diagnÓstico estatal veracruzjusticiaadministrativa.cide.edu/archivos/estados/diagnostico/...mario...
TRANSCRIPT
DIAGNÓSTICO ESTATAL VERACRUZ
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN ANA ELENA FIERRO FERRÁEZ
ADRIANA GARCÍA GARCÍA DIRK ZAVALA RUBACH
i
El presente Diagnóstico fue elaborado por el siguiente equipo:
Coordinación general:
Sergio López Ayllón
Investigadores:
Ana Elena Fierro Ferráez Adriana García García Juanita Gómez Montes Gerardo Medina Mario Sánchez de Aparicio I Martha Trejo González Lorenia Trueba Almada Dirk Zavala Rubach
Asistentes de investigación:
Jesús Rogelio Alcántara Méndez Zayra Carbajal Rosa Ivonne Enríquez Romero Felipe García Cuevas Raquel López Hernández Paulina Madrigal Ávila Liliana Montiel Matamoros Xiao Recio Blanco Luis José Rivero Pérez Adriana Rosas Cerecer Ximena Santaolalla Abdó Jonathan Velázquez Flores
Coordinación administrativa:
Wendolyn Veana Segura
ii
ÍNDICE GENERAL
1. Introducción ............................................................................................................................. 1
2. Metodología ............................................................................................................................. 3
2.1 Marco teórico ................................................................................................................... 3 2.2 Dimensión normativa ....................................................................................................... 3 2.3 Dimensión del procedimiento .......................................................................................... 4
2.3.1 Ingeniería de procesos .............................................................................................. 4 2.3.2 Análisis empírico ....................................................................................................... 5
2.4 Dimensión organizacional ................................................................................................ 5 2.5 Recopilación de información ............................................................................................ 5
3. Dimensión normativa ............................................................................................................... 6
3.1 Marco normativo .............................................................................................................. 6 3.2 Ámbito Poder del Estado .................................................................................................. 7 3.3 Ámbito institucional. ........................................................................................................ 7
3.3.1 Gobierno judicial ....................................................................................................... 7 3.4 Función jurisdiccional administrativa ............................................................................. 10
3.4.1 Objeto del juicio ...................................................................................................... 10 3.4.2 Partes ...................................................................................................................... 11 3.4.3 Proceso ................................................................................................................... 11
4. Dimensión del procedimiento ................................................................................................ 18
4.1 Ingeniería de procesos ................................................................................................... 18 4.2 Análisis de expedientes y estadística descriptiva ........................................................... 19
5. Dimensión organizacional ....................................................................................................... 19
5.1 Análisis de las estructuras orgánicas .............................................................................. 19
6. Anexos ..................................................................................................................................... 22
6.1 Anexo 1 Mapa de suprasistema ..................................................................................... 22 6.2 Ane xo 2 Cadena de valor .............................................................................................. 23
7. Bibliografía ............................................................................................................................. 24
iii
ABREVIATURAS
1. AMIJ: Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.
2. AMTCAEUM: Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C.
3. CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
4. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Diagnóstico: Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en
Materia Administrativa a Nivel Nacional.
6. DOF: Diario Oficial de la Federación.
7. MASC: Medios alternativos de solución de controversias.
8. ND: No se puede determinar por falta de información.
9. OJA(s): Órgano(s) de justicia administrativa. Este término es utilizado para referirse
tanto a los tribunales autónomos, como a los tribunales o salas que forman parte de
los poderes judiciales estatales.
10. PN: Promedio Nacional.
11. SC: Sin cálculo.
12. SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13. TCA: Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
1
1. INTRODUCCIÓN
La jurisdicción contencioso administrativa es, por su propia naturaleza, el campo jurídico que
los mexicanos poseen para fiscalizar la acción de sus gobernantes. Esta posición de los
tribunales administrativos, entre el Estado y sus gobernados, supone una responsabilidad de
un calado especial ante la ciudadanía y acarrea la necesidad de un escrupuloso cumplimiento
en materia de transparencia.
Hoy en día, la información disponible sobre la acción judicial no es suficiente ni uniforme, lo
que obstaculiza el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, así como la adopción
de políticas judiciales de largo alcance. Ante esta situación, la Asociación de Magistrados de
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C.
(AMTCAEUM), con el apoyo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ)
y del Fondo Jurica, emprendieron la trascendental tarea de conocerse a sí mismos; para ello,
encargaron al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la realización del
diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia
administrativa a nivel nacional.
Este diagnóstico constituye una herramienta fundamental en la identificación de los problemas
que aquejan a la impartición de justicia administrativa en México, así como en un medio que
indique las posibles vías de mejora para nuestra jurisdicción contenciosa. Es una labor que se
enmarca dentro de los grandes objetivos establecidos para las instituciones a cargo de esta
trascendental tarea, que busca superar tradicionales errores de coordinación y concepción y
que pretende impulsar una impartición de justicia más eficiente, con decisiones de autogestión
basadas en una información completa y actualizada.
Para ello se realizó un análisis de las normas mexicanas desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) hasta la jurisprudencia, con apoyo tanto en la doctrina,
como en experiencias de derecho comparado. En particular, se tomó en cuenta como punto
de partida de este diagnóstico los presupuestos y acciones establecidos en el Libro Blanco de la
Reforma Judicial, pues, como en él se apunta, todos los órganos jurisdiccionales del país están
llamados a lograr el ideal constitucional de impartir justicia en forma imparcial, pronta,
completa y gratuita; asimismo contiene ya los primeros pasos para lograrlo, siendo este
diagnóstico especializado en jurisdicción administrativa un paso más hacia esa meta.
Es importante recalcar que este es un diagnóstico de los órganos jurisdiccionales como
instituciones, por lo que se centra precisamente en los órganos y no en las personas. Lo que se
busca es sentar las bases para lograr que los órganos de justicia administrativa (OJAs) presten
un servicio de calidad. En efecto, entender que los OJAs constituyen instituciones implica que
no basta considerar la actividad de cada juez o magistrado en lo particular, ni de cada uno de
los OJAs en forma aislada, sino que debe pensarse en el conjunto de los órganos
2
jurisdiccionales como instituciones encargadas de resolver controversias, es decir, como una
organización que debe también responder a parámetros de calidad y eficiencia en la
prestación de un servicio público. Se reconoce que esto implica un cambio de paradigma
importante; sin embargo responde a las acciones encomendadas por los resultados de la
consulta del Libro Blanco de la Reforma Judicial que reconoce a la impartición de justicia como
un servicio público fundamental.
