diagnóstico 2008 de energías sostenibles en ecuador. · política a la vez que operativa. ......
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Proyecto
“Puentes de Energía. Energías sostenibles para la reducción de la pobreza”
Alianza del Clima (Klimabüendnis) -Frente de Defensa de la Amazonía (FDA)
Diagnóstico 2008 de Energías Sostenibles en Ecuador.
Por: Víctor López A. MSc.1
Coordinador Ecuador - Proyecto “Energy Bridges” Quito, 21 abril del 2009
Antecedentes
La relación entre desarrollo, energía y entorno plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad en
un mundo interdependiente y globalizado, en el cual las soluciones de primera mano se
encuentran en los escenarios locales de gestión energética, tanto en los países en desarrollo
como en los industrializados. El Cambio Climático es un fenómeno que desafía a todos los
modelos estadísticos de predicción global, a las estrategias nacionales de mitigación planteadas
para la reducción de emisiones contaminantes, así como también a las estrategias locales de
adaptación para reducir la vulnerabilidad asociada a los efectos del calentamiento global y
cambios en el clima. Las más recientes alternativas formuladas para enfrentar las amenazas del
CC en todas las escalas, consideran junto con la reducción de las presiones antrópicas sobre el
sistema del clima, la impostergable necesidad de cuidar las áreas de mayor riqueza natural, que
son a la vez de la mayor pobreza estructural, como se evidencia en el bosque tropical amazónico.
El Proyecto Puentes de energía: Energía sustentable para la reducción de la pobreza (“Energy
Bridges”) es impulsado por la Alianza del Clima Internacional, una red de 1.300 municipios
europeos de 15 países y 50 millones de habitantes, cuyo propósito final es alcanzar la reducción
de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en las jurisdicciones de sus municipios miembros,
al 10% cada 5 años, a más de apoyar a organizaciones indígenas y locales en áreas de explotación
de hidrocarburos. Por medio de este proyecto la Alianza del Clima inicia el tratamiento de nuevos
temas en el combate al Cambio Climático, referidos a la situación de las energías renovables y su
aporte a la reducción de la pobreza. “Energy Bridges” busca que el ciudadano que vive en las
municipalidades de la Alianza del Clima, comprenda y actúe en consistencia sobre la situación
actual de las energías renovables, alternativas y/o biocombustibles en los países y subregiones
donde se realiza la explotación de hidrocarburos, particularmente en la Amazonía andina
(Ecuador, Perú y Bolivia).
En Ecuador, el Frente de Defensa de la Amazonía viene desarrollando un proceso emblemático de
justicia ambiental y social, al impulsar desde 1994 el juicio contra Texaco-Chevron por contaminar
1 Antropólogo PUCE-Q. Catedrático de FLACSO Sede Ecuador en Estudios Socioambientales y Gobernanza Energética.
Funcionario de EcoCiencia y Becario del Programa EFN Russel Train-WWF para el Programa de Doctorado en Desarrollo
Sustentable de la U. Bolivariana-Chile 2007-2009.
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la subregión nororiental amazónica con la explotación de crudo amazónico (1964-92) en el actual
Distrito Amazónico (operado desde 1992 por la estatal Petroecuador). Para la ejecución del
Proyecto “Energy Bridges” en la Amazonía del Ecuador, FDA es la contraparte de Alianza del Clima
Internacional y las organizaciones proponentes a la Unión Europea. FDA trabaja en procesos de
justicia ambiental con el apoyo de la organización luxemburguesa ASTM (Acción Solidaridad
Tercer Mundo), una de las organizaciones proponentes del proyecto “Energy Bridges”.
Introducción
Cuando se habla de sostenibilidad, normalmente dirigimos nuestra atención a aspectos
ambientales, económicos, sociales o del desarrollo que anhelamos para asegurar el bienestar
presente y de las futuras generaciones. Pero, en pocas ocasiones consideramos que es la energía
el factor del que depende el funcionamiento de todo sistema natural o artificial y que su provisión
y/o gestión es una prioridad impostergable e intransferible, inmediata a la vez que perenne,
individual y colectiva, de conservación ambiental tanto como de desarrollo socioeconómico,
política a la vez que operativa. El sector energético ecuatoriano se encuentra en “un punto de
transición”, como lo afirma el Ministro de Electricidad y Energías Renovables, ya que a pesar de
todos los avances en los preceptos constitucionales sobre gestión y “sustentabilidad” en materia
energética, nuestro sistema de oferta y demanda de energía actualmente no es sostenible, siendo
todavía incipiente la consolidación de las energías renovables en la matriz energética nacional.
Además, con la nueva Constitución 2008 se prevé un cambio paradigmático en la gestión
energética y prestación de servicios públicos, para lo que el país trabajará en la elaboración de un
Ley de empresas públicas. Esta constatación inicial nos conduce a una serie de cuestionamientos
centrales, en relación al diagnóstico de las energías sostenibles en Ecuador, los que orientaron el
levantamiento y análisis de la información presentada en este estudio:
o ¿Qué son y cuál es la situación de las energías sostenibles en el Ecuador?
o ¿Cómo medir la sostenibilidad en el sector energético ecuatoriano?
o ¿Los beneficios de una energía limpia –con menor intensidad de carbono- compensan las
implicaciones del cambio de uso de suelo en la composición de las emisiones de gases de
efecto invernadero en Ecuador?
o ¿Qué elementos de la política energética se asocian a la sostenibilidad ambiental, social o
económica en el país y sus regiones o localidades?
o ¿Cuál es la perspectiva de las energías sostenibles en Ecuador?
o ¿Representan los biocombustibles una opción de sostenibilidad energética para el país;
bajo qué condiciones?
o ¿Qué representa la importación de derivados de petróleo para la atención de una
demanda de energía creciente (no sostenible), superior a las tasas nacionales de
crecimiento económico y poblacional?
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o ¿Pueden las energías renovables aportar de manera significativa al cambio de una matriz
energética dependiente de combustibles fósiles para la oferta total de energía en el
Ecuador contemporáneo?
o ¿Cuáles son las fuentes renovables y las tecnologías limpias con mayor potencial para la
gestión energética del Ecuador del futuro?
Podemos afirmar que bajo las condiciones actuales, el sector energético ecuatoriano no garantiza
autosuficiencia para satisfacer una demanda que crece cada año, ni asegura sostenibilidad en
términos económicos, ambientales o sociales. Este contrasentido -para un país que se define
como “petrolero”- puede explicarse si se considera que la explotación del crudo amazónico se
hace en función de la demanda externa y del sistema internacional de precios, subvalorándolo
como una materia prima más (commodity energético). Aún peor, después de cuatro décadas de
exportación de crudo, el país todavía importa derivados de petróleo para mejorar una producción
nacional de combustibles de mala calidad y abastecer a un mercado de combustibles subsidiados
por el Estado. Esto ha significado para el país un gasto equivalente a la mitad de la deuda externa
en derivados y subsidios durante la última década, a más de los millones de toneladas de CO2
emitidas al ambiente, y la falta de incentivos para un consumo sostenible, por los bajos precios.
El Estado ha implementado políticas sociales para promover el acceso, la redistribución y la
eficiencia en el uso de la energía, a través de una serie de subsidios programados para el consumo
de combustibles fósiles (energías no renovables), asumiendo una metodología de medición de la
pobreza en la que el consumo de energía es uno de los indicadores básicos. Pero, para la
generación de energía a partir de fuentes renovables los incentivos lucen poco consistentes, sin
que tampoco haya claridad sobre la pertinencia o las implicaciones de cualquier tipo de subsidios
para las energías sostenibles. Algunos sectores se oponen a cualquier subsidio en la potencial
producción de biocombustibles, mientras que para otros asociados a la producción de materia
prima, consideran necesario asegurar cultivos con fines energéticos a través de un sistema
predefinido de precios. Esta falta de precisiones puede estar asociada al hecho de que los
instrumentos oficiales que promueven la diversificación energética y el uso de tecnologías
limpias, son tan recientes y no han entrado en fase de implementación, lo cual se evidencia en
una matriz energética con una participación marginal de las energías renovables para la oferta
total de energía (OTE).
Por otra parte, si el crecimiento del consumo total de energía supera al crecimiento económico y
poblacional ecuatoriano, representa el mayor desafío para una gestión energética orientada a la
diversificación de las fuentes de generación, el mejoramiento de la energía específica de los
combustibles, el consumo sostenible y la reducción o mitigación de impactos ambientales con
tecnologías limpias. Desde una perspectiva operativa, mientras no se trabaje por consolidar
normativa, institucionalidad e infraestructura para la generación, transmisión o consumo de
energías renovables, el sector energético no podrá superar sus condiciones actuales, a pesar del
gran potencial que el país tiene en fuentes renovables no combustibles (hidroelectricidad,
geotérmicas, solar y eólica) y renovables combustibles (biomasa, biocombustibles líquidos y gas
natural). En este ámbito, el aporte de iniciativas privadas, universidades, organizaciones sociales y
ONG, con el apoyo de la cooperación al desarrollo, vienen trabajando en la investigación, diseño e
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implementación de sistemas energéticos en base a fuentes renovables zonas rurales de todo el
país.
El presente Diagnóstico sobre la situación de las energías sostenibles en el Ecuador, inicia con una
serie de definiciones básicas sobre los temas que aborda el análisis, para seguir con la descripción
detallada del marco constitucional, normativo, institucional y de políticas públicas referidas a la
eficiencia energética y las energías renovables, así como a las estrategias frente al Cambio
Climático que se desarrollan en el país. Especial atención merece el análisis del nuevo régimen de
planificación nacional del desarrollo y la redefinición del marco institucional y políticas
energéticas bajo la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08), como desafíos para
asegurar sostenibilidad en la gestión energética en el país.
Continúa el Diagnóstico con un análisis de la Eficiencia Energética, en el cual la problemática del
Cambio Climático y las medidas de mitigación y adaptación propuestas para el país, se entienden
mejor si se considera la composición de la emisión de gases de efecto invernadero en América
Latina y El Caribe (ALC) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y su relación con la intensidad
de carbono en la energía y el cambio del uso del suelo como factores de fondo. El diagnóstico
concluye con un análisis detallado de cada uno de los subsectores o fuentes generación de
Energías Renovables en el país. Además, en la medida de lo posible, avanzamos en el diagnóstico
a la situación de las energías sustentables en la región amazónica ecuatoriana (RAE). Acompaña al
estudio, una serie de gráficos e imágenes referidos a temas relevantes para el análisis.
1. Definiciones básicas: energía, sostenibilidad y seguridad humana
La producción primaria de energía (PPE), siguiendo preceptos de la energética ecológica, es la
que corresponde al aprovechamiento por procesos naturales de la energía solar para la
producción de biomasa (generada por fotosíntesis) o geotermal para el sostenimiento de
procesos y funciones ecosistémicas en lugares a los que no alcanza la primera. Además, la PPE
cumple una función crucial para la regulación térmica que permite el mantenimiento de los
procesos, funciones, servicios y productos que aseguran la vida en el planeta. La producción
secundaria de energía (PSE) se basa en el aprovechamiento de la biomasa en grandes
concentraciones, tanto por poblaciones animales como humanas, que dependen para su
supervivencia y desarrollo de la biomasa (Odum y Sarmiento, 2000).
