 indicios de responsabilidad: cuatro de carácter administrativo, nueve de índole civil y once de tipo penal. Las responsabilidades civiles ascienden a L 172.5 millones que incluyen pagos a teléfonos celulares de empleados y funcionarios de la alcaldía; así como asig-nación indebida y uso excesivo de combustible a favor de miembros de la Corporación Municipal. También el pago de sobregiros por intereses bancarios no autorizados, de recargos por mora de retenciones, de derechos laborales y viáticos a miembros de la Corporación.

Las responsabilidades de carácter penal ascienden a L 847.8 millones, y las averiguaciones del MP indican que se gastaron indebidamente unos 500 millones. El MP conoció, además, 80 denuncias contra las últimas cuatro administraciones municipales de SPS. Los delitos a inves-tigar son abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, estafa, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, desobediencia y usurpación.

Orden de capturapara exgerente del FerrocarrilPor no presentarse a la audiencia del juicio oral y públi-

co, el 11 de septiembre, el juzgado correspondiente giró orden de captura contra el exgerente del Ferrocarril Nacio-nal, Rafael Merlo Cárcamo.

Al ahora prófugo de la justicia se le acusa de haber vendido a una empresa guatemalteca, durante su adminis-tración, los rieles del Ferrocarril Nacional en un tramo del municipio de Puerto Cortés.

Auto de prisión contra acusadosde vender plazas en EducaciónLa Corte de Apelaciones de Comayagua confirmó el

19 de septiembre un auto de prisión contra José Antonio Medina y Luis Murillo. El primero se desempeñaba como director general de Educación y, el segundo, como director departamental en Intibucá. Ambos fueron señalados como responsables de vender plazas en la Secretaría de Educación.

Nueve mil plazas fantasmasen la Policía NacionalEl coordinador de fiscales del Ministerio Público,

Roberto Ramírez Aldana, aseguró que la cifra de plazas fantasmas en la Policía Nacional asciende a nueve mil y no a 4500, como lo denunció el 11 de agosto el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, en su informe de 100 días de trabajo.

Respecto a si las nueve mil personas que faltan en las planillas cobraban su salario, Ramírez Aldana expresó que “es la información que podemos deducir del informe”. Señaló que “si vemos los resultados de algunas planillas y los informes de mayo y junio de este año, estaríamos hablando de un faltante de nueve mil puestos. Alrededor de dos mil plazas han sido congeladas o canceladas, pero creemos que hay más personas que estaban cobrando en la Secretaría de Seguridad”.

El coordinador de fiscales indicó que también hay per-sonal administrativo entre estas nueve mil plazas. El titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, dijo que, independien-temente de la cifra de plazas fantasmas denunciadas en la Policía Nacional, es una obligación hacer las investigaciones pertinentes para deducir responsabilidades.

Pese a que el ministro de Seguridad hizo la denuncia desde el 11 de agosto y la Fiscalía inició las investigacio-nes días después, aún no se sabe quiénes son los responsables del asalto a los recursos de la Secretaría de Seguridad. Es más, pareciera que el escándalo ya perdió relevancia en los medios de comunicación y la ciudadanía, más preocupados por el desenlace del proceso electoral.

Destapando la olla

Corrupción e impunidad: algunos botones de muestra

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La Sociedad Mercan-til “La Victoria”, que

pretende explotar varias minas de óxido de hierro en el municipio de Tela, Atlántida, interpuso el 12 de septiembre una denuncia ante el Ministerio Público de La Ceiba contra dirigentes del Patro-nato Regional del Sector Florida en Tela y los miembros de la coordinación general del MADJ, Víctor Fernández y Martín Fernández. Estas denuncias

forman parte de una campa-ña de persecución contra defensores de dere-

chos humanos y ambientalistas que defienden los bienes naturales comunitarios ante la voracidad de las empresas mineras y madereras, los proyectos hidroeléctricos y las

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) conmemoró el nacimiento de José Francisco

Morazán Quezada con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y murió fusilado en San José, Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842. Fue un gran pensador y visionario que intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la Repúbli-ca Federal de Centro América (1827-1838), promulgó reformas liberales que incluyeron la educación gratuita y obligatoria, libertad de prensa y de religión, entre otras. Además, limitó el poder de la Iglesia católica y decretó la separación del Estado y la Iglesia.Con estas reformas, se ganó enemigos poderosos y su período de gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y conservadores. Para recordar la vigencia de su legado, los jóvenes universitarios entre-garon trifolios y presentaron murales en los que exigen educación pública, laica, gratuita y de calidad. 

El legado de Morazán sigue vigente

El MADJ víctima de persecución judicialinstituciones gubernamentales que se coluden en su afán de explotar los territorios comunitarios para acumular más riquezas a costa del sacrificio de la población más vulnerable del departamento de Atlántida. En un comunicado, el MADJ sostiene que las vidas de los dirigentes comunitarios, de los defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como de la coordinación general del MADJ, corren peligro ante las acciones que dichas empresas llevan a cabo en su contra, a vista y pa-ciencia de las autoridades policiales y judiciales. El MADJ demandó que la Secretaría de Justicia y Dere-chos Humanos, el Comisionado Nacional de los Dere-chos Humanos y las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos se pronuncien y lleven a cabo acciones que contribuyan a proteger y garantizar las vidas y derechos de las comunidades y sus organizaciones ante los ataques de que son objeto.El comunicado del MADJ señaló, además, que el go-bierno ha puesto a disposición de intereses privados la institucionalidad judicial, policial y militar para reprimir la población que resiste al saqueo y exterminio de los bienes naturales en sus territorios. No obstante, hizo un llamado a responder con una lucha pacífica y ciudadana para fortalecer y dignificar la lucha por los derechos humanos y la defensa de los territorios comunitarios.

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