Ahora bien, una vez realizado el diagnóstico nacional y conjuntado toda la información, quedó
claro que las sinergias generadas entre todos los OJAs que colaboraron en la conformación del
diagnóstico debería potenciarse mediante un conocimiento más profundo del funcionamiento
y desempeño de cada una de estas instituciones, identificando con ello buenas prácticas que
pudieran ser aprovechadas en todo el país, así como áreas de oportunidad para cada entidad.
Para ello, el equipo consultor del CIDE estimó conveniente elaborar un diagnóstico sintetizado
para cada uno de los 29 OJAs que permite conocer, a vuelo de pájaro, la estructura del órgano,
sus competencias, su organización y la estadística básica.
Además de las recomendaciones elaboradas en el diagnóstico nacional, se identificó que en
muchos casos el potencial de los OJAs como órganos fiscalizadores del quehacer del estado no
es aprovechado en su totalidad, por ello consideramos que estos diagnósticos locales podrán
fungir como herramientas de divulgación de los OJAs, ya sea a través de Internet o mediante
publicaciones convencionales. Hoy los tribunales contenciosos cuentan con información clara,
completa y veraz sobre su funcionamiento y desempeño, lo que los dota de una poderosa
herramienta para cumplir su misión de impartir justicia como un servicio público de calidad.
3
2. METODOLOGÍA
El diseño del estudio considera diferentes niveles de análisis, a los que correspondió el uso de
metodologías diferenciadas. A continuación se describe la metodología general que fue
aplicada en cada dimensión del Diagnóstico.
2.1 MARCO TEÓRICO
El propósito del marco teórico es sentar las bases conceptuales que guían el diagnóstico de la
justicia administrativa. Al efecto, se determina cuál es la misión y objetivos de los órganos de
justicia administrativa (en adelante OJAs), el modelo o modelos de organización de estas
instituciones y su relación con los poderes del Estado, así como las características y efectos
principales de los procesos contenciosos1.
2.2 DIMENSIÓN NORMATIVA
Tras el análisis exhaustivo de toda la legislación local que regula la justicia administrativa, tanto
por lo que se refiere al juicio de nulidad como a la organización del OJA, se elaboró un sistema
de matrices organizacionales y procedimentales que permiten realizar un análisis comparativo
del diseño normativo de los OJAs en México. Este sistema generó un cúmulo importante de
información comparada que permite identificar los principales modelos en el diseño
organizacional de los OJAs, así como sus virtudes y defectos. Los rubros que abordan cada una
de las matrices son los siguientes:
Normatividad referida a la estructura y organización de los OJAs:
o Ámbito poder del Estado.
o Ámbito institucional.
o Gobierno judicial.
o Administración de recursos.
o Función jurisdiccional administrativa.
Proceso administrativo o juicio de nulidad:
o Objeto del juicio.
o Partes.
o Proceso.
o Demanda.
o Contestación.
1 El desarrollo completo de esta sección puede ser consultado en el numeral 4 del diagnóstico del
funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa a nivel nacional.
4
o Suspensión.
o Audiencia.
o Sentencia.
o Recursos.
El modelo utilizado para analizar la complejidad del sistema normativo que regula los
tribunales contenciosos en México parte de la idea de un conjunto de normas jerarquizadas
con diversos ámbitos de validez. En la cúspide de esta pirámide se encuentra la CPEUM. Del
vértice descienden, de acuerdo con su orden y jerarquía, las constituciones locales, además de
las diversas leyes y reglamentos que se ocupan de regular a los OJAs. A partir de las matrices
se generó el modelo para analizar la congruencia del sistema y la eficacia de la regulación, así
como la posibilidad de llegar a la definición de los sujetos, competencias, facultades y
derechos contenidos en dichas normas.
Una vez generado el modelo, y con base en la misión y objetivos de la justicia contenciosa, así
como en los principios constitucionales que deben regir la labor de los OJAs, se desarrollaron
los indicadores a partir de los cuales se realizó el análisis individualizado de la regulación
correspondiente a cada uno de los 29 OJAs. Para ello se creó una matriz, a partir de la
determinación de indicadores, como una medida objetiva que permita el análisis de los
distintos cuerpos normativos, para compararlos entre sí y contrastarlos con un modelo ideal.
Las variables que forman parte de la matriz se agrupan de la siguiente forma:
Análisis de constituciones locales.
Análisis de las normas orgánicas y competenciales de los tribunales.
Análisis de reglamentación adicional.
Análisis de regulación en materia de transparencia.
Análisis de servicio civil de carrera o carrera judicial.
Análisis de gobierno del tribunal.
Análisis de jurisprudencia.
Del análisis normativo se desprenden un conjunto de principios deseables en el diseño de los
diferentes OJAs. Así mismo, se identificaron las áreas de oportunidad que requieren ser
abordadas, ya sea desde la necesidad de reformas legislativas o reglamentarias, o bien de
meras prácticas al interior de los órganos en lo individual, que sería recomendable modificar.
2.3 DIMENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
2.3.1 INGENIERÍA DE PROCESOS
Como parte del enfoque multidisciplinario del presente estudio se abordó el quehacer de los
OJAs desde la perspectiva de la ingeniería de procesos. De esta forma, distintas instituciones
procesales fueron modeladas como procesos. Un proceso puede ser definido como:
5
“Una serie continua y repetible de actividades relacionadas que a través del uso de
recursos convierte una o más entradas en una o más salidas, creando valor para el
cliente”.2
SalidaEntrada
PROVEEDOR CLIENTE
Actividad1
Actividad2
ActividadN
De esta forma, y a partir exclusivamente del marco normativo vigente al momento de realizar
el mapeo, se logró identificar el suprasistema, la cadena de valor y los macroprocesos
mediante los cuales los OJAs desarrollan sus funciones.
2.3.2 ANÁLISIS EMPÍRICO
No se presentan datos estadísticos, toda vez que el equipo consultor no contó con la
información necesaria.
2.4 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
No se presenta análisis alguno toda vez que el equipo consultor no contó con la información
necesaria.
2.5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La siguiente tabla resume la información solicitada y la obtenida.
Mar
co N
orm
ativ
o
Juri
spru
den
cia
Info
rme
s d
e
lab
ore
s
Pre
sup
ue
sto
apro
bad
o
Pre
sup
ue
sto
ejer
cid
o
Org
anig
ram
a
Pla
nti
lla d
e
emp
lead
os
Suel
do
s In
tegr
ado
s
Inve
nta
rio
Esta
dís
tica
bás
ica
Cu
esti
on
ario
y
fich
a cu
rric
ula
r
Cu
esti
on
ario
RR
HH
Veracruz 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 = Sí 0 = No .5 = Parcial NA = No Aplica
2 G.A Rummler y P.A Brache, Improving Performance: Managing the White Space on the Organization
Chart (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1990), 25
6
3. DIMENSIÓN NORMATIVA3
En el año 2000 se incorporó al Poder Judicial el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Veracruz, fundado en 1989 y ubicado en la ciudad de Xalapa, surgido del autónomo
Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz de 1975. Este conoce en primera y segunda instancia de
los juicios en materia fiscal y administrativa en el Estado de Veracruz.