Lotka en 1911 fue el primero en establecer la diferencia entre el uso endosomático de la energía,
al aprovecharla para la alimentación de individuos o poblaciones, del uso exosomático de la
energía, por ejemplo como combustible para cocinar (en Martínez-Alier, 2007; 35). Este tipo de
uso incluye cualquier aprovechamiento con fines civiles o de desarrollo, pero también los fines
militares o de defensa. Desde la energética ecológica, el uso exosomático puede ser visto como
conversión energética, que está asociada al potenciamiento de la producción neta de energía, sea
a través de la agricultura (que incluye el uso endosomático), sea por el desarrollo de tecnologías
para incrementar la energía específica de los combustibles (Odum, op. cit; Kruger, 2006; Byrne et.
al., 2007). Desde una perspectiva económica del sector energético, se establece un balance entre
la producción de energías primarias frente a las energías secundarias, donde éstas son el
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resultado del uso de fuentes primarias, que por medio de un proceso de conversión energética se
dirigen al consumo final de energéticos y no energéticos (OLADE, 2007; MMP 2008).
Las energías sostenibles (sustainable energy) pueden ser definidas, como lo sugiere un estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, 2006), a partir de la articulación de dos factores clave:
el primero, la Eficiencia Energética (EE), que se comprende a toda fuente de energía, desde la
generación hasta su uso final; el segundo, las Energías Renovables (ER) que son aquellas que se
reponen continuamente por procesos naturales, a través de diferentes fuentes: solar, que incluye
la biomasa, energía eólica e hídrica (y de las olas marinas), y la energía no solar, como la energía
de las mareas (de influencia lunar) y la energía geotermal (Boyle, Everett & Ramage, 2004; 23-ss).
Asociado a la EE se encuentra el análisis de la Intensidad Energética (IE), que expresa la relación
entre el consumo de energía por unidad del producto interno bruto (PIB) y la intensidad de
carbono de la energía, aspecto que para la región latinoamericana y para el Ecuador, en
particular, representa un enorme desafío (de la Torre et al.; 2009, 27).
Un criterio común para la definición de las energías renovables (ER) es contrastarlas frente a las
Energías No Renovables (ENR), que son combustibles fósiles que no se producen o reponen por
ningún medio, por lo que su consumo agota el stock natural y provoca afectaciones ambientales,
entre otras, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La evolución energética se divide
en dos momentos: “Hasta la revolución industrial, las técnicas energéticas se enfocaban
generalmente en la conversión de biomasa en carbohidratos para dar energía al trabajo humano y
animal….Los combustibles hidrocarburados que impulsaron la revolución industrial son el
resultado de la captura de energía en la forma de material vegetal fosilizado del periodo
carbonífero de la era paleozoica” (Byrne et. al., 2007; viii).
Para la clasificación de las ER se han ensayado diferentes tipologías, unas según las fuentes
(renovables o alternativas) de energía y otras según las tecnologías (limpias o adecuadas) de
aprovechamiento. En los inventarios de proyectos de ER con potencial instalable, se detalla la
fuente y el tipo de tecnología a emplear: biomasa a través de vapor o combustión; hídrica por
embalse o agua corriente; solar por uso directo o sistemas fotovoltaicos, etc. Entre las fuentes
renovables de energía, el BID señala que es preciso distinguir a las Renovables No Combustibles,
como son la hidráulica y la hidroelectricidad, la energía geotermal, eólica y fotovoltaica (IDB; op.
cit). Esto nos lleva a considerar que la biomasa o biomateria comprende asimismo, otras fuentes
de Energías Renovables Combustibles como son los sólidos, leña o bagazo, que por capturar CO2
en su producción son renovables a pesar de la emisión de GEI en su combustión; los
biocombustibles líquidos, que a pesar de las afectaciones a la producción alimentaria y un balance
energético inicial negativo, reportan mejoras continuas en la producción neta de energía con
cultivos no comestibles y en la energía específica con los biocombustibles de 2º a 4º generación; y
el biogás que comprende para el sector oficial al gas natural, así como al gas metano por la
descomposición de residuos orgánicos. No hay consenso sobre si la energía nuclear es o no ER.
Un aspecto fundamental de estas tecnologías es que evidencian, en su respectivo nivel, un mismo
objetivo central, para remplazar el uso de fuentes contaminantes o de alto costo económico, en la
atención de una creciente demanda de energía, superior al crecimiento económico y poblacional.
El desarrollo de tecnologías limpias y el consumo de ER se promueven por diversas políticas
sociales o privadas, y se define por procesos de mercado, lo mismo que con las fuentes no
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renovables. Asimismo, los aprovechamientos en base a fuentes renovables de energía, como
cualquier otra actividad humana, generan impactos ambientales, los que pueden ser verificados,
mitigados y remediados con estudios y planes de manejo ambiental para las energías sostenibles
(Boyle, et. al; op cit).
La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), entre sus principios para
políticas efectivas, establece los tres principales propósitos o desafíos que deben enfrentar las
ER:
a) Detener al Cambio Climático
b) Detener la degradación del ambiente
c) Seguridad energética
Este planteamiento nos recuerda de alguna manera el “Trilema” que Yoda planteó en 1995,
sobre los tres mayores problemas que amenazan la supervivencia del planeta y que anticipan la
crisis por venir, debido a interferencias entre el Desarrollo económico – el Ambiente – los
Recursos, Energía y Alimentos (citado en Kruger, 2006; 14). Cabe decir que una constante en el
desarrollo de la humanidad es la búsqueda de “energía abundante”, frente a lo cual Kruger
identifica tres axiomas fundamentales:
1. A una tasa de crecimiento poblacional dada, el consumo total de energía crecerá a una tasa mayor
2. Los objetivos fundamentales de la humanidad incluyen el deseo de una energía abundante y un ambiente sano y seguro
3. El desarrollo energético pasado y futuro de la humanidad sigue una vía irreversible y de un solo sentido: incrementar la energía específica de los combustibles, pasando de la energía solar y geotermal, a la leña, carbón, petróleo, gas natural e hidrógeno (químico), hasta llegar a la fisión nuclear, que provee una opción de combustible con 1 millón de veces energía específica más grande que la de la energía solar (Ibíd., p. 8).
Sin embargo, se evidencia en términos globales que el crecimiento poblacional futuro tiende a
desacelerarse, por lo cual este autor sugiere un cuestionamiento central: la búsqueda de una
tecnología para combustibles con mejor energía específica, debería también desacelerarse? Esta
reflexión, aunque adecuada en términos filosóficos, no considera que la distribución actual de la
energía en el planeta se concentra en ciertos lugares por sobre otros –en función de la
concentración poblacional- por lo cual antes de preguntarnos sobre las condiciones futuras,
deberíamos retratar la situación de la distribución y acceso a la energía en el mundo de hoy. Al
respecto, Martinez-Alier (op. cit, 47) identifica una condición planetaria con implicaciones sociales
y ambientales, en la que se verifican dificultades para conseguir alimentos y/o la energía para
prepararlos, situación a la que define como “pobreza energética” (energy poverty). Por su parte,
la concentración de flujos energéticos en los países ricos y en las regiones metropolitanas de los
países en desarrollo para atender una demanda siempre creciente de combustibles fósiles, es lo
que ha provocado o acelerado el calentamiento global y cambio climático (CC), cuyos efectos se
hacen evidentes siempre a nivel local y que incrementan así la vulnerabilidad de sus poblaciones y
de los ecosistemas, incluidos los bienes y servicios ambientales (agua, paisaje, aire puro, etc).
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Frente al CC se escucha decir que las medidas de mitigación que el Ecuador diseñe e implemente
poco aportarían a revertir esta situación a nivel global, aunque a nivel metropolitano es urgente
que así sea, mientras que a nivel rural el cambio del uso del suelo es un factor a dimensionar
adecuadamente y tomar medidas efectivas. Sobre la adaptación al CC se escuchan variantes de un
mismo tema: puesto que es un hecho el CC, lo que nos queda es adaptarnos a los efectos del
calentamiento global y los cambios en el clima, solución que no deja de parecernos una salida
forzada, que por lo demás se hace desde una perspectiva utilitarista de seguridad hídrica u otra
conservacionista para la protección de áreas de interés para la conservación, por sobre una
perspectiva urgente de seguridad humana y vulnerabilidad mutua, como la que venimos
proponiendo hace algunos años (López A. 2008a). Por otro lado, las emisiones sin
“arrepentimiento” de GEI por los países en vías de desarrollo, están visualizadas desde una
perspectiva de carbono en la energía por el Tratado de Kioto, pero quedan pendiente el tema de
la emisión de GEI por cambio de uso de suelo, que concentra cerca de las 2/3 partes de las
emisiones totales en América Latina y Ecuador.
El nivel actual de energía específica contenida en los biocombustibles de 1º generación
representa para el caso del bioetanol, el 68% de la energía contenida en la gasolina y para el caso
del biodiesel, el 86% de la energía del diesel fósil, pero a diferencia del carbono que se libera con
la quema de combustibles fósiles, el carbono liberado por los biocombustibles proviene de la
atmósfera, cuando en la temporada de cultivo fuera capturado por las plantas (Bourne, 2007; 41).
La relación entre una unidad de combustible fósil usado para la producción de biocombustibles
(balance energético), es poco eficiente para la destilación a partir de cultivos alimentarios, como
para el caso del bioetanol a partir de maíz (1,3), para el bioetanol a partir de la caña de azúcar (8)
y para el biodiesel a partir de soya, palma o canola (2,5), pero la reducción de emisiones frente a
los combustibles fósiles es significativa: 22, 56 y 68 por ciento, respectivamente (Ibíd.).
En cambio, si la producción se hace a partir de otras especies no comestibles como la Jatropha sp.
(piñón), que es una especie endémica ecuatoriana, se abren oportunidades para la diversificación
energética frente al agotamiento de las reservas de crudo y para la diversificación económica
frente a la crisis del agro y las afectaciones por el vertiginoso cambio en el sistema del clima. En
nuestro país además, la energía sostenible a partir de fuentes renovables –especialmente hídrica-
representa una opción estratégica para resolver la falta de autosuficiencia energética. Así, frente
a las “interferencias” entre desarrollo-ambiente -energía/alimentos (trilema de Yoda), el Estado
ecuatoriano ha visto la necesidad de diseñar una serie de instrumentos normativos y de política
pública en la última década, pero es con el actual régimen y su compromiso por impulsar las
transformaciones que el país necesita en el orden político, económico y obviamente en lo
energético, que se evidencian acciones operativas en torno a las energías sostenibles, solo a partir
del 2007.
Desde el nuevo marco constitucional, hasta la reforma de la institucionalidad energética y la
implementación de mega proyectos a partir de fuentes renovables, se evidencia una nueva
perspectiva para las energías sostenibles, anclada en la planificación nacional del desarrollo,
donde el Estado es el responsable de la gestión técnica de las políticas energéticas. La
constatación hecha por Mumford en 1934, sobre que la transformación de los sistemas de
energía y economía es coincidente, no sucesiva (citado en Byrne, et. al., 2007; viii), parece que se
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verifica en el Ecuador contemporáneo. Estas transformaciones buscan incidir en la matriz
energética con el uso de fuentes renovables, aprovechando el enorme potencial hídrico del
Ecuador y su enorme biodiversidad, para mejorar la calidad ambiental local, pero también para la
diversificación de la economía ecuatoriana y revertir la postergación del sector agrícola. Además
se evidencia que antes de estas políticas de Estado, varias iniciativas privadas buscaban reducir la
elevada incidencia de la pobreza en el medio rural, mediante la promoción de cultivos energéticos
(biocombustibles), que permitan crear y diversificar el empleo en el medio rural y mejorar así el
ingreso agrícola, experiencias que incidieron –al parecer- en el actual orden de cosas.