Tam
aulip
as
Dis
trit
o F
ed
era
lSo
no
ra
Hid
algo
Jalis
coQ
ue
réta
roG
uan
aju
ato
Gu
err
ero
–Y
uca
tán
-Es
tad
o d
e M
éxi
co
Baj
a C
alif
orn
ia -
Ve
racr
uz
Nu
evo
Le
ón
Sin
alo
a –
San
Lu
is P
oto
sí
Co
lima
Cam
pe
che
–Ta
bas
co
Zaca
teca
s –
Mo
relo
s
Tlax
cala
–N
ayar
itQ
uin
tan
a R
oo
Du
ran
go –
Baj
a C
alif
orn
ia S
ur
Agu
asca
lien
tes
Oax
aca
Ch
iap
as -
Mic
ho
acán
19
51
19
71
19
77
19
82
19
84
19
85
19
86
19
87
19
89
19
91
19
93
19
96
19
97
20
00
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz se compone por siete
magistrados, uno de los cuales formará parte del Consejo de la Judicatura y no integrará sala; y
funcionará en pleno, en una sala superior y tres salas regionales. El pleno se integrará por
todos los magistrados adscritos a salas; la sala superior, por tres magistrados; y las salas
regionales, en forma unitaria.
3.1 MARCO NORMATIVO
El marco normativo de este OJA se encuentra integrado por los siguientes ordenamientos:
Constitución Política del Estado de Veracruz.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz.
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz.
3 Para efectos de transversalidad en el estudio se ha utilizado una terminología común para referirse, en
la forma más incluyente posible, a los distintos aspectos tanto de la estructura de los tribunales como de sus procesos.
7
De igual forma en la que se analizaron los indicadores en la parte nacional del diagnóstico se
realiza a continuación el análisis del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Veracruz.
3.2 ÁMBITO PODER DEL ESTADO
Por ámbito de poder del estado nos referimos a la posición de los OJAs respecto de los otros
Poderes y de las formas de organización administrativa, en cuanto a si se trata de tribunales
autónomos o de órganos integrados al Poder Judicial. El indicador más representativo es la
naturaleza jurídica del OJA, pues permite entender su interacción con otras organizaciones del
Estado.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz es el órgano especializado
del Poder Judicial del Estado, de anulación y plena jurisdicción, encargado de resolver las
controversias que se susciten entre autoridades de la administración pública, estatal y
municipal, y los particulares.
3.3 ÁMBITO INSTITUCIONAL.
3.3.1 GOBIERNO JUDICIAL
El gobierno judicial se refiere a las actividades que realizan los OJA para lograr la
administración de los recursos humanos que lo integran. En este apartado se buscó la
identificación de normas que regularan la administración de los OJA respecto al personal tanto
jurisdiccional como no jurisdiccional. Así, la categoría de gobierno judicial comprendió los
indicadores correspondientes a la organización general del tribunal en cuanto al personal
jurisdiccional y en cuanto a su selección.
Normativamente se identificó la siguiente estructura orgánica del OJA:
8
P O DE R J UDIC IA L D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
P O DE R J UDIC IA L D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
TR IB UNA L D E L O C O NT E NC IO S O
A DMINIS TR A T IVO D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
TR IB UNA L D E L O C O NT E NC IO S O
A DMINIS TR A T IVO D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
S E C R E T AR ÍA G E NE R AL DE AC UE R DO S
S E C R E T AR ÍA G E NE R AL DE AC UE R DO S
S A L A S UP E R IO RS A L A S UP E R IO R
S AL A R E G IO NAL
Z O NA NO R T E
S AL A R E G IO NAL
Z O NA NO R T E
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
P L E NO DE L T R IB UNA LP L E NO DE L T R IB UNA L
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
S AL A R E G IO NAL
Z O NA C E NT R O
S AL A R E G IO NAL
Z O NA C E NT R O
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
S AL A R E G IO NAL Z O NA S UR
S AL A R E G IO NAL Z O NA S UR
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR ÍAAC T UAR ÍA
O F IC IAL IA D E P AR T E S
O F IC IAL IA D E P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVOAR C HIVO
S E C R E T AR ÍA ADJ UNT A DE S AL A S UP E R IO R
S E C R E T AR ÍA ADJ UNT A DE S AL A S UP E R IO R
S UBD IR E C C IÓ N AD MINIS T R AT IVA
S UBD IR E C C IÓ N AD MINIS T R AT IVA
S UBD IR E C C IÓ N DE E S T AD ÍS T IC A Y S IS T E MA
DE T E C NO L O G ÍA E INF O R MÁT IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE E S T AD ÍS T IC A Y S IS T E MA
DE T E C NO L O G ÍA E INF O R MÁT IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE C O MUNIC AC IÓ N Y
DIF US IÓ N
S UBD IR E C C IÓ N DE C O MUNIC AC IÓ N Y
DIF US IÓ N
S UBD IR E C C IÓ N DE C O O R DINAC IÓ N Y
S UP E R V IS IÓ N DE L O S S E R V IC IO S DE
DE F E NS O R IA J UR ID IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE C O O R DINAC IÓ N Y
S UP E R V IS IÓ N DE L O S S E R V IC IO S DE
DE F E NS O R IA J UR ID IC A
S UB DIR E C C IÓN DE F OR MAC IÓ N P R OF E S IONAL ,
C AP AC ITAC IÓ N, E S P E C IAL IZ AC IÓN Y AC TUAL IZ AC IÓ N
S UB DIR E C C IÓN DE F OR MAC IÓ N P R OF E S IONAL ,
C AP AC ITAC IÓ N, E S P E C IAL IZ AC IÓN Y AC TUAL IZ AC IÓ N
P R E S IDE NC IAP R E S IDE NC IA
DE F E NS O R J UR ID IC ODE F E NS O R J UR ID IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
P O DE R J UDIC IA L D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
P O DE R J UDIC IA L D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
TR IB UNA L D E L O C O NT E NC IO S O
A DMINIS TR A T IVO D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
TR IB UNA L D E L O C O NT E NC IO S O
A DMINIS TR A T IVO D E L E S TA DO D E VE R A C R UZ
S E C R E T AR ÍA G E NE R AL DE AC UE R DO S
S E C R E T AR ÍA G E NE R AL DE AC UE R DO S
S A L A S UP E R IO RS A L A S UP E R IO R
S AL A R E G IO NAL
Z O NA NO R T E
S AL A R E G IO NAL
Z O NA NO R T E
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
P L E NO DE L T R IB UNA LP L E NO DE L T R IB UNA L
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
S AL A R E G IO NAL
Z O NA C E NT R O
S AL A R E G IO NAL
Z O NA C E NT R O
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
S AL A R E G IO NAL Z O NA S UR
S AL A R E G IO NAL Z O NA S UR
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR IOAC T UAR IO
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
DE F E NS O R J UR ÍD IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
S E C R E T AR IO DE AC UE R DO S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
O F IC IAL IA DE P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVO J UDIC IAL
AR C HIVO J UDIC IAL
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
AC T UAR ÍAAC T UAR ÍA
O F IC IAL IA D E P AR T E S
O F IC IAL IA D E P AR T E S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
S E C C IÓ N DE AMP AR O S
AR C HIVOAR C HIVO
S E C R E T AR ÍA ADJ UNT A DE S AL A S UP E R IO R
S E C R E T AR ÍA ADJ UNT A DE S AL A S UP E R IO R
S UBD IR E C C IÓ N AD MINIS T R AT IVA
S UBD IR E C C IÓ N AD MINIS T R AT IVA
S UBD IR E C C IÓ N DE E S T AD ÍS T IC A Y S IS T E MA
DE T E C NO L O G ÍA E INF O R MÁT IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE E S T AD ÍS T IC A Y S IS T E MA
DE T E C NO L O G ÍA E INF O R MÁT IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE C O MUNIC AC IÓ N Y
DIF US IÓ N
S UBD IR E C C IÓ N DE C O MUNIC AC IÓ N Y
DIF US IÓ N
S UBD IR E C C IÓ N DE C O O R DINAC IÓ N Y
S UP E R V IS IÓ N DE L O S S E R V IC IO S DE
DE F E NS O R IA J UR ID IC A
S UBD IR E C C IÓ N DE C O O R DINAC IÓ N Y
S UP E R V IS IÓ N DE L O S S E R V IC IO S DE
DE F E NS O R IA J UR ID IC A
S UB DIR E C C IÓN DE F OR MAC IÓ N P R OF E S IONAL ,
C AP AC ITAC IÓ N, E S P E C IAL IZ AC IÓN Y AC TUAL IZ AC IÓ N
S UB DIR E C C IÓN DE F OR MAC IÓ N P R OF E S IONAL ,
C AP AC ITAC IÓ N, E S P E C IAL IZ AC IÓN Y AC TUAL IZ AC IÓ N
P R E S IDE NC IAP R E S IDE NC IA
DE F E NS O R J UR ID IC ODE F E NS O R J UR ID IC O
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
MAG IS T R ADOMAG IS T R ADO
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
S E C R E T AR IO S DE E S T UDIO Y
C UE NT A
9
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz se integra de la siguiente
manera:
Pleno.
Sala superior.
Tres salas regionales.
Presidencia del tribunal.
Siete magistrados.
Secretaría general de acuerdos.
Secretarios de acuerdos.
Secretarios de estudio y cuenta
Actuarios.
Defensores jurídicos.
Personal administrativo.
Las salas regionales tienen la residencia y jurisdicción establecida en el Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz.
A todos sus magistrados los nombra el Congreso local por mayoría calificada a propuesta del
Gobernador del Estado para periodos improrrogables de diez años. Sólo podrán ser removidos
de su conformidad con lo dispuesto en el título quinto de la Constitución Política del Estado
sobre responsabilidades de los servidores públicos.
Como requisitos para ser magistrado se establecen los siguientes:
Ser veracruzano y haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos.
Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la designación.
Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.
Gozar de buena reputación.
No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia.
No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario del Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.
10
Asimismo se establecen requisitos para ser secretario general de acuerdos, secretario adjunto de sala superior, secretario de acuerdos de sala regional, secretario de estudio y cuenta, actuario, subdirector administrativo, subdirector de estadística e informática, subdirector de comunicación y difusión, subdirector de coordinación y supervisión de los servicios de defensoría jurídica y defensor jurídico del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz.
En cuanto a la administración de recursos, debe anotarse que de acuerdo con la Constitución
Política del Estado, el Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto, el cual se
manejará bajo una sola unidad administrativa, y destinará, en renglones separados, los
recursos para los tribunales, juzgados y órganos que lo integran, debiendo rendir cuentas
anualmente al Congreso acerca de su ejercicio. Ahora bien, corresponde al pleno del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo discutir y, en su caso, aprobar el anteproyecto anual de
presupuesto de egresos del tribunal que deberá formular el Presidente del OJA.
De otra parte, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, la retribución que corresponda a los servidores públicos del Poder Judicial
será la que señale el presupuesto de egresos que apruebe el Congreso del Estado, la que no
podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo.
3.4 FUNCIÓN JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA
A continuación expondremos los hallazgos referidos al proceso administrativo o juicio de
nulidad. El proceso administrativo o juicio de nulidad es un juicio que permite a los particulares
combatir en sede jurisdiccional actos de autoridad que consideran les causan alguna
afectación. A través del juicio de nulidad los particulares acuden a una instancia jurisdiccional
(no necesariamente judicial) a que se determine la legalidad o ilegalidad de un acto de
autoridad que les hubiere causado alguna afectación.
3.4.1 OBJETO DEL JUICIO
Procede el juicio contencioso en contra de:
Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad,
por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento
administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las
resoluciones.
Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad,
que afecten derechos de particulares.
Actos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar de manera unilateral la
autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de
11
la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones
administrativo y fiscal.
Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad.
Resoluciones dictadas por la autoridad que impongan sanciones a los servidores
públicos que hayan incurrido en responsabilidad administrativa.
Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público,
cuya nulidad demande la autoridad.
Los juicios que se promuevan contra las resoluciones negativas fictas en materia
fiscal y administrativa configuradas por el silencio de la autoridad para dar
respuesta a la instancia de un particular en el plazo que fije la ley.
Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación.
Los demás actos y resoluciones que señale la ley.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz, las resoluciones definitivas que nieguen la
indemnización pedida o cuyo monto no satisfaga al peticionario podrán impugnarse mediante
el juicio contencioso ante la sala regional competente del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado.