La diversificación del consumo energético para alcanzar un consumo responsable -teóricamente
sostenible- entre la ciudadanía, sector público y empresas, es algo sobre lo que se ha venido
trabajando a gran escala, bajo un esquema de subsidio programado por el Estado (para
reemplazar bombillas incandescentes por unidades de bajo consumo y otras medidas de
eficiencia energética) pero se verá con el tiempo si fuera del esquema se mantiene el consumo
sostenible. Finalmente, para el mejoramiento de la intensidad energética en el país se observan
pocos adelantos e inclusive se podría decir, contrasentidos y retrocesos en la gestión energética,
según se desprende del análisis.
2. El nuevo Marco constitucional e Institucional para las energías sostenibles en Ecuador
Ecuador es un país unitario con un Estado constitucional de derechos y justicia social, con más de
14 millones de habitantes, un PIB per capita de US $ 3.270 a 2007 y una economía que se
caracteriza por su esquema monetario dolarizado desde 2000, además de su bajo crecimiento en
la productividad, como lo evidencia el que la explotación de los recursos naturales alcance un
peso del 58, 1% del PIB, según información del Banco Central del Ecuador (PNUMA-MAE-FLACSO,
2008; 26). Después de una década de inestabilidad del sistema político, sobre todo por el conflicto
entre la función ejecutiva y legislativa, el país ingresó en un profundo proceso de reforma política
y económica con el inicio en enero del 2007 del gobierno presidido por Rafael Correa
(autodefinido como socialismo del siglo XXI), que se plasmó en la instauración de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) a fines del 2007 y que para julio del 2008 terminó un texto
constitucional que el pueblo aprobó con 2/3 de la votación en septiembre de este mismo año,
dándonos así la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08).
La nueva Constitución considera a “la energía en todas sus formas” como un sector estratégico
(CRE 08, Art. 313), incluido el transporte y refinación de hidrocarburos. La energía eléctrica es
vista como un servicio público cuya provisión se asegurará según principios de obligatoriedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad (CRE08, Art. 314). Para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación
de servicios públicos o el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y bienes
públicos, se ha previsto constituir empresas públicas que funcionarán bajo derecho público y
autonomía (financiera, económica y administrativa) y sus excedentes podrán destinarse a la
inversión o reinversión en la misma empresa, pero en el caso de los excedentes no reinvertidos se
transferirán al Presupuesto General del Estado (Art. 315). Además, en la Transitoria Nº 30 (CRE
08) se establece la desaparición del Fondo de Solidaridad que manejaba las empresas eléctricas,
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para fijar un plazo de 360 días para la elaboración de Ley de empresas públicas que regule a las
actuales prestadoras de servicio eléctrico, lo que condujo a que en febrero de 2009 se constituya
la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Sin embargo de estos avances en los preceptos
constitucionales, los primeros antecedentes normativos y de política pública, así como para la
gestión de energías sostenibles, eficiencia energética o tecnologías limpias en el Ecuador, los
ubicamos a inicios de la presente década, siendo su consolidación todavía incipiente, salvo en el
sector hidroeléctrico.
En relación a la calidad de los combustibles que se comercializan en el país, en el Art. 67 del
Reglamento Sustitutivo Ambiental para las operaciones hidrocarburíferas, establecido por el
Decreto Ejecutivo No. 1215 (oficializado el 13.02.01) se señala que “…en la producción de
combustibles…la calidad podrá ser mejorada mediante la incorporación de aditivos en refinerías
y/o terminales. Se preferirá y fomentará el uso de aditivos oxigenados como el etanol anhidro a
partir de materia prima renovable.” Además previó la conformación de un Consejo Consultivo de
Biocombustibles. Pero, es con el Decreto Ejecutivo No. 2332 (Registro Oficial 482 del 15 de
diciembre del 2004) que se declara de “interés nacional la producción, comercialización y uso de
los biocombustibles como componente en la formulación de los combustibles que se consumen
en el país.” El 26 de febrero del 2006 el gobierno de transición presidido por Alfredo Palacio,
mediante Resolución 025-DIR-2006, impulsó el “Programa de Formulación y Comercialización de
Gasolina extra con Bioetanol Andhidro”, para el que se definieron dos etapas: en la primera se
implementaría un plan piloto en la ciudad de Guayaquil, que con una demanda de 800 mil litros
diarios de gasolina extra, para que reciba un 5% de etanol anhidro, precisaría un volumen de
40.000 litros diarios de este biocombustible producido a partir de caña de azúcar; en la segunda
fase se preveía llegar a una mezcla del 10% de gasolina extra con bioetanol para la atención de la
demanda a nivel nacional, con lo que se requerirían 590.000 litros diarios de etanol anhidro, lo
que corresponde a 215.000 m3/año de este biocombustible, según información del ex Ministerio
de Energía y Minas al año 2005 citado en el estudio de la CEPAL (Coviello, op. cit.; 60).
Vale decir que la producción nacional de combustibles en las 4 refinerías es insuficiente para
atender la demanda total, por lo que a 2007 se requería importar el 41,5% de naftas de alto
octano (NAO), el 50,6 % de diesel y otro similar de gas licuado de petróleo (GLP), y que para el
periodo 98-2007 (a septiembre), superaron los 166 millones de barriles, por un costo total para el
país mayor a los US$ 8.167 millones
(Presidencia de la República, 2007). Este
último monto se entiende mejor si se
considera que la deuda externa ecuatoriana
para julio del 2007 bordeaba los US $
17.319 millones (BCE en PNUMA, et.al, p.
26), es decir que el país gasto en una
década de importación de combustibles un
monto equivalente al 50% de su deuda
externa. El panorama inclusive es más
dramático, si consideramos que la
proyección de importaciones de derivados
después del 2010 se dispara al doble en
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NAO, al triple en GLP y en más de 3,5 veces en Diesel hasta el año 2025, de la información oficial
de los 4 ministerios que coordinan acciones en Biocombustibles (Presidencia de la República, op.
cit.).
Reconociendo la importancia del desarrollo de las energías renovables (ER) en el país, el Consejo
Nacional de Electricidad (CONELEC) dictó la Regulación No. 004/04 en el año 2005, dónde el
Consejo aprobó las normas y precios que regulan la operación de las unidades de generación de
energía renovable, especialmente las llamadas No Convencionales: eólicas, fotovoltaicas, biomasa
y biogás, pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 5 MW y mayores a 5 MW hasta 10 MW
(Covellio; 2006). En esta normativa se anticipa el desarrollo de ER para la región insular por su
extrema importancia ecológica, señalando lo siguiente: “Para Galápagos la fijación del precio del
kilovatio/hora tiene un esquema particular.” (citado en: Coviello, op. cit; 21). Sin embargo de la
urgencia del país por resolver un problema capital, entre 2005 y 2008 no se avanzó más allá del
papel.
En 2007 , el Presidente Correa creó el Consejo Nacional de Biocombustibles, a través del Decreto
Ejecutivo 146 (oficializado el 12.03.07), con “la misión de definir políticas y aprobar planes,
programas y proyectos relacionados a la producción, manejo, industrialización y comercialización
de biocombustibles” , lo que llevó a la reformulación del Programa de Biocombustibles, a fin de
incorporarlos en la matriz energética nacional para alcanzar una mezcla de gasolinas con
bioetanol anhidro al 10% (E10), y de diesel 2 con biodiesel al 5, 10 y 20%, mediante la siembra de
caña de azúcar en una superficie de 50.000 hectáreas a nivel nacional, y la producción de palma
africana entre 88 mil y 350 mil toneladas de aceite de palma al año (Presidencia de la República,
2007). Este Consejo fue propuesto ya en el proyecto de Ley de Biocombustibles que fue
preparado hasta mediados del 2007 por el ex Congreso Nacional, propuesta que además recibió
críticas del sector ambientalista por una supuesta promoción de monocultivos sobre vegetación
natural y afectación a la seguridad alimentaria, y que quedó archivado por el cierre del ex
Congreso cuando la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a fines del 2007.
Actualmente se conoce que el MEER viene trabajando en un nuevo proyecto de Ley de
Biocombustibles que próximamente lo enviará a la flamante Asamblea Nacional (ex Congreso)
para su debate y aprobación.
Desde el 2007, el gobierno de Correa trabajó por recuperar el rol protagónico del Estado en la
economía nacional, asignándole prioridad a la definición de una institucionalidad y normativa
para la planificación nacional del desarrollo como política de Estado, en torno a la cual se deben
articular la gestión pública (en todos los niveles de gobierno) y la gestión privada (empresarial o
del tercer sector), para lo cual se promovió la participación de organismos gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil en mesas de diálogo para el tratamiento de los temas que
debería considerar el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. En la primera formulación del PND
no se consideraba al ambiente como un eje transversal, aunque se trataban aspectos ambientales
de manera sectorial, por lo cual se planteó desde organizaciones del movimiento ambiental la
necesidad de abordar lo ambiental en estos dos niveles, incluidos los temas energéticos, por sus
implicaciones sobre la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de la economía y el
bienestar de la sociedad en su conjunto.
11
Con los antecedentes expuestos, entre el 1º y el 3º trimestre del 2007, bajo la coordinación de la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y otras secretarias de Estado, como
el Ministerio del Ambiente (MAE) y el ex Ministerio de Energía y Minas (MEM), representantes del
sector público y privado trabajaron en dos instrumentos muy importantes: “Una Agenda
Ambiental para el Ecuador del Futuro” y
el “Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010”. En la Agenda se define dentro del
eje Articulación con políticas sociales y
económicas, la línea “Participar
activamente con políticas sobre cambio
climático”, y otra para la “Conservación y
manejo de fuentes de agua…como
sustento a las actividades productivas y
desarrollo social”, entre otras. Entre los
planes y programas prioritarios se incluyó
un “Plan de Energías Renovables” y otro
denominado “Plan Verde País”, dentro
del cual se estableció el objetivo de
“vender crudo represado del campo ITT a la comunidad internacional”, aunque sin ninguna
referencia sobre los mecanismos de implementación más adecuados (MDL u otros).
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (promulgado en el Decreto Ejecutivo Nº 745 el 14 de
noviembre del 2007) se establecieron objetivos y metas estratégicas referidas a la eficiencia
energética (EE) y energías renovables (ER). El Objetivo 4 del PND establece: “Promover un medio
ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo”. Con este
propósito se ha planteado una serie de metas que se verificarán en indicadores de gestión, con
valores por años y fuente de verificación (cuando existen), según se detalla a continuación:
Meta 4.2: Promover la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación del
agua y suelo
• Indicador 1: Emisión de toneladas métricas de CO2
Año: Valor:
2004 20.073
Fuente: OLADE
• Indicador 2: Emisión de toneladas métricas de cloroflurocarbonos
Valor: 1.474
Año: 2004
Fuente: OLADE
• Indicador 3: Proporción de partículas contaminantes en el aire en principales ciudades N/D
• Indicador 4: Proporción de pesticidas y elementos contaminantes en el suelo N/D
• Indicador 5: Proporción de agentes contaminantes presentes en fuentes y afluentes de agua. N/D
12
El Objetivo 11 del PND define la necesidad de: “Establecer un sistema económico solidario y sostenible”, para lo cual se han definido en materia energética, una serie de metas e indicadores de gestión:
Meta 11.8: Promover la seguridad del abastecimiento energético
11.8.1: Aumentar la capacidad de generación eléctrica en 2911 WGW al 2012
• Indicador 1. Capacidad de generación de electricidad: megavatios
Valor: 3.998
Año: 2006
Fuente: CONELEC
• Indicador 2: Porcentaje de renta por barril
Valor: 82%
Año: 2006
Fuente: Banco Central del Ecuador
Meta 11.9: Impulsar la eficiencia en los procesos de transformación y usos finales de la energía
• Indicador 1: Factor de utilización capacidad instalada de refinería o plantas de gas
Valor: 86,0% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos
Valor: 41,77% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos
11.9.1: Impulsar el ahorro por eficiencia energética en 1698 GWh
• Indicador 2: Número de lámparas incandescentes utilizadas N/D
11.9.2: Disminuir el porcentaje de pérdidas de distribución de electricidad al 13%
• Indicador 3: Porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución de electricidad
11.9.3: Disminuir la intensidad energética en un 12%
• Indicador 4: Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1,000 dólares del producto interno bruto
Valor: 198
Año: 2002
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
Meta 11.10: Impulsar la diversificación de fuentes y tecnologías energéticas.
• Indicador 1: Porcentaje de utilización de gas natural en usos energéticos en la industria.
Valor: 100% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos
13
Valor: 45% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos
• Indicador 2: Porcentaje de etanol adicionado a gasolina N/D
• Indicador 3: Porcentaje de biodiesel para uso del transporte N/D
Para mediados del 2007, Correa y Acosta deciden avanzar en reforma de la institucionalidad
energética del país, sobre todo para resolver la severa crisis del sector eléctrico que a fines del
2006 había tocado fondo con el denominado “circulo vicioso del déficit”: en la generación,
transmisión, distribución y recuperación de costos (EcoCiencia, 2006). En julio del 2007 se creó el
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), entidad responsable de dictar políticas
para el sector, promover la eficiencia energética, el ahorro en el consumo final y la generación
eléctrica con fuentes renovables de energía, así como de controlar las actividades de los agentes
del sector. En su estructura organizativa el MEER comprende una Dirección Nacional de
Biocombustibles, instancia encargada de coordinar –a fines de ese año- con el MAE, el Ministerio
de Agricultura (MAGAP) y el Ministerio de Minas y Petróleo (MMP), el primer Programa Nacional
de Biocombustibles para la implementación de la Política de Biocombustibles establecida en el
Decreto Ejecutivo No2332.
Por su parte, el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) con el nuevo régimen recuperó
competencias para la planificación operativa del sector eléctrico (antes solo indicativas) y paso a
ser la instancia responsable de la gestión técnica el marco de la planificación nacional del
desarrollo y que si se orienta a los fines de la sostenibilidad ambiental, económica y social,
podríamos definirla como gestión energética (López A., 2009). Sin embargo, cabe señalar que ya
en 2004 era autoridad ambiental de aplicación para el sector eléctrico, con capacidad plena para
la gestión ambiental del sector a nivel nacional, por haber recibido la transferencia de
competencias del MAE para la certificación de estudios de impacto ambiental de proyectos que
no se ubiquen en áreas protegidas o unidades de conservación. Desde marzo del 2007 el CONELEC
asumió inclusive un rol de promotor de proyectos prioritarios para la nación, en función de
políticas de soberanía y eficiencia energética, dictada desde el ex Ministerio de Energía y Minas
(MEM), encabezado por Alberto Acosta, y que para su implementación complementaba la
inversión de capitales de empresas públicas de los países afines al régimen, como Venezuela,
Brasil o Argentina (Ibíd.).
Con estos antecedentes, la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08) fue
oficializada en octubre del 2008, inaugurando el Estado constitucional de derechos y justicia social
en la nación (paradigma neoconstitucional), que redimensiona a esta Constitución como un
mecanismo superior para asegurar garantías y prever procedimientos para el ejercicio de los
derechos fundamentales a favor del pueblo, pero también para los inéditos “Derechos de la
Naturaleza”, en el Título II Derechos, Capítulo segundo. Este es un aspecto con implicaciones
todavía insospechadas para la sostenibilidad, la conservación o la justicia ambiental en el país,
pero también para su relación con el mercado globalizado o el sistema internacional,
especialmente en materia ambiental y el combate a la pobreza por medio de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, en el cual los aspectos energéticos son virtualmente ignorados.
14
La nueva ley suprema (CRE 08), promueve el uso de tecnologías limpias en su Art. 14, mientras
que en su Art. 15 establece que la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria ni afectación al derecho al agua, en alusión a la promoción de cultivos
energéticos para la producción de biocombustibles y sus impactos potenciales no deseados sobre
el cambio del uso del suelo. Es preciso señalar que efectivamente los biocombustibles de primera
generación se han producido a partir de cultivos agrícolas de consumo humano (maíz, soya, caña,
palma y otros), con implicaciones sobre los precios y desabastecimiento en los mercados, a más
de tener un muy bajo nivel de energía específica (expresado también en términos de balance
energético negativo), como argumentó el ecologismo ecuatoriano para imputar el proyecto de
Ley, a más de otras consideraciones sobre la mala distribución de beneficios a productores.
Además, la CRE 08 retoma y potencia los preceptos de sostenibilidad planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2010, particularmente sobre la propuesta de transitar bajo un
modelo de desarrollo sustentable, con tecnologías limpias y energías alternativas (CRE 08, Art.
15). En este marco de transformación constitucional, la CRE 08 establece específicamente para la
EE y las ER, en el Título VII, Capítulo segundo sobre Biodiversidad y recursos naturales, en su
Sección séptima, referida a la Biosfera, ecología urbana y energías renovables, lo siguiente:
Art. 413. “El Estado promoverá la eficiencia energética, el uso de prácticas y tecnologías
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto
y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el
derecho al agua”
Art. 414. “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio
climático, mediante la emisión de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la
contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y
protegerá a la población en riesgo”
Finalmente, en medio de este proceso de transformación constitucional e institucional para el
sector energético (que separó a hidrocarburos y minería en el actual Ministerio de Minas y
Petróleos), desde mediados del 2007 el gobierno nacional viene propulsando la implementación
de una política energética basada en la eficiencia y la soberanía energética, especialmente dirigida
a la implementación de todo proyecto de generación hidroeléctrica que cuente con estudios de
factibilidad aprobados, como obras prioritarias para la transformación del sistema nacional de
oferta y demanda de energía, también conocido como matriz energética. El más grande proyecto
hidroeléctrico recuperado por el Estado para su gestión, es el Coca Codo Sinclair, con el que se
pretende transformar la matriz energética al aportar un tercio de la demanda actual de
electricidad, pero que tal como se lo viene llevando a cabo desde el 24 de abril del 2008, tiene
indiscutibles impactos sobre los ecosistemas y poblaciones locales (López A., 2008 y 2009).
15
3. Eficiencia Energética: matriz energética, Cambio Climático y nuevas políticas para un
sector en crisis.
Información sobre la composición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), muestra
que en América Latina y El Caribe (ALC), apenas una cuarta parte del total de sus emisiones (26%)
están relacionadas con la energía (CO2), lo que se explica por el uso de fuentes renovables de
energía (hidroeléctrica y biocombustibles, sobre todo en Brasil) y evidencia según un estudio
reciente del Banco Mundial, una baja intensidad de carbono en la energía de la región
latinoamericana, en términos generales (de la Torre et. al., 2009). Esto se explica, de manera
complementaria, por una serie de ventajas comparativas de ALC para la generación de energías
renovables en la región: clima, potencial hidroenergético (646.858 MW), cobertura vegetal (un
tercio de los bosques del planeta y dos tercios de los bosques tropicales remanentes a nivel
global) entre otras. Sin
embargo, el cambio en el uso
del suelo, se presenta como la
mayor fuente de emisiones GEI
en ALC, fenómeno
particularmente crítico para la
región, ya que supera en más
de la mitad del nivel de otros
países en desarrollo, en casi 2.5
veces el promedio mundial, y
en casi 30 veces el nivel de los
países industrializados, como
puede observarse en el gráfico
adjunto (de la Torre, et. al.,
2009; p. 24).
La tasa de emisiones de GEI respecto al producto interno bruto, PIB (emisiones por unidad de
producto) de América Latina y El Caribe ha permanecido estable entre 1980 y 2004, con solo un
aumento del 2%, pero para el mismo periodo se registra una reducción del 33% en los países
industrializados, del 48% en China e India, del 9% en otros países en desarrollo, y para los países
de bajos ingresos del 4% (de la Torre, 2009; 25). Las emisiones de energía per capita también “han
sido relativamente estables”, por lo que aunque parezca paradójico, la reducción en la
“intensidad de carbono de la energía” en ALC ha sido “totalmente compensada por un aumento
en el consumo de energía por unidad del PBI”, según el estudio del Banco Mundial (Ibíd., 26). Así,
en términos de “intensidad energética”, subsisten deficiencias notables en ALC, lo que podría
explicarse según el BM, porque los precios de la energía están fuertemente regulados en la
región, por lo que el aumento en los precios internacionales pasa solo parcialmente a los
consumidores “y por tanto no brinda los incentivos adecuados para reducir el consumo” (de la
Torre, 27). Por otro lado, se evidencia que los niveles de emisiones son correlativos al PIB: “Brasil
y México concentran casi el 60%, tanto del total de las emisiones de GEI de la región como de su
PBI. Otro 25% de las emisiones y del PBI de ALC corresponde a Argentina, Colombia, Perú y
Venezuela.” (Ibíd.)
16
Para el Ecuador, este mismo estudio indica que no menos del 60% de las emisiones de GEI se
deben a cambios en el uso del suelo (de la Torre, op. cit.; 28), lo que evidentemente se relaciona
con el modelo económico extractivo que caracteriza a la economía ecuatoriana, basada en la
sobreexplotación de recursos naturales renovables y la extracción de recursos naturales no
renovables y que alcanzan un peso cercano al 60% del PIB a 2006 (PNUMA…op. cit),
constatándose para el caso ecuatoriano una correspondencia entre emisión de GEI y PIB. Podría
ser mejor precisada esta correlación, si se asume que el Ecuador siendo un país exportador
primario de energía, a la par es un país importador secundario de energía, pero que a diferencia
de otros países latinoamericanos con parques industriales consolidados, la economía ecuatoriana
depende de la transformación del uso del suelo para la producción de commodities agrícolas y la
explotación de crudo, lo cual a su vez se relaciona con el bajo crecimiento de la productividad. La
demanda de energía de Ecuador en 2006 se componía así: Petróleo y derivados en 81%;
Hidroenergía y electricidad (que incluye comercio exterior) en 8%; Gas natural 6% y Biomasa 5%
(OLADE, 2007; 104). La producción primaria total de energía alcanzó los 214.731 kBep y la
producción secundaria total, los 65.594 kBep, para este mismo año (Ibid, 90). Las emisiones de
CO2 alcanzaron los 27.911,66 Gg en este mismo año, y para SOx, un total de emisiones de 86,69
Gg (OLADE, op. cit., 111).