3.4.2 PARTES
Como partes del proceso se identifican las siguientes:
El actor
El demandado. Tendrá ese carácter:
a. La autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado.
b. La autoridad que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los
particulares.
c. El particular a quien favorezca la resolución cuya nulidad demande la
autoridad.
d. El tercero perjudicado que tenga derecho incompatible con la pretensión del
demandante.
3.4.3 PROCESO
El proceso administrativo se encuentra compuesto de las siguientes etapas:
1. Demanda. 2. Contestación. 3. Suspensión. 4. Audiencia. 5. Sentencia. 6. Recursos. 7. Cumplimiento de la sentencia. 8. Jurisprudencia. 9. Medios alternos de solución de controversias.
12
1. Demanda
Para estar en posibilidad de interponer una demanda para iniciar un proceso contencioso
administrativo, los particulares que pretendan hacerlo deberán acreditar su interés cuando
menos legítimo.
El plazo previsto para presentar la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del
Estado de Veracruz es de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto
o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo. Tratándose
de la resolución negativa o afirmativa fictas, la demanda podrá presentarse en cualquier
tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. Cuando se pida la nulidad de una
resolución favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro los cinco años
siguientes a la fecha de su emisión.
Una vez interpuesta la demanda, cumpliendo con los requisitos establecidos, el Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz podrá admitir la demanda, prevenir al
actor para que la subsane, o desecharla si es notoriamente improcedente, no contiene firma o
huella o el actor no cumple con la prevención.
Resulta innovador por parte de la regulación del juicio de nulidad del Estado de Veracruz que
contempla el pago de daños y perjuicios a los particulares afectados por un acto de autoridad.
Es importante mencionar que este derecho no se encuentra previsto en la mayor parte de los
OJAs y sin duda constituye un mecanismo de acceso a la justicia de los particulares.
En este sentido, se señala que el actor podrá incluir en las pretensiones que se deduzcan en la
demanda el pago de daños y perjuicios que se le hayan causado en forma dolosa o culposa por
algún servidor público, con la emisión o ejecución del acto impugnado, ofreciendo las pruebas
específicas que acrediten la existencia de los mismos.
2. Contestación
Una vez admitida la demanda se correrá a los demandados para que contesten lo que a su
derecho convenga en un término de quince días siguientes a aquel en que surta efectos el
emplazamiento. En caso de contestar, deberán acompañar las pruebas que ofrezcan al escrito
de contestación de demanda. Si la parte demandada no contesta dentro del término legal
respectivo o la contestación no se refiere a todos los hechos, se tendrán por ciertos los hechos
que el actor le atribuya de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas legalmente o
por hechos notorios, resulten desvirtuados.
13
En la contestación de la demanda o antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada
podrá allanarse a las pretensiones del demandante a revocar el acto o resolución impugnados.
3. Suspensión
En el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz se prevé la
posibilidad de otorgar la suspensión del acto impugnado para mantener las cosas en el estado
en que se encuentran, hasta que se pronuncie sentencia, o con efectos restitutorios, siempre
que en este último caso proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se
trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a
criterio de la sala, sea necesario otorgarle efectos restitutorios con el objeto de conservar la
materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular.
Se exige garantía al actor para que proceda el otorgamiento de la suspensión en el evento en
que ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros. En este supuesto, el tercero podrá
otorgar caución para dejar sin efectos la suspensión concedida, la cual deberá cubrir el costo
de la garantía que haya otorgado el actor.
Este OJA tiene la facultad para conceder la suspensión de multas, impuestos, derecho u otro
crédito fiscal sin necesidad de que se garantice el importe, por notoria insuficiencia económica
del demandante, así como la facultad de revocar o modificar la suspensión otorgada, previa
vista concedida a los interesados, si varían las condiciones por las cuales fue concedida.
Asimismo se establece que la suspensión del acto impugnado podrá ser decretada de oficio o a
petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva,
confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible
restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por
la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda.
4. Audiencia
La audiencia del juicio tiene por objeto desahogar las pruebas admitidas, resolver cualquier
cuestión incidental que se plantee en la audiencia y oír los alegatos. La audiencia de juicio
deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la contestación de la
demanda o dentro de los cuarenta y cinco días siguientes en el supuesto de ampliación de
demanda.
Abierta la audiencia el día y hora señalados, el secretario de acuerdos llamará a las partes,
peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban de intervenir en el juicio
y se determinará quienes deben permanecer en el lugar y quienes en lugar separado para ser
introducidos en su oportunidad. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración
14
de la audiencia. Concluido el desahogo de las pruebas, las partes podrán alegar en forma
escrita o verbal.
Concluida la audiencia, los autos serán turnados para resolver, lo cual deberá realizarse dentro
de los diez días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia. Cuando por el número de
constancias que deban tomarse en cuenta, no sea posible dictar sentencia dentro del plazo
señalado en los términos de este artículo, este podrá ser ampliado hasta por diez días.
5. Sentencia
Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz deberán
contener:
Lugar, fecha y autoridad que la suscribe.
El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso.
La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos.
El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo
que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o
resolución impugnados.
El examen y valoración de las pruebas.
La mención de las normas que la sustenten.
La suplencia de la deficiencia de la queja del particular, en los casos previstos por la
ley, pero sin cambiar los hechos planteados por las partes.
Los puntos resolutivos, en los que se expresarán, según proceda: la declaratoria de
sobreseimiento del juicio; los actos o resoluciones cuya validez se reconozca o cuya
nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la
modificación del acto o resolución impugnados y la condena que, en su caso, se
decrete.
Por otra parte, se especifica que las sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado
precisarán la forma y términos en que las autoridades demandadas deberán otorgar o restituir
a los particulares en el pleno goce de los derechos afectados. Si en la sentencia se condena al
pago de daños y perjuicios causado, en forma dolosa o culposa, por la emisión o ejecución del
acto anulado, se cuantificará el monto de los mismos, que serán pagados por las autoridades
demandadas, sin perjuicio de que éstas repitan en contra de los servidores públicos
directamente responsables.
Causarán ejecutoria las sentencias que no admitan recurso alguno, así como las que
admitiéndolo, no sean recurridas, o habiéndolo sido, el recurso haya sido desechado o
resultado infundado. También causarán ejecutoria las sentencias consentidas expresamente
por las partes o sus representantes legales.
15
Así mismo se prevé la posibilidad para las partes de formular excitativa de justicia ante la sala
superior del tribunal, en caso de que el magistrado de la sala regional no dicte sentencia
dentro del plazo señalado en la ley.
6. Recursos
En contra de las resoluciones dictadas en el juicio contencioso administrativo podrán
interponerse los recursos de reclamación, queja y revisión.