A pesar de que se evidencian los efectos del Cambio Climático en los regímenes de precipitación y
escorrentía en todo el país, el potencial hidroeléctrico del Ecuador es del orden de los 23.500 MW
y cuenta con una planificación de alcanzar su aprovechamiento en el 15% (3.535 MW) al 2015 (de
la Torre, 2009; 36), lo cual representa el más grande desafío para la gestión energética en el país
para la reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, llama la atención que según el Índice de
Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) el Ecuador con una calificación de 84.4 sobre
100, ocupe entre los países latinoamericanos el tercer puesto, por detrás de Costa Rica (90.5) y
Colombia (88.3), y un 22º lugar entre los 149 países analizados. EPI es una propuesta diseñada por
un equipo científicos de las Universidades de Yale y Columbia, que analiza 25 categorías
ambientales críticas, entre ellas emisiones GEI, para valorar la hospitalidad del ambiente para
poblaciones humanas, de flora y fauna, y en su ranking Ecuador se encuentra por delante de
países ricos como Italia (84.2), Dinamarca (84.0) o Luxemburgo (83.1), así como del gigante
sudamericano Brasil (82.7) y muy por delante del gigante de Centroamérica, México (79.8) que
ocupa el puesto 47 de la lista. (Guterl y Sheridan, 2008; 34 ss).
En Ecuador se viene trabajando desde el gobierno central en la reducción de emisiones, como
medida de mitigación del Cambio Climático (CC), a través del MAE y la Corporación de Desarrollo
Limpio (CORDELIM),así como de otras iniciativas o proyectos del sector privado, incluidos
Mecanismos de Desarrollo Limpio por empresas privadas por proyectos de autogeneración con
fuentes renovables (hidroeléctricas) que certificadamente reemplazan emisiones de GEI
(termoelectricidad). Hasta octubre del 2007 se han presentado a la Junta Directiva del MDL, 8
proyectos de reducción de emsiones por un total de 2.88 millones de toneladas de CO2 (OLADE,
op. cit; 120). De estos, 3 proyectos corresponden al sector agricultura o agroforestería por 0.18
Mton Co2, otros 4 a proyectos hidroeléctricos por 1,93 Mton CO2, y uno para proyectos de gas de
rellenos sanitarios por 0,77 Mton CO2.
17
En cuanto a la participación por sector económico en las emisiones de CO2 en Ecuador, para el
periodo 2005-2006, en el sector transporte se registra un incremento del 3,67 %, en el residencial
un incremento del 7.65%, en el industrial del 5,56%, para la generación eléctrica un sorprendente
17,18%, mientras que solo para la producción y consumo propio de energía en el país se registra
un decrecimiento del -5,26% (OLADE, op. cit., 114 ss). Finalmente, llama la atención que para este
mismo periodo la tasa de crecimiento de consumo de energía creció para el sector residencial en
5,81%, mientras que para el sector industrial decreció en el orden del -6,5% (OLADE, Ibid, 123).
Esto nos indica que en Intensidad Energética (IE) el Ecuador tiene un desafío pendiente, ya que el
crecimiento de su consumo final de energía no está asociado directamente al sector productivo,
cuanto al crecimiento poblacional, a más de que por la naturaleza de su economía
“reprimarizada” por la dolarización, se podría inferir que el cambio de uso de suelo, tiene
implicaciones directas sobre el incremento de emisiones de GEI, quizá más contaminantes que el
mismo CO2. Pero, sobre esto, se debe profundizar la investigación con información de base,
misma que desafortunadamente para Ecuador es muy escaza.
En el país se identifican pocas iniciativas para trabajar en adaptación al CC a nivel local, una de
las cuales ha planteado una entrada a través de una efectiva gobernabilidad del agua en
provincias de la sierra y costa (no para la Amazonía) y que se desarrollo entre 2006 y febrero 2008
bajo responsabilidad del MAE (www.pacc-ecuador.org), según lo definido por el Panel
Intergubernamental (IPCC). Este proyecto facilita herramientas de gestión en línea que permiten
el desarrollo de proyecciones en base a modelos estadísticos para el clima a nivel nacional,
aunque vale decir que la información base a nivel local no permite sustentar las proyecciones a
esta escala, ni es el sentido que persigue. Por lo demás, de una Feria de Proyectos para enfrentar
el CC realizada por el PNUD a fines del 2007, podemos identificar que la inmensa mayoría de
proyectos trabajan en medidas de mitigación, sobre todo para reducción de emisiones de GEI en
diferentes localidades del país, y por las más variadas fuentes de energía renovables (UNDP,
2007).
Finalmente, existe un borrador de “Política y Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático para
el Ecuador”, desarrollada por el MAE y su Dirección de Cambio Climático que está siendo discutida
actualmente y que contiene las políticas propuestas para la gestión del CC, como son el
fortalecimiento de la capacidad científica nacional para la investigación del sistema del clima,
emisiones GEI y vulnerabilidad al CC; la vigilancia del sistema del clima, registro de emisiones de
GEI y análisis de vulnerabilidad al CC; mitigación de emisiones de GEI y adaptación al CC, y
fomento de capacidades institucionales y ciudadanas sobre el CC (MAE, 2008). Hoy se construye
la Política Pública Nacional Ambiental (PPNA) en la que una de sus herramientas operativas es la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (MAE, 2009). Se ha previsto culminar la elaboración por
el Ministerio del Ambiente de la PPNA, para fines del mes de abril del 2009.
18
4. Energías Renovables en Ecuador: sostenibilidad, tecnología y perspectivas.
Las Energías Renovables (ER) son aquellas que se reponen continuamente por procesos naturales,
a través de diferentes fuentes: solar, que incluye la biomasa, energía eólica e hídrica (y de las olas
marinas), y la energía no solar, como la energía de las mareas (de influencia lunar) y la energía
geotermal (Boyle, et. al., 2004; 23-ss). El aprovechamiento de las ER se expresa en la búsqueda
permanente de tecnologías eco-eficientes (también llamadas “fuentes alternativas”), con el
menor costo de instalación y mantenimiento posible, a fin de que su aporte a la atención de la
creciente demanda de energía en el país (superior a la tasa de crecimiento poblacional o
económico), se realice de manera sostenible en términos ambientales, económicos y sociales.
Desde una perspectiva de sostenibilidad en sentido amplio, la contribución de las ER va más allá
del esfuerzo perenne de la eficiencia energética (EE) por incrementar la energía específica de los
combustibles o por la satisfacción de una demanda creciente, no sostenible de energía (basta
recordar los impactos de la quema de combustibles fósiles o el debate en torno a la energía
nuclear), para orientarse a la reducción de la intensidad de carbono de los combustibles y al
mejoramiento de la Intensidad Energética (IE), es decir en el consumo de energía por unidad del
producto interno bruto (PIB), aspectos en los que se evidencia la contribución inmediata que
deben hacer las ER para asegurar la sostenibilidad energética del país.
En Ecuador la nueva Constitución de la República (CRE 08) promueve el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado como garantías de sostenibilidad y el buen vivir de nuestra
población (Art. 14), para lo que además promueve entre el sector público y privado “el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto” (Art. 15, CRE 08). En estudios oficiales del Ministerio de Electricidad y Energías
Renovables (MEER) sobre la situación del sistema de demanda y oferta energética en el país
(matriz energética), se refiere de la producción primaria de energía como el conjunto de fuentes
para atender la demanda nacional: crudo, gas natural, biomasa y electricidad, señalando que
excepto la primera, las restantes 3 constituyen fuentes renovables de energía. Según estos
análisis del MEER (2008), las fuentes renovables en Ecuador aportan con apenas el 8% de la
producción primaria de energía en barriles equivalentes de petróleo (BEP) a 2007, la que en su
conjunto se compuso de la siguiente manera:
� Crudo = 92% � Gas natural = 4% � Electricidad = 2% � Biomasa = 2%
Veamos la situación de los países andinos para entender mejor nuestra dependencia del crudo en
términos energéticos. En promedio, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) registró una oferta
total de energía (OTE) al 2002 por combustible fósil del 70,9%, mientras que las fuentes de
energías renovables representaron el 26.4 % de la OTE (Coviello, op. cit., 38), más del triple que
en Ecuador. Debemos señalar que el reducido aporte de las fuentes renovables a la matriz
energética ecuatoriana, evidencia en un muy bajo nivel de desarrollo de infraestructura,
normatividad e inclusive de mercados para las ER en el país. No existen exoneraciones tributarias
para diversificar el consumo energético con fuentes renovable de energía, más allá del esquema
19
de eficiencia energética que promovió durante 2008 el gobierno nacional para el reemplazo de
bombillas incandescentes por 6 millones de focos ahorradores, los mismos que sin subsidio
pueden dejar de reemplazarse entre los sectores más pobres, o que por su contenido de
mercurio, es imprescindible una disposición final adecuada, lo que no siempre se puede asegurar,
especialmente en las zonas urbano marginales y rurales del país.
Aún más, para dimensionar mejor la información del MEER, debemos decir que es muy diferente
el aprovechamiento de gas metano generado en sistemas de procesamiento de desechos
orgánicos, de la explotación de gas natural de yacimiento, así como que las tecnologías de
generación eléctrica difieren radicalmente si se trata del parque termoeléctrico (altamente
costoso y contaminante) frente a una generación hidroeléctrica, la que a su vez varía si se la
realiza con represas o agua corriente, etc. Las cifras oficiales tampoco detallan las condiciones de
aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos y sus implicaciones ambientales,
económicas y sociales. Pero, lo que sí nos presenta la información del MEER (2008) es la
composición de la demanda energética en BEP del país a 2007, según sectores:
� Transporte = 52% � Industria = 21% � Residencial = 19% � Comercial, pública y servicios = 4% � No energética = 2% � Resto economía = 2%
Se evidencia la concentración de más de la mitad de la demanda energética en el sector del
transporte (público y privado), lo cual tiene serias implicaciones para la contaminación
atmosférica por la mala calidad de los combustibles (plomo y aditivos), así como por el
crecimiento desmesurado del parque automotor privado y la falta en todo el país, de sistemas de
transporte público adecuados y eficientes, con la excepción de Quito que cuenta con 3 sistemas
municipales de transporte publico, pero que sufre por su condición de ciudad de altura, de la mala
calidad de los combustibles (gasolina y diesel). Tampoco el país cuenta con sistemas de tren para
el transporte de carga o pasajeros, a excepción de un tramo para actividades turísticas. Sin
embargo, para Guayaquil el gobierno central viene impulsando un Plan a Nivel Nacional de Uso de
Etanol anhidro para la formulación de Gasolina (Presidencia, op. cit.), como se verá adelante.
Es importante considerar algunos indicadores definidos por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) para las fuentes de energía renovable, para la identificación de las
condiciones presentes de renovabilidad energética en el país. El Índice de Renovabilidad de Oferta
energética (IRO) se define como “la relación entre la oferta total del conjunto de fuentes
renovables y la oferta total de energía” y que para el conjunto de los países de la CAN (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú), representa entre el 25 -30% al año 2004 (Coviello, 2007; 42), mientras
que en el Ecuador la relación es tres veces menor que el promedio andino. El Índice de
Sostenibilidad Residencial (ISR) demuestra la relación entre consumo de leña y el consumo de
derivados de petróleo o hidrocarburos secundarios, y para en la CAN se registra para el mismo
periodo, una reducción a casi la mitad, debido al menor uso de leña (Coviello, op. cit., 43-44). El
ICC es el Índice de Consumo Contaminante, que define la relación entre el total de las emisiones
de CO2 en miles de toneladas métricas liberadas a la atmosfera y el consumo final total de
20
energía del país durante el año en cuestión (Ibid, 48). Al 2004 en la CAN, así como en todas las
regiones del planeta, se registro un incremento en la emisión de CO2, atribuido al “aumento
exponencial del parque automotriz” (Covellio, op. cit., 49), como se evidencia en el país.