El recurso de reclamación es procedente en contra de acuerdos de trámite dictados por el
presidente del tribunal, así como en contra de aquellos pronunciados por las salas regionales
que:
Desechen la demanda.
Desechen la contestación de la demanda.
Denieguen la intervención del tercero perjudicado.
Concedan o nieguen la suspensión o señalen el monto de las fianzas o contrafianzas.
Desechen las pruebas ofrecidas hasta antes de la celebración de la audiencia del juicio.
El recurso de queja es procedente:
Contra actos de las autoridades por exceso o defecto en la ejecución del auto en el que
se haya concedido la suspensión del acto o procedimiento impugnado.
Contra actos de las autoridades por exceso o defecto en la ejecución de las sentencias
del tribunal que hayan declarado fundada la pretensión del actor.
Contra actos de las autoridades tendentes a repetir el acto o procedimiento anulado.
El recurso de revisión es procedente contra las resoluciones pronunciadas por las salas
regionales que:
Decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio.
Decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el
procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al
recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia.
Pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia.
También en este caso se prevé para las partes la posibilidad de formular excitativa de justicia
ante la sala superior del tribunal, en caso de que el magistrado ponente no formule el proyecto
de resolución del recurso de revisión dentro del plazo señalado en la ley.
7. Cumplimiento de la sentencia
16
En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados sobre la sentencia
favorable a un particular, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que den a
la sentencia respectiva.
Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no
quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de
oficio o a petición de parte, solicitará un informe a las autoridades para que manifiesten lo
conducente. Se procederá de la misma forma, cuando el actor manifieste que existe defecto o
exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado.
La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no
existe defecto o exceso en la ejecución de la misma o si no se ha repetido el acto impugnado;
de lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días
posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia,
se le impondrá una multa de cincuenta hasta mil días de salario mínimo vigente en la capital
del Estado. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario
de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la
autoridad en ese plazo.
En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud, la sala superior
resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la autoridad a quien se
encuentre subordinado, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a
las determinaciones del tribunal, en un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la
notificación. Cuando los servidores públicos de la autoridad no tuvieren superior, el
requerimiento se hará directamente con ellos.
Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sala
superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto que goce de
fuero. En este último caso, la sala superior formulará ante el Congreso del Estado la solicitud
de declaración de procedencia, en cuya tramitación y resolución se aplicará la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Tratándose de actos de privación de la propiedad de bienes inmuebles, la Sala Superior podrá
determinar, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el cumplimiento sustituto de las
ejecutorias, mediante el pago del valor comercial de los inmuebles, cuando su ejecución afecte
gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que
pudiera obtener el actor.
8. Jurisprudencia
17
Los precedentes que establezca el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Veracruz serán obligatorios para todas las autoridades del Estado y se sujetarán a las
siguientes reglas:
Se integrarán con cinco resoluciones consecutivas en el mismo sentido en la materia,
no interrumpidas por otra en contrario y aprobadas por unanimidad de votos de sus
magistrados.
Se interrumpirán, y dejarán de tener carácter obligatorio, con una resolución dictada
en sentido contrario, aprobada por unanimidad de votos. En dicha resolución deberá
razonarse y fundarse el cambio de criterio.
Es atribución del pleno del tribunal fijar, en su respectivo ámbito, los precedentes obligatorios
y resolver las contradicciones existentes en las salas.
9. Medios alternos de solución de controversias
En cualquier momento de la tramitación del juicio contencioso, hasta antes del cierre de la
instrucción, las partes podrán llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, siempre
que no sean contrarios a las normas. Los convenios respectivos aprobados por el magistrado
de la sala del conocimiento producirán todos los efectos jurídicos inherentes a una sentencia
ejecutoria, con autoridad de cosa juzgada.
18
4. DIMENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
4.1 INGENIERÍA DE PROCESOS
Una vez que se describió al Tribunal desde la perspectiva jurídica (análisis formal) en este
apartado se analiza a esta institución desde otra perspectiva, la ingeniería de procesos.
El primer paso en el análisis, consistió en analizar el suprasistema que todo OJA debe tener.4 El
tribunal, como toda organización pública o privada, se entiende como un sistema de partes
interdependientes, sujetas a un sistema lógico, que integra entradas, salidas y procesos
internos para la creación de productos con valor. En el caso que nos ocupa y como se advierte
del mapa de suprasistema5, para la realización de sus funciones un OJA requiere una serie
mínima de insumos, que incluyen por una parte un sistema normativo que lo dote del
andamiaje jurídico necesario; y por la otra, recursos humanos, materiales, distintos servicios e
infraestructura y presupuesto para su financiamiento. Con lo anterior se estará en condiciones
de ofrecer un foro para la resolución de controversias. Una vez que el foro exista dependerá de
los particulares (juicio de nulidad) o de otras autoridades (juicio de lesividad) accionar los
mecanismos jurisdiccionales establecidos y una vez que se accionen dichos procedimientos se
podrán generar salidas, idealmente sentencias que resuelvan controversias.
El siguiente nivel de análisis consiste en la definición de la cadena de valor del OJA6. En ella se
observan ocho macroprocesos primarios que abarcan el Trámite de Primera Instancia, Trámite
de Segunda Instancia, Cumplimiento de Sentencia, trámite de Reclamación, Trámite de
Suspensión, Trámite de Amparo, Notificación y Queja; así como los macroprocesos de soporte
denominados: Planeación, Archivo, Ejecución del Presupuesto, Administración de Materiales y
Servicios Generales, Administración de Recursos Humanos, Administración de Tecnologías de
Información y Administración de Acceso a la Información (Transparencia).
El tercer, y último, nivel de análisis cosiste en el mapeo específico de los macroprocesos
primarios identificados en la cadena de valor.7
4 Un suprasistema puede entenderse como una representación en donde se muestra a la Organización,
en nuestro caso un OJA, como un sistema único que interactúa con su entorno. Es la representación de la organización con los insumos, productos, la competencia, el entorno político, social y cultura. 5 Véase Anexo 1, infra.
6 La Cadena de Valor es el medio por la cual la Organización genera, intercambia y entrega productos y/o
servicios al mercado. Así, se trata de una representación de las actividades primarias y de soporte que requiere la organización. Véase Anexo 2, infra. 7 Los resultados del mapeo realizado se encuentran en archivo adjunto.
19
4.2 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
No se reportan datos estadísticos y de expedientes ya que el equipo consultor no contó con la
información necesaria.
5. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
El presente documento contiene los resultados del análisis organizacional realizado a partir de
la información documental recabada a través de los cuestionarios diseñados, información
pública, así como hallazgos de las visitas de campo realizados.
5.1 ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
El análisis de la estructura orgánica describe al OJA en función a su naturaleza y al número de
instancias con las que cuenta; de igual forma, siguiendo los resultados del Diagnóstico
nacional, se plantea una clasificación o tipología de tres estructuras organizacionales genéricas
que dimensionan a las estructuras de los OJA conforme a los organigramas vigentes durante el
2008 proporcionados para este análisis; y por otro lado, la relación entre dichos modelos de
organización y diferentes indicadores de desempeño como son su tamaño en términos de
personal y en términos de juicios que reciben.
En la actualidad existen 29 Órganos de Justicia Administrativa en el país que se encuentran
distribuidos en dos tendencias conforme a su naturaleza8: pudiendo ser órganos autónomos,
incorporados en el poder ejecutivo; o bien, como órganos en el poder judicial. La distribución
nacional es la siguiente:
8 Naturaleza: Determinada a partir del documento sobre la naturaleza de los OJA presentado por la
Asociación de magistrados de Tribunales de lo contencioso administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C. y conforme a la Plantilla base.
20
1 Baja California 1 Aguascalientes
2 Colima 2 Baja California Sur
3 Distrito Federal 3 Campeche
4 Durango 4 Chiapas
5 Guanajuato 5 Hidalgo
6 Guerrero 6 Jalisco
7 Estado de México 7 Morelos
8 Michoacán 8 Quintana Roo
9 Nayarit 9 Tlaxcala
10 Nuevo León 10 Veracruz
11 Oaxaca 11 Zacatecas
12 Querétaro
13 San Luis Potosí
14 Sinaloa
15 Sonora
16 Tabasco
17 Tamaulipas
18 Yucatán
Distribución nacional de OJA en función de su
naturaleza
Autónomo Poder Judicial
En lo que respecta a las instancias con las que cuenta cada OJA9 se identifica que la
distribución es casi equitativa, los órganos que son de índole binstancial representan el 55%,
mientras que el 45% restante es de tipo uninstancial. A continuación se presenta la
distribución nacional de los OJA en función a las instancias con las que cuentan.
1 Aguascalientes 1 Baja California2 Baja California 2 Campeche3 Colima 3 Chiapas
4 Michoacán 4 Distrito Federal
5 Morelos 5 Durango
6 Quintana Roo 6 Estado de México
7 San Luis Potosí 7 Guanajuato
8 Sonora 8 Guerrero
9 Tabasco 9 Hidalgo
10 Tamaulipas 10 Jalisco
11 Tlaxcala 11 Nayarit
12 Yucatán 12 Nuevo León
13 Zacatecas 13 Oaxaca
14 Querétaro
15 Sinaloa
16 Veracruz
Distribución nacional de OJA en función de
sus instancias
Unistancial Binstancial
9 Instancias con las que cuenta cada OJA: Determinada a partir de la plantilla base.
21
A partir de los organigramas obtenidos en el levantamiento documental realizado en el
diagnóstico nacional, se pudieron identificar características genéricas respecto a la estructura
organizacional de los diferentes OJA. Dichas características genéricas, que permiten agrupar
los diferentes tipos de estructuras orgánicas en 3 tipos genéricos, parten de los elementos que
integran la estructura, entre dichos elementos se encuentran: la centralización de su
operación, la especialización de funciones y la organización en unidades segmentadas.
22
6. ANEXOS
6.1 ANEXO 1 MAPA DE SUPRASISTEMA
Demandas
Demandas
Autoridad
Demandante
Mercado
Laboral
Proveedores
Personal
Equipos,
Materiales,
Servicios e
Infraestructura.
Gobierno Presupuesto
Fallos
Autoridades
Particulares
Terceros
perjudicados
Criterios de
Interpretación
Autoridades y
Sociedad
Terceros
Perjudicados
Partes
Implicadas
Poder Judicial
Federal
Criterios de
InterpretaciónPruebasPruebas
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Veracruz
N1.1 Suprasistema Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz
Informe anual
de actividades
realizadas por
el Tribunal
(LOPJEV Art.
52 fr. X)
Congreso del
Estado /
Consejo de la
Judicatura
Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos
Constituyente
PermanenteCongreso del Estado de Veracruz
Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano
de Veracruz
Ley de Acceso a la
Información del
Estado de Veracruz
Código de
Procedimientos
Administrativos
para el Estado de
Veracruz
Ley Orgánica del
Poder Judicial
del Estado de
Veracruz
Ley de Amparo
Congreso de
la Unión
Ley de
Responsabilidades de
los Servidores Públicos
par el Estado de
Veracruz
23
6.2 ANEXO 2 CADENA DE VALOR
N2.1 Cadena de Valor Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz
N3.1 Trámite de primera
instanciaN3.2 Trámite de segunda
instancia
N3.4 Trámite de Reclamación
N3.3 Cumplimiento de
sentencia
N3.11 Ejercicio del Presupuesto
N3.12 Administración de Materiales y Servicios Generales
N3.13 Administración de Recursos Humanos
N3.10 Archivo
N3.14 Administración de Tecnología de Información
N3.15 Administración de acceso a la información (Transparencia)
N3.9 Planeación
N3.5 Trámite de Suspensión
N3.6 Trámite de Amparo
N3.7 Notificación
N3.8 Queja
24
7. BIBLIOGRAFÍA
Acosta Romero, Miguel. Compendio de derecho administrativo: parte general. 3ª ed. México: Editorial Porrúa, 2001.
Amrani-Mekki, Soraya. "Le principe de célérite", Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 43-53.
Bandrés, José Manuel. “La solución extrajudicial de los conflictos con las administraciones públicas” en Control jurisdiccional de la Administración, X Congreso Jueces para la Democracia. Zaragoza, 1995.
Bielsa, Rafael. Ideas generales sobre lo contencioso-administrativo. Buenos Aires: J. Lajouane y cía, 1936.
Bielsa, Rafael. Derecho administrativo. Legislación administrativa argentina. 3a ed. Buenos Aires : J. La Jouane, 1938.
Boillat, Philippe y Stéphane Leyenberger. “L'administration et l'evaluation du service public de la justice, vu du conseil de l'Europe”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 55-66.
Bone, Robert G. Civil Procedure. The economics of civil procedure. Nueva York: Foundation Press, 2003.
Cabrillo, Francisco y Sean Fitzpatrick. The economics of courts and litigation. Northampton, Estados Unidos: Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2008.