IGC es el Índice de generación eléctrica contaminante y define el equilibrio “hidro vs. térmico” del
parque de generación utilizado y corresponde a la relación entre la cantidad de CO2 en miles de
toneladas métricas emitidas en el proceso de generación de electricidad en GWh. Si es alto,
producir un GWh mas allá del simple costo técnico operativo…tiene un alto costo ambiental para
el país, tanto por los efectos locales: contaminación directa e indirecta en la zona de las centrales;
como por los globales: emsión de substancia que contribuyen al aumento del efecto de
invernadero” (Ibid, 49). En La CAN este índice es bajo por alta dependencia de hidroelectricidad,
lo mismo que en Ecuador como se verá más adelante.
Por otra parte, se identifican varias iniciativas de desarrollo de ER (del gobierno, ONG y sector
privado) y proyectos de tecnologías limpias para el reemplazo de combustibles fósiles o la
provisión de energía para comunidades de zonas remotas del país, como pueden ser los sistemas
fotovoltaicos o eólicos, proyectos de generación geotérmica, biocombustibles, aprovechamiento
de bagazo, autogeneración hidroeléctrica, etc. De estas iniciativas y proyectos, los de mayor
potencial corresponden a la hidroelectricidad, la energía geotermal, la producción de
biocombustibles con especies no comestibles (con especial atención en especies endémicas),
mientras que la capacidad instalada actual se concentra en micro proyectos, a partir de los
sistemas fotovoltaicos y de uso indirecto de energía solar, así como de energía eólica o hidráulica,
como se detalla a continuación por fuente de energía renovable.
• Energía solar: sistemas fotovoltaicos
El Consejo Nacional de Electricidad presenta en su Catálogo resumen de la generación eléctrica
del año 2005, un acápite referido a los “Sistemas fotovoltaicos instalados en Ecuador. Programa
de Electrificación rural descentralizada”, en que se detallan los aprovechamientos de energía solar
por medio de sistemas fotovoltaicos para las regiones que por su aislamiento geográfico no
cuentan con infraestructura eléctrica del Sistema Nacional Interconectado (SNI), y que medido
según la potencia instalada total en vatios, a agosto del 2003 reporta estas cifras (CONELEC,
2005):
� Total Ecuador: 209.650 W en 158 sistemas fotovoltaicos
� Total Amazonía: 189.740 W en 127 sistemas fotovoltaicos
� Total Galápagos: 6.630 W, en 2 sistemas fotovoltaicos iguales
Por el aislamiento geográfico de las poblaciones insulares o de selva, así como por su baja
concentración poblacional, la provisión de energía solar con sistemas fotovoltaicos luce como una
alternativa frente a la ausencia de redes eléctricas del SNI, especialmente en la región amazónica
ecuatoriana (RAE), que concentra el 90% de la potencia instalada y el 80% de los sistemas
fotovoltaicos instalados a 2003 y que reporta el CONELEC (op. cit).
Más recientemente, la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada, FEDETA reporta al 2009,
haber instalado en 21 comunidades de las áreas en que trabaja (Esmeraldas y Manabí en el litoral
21
y Sucumbíos en la Amazonía), más de 625 sistemas fotovoltaicos. De estas comunidades, 14 se
encuentran en la región amazónica y concentran el 78,56% de las Unidades de Operación y
Generación Energética Sostenible (UOPGES) instaladas (FEDETA; 2008). Las comunidades pagan el
costo de mantenimiento de paneles y baterías, que para el caso amazónico a fines del 2007 era de
US $ 1 por unidad al mes. Además FEDETA viene realizando estudios de biomasa y pequeñas
plantaciones para generación de biocombustibles, especialmente biodiesel y para el 2009, espera
instalar proyectos para bombeo de agua, no solo para la generación de luz en las casas, así como
también en estudios de turbinas de rio para el MEER, como tecnología adecuada para la Amazonía
(Entrevista a Brito, abril 2009).
Otra iniciativa comunal corresponde al proyecto “Instalación de energías renovables en el centro
Yumisin”, filial de la Asociación Mayaik, del pueblo Shuar de la provincia de Motona Santiago en la
Amazonía ecuatoriana. Este proyecto es ejecutado por Fundación Natura y Green Empowerment
con el Consejo de Gobierno Shuar Arutam, para suministro de electricidad con sistemas
fotovoltaicos unifamiliares. La comunidad aporta para mantenimiento del sistema y cada familia
cuida su sistema. (UNDP, 2007)
Para la región insular se identifica el proyecto “Energías Renovables en Galápagos, ERGAL”,
ejecutado por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) y la Empresa Eléctrica
ELECGALAPAGOS, por medio del cual se coordina la instalación de sistemas híbridos de
generación eléctrica fotovoltaica y eólica, para reducir el uso de diesel en las islas. Se han
instalado a fines del 2007, sistemas fotovoltaicos en isla Floreana y eólicos en San Cristobal. Se
prevé asimismo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en Isabela y eólicos en Baltra. (UNDP,
2007). Este proyecto se ejecuta en el marco del Programa “Cero Combustibles Fósiles en
Galápagos”, que tiene un costo de US $ 32 millones, de los cuales el gobiernos ecuatoriano aporta
con el 40% y la cooperación internacional la diferencia (El Comercio; 04.24.2007). Este programa
fue impulsado por el ex Ministro de Energía, Alberto Acosta y arrancó a fines de abril del 2007,
para la instalación de sistemas fotovoltaicos y eólicos para la generación eléctrica, el uso de
biodiesel en las embarcaciones de pesca y la introducción de automóviles eléctricos, a fin de
asegurar la reducción de emisiones de GEI, reducir los impactos ambientales en la generación de
energía con tecnologías limpias y aportar a la preservación de los ecosistemas de la región insular.
El proyecto Eurosolar (Unión Europea y MEER ) en Ecuador espera implementar en 91
comunidades rurales aisladas del Sistema Nacional Interconectado (SNI), sistemas fotovoltaicos
hasta fines del 2009, de las cuales 66 corresponden a la subregión nororiental y centro sur de la
RAE (Eurosolar, 2008). Para el mes de septiembre del 2009 tienen previsto la culminación de la
instalación de paneles en varias comunidades amazónicas del nororiente (Comunicación personal
de los técnicos del proyecto, sept. 2008).
• Biomasa
La producción de bagazo de caña a 2006 en Ecuador alcanza los 2.246,46 kBep y registra una tasa
de crecimiento de 2005 a 2006 del 2.09% , según información de la Organización Latinoamericana
de Energía y como se ha dicho su aporte a la OTE es marginal, inclusive para las fuentes
renovables y la producción bruta de electricidad (OLADE, 2007; CONELEC 2008). Esto se asocia a la
política de subsidios a los combustibles fósiles que terminó por reemplazar al uso de leña.
22
• Energía Eólica
El aprovechamiento de la energía eólica en Ecuador, según declaraciones del Ministro de
Electricidad y Energías Renovables, es reducido (tanto por la escaza disponibilidad de tecnología,
pero también por un bajo potencial) y se focaliza en ciertas áreas de los Andes del norte
(provincias de Pichincha y Carchi) y en la región insular de Galápagos, donde los impactos
ambientales han sido permanentemente considerados para la instalación de estos sistemas. El
proyecto eólico San Cristóbal, instaló a 2007 un parque eólico de 2,4 MW en la isla San Cristobal
de Galápagos, para reemplazar el 50% de la demanda de diesel para termoelectricidad. (UNDP,
2007).
• Energía Geotérmica
En Ecuador el CONELEC (2005) ha identificado las 17 principales zonas geotérmicas de interés
energético, que se concentran en la subregión norte y central de los Andes (provincias de Carchi,
Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Chimborazo) con extensión a los flancos orientales (Napo y
Cotopaxi) y solo de manera excepcional se encuentran en la región litoral (Guayas) y sur de los
Andes (Azuay, Bolívar). Asimismo, la Dirección de Planificación del CONELEC ha procesado
información de los 3 principales proyectos con potencial geotérmico para la generación eléctrica
(Tufiño, Chachimbiro y Chalupas), identificando una potencia instalable total de 534 MW
(CONELEC, 2005). No se identifican aprovechamientos a la fecha (2008).
• Hidroelectricidad
La hidroelectricidad es una de las más importantes fuentes de energía renovable en el país y la
que más aporta a la matriz energética ecuatoriana, aunque en términos absolutos su peso es
marginal en la oferta total de energía (menos del 2% OTE a 2007). Se identifican proyectos con
un potencial instalable para el aprovechamiento del enorme potencial hidroenergético de la
nación, aunque se identifican problemas de fondo en la gestión energética en este subsector,
sobre todo por la mala construcción de la central San Francisco de 250 MW y malas prácticas en el
Proyecto Coca Sinclair de 1500 MW, el más grande del país (López A. 2008a; 2008b; 2009).
Además, recientemente se advierte un problema estructural del sector eléctrico ecuatoriano y
que tiene que ver con que el Sistema Nacional Interconectado (SNI) no tiene capacidad para
recibir los aportes esperados de la generación hidroeléctrica, debido a la saturación actual de las
redes de transmisión del SIN (Entrevista a Ministro Alecksey Mosquera, marzo 2009).
Para el año 2006 la generación de energía eléctrica en Ecuador se realizo en un 46% con parque
termoeléctrico, es decir con el uso de hidrocarburos (combustibles fósiles y gas natural), mientras
que con energía hidráulica al 43 % y con biomasa al 1% (MEER, 2008). En 2007 el subsector
hidroeléctrico alcanzó una generación total de 8.913 millones de Gigavatios hora/año (GWh), de
los cuales el 95,7% se generó en centrales hidroeléctricas y el restante 4,3% por autoproductores
(MMP, 2008). La composición de la oferta de energía eléctrica para este mismo año, de la
información oficial reportada (MEER, 2008) fue la siguiente:
� Hidráulica = 43 % � Térmica = 34 % � A gas = 12 %
23
� Biomasa = 1% � Importaciones = 10 %
Para el 2008, la producción de energía eléctrica por fuente primaria se evidencia una substancial
diferencia frente al 2006 y un avance a favor de energías renovables de más de casi 11 puntos
porcentuales frente al 2007, ya que de la información oficial preliminar (CONELEC, 2008) la
generación hidroeléctrica paso a representar el 68% de la generación bruta a diciembre 2008,
frente al 46% del 2006 y el 57% del
2007, mientras que la generación
termoeléctrica se redujo del 46 %
para 2006 al 36,6% en 2007 y al
28,2% en 2008. Se observa
asimismo, una reducción en la
oferta por la vía de la
interconexión internacional, que
para 2008 se redujo al 3,1% del
5,6% del 2007 (Ibíd.). En el
siguiente gráfico se observa la
participación actual por fuente
para los dos últimos años.
La energía hidroeléctrica producida en 2008 llegó a los 11.121 GWh, la importación de energía
desde Colombia alcanzó los 509
GWh (aproximados), mientras que
los restantes 4.699 GWh de la
generación bruta se generaron con
centrales termoeléctricas.
(CONELEC. 2008). Adicionalmente, la
potencia instalada en generación
incorporada al Sistema Nacional
Interconectado (SNI) no se
incrementó durante el año 2008,
manteniéndose en 3.958 MW de
capacidad efectiva, en cuyo valor se
incluyen los 340 MW de las
interconexiones internacionales
(CONELEC. 2008).
IDH es el Índice de Dependencia Hidroenergética de la oferta total renovable y define la relación
entre la oferta hidroenergética y la oferta de energía primaria compuesta por las energías
renovables (Coviello, 2007; 45). Para la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el gran aumento de
IDH al 2004, demuestra que la hidroenergía “sigue siendo la única fuente de la categoría
renovable”, mientras que se evidencia la baja de la participación de biomasa, como caña y leña.
En Ecuador, de la información oficial del CONELEC (op. cit., 2008) se constata la conclusión de la
CAN, ya que a 2008 la oferta hidroeléctrica representó el 68% de la producción de energía
Fuente: CONELEC 2008
Fuente: CONELEC 2008
24
eléctrica por fuente primaria, mientras que el aporte de otras fuentes renovables continúa siendo
marginal: biomasa 0,6% y gas natural –según lo considera el MEER- con un 4,7% de la oferta de
energía primaria por energías renovables. De ahí es que el Índice de generación eléctrica
contaminante (IGC), para el Ecuador –así como para la CAN- es bajo.
Por otro lado, los proyectos de generación hidroeléctrica para resolver los problemas de la
dependencia de la matriz energética ecuatoriana de combustibles fósiles (crudo y gas),
concentran la potencia instalable en mega proyectos de generación hidroeléctrica se concentran
(mayores a 100 MW) en más del 77% del total, mientras que el conjunto de proyectos medianos,
pequeños y de microcentrales hidroeléctricas comprenden el restante 22,3% (CONELEC, 2005).
En Ecuador se estima que más del 80% de la energía eléctrica proviene de proyectos
hidroeléctricos que se sustentan en fuentes de agua de la Cordillera Real, en la región Amazónica
Ecuatoriana (Proyecto Cordillera Real Oriental, 2009), como son los proyectos hidroeléctricos
Paute, Agoyán, Abanico o San Francisco
(desde mediados del 2008 fuera de operación
por problemas estructurales asociados a la
mala construcción por la contratista brasileña
Odebrecht). Si se considera que el proyecto
Coca Codo Sinclair prevé aportar un tercio de
la demanda actual de energía eléctrica, para
cuando ingrese su aporte al Sistema Nacional
Interconectado en 2013, la vertiente
amazónica continuará con su enorme aporte
al país para la generación bruta de energía
eléctrica, ya que se tienen previstos otros
mega proyectos de generación hidroeléctrica
en la vertiente del Pacífico.
• Biocombustibles
Son combustibles de origen biológico, según la definición del Ministerio de Electricidad y Energías
Renovables (MEER) que se obtienen de materia prima agrícola y restos orgánicos como fuentes de
energía renovable para el sector automotriz y electricidad (Disponible a abril 2009 en:
www.meer.gov.ec). El MEER considera posible reducir emisiones de GEI por combustibles fósiles
hasta en un 50% con biodiesel y bioetanol. El gobierno central ha definido una Política de
Biocombustibles, que incluye un Programa Nacional de Biocombustibles para la producción,
comercialización y uso de etanol anhidro e hidratado, a partir de caña de azúcar; de biodiesel con
palma, piñón, higuerilla y colza, y de aceite vegetal, a partir del piñón, higuerilla y colza (Ibíd.).
Fuente: CONELEC 2008
25
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su estudio regional para energías
renovables señala que en la Conferencia Mundial de Bonn (2005) se afirmó que nuestros países
“presentan condiciones inmejorables… para incorporación de los biocombustibles en la matriz
energética” (Coviello, op. cit., 51). Brasil es la primera y más grande potencia en esta materia, ya
que a inicios de la década de 1970 inició la investigación y planificación de cultivos para la
producción de biocombustibles, especialmente para etanol anhidro a partir de caña y biodiesel a
partir de soya, siendo hoy el primer productor y exportador del mundo. En Costa Rica el bioetanol
inicio en 1981 para reducir la dependencia energética y diversificar la agroindustria azucarera,
pero luego se considero la
diversificación de las
fuentes de energía,
generación de valor
agregado, mejoramiento
ambiental, sustitución del
MTBE como sustituto del
plomo en la gasolina con
decreto del 2003 (Ibíd., 57).
En Ecuador el desarrollo de
políticas y normativa para
este sector es algo bastante
reciente, como lo es una
producción marginal de
biocombustibles a partir de
caña, palma y piñón, que se
orienta al autoconsumo de
empresas privadas y
excepcionalmente para la
exportación de aceite
vegetal de palma (El
Comercio, 11/30/2005 ).
Para la Amazonía, el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana
(ECORAE), culminó en 2008 un estudio regional para la producción de biocombustibles a partir de
la caña de azúcar y entre sus conclusiones se indica que las provincias con potencial son Pastaza y
Sucumbíos, y en esta última la zona de Shushufindi presenta las mejores condiciones (Entrevista a
Villegas, abril 2009). El Gobierno Provincial de Sucumbíos (GPS) atendiendo una demanda de la
Asamblea provincial hecha a fines del 2006, para la generación de empleo y apoyo al sector
agropecuario, inauguró el 13 de febrero del 2008 el Programa de Biocombustibles (PBC), quizá la
primera iniciativa de este tipo en la RAE. Vale mencionar que el GPS decidió aprovechar la
creación en octubre del 2006, del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e
Hidrocarburífero, FEISEH (suprimido en 2008), para impulsar un programa en energías renovables,
según refiere el Ing. Víctor Chala, promotor de la iniciativa en el GPS (Entrevista a Chala, febrero
2008).
Tomado de El Telégrafo, 29 de junio del 2008.
26
En Sucumbíos alrededor de 500.000
hectáreas están dedicadas al uso
agropecuario, de las cuales el 80% ha
perdido el bosque natural y la vegetación
protectora de los suelos, lo que plantea el
desafío más grande para el PBC a fin de
reconvertir pastizales improductivos y de
bajo rendimiento en lugar de ampliar la
frontera agropecuaria, según lo asevera el
promotor de la iniciativa. Sucumbíos es una
de las mayores provincias petroleras de la
RAE, donde los elevados niveles de pobreza rural (sobre el 80% de la población, especialmente en
Putumayo o Cuyabeno), se asocian a la economía extractiva (que genera menos del 0,5% de
empleos a nivel nacional y menos del 10% a nivel regional), a la baja tasa de productividad que
caracteriza a la región por la mala calidad de sus suelos, pastos y cultivos (en el valle del Quijos-
Coca, la productividad por superficie es de 2 litros de leche al día por hectárea, equivalente a US $
0,64 centavos), o a la sobre-explotación de los recursos naturales no renovables y el bajo nivel de
tecnificación de los productores locales. El PBC pretende resolver problemas de empleo, precio al
productor y diversificación energética, para lo cual contó con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y su Sistema de Información Geográfica (SIGAGRO) para la realización de los estudios
de pre-factibilidad (Entrevistas a Chala, 2008 y Yugcha, febrero 2009).
Por otra parte, identificamos una serie de proyectos de intervención y de investigación de
especies endémicas del litoral ecuatoriano (4 especies de Jatropha), con las que Ecuador avanza
hacia biocombustibles de 2º generación, quizá incluso hasta de 3º y 4º generación, con mejores
niveles de energía específica (mejoras en el balance energético), que no compitan con cultivos
alimenticios (en precio o uso del suelo, incluida la perdida de vegetación natural) y que
adicionalmente permita el desarrollo de otras aplicaciones, como la producción de abonos o
insecticidas a partir del manejo de los desechos o para la investigación del mejoramiento genético
de especies y cultivos. Experiencias de este tipo, involucran asocios público-privados, entre el
Estado ecuatoriano (en sus diferentes niveles de gobierno), universidades, ONG y empresas
privadas, como se detallará adelante por cada uno de los cultivos preponderantes en Ecuador
para la potencial producción de biocombustibles.
a) Caña de azúcar
En Ecuador la producción de caña de azúcar al 2005, alcanzó las 462.303 toneladas según datos
de FAOSTAT, con un área cultivada de 74 mil hectáreas. En base a esta información de la FAO, el
estudio de la CEPAL para fuentes renovables de energía consideró que para atender la demanda
de bioetanol E10 (formulación de gasolinas con mezcla al 10% de etanol anhidro), se requeriría
una superficie estimada de 24.500 mil hectáreas, lo que al 2005 correspondía al 33% del área
cultivada de caña y al 0,3% del total de la superficie agrícola del país, que bordea los 8 millones de
hectáreas (Coviello, op. cit.; 64). Esta primera estimación, sin embargo, se quedo corta frente al
desarrollo de iniciativas y proyecciones hechas para el Plan Nacional de Uso de Etanol anhidro en
Foto: Víctor López A.
27
la Formulación de Gasolinas del 2007 y el Programa de Biocombustibles (PBC) del Gobierno
Provincial de Sucumbíos del 2008.
El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) y el Ministerio de Agricultura (MAGAP)
son los responsables desde 2008 del actual “Programa Nacional de Formulación de Gasolinas con
Etanol Anhidro” (reformulado a partir del Decreto 146, a inicios del 2008), que se planteó como
objetivo general, “Formular la gasolina que se comercializa en el país con etanol anhidro” y entre
sus objetivos específicos se espera fomentar la agroindustria, generar mano de obra, sustituir
derivados de petróleo importados y mejorar la calidad del aire (MEER-MAGAP, 2008). Como se ha
dicho, este Programa fomentará el cultivo de 50.000 hectáreas de caña de azúcar para la
producción de etanol con fines energéticos, que se reparten así: 66% en la costa; 28% en la sierra
y 6% en la Amazonía. Además generaría un estimado de 17.000 plazas de trabajo, que permitan
producir 1’735.000 barriles/año de etanol, que es lo que se requiere para la formulación de las
gasolinas que demanda el país al año, y que al 2008 alcanzaba los 17’354.996 bbl/año (Ibíd.). Vale
recordar que Ecuador es excedentario en la producción de azúcar a partir de caña. Durante 2008
la implementación del programa la hace Petrocomercial, con una inversión estimada de US $ 3,5
Millones para la planta destiladora en la terminal de combustibles de Pascuales (cerca de
Guayaquil), y un costo total estimado de US$ 15 Millones, para alcanzar una producción de 40.000
litros diarios de bioetanol en el mes de abril del 2009 (El Telégrafo, 29.06.2009).
El PBC de Sucumbíos tiene como antecedente una
iniciativa del Municipio de Nueva Loja en asocio
con el Fondo Ecuatoriano para la Cooperación al
Desarrollo (FECD), para la producción y
comercialización de panela (a partir del cultivo de
caña), producto elaborado que agrega valor a favor
de los productores (Entrevistas a Chala 2008 y
Alcívar, 2008). El programa culminó sus estudios de
prefactibilidad en noviembre del 2008 con el apoyo
técnico del SIGAGRO del Ministerio de Agricultura,
y aunque el MEER fue desde un inicio informado
del Programa, no ha apoyado hasta abril 2009 a
esta iniciativa (Entrevista a Chala, abril 2009).