Capelletti, Mauro. “Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on Judicial Responsibility”, The judicial process in comparative perspective, editado por Shimon Shetreet y Jules Deschenenes, Oxford: 1989.
Choi, J. Stephen, G. Mitu Gulati y Eric A. Posner. “Professionals or Politicians: The Uncertain Empirical Case for an Elected Rather than Appointed Judiciary” Journal of Law, Economics, and Organization Advance Access (5 de noviembre 2008): disponible en http://www.ericposner.com/prof_or_pol.pdf
Concha Cantú, Hugo Alejandro y José Antonio Caballero Juárez. Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas. Un estudio institucional sobre la justicia en México. México: UNAM – National Center for State Courts, 2001.
Deguergue, M. “Les dysofonctionnements du service public de la justice”, Revue française d' administration publique, no. 125 (2008): 151-167.
Dodson, M., y Jackson, D. W. “Horizontal Accountability and the Rule of Law”, Democratic Accountability in Latin America, editado por S. Mainwaring y C. Welna. New York: Oxford University Press, 2003.
El Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo en una España en cambio. Conmemoración de los 25 años de la Institución. Madrid, España: El Defensor del Pueblo, 2007.
Espinosa, Manuel. Teoría y práctica del contencioso administrativo federal. México: Porrúa, 2006.
Fraga, Gabino. Derecho administrativo. 42a. ed. México: Editorial Porrúa, 2002.
Fernández Ruíz, Jorge (coordinador). Perspectivas del Derecho Administrativo en el siglo XXI. México: UNAM, 2002.
Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
25
Fix Fierro, Héctor. Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio socio económico sobre la racionalidad económica en la función judicial. México: IIJ-UNAM, 2006.
Fix Fierro, Héctor. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Tomo I. México: UNAM, 1997.
Fox, Jonathan. “Transparencia y rendición de cuentas”, Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho, John M. Ackerman (Coordinador). México: Siglo XXI Editores, 2008.
García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo II. 10a ed. Madrid: Thomson, 2006.
Garoupa, Nuno y Tom Ginsburg. “The Comparative Law and Economics of Judicial Councils” Illinois Law and Economics Research Papers Series, Research Paper No. LE08-036 (University of Illinois College of Law, 2008): disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1299887
Horvitz, D. G. y D. J. Thompson. “A generalization of sampling without replacement from a finite universe”, Journal of the American Statistical Association, no. 47 (1952): 663-685.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 5a ed. México: UNAM, 1994.
Instituto Nacional de Administración Pública. Lo Contencioso en la Reforma del Estado. México: Instituto Nacional de Administración Pública., 2001.
Jarquín, Edmundo y Fernando Carrillo. eds. La economía política de la reforma judicial. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997.
Jean, J.-P. y D. Salas. “Culture judiciaire et culture administrative”, Revue française d' administration publique, no. 125 (2008): 5-6.
Jeuland, E. (2008). “Le droit au juge naturel el l'organisation judiciare”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 33-42.
Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. México: IIJ-UNAM, 1982.
Krause, Martín. Análisis económico del derecho. Aplicación a fallos judiciales. Buenos Aires: La Ley, 2006.
Langbroek, P. “Entre responsabilisation et indépendance des magistrats: la reórganisation du système judiciaire des pays-bas”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 67-79.
Le Clainche, M. “La révision générale des politiques publiques: premières annonces”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 197-200.
López Ayllón, Sergio. Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes de transparencia y acceso a la información pública en México. México: CIDE, 2007.
López Ayllón, Sergio y David Arellano Gault. Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. México: CIDE-IFAI-UNAM, 2008.
Lucero Espinosa, Manuel. Teoría y práctica del contencioso administrativo federal. 9a ed. México: Editorial Porrúa, 2006.
Magaloni, Beatriz. “Authoritarianism, Democracy and the Supreme Court: Horizontal Exchange and the Rule of Law in Mexico”, Democratic Accountability in Latin America, editado por S. Mainwaring y C. Welna. New York: Oxford University Press, 2003.
26
Marshall, D. “L'impact de la loi organique relative aux los de finances (LOLF) sur les jurisdictions”, Revue française d'administration publique, no 125 (2008): 121-131.
Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México: Editora Nacional, 1975.
México, H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus Constituciones, Sección Primera, Debate Legislativo, Reformas Constitucionales durante la LIII Legislatura (1985-1988), Tomo VIII. México: Porrúa, 2006.
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.
Parrado Díez, Salvador. Sistemas administrativos comparados. Madrid, España: Editorial Tecnos, 2002.
Pastor Prieto, Santos. ¡Ah de la justicia! Política judicial y economía. Madrid, España: Editorial Civitas, 1993.
Posner, Richard A. The Economics of Justice. Estados Unidos de América: Harvard University Press, 1983.
Ramseyer, J. Mark y Eric B. Rasmusen. Measuring Judicial Independence. The Political Economy of Judging in Japan. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
Rummler, G.A y P.A Brache. Improving Performance: Managing the White Space on the Organization Chart. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1990.
Sadek, M. T. y R. Batista Cavalcanti. “The New Brazilian Public Prosecution: An Agent of Accountability”, Democratic Accountability in Latin America, editado por S. Mainwaring y C. Welna. New York: Oxford University Press, 2003.
Sala Sánchez, Pascual, Juan Antonio Xiol Ríos y Rafael Fernández Montalvo. Jurisdicción y competencia en el proceso contencioso-administrativo: problemas de delimitación competencial en la nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Barcelona: Editorial Bosch, 2001.
Salas, D. “Le nouvel âge de l'erreur judiciaire”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008) : 169-177.
Särndal, C. E., B. Swensson. y J. Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer-Verlag, 1992.
Schedler, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas? México: IFAI, 2004.
Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. México: Editorial Porrúa, 2000.
Sunstein, Cass R. et al. Are judges political? An empirical analysis of the federal Judiciary,.Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2006.
Trayter, Juan Manuel. “El arbitraje de derecho administrativo.” Revista de Administración Pública, no. 143 (Mayo-Agosto 1997): 75-106.
Varios. Control de la Administración Pública. Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho. Argentina: Ediciones RAP, 2003.
Vauchez, A. “Le chifre dans le «gouvernement» de la justice”, Revue française d'administrations publique, no. 125 (2008): 111-120.
Vázquez Alfaro, José Luis. Órganos de jurisdicción administrativa. México: UNAM, 1991.
27
Weber, A. “Le juge administratif unique, nécessaire à l'efficacité de la justice?”, Revue française d'administration publique, no. 125 (2008): 179-196.
Zerbe Jr., Richard O. Economic Efficiency in Law and Economics. Edward Elgar Publishing, Inc., 2001.