Los promotores consideran que es posible realizar la producción de caña en una superficie que
puede ir del 10% al 15% de la superficie actual bajo uso agropecuario en la provincia, es decir más
de 40 mil hectáreas durante los próximos 50 años, siguiendo un esquema de agricultura
migratoria no mecanizada por pequeños productores en plantaciones de hasta 5 hectáreas
(Entrevista a Chala, abril 2009). Los objetivos del PBC son la creación de fuentes de trabajo y
apoyo a agricultores, recuperación de pastizales improductivos a usos con fines energéticos,
diversificación energética con bioetanol (reducción de emisiones de CO2) para el mercado de
Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Pichincha, mediante la conformación de una empresa asociativa
entre pequeños productores y GPS, encargada de la transformación y comercialización. Los
estudios para la Planta destiladora sugieren que se la ubique en Shushufindi, donde se encuentra
la refinería Amazonas en cuyas facilidades se realizaría la mezcla (Ibíd.).
Foto: Víctor López A.
28
Al parecer se mantienen las estimaciones iniciales de dar empleo a 10.000 pequeños productores,
a la vez que se evita la ampliación de frontera agrícola sobre la vegetación natural remanente en
las propiedades u otras áreas naturales de Sucumbíos. Los ingresos estimados por familia podrían
bordear los US$ 5.000,oo al año (Entrevista a Chala, feb.08), aunque se considera que los precios
ofrecidos pagar a los productores para que dirijan su producción al PBC, están sobrevalorados con
lo que se afectaría la producción de panela en el proyecto conjunto de Municipio de Nueva Loja y
FECD (Entrevista a Alcívar, mayo 2008). Este Programa se viene ejecutando en el GPS a través del
Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS) y con el apoyo de
SIGAGRO-MAGAP se realizaron el diagnóstico y línea base (Entrevista a Yugcha, feb. 2009). Entre
las conclusiones del responsable en SIGAGRO para estos estudios, se remarca la necesidad de
considerar diferentes especies de caña para diferentes micro-regiones de la provincia; que la
producción inicial se concentraría en 3 parroquias del cantón Shushufindi (Cofanes, Shushufindi y
Limoncocha) en una superficie total de entre 2.000 y 4.000 hectáreas, sobre todo por la calidad
superior de suelos a otras zonas de la provincia.
b) Palma africana
De una consultoría contratada por la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana
(ANCUPA), para la georeferenciación para todas las plantaciones de palma en Ecuador a 2005, se
identificó una superficie total de 210.000 hectáreas de este cultivo en el país, de las cuales 180 mil
cubren la demanda nacional (Entrevista a Yugcha, feb. 2009). En los 3 últimos años se incremento
la superficie a aproximadamente 250 mil hectáreas, sobre todo por los elevados precios que se
registraron hasta fines del 2008 para el aceite rojo: US $ 200,oo por tonelada. Desde enero del
2009 los precios cayeron a menos de 90 dólares/Ton., lo cual incide en el desarrollo de este
cultivo, incluidos los proyectos con fines energéticos, como el Programa de Biocombustibles de
Sucumbíos (Entrevistas a Yugcha y Chala, 2009). Del catastro de ANCUPA se clasificaron las áreas
de producción de palma por bloques, según productividad de los cultivos, variedades y
condiciones ambientales:
� Bloque San Lorenzo (provincia de Esmeraldas) en el Pacífico: 27 a 40 Ton/ha, sobre todo
por plantaciones jóvenes con variedad IRHO y buena calidad de suelo.
� Bloque Central (prov. Esmeraldas, Santo Domingo
y Los Ríos) en litoral: Quininde, Sto Domingo y
Quevedo, con rendimientos de 18 a 22 Ton/ha
IRHO, sobre todo por tratarse de cultivos y palmas
viejas de 20 a 25 años, así como por la cada vez
más frecuente falta de lluvia y periodos de más
frio, quizá asociados al Cambio Climático.
� Bloque Sur (prov. de Guayas y Cañar) litoral y
subtrópico: sector de El Triunfo, con rendimiento
de 18 a 20 Ton/ha.
� Bloque Oriental (RAE): triangulo de Shushufindi en provincia de Sucumbíos, en torno al río
Eno con productividad de 20 a 22 Ton/ha.
Foto: Víctor López A.
29
La producción total de aceite de palma en Ecuador a mediados del 2008 se estimaba en 371.000
toneladas métricas, de las cuales 210.000 TM cubrían el consumo interno y las restantes 160.000
TM eran excedentarias, mientras que las plantaciones de palma para la elaboración de biodiesel
alcanzaban un área estimada de 20.000 hectáreas (El Telégrafo. 29.06.2008). Para ANCUPA la
fijación de un precio idóneo al productor y destilador, depende de respetar el precio internacional
y del cumplimiento por parte del Estado (PNBC) de la forma de pago al productor por litro de
aceite destilado (Ibíd.).
Por su parte, de los estudios de pre-factibilidad el Programa de Biocombustibles de Sucumbíos
considera que el comportamiento del precio del crudo en el mercado internacional, pero también
del precio del aceite vegetal, desincentivan por el momento la promoción de este cultivo, ya que
su transformación es sumamente costosa y no se justificaría por los bajos precios internacionales
del crudo y del aceite vegetal. (Entrevista a Chala, 2009). Sin embargo de que el PBC identifica la
necesidad de estudiar otras especies útiles de palmas e incluso de piñón, el reemplazo del diesel
para la generación termoeléctrica y el consumo de diesel para el transporte, por ser subsidiados y
altamente contaminantes, será un factor que incida en la promoción de biodiesel en el país. Se
registran exportaciones de aceite de palma con fines energéticos a EEUU por la empresa La Fabril
durante 2007 y 2008.
c) Piñón (Jatropha sp.)
El Proyecto “Producción y uso de aceite vegetal del piñón en sustitución
del combustible diesel”, es ejecutado por el DED-IICA, para producción
de aceite vegetal para combustible a través de “reforestación” con
piñón, capacitación a población rural para manejo de recursos naturales
y trabajo organizativo para búsqueda de mercados. (UNDP, 2007).
La Corporación Corredor Ecológico, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
(MAGAP) y el Consejo provincial de Manabí, mediante un convenio tripartito, promueven desde
inicios del 2008 el cultivo de piñón en esta provincia -de donde es originario- mediante la siembra
de 23.000 hectáreas, a partir de información georeferenciada del MAGAP en 2006 (El Comercio,
23.02.08). Los promotores prevén en un lapso de 60 meses tener sembradas 50.000 hectáreas,
siguiendo un esquema en el que los agricultores tendrán cada uno cinco hectáreas a su cargo y
recibirán US $ 100,oo al mes por el mantenimiento de su respectivo cultivo. Cuando se pueda
certificar la siembra de las 50.000 hectáreas (mediante imagen satelital), el Gobierno de Alemania
pondría a disposición de productores y promotores, un crédito de USD 40 millones para seguir
expandiendo el producto (Ibid). Se estima que una hectárea de piñón genera entre 2.100 y 2.800
litros de aceite y por tratarse de una especie endémica, su aprovechamiento en suelos
degradados en los que solo crece piñón, luce como una alternativa para familias que viven con
menos de un dólar al día.
Se advierte que India
sembrará, desde 2008, 40
millones de hectáreas con
Jatropha.
30
La Escuela Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), realiza en coordinación con el Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de Quevedo una investigación sobre las
diferentes especies (entre 4 y 6) de Jatropha en Ecuador, para buscar cuáles pueden o no
ser tóxicas (El Comercio, 18.05.08). Para los promotores, se han identificado variedades no tóxicas
que luego del estrujado, con el ‘bagazo’ sobrante, es posible elaborar balanceado para
animales, bioabono, e incluso bioetanol con un hongo. Además concluyen que por su resistencia
al exceso de agua se lo puede sembrar en la Amazonia (Ibid). También la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra viene trabajando en la implementación de un laboratorio de
aceites y una planta piloto de extracción de oleaginosas, como parte de la implementación del
Centro Iberoamericano de Investigación y Transferencia de Tecnología en Oleaginosas (CIITTOL),
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y la coordinación entre
la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la PUCE-I y la Universidad Politécnica de Madrid.
(ver: http://www.pucei.edu.ec/puce_informes.php?info=228).
Conclusiones finales y perspectivas
1. A pesar de su reciente desarrollo constitucional, normativo, institucional y empresarial, las
energías sustentables en Ecuador buscan asegurar cuatro aspectos clave:
� La diversificación de la matriz energética del país, con énfasis en mejorar la eficiencia
energética para reducir los elevados costos económicos y ambientales de la actual
producción bruta de energía dependiente de combustibles fósiles
� La diversificación de la economía nacional, regional, local o familiar, a través de una
gestión social del agua o por medio de cultivos energéticos que no afecten la seguridad
alimentaria y promuevan la restauración de áreas degradadas con especies nativas
� La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero con mejoras en la intensidad
de carbono de la energía, a partir de tecnologías limpias y fuentes renovables no
combustibles, fundamentalmente hidroenergía y biocombustibles
� Seguridad energética para poblaciones que por factores geográficos o de mercado
eléctrico, no están atendidos por el sistema nacional interconectado y puedan tener
energía de sistemas fotovoltaicos o minicentrales hidroeléctricas, para apoyar sus
estrategias de desarrollo y superación de la pobreza: educación, saneamiento y
comunicación
2. En relación a la composición de emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio de uso
de suelo (60%) representa un problema mayor a la intensidad de carbono de la energía en
Ecuador, por lo que es imprescindible mejorar el uso potencial del suelo y la calidad de los
combustibles, pero también reducir el consumo no sostenible de energía, sobre todo por el
parque automotriz.
3. Las fuentes renovables no combustibles, fundamentalmente la hidroelectricidad, concentran
el aporte de las energías renovables a la producción bruta de energía en el país, mientras que
31
el aporte de la biomasa y de sistemas fotovoltaicos es marginal en volumen y focalizado a
zonas de difícil cobertura por fuentes convencionales.
4. La promoción de cultivos energéticos se hace en Ecuador a partir de varios aspectos centrales:
� Levantamiento de información georeferenciada de las áreas más adecuadas para la
producción de biocombustibles y de las áreas de recuperación por medio de cultivos
energéticos, que en su conjunto puede alcanzar las 55.000 hectáreas de caña de azúcar y
50.000 ha de piñón a nivel nacional en los próximos años.
� Investigación de especies promisorias, sean endémicas, nativas o adaptadas, a cualquiera
de las regiones del país, para la producción de biocombustibles y aprovechamiento de
sólidos (bagazo) y otros productos asociados (abonos, balanceados o forraje), lo que
evidencia esfuerzos por superar los biocombustibles de 1ª generación.
� Establecimiento de cadenas productivas y de valor para la generación de empleo que
ayude a superar los elevados niveles de pobreza rural y permita redistribuir el valor
agregado de manera más equitativa entre productores primarios.
Referencias bibliográficas
BOURNE, Joel
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Ing. Trajano Yugcha, del Ministerio de Agricultura, Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria,
SIGAGRO-MAGAP (feb. 2009).
Ing. Eduardo Villegas, Secretario técnico del Ecorae Sucumbíos (abr. 2009).
Lic. Sonia Alcívar, Técnica del Fondo Ecuatoriano para la Cooperación al Desarrollo, FECD (oct. 2008).
Ing. Alecksey Mosquera, Ministro de Electricidad y Energías Renovables, marzo 2009 (Entrevista por
EcuadorRadio, 9 de febrero del 2009).
Lic. Mario Brito, Director Ejecutivo de FEDETA, abril 2009 (Entrevista Tv. canal 21, Quito. 26 de abril de
2009).